Oro Solido

Oro Solido

Implica quien transporte, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal 

La Comisión de Justicia, que preside el senador Rafael Espino de la Peña, avaló una reforma para aumentar las sanciones a quien, de forma ilícita, transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales, en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o su equivalente en madera aserrada. 

De acuerdo con el dictamen aprobado, se podrían imponer de dos hasta 12 años de prisión, y la multa oscilaría entre 500 y cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

Los senadores explicaron que la legislación actual mandata que esta pena puede ir de uno a nueve años de cárcel y de 300 a tres mil días de multa. 

Entre los cambios al artículo 419 del Código Penal Federal, se plantea imponer la obligación de participar en acciones o actividades de saneamiento de los ecosistemas forestales por lo menos un año, como parte de las medidas correctivas. 

Además, se impondrían las mismas sanciones a los servidores públicos que faciliten o se involucren en los actos sancionados por ese artículo, sin prejuicio de las sanciones administrativas y de responsabilidad de los funcionarios. 

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Justicia comentó que en el estado de Chihuahua la presencia de la tala ilegal se ha incrementado, por la presencia del crimen organizado. 

Raúl Bolaños-Cacho Cue, senador del PVEM, destacó que los bosques generan una cantidad importante de servicios ambientales que proporciona muchos beneficios a la diversidad y al desarrollo de las sociedades, por lo que consideró responsable combatir la tala ilegal, a través de sanciones más severas. 

De Movimiento Ciudadano, el senador Noe Castañón Ramírez dijo que además de coincidir con el objetivo del dictamen, espera que estas sanciones sean aplicadas lo antes posible, ya que el comercio ilegal de maderas finas, en Chiapas, es uno de los crímenes que más atentan contra el libre desarrollo de la vida y lesiona el futuro de la nación. 

Por su parte la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, dijo que este tipo de propuestas coadyuva a la protección y el rescate de los bosques, así como de las maderas muertas que, en muchos casos, son el hábitat de algunas especies de flora y fauna.  

Otro de los dictámenes aprobados en la reunión de trabajo de este jueves, plantea que, en los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad, dentro de los centros penitenciarios, la autoridad penitenciaria debe garantizar, en la medida de sus posibilidades, el registro del nacimiento y la expedición del acta respectiva, lo antes posible. 

En el proyecto, que busca reformar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se expone la inclusión del arte como parte de las actividades, para lograr la reinserción social de los internos y que éstas serán extensivas a las hijas o hijos de las personas reclusas. 

Senadora Antares Vazquez Público en sus Redes Sociales un Reconocimiento a la Mtra. Delfina Gómez y dió la Bienvenida a la Nueva Secretaria de Educación Leticia Ramírez

Mediante estas aplicaciones la delincuencia contacta a menores de edad para agredirlos: senadora Lucía Meza Guzmán  

La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a sus homólogas en los estados, que pongan en marcha procedimientos de vigilancia para prevenir y combatir delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, a través de plataformas digitales para videojuegos.  

 Al presentar el dictamen, la senadora Lucía Meza Guzmán advirtió que a través de videojuegos los delincuentes contactan a menores de edad para obtener información relevante, que les permite posteriormente generar una relación de confianza. 

Destacó que se debe proteger el derecho a una vida libre de violencia de niñas, niños y adolescentes ante el problema que representa el interactuar en los videojuegos, por lo que es necesario implementar mecanismos para evitar que los menores caigan en la trata de personas. 

La senadora de Morena urgió a visibilizar el riesgo en el que se encuentra la niñez mexicana “porque interactúan con personas desconocidas en plataformas digitales y particularmente en los videojuegos, lo que pone en peligro su integridad física”.  

A su vez, la diputada Sonia Rocha Acosta asentó que los delincuentes ofrecen a los menores obsequios en los videojuegos como dinero electrónico a cambio de sus números telefónicos y datos personales como domicilio y edad, o incitarlos a abandonar sus hogares con promesas de ganar dinero. 

La legisladora del PAN mencionó que, de acuerdo con cifras del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo que va del 2022, en el país 214 menores de edad, 47 hombres y 167 mujeres, fueron víctimas de delitos de trata de personas; y 128 menores sufrieron delitos de extorsión, 56 hombres y 72 mujeres. 

El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del PVEM, aseveró que en el 2020 a nivel mundial la industria de los videojuegos alcanzó ingresos aproximados de 179 mil millones de dólares, superando, considerablemente, al cine y a los deportes. 

Lo anterior, abundó, muestra que más menores accedieron a las plataformas de videojuegos, poniéndolos en riesgo y a merced de los delincuentes. 

Además, la Comisión Permanente pidió al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una campaña de concientización dirigida a madres, padres y tutores sobre los riesgos que implica el compartir datos personales en las aplicaciones de videojuegos. 

Antonio de Jesús Ramírez Ramos, diputado del PVEM, reiteró la importancia de difundir campañas de información respecto a la clasificación y a los controles parentales de los videojuegos en los medios de comunicación impresos y digitales, a fin de que los padres de familia tengan un mayor conocimiento de las herramientas que usan sus hijos. 

Lo anterior, subrayaron, es muestra evidente del constante peligro al que están expuestos niñas, niños y adolescentes, más aún en el mundo digital, porque no existen regulaciones específicas para las relaciones humanas que en ellas se desarrollan, mucho menos supervisión o vigilancia.  

  • Se busca impulsar a las juventudes a exponer sus ideas de forma plural y libre 

A convocatoria de la Junta de Coordinación Política, se llevó a cabo en el Senado de la República el conversatorio “Geopolítica deportiva”, con el fin de impulsar a las juventudes a exponer sus ideas de forma plural y libre en esta materia. 

Durante los diálogos, también organizados por el Colectivo Juventud Real, su director nacional, Alejandro Reynoso, expresó que a través de este espacio se busca entender la geopolítica deportiva y cómo los conflictos internacionales influyen en el deporte. 

 En este ejercicio de diálogo entre jóvenes, dijo, se refuerza uno de los principales ejes del derecho deportivo a nivel nacional e internacional de hoy en día: la oralidad; y se contextualizan los cambios en materia legislativa. 

Al referirse al impacto económico que generará el Mundial de Futbol en Qatar, la comentarista deportiva Julia Headley dijo que el beneficio será principalmente para la industria, porque para la Federación Internacional de Futbol, este evento representa un producto y un negocio que se tiene que vender. 

Sin embargo, precisó, la derrama económica va desde lo global hasta las economías regionales, porque las economías de los países se mueven alrededor de este torneo. 

El analista geopolítico y académico, de la Universidad Iberoamericana, Mauricio Meschoulam, expresó que, en la organización de los eventos deportivos internacionales, hay movimientos sociales, políticos y convicciones que impactan al deporte, los países y sus poblaciones. 

El especialista en contextos geopolítico del futbol, Sebastián Alarcón, indicó que, a través de este tipo de torneos deportivos, se pueden conocer historias inspiradoras, tanto de las selecciones y deportistas, como de los países a los que representan. 

  • Al participar en el foro “Reforma constitucional y pueblos indígenas y afromexicanos”, la Presidenta de la Mesa Directiva dijo que la propuesta tendrá consenso para su aprobación en el Congreso.

Al clausurar el foro “Reforma constitucional y pueblos indígenas y afromexicanos”, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aseguró que hay “una oportunidad extraordinaria para abrazar la lucha” por las comunidades originarias, con la certidumbre de que sus causas no pueden ni deben ser vistas como bandera partidista, sino como un acto de justicia. 

Y con ello, agregó, reivindicar a los más de 23 millones de mexicanos y mexicanas indígenas, y casi millón y medio de afromexicanos y afromexicanas.  

En este contexto, Sánchez Cordero aseguró que el Senado de la República es la vía idónea para analizar los avances y trazar metas en materia de reconocimiento constitucional de estos pueblos originarios, de la pluriculturalidad de la nación y de la progresividad de sus derechos, y para que estos se hagan realidad. 

 No obstante, reconoció que estos derechos sólo se pueden ejercer cuando hay una armonización legislativa, con leyes secundarias que “den vida a la Constitución” y con el entendido de que la nación mexicana es una e indivisible, y que México es pluricultural. 

 Al mismo tiempo, subrayó que en este foro se presentaron una serie de políticas públicas que, desde el Poder Ejecutivo pero más desde el Legislativo, se deben realizar, pues se ha reconocido que es una desgracia que los pueblos originarios vivan desde hace siglos en la opresión, racismo, pobreza y marginación.  

Por todo esto, dijo la legisladora, está convencida de la importancia de los procesos legislativos; y consideró que hay consenso para que esta reforma constitucional sea aprobada por unanimidad en las cámaras del Congreso y en las entidades legislativas, sin distinción de colores ni posiciones políticas, porque es un tema en el que no deben existir divisiones y se tiene que avanzar en una sola dirección.  

Asimismo, recordó que en el último año, en el Senado se presentaron dos iniciativas orientadas al reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, mediante su integración en marcos normativos para mejorar los mecanismos de auto adscripción indígena o afromexicana y para avanzar en la definición de un sistema de consulta confiable y legitima.  

Finalmente, la senadora se comprometió a hablar con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, para que avance la reforma “y para que revisemos a profundidad las propuestas legislativas y la propuesta de modificación constitucional, para que beneficien a los pueblos originarios del país y estén encaminadas a una justicia social, que responda a la deuda histórica que se tiene con estos pueblos.  

El presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, Ángel García Yáñez, sostuvo que la Comisión trabaja en una reforma a la Ley Agraria, para incorporar la protección de las tierras de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, en congruencia con el contenido del informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2018. 

 La propuesta, agregó, contempla disposiciones sobre las tierras que, ya sea en forma de ejido o de comunidad, integran el patrimonio histórico y antropológico de comunidades afromexicanas e indígenas del país, de conformidad con el artículo 2º constitucional.  

Nestora Salgado García, senadora de Morena, recordó que en 2019 el Senado aprobó una reforma constitucional para reconocer a los pueblos y comunidades afroamericanas como parte de la composición pluricultural de la nación, a fin de garantizar su libre determinación y autonomía desarrollo e inclusión social. Fue uno de los principales retos del inicio de la LXIV Legislatura en 2018, dijo, para responder a una demanda histórica de los pueblos originarios de México. 

 Sin embargo, consideró que se debe legislar para establecer un sistema educativo que imparta clases en sus propios idiomas, acorde con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje,  y que garantice el acceso a una educación, pero sobre todo “es necesario construir una sociedad con un enfoque de derechos”, que termine con la discriminación hacia los pueblos indígenas. 

  • Reconocimiento a sus formas de organización, de representación y participación política, entre los objetivos  

Durante la inauguración del foro “Reforma constitucional y pueblos indígenas y afromexicanos”, senadores, funcionarios y especialistas coincidieron en la necesidad de una legislación que reconozca las formas internas de organización de las comunidades originarias y para la resolución de conflictos; la posesión de sus tierras y la explotación de éstas, que garantice el bienestar de sus integrantes.      

El encuentro se llevó a cabo como parte de las actividades para conmemorar el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” y el aniversario del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.  

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, explicó que el objetivo del foro fue intercambiar puntos de vista sobre una reforma constitucional que reconozca a los 71 pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Así como sus derechos a la representación y participación política, para garantizar su acceso a la justicia, formas de gobierno, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos, y que sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades del Estado. 

Se trata, agregó, de respaldar su derecho al territorio y el fortalecimiento de sus lenguas, así como de atender sus necesidades básicas como la salud, alimentación y vivienda, para permitir su desarrollo pleno, en condiciones de bienestar.   

Gálvez Ruiz informó que senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios han presentado iniciativas para subsanar esos pendientes legislativos con este sector poblacional.   

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, urgió a respetar los usos y costumbres de las comunidades, pero también, dijo, se deben respetar los derechos de las mujeres y sus libertades.  

Señaló que en Chiapas las mujeres, “aunque resulte doloroso decirlo, me lo han expresado ellas y también ellos, solamente tienen dos funciones: la de tener hijos y la de ir a cargar leña”.  

 “Esto no puede suceder en un país que vive con una democracia y un régimen de libertades, por lo que se trata de pendientes que debemos asumir los tres poderes del Estado mexicano, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”, consideró el senador. 

 La senadora Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la iniciativa busca impulsar el libre desarrollo y bienestar integral de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, garantizar que puedan aprovechar sus tierras, recursos naturales y territorios, así como el fortalecer su autonomía, instituciones, culturas e identidades, mediante la implementación de diálogos permanentes.  

En tanto, la senadora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura, destacó que al hablar de temas afromexicanos no debe hacerse referencia a un tono de piel o a una fisionomía, sino a una cultura.  

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho Cué, reconoció el trabajo de estos pueblos en la conservación de la biodiversidad, sus aportaciones a la medicina, la preservación de la cultura, pero, principalmente, de las zonas forestales y selváticas, por lo que subrayó la importancia de una legislación que apoye a estas comunidades. 

Josefina Elizabeth Bravo Rangel, representante de la Secretaría de Gobernación, destacó que las modificaciones y adiciones a 16 artículos de la Constitución, que plantea la iniciativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, buscan establecer una nueva relación entre el Estado mexicano con los pueblos indígenas y afromexicanos. 

Se pretende, dijo, reincorporar el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, su libre determinación y autonomía en los distintos niveles y ámbitos. Así como temas referentes a derechos de las mujeres indígenas; niñez, adolescencia y juventud indígena; tierras, territorios, recursos naturales y medio ambiente; reconocimiento de sistemas normativos indígenas, en coordinación con el sistema jurídico nacional, entre otros. 

José Hernández Hernández, director de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, expuso que en septiembre de 2021, los gobernadores integrantes de la tribu Yaqui entregaron al Presidente de la República la propuesta de reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que fue resultado de la participación de pueblos y comunidades de todo el país. 

Dicha propuesta contiene, entre otros objetivos, que la actuación del Ministerio Público y la seguridad pública consideren los principios de pluriculturalidad, interculturalidad y pluralismo jurídico; así como la participación plena y efectiva de los pueblos y comunidades, y que éstas tengan derecho a sus tierras y recursos, entre otros. 

 “Los pueblos indígenas no quieren ser sujetos de interés público, sino sujetos de derecho público, que puedan sentarse en la mesa y contar con voto en diversos espacios de decisión”, apuntó.  

 El representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, destacó la importancia de escuchar a los pueblos indígenas sobre el alcance del derecho a la libre determinación, a fin de encontrar la manera de hacer realidad este derecho y asegurar la participación de mujeres y niñas indígenas en los procesos de construcción de propuestas normativas. 

  • Demanda recursos suficientes para apoyar al campo mexicano y recuperar nuestra autosuficiencia alimentaria 

El senador José Narro Céspedes se pronunció por revertir las “reformas neoliberales” que se realizaron al artículo 27 de la Constitución y hacer cambios en la Ley Agraria, a fin de lograr que la propiedad social de la tierra tenga personalidad jurídica y forme parte del desarrollo nacional. 

Narro Céspedes rendió un homenaje al general Emiliano Zapata Salazar, en la estatua del llamado “Caudillo del Sur”, ubicada en la Alameda del Sur, por el 143 Aniversario de su natalicio.  

El legislador de Morena dijo que el Senado de la República honra a quien fue un hombre de ley, de compromiso, de historia, de nobleza y de lucha a favor del campo de nuestro país. 

Reconoció que actualmente existen “miles de problemas agrarios” y agregó que, después de las reformas al artículo 27 constitucional, “el campo mexicano ha sido víctima del atraco, despojo de sus tierras, de sus aguas y recursos naturales”. 

Para lograr la soberanía alimentaria a nivel nacional, acotó, es necesario apoyar al sector agropecuario con el financiamiento suficiente para incrementar la productividad. Además, de integrar a los productores a las cadenas de valor, que les paguen un precio justo por sus cosechas y que dejen ser víctimas del despojo de sus tierras y de sus productos.  

José Narro consideró que actualmente el campo y sus ejidos padecen “despojo, del atraco de sus aguas, tierras y recursos naturales permanentemente, por eso urge defender al ejido para que vuelva a ser puntal para el desarrollo de la gente que vive en el medio rural, y estamos dando la lucha para lograrlo”. 

“No solo necesitamos recordar a Zapata, sino luchar con él para que vuelva a ver justicia en el campo”, indicó.  

 Reiteró que es fundamental el financiamiento para el campo, para que sea productivo y deje de depender de las grandes empresas extranjeras, las cuales han monopolizado la generación de semillas a nivel nacional. 

Narro Céspedes reconoció el programa que impulsó el Presidente de la República contra la inflación y por la autosuficiencia alimentaria; sin embargo, dijo que es insuficiente y que se requiere una estrategia para defender la propiedad social de la tierra y que el ejido y comunidades indígenas sean pilares para la autosuficiencia alimentaria de nuestro país.  

“Vemos como la falta de alimentos nos lleva a que la inflación aumente, por eso planteamos redoblar el esfuerzo, para lograr que el campo del país se vuelva a poner de pie, a pesar de que hemos visto la guerra sucia contra nosotros, a pesar de que hay gente que busca hacer negocio de las dificultades”. 

Pidió un comercio justo para los campesinos, porque siempre “terminan mal”, pues les compran sus productos a precios más bajos, por ejemplo, la leche, la cual se las pagan a ocho o 10 pesos por litro, mientras que en las tiendas la venden a 30 pesos el litro. 

Además, en el marco de esta conmemoración, el senador Narro Céspedes inauguró, en el auditorio Octavio Paz del Senado, la conferencia magistral sobre el “143 Aniversario del Natalicio de Emiliano Zapata”. 

Ahí destacó que una buena parte de la riqueza se construye a espaldas de la pobreza en la que viven los campesinos de México, por lo que debe haber un comercio justo, y no nada más tener programas asistenciales. 

México, dijo, requiere proyectos de inversión productiva para que “el campo se ponga de pie” y recuperemos nuestra autosuficiencia alimentaria. 

Reconoció que cerca de 50 por ciento de la tierra del campo mexicano es propiedad social, por lo que el objetivo es organizar a los 32 mil ejidos, unificarlos y levantarlos nuevamente, “porque no se logrará la autosuficiencia alimentaria si no ponemos de pie a los ejidos”. 

Veremundo Carrillo Reveles, director de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, asentó que, a lo largo de la historia del Siglo XX, la herencia simbólica del “Caudillo del Sur”, ha sido territorio de disputas y tensiones. 

“Después de la muerte de Zapata y en todo el periodo del autoritarismo priista, diversas administraciones federales trataron de instrumentalizar y usar su figura, como fuente de legitimación de su política, la cual, en varias ocasiones era contraria a su ideario político”, señaló.

El senador Elí César Cervantes Rojas, integrante de la Comisión de Seguridad y Defensa en el Senado de la República reiteró que el Grupo Parlamentario de Morena respaldará las acciones que busquen reducir la inseguridad en el país.

Por ello, analiza con un sentido positivo el anunció del presidente de la República que tiene que ver con una propuesta para establecer que la Guardia Nacional dependa completamente de la Secretaría de la Defensa.

Por otro lado, la intención de hacerla por decreto es una respuesta a la moratoria constitucional que dictaron en la oposición en la que dicen que no revisarán ninguna de las propuestas que proponga el Gobierno de México, representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Parece que la oposición se encuentra en la reacción que les acomode mejor pues ahora que el presidente busca dar un cambio en la operación para dar mayor certeza a las acciones de seguridad y dar respuesta a las exigencias de seguridad en el país, salen con la contradicción de que no se debe dar este paso, en argumento que se militariza el país.

Sin embargo, hay que recordar que el cambio sólo sería que el mando no sea civil sino militar, porque la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional ya es de carácter permanente y estará integrada por representante por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, quienes coadyuvan en la coordinación y colaboración estratégica entre las dependencias administración pública federal y la Guardia Nacional. Tal como se establece en el artículo 86 de la Ley de la Guardia Nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.

Por ello, es que esta propuesta es sólo dar mayor certeza a los integrantes de la Guardia Nacional en su actuar y en sus labores de campo que apoyan a las entidades federativas con la seguridad, sobre todo en los puntos con mayor incidencia delictiva.

En cuanto a la inconstitucionalidad que acusa la oposición el senador recordó que el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al presidente para disponer de la Guardia Nacional en los términos que señala la ley, por lo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quién valide o no esta propuesta, “ojalá que se consideré esta propuesta desde la visión de los ciudadanos que buscan un país en paz”.

El presidente mexicano reveló que el pozo aún tiene fugas de gas que obstaculiza el retiro del espejo hídrico para el ingreso de las brigadas

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llegó esta tarde de domingo 7 de agosto a Sabinas, Coahuila, a bordo de un avión militar, con el fin de supervisar personalmente el rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en un pozo de carbón tras su derrumbe, desde el pasado 3 de agosto.

López Obrador ingresó a la parte trasera de la mina para reunirse con los rescatistas y familiares más cercanos para verificar los avances del rescate. Fue escoltado por un convoy militar y recibido por gobernador del estado, Miguel Riquelme. Sin embargo, López Obrador se acercó para intercambiar solo unas cuantas palabras y ocasionó distintas críticas e incluso jaloneos.

“Voy para allá (Coahuila). Voy a ver cómo está el rescate (...) Voy a ver cómo está la situación.”, comentó este domingo a su salida de conferencia de prensa en Colima, desde donde voló al estado fronterizo.

Cabe recordar que su llegada a la zona conocida como Conchas, donde se reportó el derrumbe, fue anticipada horas antes cuando, frente a algunos reporteros, también reveló que “se continúa bombeando mucha agua” en los pozos, pese a los esfuerzos del plan DN-III-E para retirar el espejo hídrico que prohíbe la entrada a las brigadas de apoyo.

En ese tenor, el tabasqueño señaló que se han detectado tirantes de agua de hasta 40 metros que una de las minas abandonadas continúa regando en la zona donde trabajaban los mineros antes de la tragedia. Sin embargo, se dijo confiado de que las operaciones del Federal apoyarán para disminuir los niveles.

“Vamos a seguir esperanzados, confiando de qué estén a salvo”.

AMLO afirmó que ya se tiene pleno conocimiento del dueño de la mina: “Se sabe todo”, declaró; aunque, cabe destacar, el Jefe del Ejecutivo había pedido en días pasados priorizar el rescate de las víctimas, antes de buscar culpables.

En un encuentro breve con medios de comunicación, se le cuestionó sobre cuándo se llevaría a cabo el rescato a lo que él comentó que se está trabajando en eso para que sea lo más pronto posible. Entre gritos y reclamos por parte de los familiares, el presidente mencionó que se priorizará el rescate de mineros y después en dar justicia.

  • Ella ha sido uno de los factores de transformación en la lucha electoral de la izquierda: Olga Sánchez Cordero

La senadora Ifigenia Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, recibió la Medalla al Mérito Administrativo “José María Luis Mora”, que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, expresó que la presencia política de Ifigenia Martínez, a lo largo de 72 años, ha acompañado el proceso de democratización de nuestro país.

“Sin duda ha sido uno de los factores de transformación en la lucha electoral de la izquierda mexicana y un referente en todas las actividades que ha emprendido”, manifestó.

Dijo que la galardonada representa a varias generaciones de lucha por un México más justo, de la combatividad intelectual, de la convicción política y de la disposición a construir acuerdos e incluir ideas.

Sin lugar a dudas, dijo, ha sido maestra de muchas mujeres y generaciones, así como de un modelo que nos ha permitido mantener esperanza en que siempre podemos hacer algo para adoptar la transformación de nuestro país.

“Por ello quiero sumarme a este merecido reconocimiento, a una trayectoria que decididamente ha puesto su sello en la consciencia social, y que ha tenido avances democráticos en México”, apuntó.

La senadora Ifigenia Martínez Hernández manifestó que la administración pública constituye, el poder definir una dirección democrática, a fin de sustituir a otros órganos anteriores de mando personal, pero que ya dejó atrás la historia.

“Este saludo es un saludo reverencial a nuestra historia política, a la República que tenemos y al Instituto Nacional de Administración Pública. Me es muy gratamente satisfactorio y estará conmigo hasta el fin de mi vida”, enfatizó la galardonada.

El presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Luis Miguel Martínez Anzures, agregó que esta presea representa una distinción de gran valor, “que nos recuerda el compromiso con la administración pública y la promoción de la mejora en el servicio público, para que sea indeleble de una manera positiva para la ciudadanía.

Dicha presea fue instituida en 2011, a fin de reconocer la trayectoria de distinguidas personas en el servicio público, que vinculen el ámbito nacional con el internacional, así como sus contribuciones al desarrollo de las disciplinas político-administrativas.

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