RIQUEZA LEGISLATIVA

RIQUEZA LEGISLATIVA (1849)

·         El sismo del 19 de septiembre mantuvo incomunicados a miles de ciudadanos.

Con el propósito de que la ciudadanía conozca el uso adecuado de la red de telefonía y de datos en situaciones de emergencia y, con ello, evitar su saturación, la Cámara de Senadores urgió al Instituto Federal de Telecomunicaciones implementar una campaña informativa.

En el dictamen se hace referencia al sismo de 7.1 grados en la escala Richter, ocurrido el martes 19 de septiembre del presente año, ante el cual, los servicios de telefonía fija y móvil registraron fallas como consecuencia de su saturación.

Luego de dos horas de haber ocurrido el movimiento telúrico, la comunicación de la telefonía móvil seguía sin restablecerse en su totalidad; mientras que en la telefonía fue intermitente. Las Redes sociales y WhatsApp funcionaron como un medio de comunicación inmediato.

El uso caótico de las líneas telefónicas locales ocasionó que miles de personas estuvieran incomunicadas, por diversas fallas registradas en los servicios de telefonía, lo que obliga  al IFT indicar mediante campañas informativas a los ciudadanos cómo se debe ocupar la red telefónica en caso de algún desastre natural.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores recibió la documentación de 21 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (FEPADE), informó la presidenta de ese órgano de gobierno, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

La Jucopo detalló que remitirá los expedientes de los postulantes a la  Senadora María del Pilar Ortega Martínez. Presidenta de la Comisión de Justicia del  Senadora de la República. 

Al cierre de la convocatoria, la senadora Ana Lilia Herrera dio a conocer que los aspirantes son, en estricto orden cronológico de registro:

1. Héctor Marcos Díaz Santana Castaños.

2. Eduardo Jesús Castellanos Hernández.

3. Tomás Cantú López

4. Mario Enrique Velasco Torres de la Vega.

5. Raúl Arroyo González.

6. Omar Diego Terrón Barranco.

7. Ricardo Suro Gutiérrez.

8. Karla Mendoza Morales.

9. Blanca Ivonne Olvera Lezama.

10. Laura Angelina Borbolla Moreno.

11. Augusto José Isunza Padilla.

12. Alejandro Porte Petit González.

13. Nelson Bello Solís.

14. Antonio Sorela Castillo

15. Eugenio Reyes Contreras

16. Carlos Enrique Bueno Pérez

17. Eduardo Alfonso Guerrero Martínez

18. Enrique Correa Ultreras

19. José Cuitláhuac Salinas Martínez

20. Enrique Alejandro Santoyo Castro

21. Pedro Miguel Ángel Garita Alonso

De acuerdo con la Convocatoria emitida por la Jucopo, y aprobada por el Pleno del Senado de la República el pasado 16 de noviembre, la recepción de documentos de los aspirantes fueron los días 17, 21, 22, 23 y 24 de noviembre.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, la declaración de validez de la elección de gobernador en el Estado de Coahuila y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado por la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

Previo a la discusión y aprobación de la sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1014/2017 y su acumulado SUP-JRC-398/2017, interpuestos por el ex candidato independiente Javier Guerrero García y el Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila (TEEC) que confirmó la declaración de validez, el Pleno resolvió diversos recursos de apelación relacionados con el rebase del tope de gastos de campaña del candidato de dicha coalición, infracciones a la normativa electoral y el cómputo de la elección.

Los agravios expuestos por los actores se centran, en general, en la falta de exhaustividad del Tribunal estatal al analizar sus agravios. Sin embargo, las magistradas y magistrados de la Sala Superior consideraron que, contrario a lo alegado, la autoridad local llevó a cabo un estudio exhaustivo, atendiendo a sus planteamientos y al material probatorio que obraba en autos.

En la sentencia se realiza un análisis exhaustivo de los agravios relacionados con la supuesta inelegibilidad del candidato que obtuvo el mayor número de votos; la falta de imparcialidad de funcionarios de mesas directivas de casilla; la ausencia de representantes en casillas; la vulneración al principio de neutralidad por parte de los funcionarios del gobierno estatal y la cobertura mediática desigual, entre otros. En todos los casos se determinó que las irregularidades señaladas no quedaban acreditadas a partir de las pruebas aportadas por los actores.

Por otra parte, la Sala Superior determinó que no se actualizaba la causal genérica de nulidad de la elección, ya que, si bien se acreditó una irregularidad, consistente en actos de violencia en un centro de votación en Ciudad Acuña, esta resultaba insuficiente para declarar la nulidad de la elección, pues no podía considerarse que se trató de una violación generalizada.

Asimismo, respecto del supuesto rebase de tope de gastos de campaña, el Pleno determinó que no se actualizaba la causa de nulidad genérica de elección que fue invocada, porque el candidato de la coalición no había rebasado los topes de gastos establecidos.

En consecuencia, después de realizar un análisis exhaustivo de los agravios expuestos por las partes, la Sala Superior determinó confirmar la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría de votos a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís.

Durante la sesión pública se señaló que, para que se determine la nulidad de una elección, las pruebas presentadas deben acreditar, más allá de cualquier duda, la existencia de irregularidades graves, generalizadas y que hubieran tenido un impacto real y tangible en el resultado de los comicios. En este sentido, se indicó que el Tribunal Electoral juzga siempre y exclusivamente con base en razones de Derecho y a partir de las pruebas y de las reglas establecidas por la Constitución y por la ley, no con base en juicios mediáticos, expectativas de las partes o presiones de algún tipo.

Las magistradas y magistrados enfatizaron que, como máxima instancia jurisdiccional en materia electoral, al TEPJF le corresponde garantizar que las reglas de la democracia electoral se cumplan, para que las autoridades electas puedan gozar de la legitimidad necesaria en un Estado democrático y de derecho. Para lograrlo, indicaron, el parámetro de actuación es siempre la Constitución.

·         Se realizarán mesas de trabajo los días 29 y 30 de noviembre.

El Senado de la República realizará mesas de trabajo con el Ejecutivo Federal para fijar la postura de México ante el Pacto Global de Migración y Refugiados de la ONU, los días 29 y 30 de noviembre, anunció la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Durante la presentación del prontuario “Migración mexicana de retorno”, señaló que es indispensable fortalecer el marco jurídico e informarse de manera confiable y oportuna para garantizar la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes.

El objetivo del prontuario es dar información sobre el retorno de la población mexicana que proviene de Estados Unidos, para favorecer al conocimiento del fenómeno migratorio y proponer medidas que garanticen los derechos humanos de las personas que residen, transita o regresa a México, explicó.

Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, expuso que hasta el momento, según las cifras, de lo que en un principio parecía que iba a ser una avalancha de deportados, no se ha presentado.

Aseguró  que hubo aproximadamente 50 mil deportados menos que el año pasado, lo cual no quiere decir que se baje la guardia, porque podría darse el escenario de un fenómeno de repatriación más fuerte.

Señaló que preocupa la actitud del gobierno estadounidense porque no tiene una lógica económica estrictamente hablando; “nos preocupa que haya un tinte, no quisiera usar la palabra racial, pero lamentablemente se parece mucho”, dijo.

Claudia Masferrer, coordinadora del seminario de migración, desigualdad y políticas públicas del Colegio de México, refirió que el texto servirá de referencia para entender el fenómeno de migración.

Detalló que el número de retornados de Estados Unidos se triplicó entre 2005 y 2010, y pasó de 267 mil a 824 mil; en el 2015 el número descendió a 440 mil, pero cuando se contabiliza el flujo total del país estadounidense a México, las cifras son mayores porque incluye a los nacidos allá, que en su mayoría son mayores de edad y acompañan a un familiar que regresa.

Ramón Ramírez, jefe de la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación, dijo que este año se asignaron 263 millones de pesos para los lineamientos de operación del fondo de apoyo a migrantes.

  Por Nancy Rodríguez

*Ellas tenían que esperar un lapso de 300 días para contraer matrimonio, a diferencia de los hombres: destacó la legisladora Ortega

*El Artículo 158 del Código Civil Federal vigente prevé una condición discriminatoria por razones de género, por ello, aprobaron su derogación:, precisó

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó un proyecto para derogar el artículo 158 del Código Civil Federal y eliminar el plazo que prohíbe a la mujer contraer un nuevo matrimonio, después de un divorcio.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez detalló en tribuna que dicho artículo “prevé una condición discriminatoria en razón de género”, pues únicamente ellas deben esperar un lapso de 300 días para contraer matrimonio después de la disolución de un matrimonio anterior.

La congresista  por Guanajuato, advirtió que la disposición vigente anula el libre desarrollo de la personalidad y “constituye una restricción indebida”, porque el Estado tiene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas.

Es por tal razón, dijo que los legisladores "tienen el deber de diseñar instituciones que faciliten acciones para que cada uno de los individuos, decidan y adopten libre y de manera autónoma, su proyecto de vida y sus ideales de virtud que cada uno de ellos decidan".

Fue así que “aprobamos la reforma al Código Civil Federal para eliminar impedimento de tiempo para contraer matrimonio a mujeres después de la disolución del vínculo matrimonial”

En el dictamen que obtuvo el respaldo de 72 votos, los legisladores destacaron que la Constitución establece la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, que debe imperar en todas las leyes del sistema jurídico.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Yolanda de la Torre Valdez expresó: “de manera absurda, inaceptable e injustificada, vemos que la violencia contra las mujeres sigue vigente en el país y, prueba de ello,  es el supuesto jurídico discriminatorio que se busca derogar”.

El proyecto de decreto se envió a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.

En otro dictamen, con 76 votos a favor, la Cámara de Senadores modificó el artículo 149 Bis del Código Penal Federal, para sustituir la frase “diez y seis años”, por “dieciocho años” cuando se refiere a menores de edad y así armonizar esta legislación con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Se trata, asentó el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, de una tarea indispensable para dar protección, garantía y certeza jurídica a los menores de edad. La reforma también se envió a la colegisladora.

Además, el Pleno avaló, con 74 votos, reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal para que bajo ninguna circunstancia el juzgador pueda tomar en consideración la personalidad del imputado para fijar la pena o medida de seguridad.

Este dictamen, que se turnó a la Cámara de Diputados, establece que las calidades y las relaciones personales del autor de un delito, no serán aplicables ni tomadas en cuenta para el aumento o disminución de la pena de los demás sujetos que intervinieron en él.

El Senado envió al Ejecutivo una reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal, que aprobó con 71 votos a favor, para remplazar la denominación de “salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización” en el cálculo de la indemnización por reparación del daño.

          Por Nancy Rodríguez

·         Legisladoras hacen un llamado a prevenir la violencia y feminicidio que crece en el país.

El Senado de la República realizará una serie de actividades en el marco de la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género”, que busca acciones para poner fin a la violencia de mujeres y niñas, y hacer reflexionar sobre actitudes discriminatorias, machitas y misóginas en el país.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, senadora Diva Gastélum Bajo, calificó la violencia contra las mujeres como una pandemia que ha crecido exponencialmente en México. Esta tarde se presentará un mapa georreferenciado de las cifras que ha aumentado en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, se observa un aumento de la violencia contra las mujeres en los hogares, pero resalta que ésta es de hermanos contra hermanas.

Esta campaña de 16 Días de activismo contra la violencia de género, se conmemora todos los años en todo el mundo para tomar acciones que ayuden a parar este problema tan serio que se ha exacerbado en los últimos años, señaló.

La senadora del PVEM, María Elena Barrera Tapia, hizo un llamado para consolidar el enfoque de género, erradicar las diferencias de oportunidad entre sexos y vencer con éxitos los retos que hay en la sociedad mexicana.

Se requiere un frente común para aniquilar aquellas prácticas que lastiman la dignidad y la condición de mujer, “impulsemos la equidad de género, la igualdad de trato y las opciones para el desarrollo integral de las mujeres”.

La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, señaló que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que flagela la vida de este sector de la población,  en lo que va del año,  se ha registrado el asesinato de mil 200 mujeres.

Dijo que si bien, durante la campaña se realizarán diversas actividades en el Senado de la República, es importante recordar al Estado que tiene pendientes para erradicarla, pero especialmente en prevenir la violencia y los feminicidios.

 

A pesar de los esfuerzos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, se sigue padeciendo la victimización, destacó la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del PT. Subrayó que solo 12 de 24 entidades federativas han emitido una alerta de género.

Resaltó que el Gobierno Federal debe asumir acciones necesarias para lograr las alertas que hagan falta ante la violencia de género, para que llegue a todos los lugares donde se ha promovido; asimismo reconoció que las mujeres deben empoderarse ante la contienda electoral, en la que solo se pide igualdad y respeto.

La senadora Sin Grupo Parlamentario, Luisa María Calderón Hinojosa, aseguró que aprobar una ley es políticamente correcto, pero no resuelve las cosas, pues se trata de una escalada exponencial de feminicidios de hombres contra mujeres. Argumentó que las mujeres no deben ser defendidas solo por mujeres, sino que hace falta la participación de los hombres.

Planteó a los senadores hombres hacer un ejercicio de reflexión sobre su afectación al enterarse de feminicidios, propuesta que presentará como punto de acuerdo.

La senadora Martha Elena García Gómez, del PAN, subrayó que la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes constituye una de las perores formas de discriminación que daña profundamente la dignidad de la persona humana, familias y el tejido social.

Pidió congruencia y legislar en pro de los derechos humanos de las mujeres, así como para erradicar la violencia mediante acciones que permitan eliminar el machismo y la discriminación hacia las féminas.

*Catea PGR centros de falsificación en Santo Domingo

Como resultado de una denuncia presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró en la Plaza de Santo Domingo, nueve locales comerciales en donde presuntamente se falsificaban títulos, cédulas profesionales, certificados escolares, actas de nacimiento, pasaportes, y billetes de alta denominación, entre otros documentos oficiales.

Personal del Ministerio Público de la Federación, apoyado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desplegó un operativo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que se aseguraron los establecimientos provistos de equipo de cómputo multifuncional, prensas, tintas, acetatos, impresoras de color, plantillas y otros aditamentos utilizados para falsificar diversos documentos, entre estos chequeras, actas de nacimiento, de matrimonio, divorcio, y placas de circulación para automóvil, recetas médicas y sellos, entre otros.

Lo anterior, al cumplimentarse una orden de cateo obsequiada por el juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de esta ciudad, con el apoyo de elementos de la División de Investigación y de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) informó a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) que se inició la carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables.

Relación de lo asegurado.

Se encontraron los siguientes aparatos presuntamente utilizados para la falsificación de documentos:

13 impresoras

1 multifuncional

4 cortadoras

1 prensa

1 plastificadora

11 máquinas para enmicado

12 torres de almacenamiento de información tipo CPU

1 CD con la leyenda DATOS PERSONALES

También fueron asegurados:

432 actas de nacimiento de Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Veracruz

1 acta de matrimonio

1 acta de divorcio

1 acta de defunción

4 CURP

120 plantillas de hologramas

426 micas transparentes para credencial

14 pasaportes mexicanos

1 pasaporte extranjero

5 visas americanas

5 tarjetas de residencia para el extranjero

1 credencial que acredita la portación de arma de fuego

Documentos apócrifos de certificados y títulos escolares:

17 certificados de secundaria

71 certificados de bachillerato

1 acetato de impresión para serigrafía de diploma

10 cédulas profesionales

26 credenciales de estudiante

48 credenciales del sistema educativo nacional

21 placas de metal para impresión

22 sellos

8 sellos de diversas universidades particulares

21 sellos de diversas notarías

46 certificados de estudios del servicio educativo nacional

59 títulos de universidades públicas y particulares

4 cartas de pasante, y

18 historiales académicos

Asimismo, se aseguraron:

470 hojas con impresión de 4 billetes de la denominación de $500 pesos mexicanos

1970 impresiones individuales de billetes de $100 dólares americanos

1 detector de billetes falsos

2 cheques presuntamente apócrifos

958 documentos del Gobierno de la Ciudad de México

2 sellos del Gobierno de la Ciudad de México

102 documentos federales de diversas instituciones públicas

588 recetas médicas

76 recetas médicas particulares

1 credencial de senador vigente al 2018

También se aseguraron:

115 tarjetas de circulación de diversos vehículos

8 licencias para conducir en el extranjero

130 licencias para conducir en México

5 permisos provisionales para conducir

3 engomados de vehículos

3 juegos de placas

4 permisos para conducir

97 facturas de vehículos nacionales

7 facturas de vehículos extranjeros

7 permisos de circulación

*El registro de las personas que manifiesten interés de contender en el proceso interno del PRI será el domingo 3 de diciembre, ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido, en un evento público que se llevará a cabo en la explanada del CEN del PRI

*Emite CEN del PRI convocatoria para la elección y postulación de su candidata o candidato a la Presidencia de la República

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional emitió la Convocatoria para la elección y postulación de su candidata o candidato a la Presidencia de la República. La Convocatoria está firmada por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza, y la Secretaria General, Claudia Ruiz Massieu.

La Convocatoria establece las normas del proceso interno electivo que será organizado, conducido y validado por la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.

El método para la elección y postulación de la candidatura presidencial será el de Convención de Delegados y Delegadas, aprobado por el Consejo Político Nacional del PRI, que fue ratificado por la totalidad de los Consejos Políticos de las Entidades Federativas.

La Convocatoria publicada el día de hoy, contempla las bases y los requisitos constitucionales, legales, estatutarios y reglamentarios que deberán cumplir las y/o los aspirantes, militantes o simpatizantes que decidan participar en el proceso.

El registro de las personas que manifiesten interés de contender en el proceso interno del PRI será el domingo 3 de diciembre, ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido, en un evento público que se llevará a cabo en la explanada del CEN del PRI. Quienes obtengan el dictamen de procedencia participarán en las precampañas, que iniciarán el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11 de febrero de 2018, conforme al calendario aprobado por las autoridades electorales.

Los actos de precampaña que lleven a cabo las y/o los precandidatos, deberán dirigirse a las Delegadas y los Delegados de la Convención Nacional, con el objetivo de obtener el voto en la jornada electiva. También deberán cumplir con la Ley General de Transparencia, para informar a la ciudadanía de los términos en los que se desarrolla el proceso electivo del partido.

En caso de que el partido contienda en coalición, las y/o los precandidatos deberán buscar también el voto de quienes integran los órganos de decisión de los partidos que conformen dicha coalición. Lo anterior, en los términos que lo dispongan sus estatutos y las directrices que emitan sus órganos directivos correspondientes.

La Convención Nacional de Delegados y Delegadas elegirá a la candidata o el candidato a la Presidencia de la República el domingo 18 de febrero de 2018. Esta Convención se integra por Consejeras y Consejeros Políticos Nacionales, Consejeras y Consejeros Estatales, así como Delegadas y Delegados electos en todo el territorio nacional.

La integración total de la Convención Nacional será de aproximadamente 19,100 Delegadas y Delegados. La elección de quienes la integran se llevará acabo del 6 al 13 de diciembre.

Con este proceso se respeta y acata lo dispuesto en el marco electoral federal, así como las normas que rigen al partido.

*Amonestan diputados federales del PRI al árbitro electoral por omisiones en torno a actos anticipados de campaña

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador priista por el estado de Nuevo León, Edgar Romo García, a nombre de los representantes populares, amonestó al árbitro electoral, Instituto Nacional Electoral,(INE)

Lo anterior,  por su posible complicidad y por mantenerse omiso frente a los abusos de Ricardo Anaya y de Andrés Manuel López Obrador, que como presidentes de sus respectivos partidos, Acción Nacional y Morena, se promueven en actos públicos y en medios de comunicación como aspirantes presidenciales.

Por ello, el vicecoordinador parlamentario del tricolor, Romo García pidió al INE transparente  criterios para la sanción de actos anticipados de campaña.

*Fundamental reformar un modelo que es del siglo pasado, y que ya no responde a la realidad.

*Las zonas y comunidades del centro y sur del país afectadas por los sismos de septiembre pasado, están de pie y recuperando la normalidad.

Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, en el marco de la Glosa del V Informe de Gobierno, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que en materia de seguridad “estamos enfrentando una situación muy compleja, que nos llama como nunca antes, a la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno”.

Se trata, dijo, de un desafío que no conoce fronteras territoriales o ideológicas, que afecta y compromete a todos por igual, por lo que no se puede prestar a cálculos políticos, ni a la improvisación.

El funcionario federal consideró fundamental reformar un modelo que proviene del siglo pasado, y que ya no responde a la realidad; se requiere pasar de un esquema que propicia la dispersión de fuerzas y la debilidad crónica, a uno que brinde bases para construir policías locales sólidas, confiables y con mayor capacidad de respuesta.

De lo contrario, factores como la improvisación, falta de continuidad en las políticas públicas o los cambios de gobierno frenarán los avances, para esto se cuenta con el respaldo federal a estados y municipios, sin distinciones, sin politizar y poniendo en primer lugar el interés de la sociedad.

Ante senadores de todos los grupos parlamentarios resaltó que las zonas y comunidades del centro y sur del país, afectadas por los sismos de septiembre pasado, están de pie, avanzando y recuperando la normalidad.

La construcción y auto-construcción de viviendas está en marcha. En los lugares afectados, se están distribuyendo ya las tarjetas de apoyo y se está impulsando la reactivación económica, “de la mano” con la ciudadanía, que participa para reconstruir y la fiscalización de los recursos y supervisión de los procesos.

Señaló que se ha logrado una inversión de 2 mil 100 millones de pesos para la creación y consolidación de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro en las 32 entidades ascendió y más de 70 mil 800 millones de pesos en infraestructura, capacitación, equipamiento y dignificación de las corporaciones locales.

Comentó que para erradicar la violencia de género se cuenta con 38 Centros de Justicia para las Mujeres en 26 entidades, cuando en 2012 eran sólo siete, además se trabaja con las entidades y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para intensificar y ampliar la labor preventiva contra la trata de personas.

Osorio Chong resaltó la labor para la entrega de 4 millones de actas de nacimiento interestatales, de las cuales 3.8 millones se expidieron en territorio nacional y más de 200 mil en el extranjero.

En las comunidades marginadas y poblaciones indígenas se entregaron cerca de 50 mil actas de nacimiento, que actualmente se pueden traducir en las 30 lenguas originarias más habladas en el país.

En materia de migración, se vigila que en el norte se tenga una repatriación digna y segura, mientras que en la frontera sur se ha entregado medio millón de tarjetas de visitante y trabajador fronterizo, para incentivar el tránsito ordenado y seguro.

Agregó que la migración “la vemos”, no como factor de encono, sino como una palanca para el desarrollo, la unión y la fraternidad.

Posicionamientos

Al fijar la posición de la fracción parlamentaria del PVEM, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, destacó la capacidad de reacción por parte de la Secretaría de Gobernación ante los daños causados por los sismos de septiembre pasado. El Sistema Nacional de Protección Civil funciona porque suma a la iniciativa privada, asociaciones y organizaciones civiles, pero principalmente, por las capacidades institucionales.

Resaltó la labor de las fuerzas armadas e instancias de inteligencia para brindar protección a los ciudadanos y consideró que se requiere una transformación de las policías locales para que los ciudadanos puedan confiar en ellas.

Por el PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez refutó las declaraciones del Secretario en materia de feminicidios, seguridad, corrupción, libertad de expresión, libertad de prensa, desapariciones e impunidad, las cuales van a la alza en todo el país.

Refirió datos del INEGI que señalan la percepción de inseguridad es del 74 por ciento en los habitantes de las diversas poblaciones. El país se ha vuelto más violento, tan sólo este fin de semana fue asesinado al ombudsman de Baja California Sur, un alto ejecutivo de Televisa, así como decenas de jóvenes a lo largo de cinco años de gobierno.

Por el PT, la senadora Layda Sansores San Román, denunció que en el país hay 33 mil desaparecidos, más que en la dictadura de Augusto Pinochet, y en el sexenio se superan los 63 mil muertos de la administración anterior, pues la cifra es de 75 mil 500.

Abundó en que aprobar la Ley de Seguridad Interior sería un paso para militarizar al país, porque en ningún país desarrollado el Ejército realiza las actividades de policía o son utilizados para enfrentar a los ciudadanos.

El senador Héctor Larios Córdova, del PAN, refirió que en este sexenio ha habido pérdida de gobernabilidad, lo que causa graves problemas al país, y ejemplificó que al inicio de la administración surgieron las autodefensas.

Señaló que el problema que padece el país es causado por la delincuencia común, “los delitos que más le duelen a la gente, lamentablemente, no son los homicidios”, sino el robo a casa-habitación, robo a transeúnte y la extorsión, delitos del fuero común que compete atender a las autoridades estatales y municipales, que no funciona por el abandono al control de confianza.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Cristina Díaz Salazar explicó que durante los últimos cinco años, el gobierno federal ha dado respaldo a las autoridades estatales y municipales sin reparar en colores partidistas, con el despliegue de las Fuerzas Armadas y al Policía Federal.

Dijo que es necesario transitar a un nuevo modelo de formación, capacitación, coordinación y mando policial para garantizar mejores condiciones de seguridad pública, así como la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para determinar y delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas.

Ronda de preguntas y respuestas

Mientras senadoras y senadores del PRI y PVEM resaltaron los logros de coordinación interinstitucional para atender la migración, inseguridad y violencia; del PAN, PRD, PT y sin partido refutaron las acciones que sigue la Secretaría de Gobernación para combatir la violencia generalizada, de género, trata de personas, corrupción y controles de confianza policiacos.

El senador sin partido, Manuel Cárdenas Fonseca, cuestionó si es meritorio para las Fuerzas Armadas, que sigan asumiendo funciones en medio de un desaseo legal.

Y deseó que en 2018, el Congreso le pueda corresponder a las Fuerzas Armadas “conforme a lo que es el derecho positivo vigente, seguridad en la actividad que desarrollan”.

Osorio Chong respondió que es urgente poner en ley lo que no está regulado, y evitar que se cometan actos desproporcionados; porque actualmente no hay protocolos o temporalidad para que las Fuerzas Armadas apoyen a los estados, porque no hay Ley de Seguridad Interior.

La senadora María Elena Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM, comentó que es indispensable que el Estado genere condiciones que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres, y mayor equidad para que logren su pleno desarrollo.

Preguntó al secretario federal qué acciones han realizado desde la Secretaría de Gobernación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y para apoyar a las entidades federativas en este mismo rubro.

El secretario de Gobernación respondió que se ha capacitado y profesionalizado a los servidores públicos con perspectiva de género, para que las mujeres no sean doblemente victimizadas cuando vayan a presentar una denuncia por violencia de género.

Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez señaló que a cinco años de la reforma para que la Secretaría de Gobernación asumiera funciones de seguridad pública no existe una política efectiva para la profesionalización de los cuerpos policíacos, los homicidios dolosos se disparan y la violencia se incrementa.

“La persecución de la delincuencia organizada sigue siendo un fracaso”, pero lo más grave es que todos los días se constata que se incrementa la violencia. “Si a esta situación, le agregamos la deficiente implementación del Sistema Acusatorio, entonces tenemos la tormenta perfecta”, expresó.

En su respuesta, el funcionario afirmó que la reforma tiene resultados positivos: “una espléndida coordinación entre todas las instituciones federales” y la captura de 108 de los 122 delincuentes más peligrosos de México, que, de no haberlos detenido, nuestro país estaría en circunstancias “verdaderamente dramáticas”.

El senador Benjamín Robles Montoya, del PT, señaló que la atención a las preocupaciones de los alcaldes “han sido desastrosas”, pues estás autoridades son presas de extorsiones y algunos han perdió la vida sin que el Estado mexicano pueda hacerse responsable y darles garantía en el ejercicio de sus cargos.

Coincidió en que la inseguridad “es una enorme preocupación”, resultado de una “errónea estrategia de combate al crimen y una evidente falta de capacidad”. También preguntó al funcionario si ¿está involucrado en las consultoras que han obtenido cerca de 63 contratos por parte de diversas instancias federales?

Miguen Ángel Osorio Chong afirmó que no se ha dejado de apoyar a ningún presidente municipal que esté en riesgo y “hay servicio de protección federal con muchos alcaldes”, pero también “les estamos exigiendo que ellos hagan algo para proteger a la ciudadanía.

Afirmó que no tiene nada qué ver, ningún conflicto de intereses con las empresas referidas, “lo que he logrado ha sido con mi propio esfuerzo durante más de 35 años de trabajo, lo que tengo es público, por cierto, a mí no me heredaron ni me han donado absolutamente nada”.

La senadora Adriana Dávila Fernández dijo que México atraviesa por una de sus etapas más críticas en materia de seguridad, y a cinco años de la actual administración, “tenemos un resultado que nadie deseaba, un gobierno desesperado por la crisis de inseguridad generada por inacción y complacencia, resultados magros y una sociedad que justificadamente no creen sus autoridades por los altos índices de impunidad y de corrupción”.

La legisladora del PAN denunció que se han dado adjudicaciones directas por más de 13 millones de pesos a Rosi Orozco, activista en materia de trata de personas, a quien acusó de vivir a costa de las víctimas, por lo que pidió al Secretario que investigue a las asociaciones relacionadas con ella y su familia.

Osorio dijo que estará atento a las denuncias que la legisladora realice en éste, y aclaró que la Secretaría de Gobernación no dio “ningún peso, ningún contrato y ninguna protección” a dicha activista. “Sólo puedo sostener con documentos y que si hay denuncia y responsabilidad respecto algún funcionario hágala y por supuesto le daré seguimiento puntual”, precisó.

El senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que hace más de una década que la seguridad pública se convirtió en una de las preocupaciones más sentidas de los ciudadanos y en 2012 el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió un país “profundamente agraviado por un fenómeno delictivo creciente y por una violencia que se pretendía combatir con más violencia”.

Aceptó que ha habido un repunte de la violencia e inseguridad, reconocido por el propio Ejecutivo Federal, de ahí, que preguntó al encargado de la política interior y la seguridad cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno de la República y a qué factores considera que se puede atribuir ese incremento.

El Secretario de Gobernación explicó que más allá de “echar las culpas”, lo que se debe hacer, conjuntamente con el Legislativo, es realizar las modificaciones necesarias para dotar de capacidades a las entidades y municipios en materia de seguridad.

Dijo que hay debilidad en las policías municipales, quienes “no logran la confianza de la ciudadanía porque no tiene las capacidades institucionales”. Por ello, pidió a los senadores dar el paso que sigue, que es urgente, para llegar a un acuerdo y dar recursos y capacidades a los municipios, “si es que no se quiere avanzar en una ley para combatir el crimen”.

En la segunda ronda, participaron los senadores Angélica Araujo Lara, del PRI; Víctor Hermosillo y Celada, del PAN; Dolores Padierna Luna, del PT; Carlos Puente Salas, del PVEM; Celestino Cesáreo Guzmán, del PRD; y Alejandro Encinas Rodríguez, sin partido.

  

  

 

 

 

 

 

         

     

 

    

 

 

 

 

      

 

 

Mujeres de Oro Sólido