RIQUEZA LEGISLATIVA

RIQUEZA LEGISLATIVA (1797)

*Senadoras y senadores reconocen labor de la legisladora y le desean éxito en sus proyectos.

*Recibe Senado propuesta para designar vocal de la Junta de Gobierno del IPAB.

El Pleno del Senado de la República aprobó licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD, a partir del 30 de diciembre.

La senadora Barrales Magdaleno agradeció la oportunidad de convivir con cada uno de los legisladores de quienes dijo aprendió mucho. Agregó que emprenderá un nuevo reto con valor y convicción para alcanzar su objetivo.

“No puedo dejar de reconocer la energía, el motor, que me da, que me imprime, el hecho de emprender este reto desde mi condición de mujer, porque aquí hay muchas mujeres, aquí hay muchas compañeras que entienden perfectamente la tarea que tenemos que realizar las mujeres para poder alcanzar nuestros objetivos, sin victimizarse”, subrayó.

Trabajamos para generar mejores condiciones a las mujeres, y no podemos dejar de reconocer que es una tarea difícil y en la que se tiene mucho trabajo que realizar, puntualizó.

El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo; la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política; y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, Fernando Herrera Ávila, Emilio Gamboa Patrón y Luis Sánchez Jiménez, respectivamente, reconocieron el compromiso, honestidad, profesionalismo y aporte en las tareas legislativas, le desearon éxito en sus proyectos.

A este reconocimiento se sumaron los senadores Isidro Pedraza Chávez, Angélica de la Peña Gómez, Teófilo Torres Corzo, José Ascención Orihuela Bárcenas, Ernesto Gándara Camou, Mariana Gómez del Campo Gurza y Manuel Cárdenas Fonseca.

·       Por unanimidad se designó a Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez y José de Jesús Orozco Henríquez.

·       Los consejeros cubren el perfil, comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos.

El Presidente de la Mesa Directiva, en funciones, senador David Monreal Ávila, tomó la protesta de ley a Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez y José de Jesús Orozco Henríquez, como consejeros honoríficos del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Previamente, la Asamblea aprobó con 83 votos a favor, el dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos, en el que precisa que los candidatos satisfacen el perfil requerido, que son mexicanos reconocidos en el pleno ejercicio de sus derechos y que cuentan con destacada trayectoria en el ámbito de la defensa, promoción y protección a los derechos humanos.

En el dictamen, la Comisión destacó la calidad, diversidad y especialización de las y los candidatos constituyen aspectos que refuerzan y consolidan un proceso de selección absolutamente respetuoso de los principios de legalidad, publicidad y transparencia.

Expone que se llevaron a cabo comparecencias públicas de los candidatos, en igualdad de circunstancias en la Comisión de Derechos Humanos, donde presentaron su programa de trabajo y expusieron las razones por las que les interesa ser integrante del Consejo.

En las comparecencias, las y los legisladores tuvieron oportunidad de examinar la trayectoria académica, el conocimiento del marco jurídico nacional e internacional en la materia, la experiencia profesional y la participación en la promoción, defensa, protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos de cada una de las y los candidatos.

Jueves, 14 Diciembre 2017 14:41

Aprueba Senado Ley General de Archivos

Por

·         Fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Nación.

La Cámara de Senadores aprobó en lo general y particular con 90 votos a favor y 0 en contra, la Ley General de Archivos, que establece los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los documentos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes de la Unión.

Además, de los archivos en posesión de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Determina las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Nación.

Precisa que los sujetos obligados se regirán por los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad, y que deberán administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, adquieran o posean, de acuerdo con sus facultades, competencias, los estándares y principios en materia archivística.

Establece un sistema institucional para la administración de sus archivos y para llevar a cabo procesos de gestión documental, integrar documentos en expedientes, e inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo, entre otros

Prevé que la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona, siempre en consideración de la norma en términos de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

El Estado mexicano, agrega, deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos, a fin de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información de los archivos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación.

En la ley se puntualiza que cada sujeto obligado es responsable de producir, organizar y conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive de sus facultades, y que estos serán considerados documentos públicos.

En materia de derechos humanos, indica que los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de derechos humanos, así como a respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Los sujetos obligados deberán contar también con instrumentos de control y de consulta conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; debe contener un Cuadro general de clasificación archivística, Catalogo de disposición documental y los inventarios documentales.

Asimismo, prevé que cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos, los servidores públicos deben elaborar una acta de entrega-recepción al separarse de su empleo y entregar los archivos bajo su custodia.

Señala que el Archivo General de la Nación será un organismo descentralizado y especializado en materia de archivos, que tendrá como fin promover la organización y administración de los mismos para preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental de la Nación.

En la ley se detalla que el Sistema Institucional de Archivos será el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de conformidad con los procesos de gestión documental, el cual será coordinado por el Consejo Nacional de Archivos.

Dicho Consejo estará integrado por los titulares del Archivo General de la Nación, de las secretarías de Gobernación y de la Función Pública; un representante de las cámaras de Diputados y de Senadores, y del Poder Judicial de la Federación; un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así como por un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; un titular de la Auditoría Superior de la Federación; del Banco de México; un representante de los consejos locales, un representante de los archivos privados y otro del Consejo Técnico y Científico Archivístico.

Además, precisa la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a La Información y Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional Anticorrupción en Materia de Administración de Archivos.

Especifica que el patrimonio documental de la nación es propiedad del Estado Mexicano, es de dominio e interés público y está sujeto a la jurisdicción de los poderes federales y que se considera documentos de archivo a los monumentos históricos.

Contempla también la gestión documental electrónica, la incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y trazabilidad; y prevé que cada entidad federativa contará con un sistema local. Las leyes de las entidades federativas regularán los sistemas locales y contarán con un consejo local como órgano de coordinación.

Asimismo, subraya que las personas físicas y morales, propietarios o poseedores de documento o archivos considerados de interés público, deberán garantizar su conservación, preservación y acceso y los declarados como monumentos históricos, deberán inscribirlos en el registro nacional.

Incluye un capítulo denominado De los fondos de apoyo económico para los archivos, del patrimonio documental de la nación y la cultura archivística, y proporciona un catálogo de infracciones en materia del acatamiento de las normas.

Previo a la discusión del dictamen, la Asamblea aprobó la modificación al Artículo 36, en la que se precisó que los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público, una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia secundaria a un archivo histórico.

Debate

A favor del dictamen, la senadora María Elena Barrera Tapia, del PVEM, dijo que se fortalece y eleva la jerarquía del trabajo del archivo en la Federación, estados y municipios. Preserva documentos históricos y enriquece el patrimonio del país, determina las bases y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, así como de los mecanismos que contribuyen al derecho a la información, libertad de ideas y construcción real de la historia.

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN, explicó que se trata de una ley que impactará los procesos de la administración pública, a fin de garantizar que la información que los sujetos obligados generen esté disponible y se le trate adecuadamente. Asimismo, destacó que con esta se fortalece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información de archivos en manos de sujetos obligados.

El senador sin Partido Político, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que se busca regular y garantizar derechos humanos fundamentales como el acceso a la información pública, protección de datos personales y el derecho a la memoria a la verdad. Es un paso sustantivo ya que el Archivo General de la Nación deja de ser un órgano sectorizado a la Secretaría de Gobernación para dotarlo de autonomía técnica y de gestión, en el que se crea un Sistema Nacional de Archivos encabezado por el Archivo General.

La senadora Angélica Araujo Lara, del PRI, expuso que se aseguran mayores esquemas de transparencia y difusión de archivos al fomentar mejor resguardo de la memoria institucional, además de que se promueve y garantiza el uso de tecnologías de la información a fin de mejorar en las entidades del país la administración y disposición de archivos.

La senadora Carmen Dorantes Martínez, del mismo Grupo Parlamentario declaró que se recogieron propuestas de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil recabada en foros. Los sujetos obligados, resaltó, deberán conservar y preservar archivos relativos a violaciones graves en materia de derechos humanos.

Zoé Robledo Aburto, senador del PT, precisó que se lograron avances como sacar de la Segob la idea de que ahí debe residir y habitar la memoria de los mexicanos; con esta ley, el Archivo General de la Nación se puede transformar en una institución descentralizada con autonomía técnica y de gestión, como la guarida de la verdad y herramienta para alcanzar la libertad.

El senador del PAN, Héctor Larios Córdoba destacó que con la aprobación de este dictamen se resolvieron varios dilemas, como el derecho a la memoria y de la protección de datos personales y familiares, o si los archivos pueden ser públicos o privados, y esto se resolverá con la creación del Sistema Nacional de Archivos y el Archivo General de la Nación estará a cargo de este Sistema.

Se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

*Busca brindar certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles.

*Establece los lineamientos generales para la administración y procesamiento de la información registral y catastral.

El Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, cuyo objetivo es determinar las normas para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral.

El proyecto de decreto, también busca brindar certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles y establecer los lineamientos generales para la administración de una Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral que articule la información de la propiedad privada, publica y social.

Se establecen las normas, bases y principios que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios, de las Personas Morales y los Catastros en el territorio nacional.

La Ley crea el Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral, que será el órgano de coordinación interinstitucional y podrá emitir las normas y lineamientos para la armonización, homologación e interoperabilidad de la organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y los Catastros.

Las entidades federativas y municipios adoptarán e implementarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que determine el Consejo.

Se instituye que los procesos registrales y catastrales podrán solicitarse de manera presencial en las oficinas de los Registros Públicos Inmobiliarios, mediante los medios electrónicos que dispongan o a través de vía remota.

Además, se precisa, los propietarios o poseedores de un predio están obligados a realizar el registro o actualización de éste en el catastro.

Se mandata a las entidades federativas y a los municipios a diseñar programas para la homologación y armonización de sus Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros, a efecto de permitir su modernización y vinculación, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

Al presentar el dictamen, la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, expuso que los registros públicos de la propiedad y los catastros son herramientas fundamentales para el funcionamiento del sistema económico mexicano, pues contribuyen a brindar seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles y las personas morales o civiles.

La legisladora se pronunció a favor de esta legislación general que homologa y moderniza los procedimientos de las funciones registrales y catastrales, ya que ayudará a que el país tenga una mayor atracción de inversión.

El senador Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, comentó que con esta Ley se permitirá la obtención y ubicación de planos para el desahogo de litigios vinculados con la propiedad inmobiliaria, da certeza y velocidad a la entrega de información y ayudará a las autoridades administrativas a determinar deslindes, servidumbres de paso o fraccionamiento de inmuebles de manera más sencilla.

En contra, la senadora Pilar Ortega Martínez, del PAN, consideró que la Ley contiene “ámbitos invasivos” a las entidades federativas, ya que el Consejo generará criterios de actuación, donde los estados y municipios estarán fuera.

Su compañero de bancada, el senador Juan Carlos Romero Hicks manifestó su voto en contra porque no se tomó en cuenta en la Ley a los notarios, quienes serán los actores más directos en este tipo de trámites.

Los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Mario Delgado Carrillo hicieron reservas a los artículos 13, 56 y Tercero Transitorio del proyecto. En tanto, la senadora Pilar Ortega Martínez propuso modificaciones al artículo 13.

A su vez, las comisiones dictaminadoras propusieron modificar el artículo 9, 56 y el Noveno Transitorio.

Posteriormente, se realizó la votación en lo general del dictamen, el cual se aprobó con 75 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones.

En la discusión en lo particular, el Pleno respaldó la propuesta de modificación del artículo 56 presentadas por Romero Hicks, Delgado Carrillo y las comisiones dictaminadoras para establecer que la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral privilegiará que los datos públicos que se generen o administre por cualquier medio, se pongan a disposición como datos abiertos en términos de la legislación en materia de transparencia. Sin en que ningún caso su aplicación contravenga los objetivos y finalidad de la Ley.

También, se aprobaron las reservas presentadas por las comisiones dictaminadoras a los artículos 9 y Noveno Transitorio. En el primer caso se agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también tendrá atribuciones en el apartado de armonización de facultades.

En el Noveno Transitorio se acordó establecer que, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las entidades federativas contarán con un plazo no mayor a los 90 días para adecuar sus leyes y ajustarlas al contenido del nuevo ordenamiento.

*Los senadores señalaron que es insuficiente la modificación a un artículo transitorio, y propusieron reformar el artículo 102 constitucional.

*La senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, refirió que el dictamen “se quedó muy corto”.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia, Reforma del Estado, Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron eliminar el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la República.

El dictamen votado a favor, modifica el artículo Décimo Sexto Transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral, de febrero de 2014, el cual consideraba la designación automática del actual procurador para ocupar el cargo de fiscal general por un periodo de nueve años.

Se eliminó el párrafo segundo del artículo mencionado, y en su lugar, se adicionó un nuevo párrafo segundo y un tercero, que establece que el Senado de la República realizará la designación del Fiscal General de la República.

“Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria”, establece el dictamen aprobado por los senadores de las diversas comisiones.

Especifica que el procurador general que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, continuará en su encargo hasta que el Senado designe al fiscal general.

La senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, refirió que el dictamen “se quedó muy corto y no atiende una reforma integral al artículo 102 constitucional, en la conformación del modelo de Fiscalía General de la República, sobre nombramientos y el perfil de su titular.

La legisladora por Guanajuato destacó que la eliminación del llamado pase automático, es insuficiente, que es necesario también reformar al artículo 102 constitucional, con la participación de la sociedad bajo el modelo de parlamento abierto.

El senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, llamó a los senadores a abordar con posterioridad el diseño del artículo 102 constitucional, tomando en cuenta las propuestas que se realizaron durante la reunión de trabajo.

El senador Luis Humberto Fernández, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, comentó que la reforma es intrascendente, ya que no modifica nada, porque “no hay sujeto que pudiera ser beneficiado en este momento; al final del día, no resuelve nada”.

El senador Benjamín robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, comentó que la minuta “se quedó corta”; y explicó que la designación del fiscal general debe derivar de un proceso transparente con la participación de la sociedad.

La senadora Angélica de la Peña, integrante de la Comisión de Justicia, dijo que el dictamen aprobado no reúne lo que las organizaciones y la democracia le exige al país; es necesario reformar el artículo 102 constitucional, en su apartado A.

El senador Roberto Gil Zuarth, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que es necesario realizar una reforma al artículo 116, porque no se puede planear el fortalecimiento de la procuración de justicia si no se hace algo en el ámbito local.

El senador Juan Carlos Romero Hicks, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, señaló que esta modificación es apenas el comienzo de una “carrera de cien metros”, en la lucha contra la corrupción.

El senador Héctor Flores Ávalos, integrante de la Comisión de Justicia, dijo que se deben reflexionar cuáles serán los mecanismos para nombrar al titular del fiscal general; además de buscar cómo distender las líneas de presión política que recaen sobre el procurador.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, nombró a César Castillejos Rangel como nuevo Secretario de Comunicación Institucional de este Instituto Político.

Al entregarle el nombramiento, el líder priista exhortó a Castillejos Rangel a brindar su mejor esfuerzo, de cara a las elecciones del 2018 y en beneficio de México y el PRI.

César Castillejos Rangel es Licenciado en Relaciones Internacionales y obtuvo un Master en esta profesión en la Universidad Complutense de Madrid.

Ha sido Coordinador de Comunicación de la Campaña a Gobernador de Alfredo Del Mazo Maza, Director General de Relaciones Interinstitucionales y Director General Adjunto de Estrategia de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.

También se desempeñó como Coordinador de Comunicación en la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Los Adultos Mayores tenemos derecho a:

1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación.

(Artículo 5o, fracción 1)

2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial

(Artículo 5o,fracción 11)

3. Derecho a la salud, alimentación y familia.

(Artículo 5o, fracción 111)

4. Derecho a la educación.

(Artículo 5o, fracción IV)

5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado.

(Artículo 5o, fracción V)

6. Derecho a la asistencia social.

(Artículo 5o,fracción VI)

7. Derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad.

(Artículo 5o. fracción VIl)

8. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que consagra la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

 (Artículo 5o, fracción VIII)

9. Derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicio al público.

(Artículo 5o.fracción XI)

10. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte.

·         Relevante la participación de los gobiernos locales que enfrentan las amenazas de la seguridad interior: Ernesto Cordero Arroyo.

·          Es responsabilidad del Legislativo dar un marco normativo que dote certidumbre a la ciudadanía en seguridad, señaló Ana Lilia Herrera.

Mandatarios estatales pidieron al Senado aprobar la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, consideraron que es imperante dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus labores en las entidades federativas.

Advirtieron que sería “un grave riesgo a la seguridad nacional” retirar a los militares de sus tareas contra organizaciones criminales. La ley no militariza al país, no invade competencias locales ni transgrede los derechos humanos ni las garantías individuales, aseguraron.

Precisaron que no se criminaliza la protesta social y señalaron que es una exigencia ciudadana restablecer la seguridad, para ello, se necesita toda la fuerza del Estado y contar con policías certificadas.

Mencionaron que con la participación del Ejército se ayudaría a revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.

En el marco del análisis de la Ley, que llevan a cabo los presidentes de las comisiones dictaminadoras, ocho ejecutivos estatales expresaron sus opiniones respecto a la minuta referida.

El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, destacó la labor del Senado por llevar a cabo un ejercicio democrático en el que se escucha a todos los actores antes de dictaminar una ley. “Hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad y me da mucho gusto que sigamos en esa lógica”.

Señaló que esta reunión reviste la mayor relevancia, en la que se encuentran, dijo, los actores centrales de esta ley, los gobiernos locales, que enfrentan amenazas a la seguridad interior en cada uno de sus estados y donde las familias están siendo amedrentadas por la delincuencia organizada, “qué mejor que escuchar su opinión antes de que dictaminemos”.

Celebro el liderazgo de los presidentes de las comisiones correspondientes, de la senadora Cristina Díaz y del senador Fernando Torres Graciano, para llevar a buen término esta discusión y sobre todo que podamos dictaminar lo mejor para el país, concluyó.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo que el poder Legislativo tiene la responsabilidad de dar vida a un marco normativo que dote de certidumbre tanto a ciudadanos como al Estado, respecto de su actuación ante las distintas amenazas a la seguridad.

“La seguridad interior es una responsabilidad que compete a todo el Estado Mexicano y es nuestro deber, desde nuestras respectivas atribuciones, trabajar sin descanso para preservar la gobernabilidad y la tranquilidad de la sociedad”.

Nuestras Fuerzas Armadas han sido piedra angular en la defensa de todos los mexicanos en la defensa de toda la sociedad, por lo que debemos reconocer su trabajo, dotarles de certeza jurídica en esta noble labor que realizan, para que actúen bajo un esquema bien delimitado, que sea conocido por todas y por todos.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que la Ley de Seguridad Interior no se centra en el detalle, sino que remite a otros marcos jurídicos donde, ya se encuentran previstas sus consideraciones y, asimismo, la supletoriedad que es aplicable.

Precisó que la Ley regula la función del Estado Mexicano, para atender los riesgos y amenazas y observa los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

El gobierno de Colima señaló que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, ante el crecimiento de los índices delictivos, “y su análisis debe superar las posiciones de tipo político, partidista o electoral”.

Destacó que la Ley no facultará la invasión de la esfera competencial de las fuerzas del orden local, tampoco generará la sustitución de estas autoridades, ni establecerá un Estado de excepción.

Durango solicitó a los legisladores que se apruebe la legislación en materia de seguridad interior, ya que, al verse rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, se necesita que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico que le permita actuar con toda certeza.

Observó que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en la materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.

Para el gobierno de Jalisco es procedente aprobar el dictamen en el Senado, a fin de revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.

Refirió que la lucha que se libra en ese estado contra los grupos criminales sería impensable sin la presencia de las Fuerzas Armadas, por lo que consideró imperiosa la necesidad de crear un marco legal que regule su actuación y les otorgue certeza jurídica.

El gobierno de Jalisco expresó que es imprescindible una estrategia conjunta de todos los órdenes de gobierno en donde la presencia del Ejército y la Armada de México esté claramente delimitada para atender exclusivamente las amenazas a la seguridad interior.

Dijo que es absolutamente necesaria e inaplazable la aprobación de una ley que permita a las Fuerzas Armadas seguir colaborando con los estados en un marco en el que, tanto la sociedad como los militares, tengan derechos, facultades, limitaciones y alcances. Precisó que, bajo las actuales circunstancias, la presencia del Ejército se da en el marco de un vacío legal que genera incertidumbre.

A nombre de los ejecutivos de Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes, el gobierno de Querétaro pidió a los senadores retomar, discutir y votar “lo más rápido” la Ley de Seguridad Interior.

Negó que la Ley militarice al país o viole los derechos humanos y las garantías individuales. Aseguró que la protesta social o las movilizaciones que tengan motivo político-electoral, “que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución”, bajo ninguna serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.

San Luis Potosí aseguró que este ordenamiento permitirá tener una mayor y mejor coordinación en materia de seguridad pública con las Fuerzas Armadas y también para poder integrar a las fuerzas policiales municipales en esta tarea.

Comentó que es imprescindible contar con los mejores elementos para poder brindar certeza a la ciudadanía.

Tlaxcala expresó que esta legislación debe salir a la brevedad a efecto de establecer claramente los procedimientos y los protocolos que deben cumplir las Fuerzas Armadas para respaldar las tareas de seguridad pública.

Aseguró que no es correcta la afirmación de que las Fuerzas Armadas, a partir de esta ley, van a estar cotidianamente en las calles.

El gobierno de la Ciudad de México dijo que hay dar un marco de legalidad a la actuación de los militares, ya que si se retiran de sus tareas “se colocaría en un jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional”; sin embargo, “no quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas”.

Opinó que hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales, respecto de quien designe el Ejecutivo Federal como coordinador de las tareas de seguridad. Ello, agregó, está dejando una puerta abierta que rayaría en un exceso de tomar el asidero de esta ley, incluso creo que sería extralegal.

Por Nancy Rodríguez

*Indispensable para el intercambio de información interinstitucional para la investigación y localización inmediata.

*También deberán elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género para la búsqueda rápida de mujeres y niñas desaparecidas

*Las administraciones estatales deberán implementar campañas de sensibilización, destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres

*Se reforman y adicionan los artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los gobiernos estatales estarán obligados a conformar un banco de datos con el registro de individuos violentos contra mujeres, con el fin de intercambiar información interinstitucional para su investigación y localización inmediata.

También deberán elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género para la búsqueda rápida de mujeres y niñas desaparecidas en la realización de investigaciones por delitos de feminicidio, trata de personas, discriminación y contra la libertad.

Se establece, en uno de los 12 dictámenes, aprobados por los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, en respuesta a una minuta de la Cámara de Diputados, que reforma y adiciona los artículos 17, 43, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las administraciones estatales deberán implementar campañas de sensibilización, destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en las comunidades, además de establecer programas para su desarrollo normal psicosexual, e instaurar políticas públicas que garanticen un transporte público seguro para el sector femenino.

Además, podrán celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia con instituciones académicas y organismos privados.

En otro dictamen, las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, reformaron y adicionaron los artículos 1 y 2 de la Ley en la materia y agregaron tres artículos transitorios que indican lo siguiente:

El Ejecutivo Federal tendrá 90 días hábiles, a partir del presente decreto, para hacer las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley.

Los Congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para homologar sus Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sus códigos civiles, códigos de procedimientos civiles y códigos penales, conforme a lo dispuesto en estas reformas en materia de órdenes de protección.

Las minutas fueron remitidas a la Cámara de Diputados y los dictámenes a la Mesa Directiva del Senado, que preside el senador Ernesto Cordero Arroyo, para su inclusión en la Gaceta parlamentaria y posterior presentación al Pleno Cameral en las próximas sesiones.

Durante la Trigésima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género, que preside la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, la Unidad de Género presentó su informe anual de actividades y logros.

Se dio cuenta de la creación de la Ley de Género para el Servicio Civil de Carrera que regirá en la Cámara de Senadores y que fue publicada el jueves en el Diario Oficial de la Federación.

Asistieron a la reunión de trabajo, las senadoras Angélica de la Peña Gómez (PRD), Carmen Dorantes Martínez (PRI) y María del Carmen Izaguirre Franco (PRI).

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Designan a la Senadora @Pilarortega como enlace para consolidar el Sistema de Justicia Penal

 

          

      

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Mujeres de Oro Sólido