LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (118)

       -Hay una deuda pendiente con los jóvenes; ellos no quieren vivir más en la condena de ser sicarios, pandilleros o migrantes sin hogar y sin destino. Quieren ser futuro y no sólo estadística: Gil Zuarth

        -Los retos son enormes, Centroamérica, El Caribe y México tienen muchos temas en los que hay que trabajar fuertemente; FOPREL lo sabe: Mario Taracena

En México, Centroamérica y la Cuenca del Caribe persisten los viejos problemas de desigualdad, migración y debilidad institucional; surgen nuevos y ante ello hay una deuda con los jóvenes para que vivan en una sociedad con oportunidades y más justa, reconoció el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth.

Durante la sesión solemne que se realizó en  honor de los presidentes de los parlamentos miembros del Foro de Presidentes y Presidentas Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), Roberto Gil exhortó a “dejar de ser la región de la excepcionalidad y de los fracasos cíclicos para asumirnos plenamente como sociedades de rutinas institucionales y rutas de normalidad”.

“No podemos darnos el lujo de perder otra generación en la incapacidad, en la frustración o en la irresponsabilidad. Tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes, con su educación y con su realización; con proveer las oportunidades que sólo una sociedad justa ofrece”.

El senador dijo que los jóvenes “quieren una alternativa al dinero fácil y a la violencia. No quieren vivir más en la condena de ser sicarios, pandilleros o migrantes sin hogar y sin destino. Quieren ser futuro y no sólo estadística”.

Gil Zuarth argumentó que para dejar de ser el subcontinente de la injusticia debemos resolver de fondo nuestro déficit institucional; reconciliar la libertad con el orden, los derechos humanos con el imperio de la ley, la eficacia del Estado con la integridad y la honestidad en el servicio público.

Dijo que la crisis migratoria “es producto de esa desigualdad, de la inequidad que expulsa, de la indiferencia que la ve pasar y de la intolerancia que le pone muros”.

Por ello exhortó a estrechar las relaciones para encarar la ruta hacia el futuro y “borrar las fronteras que nos dividen porque los problemas que compartimos no responden a esas imaginarias líneas”.

Sentenció que “ha llegado nuestra hora; la hora de Centroamérica, la hora del Caribe, la hora de nuestras sociedades”.

En su oportunidad Mario Taracena Díaz Sol, presidente Pro tempore de FOPREL y presidente del Congreso de la República de Guatemala reconoció que México y Centroamérica tienen problemas comunes.

“Uno de ellos es la lucha contra el crimen organizado, es una lucha que tiene muchas facetas. En mi país estas facetas están claramente identificadas con el lavado de dólares, el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, las maras, el sicariato y el trasiego de armas” que se dan en mayor o menor medida en los diferentes países.

Ante ello dijo “estoy hablando por todos mis homólogos, estamos empeñados en ser eficientes ante la demanda ciudadana, de lograr eliminar la corrupción, mejorar las instituciones y promover seguridad y justicia”.

Video

http://youtu.be/Sfs4UwtzoyQ

Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el día de ayer a las 23:00 horas se registró un enfrentamiento entre internos del penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

A consecuencia de estos lamentables hechos, el gobierno estatal ha informado el fallecimiento de un número aún no determinado de personas y 12 personas más se encuentran heridas, 5 de ellas de gravedad.

Las autoridades afirman que se registraron detonaciones e incendios dentro de las instalaciones del penal, lo que ocasionó la movilización de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de un cerco policiaco.

Los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Topo Chico son una afrenta al estado de derecho y a las instituciones de seguridad y justicia.

Desde el Senado de la República seguimos trabajando en las reformas legales para transformar el sistema penitenciario a la luz del nuevo sistema de justicia penal. A cuatro meses de que venza el plazo constitucional para su  implementación en todo el país, es necesario redoblar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y en los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, para concretar un sistema de justicia a la altura de las necesidades de México.

El Gobierno del estado de Nuevo León debe asumir su responsabilidad con los neoleoneses y evitar que acontecimientos como el del Penal de Topo Chico vuelvan a ocurrir, dar las explicaciones necesarias y deslindar claramente las causas y consecuencias de estos hechos.

Por este motivo, el Senado de la República emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República lamenta y condena los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, en los que fallecieron 52 personas y que dejó más de una decena de lesionados.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a las autoridades estatales de Nuevo León a investigar de manera pronta y expedita lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Topo Chico, a esclarecer los hechos y, en particular, que se inicie una investigación en torno a los funcionarios penitenciarios y de seguridad, a efecto de determinar las responsabilidades.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a las autoridades responsables a garantizar la reparación del daño a las víctimas de estos lamentables hechos y se brinden todas las atenciones a los familiares de los fallecidos.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta a las autoridades responsables a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este centro penitenciario.

QUINTO. Solicitamos que en caso de existir precisiones en lo que ha informado el Gobierno del estado respecto de los lamentables hechos, se hagan del conocimiento público.

SEXTO. Se faculta a las Comisiones de Gobernación y de Justicia del Senado y a la Bicamaral de Seguridad Nacional para dar seguimiento al avance en las investigaciones y en la difusión de los resultados.

Senado de la República, a los 11 días del mes de febrero de 2016.

Firma el Senador. Roberto Gil Zuarth e integrantes de la Mesa Directiva.

 

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth se pronunció a favor de la construcción de una agenda común entre México y la Unión Europea para estrechar los lazos comerciales, productivos, de colaboración y amistad entre ambas regiones.

Durante la inauguración de la XX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Europa, celebrada en el Senado de la República, Gil Zuarth reafirmó el compromiso “de mantener una vinculación estrecha y productiva con la Comunidad Europea”.

Gil Zuarth reconoció que México es hoy un país fuerte con posición geográfica estrategia y advirtió que la Unión Europea es nuestro segundo mercado de exportación y es nuestra tercera fuente de importaciones.

“Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y México son estratégicas. Hace 15 años entró en vigor el acuerdo de asociación y el Tratado de Libre Comercio, y hoy el comercio representa casi 25 mil millones de dólares. Hoy en México operan más de 15 mil empresas europeas, poco más de la cuarta parte del total de las empresas instaladas en nuestro país”, dijo.

Al evento inaugural asistió el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva y reconoció que la finalidad de la Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea es adherir acuerdos vinculantes para el conjunto de los Estados involucrados.

En su oportunidad el senador Rabindranath Salazar Solorio, co-presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta afirmó que este espacio se ha consolidado como un vector parlamentario entre el Congreso mexicano y el Parlamento Europeo para el intercambio de ideas, conceptos y acciones de política pública legislativa.

Señaló que es tarea de esta Comisión Parlamentaria Mixta poner especial interés en el análisis de temas como el empoderamiento de las mujeres y el respeto pleno de los derechos humanos.

Por su parte, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, co-presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, destacó que ambas regiones comparten el anhelo de crear un marco jurídico más amplio para estrechar la cooperación bilateral sobre temas de interés común: paz, seguridad colectiva, resolución de crisis regionales, medio ambiente, cambio climático, cohesión social, respeto de los derechos humanos, delincuencia organizada, terrorismo y la política migratoria.

Dijo que durante los trabajos de esta XX Reunión Parlamentaria Mixta “habremos de reforzar el diálogo y promover la iniciativa que traten de evitar todas las formas de violencia que asolan a las mujeres, a los campesinos, a los periodistas, emigrantes, estudiantes y a los defensores de los derechos humanos”.

La Comisión Parlamentaria Mixta la integran por la delegación mexicana los senadores: Rabindranath Salazar Solorio; Gerardo Sánchez García; Miguel Ángel Chico Herrera; César Octavio Pedroza Gaitán; Jorge Toledo Luis; Jorge Aréchiga Ávila; Alejandro Encinas Rodíguez.

Además, los diputados: Víctor Giorgana; Érika Arroyo; José Hernán Cortés; Federico Döring; Cecilia Soto; y Sesil de León.

La delegación europea la componen los eurodiputados: Teresa Jiménez Beceriil; José Blamnco López; Verónica Lope Fontagné; Estefanía Torres Martínez; Josep María Terricabras; ESther Herranz García; Kosma Zlotowski; Giulia Moi; Lambert Van Nistelrooij; y Rosa Estarpas-Ferragut.

“Hemos acordado dar nuevo impulso a los mandatos constitucionales de reglamentación de reformas importantes, destacadamente lo que nos corresponde en materia de transparencia, de combate a la corrupción, y algunas otras leyes que están pendientes”

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, anunciRON LO nterior en conferencia de prensa.

Durante la segunda reunión de trabajo entre senadores y diputados se concretó la agenda del Congreso de la Unión, dijeron.

Destacadamente se señaló la reforma en materia de seguridad pública y específicamente lo que se le suele denominar como Mando Único”, informaron.

El presidente del Senado explicó que se atenderán las minutas o iniciativas de zonas económicas especiales; trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas; disciplina financiera, la miscelánea penal y una estrategia para fortalecer el Canal del Congreso y los actos conmemorativos del Centenario de la Constitución.

Roberto Gil Zuarth aseguró que el objetivo común de ambas cámaras es impulsar la agenda legislativa y “acciones para el fortalecimiento del Congreso de la Unión y sobre todo para una mejor coordinación entre las dos Cámaras del Congreso”.

En su oportunidad el diputado Jesús Zambrano dijo: “hemos asumido que es un reto real que tenemos y además es un trabajo, una agenda que vamos a asumirla en todos los temas que correspondan, de manera conjunta con el gobierno de la República”.

A la reunión acudieron senadores y diputados integrantes de las mesas directivas de ambas cámaras.

"La sociedad del conocimiento impone una nueva forma de comprender, comunicar e interactuar, mientras que el Estado sigue buscando su lugar en el espacio infinito de lo intangible".

"Los problemas son cada vez más grandes y los instrumentos del Estado cada vez más reducidos".

"Las nuevas tecnologías,  sustituyen las plazas públicas con libertades virtuales: la democracia, como sistema de participación política se desfasa frente a la velocidad, la penetración y la eficacia de las aplicaciones colaborativas de las nubes de datos de las redes de información".

Así lo destaco el presidente del Senado Roberto Gil Zuarth, al participar en la ceremonia del 99 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

También, señaló que  el modelo actual de comunicación política vigente, inhibe el flujo de las ideas y la participación activa de los ciudadanos; inhabilita la deliberación democrática y cancela la libertad de expresión.

 Debo decirlo con toda claridad, preciso Gil Zuarth,  protege a los políticos de la crítica y sancionan a quienes informan o a quienes nos juzgan. Es el régimen del silencio, de la tutela paternalista, de la censura al debate. 

 

LA ERA DE LO SUSTENTABLE

Por otra parte, advirtió que la economía del cambio climático nos ha recordado el viejo problema de la escasez, además señaló que la innovación tiende a acelerarse junto con la emergencia de nuevos patrones de producción y de consumo.

El congresista advirtió, “Hemos entrado a la era de la gramática de lo sustentable, pero seguimos conjugando los verbos económicos desde las antiguas formas de la mano invisible del mercado”.

Asi bien “El mercado desbocado nos llevó a la crisis y la crisis a la austeridad. El Estado de bienestar tiende a contraerse por necesidad, mientras que las expectativas individuales siguen aumentando”.

Igualmente, el congresista enfatizó “La brecha de la cuestión social se reabre. En esa brecha fecunda el descontento, y en el descontento el desafecto por la política, el desencanto con la democracia, la seducción populista y, por supuesto, la tentación autoritaria”.

LA DESIGUALDAD EL RETO MÁS URGENTE

Y agregó “aunque el mundo revela nuevos fenómenos, hay otro que se exacerba día a día: la desigualdad, que es concentración de riqueza en pocas manos, conservación de privilegios, pobreza material y fundamentalmente exclusión en el acceso a los derechos a los bienes y a los servicios públicos”.

El mayor y más urgente reto, precisó el presidente del Senado es: la desigualdad en todas sus manifestaciones, desde la desigualdad que discrimina hasta la desigualdad que impide el pleno desarrollo de los proyectos de vida individuales.

Tambien expreso que el país debe transitar de la sociedad del reparto agrario a la sociedad de los patrimonios personales y familiares. De la economía de la tierra que no es de nadie, a la economía de los derechos ciertos de propiedad, que alienten la productividad, el ahorro, la inversión y el acceso al capital.

El empleo, advirtió el congresista, no se creará ni los salarios subirán por decreto. Esa fórmula estatista ya se ensayó y ya fracasó. La ecuación exitosa es la combinación entre óptimas habilidades y competencias personales, condiciones laborales flexibles y disponibilidad de complementos tecnológicos al trabajo, sobre la base de un entorno de seguridad jurídica y sobre todo de justicia imparcial entre las partes.

MUNICIPIOS PRECARIOS Y ESTADOS DÉBILES

El legislador reconocio que El Estado Mexicano es todavía la federación de municipios precarios, estados débiles y poderes centrales insuficientes para colmar todas las necesidades de los órdenes subnacionales.

A su vez, dijo a los presentes que “Nuestro déficit sigue siendo que prevalezca el Estado de Derecho, que reine el imperio de la ley y poner fin a la impunidad. Instituciones para la justicia cotidiana, para la paz social, para la certeza de los derechos”.

Así como, Instituciones que procuren la cordialidad entre mexicanos, que nos unan, que nos vinculen, que nos cohesionen, que garanticen el trato digno e igual a todos y a cada uno, puntualizó el presidente del Senado.

-Observatorio de Derechos Juveniles evalúa políticas públicas de los jóvenes y emite recomendaciones para su mejoramiento.

-La nueva Constitución representa una oportunidad para generar cambios en las vías de participación de este sector: Injuve.

Los derechos de las juventudes serán defendidos y ampliados en la nueva Constitución de la Ciudad de México, señaló el vicepresidente del Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez, durante la inauguración de los trabajos de la Tercera Edición del Observatorio de Derechos Juveniles.

Ante un grupo de jóvenes del Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo, dijo: “Tenemos muy claro que la visión y problemática juvenil, así como los logros alcanzados hasta ahora en derechos y políticas públicas, serán defendidos y buscarán ser ampliados en el nuevo marco legal”.

Lamentó que por estigmas se ha excluido a los jóvenes en diversas temáticas importantes del país, aun cuando han demostrado su capacidad para involucrarse en la toma de decisiones en diferentes asuntos.

La diputada Karen Hurtado Arana, del PRD, expresó su preocupación por la relación que se ha venido dando entre este grupo poblacional con el crimen organizado debido a la falta de oportunidades, por lo que dijo, “es momento de actuar, participemos todos”.

El director del Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano, Jesús Rivero Casas, recordó que el Observatorio busca evaluar las políticas públicas de las que son sujetos, emitir recomendaciones a los representantes populares, y así contar con una democracia que integra a este grupo en los canales de participación política.

María Fernanda Olvera Cabrera, directora general del Instituto de la Juventud del Distrito Federal (Injuve), consideró que la nueva Constitución representa una oportunidad para generar cambios en las vías de participación de los jóvenes, pues no sólo es a partir de los grupos juveniles de los partidos o de los mecanismos tradicionales.

En el evento estuvo presente Fernando Aguilar Avilés, de la UNAM; Frida Angélica Gómez Pérez, presidenta del Ateneo Nacional de la Juventud A.C; y Francisco Muñiz Franco, subdirector de Bienestar y Recreación del Instituto Mexiquense de la Juventud. 

Los grupos parlamentarios del Senado de la República fijaron su postura al iniciar el actual periodo de sesiones, y destacaron la necesidad de atender temas primordiales en la agenda legislativa en materia de seguridad pública, situación económica, transparencia y anticorrupción.

En primer lugar y a nombre del Grupo Parlamentario del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz hizo un llamado para que se respeten los derechos de la oposición en el Senado, que no se le minimice ni se le quiten derechos, “porque esa es la manera de vivir en un sistema democrático”, y para que los órganos de gobierno de este cuerpo legislativo funcionen de manera correcta.

Adelantó además que su grupo parlamentario se opondrá al mando único, al que consideró una imposición extranjera, que atenta contra el sistema constitucional del país, del municipio y las garantías individuales. En ese sentido, dijo que su fracción parlamentaria presentará contrapropuestas a los proyectos del gobierno y de los acuerdos de las mayorías.

Posteriormente, por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Gerardo Flores Ramírez expresó que en este periodo de sesiones se analizarán temas de seguridad como la reforma constitucional en materia de policía única estatal, las propuestas de ley general de ejecución penal, sobre justicia penal para adolescentes, la legislación secundaria respecto a desaparición de personas, tortura y de trata de personas.

Asimismo, el legislador informó que en materia económica se discutirá la minuta para crear zonas económicas especiales, la desvinculación del salario mínimo y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

En su turno, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que las discusiones del periodo de sesiones que empieza deben abarcar todas las variables, pros y contras de las iniciativas en materia de seguridad; para que resuelvan la problemática y no se atienda sólo una solicitud de la Presidencia o de algunos grupos políticos.

Además, el Senado debe avanzar en la consolidación del esquema legal anticorrupción, en materia de rendición de cuentas; que vaya más allá de simples declaraciones patrimoniales o de conflicto de intereses, es decir, fortalecer las fiscalías y procuradurías para dotarlas de autonomía; así como poner fecha para que el Ejército y la Marina dejen las tareas de seguridad pública; y se aprueben las leyes generales de desaparición de personas; entre otros temas.

El senador Javier Lozano Alarcón, al fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que les preocupa la incapacidad en la implementación de las reformas estructurales, por parte de la actual administración federal. Detalló que Acción Nacional tiene más de 70 propuestas de reforma en comisiones del Senado.

Además indicó que su Grupo Parlamentario dará prioridad a cinco ejes: consolidar el sistema nacional anticorrupción, avanzar en un sistema de seguridad pública para el país, revertir la deuda pública que se ha convertido en un lastre para la economía nacional, avanzar en la legislación del consumo de marihuana con fines medicinales y frenar la aplicación de los programas sociales con fines electorales.

El senador del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Romo Medina, aseguró que entre los temas prioritarios para su bancada se encuentra el de seguridad pública, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, las reformas en materia de víctimas, transparencia, leyes secundarias de anticorrupción y disciplina financiera de estados y municipios.

Dijo que para que este sea también un periodo fructífero y productivo, mediante el cual se pueda enriquecer y nutrir el acervo del marco constitucional y legal del país, las leyes deben adecuarse a la realidad social, “por lo cual es necesario que todos los sectores sean incluidos en el análisis sobre la mejora de la fuerza pública, a fin de fortalecer la paz social de las comunidades”.   

Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado, asistió a la reunión que sostuvieron los integrantes de la Junta de Coordinación Política con 16 mandatarios estatales integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

En el encuentro que se realizó en la antigua casona de Xicoténcatl, se abordó el tema de elevar a rango constitucional la creación de la Policía Estatal Única en las entidades federativas.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, subrayó que en este órgano legislativo existe una intensa agenda de trabajo en materia de derechos humanos e impartición de justicia con la que se busca poner fin a la impunidad que sigue lastimando a la nación.

“Estamos trabajando intensamente por concretar los acuerdos políticos que le den al Estado mexicano nuevos instrumentos para la promoción y la defensa de los derechos humanos”, destacó.

En conferencia de prensa, Gil Zuarth explicó que el hecho de que el Senado se haya pronunciado en torno al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “significa que nuestro país se abre, no sólo a jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino a fórmulas novedosas, mecanismos creativos que nos permitan avanzar en esta importante agenda de justicia, para poner fin a la impunidad que todavía prevalece en nuestra nación”.

También, señaló que los expertos de GIEI señalaron la importancia de que La justicia en México debe contar con autonomía e independencia presupuestal.

Recordó que durante un debate en el Pleno, el Senado reconoció la valía del GIEI como un mecanismo de supervisión y asistencia técnica en materia de derechos humanos; y que esto implica nuevas formas de colaboración internacional en la materia de los derechos humanos.

El senador explicó que en ese sentido se han aprobado 14 instrumentos relacionados con su defensa, y resaltó la reforma constitucional que otorga la atribución al Congreso de la Unión para legislar en materia de desaparición forzada y otras temáticas relacionadas con derechos humanos.

Por otra parte, Gil Zuarth aclaró que no existe ningún acuerdo preconfigurado en el proceso para elegir a dos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Entraremos al análisis de los perfiles con total apertura, pero sobre todo con total responsabilidad para cuidar la independencia, la autonomía de ese poder y, específicamente, del máximo tribunal de nuestro país”, aseveró en conferencia de prensa posterior a la reunión.

Explicó que el Presidente de la República debe mandar una terna y el Senado debe estudiarla. “Si cada uno de los poderes hace la parte que le corresponde, en términos de responsabilidad política, no habrá ninguna duda de que tendremos un buen resultado en cuanto a la integración del máximo tribunal de nuestro país”.

Finalmente, el senador Gil Zuarth reiteró la preocupación sobre el estado de cosas con respecto a los derechos humanos; pero también aclaró que hubo una respuesta clara y contundente del Senado de la República, de que está trabajando, con una agenda muy intensa, y que ha ido avanzando en esos temas.

En su oportunidad el Senador Enrique Burgos del PRI, aseguró que su grupo parlamentario respalda, incondicionalmente, la participación del GIEI y apoyará que sus recomendaciones se acaten puntualmente.

El senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, coincidió con que el tema de los ministros de la SCJN es crucial: “si la Suprema Corte está integrada por ministros al servicio del Presidente de la República, pues no va a funcionar”. Advirtió que hay una inquietud en la sociedad mexicana y en el Poder Judicial porque no se repitan nombramientos que no dan garantías de justicia.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó la pluralidad de senadores en la reunión con la CIDH, y subrayó que hay dos aspectos importantes a destacar: la opinión formal y oficial del trabajo concreto para reformar la Constitución o para impulsar algunas leyes; y las opiniones particulares que cada uno tiene sobre estos aspectos.

Lo anterior lo expresaron en una conferencia de prensa conjunta, luego de que senadores de la República se reunieron en privado en el Salón de Protocolos de la Mesa Directiva con un grupo de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para dialogar sobre la situación de los derechos humanos en el país.

A la reunión acudieron también los senadores Luis Sánchez Jiménez, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Hilda Flores Escalera, Luis Humberto Fernández Fuentes, Miguel Barbosa, Armando Ríos Píter, Alejandro Encinas y Fernando Yunes Márquez.

En el encuentro se abordaron temas como el fortalecimiento del Poder Judicial, las condiciones de acceso a la justicia, la protección de los derechos de las víctimas, desaparición forzada, tortura, migración, desplazamientos internos y derechos de la niñez. 

Actualmente en México, el desempleo afecta a 40 por ciento de los egresados universitarios, situación que no se puede tolerar, pues su incorporación al mercado laboral, es una de las transiciones más relevantes de su trayectoria, señaló el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN.

Dijo que el aumento de la tasa de desempleo juvenil se debe, en parte, a las dificultades que tienen para incorporarse por primera vez al mercado de trabajo, así como a factores relacionados con la crisis económica, la subcontratación, inestabilidad laboral, los bajos salarios y la inexperiencia.

Cada año, más de 450 mil jóvenes concluyen su educación superior y obtienen un título universitario; sin embargo, existen puestos de trabajo limitados para una gran cantidad de jóvenes, comentó el senador.

Por tal motivo, presentó en la tribuna del Senado una iniciativa que busca reformar el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad de otorgar incentivos fiscales a quien contrate a estudiantes universitarios.

En la iniciativa se explica que el proyecto consiste en una deducción equivalente al cien por ciento del salario efectivamente pagado.

Para ello, se precisa, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base, para calcular las retenciones del Impuesto Sobre la Renta del trabajador, en el ejercicio que corresponda.

Orozco Sandoval aseguró que esta propuesta no repercutiría en el Servicio de Administración Tributaria, y sí en el apoyo para los estudiantes que buscan insertarse en el mercado laboral, una vez que concluyen con sus estudios de nivel superior.

La iniciativa de reforma del senador Martín Orozco Sandoval fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, ratificó este jueves a Fernando Herrera Ávila como el coordinador de los senadores de Acción Nacional.

Anaya Cortés explicó que tomó la decisión luego de sostener un amplio diálogo y reuniones personales con la totalidad de las y los integrantes del grupo parlamentario, de quienes escuchó sus puntos de vista, inquietudes y expectativas sobre la situación que guarda la bancada y el país.

El dirigente del CEN del PAN le pidió a Herrera Ávila concentrarse en la unidad y la armonía interna, en entablar mucha interlocución y diálogo con las demás fuerzas políticas “para evitar abusos y desviaciones del PRI-gobierno y ejercer una oposición crítica pero constructiva frente a un gobierno “ineficaz”.

En conferencia de prensa posterior a la plenaria de los senadores panistas, Ricardo Anaya le deseó éxito a Fernando Herrera y agradeció al grupo parlamentario las muestras de apoyo ante esta decisión “de la que salimos muy fuertes y muy unidos en beneficio de México”.

A su vez, el senador Fernando Herrera agradeció la nueva muestra de confianza que las senadoras y senadores depositaron en él, así como a Gustavo Madero por la primera oportunidad de coordinar a una bancada “muy profesional, responsable y comprometida con el país”.

Dio a conocer que bajo los lineamientos de la dirigencia nacional dedicará los próximos tres años íntegramente a las tareas legislativas, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Comentó que uno de los objetivos es combatir frontal y decididamente la corrupción, para lo cual impulsarán las leyes secundarias que permitan poner a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, un Sistema que “hemos diseñado y construido junto con la sociedad civil”.

Acción Nacional –aseguró– ha estado y estará al lado de la sociedad para combatir la creciente pobreza y para ello es preciso recuperar el crecimiento económico, distribuir mejor la riqueza y dar marcha atrás a esa tóxica reforma fiscal que ha empobrecido a muchos mexicanos.

Herrera Ávila añadió que un tercer objetivo es disminuir la inseguridad y la impunidad, al considerar que casos como Ayotzinapa reclaman ajustar nuestro sistema de impartición de justicia y proteger de mejor manera los derechos humanos para que esto no se vuelva a repetir.

Finalmente, se comprometió a asumir los retos de la coordinación del grupo parlamentario en un marco de unidad, porque “esa es la divisa y la senda por la que vamos a caminar”.

Más adelante, durante la sesión ordinaria el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth saludó la designación del senador Fernando Herrera Ávila como coordinador del grupo parlamentario del PAN y le expresó los deseos de éxito en su encomienda.

Senadores de la República recibieron este miércoles el Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los 43 normalistas, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el encuentro, Carlos Martín Beristain y Francisco Cox reconocieron la apertura de la Procuraduría General de la República para que el GIEI pudiera acceder al expediente, así como la disposición del Presidente para aceptar las recomendaciones e insistieron en que en el basurero de Cocula no se llevó a cabo la incineración de los 43 estudiantes.

“Nosotros no damos en ese peritaje ninguna evaluación sobre si los normalistas fueron asesinados o incinerados, no lo sabemos, no sabemos cuál ha sido su destino final”, pero lo que sí determinó el experto y nuestro trabajo “es que el evento de la quema de los 43 cuerpos no pasó en el escenario del basurero de Cocula”, enfatizó Martín Beristain.

“Eso --agregó-- significa para nosotros que hay que rebobinar en parte la historia y hay que tener elementos que nos ayuden a conocer mejor el paradero de los normalistas desparecidos. Sea cual sea el paradero y lo que pasó, realmente creemos que todavía hay elementos de investigación muy amplios, tal como lo señaló la propia Procuradora cuando llegamos al país”.

Sugirió que en la ley sobre desaparición forzada de personas se incluyan mecanismos para agilizar los procesos de búsqueda, “esto tiene que estar muy bien determinado” porque las acciones que se tienen que realizar en las primeras 72 horas son centrales para la investigación, de lo contrario “se pierden muchos hilos de los que uno puede tirar para la búsqueda de los desaparecidos”.

También destacó que el impacto de este delito para los familiares de las víctimas debe ser comprendido por las instituciones y asimilado en la legislación, porque da pauta para saber lo que se tiene qué hacer, los apoyos para enfrentar esa búsqueda y “es lo único que va a poder ayudar a salir de la confusión, la ambigüedad psicológica y el dolor permanente que genera”.

Francisco Cox afirmó: “Había diversas hipótesis planteadas en el expediente y nos tomamos seriamente cada una de ellas y eso fue lo que nos llevó a descartar con una convicción absoluta que en ese lugar no se quemaron a los muchachos. No estamos diciendo que los muchachos estén vivos, no estamos diciendo que los muchachos estén muertos, no sabemos”.

“Hablamos con evidencia, con prueba, no con versiones contradictorias, porque cuando asumimos esta responsabilidad nos comprometimos con las víctimas, con el Estado y con la Comisión Interamericana”, asentó.

“Creemos --expresó-- que se debe tomar y analizar la pericia del doctor Torero, pero debe tomarse, insisto, por gente que no tiene un sesgo, que quiera confirmar una determinada tesis, sino que simplemente esté abierta, como nosotros estuvimos, frente a la investigación”.

Afirmó que la apertura de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, fue fundamental para el trabajo del Grupo de Expertos, sin esa apertura, acotó, “probablemente no hubiésemos podido llegar a los niveles de información y conclusiones que llegamos”.

Señaló que mucha de la información ya estaba en el expediente, sin embargo no estaba correctamente analizada o se había obviado, por eso se solicitó que se revise la forma de hacer las investigaciones penales, en donde la confesión juega un rol fundamental.

En este sentido, propuso que los servicios periciales sean autónomos, que no formen parte de la Procuraduría General de la República, pues sólo así se logrará que se investigue sin ningún tipo de sesgo, sino con la posibilidad de que se confirme o refute la versión en determinada parte

Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que los padres y madres de las víctimas consideran que sólo el Presidente “podría establecer el nivel de compromiso político necesario que a ellos les dé la garantía de que el Estado no les va a volver a mentir, de que la PGR no volverá a construir un montaje en torno a su caso”.

Consideró que la disposición del titular del Ejecutivo federal y de la PGR para analizar las conclusiones del GIEI y reunirse con los familiares se debe llevar a los hechos, pues no es suficiente con que la investigación sea puesta en el escritorio del Subprocurador de Delincuencia Organizada.

Lo anterior, si se considera que se tienen que generar dos fiscalías en torno al caso, una vinculada con el paradero de los estudiantes y con la responsabilidad de quienes los desaparecieron y otra, al interior de la Procuraduría, que explique los distintos grados de responsabilidad en torno a este montaje que ha significado la investigación de Ayotzinapa.

En este sentido, solicitó el apoyo del Senado para hacer un llamado al Presidente de la República “para que, además de expresar su voluntad de reunirse con los padres y madres, nos diga cuándo. Nos parece que el caso Ayotzinapa no puede esperar”.

Mario Patrón también expresó: “Nosotros hoy no tenemos duda de que hubo una intencionalidad política de encapsular el problema de Ayotzinapa como un problema de la esfera pública municipal” y “sabemos que en distintos momentos de los hechos, hubo una intervención de la Policía Ministerial y de la Policía Preventiva del estado de Guerrero, de la Policía Federal y de elementos, por lo menos de inteligencia, del Ejército Mexicano”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, dijo que en el Senado ya se discute la ley sobre desaparición forzada de personas y en este tema es muy importante escuchar a las organizaciones no gubernamentales, a estas redes de padres, madres de familiares de personas desaparecidas.

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que el Informe revela el estado de descomposición que existe en el Ministerio Público Federal, el nivel de corrupción de las policías y la falta de profesionalismo que hay en los cuerpos de investigación en los ámbitos local y federal.

Reiteraron la necesidad de que el Grupo de Expertos continúe con su trabajo, de reconducir la investigación, deslindar las responsabilidades correspondientes y de establecer una fiscalía especializada para avanzar en el tema, inclusive bajo el auspicio de algún organismo internacional.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo consideró que no se puede “regatear” la iniciativa del gobierno de la República para contactar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con el propósito de esclarecer los hechos.

Además, se pronunció por “no fomentar el encono y la desconfianza” con las conclusiones del GIEI, ni a descalificar el trabajo de mucho tiempo: “son cientos de diligencias, cientos de detenidos, patrullaje, una serie de resoluciones, pero que no son contrarios al informe que aquí se ha rendido”.

La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, pidió reconocer la labor y el compromiso de los expertos independientes para encontrar la verdad y dar justicia a las víctimas.

Planteó que el reporte “debe de tener consecuencias, por su contundencia, por su contenido no puede quedarse sólo en un libro que relate algunos hechos; tiene que iniciarse una investigación nueva, que corrija, que reconduzca todas las indagatorias”.

A nombre del Partido del Trabajo, la senadora Layda Sansores San Román mencionó que en México no se investiga, “aquí el Ministerio Público toma testimonios y a base de confesiones que muchas veces son por tortura, se arma el expediente a modo. Por eso están las cárceles llenas de inocentes”.

La legisladora también expresó: “si gente del Ejército están pero hasta el tuétano metidos en esto, que no se ve, que no leyeron el informe, pero es obvio; pero además, en el mejor de los casos, el Ejército, la inteligencia militar del Ejército sabe la verdad”.

Alejandro Encinas Rodríguez, también del Grupo Parlamentario del PRD, expresó su confianza en que las conclusiones marquen un hito en la forma en que el Estado Mexicano está enfrentando la profunda crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, y particularmente la ineficacia y la descomposición de las instituciones públicas para garantizar la impartición de justicia.

Al encuentro también asistió el coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, quien coincidió en que este trabajo ayuda a encontrar la verdad de los hechos, e hizo un llamado para que el Senado de la República sea un aliado de esta causa.

La senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez hizo notar que el Poder Legislativo tiene que exhortar al Ejecutivo federal para establecer una mesa o una Comisión para atender las recomendaciones y la reformas legales para evitar otro caso como el de Ayotzinapa.

El senador Carlos Alberto Puente Salas reconoció las aportaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y comentó que el Grupo Parlamentario del PVEM está comprometido a abordar las propuestas que sobre el tema han planteado diversos senadores.

El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, se reunió este miércoles con organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas, quienes le hicieron entrega de una propuesta de ley sobre desaparición forzada.

El senador dijo que este instrumento debe nutrir la discusión legislativa, a fin de que en conjunto se pueda encontrar el mejor modelo, los mejores instrumentos y elementos para implementar una política de Estado que devuelva a sus familiares a aquellas personas que hoy no podemos encontrar.

Aseguró que esta iniciativa será tomada en cuenta y se comprometió a que los familiares de personas desaparecidas sean escuchados en el debate de las distintas propuestas que existen en esta materia.

Reconoció que el Estado mexicano tiene una deuda frente a las víctimas y sus familiares, por lo que la creación de un instrumento legislativo “potente” permitirá pagar esa deuda. De ahí, indicó, la necesidad de encontrar conciliaciones, equilibrios y acercamientos para impulsar un diálogo productivo y útil.

Recordó que como senador presentó una iniciativa de reforma constitucional y una de ley reglamentaria en materia de desaparición de personas., la cual puede tener muchas áreas de oportunidad, pero está construida con la mejor intención para crear un instrumento que permita resolver el drama humano que muchas familias del país viven.

Gil Zuarth hizo énfasis en que el Estado está obligado a fortalecer sus capacidades y diluir los círculos de impunidad y corrupción que impiden que las personas desaparecidas puedan ser encontradas y que cada desaparición sea investigada por una autoridad confiable y que rinda cuentas.

La senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que la Comisión de Derechos Humanos, que ella preside, buscará llevar a cabo una reunión de trabajo con las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, a efecto de integrar las propuestas entregadas, y elaborar un proyecto que permita un nuevo marco jurídico en la materia, “pues lo que ustedes piden es un compromiso que nosotros signamos”.

A nombre de familiares de personas desaparecidas, Janahui Paredes Lanchino manifestó que su voz es imprescindible para crear una ley que esté acorde y reconozca la dimemsión y profundidad de esta tragedia.

Destacó que las autoridades están frente a una oportunidad histórica para reparar la confianza dañada y para crear una política de Estado que responda a las desapariciones, con la participación de las organizaciones de familiares de desaparecidos y de la sociedad civil.

Refirió que realizaron una serie de consultas con más de 70 organizaciones de familiares de desaparecidos en todo el país, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos, “cuyo resultado presentamos hoy ante ustedes”.

Queremos que esta ley sea una ley desde las víctimas, para las víctimas y con las víctimas, que se garantice la participación y el trabajo en conjunto con las familias en su formulación, implementación y evaluación; exigimos nuestro derecho a participar, apuntó.

En tanto, Araceli Salcedo Jiménez exigió que la nueva ley recoja de la realidad de las víctimas y sus familiares “porque nosotros sabemos lo que es este duro camino”.

Dijo que en México las investigaciones en casos de desaparición de personas están dirigidas por las mismos familiares de las víctimas, pues el Estado mexicano usa estrategias para deslindarse de las indagatorias; por ello, pidió que en la legislación se mantenga su derecho de coadyuvancia en el proceso sin importar la nacionalidad, ni el país de residencia de las familias y sus representantes.

Hizo notar la necesidad de que se tipifique correctamente el delito de desaparición forzada y la incorporación del ilícito de desaparición por particulares.

Para Juan Carlos Trujillo es indispensable crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, el cual debe ser una entidad con autonomía y facultades que le permitan impulsar las acciones necesarias en la desaparición de personas, sin importar la nacionalidad o ciudadanía.

El mecanismo de búsqueda tendría un órgano integrado por representantes de familiares, organizaciones de la sociedad civil, gobierno federal, estatal y municipal, a fin de crear mecanismos de coordinación interestatal e interinstitucional, incluso con autoridades de otros países.

En su turno Marta Camacho indicó que la ley debe crear una serie de programas sociales y adaptarlos a las condiciones particulares de vulnerabilidad en que se encuentran las familias de las personas desaparecidas, incluyendo a los migrantes.

Aseguró que la reparación integral del daño debe ser parte fundamental del proceso de justicia y proporcional a la gravedad del daño que hayan sufrido; sus medidas de reparación del daño deben ser prontas, adecuadas y efectivas, “deben realizarse de acuerdo a los estándares internacionales”.

Teresa Jiménez argumentó que debe reconocerse el legítimo derecho de las familias a ser parte de todo el proceso que posibilite encontrar a los desaparecidos. “Por ello exigimos un diálogo horizontal con los colectivos de familiares para la elaboración e implementación de la ley”.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, recibió al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, con quien firmó un memorándum de entendimiento entre el Senado y la OEA, en materia de transparencia e identificación de datos personales.

Además, un grupo de senadores y Almagro Lemes dialogaron sobre temas como el fortalecimiento de los espacios parlamentarios multilaterales y la coordinación entre éstos, sobre migración y la preocupación por conflictos entre algunos países de la región.

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, dijo que la Organización de los Estados Americanos ha realizado aportaciones importantes para México y la región en materia de fortalecimiento de la democracia y de atención al problema del tráfico de drogas, entre otros.

Por ello, invitó al representante de la OEA a que asista a un foro que se realizará en el mes de noviembre, con la finalidad de aportar soluciones desde el ámbito legislativo para combatir el problema regional que representan los estupefacientes.

Marcela Guerra Castillo, senadora del Grupo Parlamentario del PRI y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, se congratuló por el memorándum de entendimiento que México firmó con la OEA en el 2012, porque dijo que de ahí se desprendieron dos ramas: una para ser un “brazo armado pacífico de la OEA” y para ser un referente de parlamento abierto y transparente.

La legisladora solicitó el apoyo de Almagro Lemes para delinear una agenda inclusiva de desarrollo económico sostenible, es decir, pensada principalmente en la inclusión social.

Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI y presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), planteó la preocupación de los senadores por los conflictos entre algunos países de Latinoamérica y señaló que los organismos legislativos de carácter multilateral, como el Parlatino, deberán utilizar la diplomacia parlamentaria como su mejor instrumento, para buscar una solución.

Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, dijo que en el Senado de la República se propuso ofrecer una misión de observación al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, para participar en las elecciones de diciembre en ese país, en concordancia con la misma petición que ha realizado la OEA.

Planteó impulsar una coordinación entre el Senado de la República y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización, con la finalidad de abordar el tema de la migración no acompañada de niñas, niños y adolescentes.

Alejandro Encinas, del Grupo Parlamentario del PRD y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, dijo que es importante buscar el fortalecimiento de los espacios legislativos del continente, pues actualmente existe dispersión y falta de coordinación entre ellos.

Dijo que la OEA puede ser un instrumento útil para que los países de la región avancen en la creación de leyes de transparencia y acceso a la información, o en materia de combate a la corrupción, o legislación para mitigar el cambio climático.

Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA, dijo que el organismo que encabeza trabaja de manera cercana con México, y se congratuló por la aceptación del informe en el caso de los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa; porque “la búsqueda de la justicia y la verdad deben formar parte de la lógica y ética del gobierno”, comentó.

Señaló que está de acuerdo con que se debe dar un enfoque de derechos humanos en el tema migratorio, y dijo que la Organización ha insistido en que se discuta una carta interamericana de migración con un enfoque clave de derechos.

En la reunión de recibimiento también estuvo presente la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Comisionados del INAI, asociaciones civiles y legisladores ofrecen propuestas para proyecto de ley.

Diferenciar a los sujetos obligados, ampliar facultades del INAI y eliminar las excepciones de acceso a información clasificada para los comisionados, son algunas consideraciones.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe otorgar la facultad al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para liberar información sin la intervención de otra autoridad, diferenciar a los sujetos obligados y mejorar en el rubro de derechos humanos, coincidieron los comisionados del Instituto, especialistas y senadores en una audiencia pública realizada en el Senado de la República.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo, en relación a las declaraciones del Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, que esa instancia no es la autoridad competente para reconvenir las posiciones de los legisladores federales y, en particular, de quienes promovieron la iniciativa de ley en materia de transparencia.

Enfatizó en que no se le pueden establecer responsabilidades de carácter genérico a la Administración Pública Federal, menos aun cuando su ley orgánica otorga facultades y competencias específicas a cada una de las dependencias que integran el poder Ejecutivo federal.

Señaló que en cuanto a derechos humanos, aún se puede mejorar el proyecto sin que haya controversia entre los órganos autónomos constitucionales, como por ejemplo, entre el Inai y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública servirá como base para el ejercicio del derecho a la información, a fin de que se conozca cómo se ejerce el poder público y las razones por las que se toman las decisiones.

Asimismo, reconoció la labor de los comisionados del INAI, porque la institución determina un parámetro de observación que no se debe ignorar en el Senado, porque de ello depende la existencia, en un futuro, de instrumentos jurídicos e institucionales para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos.

El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, precisó que la negociación y discusión del proyecto se lleva a cabo entre senadores de la República, “para que no quede ninguna duda”.

Detalló que el proyecto incluye a los sujetos obligados, las atribuciones del Inai y obligaciones específicas para el Banco de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.

Además, dijo, incorpora algunas obligaciones para la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las empresas del Estado mexicano y el Fondo Mexicano del Petróleo.

La senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó la importancia de discutir el proyecto “en un marco tan grave”, en el que México puede quedar ante los ojos del mundo como un lugar opaco, porque los ciudadanos no tienen acceso a información de la desaparición de 43 estudiantes.

Coincidió en que la norma debe ampliar y facilitar el derecho humano a la información y solicitó aclarar el artículo 158 del proyecto, para que el Consejero Jurídico del gobierno sea solamente del Ejecutivo federal y no sea “el abogado de la nación”.

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, también del PAN, planteó la necesidad de desarrollar aún más las oblaciones en materia de transparencia para sectores de la Administración Pública Federal, pues no se trata de copiar y pegar las disposiciones de la ley general a la ley federal.

Lizbeth Hernández Lecona, senadora del PRI, consideró que este es un tema de educación, por lo que debe llevarse a niveles básicos para que se entienda la cultura de la transparencia.

Expuso que los órganos de los estados deben legitimar y llevar a cabo esta cultura de transparencia, y de ahí abordar el tema de lineamientos y programas, a fin de homologarlos en la ley general, con el propósito de que la gente entienda los pasos a seguir para dar cumplimiento a esta ley.

Por su parte, Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, expuso que el propósito de los legisladores fue crear una ley especializada en cuestión federal; por lo tanto, lo que no fue contemplado en la general para instituciones o sectores de la Administración Pública Federal, sí debe incluirse en esta nueva pieza legislativa.

Subrayó que los legisladores deben hacer un esfuerzo para que no haya contradicciones en el proyecto, y de esta manera, evitar litigios que vulneren el derecho a la información de los ciudadanos.

En su intervención, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, destacó la necesidad de incluir en la redacción del borrador de la ley general una parte que fue eliminada, respecto a la posibilidad de que el Inai pueda declarar el interés público de la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, aun cuando no exista pronunciamiento previo de la autoridad competente.

Consideró que la definición de cada uno de los elementos de la prueba de daño, limita la posibilidad de interpretación de derecho y su progresividad en un análisis caso por caso; la inclusión de nuevos supuestos de confidencialidad dijo que vulneran los principios y bases de la ley general, y podría derivar en mecanismos para la restricción del derecho a la información.

Dijo que no pueden existir excepciones en el acceso de los comisionados a la información clasificada, como se infiere en el artículo 148 del documento de trabajo; porque en un supuesto, la eventual confirmación de la clasificación devendrá en arbitraria e ilegal.

Renata Terrazas Tapia, investigadora de Fundar, dijo que en el proyecto existen elementos contrarios a los principios desarrollados en la Ley General de Transparencia; además de que hay oportunidades para ampliar la garantía del derecho de acceso a la información.

Propuso que el Inai debería resolver las peticiones de información, y cuando ésta se declare inexistente, girar una instrucción para generarla; también se puede ampliar la información de la condonación y cancelación de créditos fiscales, es decir, incluir la fecha y motivo de éstos.

Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que regular en la ley federal temas como la prueba de daño, el perfil del órgano interno de control, así como aspectos de la organización del Instituto, “pueden ser un riesgo para el acceso a la información”.

Consideró que en este ordenamiento debe quedar explícita la facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), “para poder interpretar, exclusivamente para fines de acceso a la información, violaciones graves a derechos humanos”.

En su turno, Guillermo Noriega Esparza, coordinador del Colectivo por la Transparencia, sugirió ampliar y especificar las obligaciones del Poder Ejecutivo federal y categorizarlas por sector; además de incorporar el concepto de gobierno abierto para cumplir con las expectativas del artículo 59 de la ley general, en torno a la promoción de colaboración entre todos los sujetos obligados.

Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social y Cooperación, aseguró que la discusión abierta de esta ley sentará un precedente para la armonización de las legislaciones estatales, por lo que la corrección técnica debe ser adecuada y la aplicación de sus principios tienen que ser los correctos.

Consideró que esta es una oportunidad para introducir criterios específicos y obligaciones pro-activas de transparencia en las áreas de política pública, es decir, regular no sólo al orden federal de la Administración Pública, sino también al parlamento abierto y justicia abierta, toda vez que también son del ámbito federal.

Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI, expuso que uno de los pendientes es el reconocimiento del Instituto para determinar, en primera instancia y en el orden administrativo, la procedencia del acceso a la información, sin tener que esperar una declaración de otra autoridad.

Subrayó que con este reconocimiento legislativo no se pretende el otorgamiento de una facultad absoluta y sin restricciones, que pudiera ejercerse de manera arbitraria, sino que la misma debe estar acompañada por parámetros normativos que la acoten, a través del establecimiento de criterios cuantitativos y cualitativos.

Indicó que un segundo aspecto es el relativo a la ampliación de catálogo de obligaciones de transparencia que incorpore aquellos temas identificados a partir de las funciones o información que ya publican los sujetos obligados y cuya difusión permitiría seguir transitando de una transparencia reactiva a una proactiva, que acercará de manera oportuna a toda la sociedad.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas resaltó la necesidad de que la Ley Federal de Transparencia se nutra de las consideraciones y avances de la ley vigente, a fin de contar con enfoques complementarios para que el ejercicio sea virtuoso y evitar con ello los impactos regulatorios indeseables que podrían obstaculizar su cumplimiento y función.

Se debe contemplar, agregó, una solución para las situaciones diferenciadas de los sujetos obligados, principalmente en lo referente al apartado electoral. Es necesario que exista una sección que tome el tema electoral como un conjunto de acciones para que queden engarzados el INE y el Tribunal Electoral, y para que la ley incluya los puntos de intervención del Inai en el tribunal.

Por otra parte, la comisionada Areli Cano Guadiana consideró importante que exista un apartado específico en el que se establezca cómo se articulará al Instituto y relacionará con el Sistema Nacional de Transparencia, a fin de lograr un sistema nacional de rendición de cuentas.

Advirtió que se debe incluir un capítulo para regular la organización interna del Instituto, en el que se distingan las funciones sustantivas del Pleno en materia de derecho de acceso a la información y las que tienen que ver con la regulación interna; y planteó la necesidad de establecer las condiciones para que el INAI interactúe con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford dijo que esta ley federal será la pauta nacional en materia de transparencia; sin embargo, invitó a los senadores a revisar las iniciativas de transparencia de Coahuila y Jalisco, porque “están muy por arriba de este proyecto”.

Comentó que el poder Legislativo se encuentra frente a una oportunidad histórica de aprobar obligaciones de transparencia para los sujetos obligados a nivel federal, con la inclusión de los nuevos paradigmas y los instrumentos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano.

Patricia Kurczyn, comisionada del INAI, señaló que es importante delimitar la información que los sindicatos tienen obligación de difundir a sus agremiados, y la que debería dar a la sociedad. La finalidad es que la ley de transparencia respete la autonomía de estos organismos.

El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov coincidió en que el Instituto debe tener la facultad de calificar, bajo ciertos parámetros, “la posibilidad de que existan o no violaciones graves de derechos humanos para dar apertura a la información”.

En tanto, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información la ciudadanía contará con elementos para que establezca una nueva relación con la autoridad. Además, solicitó que se establezcan “patrones claros” sobre el tema de gobierno abierto. 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

      

 

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