LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (118)

*Impostergable regular la intervención de las Fuerzas Armadas, destaca

*Hay que eliminar el perverso incentivo de la inacción policial en los estados e impulsar el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

*Existen las condiciones políticas necesarias para dar certidumbre a las Fuerzas Armadas y abonar a la pacificación de nuestro país: Roberto Gil.

El senador Roberto Gil Zuarth aseguró que es impostergable la discusión de la Ley de Seguridad Interior que dé certeza a las acciones de intervención de las Fuerzas Armadas en México, así como la creación de un órgano colegiado como instancia de coordinación para el despliegue de las mismas.

“Es absolutamente urgente la discusión de Ley de Seguridad Interior, no hay ninguna razón para seguir postergando esta decisión, hay que definir las condiciones, procedimientos y los objetivos de la presencia de las Fuerzas Armadas en la realización de tareas de seguridad, para que en esa medida puedan regresar paulatina y progresivamente a sus cuarteles”, dijo el senador.

Desde los años setenta, las misiones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior han evolucionado con la propia concepción de seguridad nacional.

Las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea Mexicanas) tienen como mandato constitucional y legal la defensa exterior y seguridad interior del país, así como defender la integridad territorial, la independencia y soberanía de la nación.

Ante el aumento de la violencia de tipo criminal durante las décadas de los noventas y dos miles, aunado a la crisis de confianza en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia a nivel local y federal, los Presidentes de la República desde la época de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, ordenaron el despliegue de la Fuerza Armada Permanente, tanto en funciones y misiones relativas a la seguridad interior, verificación en materia de armas y explosivos, así como de apoyo a las funciones civiles en materia de seguridad pública.

Desde los años cuarenta, se han involucrado en campañas de erradicación de cultivos ilícitos.

En los años setenta, la llamada Operación Cóndor involucró un despliegue amplio de elementos para combatir al narcotráfico, particularmente en el noroeste del país.

Durante la administración del 2000-2006, las fuerzas armadas fueron movilizadas en operaciones de corto plazo para restablecer condiciones de seguridad en algunas localidades (Operativo México Seguro).

Sin embargo, en esa época todas las intervenciones tenían la misión acotada y las intervenciones eran de corto plazo (salvo las campañas permanentes de erradicación).

A partir de 2007 las operaciones dejaron de tener plazos perentorios. La presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se volvió permanente en múltiples estados y las Fuerzas Armadas llegaron a sustituir, no necesariamente complementar, a corporaciones municipales y estatales, dada la debilidad crónica de éstas para enfrentar las situaciones de crimen organizado y violencia.

Este nuevo modelo de intervención, genera al menos dos desafíos de política pública: en ausencia de corporaciones locales y estatales competentes, las Fuerzas Armadas no pueden retirarse, so pena de dejar indefensa a la población frente al crimen organizado y, por otra parte, la presencia de las Fuerzas Armadas (o de la Policía Federal) ha reducido los incentivos de los actores políticos locales y estatales para construir capacidades propias.

Además del problema político, el nuevo modelo de intervención generó un problema constitucional y legal. Hasta la fecha, ha existido plena justificación constitucional para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sostenida por criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la creciente preocupación con respecto a los derechos humanos, así como interpretaciones divergentes del marco constitucional y la falta de un marco legal secundario han generado un clima de inseguridad jurídica sobre el cómo, cuándo y cuánto tiempo pueden operar las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades civiles.

Nuestras Fuerzas Armadas llevan más de 50 años auxiliando a las autoridades civiles en el combate a la inseguridad. De manera directa, llevan ya una década protegiendo directamente a la población de nuestro país sin un marco regulatorio que le brinde certeza a soldados y marinos.

Ante la realidad, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior plantea:

- Que el estado de fuerza que se despliegue para atender una situación de seguridad interior esté compuesta por elementos profesionales, especializados en proximidad social y debidamente capacitados en la protección y defensa de los derechos humanos.

- Crear el comité de seguridad interior encabezado por el secretario de Gobernación como instancia de coordinación en la materia.

- En la vertiente de inteligencia, se crea un subcomité encabezado por el CISEN para coordinar los esfuerzos de recolección, análisis y explotación de información sobre amenazas a la seguridad interior.

- Establecer las bases para la regulación del despliegue de Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior: asistencia al Ministerio Público y policías civiles, puestos de control y revisión en vías de comunicación.

- Regular el procedimiento para la declaración de afectaciones a la seguridad interior a petición de los poderes Ejecutivo y Legislativo federal y de los estados de la República.

- Ampliar las facultades de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para supervisar las actividades del Estado Mexicano en materia de seguridad interior y de control parlamentario sobre los méritos y vigencia de declaratorias de afectación.

“Urge tener un estatuto legal que defina cuándo y en qué circunstancias pueden suplir las Fuerzas Armadas a una autoridad civil en una tarea que no les corresponde, porque de no hacerlo fomentamos el perversísimo impulso de que a nivel estatal o municipal las autoridades locales no se fortalezcan, no se capaciten y las cosas sigan como están”, afirmó el senador.

Explicó que Ley de Seguridad Interior plantea regular la facultad del Ejecutivo Federal de desplegar las Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad interior y concurrir de manera temporal al auxilio de los estados o municipios en la tarea de prestar el servicio de seguridad.

Gil Zuarth dijo que iniciativa de Ley de Seguridad Interior, propuesta en el Senado de la República, regula los supuestos de afectación a la seguridad interior que justifican que las Fuerzas Armadas puedan desplegarse en territorio nacional y realizar funciones civiles, así como que puedan retirarse una vez que se hayan cumplido los objetivos que motivaron su presencia.

“Ya es momento de regular la participación de las Fuerzas Armadas para, entre otras cosas, darle certeza jurídica a nuestros soldados y marinos, pero sobre todo para romper este impulso a que no se hagan las cosas a nivel local”, dijo el senador.

Gil Zuarth llamó a los diferentes grupos parlamentarios a conformar un grupo de trabajo, expresar dudas y hacer propuestas para construir un producto legislativo común.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos, Segunda.

Consulta aquí la iniciativa de Ley de Seguridad Interior

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-27-1/assets/documentos/Inic_PAN_Ley_Seg_Interior_rubricas.pdf

*Ofrece dinero a manos llenas, denunció

*El INE se queda corto con sanciones a Moreno Valle, destacó

*Lo sabe la presidenta del PRD Alejandra Barrales y no hace nada, asegura.

Duro y a la cabeza del Gobernador Rafael Moreno Valle, se lanzó el coordinador del grupo parlamentario del PRD, en el Senado de la República el poblano Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, aseguró que el gobernador Moreno Valle se ha dedicado a viajar por todo el país con recursos públicos y ha “comprado” a directivos estatales del PRD y del PAN para, según él –Moreno Valle- controlarlos a favor de su candidatura por la presidencia en 2018.

“Moreno Valle tiene un despliegue nacional publicitario alrededor de ese propósito; Moreno Valle está yendo por todo el país a comprar, así, a las direcciones políticas del PAN y del PRD pensando que así va a influir en la política de alianzas”, denunció.

Además, aseguró que Luis Maldonado, su ex secretario de gobierno del mandatario de Puebla, es el operador político de Moreno Valle.

Por tal razón, destacó  “yo digo que, el INE se queda corto, estamos acostumbrados a ver que la ley se viole flagrantemente, a la vista de todos”, advirtió.

A pregunta expresa, Miguel Barbosa detalló que  “el modus operandi es el común y corriente; Moreno Valle les ofrece a los directivos estatales posibilidades de moverse, de comer con aceite. Ofrece recursos, de verdad, a manos llenas”,  reveló en rueda de prensa en el Senado de la República. 

De la misma manera, afirmó el congresista que estos hechos han sido denunciados ante la Dirigencia Nacional del PRD pero, hasta la fecha, su presidenta Alejandra Barrales no ha hecho nada al respecto.

•      Se trata de inmueble invaluable, que forma parte de nuestras raíces e historia: Pablo Escudero Morales.

•     Fue la alta tribuna para los acuerdos más relevantes de nuestra nación: gobernador de Querétaro.

El presidente de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero Morales, destacó que el Teatro de la República forma parte de nuestras raíces e historia, un inmueble invaluable que fue escenario de la Promulgación de la Constitución Política del 5 de febrero de 1917, y donde se interpretó por primera vez, de manera oficial, el Himno Nacional, el 15 de septiembre de 1854.

En la firma del contrato promesa de compraventa del inmueble, realizado en el propio Teatro de la República, el senador también destacó que aquí se reunió el Consejo de Guerra que enjuició y condenó a Maximiliano de Habsburgo.

Además, dijo, un día como hoy, hace 100 años, el 30 de noviembre de 1916 en el inmueble se declaró instalado el Congreso Constituyente.

“Esto es parte del pasado, es parte de nuestras raíces, es parte de nuestra historia, y no estábamos dispuestos, aunque estuviera en buenas manos, a que pudiera por alguna posibilidad, pasar a otras manos.”, por eso se tomó la decisión de adquirir el espacio, explicó Escudero Morales.

Hizo énfasis en que “para poder tener un gran futuro es necesario recordar el pasado” y que este país está lleno de grandes mexicanos comprometidos “por el día a día”, la unidad para progresar y “hacer que todos vivamos mejor”.

Lo que representa y transmite a esta nación el Teatro de la República, asentó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, “no tiene precio, es invaluable”

En tanto, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo que, con este acto, el estado confirma su vocación como referente de la causa federalista, como baluarte de la historia, cultura e identidad de México.

Refirió que el Teatro de la República fue la “alta tribuna para los acuerdos más relevantes de nuestra nación, del primero de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, cuna y crisol de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aún nos rige a todos nosotros”.

“En estas paredes --asentó-- resonaron con mucha fuerza las voces de los constituyentes de 1917, determinadas para plasmar en ley el derecho a la tierra, la justicia, la libertad y la igualdad para todos los hijos de México”.

“Esa es la relevancia de esta firma histórica y es también el llamado al Pacto Federal, ciertamente las mejores ideas y los mejores acuerdos, el camino del bien común para México”, añadió el mandatario.

Por su parte, el ingeniero Jaime García Olivares, presidente del patronato de la Fundación Josefa Vergara y Hernández I.A.P., calificó la firma del contrato promesa de compraventa como un acontecimiento histórico, pues se trata del primer paso formal para que el Teatro de la República pase a ser de todos los mexicanos.

Destacó que el producto de la venta se invertirá en uno de los más grandes proyectos sociales de Querétaro: la Ciudad Josefa Vergara, un espacio para niños, niñas y débiles visuales que en total albergará a más de 450 beneficiados con dormitorios, baños, áreas de estudio, comedor, salas de cómputo, salas de uso múltiple, áreas de psicología y recreación.

Agregó que también se construirá la escuela primaria y secundaria donde se brindará educación a todos los beneficiarios.

Firmaron el contrato de promesa de compra-venta del inmueble que ocupa este Teatro de la República, en la capital de Querétaro, estuvo a cargo del senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva, y el ingeniero Jaime García Olivares, presidente del patronato de la Fundación Josefa Vergara y Hernández I.A.P.

Como testigos estuvieron el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; los senadores Emilio Gamboa Patrón y Enrique Burgos García, del PRI; Roberto Gil Zuarth, del PAN; y el Secretario General de Servicios Administrativos del Senado, Roberto Figueroa Martínez, además de la historiadora Patricia Galeana.

*México es un mercado de cien millones de consumidores que no se puede desdeñar, advirtió

Ante una eventual revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC), a iniciativa de la próxima administración de Donald Trump, el Ejecutivo federal debe dar la cara de manera puntual y convocar a todos los sectores de la sociedad a participar en lo que les corresponde, señaló el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila.

El senador señaló lo anterior ante las declaraciones de Wilbur Ross, recién designado como el próximo secretario de Comercio de Estados Unidos, quien dijo que la administración de Trump impulsará, como una de sus prioridades, hacer cambios al TLC.

“Esperemos a que exista una convocatoria formal para ir a esta revisión… Aquí se requiere un director de orquesta que defina cuál será la nueva relación con Estados Unidos y cuál es la posición de México ante esta nueva circunstancia”, respondió Herrera Ávila.

Consideró que no se trata sólo de reuniones para salir en la foto y decir “que estamos preocupados”, sino reuniones de trabajo de las que salgan medidas muy concretas: cómo se va a vincular el sector productivo, qué va a hacer el Legislativo y, desde luego, cuál es la gestión que va a hacer el Poder Ejecutivo.

México – dijo el congresista- ha visto en Estados Unidos y en Canadá un área de oportunidad, lo mismo que está viendo Canadá y Estados Unidos de México.

 “Somos un mercado de más de 100 millones de consumidores que no tan fácil se puede desdeñar” advirtió

“Evidentemente, cada gobierno busca lo mejor para sus representados. Ellos estarán en la necesidad de hacerlo y nosotros en nuestra disposición de seguir defendiendo los intereses de México”, aclaro

En su opinión, la posición que México debe de adoptar es, "simple y sencillamente, la de la defensa de los intereses comerciales; la de la defensa de los intereses de los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran allá; en fin, la revisión al TLC y de cualquier pacto de colaboración que haya con Estados Unidos".

  Por Nancy Rodríguez

*Es problema de hombres y mujeres, señala

*Se habla mucho del tema y no hay acciones efectivas, advirtieron

*Mujeres sin vida y con huellas de tortura siguen apareciendo en el Edo. Mex. denuncian

En conferencia de prensa en el Senado de la República el coordinador de los Senadores del PRD Miguel Barbosa Huerta, respaldo la denuncia formulada por sus compañeras de partido, la diputada federal Karen Hurtado y la ex diputada Xóchitl Arzola para referirse a la violencia de género y feminicidios en el Estado de México.

Explicaron que lamentablemente las mujeres se han convertido para el gobierno en sólo números y estadísticas, acompañado de una Alerta de Género que no ha sido efectiva, por más que el gobierno pretenda minimizar este fenómeno, puntualizaron.

Asimismo, denunciaron que la Alerta de Género decretada, por ejemplo, en sólo 11 de los 125 municipios del Edomex ha sido rebasada, las mujeres sin vida y con huellas de tortura, ejecutadas e incluso desmembradas siguen apareciendo en la vía pública, en canales de aguas negras, dentro de vehículos abandonados, en basureros, entre otros lugares.

La presidenta de “Mujeres en Cadena”, Xóchitl Arzola, subrayó que los feminicidios no son prioridad del estado de México, sino que se repiten prácticamente en todo el país, tal y como lo demuestra un informe de la Organización de las Naciones Unidas, donde se señala que 7 mujeres son asesinadas diariamente en México.

Informaron  que Ecatepec es el municipio con más asesinatos de mujeres por razones de género, pues en lo que va del año suman ya 40 asesinatos.

En ese municipio se combina la inseguridad generalizada, la impunidad, la violencia permanente contra las mujeres y posibilidad de perder la vida sólo por ser mujer, subrayó Xóchitl Arzola.

En su participación, la diputada federal Karen Hurtado Arana, exhortó a distintos niveles de gobierno a sensibilizarse en el tema, pues de acuerdo a cifras oficiales, se conoce que en un 73 por ciento de los casos, la víctima había denunciado a su agresor.

En su oportunidad el Senador Miguel Barbosa y  Armando Ríos Piter a nombre del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado respaldaron las denuncias de la diputada Karen Hurtado, de la ex legisladora local Xóchitl Arzola y del senador Luis Sánchez en su lucha contra los feminicidios. “Exigimos acciones concretas y ya basta de discursos”, demandaron.

  Por Nancy Rodríguez

Tras aprobar la reforma en materia de telecomunicaciones es necesario fomentar e impulsar el comercio electrónico en el país, a fin de otorgar las herramientas necesarias a los jóvenes, para que puedan emprender sus ideas.

El senador Raúl Aarón Pozos Lanz señaló lo anterior al participar en el encuentro “Políticas Públicas del Comercio Electrónico en México”.

El evento fue inaugurado  por  el senador Pablo Escudero, Presidente de la Mesa Directiva, del Senado de la República, asimismo, participaron Cinthya Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana de Internet, (AMIPCI) y Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.

El Senador por Campeche destacó que las nuevas prácticas y tecnologías, nos exigen a adecuar nuestras leyes al presente y ver al futuro. Esto, dijo,  con el objetivo de ser más competitivos e innovar en ellas para alcanzar un mejor desarrollo de la sociedad y por ende de la nación.

Pozos Lanz destacó que en México tenemos grandes avances, entre ellos la reforma en materia de Telecomunicaciones, la cual beneficia a millones de personas con una mayor y mejor conectividad a menor costo, lo que con toda seguridad provocará un incremento en el comercio electrónico.

De esta forma, se nos presentan grandes retos; fomentar este tipo de comercio para potencializar a las y los emprendedores y de igual forma trabajar en una mayor protección de los usuarios del comercio electrónico, consideró el senador por el estado de Campeche.

En este contexto, dijo que este primer foro de comercio electrónico proporcionará mayores conocimientos, argumentos y herramientas para entrar al mundo globalizado, al tiempo de que nos dejará tarea a las y los senadores para promover leyes que den certidumbre en las prácticas en esta materia.

En las instalaciones del Senado de la República, Aarón Pozos comentó que el comercio electrónico es una forma de intercambiar bienes, servicios e información, y señaló que en 2014 esta actividad comercial facturó más de 1.9 billones de dólares a nivel mundial, mientras que en el territorio nacional se facturaron más de 162 mil millones de pesos durante ese mismo año.

*Se inauguró el foro “Hacia un Modelo de Parlamento Abierto”; analiza avances del acceso a la información en el ámbito legislativo.

*El senador Barbosa Huerta afirmó que es fundamental mejorar en materia de transparencia.

Senadores, funcionarios y especialistas coincidieron en la necesidad de impulsar el modelo de Parlamento Abierto, a fin de crear un mayor vínculo de colaboración entre sociedad y gobierno que permita reconciliar al Congreso con la ciudadanía.

Lo anterior, durante el foro “Hacia un Modelo de Parlamento Abierto”, en el cual el presidente del Instituto Belisario Domínguez, senador Miguel Barbosa Huerta, afirmó que es fundamental avanzar aún más en materia de transparencia e información pública, a efecto de que las cámaras legislativas dejen de ser señaladas como organismos opacos en el manejo de sus recursos.

En este sentido, indicó que el Senado ha llevado a cabo grandes avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero aún hay mucho por avanzar. Habrá un parlamento abierto real cuando el Poder Legislativo sea autónomo, donde el Ejecutivo deje que el destino de las cámaras sea de las fuerzas políticas que ahí se representan, agregó.

“Solamente así, podrá haber un Poder Legislativo que desempeñe las funciones de pesos y contrapesos, ya que el poder en México siempre ha querido ser controlado y manejado, más allá de la opinión de la sociedad”, advirtió. El legislador aseguró que “el secreto de un Parlamento Abierto es que el trabajo de cada uno de los senadores y órganos que componen el Senado se procure a través de información pública”.

En este sentido, aseguró que los resultados de este foro, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, aportarán reflexiones, rutas y vertientes de lo que se debe asumir en esta materia, desde la integración de las cámaras, así como para que los congresos locales hagan lo propio.

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, resaltó el compromiso del Senado para abrir sus procesos a la sociedad, por lo que este seminario es una oportunidad más para acercar el vínculo entre sociedad y autoridades.

Además, dijo, representa una oportunidad para que el Instituto se fortalezca. Se trata de ver en dónde estamos cómo país y que se tiene una ley de avanzada; una Ley General de Transparencia que coloca al país en primer lugar a nivel mundial, pero sobre todo, notar qué hacen las instituciones, autoridades y sujetos obligados para el reto de la implementación, subrayó.

Puente de la Mora señaló que de acuerdo con información de Latinobarómetro, el respaldo a la democracia en México se encuentra igual que el registrado en 1995; es decir, que en 21 años de medición, después de un proceso de transición democrática, seguimos en el marco de 49 por ciento de respaldo ciudadano.

Haydeé Pérez Garrido, directora Ejecutiva de Fundar Centro de Análisis e Investigación, dijo que a pesar que las buenas prácticas, los acuerdos públicos para avanzar en la construcción de parlamentos abiertos se han incumplido y que, incluso, se observan retrocesos en la función de contrapeso del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, sobre todo en designaciones en dependencias e instituciones gubernamentales. 

César Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), precisó que se aspira a identificar buenas prácticas institucionales, evaluar avances en la adopción de los principios que distinguen a un parlamento abierto, definir tareas pendientes, contrastar propuestas, y perfilar compromisos puntuales.

Por su parte, Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo de Investigación del IBD, señaló que el foro busca analizar los avances en materia legislativa respecto al derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, enfocado en la revisión de buenas prácticas institucionales así como en la transformación y alcances del Congreso de la Unión en materia de parlamento abierto.

Durante su conferencia magistral, Miguel Ángel Gonzalo, integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Congreso Español, subrayó que para reconciliar al Parlamento con la ciudadanía, se requiere de congresos accesibles, transparentes, representativos, eficaces y responsables.

Precisó que para el desarrollo de un modelo de parlamento abierto es imprescindible la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, “se necesita un modelo evaluable y verificable, basado en evidencias del trabajo parlamentario, a través de herramientas objetivas y evaluables”.

Durante el desarrollo del panel “Interrelaciones de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción bajo la óptica del Poder Legislativo”, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, subrayó que se está a tiempo de definir cómo se quiere que opere el Sistema Nacional Anticorrupción; los productos de política pública a desarrollar; las estructuras administrativas a desplegar para cumplir con la normatividad aplicable; y las rutinas organizacionales que se deben modificar para lograr una articulación institucional.

Subrayó que se debe explotar la información derivada de la práctica auditora y de las labores de transparencia; además, consideró que se podrían generar sinergias en los procesos de planeación y programación de auditorías, así como la articulación entre las plataformas nacionales de transparencia y de fiscalización.

Areli Cano Guadiana, Comisionada del INAI, destacó que los esfuerzos contra la corrupción han sido infructuosos; las instituciones diseñadas para su combate no han sido efectivas, se han visto rebasados y no han aportado resultados, aunado a la percepción generalizada de impunidad que se manifiesta en la desconfianza ciudadana y en la deslegitimación de la función pública.

Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que la corrupción tiene que ser un problema que no sólo se aborde con un cúmulo de normas y reglas, sino a través de la predicción de cómo van a conducirse los actores respecto a las leyes.

Lourdes Morales Canales, Directora de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), precisó que los sistemas Anticorrupción y de Transparencia buscan fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano, con especial énfasis en la responsabilidad porque el régimen de rendición de cuentas es el eslabón más débil.

    Por Nancy Rodríguez

*El gobierno Federal sigue siendo omiso y cómplice de casos como el de Coahuila.

*De la noche a la mañana, Coahuila aumentó su endeudamiento en un  10 mil por ciento.

*Sigan la huella del dinero robado, dinero que fue pedido prestado a nombre de todos los coahuilenses.

*¿Hasta cuándo van a permitir que Coahuila, siga siendo víctima de pandillas en el poder?

 Así encaró el Senador Luis Fernando Salazar al Secretario de Hacienda José Antonio Meade, durante su comparecencia en el Senado de la República.

La voz del Panista en tribuna era fuerte, firme, valiente pero sobre todo indignada.

Los presentes callados, escuchaban y observaban; miraban al legislador y en cada palabra veían la reacción inmóvil que manifestó la “cabeza” financiera de nuestro país.

El senador por Coahuila reiteró y detalló su exigencia a José Antonio Meade.

“Señor Secretario, creo que es preciso insistir que los altos niveles de deuda pública del gobierno federal, así como los altos niveles de deuda de muchos estados como Coahuila, agobian a todos los mexicanos”.

Y con arrojo el Senador le reclamó: Usted –Secretario Meade- ya conoce el caso de Coahuila, pero nuevamente se lo detallo aquí en el Senado de la República.

“El estado de Coahuila que yo represento. Un estado, señor Secretario, que usted tiene los datos, que de la noche a la mañana aumentó su endeudamiento en un 10 mil por ciento”.

 “Un estado en donde los últimos cinco años, del 2011 al 2016 hemos pagado 19 mil millones de pesos  por puro concepto de intereses y manejo de deuda, y hoy seguimos debiendo los 37 mil 500 millones de pesos”.

El panista  imputó al Secretario de Hacienda: “Lo preocupante, señor Secretario es que este gobierno siga siendo omiso y cómplice de casos como el de Coahuila…donde los Moreira, Humberto y Rubén han saqueado y han endeudado de forma aberrante el futuro de los coahuilenses”.

Asimismo, le reprochó lo siguiente: “A pesar de que tienen pruebas, de que hay denuncias presentadas, la presente administración no ha hecho absolutamente nada para detener este saqueo, por el contrario, ahí siguen solapando el desastre financiero que se vive en  Coahuila”.

Por todo lo anterior el legislador de Acción Nacional le demandó a Jose Antonio Meade:

“Desde aquí, señor Secretario, hago un llamado urgente al Gobierno Federal al que hoy aquí usted representa, para que intervenga lo antes posible, para que se interponga entre el saqueo impune del cual estamos siendo objeto los coahuilenses”.

“Secretario, se han vuelto a documentar las propiedades y el dinero robado a los coahuilenses que han tenido que ser incautados por parte del gobierno americano”

Con voz fuerte le exigió:  “Ustedes tienen la facultad de seguir la huella del dinero, colaboren con los coahuilenses” le dijo.

 Visiblemente indignado el Senador de Torreón le puntualizó:

“Síganle la huella a las empresas fantasma y operaciones simuladas que ha hecho el actual gobernador Rubén Moreira, que sigue siendo la fórmula de los Moreira, del Moreirato, para robarle a la gente de Coahuila”.

Por último la voz de los Coahuilenses se dejó escuchar a través de las palabras del Senador Salazar.

“No puedo dejar de insistir y de cuestionar:¿Hasta cuándo van a permitir que Coahuila, sigan siendo víctimas de pandillas en el poder?

¿Hasta cuándo este gobierno federal va a seguir permitiendo que los políticos de siempre hagan lo de siempre: robarse el dinero de los ciudadanos, pagar a empresas fantasmas para vaciar las arcas y llenar sus bolsillos,  mientras los bolsillos de los ciudadanos se quedan vacíos?

Concluyó el Senador. 

El Partido Acción Nacional (PAN) no va a permitir que en México se aniquile la verdadera política social, para hacer de la pobreza un botín político electoral, afirmó el senador Luis Fernando Salazar Fernández, ante el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, durante la comparecencia del funcionario en el Senado de la República, con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno.

Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN, el senador por Coahuila exigió al funcionario federal cumplir con su responsabilidad de combatir de manera efectiva la pobreza.

Los senadores de Acción Nacional, subrayó, seguirán siendo vigilantes de la actuación del Gobierno federal en esta materia.

Salazar Fernández comentó que hace unas semanas, cuando Miranda Nava fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el PAN en el Senado manifestó su preocupación de que ésta designación obedeciera más a su antecedente como operador político electoral.

“Fuimos puntuales en señalar que el mensaje de este gobierno frente a los siguientes dos años electorales parecía ser muy claro: no dudarían en hacer uso de la dependencia a su cargo y de los programas sociales con fines electorales”, explicó.

En este sentido, Salazar Fernández aseveró que hace unos días en Huixquilucan, Estado de México, se dio a conocer la entrega de despensas y de miles de tarjetas bancarias con supuestos apoyos de 2 mil 700 pesos.

“Esto es una clara muestra del uso que advertimos podría darse en la Secretaría que hoy encabeza, a los recursos públicos y a los programas sociales para incidir indebidamente en los próximos procesos electorales”, puntualizó.

Por ello, reiteró el llamado a que se conduzca la política social de este país dentro del marco de la ley, enfatizó.

“No dudaremos en acompañar las acciones que sean favorables para abatir las carencias de los mexicanos que viven en la mayor desigualdad, pero también seremos puntuales en señalar y denunciar el mal uso que se le dé a los programas sociales o a las atribuciones de la Secretaría”, advirtió.

Aseguró que la administración del presidente Enrique Peña Nieto es incapaz de reconocer errores del pasado y de asumir el tamaño de la crisis en que vivimos.

Preocupa, apuntó, que el Gobierno federal no acepte que, a cuatro años de implementar sus programas y acciones estelares de combate a la pobreza, los mexicanos continúen a la espera del entorno de mayor igualdad al que se comprometió esta administración.

“La pobreza no se elimina por decreto, ni modificando o alterando criterios o la propia metodología para medir su evolución”, dijo.

Salazar Fernández lamentó que el apartado “México Incluyente”, del IV Informe de Gobierno, nuevamente tenga “páginas llenas de numeralia que, desafortunadamente, no se traducen en mejores resultados respecto a la tarea de disminuir y atender la desigualdad social, y abatir las grandes carencias que existen en nuestro país”.

Señaló que lo importante no es reportar aproximadamente 100 hojas llenas de cifras, si la cifra que no se reduce es la que contabiliza más de 55 millones de mexicanos en situación de pobreza, o más de 11 millones en condición de pobreza extrema.

Al referirse de manera particular a Coahuila, Salazar Fernández dijo que en esta entidad, donde el próximo año habrá elecciones, puede haber la tentación del Gobierno federal de operar electoralmente mediante programas sociales, debido a que el porcentaje y el número de personas en situación de pobreza han aumentado.

“Tan sólo en los últimos dos años se han sumado 885 mil 800 coahuilenses a la condición de pobreza, en la que ahora vive el 30.2 por ciento de la población; lo mismo ocurrió en el caso de la pobreza extrema, que aumentó de 92 mil 700 personas a 109 mil 700 en esta situación; o el índice de vulnerabilidad por ingreso, que incrementó de 699 mil a 710 mil coahuilenses, lo que nos convierte en el tercer estado con mayor población vulnerable por ingresos”, agregó.

Estas cifras, indicó, colocan a Coahuila dentro de los cinco estados con más altos índices de crecimiento de la pobreza en los últimos dos años.

“Como lo hemos venido diciendo en el PAN, detrás de cada estadística hay rostros de hombres, mujeres y niños que siguen viviendo una vida llena de falta de oportunidades y de carencias”, concluyó Salazar Fernández.

·       Senado convoca a las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general a que presenten candidaturas para ocupar esta titularidad.

El Pleno del Senado de la República aprobó la emisión de una nueva convocatoria y el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la Procuraduría General de la República.

Se convoca a universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y demás organismos interesados y ciudadanos en general a que presenten candidaturas para ocupar esta titularidad.

Precisó que los aspirantes deberán cubrir los siguientes requisitos: ser ciudadano o ciudadana mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener 30 años cumplidos el día de la designación; tener –el día de la designación– cinco años con título profesional en derecho, expedido por una autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Asimismo, gozar con buena reputación y no haber sido condenado por ningún delito doloso; acreditar conocimientos y experiencias en materia de trasparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político los seis años anteriores a la designación.

Indicó que la Junta de Coordinación Política será la encargada de recibir las propuestas de los aspirantes a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, las que deberán de acompañarse por duplicado de los siguientes documentos:

Carta firmada por el aspirante propuesto o interesado en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección; su currículum acompañado con fotografía actual; copia certificada de acta de nacimiento, credencial para votar con fotografía por ambos lados expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral.

Título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de cinco años, cédula profesional y documentos que corroboren lo enunciado en su currículum; un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, en el caso de que sean o se hayan desempeñados como servidores públicos, si se ha presentado o tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra, en caso de respuesta afirmativa, iniciar e indicar cuál es el estado que se guarda y si se ha dictado una resolución en el sentido de la misma.

Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir la verdad, no haber sido condenado por delito considerado como doloso; documentación que permita acreditar conocimientos en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Deberá redactar un ensayo con un máximo de diez cuartillas, letra Arial, tamaño 12, con interlineado sencillo que incluya tres apartados conteniendo los puntos más importantes en que basaría su proyecto de trabajo, las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo, las propuestas más importantes planteadas para combatir la corrupción y el sustento legal e institucional de la misma.

Presentar un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos solicitados, digitalizados en formato PDF; un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos solicitados anteriormente, digitalizados en formato PDF y en versión pública elaborada, siguiendo los criterios establecidos en el acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental del Senado relativos a los lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de las entidades responsables que integran el Senado, aprobado el 10 de septiembre de 2014.

Detalló que la documentación que se refiere la base anterior se presentará en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado, ubicada en el sótano 1, en avenida Paseo de la Reforma, número 135, esquina Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, los días 28 y 31 de octubre y 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de noviembre del año 2016, en un horario de 10:00 am a las 16: horas.

Destacó que agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos establecidos en la base tercera de la presente convocatoria y dentro de los siguientes tres días hábiles siguientes lo remitirá a las comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado.

Señaló que la falta de alguno de los documentos requeridos a su presentación fuera de tiempo o forma establecidos será un motivo suficiente para no considerase válida.

Expuso que las comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana deberán acordar y publicar en la página del Senado y en el micrositio de las comisiones el formato, metodología, etapas y forma de evaluación de los aspirantes.

Resaltó que dentro del proceso de evaluación señalado en el párrafo anterior, las comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana pedirán opinión a las comisiones de selección señaladas en el artículo 18, fracción I de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su profesionalismo, probidad, prestigio e idoneidad para el ejercicio del cargo de cada una de las personas inscritas.

Una vez realizado el análisis de las candidatas y candidatos se recibirá la opinión de la comisión de selección a que se refiere el párrafo anterior; las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana presentarán el listado de los candidatos o candidatas idóneas a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 29 de noviembre del año en curso. Dicho listado, precisó, no será vinculado en la decisión que tome el Pleno de este Senado.

La Junta de Coordinación Política, con base en el listado que le remita las mencionadas comisiones, acordará el nombramiento que someterá a la aprobación del Pleno del Senado; la propuesta será presentada para su votación nominal en el Pleno y en el caso de no obtenerse el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes, se realizará una segunda votación y si en esta no se alcanza dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la Sesión Plenaria inmediata siguiente.

Indicó que la nueva propuesta, en su caso, se someterá a lo dispuesto a la base anterior; en la integración de la propuesta de la Junta de Coordinación Política impulsará los entendimientos y convergencias necesarias para que le permitan al Pleno nombrar el titular de la Fiscalía Especializada a que se refiere esta convocatoria. La persona que resulte nombrada titular de la Fiscalía rendirá protesta de ley ante el Pleno del Senado.

La convocatoria será publicada en dos periódicos de circulación nacional los días 26, 27 y 28 del presente mes y en la Gaceta del Senado, en la página oficial del Senado y en los micrositios de las comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana durante todo el proceso de selección.

Cabe destacar que previamente se dio por concluido el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que dio inicio con la convocatoria emitida por este órgano de gobierno el 19 de noviembre de 2014, al no alcanzarse los consensos para  el nombramiento.

    Por Nancy Rodríguez

*El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, llamó a concluir el proceso legislativo para aprobar las reformas legales en esta materia

*Intereses impiden que reformas a la ley sean aprobadas, afirmó la senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, hizo un llamado a concluir el proceso legislativo para aprobar las reformas en materia de combate a la trata de personas, con el propósito de implementar una política para combatir este flagelo.

“No podemos ser indiferentes ante un problema que corroe a la sociedad. Debemos concluir esta legislación, debemos concluir el proceso parlamentario; estas aportaciones que ustedes hacen, sin lugar a duda, deben de ser aliciente y motivación para concluir este esfuerzo”, señaló durante la presentación del libro "El Fenómeno de la Trata de Personas. Análisis desde las Ciencias Penales y Proyecto de Reforma a la Ley Vigente en la Materia".

Este libro, dijo, debe llamarnos a la reflexión, sobre todo, a la acción, construyendo una legislación de avanzada en materia de combate a la trata de personas.

El texto, abundó, es un libro revelador, porque detalla de manera puntual este fenómeno de esclavitud laboral y sexual, entre otras.

Hizo un reconocimiento a la labor de la senadora panista Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, quien, dijo, ha hecho “un gran esfuerzo para tener un diagnóstico y una legislación que sirva para combatir este flagelo”.

En su intervención, Dávila Fernández, consideró que ve “dificultades” en la Cámara de Diputados para que sean aprobadas las modificaciones a la ley en la materia que se discuten actualmente en la Cámara Alta.

“Creo, lamentablemente, que hay muchos más intereses para que en la Cámara de Diputados no se apruebe esto, y que nos ha costado ir a cabildear uno por uno, con cada uno de los diputados, incluyendo ahora a los senadores”, asentó.

La legisladora llamó a todos los interesados en la materia a debatir las modificaciones planteadas, pues por más de cuatro años, añadió, este proceso legislativo se ha retrasado, provocando que este delito quede en la impunidad por la inoperatividad de la ley vigente.  

“Lo más importante es debatir sobre lo que está mal hecho, nos da miedo decir que está mal hecho, y a la clase política todavía nos da más miedo aceptar y decir que lo que hicimos fue hecho técnicamente mal, pero políticamente bien, para quedar bien con ciertos grupos o con ciertos sectores que nos han venido chantajeando”, afirmó.

Ese miedo es el que ha permitido que la delincuencia organizada y la delincuencia común cada vez ataque más a la sociedad civil. Ese miedo que tenemos la clase política de enfrentarnos a nuestras propias deficiencias técnicas, a nuestras propias deficiencias de entender de cómo debemos hacerlo, aseveró.

En ese sentido, la legisladora por Tlaxcala indicó que seguirá insistiendo para que tener una ley contra la trata que sirva a las víctimas y acabe con la impunidad que impera ante ese delito, y “si es necesario hacer otra ley, se hace, pero lo cierto es que debe cambiarse la ley (vigente)”.

·      Los lineamientos establecerán las reglas de contacto entre los senadores y la Comisión, para asegurar su autonomía e independencia.

·      Escudero propuso que las entrevistas y las comparecencias sean fuera de las instalaciones del Senado.

·      Cualquier tipo de relación o de encuentro entre legisladores y la Comisión deberá informarse, incluso las ocasionales.

·      Que todas sus reuniones sean públicas, propone.

El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, señaló que tras el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Selección, que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), puso a su consideración la emisión de unos lineamientos de contacto y transparencia para el proceso de selección de las mejores personas que conformarán este Comité ciudadano.

El senador Escudero explicó que ha propuesto que en estos lineamientos se establezcan las reglas de contacto entre los senadores y los integrantes de la Comisión de Selección para comprometerse a no tener trato personal o privado; y así asegurar la autonomía e independencia de la Comisión en este proceso. Por ello, propuso que durante el proceso de selección del Comité ciudadano no se realicen reuniones privadas entre senadores e integrantes de la Comisión.

Se propone que de posibles encuentros ocasionales entre comisionados y legisladores se reporten tanto las condiciones en que se presentaron, como el contenido de las conversaciones; si cualquiera de los integrantes de la Comisión de Selección tuviera relaciones laborales, académicas o personales con las cámaras del Congreso, estarán obligados a informarlas; y en caso de celebrarse reuniones entre un senador y la Comisión de Selección, deberá asistir al menos el 60 por ciento de sus integrantes y éstas deberán ser públicas, dijo Escudero.

El Presidente de la Mesa Directiva indicó que las comparecencias que se celebren durante este proceso se realizarían fuera de las instalaciones del Senado, privilegiando instalaciones universitarias, centros de investigación y espacios culturales; por lo que sugiere que se designe a un enlace ante el Senado para que éste pueda auxiliarles con los recursos materiales necesarios.

Finalmente, el senador Pablo Escudero reiteró el compromiso del Senado para dar continuidad con las mejores prácticas de parlamento abierto y garantizar que todas las reuniones sean públicas en este proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA; por lo que se comprometió a realizar gestiones ante el Canal del Congreso y ante las instancias que corresponda, para procurar la máxima cobertura y publicidad de las comparecencias que se lleven a cabo.

*El reporte debe incluir el número de televisores desechados, el manejo que se les da y los recursos ejercidos.

*La incorrecta disposición de este tipo de residuos genera un gran peligro, pues contienen elementos tóxicos que contaminan el ambiente y pueden dañar la salud.

Debido a la escasa información acerca de la implementación y resultados del “Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital”, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe sobre el número de televisores desechados, el manejo que se les da y los recursos ejercidos hasta el momento.

En un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del Senado, el legislador puntualiza que el apagón analógico terminó con las transmisiones de televisión en formato analógico y que fueron sustituidas por transmisiones digitales.

Al respecto, explica que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entregó televisores digitales a las familias beneficiarias de diversos programas de desarrollo social, con el propósito de garantizar el derecho a la información.

La entrega fue supervisada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que también se encargó de realizar los “apagones” en toda la República, argumenta.

En este contexto, señala  la responsabilidad del gobierno no sólo debe abarcar  garantizar a los mexicanos el acceso a la información por medio de la televisión; sino también asegurar que los televisores analógicos desechados no provoquen ningún tipo de daño al medio ambiente.

La incorrecta disposición de este tipo de residuos genera un gran peligro, ya que son aparatos que contienen elementos tóxicos como polímeros, metales y vidrio que, con el tiempo, generan contaminación del suelo, del aire y del agua e incluso generar problemas de salud para la población, advirtió el senador.

Por ello, se debe tomar en cuenta que no se trata únicamente de los que se sustituyeron por parte de la SCT, sino los de toda la población: aproximadamente 40 millones de aparatos eléctricos, los cuales, al cumplir con su ciclo de vida útil se convierten en residuos o desechos cuya nomenclatura en español es RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

En este sentido, el senador Pozos Lanz precisó que de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en los últimos diez años los RAEE han experimentado una tasa de crecimiento de aproximadamente cuatro por ciento a nivel mundial.

En 2014, detalló, la generación de RAEE en el continente americano fue de 11.7 millones de toneladas métricas, en donde México aportó 1.0 millones de toneladas métricas, considerado como uno de los tres países con mayor generación.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para su análisis y dictaminación.

*Tendrán ya bajo su resguardo las elecciones del 2017 y 2018

*Se emitieron un total de 100 votos y se anunció que en tres cédulas todo se votó en contra.

 *El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, les tomó protesta.

El Senado de la República eligió a siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por periodos escalonados de tres, seis y nueve años y entrarán en funciones el próximo 4 de noviembre próximo.

José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales fueron electos por un periodo de tres años, hasta el 31 de octubre de 2019; Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, por un periodo de seis años, hasta 31 de octubre de 2022; y Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Madeline Otálora Malassis por un periodo de nueve años, hasta 31 de octubre de 2025.

El presidente de la Mesa Directiva, senador Pablo Escudero Morales, tomó la protesta a los siete magistrados e instruyó comunicar al Presidente de México, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de este resolutivo.

La elección de los nuevos magistrados electorales fue resultado de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que recibió dictamen de la Comisión de Justicia, ante la cual comparecieron los 21 candidatos propuestos.

Previamente, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, destacó que los candidatos propuestos comparecieron ante la Comisión de Justicia, alcanzando 30 horas de trabajo, y subrayó que la participación de la sociedad civil fue fundamental para dar legitimidad al proceso.

Esto, al presentar el dictamen en el que se precisa que los candidatos de las siete ternas, enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reunieron los requisitos de conformidad con los artículos 99 párrafo XII de la Constitución Política y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que eran elegibles para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

El senador del PAN dijo que ante la regulación rígida para integrar los dos tribunales constitucionales del país, la Comisión de Justicia ha buscado que el proceso sea más flexible y abierto, y advirtió que se debe acrecentar la competencia de la Comisión para las próximas legislaturas, pues se enfrentarán a procesos permeados de mayor democracia y de exigencia de la sociedad civil.

“Es impostergable una revisión del proceso e incrementar las facultades deliberativas de la comisión como sucede en los parlamentos más avanzados del mundo”, indicó.

Además, reconoció a la actual integración de la Sala Superior del TEPJF, por 10 años de resoluciones apegadas a la Constitución en un proceso democrático que ha avanzado con obstáculos complejos; a los nuevos magistrados les dijo que tendrán la gran responsabilidad de calificar la próxima elección presidencial, la más compleja y grande de la historia.

Finalmente, apuntó que se hubiera deseado mayor participación de mujeres en las ternas. Al respecto informó que solicitaron a la Junta de Coordinación Política que el periodo para el que sean designadas dos mujeres, sea de nueve años, con lo que se reconoce el talento y capacidad de todas las mujeres en el Poder Judicial de la Federación.

Al presentar su voto particular, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, resaltó que en la forma de negociación de los cargos en el Poder Judicial ya no se aprecia pudor ni decoro, y que pareciera que en vez de mejorar los proceso de selección con mecanismos transparentes y verdaderamente imparciales, se regresa a los tiempos en los que las decisiones se tomaban únicamente desde Bucareli.

Con base en esto, presentó su voto particular en contra del dictamen por considerarlo subjetivo, dado que se redujo a la Comisión de Justicia a una simple oficialía de partes, que solamente revisó documentos y que acreditó que los 21 candidatos son idóneos en su perfil para ser magistrados, pero que no tuvo discusión al respecto.

En contra del dictamen, la senadora Layda Sansores San Román, del PT, consideró que la designación de los magistrados se dio “bajo el principio general de derecho: de cuotas y cuates”, debido a que a pesar de que no tiene las facultades, la Junta de Coordinación Política fue quien decidió y dictaminó “de facto” la selección de los siete magistrados. Con este método, preguntó, ¿cuántos creen que podrán ser imparciales?

Dijo que se trata de un proceso fraudulento, ilegal y dañino para el avance democrático, además de que no se conoce con qué criterio se estableció el escalonamiento de cada uno de ellos; “pocos saben en qué sótano, en qué cantina o en qué yate se tomaron las decisiones, pero es claro que el Tribunal quedó cooptado por la partidocracia”.

A favor, la senadora Martha Tagle Martínez cuestionó la forma en que se realiza el proceso de selección de los magistrados; se trata de una “caja negra”, pues estamos ante la posibilidad de ratificar las decisiones que se toman en la Junta de Coordinación Política, por lo que hizo un llamado a revisar el mecanismo de designaciones públicas que se llevan a cabo en el Senado.

Destacó que, con la designación de los nuevos magistrados electorales, se toma una de las decisiones más importantes para la democracia mexicana, ya que de la integración de la Sala Superior, como última instancia en calificar las 30 elecciones concurrentes y la presidencial de 2018, depende la certeza y legitimidad en los resultados electorales.

Durante el proceso de votación por cédula, se emitieron un total de 100 votos y se anunció que en tres cedulas todo se votó en contra. 

Los resultados de la votación para elegir a los magistrados fueron los siguientes:

José Luis Vargas Valdez, 95 votos a favor, uno en contra y uno nulo; Mónica Aralí Soto Fregoso, 97 votos a favor; Felipe de la Mata Pizaña, 96 votos a favor y uno en contra; Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 96 votos a favor y uno en contra; Janine Madeline Otálora Malassis, 96 votos a favor y uno en contra; Indalfer Infante Gonzales, 88 votos a favor y para Ángel Zarazúa Martínez 9 votos a favor, ambos de la misma terna; y Reyes Rodríguez Mondragón, 97 votos a favor.

*Exhortan a mantener un estilo de vida saludable para reducir las tasas de mortalidad de las mujeres.

*Coahuila, Sonora y Nuevo León son las entidades con mayor número de fallecimientos por tumor maligno.

Durante la inauguración de la “Feria de la Salud” que se realiza en el Senado de la República, senadores integrantes de la Comisión de Salud coincidieron en que la reducción de los casos de cáncer de mama depende principalmente, de medidas preventivas y detección temprana de la enfermedad.

En el marco de la conmemoración del “Día Mundial contra el Cáncer de Mama”, el presidente de esa instancia legislativa, senador Salvador López Brito, dijo que se requiere personal capacitado para la detección oportuna porque en muchos casos, la falta de un diagnóstico certero hace que la enfermedad avance y no tenga cura.

“Está en nuestras manos proponer las mejores técnicas y personal capacitado para lograr que un diagnóstico oportuno se convierta en una buena calidad de vida para las pacientes”, afirmó.

Lamentó que en México se diagnostiquen 24 mil casos de cáncer de mama al año, de los cuales la mitad no son curables por detección tardía o errónea. La mortalidad por cáncer mamario se ha incrementado en 10.9 por ciento en los últimos años y representa el 11.34 por ciento de todos los casos de cáncer.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables, Lilia Merodio Reza, hizo un llamado a realizar campañas preventivas para reducir las muertes a causa del cáncer de mama que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, a partir de 2006 se convirtió en la primera causa de muerte en mujeres.

Refirió que en 2013 se registraron 5 mil 400 defunciones, y las entidades que presentaron las tasas más altas de mortalidad son: Coahuila, Sonora y Nuevo León. “Es alarmante el incremento de decesos en un 14 por ciento, es decir, fallecen 16 mujeres al día”.

Por ello, es necesaria una detección temprana y diagnóstico oportuno, pues el 60 por ciento de los casos son detectados en etapas avanzadas.

A su vez, la senadora Hilda Flores Escalera, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, resaltó la importancia de la prevención del cáncer de mama, que ha desplazado al cáncer cervicouterino como la primera causa de muerte por tumor maligno en la mujer en países en vías de desarrollo y la segunda en los desarrollados.

A nivel mundial, dijo, cada minuto una mujer muere a causa de esta enfermedad; en América Latina es la patología más frecuente con 152 mil 59 casos diagnosticados anualmente, y uno de cada cuatro casos de cáncer en mujeres es de mama.

Durante el simposio “Día Mundial del Cáncer de Mama”, que se realizó posterior a la inauguración de la Feria de la Salud, la senadora Flores Escalera señaló que en México es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumor maligno en la población de 20 años y más, por lo que se ha puesto en marcha un programa para prevenirlo, precisó.

El presidente de la Asociación Mexicana de Mastología A.C., Sinuhé Barroso Bravo, exhortó a mantener un estilo de vida saludable, ya que se ha tenido evidencia de su relación con la reducción de hasta 30 por ciento de nuevos casos de cáncer de mama.

Para ello, dijo, es necesario que las mujeres cuiden su alimentación para evitar obesidad y sobrepeso, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, aumentar el ejercicio y contar con una alimentación balanceada y baja en grasas.

 

          

   

 

 

 

 

 

 

      

 

Mujeres de Oro Sólido