LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (142)

*Podrá realizar actos de investigación técnica en cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Pleno del Senado aprobó con 77 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, un dictamen de reformas y adiciones a diversas leyes en materia ambiental, con lo que faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que actualice y haga eficaz el procedimiento de inspección  ambiental federal.

Además de otorgar más facultades a la Profepa, le permite incorporar al procedimiento administrativo las actuaciones realizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que se posibilite una efectiva actuación frente a las infracciones, daños y deterioros ambientales que se presentan en todo el país.

El dictamen incluye reformas y adiciones  a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la Ley General de Bienes Nacionales; a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General de Cambio Climático.

El senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, destacó que el trabajo de la Profepa “es de gran valor para proteger la vida silvestre, los recursos forestales, los ecosistemas costeros, las áreas naturales, la calidad del aire y el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de un ambiente sano.

Los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia, dijo el legislador, constituyen un elemento fundamental del sistema de impartición de justicia ambiental, de ahí la importancia de modernizarlos.

La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, Silvia Garza Galván, dijo que la Procuraduría sigue operando con reglas de procedimiento diseñadas en 1988, “que son claramente insuficientes para cumplir con el mandato de procuración de justicia en todas las áreas reguladas por la legislación ambiental federal”.

Sostuvo que las reformas representan un cambio sustancial, ya que establecen mayor seguridad jurídica para los actores involucrados en las acciones de inspección: autoridades, denunciantes, ciudadanos y empresas.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Marcela Guerra Castillo, advirtió que la biodiversidad y los recursos naturales se encuentran amenazados por actividades ilícitas, como la tala ilegal de árboles o el tráfico de flora y fauna silvestre.

Ello, agregó, hace importante tomar conciencia de la gravedad de los delitos ambientales y de la necesidad de fortalecer las acciones que persigan con decisión a quienes dañan y lastiman el medioambiente.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez manifestó que la reforma transformará las instituciones encargadas de inspeccionar las actividades ambientales, así se reacomodan las atribuciones y desaparecen las agencias que entraban en conflicto con cuanto a atribuciones de la Procuraduría.

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Fernando Mayans Canabal, dijo que la Profepa ha sido rebasada, porque es mayor el interés económico de las empresas, lo que deriva en corrupción e impunidad en deterioro ambiental.

Señala que se regularán no solo los actos de inspección, sino también los de vigilancia ambiental, los de verificación de resolutivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como los actos de investigación técnica, cuyo propósito es el de conducir la actuación de la Profepa hacia la investigación técnica y científica.

Propone crear un procedimiento de inspección federal único, derogando además las normas procedimentales que  se encuentran hoy dispersas en las diversas leyes ambientales federales, situación que ocasiona falta de certeza jurídica para los gobernados, dificultad en su aplicación por la autoridad y resta eficacia a las actuaciones de la Profepa.

El documento señala que este nuevo procedimiento ayudará a regular de manera más precisa los alcances del contenido de las actas de inspección, las facultades de coadyuvancia de los denunciantes populares, así como de todos los actos administrativos, incluyendo la resolución sancionatoria en la que se impondrá la obligación de reparación y compensación ambiental del daño.

Asimismo, la Asamblea aprobó una modificación al dictamen para que la Profepa y las autoridades administrativas facultadas para inspeccionar, garanticen a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el respeto de sus derechos, prerrogativas lingüísticas, usos y costumbres reconocidas por la Constitución.

De acuerdo con el cambio por el que se adiciona un séptimo párrafo al artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las autoridades agregarán en autos las constancias que acrediten que se dio cumplimiento con las obligaciones referidas en esta disposición.

Reunión de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado de la República, en relación a la situación en la que se encuentran los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, México y la Ciudad de México, derivada de los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre de 2017.

El Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las 320 personas hasta ahora reportadas como fallecidas.

Dando seguimiento a los acuerdos tomados por la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado de la República, el pasado miércoles 20 del presente, nos permitimos informar que recibimos los resultados de cuatro peritajes independientes que se realizaron a las instalaciones del Senado, y en virtud de que se concluye que hay condiciones de seguridad, informamos que con el propósito de normalizar la actividad legislativa, mañana lunes 25 de septiembre se llevará a cabo la primera sesión de la semana, con lo que se espera que este cuerpo legislativo regrese a sus actividades cotidianas.

Mañana iniciaremos el esfuerzo voluntario para conjuntar el Fondo de 50 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de vivienda. El destino de estos recursos será transparente y se aplicará a las familias en todos los estados afectados.

Asimismo, estamos poniendo en marcha las vías que nos permitan respaldar a nuestros compañeros de trabajo que fueron afectados en sus viviendas.

Los senadores de la República valoramos la labor heroica e incansable de miles de jóvenes, mujeres y hombres que se volcaron solidariamente para auxiliar a los afectados por este grave siniestro.

De la misma manera, apreciamos la incansable tarea de soldados, marinos, cuerpos policiacos, instituciones de protección civil y bomberos de los diversos órdenes de gobierno por su participación en las tareas de rescate.

En estos días también hemos sido testigos del apoyo ofrecido y brindado por la comunidad internacional, las organizaciones y diversos países hermanos, quienes han manifestado su solidaridad y apoyo con el pueblo de México, han enviado a nuestro país rescatistas expertos quienes ayudan todavía en las tareas de búsqueda de personas en los sitios siniestrados, así como a aquéllos que han realizado aportaciones económicas.

El Senado de la República seguirá sumando su esfuerzo al de otras instituciones del Estado mexicano, para que juntos, lo antes posible recuperemos, en unidad, la normalidad de la vida de todos los mexicanos.

·         Esta aportación trasciende la coyuntura de emergencia: Ernesto Cordero Arroyo.  

Los senadores integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República hicieron un amplio reconocimiento a mujeres y hombres que están removiendo escombros para salvar vidas. Anunciaron la creación de un fondo de reconstrucción de vivienda de 50 millones de pesos, que funcionará en coordinación con la Banca de Desarrollo.

El senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, dio lectura a los acuerdos alcanzados durante una reunión previa, en la cual precisaron que “este fideicomiso podría ser un fondo que garantice el otorgamiento de crédito para construcción de vivienda en condiciones muy favorables para las familias que más lo necesitan, y no necesariamente tiene la capacidad de acceder a créditos en buenas condiciones.

“Será un vehículo financiero diseñado con toda transparencia, donde habrá testigos sociales, y donde el comité técnico del fideicomiso donde se constituya este fondo, sea absolutamente transparente y con rendición de cuentas”, explicó el presidente de la Mesa Directiva.

Detalló que el instrumento financiero se compondrá de las aportaciones voluntarias de los senadores, trabajadores y las prerrogativas de los Grupos Parlamentarios que así lo decidan.

“La idea es que sea una aportación que trascienda la coyuntura de emergencia del día de hoy. Que sea un vehículo financiero que no sólo se dedique a construir vivienda, sino que potencie los recursos que se utilicen para construir vivienda”, señaló.

Los legisladores también informaron que en la cuenta de Banorte abierta la semana pasada para apoyar a los damnificados de Oaxaca y Chiapas, se tienen recabados un millón 150 mil pesos, más 600 mil pesos que se invirtieron en 25 toneladas de víveres que ya fueron entregados a la Cruz Roja Mexicana.

Además, dijo que las circunstancias obligan al Congreso de la Unión a enfrentar la discusión del Paquete Económico con responsabilidad; “el Estado mexicano necesita recursos para enfrentar la emergencia nacional que tenemos”, comentó.    

También se aprobó otorgar respaldo económico a los trabajadores del Senado que hayan sido afectados por el sismo; por lo que fue puesto en funcionamiento la línea directa de atención 5345-4003 y el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Sumado al luto nacional decretado, y en virtud de que la revisión de las instalaciones del Senado terminará esta semana, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política se reunirán el próximo domingo 24 de septiembre para conocer el peritaje final y reanudar las actividades a partir del próximo lunes. Se realizarán sesiones ordinarias los días 25, 26 y 28 de septiembre.

También se aprobó que la Junta de Coordinación Política será enlace y estará en coordinación continúa con las autoridades de protección civil.

El Senado hizo un amplio reconocimiento a la solidaridad de todos los mexicanos, al importante apoyo de las instituciones de protección civil, así como a los cuerpos policíacos federales, de los estados y de la Ciudad de México por el apoyo que han brindado ante este momento de emergencia.

Del mismo modo, reconoció el trabajo oportuno, responsable y profesional de periodistas y medios de comunicación por su labor informativa ante el desastre que se vive en este momento.

Los senadores manifestaron que México “es un gran país y los mexicanos mostramos nuestro valor, sensibilidad y amor por nuestros hermanos afectados”.

Estuvieron en la reunión la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Jucopo, y los coordinadores Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Manuel Bartlett Díaz, del PT; Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y  Carlos Puente Salas, del PVEM.

Asimismo, los senadores Graciela Ortiz González, Itzel Sarahí Ríos De La Mora y Miguel Romo Medina, del PRI; Lorena Cuéllar Cisneros, del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, y Roberto Figueroa, secretario general de Servicios Administrativos.

·         Se solicita integrar a dreamers a Red de Defensa Legal de los Consulados Mexicanos en ese país.

La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que preside la senadora Marcela Guerra Castillo, analizará un punto de acuerdo que plantea la realización de mesas de trabajo con el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos, a fin de generar un mecanismo de protección legal para los mexicanos beneficiados por el programa gubernamental Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA.

En el punto de acuerdo, presentado por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a establecer mesas de trabajo con el Departamento de Estado, a cargo de Rex Tillerson; y a la Mesa Directiva del Senado le solicita iniciar comunicaciones y mesas de trabajo con el Congreso.

Señala que según estimaciones del Gobierno norteamericano, al 31 de marzo de este año, aproximadamente 800 mil personas detentaban el estatuto DACA y cerca de 200 mil personas lo obtuvieron en 2016 por primera vez o por renovación.

Los jóvenes, mejor conocidos como dreamers, podrían perder dicha protección, afectando al menos a 622 mil 170 indocumentados nacidos en México; siendo los mexicanos quienes representan el 79 % de los 787 mil 580 beneficiarios de DACA.

Además, planteó hacer un llamado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que cree un fondo económico para becar a los jóvenes estudiantes mexicanos que radican en Estados Unidos y puedan ser susceptibles a los cambios generados por la cancelación del programa.

El  punto de acuerdo propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores contrate a dreamers egresados de la licenciatura en Derecho, para integrarlos a la Red de Defensa Legal de los Consulados Mexicanos en Estados Unidos, a fin de ejercer una efectiva defensa de los jóvenes afectados, y todas aquellas medidas gubernamentales que afecten los derechos de mexicanos en esa nación.

Adicionalmente, solicita a la Red Consular de México en Estados Unidos sobre el número existente de repatriados en este proceso xenófobo por parte del Gobierno estadounidense, así como del seguimiento de los procesos de deportación iniciados a la fecha.

El Gobierno Federal a través de sus distintas dependencias debe realizar una estrategia de integración a la actividad productiva nacional para aquellas personas que han sido repatriadas., propone el Punto de Acuerdo del senador Pedraza Chávez.

·         Senadoras y senadores refrendan su solidaridad con los miles de mexicanos que enfrentan esta emergencia.

El Senado de la República entregó a la Cruz Roja Mexicana 25 toneladas de víveres para apoyar a las familias de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, que fueron afectadas por el sismo de 8.2 grados que se registró el pasado 7 de septiembre.

A nombre de la Cámara Alta, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, secretaria de la Mesa Directiva, entregó al director general de la Cruz Roja Mexicana, José Antonio Monroy Zermeño, la ayuda humanitaria, equivalente a alrededor de dos mil 383 despensas, a fin de que esta institución la haga llegar a los damnificados.

La entrega de los víveres se llevó a cabo en el Centro de Acopio, ubicado en la avenida Homero, de la colonia Los Morales, de la Ciudad de México, y forma parte de las acciones que implementó este órgano del Congreso de la Unión para atender la emergencia que enfrentan miles de mexicanos.

Acompañaron a la senadora Cuellar Cisneros,  Marcos Rodríguez Nieto y Gabriel Padrón Hernández, coordinador y coordinador técnico, respectivamente, de la Dirección General de Recursos Materiales de la Cámara de Senadores.

Al refrendar su solidaridad con los mexicanos afectados, el  Senado de la República  garantiza la transparencia, a través de la Cruz Roja Mexicana,  el destino de los recursos que recolectó para ayudar a resarcir los daños por el terremoto, considerado como el movimiento telúrico de mayor intensidad del último siglo.

La bancada del PAN en el Senado de la República, presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer a los Consejeros Independientes de PEMEX y al Auditor designado por el Consejo de Administración a fin de informar bajo protesta de decir verdad, cual ha sido su desempeño desde su nombramiento, ante diversos temas de posible corrupción por la asignación indebida de contratos a la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción.

Asimismo, por el uso indebido de recursos públicos y otros delitos que pudieron haber sido cometidos durante en esta administración bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, destacaron los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada.

También. solicitaron a la Secretaría de Energía se instruya al Órgano de Fiscalización del Consejo de Pemex ampliar las investigaciones de Odebrecht a los funcionarios y ex funcionarios en la gestión de Emilio Lozoya.

Entre los ex funcionarios resaltan Froylán Gracia García, ex Coordinador Ejecutivo y Miguel Tame Domínguez, ex director de Pemex Refinación, quienes presuntamente favorecieron a empresas mediante la asignación de contratos millonarios, entre ellas Construcciones Industriales Tapia, señalada en la investigación del caso Odebrecht.

La propuesta añade que además  deberán de responder por la fallida adquisición de dos plantas para producir fertilizantes, el boicot del Sindicato a la participación de trasporte de particulares en la distribución de gasolinas.

Los senadores del PAN plantearon citar a comparecer al Presidente del Consejo de Administración de Pemex y al Titular de la Secretaría de Energía, a fin de informar bajo protesta de decir verdad, sus acciones como Presidente del Consejo de Administración de Pemex ante sendas acusaciones públicas por el posible desvío de recursos del Estado durante la administración de Emilio Lozoya Austin al frente de PEMEX.

Además,  exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que informe a esta soberanía cuales son las auditorias en proceso sobre la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de PEMEX y si es el caso que deberá informar de los avances y hallazgos; si no es así se le exhorta a iniciar las auditorías| a la brevedad.

Argumentaron que denuncias recientes en México y en Brasil señalan que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, recibió sobornos por al menos 10 millones de dólares a cambio de beneficiar a la empresa Odebrecht para obtener contratos, lo anterior de acuerdo a declaraciones realizadas por altos ex ejecutivos de la empresa ante la justicia brasileña.

Hay un cumulo de información en los medios que revela que la Administración del Señor Lozoya Austin al frente de PEMEX durante el periodo diciembre 2012 - febrero 2016 estuvo plagada de irregularidades.

“Al respecto conviene señalar que de los diversos señalamientos realizados por organizaciones civiles y medios de comunicación  varios asuntos han sido denunciado en desde el Senado de la República, que entre otros destacan: la fallida adquisición de dos plantas de fertilizantes, la falta de control interno en la institución, el incremento notable en el robo de combustible, la asignación de contratos a la empresa Odebrecht, Ingeniería y Construcción, el posible uso ilegal de recursos de la empresa a través del uso del helicóptero de la empresa, y así, un sinfín de irregularidades señaladas y sin respuesta satisfactoria”.

Agregaron en el acuerdo que “no se tiene conocimiento de alguna acción, denuncia, investigación que sugiera que los Consejeros Independientes, o el Auditor que fue designado por el Consejo de Administración, hayan iniciado auditoría alguna a la Administración de Lozoya Austin, lo cual resulta escandaloso y lamentable, ¿Que están haciendo los Consejeros Independientes?, ¿Qué hace el Auditor interno de Pemex? ¿Para qué está el Presidente del Consejo de Administración?

*El principal reto, ofrecer a los mexicanos un diagnóstico oportuno y tratamiento para sus diferentes etapas.

*Es un problema de salud pública que va en aumento y representa la primera causa de muerte entre los hombres.

El Senado de la República, la Secretaría de Salud, organizaciones civiles, académicos y asociaciones de médicos consolidaron una alianza para hacer frente al cáncer de próstata, un padecimiento que se ha incrementado y que se considera la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas en México.

En el foro “Propuestas para una Estrategia Nacional contra el Cáncer de Próstata”, el presidente de la Comisión de Salud, Salvador López Brito, refirió que este esfuerzo busca establecer una serie de acciones de prevención, detección temprana y tratamiento de dicha enfermedad.

López Brito agregó que el padecimiento “ha tenido un incremento de casos del 25 por ciento entre los años 2004 y 2013, lo que permite calcular que en el país uno de cada siete hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida”.

Dijo que es la primera causa de muerte por cáncer entre los hombres, con un estimado de un 16 por ciento del total de decesos; es decir, en México, dos de cada 10 casos terminan en el fallecimiento.

El senador del Grupo Parlamentario del PAN destacó que en este escenario, este padecimiento debe ser considerado como un tema primordial en la agenda pública de salud, así como profundizar la perspectiva de género en todas las acciones que se lleven a cabo en esta neoplasia, promover una homologación normativa, que el proyecto NOM-048SSA2-2016 tenga vigencia.

Se requieren, añadió, guías de práctica clínica, cuadros básicos de medicamentos y protocolos de atención homologados, así como incluir el control y tratamiento del cáncer de próstata en el Sistema Nacional de Salud, campañas de promoción en torno al problema y capacitación de profesionales de la salud.

Fernando Meneses, asesor de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaria de Salud, alertó que la tendencia para los siguientes años del cáncer de próstata “va en un proceso ascendente y lo más grave es que los casos siguen siendo detectados y tratados, en las instituciones de salud, en estados avanzados”.

Consideró indispensable reforzar el primer nivel de atención para poder hacer la detección oportuna del problema. “Si logramos seguir adelante con este tipo de esfuerzos vamos a poder contener la cantidad de pacientes que asisten con los urólogos en estado avanzados”.

Hugo Manzanilla García, del Consejo Nacional Mexicano de Urología, afirmó que siete de cada 10 mexicanos que son diagnosticados, por primera ocasión con esta enfermedad, se encuentran en una etapa localmente avanzada o avanzada, esto significa que esas personas “muy probablemente van a morir por la enfermedad”.

Ése, asentó, es el principal reto en México: ofrecer a los mexicanos un diagnóstico oportuno y tratamiento para sus diferentes etapas.

·         Abrió cuenta bancaria para donativos en apoyo a las familias afectadas en las entidades siniestradas.

En apoyo a nuestros hermanos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, invitó a la población en general a hacer sus donativos a la cuenta  0669006667 de Banorte en apoyo a las familias afectadas por el sismo registrado el pasado jueves.

Con las aportaciones en la cuenta bancaria, se  contribuirá a resarcir algunos daños y apoyar a las familias que perdieron su patrimonio causado por el sismo de 8.2 grados Richter que sacudió la zona sur y centro del país, considerado por las autoridades del Servicio Sismológico Nacional (SSN), como el movimiento telúrico de mayor intensidad en el último siglo.

En la convocatoria a la población en general a sumarse a este importante respaldo humanitario como una muestra más de solidaridad con nuestros hermanos afectados, el senador Cordero Arroyo dijo que las donaciones llegarán a las zonas devastadas: la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; Chiapas y Tabasco, donde se localiza el mayor número de daños y decesos.

De esta manera, la Cámara Alta se suma a la acciones de solidaridad y muestras de apoyo para quienes perdieron algún integrante de su familia o vieron afectado su patrimonio o integridad física

El número de cuenta 0669006667 de Banorte, también está disponible en la página de internet www.senado.gob.mx

·         “Estamos en la mejor disposición de un diálogo institucional, constructivo, seguramente crítico de este Paquete”: senador Ernesto Cordero.

·         No se contempla la creación o incremento de impuestos para el próximo año, dijo el secretario José Antonio Meade Kuribreña.

·         Senadores y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico guardan minuto de silencio por las víctimas del terremoto.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, recibió de manos del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, la propuesta de Paquete Económico 2018, con lo que inicia el proceso de análisis por parte de las y los senadores.

A solicitud de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ana Lilia Herrera Anzaldo, senadores y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico guardaron un minuto de silencio por las víctimas del terremoto.

El senador Ernesto Cordero agradeció la presencia del titular del ramo, porque es la primera vez que el Secretario de Hacienda y Crédito Público asiste al Senado para entregar los criterios generales de política económica, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos que componen el Paquete Económico del siguiente año. 

El senador Ernesto Cordero afirmó que “estamos en la mejor disposición de un diálogo institucional, constructivo, seguramente crítico de este Paquete”.

Manifestó que el material ayudará a avanzar en el conocimiento de los asuntos que le corresponde revisar al Senado, que es la Ley de Ingresos y se informará de la recepción del Paquete Económico a los legisladores en la sesión del próximo martes 12 de septiembre.

El secretario José Antonio Meade dijo que el Senado jugará un papel fundamental, porque de su análisis y aprobación del Paquete dependerá el desempeño que tengan las finanzas públicas el próximo año.

Detalló que se busca abonar en materia de estabilidad. Dijo que no se incluye una miscelánea fiscal, ni tampoco modificación al régimen tributario y ningún impuesto nuevo. “Tiene un sentido social”.

Precisó que se considera un crecimiento de entre 2 y 2.6 por ciento; y se cumplirá con las metas fiscales, ya que el Senado autorizó requerimientos financieros del sector público de 2.9 por ciento, y se cumplirá sin remanentes; “con remanentes, el déficit será mejor, de 1.4 por ciento”, dijo.

Para 2018 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público espera un rango de crecimiento de la economía de entre 2 y 3 por ciento; “lo esperamos sobre la base de una economía más diversificada; es la primera vez en dos décadas que la economía mexicana acredita 30 trimestres anuales de crecimiento consecutivo”, explicó el funcionario federal.

En el paquete se plantea un precio para el petróleo de 46 dólares por barril, y un precio promedio para este año de 43 dólares; dijo que la evolución de deuda e ingresos da un techo de gasto por 5 mil 236.4 miles de millones de pesos, “soportado en una buena dinámica de nuestros ingresos, que esperamos alcancen 4 mil 735 miles de millones de pesos”.

El secretario Meade Kuribreña, dijo que se están usando los remanentes para mejorar el balance público, lo que permitirá que al cierre del año se tenga un menor porcentaje de deuda a Producto Interno Bruto (PIB), de la que se presentó en el final de 2016 (50.1 por ciento), para este año esperan 48 por ciento.

“Por primera vez, después de muchos años, veremos que la deuda porcentaje del PIB cae, lo que esperamos se repita también en el 2018; habremos de observar dos años consecutivos de una deuda que empieza a caer como porcentaje del PIB, de un superávit primario que alcanzaremos este año, por primera vez, desde el 2008, y que estamos planteando volverlo a tener en el 2018”, refirió.

La entrega se realizó dando cumplimiento al ordenamiento constitucional y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece la presentación del Paquete Económico al Congreso de la Unión.

En términos del artículo 74 Constitucional, fracción IV en relación con el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se expone el procedimiento legislativo en materia de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación, que empieza el 8 de septiembre del año anterior al inicio del ejercicio fiscal.

Para recibir el Paquete Económico, el senador Ernesto Cordero estuvo acompañado de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ana Lilia Herrera Anzaldo, los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Manuel Bartlett Díaz, del PT; Fernando Mayans Canabal, del PRD; el vicepresidente Luis Sánchez Jiménez y el secretario Gerardo Flores Ramírez, del PVEM.

Además, la mesa directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el presidente Francisco Yunes Zorrilla y los secretarios Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Armando Melgar Bravo y el senador integrante, Manuel Cavazos Lerma.

Al secretario de hacienda lo acompañaron: Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público; Fernando Galindo Favela, Subsecretario de Egresos; Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos; Max Alberto Diener Salas, procurador fiscal de la Federación; Luis Madrazo Lajous, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública; Ignacio Vázquez Chavolla, oficial Mayor; Emilio Suárez Licona, titular de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP; y Rubén Guillermo Lecona Morales, subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta.

·         Va en contra de derechos humanos de migrantes indocumentados.

·         Aplicar recurso "hábeas corpus" contra Orden Ejecutiva de Donald Trump.

El Senado de la República cuestionó la política migratoria que mantiene el gobierno de Estados Unidos y manifestó su preocupación por la muerte de los migrantes indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento de cruzar al vecino país del norte.

El pleno hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, para que fortalezcan la atención e información sobre los riesgos que enfrentan las personas migrantes indocumentadas en su intento por atravesar la frontera para llegar  a los Estados Unidos.

Al fundamentar el dictamen, la senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte,  dijo que la muerte de migrantes indocumentados en la frontera es preocupante y debe ser atendida.

A ello, dijo, se suma la política migratoria que mantiene el gobierno de Estados Unidos, ya que continúa con su discurso discriminatorio y xenófobo hacia los migrantes mexicanos, recientemente con la eliminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en la que se acogen, principalmente, mexicanos que viven en esa nación.

Refirió que ante la situación de deportaciones en curso, la cual puede agravarse, vale la pena utilizar todos los recursos legales posibles para la defensa de los mexicanos, y recordó que el Senado a través de la Operación Monarca, gestionó con el Presidente de la República, asignar 50 millones de dólares a la red consular para la protección de los connacionales.

Estados Unidos va en contra de derechos humanos con su política migratoria

El Senado de la República también se unió a las expresiones de rechazo que se han suscitado a escala internacional por la política migratoria del actual gobierno de Estados Unidos, por atentar contra los derechos humanos de los migrantes.

Las senadoras y los senadores exhortaron al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), promueva y genere las condiciones para recibir al mayor número de solicitantes de refugio e integrarlos a la sociedad mexicana.

El dictamen aprobado en votación económica, de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, detalla que en 2016, las autoridades mexicanas recibieron ocho mil 871 solicitudes de asilo, cifra que se espera aumente a 22 mil este año, a partir de las cifras registradas en los primeros dos meses, lo que supondría un aumento del 250 por ciento.

De acuerdo a información de la Comar, de 2014 a diciembre de 2016, se recibieron 14 mil 342 solicitudes de refugio, de las cuales fueron reconocidos con calidad de refugiados 4 mil 281, es decir 29.85 por ciento. Además, 90 por ciento de los solicitantes de asilo que llegan a México provienen del Triángulo Norte de

Centroamérica.

Aplicar recurso hábeas corpus contra Orden Ejecutiva de Trump

El Pleno del Senado, también pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores mandatar a las áreas de Protección de los 50 Consulados en Estados Unidos, que presenten a nombre y a solicitud de los connacionales ante las Cortes de Distrito Federales, el recurso de hábeas corpus, en contra de la Orden Ejecutiva para la Seguridad Fronteriza y la mejor aplicación de las Leyes Migratorias, emitida por el Presidente de Estados Unidos el pasado 25 de enero, a fin de evitar la violación de sus derechos humanos por la aplicación de dicha Orden.

El recurso hábeas corpus, es un pilar para preservar la libertad, la justicia y la democracia en el sistema jurídico de los Estados Unidos, cuya finalidad es revisar la legalidad de una actuación realizada por una autoridad Estatal o Federal, como una detención, casos de inmigración o deportación, detenciones militares, procedimientos judiciales ante tribunales militares, entre otros.

·         Legisladores piden estrategia para facilitar el retorno de nuestros connacionales, su plena integración y desarrollo en México.

El Senado de la República levantó la voz en defensa de los jóvenes mexicanos que radican en Estados Unidos, ante la decisión del gobierno de ese país de dar por terminado el Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que durante cinco años ha reconocido el valor de sus aportaciones como personas, estudiantes y contribuyentes.

En un pronunciamiento al que le dio lectura el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, la Cámara de Senadores hizo un llamado a sus contrapartes en el Congreso estadounidense para que éste sea el momento que conduzca hacia una verdadera solución legislativa que proteja a este importante sector de la población.

Además, exhortó al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la embajada de México en Washington y de las 50 representaciones consulares en los Estados Unidos de América, se redoblen los esfuerzos de asistencia y protección consular a favor de nuestros jóvenes.

El Pleno también solicitó a la Secretaría de Gobernación a que articule la estrategia necesaria para facilitar el retorno de nuestros connacionales, su plena integración y desarrollo en México.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Marcela Guerra Castillo, explicó que este programa fue implementado en 2012 por la administración del ex presidente Barack Obama, a fin evitar que miles de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños fueran deportados por el Departamento de Seguridad Interna.

Este martes, agregó, se anunció el fin del programa: “lamentamos esta decisión por la incertidumbre y temor que implica en los jóvenes que no decidieron ser trasladados a otros países y que, por lo tanto, no son culpables de ninguna falta ni delito”.

Por la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Gabriela Cuevas Barron advirtió que el gobierno actual de la Unión Americana ha decidido terminar con los sueños de 690 mil jóvenes mexicanos que se encuentran estudiando en Estados Unidos, de los cuáles el 97 por ciento también trabaja y 5 por ciento ya emprendieron su propio negocio.

“Esta decisión no solamente es cruel y discriminatoria, sino que también evidencia que Donald Trump no solamente es un mal presidente para nuestra región, para el mundo y, sobre todo, para los Estados Unidos, pues termina con el posible crecimiento de 433.4 mil millones de dólares en el PIB estadounidense en los próximos 10 años”.

En su turno, el senador Benjamín Robles Montoya, del PT, dijo que preocupa de verdad el nivel “de insensibilidad y cobardía” al que ha llegado el gobierno de Estados Unidos, pues no se trata solamente de una medida administrativa, sino de una acción que afecta a los seres humanos sin etiquetas.

Consideró que México no sólo debe condenar este hecho, sino liderar la condena mundial y a la comunidad internacional, que debe unirse en estas horas difíciles; que los gobiernos y organizaciones se pronuncien con firmeza ante este atentado humanitario.

Por el PRD, la senadora Martha Palafox Gutiérrez comentó que las acciones de Trump fomentarán las violaciones a los derechos humanos de miles de mexicanos que verán truncados, no sólo sus sueños de una vida mejor, sino que tendrán que abandonar el país donde han llevado la mayor parte de su existencia.

Condenó este acto impulsado por el Presidente de los Estados Unidos, a quien consideró xenófobo, fascista y “de una crueldad enfermiza”; además, demandó al gobierno mexicano que se otorgue toda la protección necesaria a quienes se verán afectados por la eliminación del DACA.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM, señaló que la postura de la Casa Blanca está relacionada con la amenaza que recibió el presidente Donald Trump de varios estados de la Unión Americana acerca de que si no daba por terminado el programa DACA iniciarían un litigio al respecto.

Afirma que existen varios instrumentos legislativos que se encuentran en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que pueden ayudar a los niños y jóvenes denominados “dreamers”.

El senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo parlamentario del PT, expresó que le parece una medida ventajosa y muy lamentable, la suspensión de DACA por parte del presidente Trump, pero ante la falta de respuesta de un gobierno que se ha visto débil y se envalentona hace este tipo de medidas.

  

Mencionó que para otros países sería un gran regalo recibir a jóvenes con esta preparación que hablan inglés y que tienen una carrera y dijo puede ser este un símbolo para que se rescate a una generación de jóvenes en México.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo, también del Partido del Trabajo, comentó que, con esta acción, el presidente de Estados Unidos está “midiendo el temple de México”, y dependiendo de la reacción, el resultado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) será similar.

·         Senadores reciben de organizaciones agroalimentarias propuestas para defender al campo en el TLCAN.

·         En el sector social y productivo del país “no hay temor” a la cancelación del TLCAN: Salvador Aguayo García.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Javier Cordero Arroyo, señaló que es fundamental la presencia del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable “porque nos permite conocer de primera mano los temas que les inquietan”, a fin de que esta Cámara sea sensible a esas preocupaciones y tome una decisión sustentada.

Cordero Arroyo consideró que el sector agropecuario ha sido favorecido con el TLCAN, el país “se ha venido transformando gracias a la apertura comercial y a la posibilidad de acceder al mercado de Norteamérica, con la facilidad con la que lo hace el Tratado de Libre Comercio”.

Indicó que para el Senado de la República y las secretarías de Agricultura y Economía, el sector agropecuario es fundamental, al que hay que proteger y desarrollar “para ser puntal del desarrollo del país”.

En la reunión de trabajo, convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, el senador Ernesto Cordero Arroyo, resaltó la relevancia de conocer las inquietudes del sector primario mexicano respecto a la modernización del TLCAN, y de establecer el compromiso de interactuar constantemente con el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

La senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, afirmó que el sector agropecuario es de especial interés en la renegociación del Tratado, pues en las últimas décadas México “ha navegado” con éxito en su tránsito hacia una economía abierta.

Precisó que México se ha convertido en el doceavo productor de alimentos a nivel mundial, tan sólo en 2015 las exportaciones totales del sector fueron de 26 mil 700 millones de dólares, cifra mayor a la que el país recibe en divisas por concepto de petróleo, de turismo, e incluso de remesas.

Refirió que con Estados Unidos pasamos de comerciar 4 mil millones de dólares en productos agrícolas en 1994, a 24 mil millones el año pasado, lo que representa un crecimiento del 600 por ciento en 23 años de vigencia del Tratado.

Destacó que el acompañamiento que el Senado de la República está haciendo a las negociaciones del Tratado está orientado a defender el interés nacional, a renunciar a cualquier retroceso y a maximizar los beneficios a partir de lo que puede funcionar mejor.

El senador Héctor David Flores Ávalos, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, consideró que el campo es el sector donde ha habido una mayor deuda en términos de reflejar los beneficios a los bolsillos de los pequeños productores, por ello, es necesario hacer una revisión puntual de programas, apoyos y normas.

En tanto, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, dijo que la exigencia de los productores mexicanos es que se retire el sector agropecuario del TLCAN, pues el campo mexicano está devastado. Además, dijo, la renegociación de este acuerdo comercial debe ser consultado al pueblo de México, porque se trata de un tema de trascendencia nacional.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, comentó que hay millones de familias que dependen de los ingresos agropecuarios, lo que le imprime una connotación social muy importante en las discusiones comerciales que tiene que ver con este tema.

El senador del PRI, José Ascención Orihuela Bárcenas, destacó que la comercialización de diversos productos como la leche, carne de cerdo y granos ha crecido desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio, a pesar de las condiciones difíciles que enfrentan los productores mexicanos.

Senadores de la República recibieron las propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, para impulsar el fortalecimiento del sector agroalimentario, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El maestro José Manuel Luna Calderón, director general de la Subsecretaría de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía, señaló que ante el resurgimiento del proteccionismo, se advierte el riesgo de un repliegue del multilateralismo, que tendría efectos adversos para la economía mundial y para economías abiertas como la mexicana.

La actual administración, sostuvo, ha sido enfática en que México no cierra sus mercados ante la competencia, sino que se prepara para enfrentarla mediante su actual red de tratados de libre comercio, acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones y la implementación de reformas estructurales para ser más competitivos.

Salvador Aguayo García, coordinador de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, dijo que la modernización del TLCAN es una oportunidad para México, pero, su posible cancelación sería “una gran oportunidad” porque permitiría ver al interior del país e impulsar políticas públicas eficientes para reactivar la actividad productiva.

Manifestó que en el sector social y productivo del país “no hay temor” a la cancelación del Tratado, pues, con ello, se fortalecería nuestra actividad productiva y al pequeño productor y campesino.

Refirió que en México hay 5 millones de hectáreas abandonadas, por lo que pidió al Poder Legislativo impulsar políticas públicas eficientes para reactivar la actividad productiva interna. Dejó en claro que el gobierno federal y el Congreso deben contar con el aval del sector social y productivo del país en tema del TLCAN.

A su vez, Esteban Espinoza López, presidente de la Organización Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano, expuso que las grandes diferencias que existen entre los productores mexicanos y sus contrapartes no fueron zanjadas, ya que se careció del apoyo gubernamental y el resultado fue desastroso en el medio rural.

En vez de disminuir la pobreza se incrementó, se agrandó la dependencia alimentaria, el rompimiento del tejido social creció tanto que ante la falta de oportunidades nos convertimos en exportadores de mano de obra, aumentó la desesperanza entre los jóvenes, quienes desgraciadamente han encontrado en el crimen organizado una falsa salida a sus aspiraciones de progreso.

Consideró que si se hubieran cobrado los aranceles durante el tiempo que se dio para igualar las condiciones del país con los vecinos del norte, ese dinero hubiera servido para potenciar el desarrollo del campo y renegociar el Tratado en mejores condiciones.

Víctor Manuel Abarca Salas, del Sistema Producto Apícola, alertó que “poderosas industrias norteamericanas”, como los productores de semillas transgénicas, buscan presionar a nuestro país para que utilice este tipo de productos, lo que representa una amenaza para los cultivos originarios y para las poblaciones de abejas.

En su turno, Rossana Teruggi Pereda, titular de la Red Nacional de Productoras y Empresarias Sociales, indicó que únicamente 10 por ciento de los apoyos, otorgados a los pequeños productores, son para mujeres, por lo que propuso que se incorporen estas medidas en el TLCAN a efecto de que el gobierno mexicano fortalezca la ayuda a este sector de la población.

COMUNICADO:

Sobre las reacciones que se han suscitado en relación con nuestra decisión de postular a Ernesto Cordero como Presidente y concurrir con otras fuerzas políticas a la elección de la Mesa Directiva del Senado del República, expresamos lo siguiente:

1.     Es falso que tal decisión obedeciera a una transacción o acuerdo para aprobar el pase directo del actual Procurador, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General de la República. Nuestra posición es absolutamente clara en el tema: votaremos en contra de la minuta de la Cámara de Diputados que pone en antesala la conversión de la actual procuraduría. La “minuta Anaya” es deficiente y disfuncional. Significa un retroceso para el fortalecimiento de la procuración de justicia en el país. No avalaremos el error que cometieron los diputados panistas, encabezados por Ricardo Anaya, en la legislatura anterior.

2.     Lejos de orquestar una “maniobra a espaldas del partido”, decidimos no ceder al chantaje en la elección de la Mesa Directiva del Senado. En efecto, Ricardo Anaya ordenó a sus senadores que boicotearan la sesión de instalación del Senado, tal y como sigue aconteciendo en la Cámara de Diputados. Junto con 82 senadores de cuatro fuerzas parlamentarias, optamos por dar estabilidad al Senado y permitir que funcione con normalidad. Ricardo Anaya apostó por una crisis constitucional que no tenía remedio visible y que traería consecuencias funestas para el país. Nosotros actuamos con responsabilidad frente a una estrategia que buscaba el colapso de las instituciones para sacar tajada, porque nosotros aprendimos en el PAN que nadie tiene el derecho de mandar al diablo a las instituciones.

3.     El supuesto albazo que se fraguaba en el Senado para convertir al Procurador Cervantes en Fiscal General es una cortina de humo que inventó Ricardo Anaya para distraer la atención sobre todo lo que tiene que explicar sobre su patrimonio. Por casi 3 años, desde que Anaya promovió y facilitó la votación del pase directo, en ese entonces en beneficio del Procurador Murillo Karam, ese tema ha permanecido sin dictaminar en la Comisión de Justicia del Senado. Surgió a la opinión pública como un asunto inminente, de forma sorpresiva, justamente cuando Ricardo Anaya se inventó su teoría del complot para escapar del escrutinio público.

4.     Lo que sucedió en la sesión de instalación es el reflejo crudo de la división que vive Acción Nacional. El problema central de nuestra convivencia es la dualidad, dirigente y candidato, de Ricardo Anaya. En su intento por capturar y apropiarse de todo, desde los promocionales de radio y televisión hasta las candidaturas, de los presupuestos y las presidencias de las cámaras legislativas, ha llevado al partido a una tensión insostenible. Vivimos la mayor crisis interna en la historia reciente del partido. Y sólo hay un responsable: Ricardo Anaya. Por eso exigimos que se separe inmediatamente del partido, antes de que sea demasiado tarde.

5.     Enfrentaremos el proceso de expulsión con dignidad y hasta las últimas consecuencias. Exigimos un juicio justo, público, imparcial, en el que se respeten nuestras garantías y derechos. Desconoceremos la autoridad y jurisdicción de los órganos a modo del autócrata dirigente. Iremos hasta el Tribunal Electoral si es necesario. Anaya no decide quién es panista y quién no.

Firman los senadores del Partido Acción Nacional

Sen. Ernesto Cordero Arroyo

Sen. Roberto Gil Zuarth

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury

Sen. Javier Lozano Alarcón

Sen. Salvador Vega Casillas

·         Legisladores y especialistas abordaron en seminario temas de migración, relación bilateral y seguridad regional.

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República realizó el seminario “Relación México-EE.UU: viejos desafíos, nueva realidad”, donde legisladores y especialistas abordaron los temas de migración, la relación bilateral, el TLCAN y su renegociación, y seguridad regional.

En su intervención, el senador Benjamín Robles Montoya, condenó las redadas ilegales que efectúa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, pues se trata de una operación de carácter racial, que no tiene nada que ver con la justicia ni la protección territorial.

El legislador del Grupo Parlamentario del PT denunció que en las redadas tratan con “una indignidad tremenda” a ciudadanos mexicanos y pretenden de manera contundente sembrar miedo y aminorar a nuestros connacionales en ese territorio.

Los mexicanos, apuntó, no podemos intentar ninguna diplomacia neutra ni pretendidamente elocuente, porque hay que ser directo en estas circunstancias; exigimos respeto y dignidad, subrayó.

Por su parte, el académico perteneciente a Rice University, Tony Payan, dijo que no se debe esperar que la Unión Americana acepte llegar a un acuerdo en materia laboral y migratorio en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues no existen las condiciones políticas en ese país para ello.

Indicó que en el actual TLC, se encuentra un capítulo que habla de fuerza laboral de altas habilidades, el cual es realmente excepcional, pero que no se va ampliar, por lo que México debe esperar expulsiones masivas de millones de mexicanos y poco acceso al trabajo.

Dijo que EU considera al tema migratorio como un asunto doméstico, de ahí, que no esté abierto a negociar la migración con ningún otro país.

En el marco de este seminario, especialistas e investigadores destacaron como un elemento positivo que el Senado de la República sea acompañante en el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque en la estrategia negociación los contrapesos son clave para avalar o no el resultado de este acuerdo.

Beatriz Leycegui, de SAI Consultores, señaló que es un momento crucial que, luego de 23 años, México tenga la oportunidad, en un contexto trilateral, de sentarse a negociar y hacer acuerdos formales con Estados Unidos, obligatorios bajo un documento legal.

La especialista señaló que en este momento el sector privado tiene que hacer sus propuestas y una revisión integral de cuáles son los principales obstáculos que existen en la relación con Estados Unidos y Canadá.

En su turno, Carlos Heredia, catedrático del CIDE, indicó que resulta "grave" que la voz de los trabajadores mexicanos se encuentre ausente durante la renegociación del TLC.

Los temas sensibles para México tienen que ver con la reducción de la ambición del tratado, ir para atrás en función de los acuerdos que hemos logrado, alertó.

Señaló que emprender una renegociación con el esquema mental de 1992 y “una falta de respeto a los derechos laborales”, es lo que ha provocado la ausencia del sector laboral. “Es fundamental incluirlo”.

Participaron en este seminario Jayesh Rathod, de American University; Tony Payan, de Rice University; Gustavo Mohar; Raúl Hinojosa-Ojeda, de la UCLA; Emilio Kourí, de la University of Chicago; Rafael Fernández de Castro, Pamela K. Starr, Olga Pellicer.

Además, Beatriz Leycegui, de SAI Consultores; Luz María de la Mora y Carlos Heredia, del CIDE; Gustavo Vega, de El Colegio de México; Álvaro Santos; Raúl Benítez Manaut  y Alberto Diaz-Cayeros.

·         Desde el Legislativo es posible fomentar la inclusión de la información y resultado de las discusiones generadas en instancias académicas y el INEGI a los esfuerzos de política pública de desarrollo social.

·         Existe la necesidad de diseñar políticas enfocadas a fortalecer el acceso a la justicia social y revertir la desigualdad de oportunidades.

La movilidad social no ha sido materia central de ninguna iniciativa presentada en el Congreso de la Unión durante las legislaturas LXII y LXIII; sólo existen algunas que se relacionan de forma indirecta, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

En su investigación “Panorama general y alternativas legislativas para fomentar la movilidad social en México”, elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo, refiere que es tiempo para que el Congreso impulse un plan nacional contra la desigualdad.

A partir de la integración de propuestas de los Grupos Parlamentarios y la sociedad civil, se podría integrar un diagnóstico ordenado y profundo sobre las principales causas de la desigualdad en México, para comprender el impacto real que ésta tiene en la población.

Aunque existe la necesidad de diseñar políticas enfocadas a fortalecer el acceso a la justicia social y revertir la desigualdad de oportunidades, aún está pendiente la articulación de la información que ofrecen estos instrumentos en una agenda social de mediano y largo plazos.

En el documento se señala que México ya cuenta con diagnósticos variados y de diferente alcance, en lo que han sido considerados los factores asociados a los ámbitos educativo y ocupacional, de género, de acumulación de riqueza e, incluso, respecto al tono de piel.

Un plan nacional contra la desigualdad podría establecer objetivos claros y medibles de reducción de las desigualdades, que permita evaluar si las medidas puestas en marcha tienen resultados positivos.

Permitiría aprovechar alternativas para conseguir crecimiento con austeridad; reconocer que la austeridad, por sí misma, no genera crecimiento ni confianza; e impulsar la movilidad social igualadora de oportunidades.

El IBD precisa que se deben fortalecer los criterios de distribución del gasto federal, del gasto descentralizado y del gasto municipal, introduciendo criterios de asignación del gasto según la reducción porcentual de las carencias en desarrollo humano.

También mediante la redistribución del gasto público a lo largo del ciclo de vida, con el propósito de corregir el nivel y la focalización de las transferencias al ingreso en los primeros años de vida; y tratar de reducir la deserción en la educación media superior.

En la medida en que esto se logre, destaca el IBD, menor será la probabilidad de que las desigualdades en el mercado de trabajo se amplíen, debido a la caída en el ingreso laboral que conlleva la falta de calificaciones requeridas por el mercado.

Asimismo, se debe fomentar el trabajo formal entre los jóvenes, prevenir desigualdades laborales, y subsidiar las contribuciones obrero-patronales a la seguridad social de las personas de entre 18 a 25 años para contribuir con el mismo objetivo.

Las políticas públicas para impulsar la movilidad igualadora de oportunidades, también pueden considerar un incentivo a la formalidad mediante el avance hacia un sistema de protección social universal, a partir de un paquete básico de servicios financiado mediante impuestos en lugar de contribuciones, establece el IBD.

La movilidad igualadora de oportunidades requiere, además, apoyar una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

La investigación señala que las características generales de la movilidad social en México confirman que se trata de una sociedad en gran medida estratificada, ligada a la tendencia de que el origen socioeconómico es determinante y las posibilidades de movilidad ascendente son limitadas.

A decir del IBD, es necesario el desarrollo de un sistema educativo de calidad, a partir del cual todos los mexicanos logren completar ciclos que les permitan alcanzar niveles de especialización, que se reflejen en mayor productividad, para ampliar las posibilidades de acceso a mayores ingresos económicos.

La investigación “Panorama general y alternativas legislativas para fomentar la movilidad social en México” se puede consultar íntegramente en la dirección electrónica https://goo.gl/6faYWp

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 Designan a la Senadora @Pilarortega como enlace para consolidar el Sistema de Justicia Penal

 

      

 

          

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

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