Jueves, 27 Abril 2017 18:26

Aprueban Cárcel!!! a despachos que intimiden en cobranzas: @JesusCasillas06

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 Por Nancy Rodríguez

“Con esta reforma se establece una pena que va de los 2 a los 4 años de prisión, y una multa de 50 mil a 300 mil pesos mexicanos”, informó el Senador por Jalisco Jesús Casillas, del grupo parlamentario del PRI.

Y agregó “Pero si esto va aparejado de alguien que se ostenta, que usurpa funciones o que entrega documentos y sellos que aparentan ser oficiales, la pena se duplica, es decir, de 2 a 8 años de prisión. Hoy lo estamos llevando al extremo de un tipo penal, para evitar que estos abusos se sigan generando”.

De la misma manera se detalló que se define la cobranza extrajudicial ilegal como el uso de la violencia o la intimidación ilícita,  sea personalmente o a través de cualquier medio, como el telefónico.

El Pleno del Senado de la República aprobó en votación nominal, por 78 votos a favor y cero en contra, la reforma al Código Penal Federal, para sancionar con prisión y multa la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.

Se agregó un artículo 284 Bis que establece la sanción de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien cometa este delito; pero si, además, se utilizan documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad.

El dictamen define la cobranza extrajudicial ilegal como el uso de la violencia o la intimidación ilícitas, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales.

Incluye las deudas derivadas de créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza.

El Código no considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado.

Los senadores estimaron que los medios de coacción y violencia psicológica que utilizan las personas físicas o morales, representantes de acreedores, para realizar los cobros, causan desequilibrios emocionales en los deudores, e invaden su privacidad y afectan su seguridad.

El dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos considera que con la reforma al Código Penal Federal, se solventa un vacío del que adolece el orden jurídico penal federal.

La reforma aprobada por el Pleno del Senado de la República, fue remitida al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

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