LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1533)

          Por Nancy Rodríguez

  • Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en sesión inédita, se llevó a cabo por primera vez en el Senado la “Sesión Ordinaria del Laboratorio Legislativo,
  • Se lleva a cabo, por primera vez en el Senado, la “Sesión Ordinaria del Laboratorio, Legislando por la Inclusión”

Senadoras, senadores y organizaciones de la sociedad civil, coincidieron en la necesidad de impulsar una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, organismo para el que pidieron la suficiencia presupuestal para su funcionamiento.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en sesión inédita, se llevó a cabo por primera vez en el Senado la “Sesión Ordinaria del Laboratorio Legislativo, Legislando por la Inclusión”, donde se presentaron iniciativas y puntos de acuerdo para avanzar en la defensa de los derechos de este sector de la población.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, destacó la importancia de que las personas con discapacidad se apropiaran de la tribuna del Senado -no sólo de manera simbólica, sino física y políticamente- a fin de presentar sus propuestas para el ejercicio pleno de sus derechos.

La desigualdad, subrayó, es una construcción social. No se trata de algo que debamos ver como natural o como una fatalidad. Si la sociedad construye desigualdades, asentó el legislador, también puede construir igualdades.

Nos da gusto recibirlos en este recinto y decirles que la Cámara de Senadores es su casa, “no sólo porque están aquí, en apropiación simbólica y física muy importante, sino porque es un espacio donde debatimos y discutimos leyes que buscan la igualdad”, expresó.

Reiteró que con este laboratorio se busca que las personas con alguna discapacidad auditiva, visual, motriz, intelectual o mental, sean ciudadanos y ciudadanas con pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales.

“Es parte de lo que hemos llamado Parlamento Abierto, es parte de una apertura y es una forma concreta, específica y real, de decir que esta es su casa”, concluyó Batres.

La senadora Nancy De la Sierra Arámburo, convocante de este encuentro, dijo que se impulsará un ejercicio presupuestal que permita garantizar igualdad, inclusión y creación del Instituto Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, “porque necesitamos cambiar la forma de pensar en el país y que ese cambio se vea en las calles y en las empresas”.

La senadora del Partido del Trabajo expresó que las propuestas presentadas en esta Sesión de Laboratorio, en los próximos meses se convertirán en leyes y políticas que permitan visibilizar a este sector de la población. “El Senado está aquí, es para ustedes y venimos a escucharlos”.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota indicó que el Grupo Parlamentario del PRI presentará la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad. “Es un tema en el que ya hemos avanzado, porque algunos estados ya cuentan con dicho instituto”.

Señaló que faltan indicadores de medición y elementos para llevarlos a contabilidad, porque hoy día los programas no cuentan con ellos, para saber el número de personas con discapacidad que hacen requerimientos de apoyo del gobierno. “Necesitamos saber si estamos siendo sujetos de priorización para la entrega de ese presupuesto”.

“Me llena de orgullo ver a personas con discapacidad que exigen igualdad de derechos y oportunidades. Prepárense, estudien, luchen, porque nadie nos va a regalar nada y además no queremos que nadie nos regalen nada, queremos conquistar las cosas por nuestro esfuerzo, trabajo y capacidad”, concluyó.

El senador Miguel Ángel Mancera recordó que hay una propuesta del Grupo Parlamentario del PRD, a efecto de crear en el Senado de la República una comisión para atender a las personas con discapacidad y a los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Destacó la necesidad de dar más oportunidades a este sector de la población para terminar con las brechas y obstáculos a los que se enfrenta. Las personas con discapacidad requieren de atención permanente y la Cámara de Senadores debe trabajar para ello, expresó.

A su vez, la senadora Verónica Camino Farjat, del PVEM, se pronunció en favor de promover la inclusión práctica, para que en los tres niveles de gobierno se promuevan las condiciones que faciliten la integración de las personas con discapacidad a las actividades diarias de la sociedad.

La senadora Antonia Cárdenas Mariscal, de Encuentro Social, aseguró que las iniciativas presentadas se tomarán en cuenta y destacó el esfuerzo que las personas con discapacidad realizan para salir adelante en el país.

Entre las iniciativas y puntos de acuerdo que presentaron las organizaciones y asociaciones civiles defensoras de personas con discapacidad se encuentra la creación de un contrato laboral de inclusión y accesibilidad; mejorar la estructura de los fondos para los deportistas paralímpicos; impulsar las oportunidades laborales y protección eficiente de sus derechos.

Asimismo, se promovió un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Las propuestas serán incluidas en un proyecto que será elaborado por Senado de la República y se presentará ante el Pleno.

  • Hablaron sobre el actual panorama económico de nuestro país.
  • Acordaron trabajar de la mano siempre por el interés general y con respeto a la autonomía de ambas instituciones.

 Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, recibió en sus oficinas del Senado de la República al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

 Durante la reunión acordaron trabajar de manera coordinada y en un ambiente de respeto a la autonomía de las instituciones, en el desarrollo de los temas financieros y económicos del país.

 El objetivo de esta reunión, aseveró Monreal Ávila, es lograr que la Cámara Alta y el Banco de México trabajen de la mano, velando siempre por el interés general y respetando la autonomía de ambas instituciones.

 Resaltó el papel preponderante que el Banco de México ocupa como garante de la autonomía financiera y contrapeso del mercado. Además, dijo, el papel regulatorio del Banco de México será un punto clave para avanzar hacia un ecosistema financiero más accesible y justo.

 El legislador reconoció que las instituciones financieras en México son, sin lugar a dudas, una pieza fundamental para lograr el desarrollo económico en el país. Sin embargo, destacó que durante años las políticas públicas bancarias que se han diseñado no han sido las correctas.

 Del proceso de nacionalización de la banca y de su posterior privatización, los mexicanos y mexicanas hemos heredado instituciones bancarias que no han sido reguladas de manera correcta, expresó. Esta situación, ha facilitado la imposición de condiciones por parte de los bancos que no favorecen al grueso de la población. Por ello, desde el Senado de la República, afirmó Ricardo Monreal, se trabajará en coordinación con el Banco de México.

 Subrayó que desde el Senado de la República se ha empezado a legislar para ampliar la inclusión financiera de las mexicanas y los mexicanos. Ejemplo de ello, expuso, es la propuesta para regular las comisiones bancarias. Esta iniciativa seguirá el proceso legislativo establecido, pero además se realizarán foros de expertos para lograr consensos que beneficien a toda la población, resaltó.

 Mencionó que además se revisarán otros mecanismos ya existentes que facilitan la correcta regulación bancaria y, desde la Cámara Alta, se velará por su cumplimiento.

 Consideró que esta reunión es muestra de la disposición y compromiso que el Senado tiene con los mexicanos y mexicanas.

 A base de consensos y respeto a las instituciones, finalizó Monreal, pasaremos de tener instituciones extractivas que impiden nuestro desarrollo como país, a contar con instituciones inclusivas que realmente fomenten el cambio que necesitamos.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República le extiende la mano al presidente Andrés Manuel López Obrador para que, en estricto respeto a las diferencias, trabajemos por el bien del país.

Desde la Cámara de Senadores impulsaremos una efectiva división de poderes y respeto al federalismo. Con principios republicanos, desarrollaremos una relación institucional con los titulares de los poderes de la Unión, los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

En caso de controversias, nos ajustaremos estrictamente a los preceptos constitucionales y a las normas legales. En democracia, los pesos y contrapesos son fundamentales para el desarrollo institucional del Estado.

En la fracción de Morena sabemos que es momento de trabajar por México porque muchas generaciones de mexicanas y mexicanos anhelábamos este momento. Años de resistencia al autoritarismo y a la adversidad mantuvieron viva la esperanza. La lucha por el acceso al poder de manera pacífica y democrática ha triunfado de manera contundente sobre el antiguo régimen.

Hoy es un gran día para México, porque nuestro país realiza, en esta sesión republicana y Solemne, la transición del Poder Ejecutivo Federal en paz y  por  mandato del  voto popular.

La sociedad y democracia  nos han  otorgado la oportunidad de cambiar el destino del país, no podemos defraudarlos.  

Lamentablemente nuestra Nación es un país con altos índices de desigualdad y violencia. La grave crisis de inseguridad ha llegado a niveles inimaginables provocando miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la violencia.

Además, de violaciones a los derechos humanos, los feminicidios y miles de desaparecidos, entre éstos, los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El modelo económico ha provocado el estancamiento de la economía, la desigualdad y la pobreza en la mayoría de la población. Tenemos un campo devastado, la industria energética quebrada y los recursos naturales saqueados.

Gasolinazos, caída en el poder adquisitivo de las familias, falta de apoyos sociales y ausencia de expectativas de crecimiento y desarrollo para millones de jóvenes.

La corrupción es uno de los problemas más apremiantes del país, un cáncer que afecta a la administración pública.  La corrupción daña la economía,  acentúa la inseguridad, dificulta el trabajo y atrofia el ejercicio de gobierno. Resulta indispensable terminar con el círculo vicioso de corrupción e impunidad.

El 1º de julio pasará a la historia como el día cuando la sociedad Mexicana dijo ya basta. Mediante el voto decidió poner alto a la inseguridad, a la pobreza y la corrupción.

El mandato de la sociedad fue claro: no quiere un relevo en el grupo en el Poder, como ocurrió en el año 2000; quiere un nuevo régimen. Votó por un cambio de fondo. Votó por la Cuarta Transformación de la República.

Tenemos plena consciencia de lo que significó para la historia de nuestro país, de Latinoamérica y del continente el triunfo del Ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Es la culminación de la lucha por la democracia que en 1968 iniciaron los estudiantes y que continuaron muchos movimientos sociales y políticos. Movimientos pacíficos, por el respeto al voto, por la reivindicación de derechos sociales y la exigencia de justicia. 

El propósito de la Cuarta Transformación de la República es la creación de un nuevo Estado social y de derecho. Con estabilidad y responsabilidad, reorientar nuestros objetivos a favor del desarrollo económico, la equidad, la justicia social y la atención prioritaria a los grupos vulnerables.

Hoy inicia la construcción de un país donde se respeten los derechos y libertades; así como lograr la construcción de la paz, para terminar con la violencia y la inseguridad.

Tendremos una administración pública austera, eficiente y eficaz, donde se destierre la corrupción y la impunidad.

Nuestro objetivo es recuperar plenamente la soberanía de nuestra Patria y construir una relación de respeto y colaboración con todas las naciones del mundo.

Consideramos que no se requiere una nueva Constitución, pero sí adecuar el marco constitucional y legal para poder cumplirle al pueblo de México. Buscaremos eliminar el fuero constitucional, posibilitar la revocación de mandato y hacer viable la consulta popular y transformar a la Guardia Nacional.

Además, redimensionar la Administración Pública Federal y establecer la austeridad con rango de ley y la corrupción como delito grave. 

La democracia representativa no basta. Tenemos la firme convicción de que la ciudadanía debe participar de manera directa en la toma de decisiones más trascendentes del Gobierno.

Vivimos un escenario internacional complicado. Diversos factores externos inciden en el comportamiento de la economía y las finanzas nacionales. Desde el Senado apoyaremos al Gobierno para generar estabilidad económica y crecimiento.  

La participación de los empresarios es fundamental  para conservar la estabilidad y detonar el desarrollo.  El gobierno federal y el Congreso se apretarán el cinturón, apegándose a la ley de austeridad.  

El mismo esfuerzo es el que respetuosamente les pedimos al Poder Judicial de la Federación y al resto de las instituciones públicas.

La autonomía del Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y el resto de los órganos autónomos del Estado mexicano está garantizada y éstos podrán cumplir cabalmente con sus funciones constitucionales y legales.

La Cuarta Transformación  requiere de partidos políticos consolidados, que expresen claramente la pluralidad de nuestra ciudadanía. Trabajaremos con las fuerzas políticas para tener un sistema de partidos más efectivo, más barato y más cercano a la gente; así como para que existan candidaturas realmente independientes y representativas. 

 

Pedimos a los servidores públicos su apoyo para construir una administración austera y más eficiente y eficaz. Los ajustes se darán arriba, en la burocracia dorada, en la base se mejorarán las condiciones laborales. En ningún caso se violaran derechos de servidores públicos o de prestadores de servicios.

Hacemos un extenso reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la ratificación de su lealtad al Presidente de la República. La policía militar y la policía naval tienen nuestra confianza para que, con un marco legal y el adiestramiento adecuado, contribuyan a la construcción de la paz con su integración a la Guardia Nacional y para que las Armas del Ejército vuelvan a sus labores constitucionales.

Los representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación tienen nuestro  compromiso de que la libertad de expresión está garantizada. Se acabaron los tiempos del control de los medios. Libertad de expresión para todos, incluido el Presidente. El debate y la discusión de la agenda pública será cotidiana. 

Desde el Senado reconocemos el valioso papel de los profesores en el proceso educativo. Su participación en la verdadera reforma en esta materia será fundamental. 

Los derechos laborales de los trabajadores serán respetados. Consideramos que es momento que  los sindicatos, incluido el magisterio, arriben a una nueva etapa de transparencia, rendición de cuentas y democracia.

A los integrantes de los pueblos originarios, a los campesinos, a los pescadores, a los obreros y jornaleros,  a los migrantes, a los profesores,  a los policías, marinos y soldados, a los profesionistas y empresarios, a las víctimas de la delincuencia; a las niñas y los niños, a las mujeres, a las personas con capacidades diferentes y a los adultos mayores, les reiteramos nuestro compromiso de construir un país de  igualdad, de libertad y de justicia.

  • La iniciativa que se analizará no va dirigida contra ningún dirigente ni organización. 

El senador Napoleón Gómez Urrutia anunció que el nuevo Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador prepara una reforma laboral cuyo objetivo, dijo,  será empoderar a los trabajadores en la toma de decisiones sindicales y en la elección de sus representantes. 

 “Les corresponde a los trabajadores elegir a sus dirigentes no al Gobierno de la República, y todas las organizaciones estarán sujetas a eso; en el caso del Sindicato Minero siempre se ha fomentado la democracia y participación sindical”, destacó. 

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Jôrg Hoffman y Valter Sanches, presidente y secretario general, respectivamente, de IndustriALL Global Union, Gómez Urrutia criticó el hecho de que varios líderes sindicales han solicitado de manera anticipada reelegirse al frente de sus organizaciones hasta el 2024, para blindarse y protegerse durante seis años de los cambios y reformas sobre la democratización sindical que se impulsa como parte de la nueva política laboral. 

Por otra parte, denunció que la empresa Arneses y Accesorios PKC, suspendió el recuento por la titularidad del contrato colectivo, luego de que el dirigente cetemista en el estado de Coahuila, Tereso Medina, contrató a un grupo de porros para golpear a los trabajadores que piden la salida de ese gremio que responde a los intereses patronales. 

Dijo que el ex senador del PRI es un traidor de la clase trabajadora y un títere de los empresarios, ya que recordó que fue quien propuso, junto con Isaías González Cuevas, de la CROC, la reforma a la Ley laboral que, entre otras cosas, eliminaba el derecho a huelga. 

En ese sentido, el secretario general de IndustriALL Global Unión, Valter Sanches, dijo que han recibido múltiples denuncias de trabajadores mexicanos que no tienen derecho a la libre organización sindical, por lo que resaltó la ratificación del Convenio 98 de la OIT por parte del Senado, para acabar con los contratos de protección en México. 

Señaló que en el país deben existir mejores condiciones de trabajo y con buenos salarios, por lo que anticipó que esta agrupación estará atento a implementación del T-MEC. 

En la reunión del Comité Ejecutivo Internacional de IndustriALL, del cual Gómez Urrutia es integrante, asistieron más de 200 líderes internacionales, de 30 países, y uno de los principales ejes de trabajo fue la democracia y la libertad sindical.

  • El presidente de la Jucopo se congratuló de que Canadá se haya incorporado.
  • La Cámara Alta asegurará certidumbre al comercio, inversiones e inversionistas.

Ricardo Monreal manifestó su beneplácito de que México, Estados Unidos y Canadá hayan firmado el nuevo Acuerdo Comercial, y señaló que el Senado de la República revisará a detalle, y sin precipitarse,  todos y cada uno de los rubros para su ratificación. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta afirmó que las senadoras y senadores serán garantes de los principios federalistas de nuestra República y cuidarán que el texto signado hoy en Buenos Aires, Argentina, “no contravenga la soberanía del pueblo mexicano”. 

Reconoció el esfuerzo del actual Gobierno Federal y del equipo negociador del Gobierno de Transición, encabezado por Jesús Seade Kuri. 

El legislador recordó que desde que los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un Acuerdo Comercial Bilateral en meses pasados, el Senado mexicano inició el análisis del documento con el propósito de llegar a los concesos necesarios para su ratificación como lo marca la Constitución en su artículo 76. 

Monreal subrayó la importancia de la firma del nuevo Acuerdo Comercial Trilateral, pues se trata, dijo, de un instrumento que podrá contribuir al desarrollo del país, “y que nosotros vamos a tener demasiado cuidado en revisar su contenido”. 

Tras calificar de fundamental la inclusión de Canadá en el tratado Comercial de Norteamérica, expuso que “en todo el mundo está la presencia de México con una gran expectativa por el actual proceso de transición, y obviamente interactuaremos con todos los países del mundo”. 

El senador se comprometió a que en la revisión del Acuerdo Comercial el Senado de la República actuará con sensatez y prudencia para comprobar que México tenga un crecimiento extraordinario y se convierta en una potencia comercial en el mundo”. 

Consideró que la firma definitiva del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá tiene el respaldo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, porque ofrece garantías a los inversionistas y promueve los equilibrios macroeconómicos. 

Finalmente, Ricardo Monreal dijo que las senadoras y senadores pugnarán porque en el país haya certidumbre al comercio, a las inversiones, y a los inversionistas. 

Otros seis senadores de Morena también dejan su escaño.

El presidente del Senado, Martí Batres,  tomó la protesta de ley a Gloria Sánchez Hernández, Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez y a José Alejandro Peña Villa como senadores de la República. 

Las legisladoras del Grupo Parlamentario de Morena, son suplentes de Olga Sánchez Cordero y Rocío Nahle García, quienes solicitaron licencia el martes pasado para integrarse al nuevo Gobierno como titulares de las secretarías de Gobernación y Energía, respectivamente. 

El senador José Alejandro Peña es suplente de Gabriel García Hernández, a quien se aprobó licencia en la sesión de este día. 

El Presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, felicitó a los nuevos senadores y los invitó a ocupar su escaño para incorporarse a sus trabajos legislativos. 

En la sesión de este día, el Pleno del Senado de la República también aprobó licencia, por tiempo indefinido, a seis senadores de la Bancada de Morena; Germán Martínez Cázares, Gabriel García Hernández y Javier May Rodríguez, se separan de sus funciones legislativas a partir del 29 de noviembre, y Gilberto Herrera Ruiz, Delfina Gómez Álvarez, y Víctor Castro Cosío, a partir del 2 de diciembre. 

El senador Martínez Cázares, quien se desempeñará como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recalcó que la seguridad social es una tarea de solidaridad y justicia que no puede hacer una sola persona. En ese sentido pidió la colaboración de los legisladores.

El derecho de todos los mexicanos a la salud nos debe comprometer a todos; igualar la puerta de acceso a la salud da cada uno es un deber cívico ineludible. Una deuda social que contribuiré a saldar, con la ayuda de todos, aseguró. La salud es parte esencial de la seguridad social, no un privilegio ni mercancía, ni fuente de riquezas mal habidas de quienes sin compasión lucran con el dolor de enfermos, añadió. 

Desde la tribuna, el senador Víctor Castro Cosío dijo que más allá de las diferencias, se integra a nuevas tareas para servir con espíritu republicano a una Patria que ocupa, lo mejor de sus hijas e hijos. 

El desafío es grande, reconoció. El país atraviesa momentos críticos de seguridad, empleo y desarrollo productivo. No lograremos la paz y concordia si seguimos obedeciendo a la lógica de la diferencia, de distanciarnos en la búsqueda de supremos propósitos. Vamos a nuestras regiones con gratitud a quien confía en nosotros, precisó. 

El senador Batres Guadarrama deseó el mayor de los éxitos al senador Germán Martínez en las tareas que asumirá en favor del bienestar social y el pueblo mexicano. “Confiamos en su capacidad, en su preparación y en su honestidad”, subrayó. 

Resaltó también que los senadores Gabriel García, Javier May, Gilberto Herrera, Delfina Gómez y Víctor Castro son compañeros entrañables de mil batallas por México, así como honestos, trabajadores. “Son tan buenos cuadros que los requieren en distintos espacios de la vida pública nacional”, subrayó. 

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, expuso que Martínez Cázares va a una institución noble pero en crisis, saqueada y con desviaciones. El sector salud está en el peor deterioro y descuido de la historia reciente del país, aseguró. 

Estoy seguro que actuará con honradez y capacidad en este nuevo reto. Añadió que en su nueva etapa política, el senador está en el lado correcto de la historia. En el mismo sentido, reconoció el trabajo y trayectoria de los legisladores que solicitaron licencia. Resaltó que con su nuevo cargo, contribuirán de la mejor manera al proyecto del nuevo gobierno. 

De igual forma, senadores de todos los Grupos Parlamentarios desearon el mayor de los éxitos a sus compañeros que hoy pidieron licencia. Participaron Víctor Castro Cosío, Armando Guadiana Tijerina, Casimiro Méndez Ortiz, Martha Lucía Micher Camarena, Félix Salgado Macedonio, Cruz Pérez Cuéllar y José Narro Céspedes, Mónica Fernández Balboa, de Morena. 

A los parabienes se sumaron los senadores Erandi Bermúdez Méndez, Gustavo Madero Muñoz, Mauricio Kuri González y Xóchitl Gálvez Ruiz, Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN; Claudia Ruiz Massieu, Manuel Añorve Baños, Claudia Edith Anaya Mota, Carlos Aceves del Olmo y Eruviel Ávila Villegas, del PRI.

Patricia Mercado Castro de MC; Joel Padilla Peña, Nancy de la Sierra Arámburo, del PT; Miguel Ángel Mancera Espinosa y Leonor Noyola Cervantes del PRD; Verónica Noemí Camino Farjat y Enrique MuratHinojosa del PVEM; Sasil de León de León Villard, del PES; así como el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, también felicitaron a sus compañeros.

Reconoce Senado 94 años de Radio Educación 

La Mesa Directiva, en voz de su presidente Martí Batres Guadarrama, felicitó a Radio Educación por sus 94 años de operación, así como a sus trabajadoras y trabajadores por su labor en favor de la educación y la cultura en México. 

Es un gran honor y privilegio contar con una opción cultural de enorme calidad en la amplitud modulada, con una transmisión ininterrumpida desde hace 50 años, que ha acompañado a las grandes y profundas transformaciones sociales de México, expresó.

  • Si el presidente electo no logró al menos el cincuenta por ciento más uno de los votos, deberá que conformar un gobierno de coalición de manera trasparente y de cara a la ciudadanía, plantea la propuesta.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado presentó ante el pleno una iniciativa de reformas constitucionales, para que en caso de que el Presidente electo no logre al menos el cincuenta y uno por ciento de los votos, deberá conformar un gobierno de coalición con uno o más partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

Al presentar la propuesta a nombre del GPPAN, el senador Marco Antonio Gama Basarte explicó que esta propuesta busca que si un Presidente es electo por menos del 50 por ciento de los votos, se integre a la toma de decisiones a los ciudadanos representados por otras fuerzas políticas.

Indicó que esta iniciativa plantea también que la designación de los integrantes del Gabinete sea aprobada por el Senado de la República, atendiendo a la lógica de la representación, ya que “el gobierno en coalición debe tomar sus decisiones de manera colegiada”.

En ese sentido, señaló que se busca definir claramente la responsabilidad de cada una de las partes involucradas en un gobierno de coalición y se lograría dar un paso adelante en términos de transparencia.

El senador por San Luis Potosí indicó que derivado de la reforma político-electoral de 2014, México cuenta con un esquema constitucional que permite al presidente de la República conformar un gobierno en coalición con otras fuerzas políticas.

Sin embargo, abundó, tal como está redactado el artículo 89 de la Constitución, el presidente puede optar en cualquier momento por convocar a un gobierno de coalición, del mismo modo que disolverlo.

Es decir, “la previsión constitucional otorga un cheque en blanco al presidente y no conlleva responsabilidad jurídica ni política para los actores involucrados en la posible coalición”, precisó.

Dado los resultados de las últimas tres elecciones federales en las que se eligió presidente de la República, podemos afirmar que quien dirige de manera unipersonal los destinos del Poder Ejecutivo Federal es electo por una minoría, dijo.

Por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos no está representada en esa opción política, por lo que se debe incorporar a la toma de decisiones al interior del Ejecutivo al resto de partidos políticos que representan a la sociedad.

Además, el único Poder que recae en una sola persona es el Ejecutivo, lo cual no necesariamente está mal siempre y cuando haya sido electo por la mayoría de los mexicanos y, por lo tanto, cuente con esa legitimidad, expuso.

“Lo que planteamos es que si no cuenta al menos con el cincuenta por ciento más uno de los votos, el presidente tendrá que conformar un gobierno de coalición de manera trasparente y de cara a la ciudadanía”, afirmó.

Un gobierno de coalición en el cual el poder sea controlado desde el propio Gabinete, que deberá estar integrado por representantes de los otros partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la elección, subrayó.

“En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que la modificación constitucional planteada en la presente iniciativa es de la mayor relevancia en la construcción de la patria democrática por la que luchamos. No podemos otorgar un cheque en blanco a ningún presidente aun cuando sea emanado de nuestro instituto político, debemos anteponer siempre el interés general de los mexicanos y actuar en consecuencia. La ley y el interés colectivo por encima de cualquier hombre”, finalizó.

 

 

 

Por Nancy Rodríguez

La Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana aprobó en votación económica y sin discusión ocho dictámenes. Entre ellos, uno propone al Pleno exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que audite a las universidades e instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales que les asignaron para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Asimismo, se votó a favor de exhortar a organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución otorga autonomía, a aplicar medidas de austeridad republicana en el Ejercicio del Gasto Público presupuestado para el Ejercicio Fiscal 2018 y en los subsiguientes. 

También, para establecer los tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 constitucional. Asimismo, hace un llamado al Inegi para que ajuste las percepciones de quienes laboran en esa institución, de acuerdo con las medidas de austeridad. 

Otro dictamen plantea solicitar al Banco Nacional de Obras y Servicios, y a la Secretaría de la Función Pública, transparencia en el proceso de licitación del telepeaje carretero.   

Uno más, propone exhortar a diversas autoridades para que se garantice el debido cuidado de los fondos de pensión de los trabajadores que administra Pensionissste. 

De igual forma, solicita a la ASF que tome medidas extraordinarias a fin de evitar el desfalco de la Hacienda Pública de Baja California, en el último año de gobierno, así como una auditoría ante el desfalco por parte del gobierno de esa entidad, que provocó dejar sin pago a docentes jubilados, pensionados e interinos. 

El último dictamen aprobado propone exhortar al gobierno de Chiapas para que aclare las observaciones formuladas por la ASF por el Ejercicio de Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2016, de las que se desprende un probable daño a la Hacienda Pública. 

Clemente Castañeda, presidente de la Comisión, propuso un acuerdo para que en las reuniones de trabajo se adopten los principios de Parlamento Abierto. Posteriormente, a propuesta de los integrantes también se le enviarán los lineamientos a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión que se ha creado ex profeso para desarrollar el tema del Parlamento Abierto en el Senado de la República.     

A la reunión de trabajo asistieron: Xóchitl Gálvez, Margarita Sánchez, Citlalli Hernández, Lilia Rivera, Félix Salgado y Julen Rementería.

    Por Nancy Rodríguez

     Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018

*Senadores de Morena se reúnen con banqueros; inicia revisión para regular comisiones

*Refrendaron su compromiso para trabajar de manera responsable y seria con la Asociación de Bancos de México , presidida por el ingeniero Marcos Martínez Gavica de grupo Santander

*Acuerdan instrumentar mecanismos de accesibilidad para la banca

*Se trabajará en coordinación con el sector para atender las peticiones ciudadanas.

 

El diálogo entre el Senado de la República y la banca será permanente como parte de una política de apertura, entendimiento e inclusión, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, durante una reunión que sostuvo con integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM). 

Las modificaciones en la banca será “en beneficio de los usuarios y de un sector financiero más productivo; todo en estricto apego al Estado de Derecho”. 

Apuntó que se realizará un trabajo responsable y abierto en la revisión de la iniciativa que busca regular el cobro de comisiones bancarias, propuesta  por el zacatecano.   

Resaltó que el interés central de las instituciones debe ser el bienestar ciudadano, para lo cual se trabajará con una visión ciudadana, de fortalecimiento, eficiencia y accesibilidad al sector.

En reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el senador Alejandro Armenta Mier, Monreal Ávila resaltó que se trabajará en coordinación con los representantes de las instituciones bancarias para atender las peticiones ciudadanas sobre el cobro de servicios. 

Reunión en el Senado de la República, Senadores de MORENA con Banqueros

Recordó que la propuesta pretende eliminar las comisiones innecesarias, que vuelven oneroso el acceso a la banca o prohibitivo. Con el incremento de la cartera de clientes dé paso a la reducción de costos sin vulnerar las inversiones y protección al usuario. 

Con el acompañamiento del próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, el senador puntualizó que se trabajará con transparencia para que la sociedad conozca y acceda a los beneficios que ofrece el sistema sin incurrir en costos adicionales que mermen su economía. 

Encabezados por su Coordinador, el senador Ricardo Monreal Ávila, los legisladores de la fracción de Morena, refrendaron su compromiso para trabajar de manera responsable y seria con la Asociación de Bancos de México presidida por el ingeniero Marcos Martínez Gavica. 

En el Senado de la República será la Comisión de Hacienda, presidida por el Alejandro Armenta Mier, la que conduzca el proceso “vamos a trabajar con los especialistas y asesores de ambas parte para darle seguimiento a la iniciativa que hemos propuesto, avanzando en su proceso legislativo y enriqueciéndola con la colaboración de los banqueros”.

 

  • México y Haití, en América Latina, los países que menos pagan por trabajo realizado.       

Es urgente el incremento del salario mínimo en México, y será una prioridad de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, señaló su coordinador, Miguel Ángel Mancera, en la inauguración del conversatorio “Salario Digno para México”.

En la antigua sede del Senado, en la calle de Xicoténcatl, dijo que está comprobado que un aumento al mismo no generaría inflación, y tampoco tendría por qué ser referente de otros incrementos.   

Consideró que un salario de 170 pesos sería suficiente para que un trabajador con esta remuneración atienda sus necesidades básicas.

Detalló que México y Haití, en América Latina, son los países que menos pagan por trabajo realizado. “Es increíble que tengamos la productividad de países como Chile, y estemos pagados un salario mínimo como el de Haití”.

Abundó en que existen iniciativas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución y establecer que en lugar de salario mínimo, se le denomine salario digno.

“Cuando se habla de salario mínimo se considera la menor cantidad; hasta es despectivo”, comentó a los asistentes. Demandó al próximo Gobierno Federal que retome el tema una vez iniciada la administración.

“El Presidente electo planteó, durante la campaña, que a partir de enero habría un incremento al salario mínimo, al doble”, recordó.

El senador Mancera también retomó el tema de la reducción del precio de las gasolinas. Señaló que es otro tema que impulsará su Grupo Parlamentario en el Senado de la República.

Refirió que todos los votos de las bancadas de su partido en el Congreso de la Unión están comprometidos a votar en favor de una propuesta para eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

Ricardo Gallardo Cardona, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, también en el conversatorio, señaló que actualmente hay más de ocho millones de personas que ganan un salario menor a cien pesos diarios; por lo que resulta necesario crear condiciones para que gobierno, ciudadanía y sector empresarial impulsen conjuntamente, mejores condiciones laborales para las personas.

Aseguró que con la cancelación del nuevo aeropuerto, la iniciativa que propone eliminar las comisiones bancarias y la creación de “superdelegados”, el nuevo gobierno rompe con la soberanía estatal y genera incertidumbre para los inversionistas.

Texto del Senador Ricardo Monreal coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA Senado

En México se ha construido un sistema constitucional de contrapesos ideal. En la práctica política, se trata de un régimen centralizado y en que el federalismo ha sido letra muerta hasta ahora. Por ello, me parece que es un error estratégico confrontar al Ejecutivo federal desde una entidad federativa o municipio, sin importar el signo político que los respalde. Entre otras razones, por las siguientes:

a) La debilidad institucional en la relación del Ejecutivo federal con los ejecutivos locales y municipios.

b) La enorme dependencia económica de esos niveles de gobierno hacia la Federación, pues vulnera la autonomía de éstos.

c) La falta de capacidad para enfrentar aislados y solos los problemas suscitados por la inseguridad, rubro que concentra el mayor reclamo social en el país, además de que muchas de sus policías estatales, ministeriales y municipales están permeadas por la delincuencia organizada y están a su servicio, o son susceptibles de cooptación.

d) La significativa deuda pública que tiene la mayoría de las entidades federativas, provocada por herencias o por programas de inversión indispensables, sin señalar si el dispendio, la corrupción y la desviación de recursos han contribuido a ella en algunos estados. En cualquier caso, en materia de inversión para infraestructura educativa, social y de comunicación, entre otras, requieren el respaldo de la Federación. No sería conveniente pensar en aislarse y situarse como entes públicos de contraste.

Entiendo la motivación de algunos gobernadores, presidentes municipales o incluso titulares e integrantes de otros poderes y organismos autónomos al mostrar independencia de criterio y cuestionar políticas públicas. Siguiendo la tradición política, esta posición y motivación pudiera incluso considerarse normal en la época de la transición política sexenal o de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en la búsqueda de mayores ingresos o programas para sus espacios de responsabilidad política y territorial. Sólo hay una diferencia: hoy gobernará el país Andrés Manuel López Obrador, y los cánones de la ortodoxia política no son aplicables a él, pues no harán mella ni la presión, ni la movilización mediática. Por ello, considero que sería preferible buscar una manera distinta de la confrontación para acordar los futuros planes y acciones.

¿Dónde elegirán situarse los gobernadores los próximos días, y cómo reaccionarán si no se aprueban las reformas planteadas sobre seguridad pública, y si, en un hipotético caso, observando estrictamente la Constitución, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordena que retornen a los cuarteles los elementos de la Marina y el Ejército, e incluso de la Policía Federal, en un intento franco por evitar la simulación?

¿Cómo responderán a sus gobernados en el ámbito de su jurisdicción, frente al clima de inseguridad creciente y de pérdida de territorios completos en el país a manos del crimen organizado?

¿Dónde se colocarán para cumplir con los reclamos sociales crecientes?

¿Cómo resolverán los problemas de connivencia, complicidad e, incluso, protección de las policías locales al crimen y la delincuencia organizados?

Los mandatarios estatales y municipales tienen su derecho a salvo y su libertad para protestar, así como para asumir posiciones de contraste frente al presidente de la República. Es incuestionable, y no habrá ninguna mención ni comentario en contra de este elemental derecho a la inconformidad. Sólo deberían meditar mejor su estrategia y táctica para lograr sus propósitos; están ante un presidente respaldado por una gran legitimidad y una indiscutible autoridad moral que puede conducir a la ciudadanía a tomar posiciones en uno y otro sentido, y a hacer más visibles y profundas las diferencias.

Desde la lógica del poder estatal, y a partir de mi experiencia en el ejercicio de la función pública en este ámbito, puedo afirmar que es un error enfrentar de esta manera a un Ejecutivo federal con las características de Andrés Manuel López Obrador. Y los reclamos pueden ser o no legítimos, como también puede ser benéfica o no la manera de plantearlos.

  • Analizan variantes de la seguridad nacional en el Senado. 

Al inaugurar el foro Seguridad Nacional: Desafíos y Oportunidades en el Contexto del Nuevo Régimen, el senador Félix Salgado Macedonio subrayó que para algunos en México “la corrupción no es un delito, es deleite”, pero ahora se trabaja para tipificar este flagelo como un ilícito grave sin derecho a fianza, así como para eliminar el fuero constitucional. 

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional recalcó que sólo atacando las causas sociales que dan origen a la violencia se podrá garantizar una verdadera seguridad. Refirió que existen comunidades completas desplazadas por el fenómeno del narcotráfico y la violencia, generadas por la pobreza extrema, el abandono y la corrupción. 

Salgado Macedonio sostuvo que la seguridad nacional ha sido un tema tabú, secreto. No obstante, dijo, son políticas públicas que atañen a todos y que hoy, senadoras y senadores trabajan para que la sociedad se interese en temas que la han lastimado por tanto tiempo. 

En este sentido se refirió a lo dicho por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, “queremos un ejército de paz, apegado a la sociedad y la sociedad apegada a su ejército”. No los vamos a dejar solos, porque verdaderamente vamos a trabajar, aseguró. 

En la primera mesa de análisis se abordó el significado de seguridad nacional. El doctor Francisco Gallardo Rodríguez dijo que la falta de claridad en los conceptos “nos llevan a cometer errores muy graves -como los que hemos visto en toda la historia de México-” y que se ven reflejados en el “colapso del Estado y en una crisis humanitaria nunca vista en el país”. 

En tanto, la consultora Beatriz Ramírez Saavedra destacó que, en términos generales, la seguridad nacional se encarga de resguardar y asegurar las condiciones que permiten el desarrollo del proyecto nacional. 

Advirtió que con la globalización han surgido poderes fácticos que desafían al poder del Estado, como los mercados, el narcotráfico, el crimen organizado, así como las corporaciones que surgieron aprovechando los avances tecnológicos y el periodo de desregulación donde se liberaron muchos bienes públicos. 

En las diversas mesas de trabajo, los expertos y académicos abordarán temas de seguridad nacional, energética, alimentaria, medioambiental, hídrica, transfronteriza y la relativa a fenómenos naturales. 

También participaron Gabriel García Reyes, de la UNAM; Jesús Cavazos de la Garza, del Instituto Benenfeli, Monterrey, Nuevo León. 

El foro es organizado por en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Ticomán, Ciencias de la Tierra del IPN, con apoyo de la Red de Especialistas en Seguridad Energética, el Colegio Autónomo de México y la UVM Campus San Rafael.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, dio a conocer que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, el Senado de la República recibió el Certificado de Plata, con un puntaje de 92/100 puntos. 

Esta NOM, explicó,  es una certificación voluntaria que reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no discriminación que favorecen el desarrollo integral de sus colaboradoras y colaboradores. 

Los ejes principales de la Norma Oficial son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades. 

Además, reconoce que alcanzar la igualdad sustantiva es un proceso que requiere la transformación de la cultura organizacional. 

Uno de los principios del certificado es la progresividad, misma que se aplica a través de la mejora continua hacia el logro de los resultados óptimos.

 

La Cámara de Senadores aprobó en sus términos la minuta que reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar al Presidente de la República a constituir comisiones consultivas y presidenciales que permitan “el mejor despacho de los asuntos a su cargo”.

El dictamen se ratificó con 56 votos a favor, 38 en contra y cinco abstenciones. Se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

El proyecto de decreto establece que las comisiones consultivas serán conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil de reconocida capacidad o experiencia, designados por el Presidente de la República. 

Tendrán la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el decreto de su creación. Podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo y sus conclusiones no serán vinculantes. 

Respecto de las comisiones presidenciales, éstas se conformarán por integrantes como los descritos anteriormente, así como por ex servidores públicos y funcionarios de otros poderes u órdenes de gobierno. 

Se constituirán como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones. 

La minuta enviada por los diputados mantiene la actual atribución del titular del Ejecutivo Federal para crear comisiones intersecretariales, pero agrega que éstas atenderán asuntos donde deban intervenir varias secretarías de Estado; estarán integradas por sus titulares y otros funcionarios de la administración pública federal. 

Se explica en el documento que los tres tipos de comisiones podrían formarse en el seno de la administración pública federal y su integración será resuelta por el Presidente de la República mediante designación directa. 

Del mismo modo, su creación, término de operación y extinción será determinado por el titular del Ejecutivo Federal. 

Se aclara que bajo esta regulación, las comisiones cumplirán funciones que mejorarán el ejercicio de la función pública y optimizarán la coordinación entre dependencias, entidades federales, órganos de otros poderes, estados, municipios y la participación de la sociedad civil en temas específicos en los que el gobierno tome decisiones. 

Puntualiza que el cargo de los integrantes de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no quedarán inhabilitados para desempeñar otra función pública o actividad privada. 

El senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que los tres tipos de comisiones son instrumentos administrativos que se insertan en forma coherente en el esquema jurídico que sustenta esta ley. 

Hizo un llamado a votar en favor del dictamen porque se trata de una reforma oportuna que dota de formalidad jurídica y potencia la eficacia de las funciones de la administración pública federal. 

A su vez, el senador Manuel Añorve Baños, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, manifestó -como legislador del PRI- su desacuerdo con las comisiones presidenciales, particularmente con las facultades de investigación y de fiscalización que se les otorgan. 

Advirtió que con estas atribuciones se trastoca la división de poderes, además que son contrarias a la Constitución, ya que invaden facultades de la Fiscalía General de la República y de la Cámara de Diputados. 

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la senadora Elizabeth Ávila, de Encuentro Social, dijo que la reforma al artículo 21 es indispensable porque obliga al Ejecutivo Federal, y a sus dependencias, a crear comisiones a las que se confiere la capacidad de investigar y fiscalizar la ejecución de la política pública. 

Abundó en que dichas entidades se suman a las comisiones intersecretariales ya existentes, para dotar de flexibilidad y gobernanza a la acción del Presidente. 

Por el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera señaló que a las comisiones presidenciales se le otorgan facultades de investigación y fiscalización por decreto para casos como el de Ayotzinapa. Indicó que éstas tendrían que estar apoyadas por el Ministerio Público de la Federación, los fiscales y la Fiscalía General de la República. 

Explicó que las investigaciones no deben ser vinculatorias, sino sólo orientar y no sustituir la obligación del Estado sobre realizar el debido proceso. En caso opuesto, agregó, se vulnera lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, que señala los actos de molestia realizados por las autoridades. 

Al manifestar el voto en favor del PT, el senador Joel Padilla Peña sostuvo que las comisiones en mención cristalizan el compromiso de la Cuarta Transformación de escuchar y atender las demandas ciudadanas. 

La participación de académicos, investigadores, representantes de la sociedad civil y de los sectores empresarial y laboral, permitirán al Presidente de la República ser “el responsable de las decisiones que se tomen” y atender diversos retos con transparencia y rendición de cuentas. 

El legislador Samuel García Sepúlveda sustentó el voto en contra de Movimiento Ciudadano, citando el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe facultar al Ejecutivo legislar. Con este dictamen, subrayó, se le permite conformar comisiones por decreto y fiscalizar la Cuenta Pública, lo que corresponde al Congreso. 

Respecto de las comisiones de la verdad, reconoció que hay países con tribunales en esta materia, como Bélgica, que hacen investigaciones no penales, pero tienen reglas claras para mantener el equilibrio entre los poderes de Estado. Además, los nombramientos los hace el Legislativo. 

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, dijo que la Cuarta Transformación plantea la facultad discrecional del Ejecutivo de crear comisiones especiales para investigar y fiscalizar por encima de la ley, por lo que alerto: “Estamos desvalijando las instituciones que nos dimos”. 

Aseguró que la Constitución le atribuye facultades exclusivas de investigación a la policía y al Ministerio Público, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Auditoria Superior de la Federación, e impide que se junten los poderes distribuidos. “Por eso, nos vemos en la Corte, esta ley se va a controversia constitucional”, advirtió. 

De Acción Nacional, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez señaló que las comisiones presidenciales cumplirán funciones de investigación, seguimiento y fiscalización, además, sus informes serán vinculantes, lo que podría determinar que sus resoluciones se ubiquen por encima de las determinaciones de otras autoridades competentes. 

Indicó que al tener aquéllas el carácter vinculatorio, tampoco pueden ser creadas por decreto. Necesitan de un soporte constitucional. “Si bien, el próximo gobierno puede organizar su estructura y funcionamiento, no puede exceder el marco legal, ni la Constitución”, expresó. 

De Morena, el senador Rubén Rocha Moya aclaró que el Presidente de la República sí tiene funciones legislativas que no ejerce y están establecidas en el artículo 92 de la Constitución, pero de acuerdo con el artículo 21 constitucional el Ejecutivo Federal podrá constituir comisiones a su cargo, a través de la emisión de decretos.

Precisó que funcionarán como cuerpos o grupos asesores del mandatario para opinar o sugerir qué debe hacer o qué decisión tomar en tal o cual asunto. En este caso, abundó, sólo se reforma una ley secundaria y no significa invasión de un Poder a otro.

En la discusión en lo general y particular, el Pleno no aceptó a discusión las reservas presentadas por los senadores Juan Zepeda, del PRD, y Beatriz Paredes, del PRI, Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, y de Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI. 

Las propuestas de modificación pretendían suprimir las funciones de investigación y fiscalización de las comisiones presidenciales y precisar que la emisión de sus informes, “podrán” servir como base para la toma de decisiones.

  Por Nancy Rodríguez

El Senado de la República modificó la minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer el andamiaje institucional del nuevo gobierno.

Después que se aprobó el proyecto de decreto en lo general, senadores de Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PVEM presentaron en lo particular sus reservas para modificar diversos artículos del dictamen. 

Con 93 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, el Pleno respaldó los cambios a los artículos 8, 27, 33, 37 y 40, planteados por los senadores Cristóbal Arias, Xóchitl Gálvez, Jorge Carlos Ramírez, Beatriz Paredes, Noemí Camino y Nuvia Mayorga. 

En votación por separado, avaló -con 62 votos en pro, 37 en contra y cinco abstenciones- la modificación al artículo 17 Bis, que sugirió el senador Cristóbal Arias. Y, con 105 votos, el cambio que propuso el senador Ricardo Monreal a la fracción VIII, del artículo 27.  

Además, con 63 a favor y 43 en contra, aprobó en los términos del dictamen, diversos artículos reservados para ser modificados, lo cual fue rechazado. 

A sugerencia del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, la asamblea eliminó de la fracción VIII, del artículo 27 del dictamen, la facultad que se le había conferido a la Secretaría de Gobernación para “proveer el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional”. 

El legislador destacó la necesidad de garantizar el tránsito hacia un modelo de gobierno abierto, con pleno respeto a la libertad de expresión, sin gastos excesivos, sin control, cooptación, “compra de silencios o favoritismos para personalidades políticas o públicas”, ni coerción hacia los medios de comunicación.

También se aprobó la propuesta del senador Cristóbal Arias Solís para establecer en el artículo 8 que el Ejecutivo Federal contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el Presidente determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Oficina de la Presidencia. 

Dichas unidades podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia o a través de la oficina referida. 

Se precisó en el primer párrafo del artículo 17 Bis, que las oficinas de representación, que estarán en las entidades, “se coordinarán con las delegaciones de programa para el desarrollo”. 

La asamblea aceptó cambios al artículo 8, planteados por la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, a fin de aclarar que a la Oficina de la Presidencia le corresponde definir las políticas del Gobierno Federal en los temas de informática, tecnologías de la información, comunicación y de gobierno digital, en términos de las disposiciones oficiales. 

Además, respaldó la propuesta del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, para señalar en la fracción I del artículo 8 que las políticas del gobierno federal de informática, tecnologías de la información y la comunicación del gobierno digital bajo los principios de gobierno y datos abiertos en términos de las disposiciones aplicables. 

Del mismo modo, avaló que en el artículo 33, fracción XXI, quede establecido que la Secretaría de Energía se coordine con la Comisión Reguladora de Energía, para determinar las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Se aceptó la adición de una fracción XXI al artículo 40, propuesta por la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, a fin de promover la organización de los jornaleros agrícolas y garantizar la protección laboral y de seguridad social que establece la legislación aplicable. 

Los senadores respaldaron otro cambio al artículo 27 impulsado por la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del PVEM, para que la Secretaría de Gobernación también pueda formular y coordinar la política de prevención social del delito, la cultura de paz y de la legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad. 

Asimismo, que pueda crear e implementar de forma permanente una página electrónica de consulta pública, donde se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas, de todo el país; y establecer otra para los casos de mujeres y niñas. 

La propuesta también busca que la Segob elabore y ejecute los programas de reinserción social y apoyo a las personas que hayan cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad; así como el diseño e instrumento de programas anuales para el desarrollo municipal, previo un diagnostico en los ayuntamientos. 

La senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, presentó una reserva para eliminar la porción normativa de la fracción 24, del artículo 37, que faculta a los órganos internos de control a revisar la deuda pública, misma que fue aprobada por la Asamblea. 

Luego de su aprobación en lo particular, el proyecto de decreto se devolvió con cambios a la Cámara de Diputados.

 

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