LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1545)

         Por Nancy Rodríguez

  • Se clausuraron los trabajos del Parlamento Juvenil 2019 en el Senado de la República. 

Al participar en el último día de trabajos del Parlamento Juvenil 2019, el senador Ricardo Monreal destacó el papel que desempeñarán las nuevas generaciones de políticos en la construcción de un México mejor. 

Nunca olviden ser solidarios, independientemente, de sus posiciones políticas, ideológicas, de religión o empleo. Actúen con honestidad, sobriedad y humidad, sugirió el presidente de la Junta de Coordinación Política a los jóvenes que acudieron al encuentro. 

Dijo que son la generación del relevo, por lo que deben actuar con principios “para construir un México distinto al que les estamos heredando”. Ayuden, no vengan aquí a formarse para ser ricos, tener poderes o acumular riquezas. Ése no es el propósito de la política, puntualizó. 

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena resaltó que hubo una participaron extraordinaria de 128 jóvenes de todo el país en este ejercicio parlamentario. 

Refirió que hubo más de mil solicitudes de jóvenes para acudir a esta dinámica, por lo que ya se piensa en organizar una segunda y tercera edición del Parlamento Juvenil. Hay mucho interés de ellos de participar en la vida pública del país, subrayó. 

Previamente, el senador Ricardo Monreal hizo entrega de reconocimientos a los integrantes del Parlamento Juvenil 2019. 

  • Durante tres días 128 jóvenes celebran la diversidad del pensamiento democrático.

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que se buscará la realización de una segunda o tercera edición del Parlamento Juvenil, donde 128 jóvenes, durante tres días, integran y simulan las actividades de este órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar leyes federales.

 

Durante su intervención en el Pleno del Senado de la República, el también coordinador de la bancada de Morena instó a los jóvenes asistentes ser los futuros agentes de cambio político y construir puentes de comunicación para llegar a consensos, como lo hacen las fuerzas políticas, para aprobar reformas.

 

Aquel joven al que le guste la política debe ser perseverante e insistir en su objetivo, dijo. “No es fácil, pero se logra. Y el día que lo sean, intenten ser políticos toda la vida. No ser de tres o seis años. Sino toda su vida, ser un servidor público”.

 

En el segundo día de actividades, subrayó que el respeto y la tolerancia entre adversarios siempre serán los ingredientes elementales de quienes participan en el intercambio de ideas y puntos de vista, dentro de la vida política del país.

 

En su oportunidad, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, consideró importante la participación de las jóvenes en la política porque tienen una visión más sensible de los problemas, aunque aclaró que los espacios deben ganarlos por su preparación y no por el simple hecho de ser mujeres.

 

El Coordinador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, aseveró que si queremos que verdaderamente se consolide una transformación en México, debemos dejar a un lado la división ideológica. Debe existir un interés superior: que le vaya bien a México. “Nosotros los jóvenes tenemos en nuestras manos la capacidad de transformar a nuestro país” dijo.

 

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, refirió que los jóvenes representan el 31 por ciento de la población, de ahí la importancia de su participación en la vida política del país. Esta generación debe dar impulso para los próximos años en beneficio del país, detalló.

Catalina Monreal Pérez, conferencista en el segundo día del evento, señaló que una mayor representación de mujeres en los parlamentos asegura un avance y mayor participación en áreas claves como salud, educación y protección social.

 

“En la actualidad, el Senado de la República y la Cámara de Diputados están representados de manera paritaria, 50 y 50. Donde se ve que la participación de las mujeres influye en la aprobación de dictámenes que refuerzan el derecho y acceso a puestos de elección popular” manifestó.

 

El Parlamento Juvenil, que se realiza durante tres días, promueve el empoderamiento de los jóvenes líderes y celebra la diversidad del pensamiento democrático. Es una plataforma de participación para 128 jóvenes de todo el país, divididos en cuatro comisiones: Educación; Trabajo; Transparencia y Combate a la Corrupción; Redes Sociales y Comunicación Digital.

          Por Nancy Rodríguez

  • Devolver la paz y la tranquilidad a la sociedad, el objetivo.

El Pleno del Senado aprobó con 78 votos en favor, cuatro en contra y 30 abstenciones, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enviada por el Presidente de la República, cuyo objetivo es devolver a la sociedad la paz y la tranquilidad, ante los altos índices de inseguridad y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado.

 

Momentos antes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, compareció ante las y los legisladores para explicar las líneas de acción y objetivos de este plan.

 

La presidenta en turno de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, explicó que el pasado 15 de abril se recibió de la Secretaría de Gobernación un adendum y un nuevo texto que incluye nuevos elementos para la citada Estrategia. Al siguiente día, informó, el documento fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y publicado en la gaceta y portal del Senado.

 

Asimismo, mencionó que la Junta de Coordinación Política remitió un acuerdo para la incorporación al dictamen del adendum y las modificaciones, el cual fue aprobado por la asamblea.

 

El texto asegura que la Estrategia funcionará en un marco de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, para atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y, en general, todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.

 

Estará alineada a las diversas disposiciones que se vinculan con la seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, protección civil, responsabilidad hacendaria, sistema de justicia penal e instrumentos internacionales.

 

Refiere que en la persistencia e incremento de la pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud, se encuentra la base del auge delictivo que enfrenta el país. La prevalencia de la corrupción es la razón primaria de su descontrol, crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de contenerlo.

 

Por ello, más allá de ampliar el catálogo de las prohibiciones vigentes, incrementar las sanciones y construir nuevas cárceles, se busca ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades, edificar escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción para los infractores.

 

Se plantea que la violencia política y social sólo se resolverá con diálogo, racionalidad, transparencia y decisiones públicas que respondan a las demandas sociales.

 

El instrumento tiene los objetivos de erradicación de la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de los centros penitenciarios.

 

También establece estrategias específicas dirigidas a un nuevo modelo policial; la prevención del delito; focalización en regiones y participación ciudadana; nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad; estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos.

 

Asimismo, plantea una estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de procedencia Ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de estos delitos.

 

Con ellas, se buscará agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia; combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras; y abatir el tráfico de armas.

 

Al presentar el dictamen, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es perfectible, por lo que habrá de tener ajustes derivados de la operación y evaluación de sus resultados.

 

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública subrayó que es un tema prioritario para el desarrollo del país, sobre todo para acceder a una mejor calidad de vida en paz y con tranquilidad. “En este Senado tenemos la obligación de participar para que la Estrategia se fortalezca de manera permanente”, aseguró.

 

La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, de Morena, dijo que dada la emergencia que vive el país es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado mexicano, que involucra a todos los poderes y niveles de gobierno. La Estrategia adopta modelos de justicia transicional que garantizan los derechos de las víctimas, señaló.

 

El senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, refirió que la Estrategia no señala en ninguna parte cómo se va a construir la paz que reclama México. El grave de problema de seguridad que tiene el país no se resolverá con actos de fe o con buenas intenciones, sino con una estrategia, “y ésta, hasta hoy, no se ha presentado”. Dijo que el voto de su Grupo Parlamentario sería en abstención.

 

Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, dijo que su bancada no puede dar su voto aprobatorio a la Estrategia porque no cumple con los objetivos que debe perseguir. Carece de información consistente, de sustento técnico y no ofrece soluciones precisas ni medibles. “Es un documento fundamentalmente declarativo”, añadió.

 

En su oportunidad, el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, ratificó la confianza de su partido con el plan de seguridad del gobierno y confió en que los legisladores trabajarán en el análisis de las leyes secundarias de la Guardia Nacional con el mismo compromiso con el que lo hicieron para crearla, a fin de que estas surjan con el mayor consenso posible.

 

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PT, la senadora María del Carmen León Gastélum, manifestó el respaldo de su bancada a la Estrategia por considerar que esta es justa, clara y ambiciosa, porque busca atacar desde la raíz los problemas que generaron el clima de violencia que aqueja a nuestro país.

 

Por su parte, Verónica Camino Fajart, senadora del PVEM, señaló que la prevención social del delito, como eje de la política nacional de seguridad pública, es bastante acertada ya que esta labor no debe ser exclusiva de los cuerpos de seguridad. La ciudadanía también debe participar.

 

Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que su bancada votará en favor porque ante la situación de violencia que atraviesa el país, no se puede ser indolente ni polarizar un tema tan importante.

*El presidente de la Comisión de Justicia señaló que el Fiscal General trabaja en una reforma a la ley de la Fiscalía.    

 

El senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, destacó el cúmulo de asuntos que dicho órgano de revisión del Senado de la República tiene en su agenda para analizar y dictaminar.

 

Entre los temas relevantes, destacó las modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la legislación para regular el consumo del cannabis.

 

En entrevista, dijo que ha tenido reuniones con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien ya trabaja en una reforma a dicha legislación.

 

Abundó en que el Fiscal está de acuerdo con revisar las facultades del Coordinador General y otros rubros, entre los que se encuentran las fiscalías especializadas y la organización del servicio forense, por citar algunos.

 

“Hay una interpretación sobre que existen facultades excesivas para el Coordinador General, y el propio Fiscal nos ha expresado que tiene un punto de vista para poner a consideración del Senado de la República, el cual estaremos recibiendo”, comentó.

 

El presidente de la Comisión de Justicia señaló que es necesaria una FGR fuerte, que atienda el reclamo de los mexicanos porque se requiere una mejor procuración de justicia en el país. 

 

Explicó que cuando se aprobó la Ley Orgánica de esa instancia, se estableció un periodo de un año para que el Fiscal General hiciera propuestas al Senado para modificar la ley.

 

Señaló que además existen otras iniciativas que proponen modificaciones a la citada legislación, a las que se sumará la que envíe el Fiscal General. “Tendremos que hacer, incluso, hasta revisiones constitucionales, si el caso así lo amerita.

 

“Lo importante es poner a funcionar la Fiscalía. Lo que esté funcionando bien, conservarlo, y lo que se necesite modificar, hacerlo. Siempre las leyes son perfectibles, y estamos en la mejor disposición. No nos casamos con la primera idea”, dijo. 

 

En el caso del cannabis, refirió que es importante para la Comisión de Justicia trabajar en la legislación para regular su consumo. Recordó que por disposición de ley, el Senado tiene 90 días, a partir de que la Suprema Corte puso el plazo para legislar en la materia, mismo que vence en octubre. Al respecto, dijo: “Podemos aprovechar el periodo de receso”.

 

También enlistó otros temas pendientes: el nombramiento de magistrados agrarios, modificaciones al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, y examinar propuestas que plantean fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

 

*Que este sector de la población participe plenamente en la vida política y pública del país.

 

Con la finalidad de que las personas con discapacidad no pierdan la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República propondrá reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

La iniciativa busca armonizar la legislación mexicana con el compromiso adoptado por nuestro país en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Uno de los objetivos de dicho Convenio es que este sector poblacional pueda participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones.

 

En este sentido, la reforma propone que los documentos y material electoral cuenten con las características necesarias para asegurar el acceso a éstos a las personas con alguna discapacidad. 

 

Sugiere que estos ciudadanos puedan acceder de manera adecuada a casillas, mamparas y urnas para el ejercicio de su derecho, así como tener preferencia el día de la jornada electoral y permitirles ser acompañadas por una persona que las apoye.

 

De esta manera, las y los senadores de Morena buscan establecer desde la Ley un precedente de inclusión, igualdad y participación de las personas con discapacidad en México. Que ninguno de ellos, por omisión del Estado, pierda la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, se subraya en la propuesta.

 

Refiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó en 2014, que 7.65 millones de personas reportaron alguna discapacidad, lo que representa 6.4 por ciento de la población nacional.

 

En tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señaló que ocho de cada 10 personas con discapacidad cuentan con más de 29 años, lo que deja ver que la mayoría se encuentran en capacidad de ejercicio de sus derechos políticos. No obstante, son potenciales víctimas de vulneración cuando no tienen las condiciones de accesibilidad necesarias.

 

Ø  Expresó su solidaridad con el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, para esclarecer el homicidio de 13 personas en el Sur

La senadora Gloria Sánchez del Grupo Parlamentario Morena expresó todo su apoyo al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para esclarecer el homicidio de 13 personas y otras 4 heridas en el municipio de Minatitlán.

Señaló que las autoridades del Estado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal trabajan para esclarecer estos hechos. “Lamentamos mucho que la comunidad del Municipio de Minatitlán este pasando nuevamente, por esta situación heredada”, expresó la legisladora. 

Sánchez Hernández aseguró que comparte la pena con los pobladores, así como la exigencia de la pacificación del Estado y del país; “seguramente la Guardia Nacional contribuirá a lograrlo”. 

Finalmente, dijo que “es deseable que las fuerzas políticas no intenten lucrar con esta tragedia. La situación de nuestra entidad es grave y de emergencia. La unidad de todos es indispensable para acabar con la inseguridad y la violencia; para lograr la paz y la justicia en nuestra sociedad requerimos el esfuerzo de todas y de todos”.

  • Se modificará la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con ese fin.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota propuso reformar la legislación para que las autoridades judiciales de los tres niveles de gobierno concedan órdenes urgentes de protección cuando conozcan de delitos de violencia contra las mujeres, en las modalidades docente, laboral y comunitaria; atendiendo, además, las denuncias anómimas que se realicen bajo un temor fundado de la víctima. 

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI, propuso una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el párrafo primero del Artículo 27 y adicionar los párrafos segundos al artículo 31 y segundo al artículo 33, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de denuncia anónima y orden de protección para víctimas de violencia. 

Argumentó: Es claro que una de las preocupaciones de la sociedad es la violencia por motivos de género. Las construcciones sociales, políticas y económicas desde el androcentrismo o el patriarcado, producen continuamente episodios de violencia con una espiral ascendente que culmina en muchos casos con violaciones sexuales; lesiones (algunas con secuelas permanentes) y feminicidios. 

De igual forma, agregó, el daño a las víctimas de violencia afecta su derecho a ejercer de forma libre la personalidad, entre otros. Este daño difícilmente es reparado y las instancias de procuración de justicia no tienen la capacidad real para asegurar este derecho en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 17 constitucional. 

La violencia de género, continuó, tiene un alto patrón de revictimización, donde las víctimas son presa de un temor fundado de ser violentadas con mayor fuerza y daño por sus agresores, porque no existen alternativas que les permitan denunciar y recibir medidas de protección ante estos hechos. 

Mencionó un ejemplo: “Una mujer de apenas 23 años, originaria de la ciudad de Zacatecas, fue víctima de violencia extrema. En la entrevista dijo que su pareja la agredió con un cuchillo, la golpeó y en varias ocasiones intentó ahorcarla. Una vez escapó, pero la amenazó con quitarle a su hijo y le dijo que si no regresaba la iba a matar, a ella y al niño. Regresó con el esposo y se le proporcionó una tarjeta con direcciones por si necesitaba ayuda. La entrevistada me toma de las manos y me pregunta: ¿estás segura de que me van a ayudar? ¿me acompañarías?, preguntó desesperada”. 

Anaya Mota dijo que el testimonio es de hace 16 años pero que es vigente en el país al día de hoy. Las mujeres tienen un temor fundado para no denunciar y así se mantienen en el estado de violencia cotidiana que desemboca, en ocasiones, en el feminicidio. 

De acuerdo con reportes de la CNDH,  expuso que la violencia en la relación de pareja es donde se registra el mayor porcentaje de víctimas, en la que además se involucra -la mayoría de las veces- a los hijos, dependientes económicos y emocionales. 

Agregó que se ha identificado que la violencia contra la mujer  sigue ciertas pautas: el agresor comienza con la violencia psicológica, ataca directamente la autoestima, la ridiculiza, la ignora, no toma en cuenta lo que dice. Luego, aumenta la intensidad del desprecio, la denigra, le grita. Viene entonces la violencia física, la cual puede incluir la violencia sexual. Este tipo de violencia termina en feminicidio o muerte violenta, o bien, en suicidio, a menos que el ciclo de la violencia sea interrumpido. 

Indicó que por estas razones, una de las acciones fundamentales que deben realizar la federación y los gobiernos estatales, es la de otorgar órdenes de protección para preservar la integridad de las victimas, tanto directas como indirectas (mujeres, niños y adoleescentes). Esto debe ser para evitar que la violencia escale hasta la muerte de la víctima.

 

La propuesta de la senadora Anaya Mota establece que las órdenes de protección sean actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son, fundamentalmente, precautorias y cautelares. “Deberán otorgarse inmediatamente se conozcan hechos constitutivos de delitos de violencia contra las mujeres, en las modalidades docente, laboral y comunitaria, atendiendo las denuncias que se realicen vía anónima bajo un temor fundado de la víctima de violencia”.

 

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno, continúa, atenderán las denuncias anónimas de las mujeres víctimas de violencia, otorgando las órdenes de protección necesarias para salvaguardar su integridad y su anonimato. Las autoridades judiciales determinarán las medidas de protección para denunciantes anónimas de violencia; privilegiando la integridad y la seguridad de las víctimas, protegiendo su anonimato sin que interfiera en el proceso judicial.

 

La propuesta fue enviada para estudio, análisis y dictaminación a las comisiones unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.

         Por Nancy Rodríguez

  • Más de 41 millones podrían ser víctimas de este delito, en el país. 

La senadora Nadia Navarro Acevedo propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal para sancionar hasta con 10 años de cárcel a quien comparta o publique información, datos, imágenes o videos de contenido sexual. 

La legisladora del PAN plantea tipificar el delito de violencia digital a quien usurpe identidad, robe contraseñas, ataque cuentas, dispositivos o distribuya información de otra persona sin su consentimiento, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

El proyecto de decreto señala que las expresiones discriminatorias se incluyen en la propuesta, ya que son una práctica recurrente, principalmente hacia las mujeres en redes sociales. Causan daño psicológico, emocional y refuerzan prejuicios, incluso pueden conducir a formas de violencia sexual y física. 

En un informe de la Comisión sobre la Banda Ancha de la Organización de las Naciones Unidas, dado a conocer en 2015, estimó que un 73 por ciento de mujeres han experimentado algún tipo de violencia en línea y una de cada cinco vive en países donde es poco probable que se castigue el acoso y abuso en línea, refiere el documento. 

Alude que en México, datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estimó que más de 41 millones de usuarias podrían ser víctimas de violencia digital.    

Cabe destacar que en 2018, el 64 por ciento de los mexicanos se conectaron a internet, (equivale a 72.7 millones), de los cuales el 49 por ciento son mujeres y 51 por ciento hombres, de 13 a 70 años de edad, según el Interactive Advertising Bureau (IAB). 

La iniciativa turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios  Legislativos, Primera, resalta la importancia de erradicar el acoso, envío de mensajes o imágenes no deseados con mensajes sexistas que degradan, insultan y discriminan a las mujeres.

  • La medida, para que cuenten con nuevas oportunidades: Armando Guadiana.

El senador Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población, ejecuten en conjunto, las acciones necesarias para que se dote de herramientas a los municipios del país, con el fin de brindar a los migrantes en retorno una reinserción exitosa en su comunidad de destino u origen. 

En la exposición de motivos, el legislador señaló que, debido a la política migratoria de Estados Unidos, existe el riesgo latente de que cerca de 6 millones de connacionales puedan ser deportados a nuestro país. (De 2008 a la fecha se han deportado a más de 2.5 millones de mexicanos). 

Dijo que el Gobierno de la República ha realizado esfuerzos importantes para el recibimiento ordenado de los repatriados mexicanos, como lo señala la Ley General de Población, pero sin lograr articular una estrategia de acompañamiento hasta la reintegración integral del retornado en su municipio de destino. 

La gran mayoría de las veces los repatriados se tienen que desplazar hasta ciudades grandes para encontrar medianamente una oportunidad de reinserción, impactando en su economía, en su vida social y familiar, agregó. 

Indicó que es necesaria la ejecución de políticas públicas que brinden certeza jurídica, social, económica, psicológica, productivas y de inserción familiar al repatriado, mediante mecanismos de capacitación que permitan un acceso más ágil, informado y expedito a los programas y beneficios federales y estatales ya existentes. 

Debido a esto, el senador recomendó la creación de un estándar de competencia en materia de atención al migrante en retorno. De esta manera, se contribuirá al desarrollo de las comunidades de origen y destino a través de la reinserción exitosa de la población objetivo y el aprovechamiento de los talentos adquiridos en el exterior, puntualizó.

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