LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1545)
- El presidente de la Jucopo se reunió con empresarios del país y representantes de 12 cámaras industriales.
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que por acuerdo de los grupos parlamentarios, el segundo periodo ordinario de sesiones será del 18 al 21 de junio y se tratarán revocación de mandato, austeridad republicana, consulta popular, ley de confianza ciudadana y tres de tres.
Durante una reunión con empresarios de todo el país, representantes de 12 cámaras industriales y con la secretaria de Trabajo y Previsión y Previsión Social, Luisa Alcalde, planteó la realización de un Parlamento Abierto previo al próximo periodo ordinario de sesiones para escuchar las propuestas de este sector tras la aprobación de la ley laboral.
Dicho Parlamento Abierto -a celebrarse entre julio y agosto- incluirá a toda las cámaras, los inversionistas y centrales obreras. La idea, señaló, es construir y perfeccionar la reforma laboral, económica, inversión, el desarrollo industrial y seguridad jurídica.
Además, se buscará que sus propuestas transiten hacia un acuerdo que le dé voz a estos sectores. Sus puntos de vista serán revisados para que, eventualmente, puedan ser incorporados algunos planteamientos.
El Senado de la República buscará ser interlocutor de buena fe con el sector económico y empresarial frente al Ejecutivo, para generar confianza, estabilidad y garantizar el Estado de Derecho, resaltó el senador.
“Intentamos construir los puentes de entendimiento. Esto es uno de los primeros pasos para establecer un mecanismo institucional de comunicación como es el Parlamento Abierto”, señaló.
Los empresarios e industriales platearon un decálogo de reformas en torno a la reforma laboral, la cual fue aprobada ayer, en comisiones del Senado.
Con respecto al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), Monreal Ávila confió en que sea ratificado de forma simultánea por los congresos de los tres países.
“Tengo comunicación con los Congresos, el de Estados Unidos y el de Canadá, y queremos aprobarlo simultáneamente”, precisó.
En el Senado mexicano podría darse en el mes de agosto o septiembre, concluyó.
- Fue aprobada en lo particular con 97 votos, 22 en contra y una abstención.
Después de aprobar en lo general y lo particular la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia educativa, el Senado de la República la remitió a las legislaturas de los estados para continuar con su proceso constitucional.
En la discusión en lo particular, el Pleno rechazó las reservas presentadas por senadoras y senadores de Acción Nacional, que pretendían evitar la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, entre otros temas.
Los diversos párrafos reservados de los artículos 3º, 31 y 73, así como de varios transitorios del proyecto de decreto, fueron ratificados en los términos del dictamen con 97 votos en favor, 22 en contra y una abstención.
En nombre de la Mesa Directiva, su presidente, Martí Batres, reconoció y agradeció el aporte de todos los grupos parlamentarios “en este importante debate”. Se trata, agregó, de uno de los temas más sensibles para el país: la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Manifestó su respeto a todas las senadoras y senadores, independientemente de la postura asumida a lo largo del debate.
En el mismo sentido, el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, agradeció a todos los grupos parlamentarios que votaron en favor de la reforma. Como una autentica oposición, votaron razonadamente, destacó.
También reconoció la actitud de los coordinadores de cada uno de los Grupos Parlamentarios, pues “siempre actuaron con generosidad y racionalidad”. A los que votaron en contra, “los respetamos. Es su estrategia y no tenemos nada que reclamar”, puntualizó.
Por Nancy Rodríguez
*Explica que el humano invadió terrenos naturales que ahora representan un peligro y dificultan la implementación de políticas públicas de mitigación de riesgos
El senador del Grupo Parlamentario Morena, Radamés Salazar Solorio, presenta la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 5to de la Ley de Seguridad Nacional, sobre la amenaza que representa el Cambio Climático para la seguridad del país.
En la iniciativa, impulsada también por el senador Ricardo Monreal Ávila, Radamés Salazar explica que el Cambio Climático no solo es un problema ambiental, sino de desarrollo, y un factor importante que amenaza la seguridad humana y la seguridad nacional.
Por tanto, el proyecto de decreto que integra la iniciativa propone que la amenaza que representa el Cambio Climático se asiente en la fracción 13 al artículo 5to de dicha ley.
Los efectos del Cambio Climático, detalla la exposición de motivos de la iniciativa, socavan los medios de subsistencia, comprometen la cultura y la identidad, y desafía la capacidad de las entidades federativas para proporcionar las condiciones necesarias para la seguridad humana.
Explica que diversos asentamientos humanos de México están en riesgo, ya que en el afán por asegurarse una mayor calidad de vida, el ser humano invadió terrenos naturales que ahora representan un peligro y dificultan la implementación de políticas públicas de mitigación de riesgos.
El Cambio Climático pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y energética, así como el acceso al agua de millones de mexicanos. Las alteraciones en los patrones de los eventos climatológicos y las temperaturas extremas son cada vez más comunes y aumentarán si hay una mayor concentración de gases de efecto invernadero.
Finalmente, la iniciativa de los senadores de Morena, Radamés Salazar y Ricardo Monreal Ávila, detalla algunos de los efectos que México enfrenta por el Cambio Climático, como el aumento de la desertificación; incremento extremo de temperatura; cambio en la intensidad de las lluvias; adelanto de las épocas de calor; pérdida de bosques; desaparición de glaciares ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y aparición de enfermedades.
*A través de acuerdos o convenios con estados y municipios, el Gobierno Federal transferirá recursos para dichos proyectos.
El Pleno del Senado de la República aprobó que el Gobierno Federal, a través de acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos estatales y municipales, les transfieran recursos para realizar proyectos de vivienda destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Las reformas a la Ley de Vivienda establecen el fomento de esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, pero de preferencia los que se encuentren en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, así como a los productores sociales.
Se indica que los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población bajo las citadas condiciones, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Vivienda, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes.
Por ello, el sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Con el fin de fortalecer la capacidad de pago de esta población, se acordó que los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.
Además, el Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado –se insiste- a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Asimismo, las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en dichas circunstancias, el acceso a una vivienda digna, conforme a las disposiciones y reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior también tendrá como fin apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquellos de autoproducción, autoconstrucción, mejoramiento de vivienda y la entrega de paquetes de materiales a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
El dictamen no estaba inscrito en el orden del día, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, dio cuenta de la recepción del dictamen de las comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la citada legislación.
Fueron modificados los artículos 4, fracción X; 8, fracción V; 13, fracción 11; 17, apartado A, fracción II y apartado B, fracción 11; 19, fracción VII; 34, fracción 11; 39, primer párrafo; 42, fracción 1; 47, segundo párrafo; 51 ; 54, primer y tercer párrafos; 55, primer párrafo; 58; 61, primer párrafo; 62, fracción 1; 67; 82, fracción II, y 111, todos de la Ley de Vivienda.
Desde su escaño la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, advirtió que votaría en contra del procedimiento y la forma en que se pretendía reformar una institución que tiene que ver con el tema del territorio nacional y no es tan sencillo eliminar o cambiar sus atribuciones de manera tan imprevista.
El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 72 votos en favor, 48 en contra y dos abstenciones. Fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
- Este tipo de ejercicios favorece el cumplimiento de la función de escrutinio conferida al Poder Legislativo.
- Los cuestionamientos de las comparecencias deben guiarse por criterios como claridad, objetividad y pertinencia.
El desarrollo de comparecencias constituye una herramienta a disposición de los legisladores para la obtención de evidencia que les permita evaluar la toma de decisiones de los funcionarios públicos, así como determinar la idoneidad de las y los candidatos para ocupar los cargos cuyo nombramiento o ratificación dependen del Poder Legislativo, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “La utilidad de las comparecencias ante el Poder Legislativo para la rendición de cuentas”, elaborado por la investigadora Perla Carolina Gris Legorreta, explica que este tipo de ejercicios favorece el cumplimiento de la función de escrutinio conferida al Poder Legislativo pues le permiten cuestionar a funcionarios del Ejecutivo sobre las decisiones y acciones emprendidas respecto de un tema de política pública.
El documento del IBD sostiene que las comparecencias, además, están previstas en el marco jurídico mexicano como un mecanismo para evaluar la idoneidad de un candidato a un ocupar alguno de los cargos públicos que requieren la aprobación del Legislativo. Esto, apunta la investigadora, permite transparentar la decisión sobre su designación y debatir sobre la pertinencia de los perfiles.
De acuerdo con la investigación, los procedimientos establecidos para llevar a cabo estas comparecencias deben favorecer condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas presentes en el espacio legislativo, lo que significa establecer procesos homogéneos para la participación que permitan que todas las visiones estén representadas en la discusión.
Otro factor importante, según el estudio, es la calidad de los cuestionamientos que se realizan en las comparecencias. Estos deben guiarse por criterios como claridad, objetividad y pertinencia que promuevan que las respuestas que se obtengan constituyan evidencia relevante para que las y los legisladores adopten una postura informada sobre el tema de análisis
La investigación completa del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4444
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bibliodigitalibd.senado.gob.mx
El desarrollo de comparecencias constituye una herramienta a disposición de los legisladores para la obtención de evidencia que les permita robustecer la toma de decisiones.
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- Con el cambio de administración, quienes lo conformaban regresaron a sus unidades de origen de las Fuerzas Armadas.
En votación nominal, con 108 votos, cero en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general y lo particular derogar diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para desaparecer al Estado Mayor Presidencial.
Los elementos de este cuerpo deberán ser reincorporados a sus unidades de origen de las Fuerzas Armadas, conservando su antigüedad, rango y prestaciones. La documentación generada por lo anterior deberá ser concentrada en los archivos de cada dependencia, según corresponda.
El senador Dante Delgado Rannauro, de MC, subió a tribuna para presentar la adición de un artículo cuarto transitorio al dictamen correspondiente, para permitir que la Secretaría de Seguridad Pública conforme un cuerpo de seguridad especializado en la protección del Presidente de la República y para mantener la seguridad de las instituciones.
Insistió en que es necesario que las Fuerzas Armadas continúen brindando seguridad al Presidente de la República, sobre todo por la violencia en los últimos años.
El senador José Félix Salgado Macedonio, de Morena y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, agradeció al Senado de la República por permitir que desaparezca el Estado Mayor Presidencial, y coincidió con el planteamiento del senador Dante Delgado.
Desde su escaño, el senador Santana Armando Guadiana Tijerina, de Morena, expresó su apoyo a la adición presentada por el senador de MC, al justificar que los elementos del Estado Mayor Presidencial tienen experiencia y capacitación adquirida.
En votación económica se aprobó incorporar al dictamen la propuesta.
En el documento se establece que las dependencias del Poder Ejecutivo que guarden relación con la operatividad del Estado Mayor Presidencial contarán con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la publicación del decreto, para llevar a cabo las adecuaciones jurídicas y administrativas requeridas para darle cumplimiento.
Atendiendo al cambio de administración, el personal que realizaba funciones en el cuerpo del Estado Mayor Presidencial, de manera operativa, ha regresado a las funciones inherentes a su cargo original.
No obstante, este cuerpo del Ejército seguía en la legislación, por lo que fue adecuado el texto de la Ley con la realidad fáctica.
El dictamen que deroga la fracción III del artículo 14; el artículo 15; la fracción I del artículo 103; los artículos 104 y 105, de dicha Ley, aprobado en lo general y en lo particular con la adición del citado artículo cuarto transitorio, fue turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional
Por Nancy Rodríguez
- Dos días después, podría llevarse a cabo el periodo extraordinario para desahogar la reforma educativa.
La primera sesión de la Comisión Permanente se llevará a cabo el próximo lunes, 6 de mayo, a fin de tratar -como único punto- la convocatoria para el periodo extraordinario, así lo informaron el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, y el vicepresidente de este órgano del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo.
Tras una reunión con integrantes de la Mesa Directiva de la Permanente, Martí Batres dijo que aunque aún no se define una fecha para el periodo extraordinario, existe la posibilidad de que éste se lleve a cabo el miércoles 8 de mayo, con el propósito de desahogar la reforma educativa.
Esto, aclaró en conferencia de prensa, todavía “no es un acuerdo, es una posibilidad y, en su caso, tendría que ser resuelto por la Comisión Permanente”, que es la facultada para convocar, definir los temas a tratar y las fechas del periodo extraordinario.
Agregó que esta convocatoria debe ser aprobada por dos terceras partes de los miembros presentes en la Asamblea de dicho órgano. “Por lo tanto, esto ameritará acuerdos y acercamientos entre los Grupos Parlamentarios”.
El senador también comentó que podría haber varios periodos extraordinarios y en cada uno abordar un tema específico. “Puede ser que el 8 de mayo se dé un extraordinario para abordar la reforma educativa, pero esto es una posibilidad hasta este momento. El acuerdo definitivo sólo lo puede tomar la Comisión Permanente”, aclaró.
Sobre la reforma educativa, Martí Batres consideró que la planteada por la Cámara de Diputados es “muy virtuosa, porque equilibra dos derechos que parecían en pugna: el derecho al trabajo de los maestros y el derecho a la educación de niños y jóvenes”.
Subrayó que esta propuesta elimina la evaluación punitiva, quita el vínculo entre evaluación y permanencia en el empleo, incorpora educación superior y la inicial, como responsabilidades del Estado, transforma el órgano autónomo -de ser evaluador a ser formador- y sustituye la evaluación para la sanción, por la evaluación para el diagnóstico.
Por su parte, el diputado Porfirio Muñoz Ledo confió en que habrá reforma educativa. Es una decisión de Estado, dijo. “Nosotros estamos seguros, por nuestras pláticas en la Cámara de Diputados y el contacto con Hacienda y la Secretaría de Educación, que ya tiene todos los elementos que se han pedido”.
No sólo en un problema de análisis, sino de gestión, acotó. “Se evalúa para hacer las cosas mejor, no para correr al señor o a la señora. No se evalúa para eso. Entonces, con base en tantos pulimientos, ya la ley está muy bien para mi manera de ver”.
A la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente asistieron el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del PAN; las senadoras Claudia Ruiz Massieu, del PRI; y Mónica Fernández Balboa, de Morena.
Por Nancy Rodríguez
- Morena en el Senado impulsa la banca para las clases más necesitadas
En sesión de la Cámara de Senadores, se aprobó con 91 votos a favor la transformación de BANSEFI a Banco del Bienestar.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público Alejandro Armenta especificó que una de las funciones consideradas en el Banco del Bienestar "es la ampliación sustancial de las capacidades de otorgamiento de recursos a programas sociales con el propósito de cambiar las condiciones de vida y emprender el desarrollo social que permita la superación de la pobreza, la estabilidad social y el crecimiento sostenido".
De esa manera, el Banco del Bienestar se constituirá como el primer conducto para la canalización de los apoyos de los programas sociales del gobierno federal a través de medios de pago electrónicos con la capacidad y legitimidad para generar nuevos recursos y medios.
Alejandro Armenta remarcó que, con esas modificaciones, el Banco del Bienestar contribuirá al logro de sus objetivos a través de la propuesta de acciones y políticas públicas para el acceso a los subsidios y programas sociales.
El senador de Morena indicó que se desarrollará la infraestructura para recibir, administrar y dispersar los recursos de programas sociales "haciéndolos llegar de manera eficiente y transparente a la población objetivo, incidiendo a la vez en la inclusión financiera a través de una oferta amplia de servicios que contribuyan al bienestar de dicha población".
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- Resultaban más caras para la Comisión, por una serie de “subsidios indirectos y ocultos”, indican.
Senadores de la República se reunieron con el director general de Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) Alfonso Morcos Flores, quien explicó que la cuarta subasta de energías limpias se canceló hasta que sean modificadas las bases y reglas del mercado de una forma más equitativa.
Señaló que resultaba más caro adquirir energía para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que hay una serie de “subsidios indirectos y ocultos”, porque la red de transmisión y el sistema de distribución lo pagaría dicha Comisión. El transporte es muy barato. “Por eso hay tantos interesados en invertir. Todo el respaldo lo haría la CFE”.
Aunado a ello, indicó que CFE primero tenía que pagar los certificados de energía limpia y, finalmente, al realizar el balance de potencia, también tendría que pagarlo. Si sumamos todos los componentes de costo y respaldo, era más caro adquirir energía por este método, explicó.
Por lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad manifestó desinterés por adquirir energía mediante dicho método. Esperará hasta que se desarrolle el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Hasta entonces se acordó suspender las subastas por tiempo indefinido. “Estamos evitando el robo a ultranza que está haciendo la industria privada”.
Refirió que a fines de 2018 se emitió una convocatoria para una subasta de corto plazo, donde no hubo participantes, ni concursantes, nadie que quisiera comprar energía por esa vía.
Con respecto al tema de abasto de energía en la Península de Yucatán, indicó que es necesario buscar alternativas. Para la generación de la misma, propuso, podría ser diésel en vez de gas. Podría implementarse un suministro alterno para que haya diésel y minimizar así el riesgo de las desconexiones de las líneas de trasmisión, precisó.
Al respecto, el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, consideró que la cancelación de las subastas es un retroceso. Es necesario regular el sector privado para que sus empresas puedan generar la energía que el Estado no puede en el corto plazo.
Sin embargo, argumentó, parece que se quiere acabar con las empresas que quieren producir energía limpia y barata. “Si hay robo a ultranza de la industria privada se debe denunciar; como ciudadano y funcionario está obligado a denunciar”.
Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, subrayó que la Península de Yucatán es deficitaria en su balance de energía debido a que, en promedio, 573 gigawatts mensuales son importados de otras regiones para satisfacer las necesidades de consumo eléctrico la región.
Aseguró que la deficiencia de generación de energía eléctrica tiene como consecuencia los apagones, además de que se paga 120 por ciento más por el consumo, que el resto de las regiones del país.
El senador Américo Villarreal Anaya, de Morena, dijo que es “lamentable” el desmantelamiento de la capacidad operativa que tenía el Estado en esta materia. El Estado debe recuperar su productividad para tener más oportunidades de oferta y mejores precios.
- Podrán elegir sus directivas mediante voto personal, libre, directo y secreto; tienen derecho de formar parte o no de un sindicato.
El Pleno reformó el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, por 115 votos en favor y dos abstenciones.
La modificación establece que todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa.
Asimismo, el trabajador ejercerá en todo momento su libertad de adhesión o separación de un sindicato, a nadie se le obligará a formar o no formar parte de él, o a permanecer en el mismo.
El dictamen avalado señala que las disposiciones normativas actuales de la ley confieren la libertad al trabajador de asociarse al sindicato de su preferencia, pero no la libertad de separación, y limita dicha acción únicamente a un proceso de expulsión.
Los legisladores consideraron que la expulsión, referida actualmente en el artículo 69, es un método obsoleto, al margen de las políticas nacionales e internacionales en tema de sindicación de los trabajadores.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, refirió que la reforma armoniza el derecho a la libre sindicalización, dispuesto para los trabajadores contemplados en el Apartado A del artículo 123, y en el Convenio 98 de la OIT.
Además, reconoce el derecho de las personas trabajadoras del Estado a gozar de forma plena y efectiva su derecho humano laboral y a decidir libremente sobre su pertenencia a un sindicato, lo que los coloca en un plano de igualdad, dijo.
En la ronda de posicionamientos, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, comentó que la libertad de asociación, en lo general, y la libertad sindical en lo particular, son dos derechos característicos de todo sistema democrático.
Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado precisó que los trabajadores del Apartado B viven en un régimen de excepción. No obstante señaló que en Parlamento Abierto y como parte de la agenda laboral, se buscará que los todos los trabajadores ganen el derecho a la libertad sindical.
En el rubro de reservas, el senador Pedro Haces Barba, de Morena, propuso derogar el artículo 68, para quedar en los términos de la ley vigente. También, adicionar los artículos 69, 71, 73, 78, 79 y 84, a fin de hacer congruente la reforma propuesta.
Agrega un párrafo al artículo 69, relativo a la elección de directivas sindicales, mediante voto personal, libre, directo y secreto de todos y cada uno de los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con un plazo no menor a 15 días; se difundirá entre los miembros del sindicato, y también deberá notificarse al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la misma anticipación.
El Tribunal podrá verificar el procedimiento de la elección, a través de servidores públicos. Las elecciones que no cumplan estos requisitos serán nulas.
Lo anterior, para hacer precisiones en materia de elección de directivas sindicales, constitución y cancelación de los sindicatos, adhesión de éstos a las federaciones de sindicatos de trabajadores, y sobre las prohibiciones a estos grupos de trabajadores.
Las adiciones a diversos artículos, planteadas por el senador Haces Barba, fueron aprobadas en votación nominal por 118 votos en favor, uno en contra y una abstención. Fue turnado a la Cámara de Diputados.
Por Nancy Rodríguez
- Es resultado de una larga lucha de los trabajadores mexicanos, afirma Martí Batres.
- Envía el documento al Ejecutivo Federal para sus efectos.
El Senado de la República aprobó sin cambios, en lo general y en lo particular, la reforma que planteó la Cámara de Diputados en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, destacó que esta reforma es resultado de una larga lucha de los trabajadores mexicanos por la democracia y la libertad sindical, por el salario y mejores condiciones de vida.
Responde también, agregó, a los compromisos del Estado mexicano derivados de la enmienda constitucional de 2017 y a los tratados internacionales como el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
Por mayoría, la Asamblea rechazó las reservas que presentaron senadores del PAN, PRI, PVEM, PRD y Movimiento Ciudadano para modificar diversos artículos del dictamen.
El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social.
Con ello, se busca elevar la productividad, generar beneficios tanto a los patrones como a los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo y recuperar la confianza de la justica laboral.
Con 70 en pro y 50 en contra, el Pleno aprobó en los términos del dictamen los artículos 49, 110, 132, 133, 146, 245 bis, 279 quarter, 280 bis, 283, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342, 360, 364, 369, 371, 371 bis, 373, 390 bis, 390 ter, 395, 399 ter, 400 bis, 451, 590-D, 784, 897, 897-F, 920, 923, 926, 927, 929 y 937 de la Ley Federal del Trabajo.
Además, los artículos sexto, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y vigésimo segundo del régimen transitorio del proyecto de decreto, que habían sido reservados.
