*Primera Comisión de Trabajo aprueba nueve dictámenes. 

La Primera Comisión de la Permanente aprobó un dictamen para solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que “vele por el cumplimiento irrestricto de los programas en materia de prevención,  control de la contaminación atmosférica y sancione a quien no cumpla con la normatividad aplicable”. 

Senadores y diputados destacaron que los automóviles constituyen una de las principales fuentes de contaminación en el país, razón por la cual el gobierno debe actualizar sus mecanismos para monitorear las emisiones vehiculares. 

En el documento aprobado, agregaron que a partir del pasado 2 de julio, se puso en marcha el nuevo Programa de Verificación Vehicular en la Ciudad de México, en el que se incluye de manera aleatoria la prueba físico-mecánica y la medición de partículas ultra finas. 

Los legisladores precisaron que dicho programa es de observancia obligatoria para la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores de combustión interna matriculados y/o que circulen en el territorio de la Ciudad de México y los que porten placas metropolitanas. 

En su novena reunión de trabajo, la Primera Comisión, que preside el senador José María Tapia Franco, aprobó en total nueve dictámenes, entre ellos, uno para pedir al Gobierno de la Ciudad de México un reporte sobre el Proyecto de Corredor Concesionado “Eje 5 Sur Eje 6 Sur, Santa Catarina-Metro Observatorio”, que prevé contar con 130 unidades de transporte público de pasajeros. 

Piden información sobre combate a la delincuencia en Jalisco 

Además, senadores y diputados dieron su respaldo a un punto que de acuerdo para solicitar al Gobierno de Jalisco información sobre las estrategias de prevención del delito y acciones que se están implementando para el combate a la incidencia delictiva en dicha entidad.

Los legisladores hicieron un llamado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de estado para reforzar la estrategia de atención a víctimas.

En el dictamen, destacaron que en esa entidad “se han suscitado jornadas de violencia que han dejado como consecuencia la pérdida de vidas y medios de la prensa han señalado que la inseguridad en la entidad se ha recrudecido”.

·         La Segunda Comisión aprobó un dictamen que propone hacer el exhorto a los estados que aún no cumplen con lo establecido en la Ley.

La Segunda Comisión -Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública- de la Comisión Permanente aprobó nueve dictámenes en la reunión de trabajo que sostuvieron, hoy,  los legisladores integrantes.

Un dictamen votado a favor, exhorta a 24 entidades federativas para que instalen su respectiva comisión estatal de búsqueda, obligación establecida en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas son los estados incluidos en el llamado.

Otro dictamen aprobado, exhorta al Gobierno Federal para que a través de las dependencias competentes refuercen las medidas empleadas para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y en específico el acoso sexual.

También votaron a favor de que la Comisión Permanente realice un llamado a la Secretaría de Marina para que fortalezca las actividades de difusión e información para promocionar la salud. Dichas acciones, plantea el documento, deben estar enfocadas en prevenir enfermedades como el cáncer cérvicouterino, y principalmente en las mujeres indígenas del país. 

En otro dictamen aprobado, se propone exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que proporcione los recursos deportivos y económicos necesarios para que jóvenes y niños con síndrome de Down participen en competencias internacionales, como se hace con los atletas sin discapacidad.

·          Se cierra la legislatura con mejoras para evitar robo de hidrocarburos, sin impuestos en alimentos y medicinas, y reglas para evitar endeudamiento público.

·         Por primera vez, se ratificó el nombramiento de una mujer al frente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con avances en la regulación, modernización y vigilancia del sistema fiscal, de aduanas, financiero y gasto público, concluyó el trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la LXII y LXIII legislatura, señaló su presidente, senador Manuel Cavazos Lerma. 

El avance que se dio para modernizar a México en materia tecnológica en el rubro financiero, se dio con la elaboración de la llamada Ley Fintech, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 9 de marzo, recordó. 

Así quedaron regulados los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, su organización, operación y funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial ofrecidos o realizados por medios innovadores, como las plataformas tecnológicas que operan criptomonedas. 

Con la nueva regulación, el país se coloca como líder en América Latina, al sumar 238 startups que ofrecen servicios financieros a través de la tecnología, y se espera que el valor total de las transacciones sea de alrededor de los 36 mil millones de dólares para 2018. 

Recordó que en abril de este año, fueron aprobadas diversas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Aduanera, al Código Penal Federal y a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos para contar con controles volumétricos que verifiquen la entrada y salida en toda la cadena productiva de hidrocarburos y petrolíferos. 

Dichas modificaciones ayudan a combatir la evasión y elusión fiscal, y la venta de gasolinas producto del contrabando, porque  el nuevo sftware mide el volumen del producto recibido en los servicios que desarrollan los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución, hasta su venta final. 

Otro de los cambios importantes en esta legislatura, dijo, fue a la Ley Aduanera, en la que se fijó la modernización de los procesos de declaración de los viajeros que entran al país, éstos se realizarán con de forma flexible y con nuevas tecnologías. 

No impone nuevos regímenes fiscales, únicamente se actualiza para reducir el uso de papel y certificar el peso, volumen y calidad de mercancías que ingresan a territorio nacional, comentó. 

Por primera vez, se ratificó el nombramiento de una mujer, Úrsula Carreño Colorado, para ocupar el cargo de Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

En materia de finanzas públicas, se aprobó, en 2017, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para establecer reglas y controles para la contratación de deuda pública, a fin de evitar desfalcos de los recursos públicos ejercidos y endeudamiento sin control. 

El senador recordó que se fijó el cinco por ciento de los excedentes para gasto corriente de forma permanente, a partir del año 2019 y se establecieron facilidades para atender de manera ágil las necesidades de los estados en caso de desastres naturales. 

Por otra parte, señaló que la reforma hacendaria de 2013, fortaleció la capacidad financiera del Estado, ayudó a simplificar el pago de impuestos, eliminó el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) y se mantuvo la exención de IVA a alimentos y medicinas. 

Cavazos Lerma agregó que los acuerdos al interior de la Comisión permitieron la aprobación de la Ley de Ingresos que envía la colegisladora, para su revisión, en octubre de cada año, con lo cual se determina el monto de los recursos con los que contará la Federación y que se etiquetan en los diferentes rubros del país, a través del Presupuesto de Egresos.

• La creación de la Secretaría de Cultura y la promulgación de la Ley General de Cultura, trascendentales en la LXII y LXIII Legislaturas.
• Se ampliaron y precisaron las facultades del  Instituto Nacional de Derecho de Autor. 

En la LXII y LXIII Legislaturas se establecieron las bases para que la cultura se reconociera como un derecho y un elemento de la riqueza de México con potencial para la atracción de inversiones, señaló el presidente de la Comisión de Cultura, senador Javier Lozano Alarcón, al hacer un balance de los trabajos legislativos  realizados en la materia,  con base a un diálogo abierto con el Ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil. 

“La cultura debe ser un motor de desarrollo, no sólo  en la creación,  recreación y para el placer, sino como atracción natural de inversiones y, vinculada al turismo, como elemento de  promoción de México en el exterior”, apuntó en entrevista. 

En el país contamos con un acervo cultural maravilloso en todo tipo de las bellas artes y artesanías, lo que hace necesario se dé un impulso sin precedentes con políticas públicas en las que se armonicen las acciones de Gobierno, Congreso, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y  plataformas digitales, sostuvo el senador sin partido. 

Hizo énfasis en la riqueza que representan culturas originales, como los mayas que realizan grandes obras de arte de enorme atractivo, “que se debe explotar responsable y razonablemente, se debe dar prioridad nacional a la cultura”. 

El trabajo legislativo es importante subrayó el senador Lozano Alarcón, al reconocer las acciones emprendidas por sus antecesores en la presidencia de la Comisión de Cultura, la ex senadora Blanca Alcalá y el ex senador Gerardo Sánchez. 

A decir del legislador poblano existen dos temas de gran importancia: La creación de la Secretaría de Cultura y la promulgación de la Ley General de Cultura. 

“La creación de la Secretaría de Cultura va a pasar a la historia como un acto de responsabilidad”, porque al separarse de la Secretaría de Educación Pública –que tiene un ámbito de responsabilidad muy extenso-, se da la debida atención a la cultura mexicana, sostuvo. 

Otro paso legislativo en sentido correcto, agregó, es la promulgación de la Ley General de Cultura, como una legislación reglamentaria del artículo 4º constitucional, para reconocer el derecho al acceso y creación cultural. 

Reconoció que será tarea de la próxima legislatura transformar dicha norma en Ley Federal de Cultura, a fin de  dotar de suficientes instrumentos y presupuesto a los gobiernos estatales y municipales para la preservación del patrimonio, material e inmaterial, así como en busca de otorgar becas a personas con talento. 

La Comisión de  Cultura subraya en sus informes que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales reconoce de manera expresa: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”, por lo que el Estado es responsable de promover su  difusión y desarrollo, con respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones, expresiones,  y libertad creativa. 

La creación de la Secretaria de Cultura, agrega, fueron calificadas en el sector como “una de las más importantes adecuaciones al orden jurídico de nuestro país en materia de administración, pues se ubica a la cultura como una actividad estratégica del Estado y elemento clave del desarrollo nacional. 

Garantías para autores

Entre los dictámenes aprobados por el Pleno del Senado, destaca la adición de  la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para exentar del pago de regalías para explotación de obra por parte de su autor, cuando su reproducción sea accesible a personas con discapacidad y sea sin fines de lucro. 

Esta modificación se constituye como un mecanismo alterno para mejorar la calidad de vida de los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar y tengan acceso a las expresiones del arte y la cultura, de modo que les permita desarrollar sus cualidades cognitivas. 

Se reformaron, por otra parte,  los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor,  para optimizar las vías legales y procedimentales para hacer eficaz la aplicación de la justicia en la  materia de derecho de autor. 

Sin crear una nueva figura jurídica, se  ampliaron y precisaron facultades del  Instituto Nacional de Derecho de Autor para que pueda realizar visitas de inspección, así como se establecieron  multas para quienes no asistan a las juntas de avenencia respecto de las controversias que se susciten en la materia. 

Apunta  que los titulares de los derechos de autor y conexos puedan optar por la vía penal o civil sin la necesidad previa de agotar los procedimientos administrativos. 

Se faculta a las autoridades judiciales para que al igual que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,  puedan emitir resoluciones de suspensión de libre circulación de mercancías en frontera en asuntos relacionados con el derecho de autor,  en concordancia con la Ley Aduanera 

Protección de bienes 

Se adicionó el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático, con el objetivo de evitar el saqueo, sobre todo, en aguas profundas. 

El dictamen destaca que existen  antecedentes del registro galeones que a lo largo de los siglos fueron hundidos en lo que hoy conocemos como zonas marinas mexicanas, los que contenían cargamentos de todo tipo de bienes, incluso, su estructura y armamento atraen la ambición comercial de empresas dedicadas al comercio de este tipo de bienes, poniéndolas  en riesgo. 

Reconoce  al Instituto Nacional de Antropología e Historia como la autoridad responsable de su preservación, así como la faculta para autorizar cualquier trabajo de exploración que se pretenda realizar con motivo de bienes culturales subacuáticos. 

Se emprendieron, además,  diversas acciones legislativas para hacer más severas las sanciones por saqueo, destrucción, alteración, comercialización y tráfico ilícito de que son objeto los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 

En la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se estableció que los gobernados tienen el derecho de audiencia de conformidad con el Artículo 14 constitucional, para proteger los bienes  declarados como monumentos frente a la oposición de los particulares que promuevan juicios de amparo. 

Al garantizarse el derecho de audiencia, se da transparencia a las decisiones de los institutos  nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA) para salvaguardar  bienes históricos y artísticos. 

Se aprobaron, por otra parte, un conjunto de iniciativas sobre planes de manejo y operación de sitios arqueológicos para el cuidado de 42 mil 614 sitios arqueológicos  registrados en el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de México 2010, y las 187 zonas arqueológicas resguardadas por el INAH. 

La acción legislativa permitió homologar las políticas de apertura de las zonas arqueológicas a la visita pública, así como en materia de  investigación,  protección jurídica y medidas para evitar el impacto del desarrollo urbano. 

Al establecer Planes de Manejo y Operación para cada una de las zonas abiertas al público y que cuenten con una declaratoria, las autoridades responsables de las zonas de monumentos,  cuentan con elementos legales de mayor fortaleza para la toma de decisiones sobre los usos, aprovechamientos o permisos, procesos de investigación e intervención de los inmuebles o sobre la defensa jurídica del polígono de protección de cada zona

·         Urge prevenir la comisión de delitos por menores de edad, con base a un sistema más benigno, acusatorio e inscrito en la restitución de derechos.

·         Se fortaleció la reinserción social y se priorizaron las medidas alternativas a la privación de la libertad. 

Como impulsora del cambio y actor principal en la consolidación de los derechos de las y los mexicanos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República aprobó diversas leyes que enriquecieron el marco normativo en la materia y cuyo trabajo fue apegado a los más altos estándares internacionales para proteger los derechos de la ciudadanía. 

Además de la aprobación de las leyes en materia de tortura, desaparición forzada de personas, y de declaración especial de ausencia para desaparecidos, consideradas como fundamentales para la protección de la integridad de la ciudadanía, la Comisión también avaló leyes que robustecieron los derechos de los jóvenes y de las niñas y niños de México. 

En entrevista, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión, destacó la aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo propósito es garantizar los derechos humanos de los adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados. 

Aclaró que las niñas y niños menores de 12 años no son objeto de este sistema y si se ven involucrados en algún hecho delictuoso, por su edad, tienen que ser atendidos y buscar su reinserción y su tratamiento desde la asistencia social, lo que significa una prohibición de que las personas menores de 12 años puedan ser privadas de su libertad. 

En tanto, los adolescentes de 12 años y de menos de 14 años que cometan algún delito que pueda llevar una sanción fuerte por su magnitud, no van privados de su libertad sino que tiene que hacerse un tratamiento con medidas alternativas a la privación de la libertad, como el trabajo comunitario, añadió. 

Respecto a la implementación de esta ley, la senadora por el PRD precisó que se tienen las mismas dificultades existentes en el propio sistema para adultos, pues no se ha entendido la reinserción social y cuáles deben ser las políticas que lleven a la implementación de este nuevo sistema. 

A decir de la legisladora debe estar inscrito desde el principio -por parte de los jueces de ejecución- en la asistencia del plan personal de quien está bajo una medida alternativa de privación de libertad o una de privación de libertad por haber cometido algún delito y que es la parte más importante que se debe seguir atendiendo. 

“Por desagracia, todavía el sistema tanto para adolescentes como para adultos, está inscrito en la readaptación social y eso está limitando la implementación correcta de estos preceptos constitucionales que tienen que lograr como propósito que una persona que esté involucrada en un hecho delictuoso corrija ese camino y pueda reincorporarse después de que cumple la sanción punitiva que determina el juez, pues pueda incorporarse por el camino de la legalidad”, aseguró la también integrante de la Comisión de Justica. 

Es necesario prevenir que una persona menor de 18 años de edad que ha cometido un ilícito, pueda reencauzar sus alternativas, con base en un sistema más benigno, acusatorio, fundamentalmente inscrito en la restitución de derechos, aseveró. 

La Ley de Justicia para Adolescentes fue la primera Ley constitucional que estableció como principio fundamental de naturaleza penal una doctrina garantista a partir del reconocimiento de un debido proceso legal, fundado en un sistema acusatorio y de reinserción social, argumentó. 

Lamentablemente, añadió la legisladora, no se ha logrado porque prácticamente la mayoría de los centros de privación de libertad  siguen siendo, en su mayoría cárceles que no cuentan con políticas para lograr la reinserción social. 

De la Peña Gómez resaltó la Ley Nacional de Ejecución Penal, otra de las leyes más importantes que aprobó la LXIII legislatura, que va dirigida a los centros de privación de libertad federales y locales, incluyendo los centros para personas menores de 18 años y mayores de 14 años. 

En este caso, añadió, no se ha podido constituir la figura que determina la Ley: el juez de ejecución, que es la autoridad judicial competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, que desafortunadamente no se ha logrado constituir.   

Es decir, que ya no es la autoridad administrativa la que determina si una persona está cumpliendo con su plan especial y si se atienden los preceptos constitucionales de trabajo, educación, deporte, cultura, todos estos derechos, inscritos para la reinserción de las personas en la sociedad,  preciso. 

Hizo ver que aún no se ha formado ni verificado a las autoridades conforme a la Ley; “nos preocupa mucho que la legislación no está siendo aplicada de manera debida en los ámbitos locales. Los centros de privación de libertad a nivel local tienen gobiernos de las mafias, la mayoría, o hay una colusión de autoridades con las mafias y todavía sigue habiendo corrupción”. 

Además, agregó,  hay hacinamiento provocado por la sobrepoblación, así como personas que por delitos, “por bagatelas jurídicas”, que no deberían estar privados de su libertad sino con medidas alternativas a la privación de la libertad. Entonces, todo esto dificulta la implementación y promoción de la reinserción social de cada una de estas personas, sostuvo. 

Reconoció que los cambios estructurales no se están implementando y que se necesita una política de gobierno, es decir, la gobernanza que debería distinguir a la política pública sustentada en la aplicación de cada uno de los preceptos de la Ley, y llevar el seguimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, de las organizaciones especializadas, que hoy tienen un papel relevante en la búsqueda de la reinserción social. 

Hay muchas cosas qué hacer en los centros de privación de libertad a nivel federal, sobre todo de alta seguridad, insistió. Creo que tienen un mejor control, pero aun así sabemos que la corrupción ha cobrado malas experiencias como la fuga de “El Chapo” de un centro de privación de libertad de alta seguridad. 

Este tipo de cuestiones reflejan que se requiere de una especialización y evaluación permanente de quienes estén al frente de estos centros, pero que hasta el momento no se está realizando. 

Por otra parte y no menos importante, la senadora Angélica de la Peña, resaltó la importancia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aplicable a todo el país, y por la que se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, de acuerdo a la Constitución y los tratados internacionales, puntualizó.

Reconoció que se han presentado dificultades en la implementación porque no se ha garantizado la no discriminación de todas las niñas y niños; siguen siendo discriminados los más pobres, están en una situación de vulnerabilidad y riesgo,

La política pública no está tomando en consideración la restitución de derechos cuando estos no están siendo gozados, ejercidos por las niñas y los niños. Aunado a esto, preocupa que falte una articulación del ejercicio de la política pública en los tres órdenes de gobierno que debe sustentarse en el reconocimiento de que las y los  menores de 18 años de edad son sujetos de derechos,  apuntó. 

Por el contrario, “si no hay una determinación de una política general, nacional, inscrita desde este enfoque de los derechos humanos de la niñez, con políticas claras, precisas, medibles, evaluables, no vamos a poder lograr la implementación de cada uno de los preceptos de la Ley sobre derechos de la niñez”, puntualizó De la Peña.

La senadora perredista resaltó también la aprobación de diversas leyes en el Senado, como la de Atención a Víctimas, contra la Discriminación, a los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Penal para Proteger a Periodistas o Defensores de Derechos Humanos. 

Así como el trabajo de la mano con la Comisión para la Igualdad de Género, a fin de incorporar la perspectiva de género y reconocer principios de los derechos humanos como el Interés Superior de la Niñez y los principios de no discriminación e igualdad sustantiva.

*El parque vehicular supera las 38 millones de unidades, el Estado de México ocupa el primer lugar, seguido de la Ciudad de México y Jalisco. 

La Comisión Permanente reconoce los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de movilidad, cambio climático, salud y medio ambiente, al declarar el día 3 de junio de cada año como “Día Mundial de la Bicicleta”. 

A través de un dictamen de punto de acuerdo, las legisladoras y legisladores exhortaron al Gobierno Federal y a las entidades federativas contemplar en sus calendarios de efemérides, la nueva celebración del “Día Mundial de la Bicicleta”. 

Actualmente, el parque vehicular supera las 38 millones de unidades, el Estado de México ocupa el primer lugar con 5.1 millones de unidades; seguido de la Ciudad de México con 4.7 millones y Jalisco, con 3.1 millones de vehículos. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEI) señalan que, en 2030, la flota vehicular podría alcanzar 70 millones de vehículos, en su mayoría de uso particular. 

La bicicleta constituye un pilar para la movilidad y la sustentabilidad de las grandes urbes, su uso ofrece ejercicio físico saludable, un medio de transporte económico, mayor agilidad de desplazamiento, menos problemas de espacio de estacionamiento, así como un ahorro en la inversión de infraestructura, señala el documento. 

Al respecto, la senadora Diva Gastélum Bajo destacó que la bicicleta no se contribuye a la salud y movilidad, sino que fue un instrumento que ayudó a emancipar a la mujer y participó en la igualdad de género y de oportunidades entre mujeres y hombres.

           Por Nancy Rodríguez

·         El régimen abate los costos de logística y eleva la eficiencia en las operaciones aduanales.

Cualquier territorio con límites internacionales, que aspire al desarrollo, debe voltear hacia el comercio exterior, dijo el senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

Durante la inauguración del Segundo Foro de Industria y Comercio Exterior, Quintana Roo, explicó que la figura de los Recintos Fiscalizados Estratégicos, como el que acaba de implementar esa entidad, ha sido poco explorada como un régimen aduanero. 

Uno de los objetivos de dicho régimen es fortalecer los niveles de competitividad de la industria manufacturera establecida en México, principalmente de aquella cuyas operaciones se orientan hacia los mercados internacionales, abatiendo los costos de logística y elevando la eficiencia en las operaciones aduanales. 

Por lo que en Quintana Roo se buscará aprovechar las condiciones que ofrece el marco jurídico vigente para promover el desarrollo a partir de un régimen o dos, comentó. El foro abordará el establecimiento de un Recinto Fiscalizado Estratégico como un régimen similar al de una zona franca, señaló el senador. 

Detalló que ya existen Recintos Fiscalizados Estratégicos en otras partes del país, como en Aguascalientes, Altamira, Lázaro Cárdenas, Guaymas y Veracruz; por lo que Quintana Roo ya trazó un Plan Maestro para su Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico. 

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, comentó que los objetivos de su gobierno se orientan a trazar un plan de acción con estrategias, programas y proyectos que permitan identificar y dar seguimiento a los alcances de sus recursos y potencialidades, para colocarlos adecuadamente en el mercado nacional e internacional. 

“Hay que buscar nuevas vías de desarrollo que nos lleven a mejorar los medios de vida de todas las comunidades; trabajemos juntos para aumentar al máximo el enorme potencial que tenemos”, señaló.   

Rosa Elena Lozano Vázquez, secretaría de Desarrollo Económico Gobierno de Quintana Roo, refirió que el sur tiene carácter de zona internacional fronteriza, y representa una gran oportunidad para las inversiones nacionales y extranjeras. 

Dijo que el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico de Quintana Roo, es una apuesta importante del gobierno estatal que, en conjunto con el Gobierno Federal, ha proyectado su incorporación al escenario industrial y de comercio exterior del país. 

Ana Ruth Solano Fragoso, directora general adjunta de Control de Exportaciones de la Secretaría de Economía, abundó que con el Recinto Fiscalizado Estratégico de Quintana Roo se suma a las acciones que buscan elevar la competitividad del país en comercio exterior. 

En el Segundo Foro de Industria y Comercio Exterior, también se debatirán las ventajas competitivas de los Recintos Fiscalizados Estratégicos; y la oportunidad que representa, para México, el comercio exterior con los países de El Caribe.  

A la inauguración del foro, también asistieron los senadores Héctor Larios Córdova, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.   

Así como los embajadores Guy Lamothe, de Haití, y Manuel Ricardo Pérez González, de Panamá; Sherrick Mhattews, encargado de Negocios de la Embajada de Jamaica; y representantes de la Concamin, Canacintra y la Concanaco.  

            Por Nancy Rodríguez

·         No se nos puede olvidar que los edificios que se colapsaron el año pasado “son prueba viva de la corrupción”.

·         Presentan testimonio fotográfico de las diferentes formas de apoyo a la población mexicana. 

El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, afirmó que México aprendió la lección de 1985 y durante la emergencia que provocó el sismo del 19 de septiembre de 2017 demostró que es un país más fuerte, pero no se nos puede olvidar que los edificios que se colapsaron el año pasado “son prueba viva de la corrupción”. 

Consideró que “salvo un par de edificios que no debieron haberse caído, todos los demás, eran casas a las que les levantaron tres o cuatro pisos más para hacerlos escuela, y nadie ha asumido la responsabilidad de esto”. 

En la presentación del libro “La Grandeza Mexicana, el Espíritu contra la Adversidad”, el legislador destacó que, cuando se respetaron, los códigos de construcción cumplieron con su misión: “Tenemos edificios muchas veces más altos que los que teníamos en 85 y siguen de pie”. 

La obra, que se presentó en la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl número 9, es un testimonio fotográfico de las diferentes formas de apoyo que se vivieron desde los instantes que siguieron al sismo del 19 de septiembre de 2017, hasta unos meses después de la emergencia. 

Aborda diversas expresiones de ayuda de la población mexicana, de las autoridades gubernamentales y las brigadas de rescate nacionales e internacionales. 

Cordero Arroyo destacó que al igual que en el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que provocó la muerte de más de 20 mil personas, el año pasado la sociedad se movilizó de manera solidaria y generosa, pero también se contó con cuerpos de brigadistas y rescatistas profesionales, que arriesgaron su vida para salvar la vida de desconocidos. 

Hace 32 años, dijo, la sociedad ahí estuvo, “apoyando brazo con brazo, hombro con hombro, con el Estado Mexicano. Sería imposible pensar que una sociedad se auto-organizara para enfrentar una catástrofe, como la que fue en el 85, sin la presencia fuerte de un Estado”. 

Esto, asentó, es un ejemplo de que México ha avanzado y que es un mejor país que en esa época, “porque tendemos a pensar que todo está muy mal, que nada funciona, que es necesario cambiar de rumbo”, y nuestra nación “es una historia de éxito, de sacrificio, de esfuerzo desde mediados de los 80’s”. 

El senador agradeció el apoyo que diversas naciones brindaron a nuestro país y propuso crear un sistema para que de manera automática e inmediata permita recibir la presencia de cuerpos de rescate de todo el mundo, pues aún existen problemas para coordinar de manera adecuada la ayuda de otros países. 

La senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, comentó que la adversidad sacó a la luz la grandeza mexicana y la sincera amistad y solidaridad que nuestro país inspira a nivel internacional. 

Recordó que jóvenes de todas las profesiones y de extracciones sociales se encontraron con bomberos y policías, con personas de edad avanzada, con soldados y marinos, profesionistas y trabajadores de todos los oficios y rescatistas de todo el mundo; “despertaron como desconocidos y se fueron a dormir como hermanos”. 

Queda el legado de una generación de jóvenes denominados como millennials, que se había pensado que eran indiferentes a los que sucedía en sus comunidades; sin embargo, se mostraron más comprometidos con sus semejantes en la necesidad; una lección que México deberá tener presente hacia el futuro, puntualizó la legisladora. 

Agustín Barrios Gómez, presidente de la Fundación Imagen de México, hizo un reconocimiento a la labor de la sociedad civil y de cuerpos de rescate como el de Topos Azteca, quienes con su esfuerzo, conocimiento y capacidad de improvisar ante situaciones inéditas pudieron salvar vidas. 

Señaló que la fuerza de la del activismo civil permitió transformar al país en los años ochenta y en los noventa, por lo que, desde esa perspectiva, somos ejemplo para el mundo.

·         La Delegación mexicana sustenta el IX Informe Periódico ante la CEDAW. 

En representación del Senado mexicano, la senadora Diva Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, participó este vienes 6 de julio en la sustentación del IX Informe periódico de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra, Suiza. 

La delegación encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruíz Cabañas, detalló las medidas legislativas, judiciales, administrativas, por mencionar algunas, que han sido adoptadas por el Estado mexicano en cumplimiento de la CEDAW. 

Durante la presentación ante el Comité que corrió a cargo del Subsecretario Ruíz Cabañas, se destacó la fortaleza democrática de México ante las pasadas elecciones, pero sobre todo la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública mexicana; ya que pasamos de la paridad en candidaturas a la paridad real en el número de mujeres electas en las cámaras de Diputados y Senadores. 

“Así en la próxima legislatura federal, las mujeres serán el 49.2 por ciento en el Senado de la República (17% más alto que en las elecciones de 2012), y 48.6 por ciento en la Cámara de Diputados (6% más que en 2015)”. Sostuvo.   

En lo correspondiente al Comité se precisó que se han establecido esquemas normativos de aplicación general – desde reformas constitucionales estructurales y leyes generales – y sistemas nacionales de coordinación, como son el Sistema Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres; el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; o bien, el Sistema Nacional de Protección integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Además, se han diseñado y consolidado mecanismos institucionales de coordinación nacional, dentro de instancias como la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, a fin de avanzar en la política nacional de igualdad, y en el combate a la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Entre el 2014 y hasta el primer trimestre de 2018, el Estado mexicano ha reformado, adicionado o derogado, 303 normas en códigos penales y 151 en códigos civiles y familiares, armonizándolos con el marco federal e instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de las niñas y mujeres mexicanas. 

Fue aprobada la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), que incorporó como motivos de discriminación la misoginia, la homofobia, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

En junio de 2017 entró en vigor la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar la Tortura (y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), la cual materializa los esfuerzos del Estado mexicano en su conjunto para eliminar esta práctica violatoria de derechos humanos, con el agravante de violencia sexual. De igual manera, y derivado de un proceso participativo de la sociedad, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que responde a los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos. 

Se destacó que por vez primera en nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye el compromiso de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y establece como estrategia transversal la inclusión de la perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno. Al igual que el Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación. 

A lo largo de 15 años de institucionalización de la perspectiva de género se han creado 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel estatal, dos mil 13 institutos municipales de las mujeres, 21 unidades de género en la Administración Pública Federal, dos en el poder legislativo y tres en el poder judicial. 27 Tribunales Superiores de Justicia (84%) y 4 organismos federales autónomos cuentan con su unidad de género. Todos los Congresos locales tienen hoy una Comisión de Igualdad de Género. 

Se han creado unidades, centros y fiscalías para investigar y abordar de manera especializada la violencia contra las mujeres. Actualmente el país cuenta con 42 Centros de Justicia para las Mujeres en 27 entidades federativas 

El informe presentado ante el Comité de la CEDAW es un trabajo interinstitucional entre los tres Poderes de la Unión, de ahí la participación de las y los actores representantes de éstos ante el Comité. Hoy, se rindió cuentas sobre los logros y retos de México en materia de igualdad sustantiva, de reducción de las brechas de desigualdad, de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y las niñas, y de construcción de instituciones y mecanismos efectivos. 

Como parte de los temas que fueron detallados por integrantes de la delegación ante el Comité se encuentra: la Alerta de Violencia de Género, Refugios, feminicidios, violencia obstétrica, violencia comunitaria, violencia política, medidas legislativas para la protección de las mujeres, Agenda 2030, mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, mujeres indígenas, mujeres migrantes, entre otros. 

En su momento, la senadora Diva Gastélum señaló que los esfuerzos realizados por el Estado mexicano han sido muchos, sin embargo, uno de los retos más importantes que tenemos es frenar los crímenes de odio en contra de las mujeres “campañas de comunicación, políticas públicas, legislativas, pero sobre todo el compromiso del Estado Mexicano”. 

Asimismo, planteó el alcance y los beneficios de los programas federales no solo para el combarte a la pobreza sino en el beneficio que las mujeres obtienen de ellos; un claro ejemplo es el programa Prospera, el cual así como otros más, cuenta con un apartado específico con el proyectos productivos de vivienda, educación, emprendedurismo, etcétera; aspecto que ha generado un adelanto importante en las mujeres para las mujeres. 

Entre los integrantes de la delegación mexicana participaron: Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación; Margarita Luna Ramos, Ministra, Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación; Embajadora Socorro Flores Liera, Representante Permanente, Misión Permanente de México ante Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra; María Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres; Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional, Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros.

·         De acuerdo con el Informe Mundial de las Drogas 2017, se estima que 183 millones de personas globalmente han usado cannabis.

En la Nota de Coyuntura “La legalización del cannabis en Canadá; un nuevo paradigma en la política de drogas”, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado Mexicano se ocupa del debate y la conformación de la nueva legislación canadiense sobre el uso del cannabis. 

En este análisis se presenta información relativa a la próxima implementación del Cannabis Act C-45 tanto a nivel federal como por parte de las Provincias canadienses y discute las oportunidades y retos que entraña tanto para el país como para la región en su conjunto. Finalmente, analiza la discusión y desafíos de este cambio de paradigma en la lucha contra las drogas, en especial en relación con la política mexicana sobre el particular. 

La planta del cannabis ha sido utilizada con fines espirituales, medicinales y recreativos desde los albores de la humanidad. Tras la firma de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el cannabis fue incluido en la Lista I como sustancia prohibida. Pese a ello, es uno de los estupefacientes más consumidos y cultivados en el mundo. 

La despenalización del cannabis para uso lúdico en Canadá fue una de las promesas de campaña durante la elección de Primer Ministro de Justin Trudeau (2015), bajo el argumento que dicha legalización eliminaría las drogas de las calles y del alcance de los niños y los jovenes al pasar de un enfoque criminalizado y persecutorio a uno de salud pública bajo una estricta regulación estatal. 

El documento del CEIGB hace un recuento de los principales puntos que en su momento emitió el grupo de trabajo federal-provincial-territorial en el informe marco para la legalización y regulación del cannabis en Canadá (2016); así como las principales disposiciones legales que conforman la ley C-45 (2018) en cuanto a la venta, distribución, posesión, producción, importación y exportación de cannabis y su implementación en las Provincias canadienses. 

Esta Nota de Coyuntura expone también, las repercusiones que esta transformación legislativa comienza a tener para la imagen internacional de Canadá. En un extremo lo proyecta como un país líder, audaz e innovador, en la generación de mecanismos de regulación del uso de esta droga, la protección de la salud y la prevención de la violencia, mientras que las voces de organismos internacionales se han hecho escuchar manifestando su rechazo a lo que consideran es una violación al marco normativo internacional.

Particularmente para México y su relación con América del Norte, este cambio de paradigma implicará, en buena medida, contribuir a replantear el propio. Sumada a la experiencia de distintos estados de la Unión Americana que han despenalizado el uso de la marihuana para fines recreativos, la experiencia canadiense podría servir para inspirar un nuevo debate en México.

El ejemplo que Canadá ofrece al mundo tiene que ver con una legislación que busca equilibrar distintas consideraciones políticas, económicas y sociales y que efectuó un cálculo entre las necesidades imperantes de la vecindad geográfica con Estados Unidos, la importancia de combatir las adicciones y de incorporar un enfoque de regulación equilibrado reconociendo nuevas realidades en la materia. 

El Cannabis Act C-45 eleva las prohibiciones penales en cuanto a la venta, distribución, posesión, producción, importación y exportación ilegales de cannabis y reconoce al gobierno canadiense como el único autorizado para facultar a personas la posesión, venta o distribución de cannabis en virtud de la ley provincial correspondiente y establece sanciones monetarias y administrativas al incurrir en faltas a la ley. 

Al ser una ley que tiene como principal propósito mitigar el consumo de cannabis entre los jóvenes, la ley prohíbe cualquier promoción, envasado y etiquetado que pueda fomentar el consumo de cannabis dentro de esta población. Como contrapeso la ley está abierta a que los consumidores tengan acceso a toda la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre el consumo de la sustancia. 

Más aún, ninguna persona puede vender ni proporcionar cannabis a ningún menor de 18 años so pena de sentencias de hasta 14 años de cárcel. Adicionalmente autoriza a las provincias a establecer regulaciones sobre cuestiones tales como calidad, pruebas, composición, envasado y etiquetado de cannabis, así como autorizaciones de seguridad y la recopilación y divulgación de información con respecto al cannabis. La distribución y venta de cannabis se realizará, en cualquier circunstancia, bajo la autorización gubernamental de licencias y permisos. 

Para conocer más acerca de la política de despenalización de la marihuana en Canadá, los múltiples desafíos que enfrenta y las implicaciones que tiene para México, lo invitamos a consultar la Nota Informativa a la que hace referencia el presente Boletín en el siguiente enlace: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Cannabis-Canada_050718.pdf

·         Los ciudadanos tienen más herramientas para su defensa ante la justicia, su libertad de tránsito y de expresión. 

La gobernabilidad y gobernanza del país están garantizadas para los próximos años, porque la tranquilidad y estabilidad están sentadas sobre bases jurídicas con la aprobación de nuevas leyes, reformas constitucionales y las modificaciones a la legislación secundaria que se realizaron durante la LXII y LXIII Legislaturas, afirmó el senador Raúl Aarón Pozos Lanz. 

El presidente de la Comisión de Gobernación destacó --en entrevista-- que este panorama positivo se logró con la actualización que se hizo del marco jurídico desde el Senado de la República, con lo cual los ciudadanos tienen ahora más herramientas para su defensa ante la justicia, de sus principios, su libertad de tránsito y de expresión; y el gobierno, preciso,  tiene más obligaciones  de cumplir. 

El senador integrante del Grupo Parlamentario del PRI señaló que el marco jurídico nacional se actualizó  con la aprobación de 23 nuevas leyes generales y federales, entre las que destacan: la de Víctimas; contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles; la de Desaparición Forzada de Personas; para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la de Ejecución Penal y la de Seguridad Interior. 

Entre las reformas constitucionales y las modificaciones a la legislación secundaria, destacó la Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, y las adecuaciones a la Ley de Seguridad Nacional para que las autoridades de los tres niveles de gobierno velen por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral del daño; hasta las adecuaciones legislativas en materia de regulación y uso de la mariguana. 

También citó la aprobación de la Ley de Amparo, la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de Suspensión de Garantías y la Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional en materia de Derecho de Audiencia, que establece la expulsión de extranjeros que invadan atribuciones de los ciudadanos mexicanos. 

“Sin duda, toda esta agrupación de leyes tienen un objetivo y una misión fundamental y es salvaguardar, primero que nada, la seguridad personal, física (de las personas) y, segundo, que la seguridad y las libertades en este país están blindadas y fortalecidas bajo una arquitectura jurídica que le permite a los ciudadanos tener herramientas para defenderse  o para defender sus principios, su libertad de tránsito y de expresión”, remarcó. 

El senador por el estado de Campeche recordó, al término de la sesión de trabajo de las Comisiones Unidas, donde se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lo siguiente: 

“Es un tema indeseable, yo no hubiera deseado que nunca se tocara un tema, que nunca se aprobara una ley de este tipo, que nunca hubiera una institución que de alguna manera dirigiera los esfuerzos (en ese sentido), pero es una realidad terrible y trágica del país y es una realidad que debemos atender y a la que debemos darle un entramado jurídico”. 

Por ejemplo, dijo, en esta Ley de Desaparición Forzada de Personas, había un elemento que hacia urgente su aprobación y “era la incertidumbre que padecen los familiares al desaparecer una persona y no declararse formalmente y, por ende, no podían acceder a los recursos que la persona desaparecida tuviera en alguna institución bancaria”. 

“De tal suerte que con la aprobación de esta ley en el Senado y en la Cámara de Diputados, se dio oportunidad para que esa terrible, trágica y dolorosísima incertidumbre, se menguara de alguna manera con la declaración especial de personas desaparecidas, no fallecidas pero desaparecidas, pudieran contar con elementos para poder manejar el dinero que esté en alguna cuenta bancaria, cumpliendo una serie de requisitos que están en la propia ley”, expuso. 

También en el caso de la Ley General de Víctimas, continuó, cuyo objetivo es fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas. 

Además, establece la obligación para que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, proporcionarles recursos de ayuda. Fue aprobada el 4 de noviembre de 2016, y el 14 de diciembre del mismo año fue ratificada por la Cámara de Diputados y turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación. 

“Fue una discusión técnica que prevé escenarios que no quisiéramos estar discutiendo, y debo recordar que asumí la presidencia de la Comisión de Gobernación del Senado el último mes del último periodo ordinario de sesiones, no era miembro de la Comisión, de tal suerte que las generalidades de lo que fue sucediendo en las discusiones, nos daban la oportunidad de tener elementos”. 

El trabajo legislativo realizado en la Comisión permitió avanzar en “todos los temas relacionados con la gobernabilidad y la gobernanza del país, que darán la oportunidad de transitar en los próximos años, seguramente, de gran turbulencia política y social, y le darán a los ciudadanos más herramientas y al gobierno más obligaciones, de tal suerte que la tranquilidad y estabilidad del país, están sentadas sobre las bases jurídicas que se han plasmado en las nuevas leyes y las reformas constitucionales”, remarcó el senador Raúl Aarón Pozos Lanz.