LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (355)

Por Nancy Rodríguez

Así se expresó el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo al dar a conocer la aprobación, en lo general y en lo particular de la Ley de Comunicación Social #PropagandaGubernamental.

Claramente, enfátizó con tono de voz punzante y desde la máxima tribuna “Con atentos saludos a la Suprema Corte de Justicia”.  

Ya que con esta aprovación se da cumplimiento a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de la Unión expida una legislación, antes del 30 de abril, que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social. 

El Senado de la República aprobó en lo general, así como los artículos no reservados, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, informó que las comisiones dictaminadoras enviaron un informe que contiene el proyecto de dictamen, la lista de asistencia y votaciones de las reuniones realizadas, así como los votos particulares y propuestas de modificación presentados por los senadores. 

A propuesta de la Mesa Directiva y en votación económica, el Pleno autorizó que dicho dictamen se presentará ante la Asamblea para su conocimiento, discusión y votación, en términos reglamentarios. Luego de aprobarse se incorporó al orden del día; se omitió su primera lectura y dispensó la segunda de lectura. 

La senadora Martha Tagle Martínez, sin Grupo Parlamentario, presentó una moción suspensiva para regresar el dictamen a comisiones y modificarlo, pero fue rechazada con 58 votos en contra y 37 a favor. 

Al presentar el dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Aarón Pozos Lanz, afirmó, en tribuna, que el dictamen cuenta con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social. 

“Creemos --expresó-- que la ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna y veraz; prevé el manejo transparente de los recursos públicos; establece reglas para fiscalizar el gasto de comunicación social en todos los Poderes de los tres órdenes de gobierno y de los entes públicos”. 

Por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, su presidente, el senador Froilán Esquinca Cano, dijo que las asociaciones civiles “nos han mostrado los mecanismos jurídicos, como instrumentos de lucha, ante los actos de gobierno que consideren vulneren sus derechos”. 

El senador hizo un llamado para que se cumpla con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempo y forma, sin dejar de lado que el fondo de la Ley debe de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. 

Los senadores Héctor Larios Córdova y Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del PAN; Angélica De la Peña Gómez, del PRD, y Alejandro Encinas Rodríguez, presentaron votos particulares respecto al proyecto de decreto. 

Dictamen 

El texto del dictamen que conoció la Asamblea, señala que el ordenamiento será aplicable a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. 

Define a la Secretaría de Gobernación y a la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios, como encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social. 

La Secretaría de Gobernación estará encargada de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 

Ley General de Comunicación Social establece la obligación de los entes públicos que cuenten con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para gasto en comunicación social, de elaborar un Programa Anual en este tema, concordante con los recursos asignados en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Dispone que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de propaganda deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, el cual estará a cargo de la Secretaría de Gobernación. 

La información contenida en el Padrón Nacional será pública y accesible vía electrónica, se precisa que el empadronamiento de los medios de comunicación en ningún caso implicará la obligación de contratación por parte de los entes públicos. 

Señala que la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en la materia se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Además, los entes públicos no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social. 

La legislación precisa que tampoco podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales, a través de los medios de comunicación, siempre y cuando privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos de Estado, y éstos no estuvieran disponibles. 

En cuanto a los tiempos oficiales, se incluye que éstos serán utilizados para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social. En casos de emergencia derivados de situaciones de salud, desastres naturales o de protección civil, se podrán difundir campañas de comunicación para mantener informada a la población. 

Determina la distribución de los tiempos fiscales de la siguiente manera: al Poder Ejecutivo Federal se le asigna el 40 por ciento; al Poder Legislativo 30 por ciento; 10 por ciento para el Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación. 

Se indican las normas para la difusión de mensajes extraordinarios, que son aquellos que comprenden información relevante para atender una situación de carácter emergente o coyuntural y que, por no ser previsible, no está incluido en el Programa Anual de Comunicación Social. 

Con este nuevo marco legal se establece la obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de registrar en el Sistema Público, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, la información desglosada por partida presupuestal de las erogaciones referidas a gasto en campañas de comunicación social. 

Los entes públicos están obligados a poner a disposición del público y mantener actualizado un informe semestral sobre el gasto en campañas de comunicación social en su portal de transparencia. 

Constituyen infracción a esta Ley el difundir campañas de comunicación social violatorias a los principios rectores, exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales de labores de los servicios públicos, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este ordenamiento. 

Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna de estas infracciones se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

 

Debate en lo general

 

En el debate del proyecto, el Senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, señaló que la minuta a discusión no cumple con objetivos constitucionales de 2017 y 2014, ni con observaciones de organismos internacionales, ni hay consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Senado para su aprobación. 

A favor, el senador Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, expresó que se trata no solo de cumplir un mandato de la Suprema Corte, sino a todos los mexicanos, para tener un ordenamiento acorde a los tiempos actuales, a partir de regular el gasto en comunicación social en un ejercicio de rendición de cuentas. 

En contra, el senador Isidro Pedraza, del PRD, dijo que no cumple con las formalidades que exige la Suprema Corte, y que el Congreso de la Unión sólo cumple por cuestiones de tiempo, lo cual significa una simulación para continuar la discrecionalidad en la asignación de recursos con ese fin. 

La senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del PVEM, dijo que se tiene que aprobar esta Ley para revertir “la creencia” de que quienes ocupan cargos públicos promueven su imagen con fines políticos, a partir de la utilización de espacios institucionales. 

Del PT, la senadora Dolores Padierna Luna dijo que esta Ley no elimina “la ilegal concentración del 60 por ciento de los recursos públicos” en un puñado de medios electrónicos y no contiene sanciones, ni límites; “es un catálogo de promesas sin fiscalización y de ambigüedades que permitirán la discrecionalidad en las campañas de comunicación”. 

La senadora del PRI, María Verónica Martínez Espinoza manifestó que esta legislación supone un avance impostergable en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que es un primer paso para la conformación de normas claras y eficaces en la relación que el Estado mexicano tiene con los medios de comunicación. 

Su compañero de bancada, José Ascención Orihuela Bárcenas aseguró que esta ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de garantizar el acceso a una información completa, oportuna y veraz en el marco de un ejercicio eficaz, transparente y responsable del uso de recursos públicos para el modelo de propaganda gubernamental. 

Ernesto Ruffo Appel, del PAN, consideró que la propuesta no cumple a cabalidad con objetivos que se plantearon en la Constitución para proteger el derecho a la libertad de expresión y reducir la discrecionalidad en el gasto de comunicación social. 

Para la senadora Martha Tagle Martínez se trata de un proyecto que abre la posibilidad para la difusión de programas gubernamentales que no sean necesariamente útiles al público y tampoco delimita el contenido de carácter promocional de los programas sociales 

El senador Jesús Casillas Romero del PRI, al manifestarse en pro argumentó que se da un gran paso para que los gobiernos federal y estatales transparenten sus gastos, lo cual es fundamental para la democracia y derecho a la información. 

Manuel Bartlett Díaz, senador del PT, se pronunció en contra al afirmar que existe un rechazo general de parte de las organizaciones sociales a la nueva norma, porque no pone límites al gasto del gobierno. 

A favor, el senador Esteban Albarrán Mendoza, del PRI, aseguró que hoy se responde a una exigencia ciudadana para el mejor manejo de los recursos en publicidad y se fiscalizará su asignación en los tres niveles de gobierno para evitar su uso discrecional y desvíos arbitrarios.

En contra, el senador Isidro Pedraza, del PRD, dijo que no cumple con las formalidades que exige la Suprema Corte, y que el Congreso de la Unión sólo cumple por cuestiones de tiempo, lo cual significa una simulación para continuar la discrecionalidad en la asignación de recursos con ese fin. 

La senadora Anastacia Flores Valdez, del PRI, dijo que la aprobación de esta norma es una obligación ineludible; “la Suprema Corte nos ha llamado a cumplir con nuestro deber legislativo y concluir con esta gran tarea y atender una demanda ciudadana que exige la conformación de mecanismos jurídicos claros en el uso de la comunicación social”. 

En contra, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, opinó que los recursos exorbitantes que se utilizan en este tema pueden destinarse a combatir la pobreza, la inseguridad o el desempleo en el país. 

El senador del PT, David Monreal Ávila aseguró que la reforma estaría dotando a la Secretaría de Gobernación de facultades discrecionales sobre la asignación de publicidad y control total del padrón de medios de comunicación. “El objetivo es mantener la propaganda gubernamental al servicio de los intereses políticos de manera discrecional y arbitraria”. 

Su compañera de bancada, María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo advirtió que esta ley debe ser rechazada y “la Suprema Corte debe aclarar y definir si el término correcto es: propaganda gubernamental o difusión de información”. 

Del PT, el senador Marlon Berlanga Sánchez consideró que con esta legislación se regresa a fórmulas del pasado que no fortalecen a la democracia en México. 

Juan Gerardo Flores Ramírez, senador del PVEM, advirtió que pretender una Ley que regule exclusivamente la propaganda “es un error grave porque eso dejaría fuera otros conceptos de comunicación social del gobierno federal”.

 

Debate en lo particular

 

Posteriormente, los senadores Angélica De la Peña, Isidro Pedraza, Froilán Esquinca, Martha Tagle, Pilar Ortega, Luis Sánchez, Fernando Herrera y Alejandro Encinas, hicieron reservas, por separado, para cambiar la denominación de la Ley y modificar el contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 44 y 45, así como la adición de los nuevos preceptos.

Las propuestas de modificación fueron desechadas por la mayoría de la Asamblea y los artículos reservados se aprobaron en lo particular, en sus términos, por 57 votos a favor, 40 en contra. El proyecto de decreto se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

   Por Nancy Rodríguez

*El Senado de la República ha sido un aliado decidido para robustecer la seguridad social en el país.

*Actualmente, el Instituto cuenta con un registro de 3.5 millones de trabajadores afiliados.

En Sesión Solemne, el Senado de la República reconoció los 75 años de servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, reconoció la importante labor del Instituto, y sus logros reflejados en la salud y esperanza de vida de los mexicanos.

Detalló que gracias al Instituto, México ha cumplido con muchas de las metas de salud, nacionales e internacionales, que el país se ha impuesto, como las relativas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Sin embargo, actualmente, el país enfrenta un reto enorme en la lucha contra las enfermedades no transmisibles -como las cardiovasculares, oncológicas y las crónico-degenerativas, comentó.

Refirió que el IMSS ha tenido que hacer ajustes mayores en varias ocasiones, que incidieron en su esquema financiero de cuotas y pensiones, sus esquemas de guarderías y otras prestaciones sociales, y a su modelo de atención médica.

Y a lo largo de esa transformación, “el Senado de la República ha sido un aliado decidido, ha sabido compaginar el interés del Estado mexicano con la necesidad de robustecer al IMSS en lo particular, y a la seguridad social del país, dotándolo de viabilidad financiera y suficiente capacidad operativa”, señaló.

“Gracias a estas reformas, el IMSS es hoy más grande y más fuerte que nunca en su historia; pero también tiene un mayor responsabilidad con sus derechohabientes”, dijo el senador Ernesto Cordero.

Destacó que sólo con el trabajo arduo y esfuerzo permanente se seguirán mejorando los indicadores de salud; y recordó que el IMSS ha enfrentado crisis financieras serias que lo pusieron al borde de la quiebra, pero con mucho trabajo, se puso de pie.

“No arriesguemos la tranquilidad de millones de familias que recurren al IMSS a lo largo de su vida, por promesas vacías, imposibles de ser financiadas”, abundó.

Reconoció que aún hay retos para el Instituto, como reducir a cero los accidentes y garantizar la atención médica oportuna y de calidad para todos los mexicanos, “lo que inevitablemente se relaciona con la capacidad y el adecuado equipamiento de las unidades médicas familiares y de sus hospitales”.

El presidente del Senado ofreció el apoyo de la Cámara de Senadores al IMSS, y refirió: “va por el camino correcto, pero tiene que hacerlo más rápido, porque la enfermedad y la vejez no esperan, así como tampoco lo hacen los nacimientos”.    

Por su parte, el director general, Tuffic Miguel Ortega, aseguró que a lo largo de 75 años de existencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social se fortalece y moderniza con la ampliación de infraestructura, recursos humanos, atención médica de calidad y digitalización de trámites.

Hoy, dijo, México cuenta con un Instituto muy distinto al de sus orígenes fundado en 1943, actualmente, el IMSS brinda servicios a 74 millones de derechohabientes, incluidos estudiantes de educación superior y media superior y “somos la institución de seguridad social más grande de América Latina”.

Recordó que el IMSS es pionero en trasplantes de corazón, de riñón y de hígado que se hicieron en México, y también es la Institución donde se implantó el primer corazón artificial permanente en América Latina.

El director general resaltó que ante las demandas de salud en la sociedad, se trabaja en un enfoque preventivo, así se otorgan cerca de 500 mil consultas diarias, mil 200 partos, 4 mil operaciones 60 mil urgencias y atención de 200 mil niñas y niños en guarderías. 

“Toda infraestructura, todo el equipamiento, y toda la tecnología del IMSS, cobran sentido porque contamos con el activo más valioso de nuestra institución: nuestros 430 mil trabajadores”, resaltó.

Señaló que gracias al saneamiento en las finanzas y al uso eficiente de recursos del Instituto, el año 2017 cerró con un superávit de más de 9 mil 400 millones de pesos que sumados al de 2016, se cuenta con un acumulado de 16 mil millones de pesos.

Comentó que resultado del aumento en los índices de empleo formal, de diciembre de 2012 a marzo de 2018 se han afiliado al IMSS 3.5 millones de trabajadores.

Agregó que el IMSS lleva a cabo el programa de ampliación de infraestructura y renovación de equipamiento más ambicioso, integrado por la construcción de 40 clínicas, 12 hospitales, 9 clínicas de mama y la renovación de equipo médico, cuya inversión supera los 20 mil millones de pesos.

Estuvo presente la presidenta de la Junta de Coordinación Política, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, en representación del titular del Ejecuto Federal, el secretario de Salud, José Narro Robles, y José Fernando Franco Salas, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .

Por Nancy Rodríguez

El Pleno del Senado eligió y tomó protesta como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Datos Personales (INAI) a Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

Se contabilizaron un total de 74 votos de los senadores presentes, de los cuales 65 fueron a favor de Carlos Alberto Bonnin, 66 en pro de Blanca Lilia Herrera Cadena, se registraron ocho nulos. 

La designación se realizó conforme a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

El primer resolutivo del acuerdo, establece que la Jucopo propondrá por medio de la Mesa Directiva, la designación de los comisionados. 

El quinto resolutivo establece que, de conformidad a la base novena de la convocatoria, la votación se realizará por cédula y la protesta de los comisionados designados será ante el Pleno. 

El sexto resolutivo apunta que, en caso de que alguna de las propuestas no reúna la mayoría de dos terceras partes de los senadores presentes, la Jucopo propondrá los acuerdos necesarios para una nueva votación. 

Los senadores Luis Sánchez Jiménez del PRD, Fernando Herrera Ávila, hicieron uso de la tribuna para manifestarse en contra del acuerdo. 

El legislador Luis Humberto Fernández Fuentes afirmó que el Grupo Parlamentario del PT no avaló negociaciones sobre el acuerdo en mención.

 *Se compone de 78 artículos y 7 disposiciones transitorias y se considera como reglamentaria del artículo 21 constitucional.

*Los prestadores del servicio estarán obligados a capacitar a su personal y  a exhibir los planes y programas de profesionalización.

El Pleno del Senado de la República aprobó la expedición de la Ley General de Seguridad Privada, para regular la prestación de servicios de seguridad privada y el establecimiento de la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se expide la Ley General de Seguridad Privada, fue elaborado y presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda.

La Ley se compone de 78 artículos y 7 disposiciones transitorias. Se considera como reglamentaria del artículo 21 constitucional, y establece que sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional; su aplicación y vigencia, corresponde a la Federación en los términos que se establecen.

Entre sus objetivos destacan: Distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas para regular los servicios de seguridad privada que presten los particulares que cuenten con autorización única; establece los procedimientos y condiciones para prestar los servicios de seguridad privada a través de trámites sencillos.

El concepto de Seguridad Privada se entenderá como la actividad auxiliar de la función de Seguridad Pública a cargo de los particulares, con el objetivo de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad, que requiere Autorización Única expedida por el Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada en los términos de la Ley.

Se deberá generar  información a través del Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada; la regulación de los prestadores de servicios, regulación y registro del personal operativo; estructurar un banco de datos para auxiliar la función de Seguridad Pública; integrar un banco de datos con la información de los prestadores de servicios de seguridad privada, que contenga el establecimiento de mecanismos para su evaluación, certificación y verificación, entre otros.

Los estados tendrán la atribución de formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera coordinada con la Federación programas en materia de Seguridad Privada; expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, las cédulas de identificación de personal inscrito ante el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.

En el título noveno sobre Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de Impugnación, la nueva legislación establece las medidas de impugnación y sanción que implementarán a través del Servicio Nacional de Seguridad Privada, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas, sus bienes, entorno, y la seguridad pública.

De la autorización única, su revalidación o modificación para prestar los servicios de Seguridad Privada, deberá contener los datos generales del prestador de servicios; la ubicación de la oficina matriz y sucursales del prestador de servicios; las modalidades autorizadas para la prestación del servicio de seguridad privada, entre otros.

En su contexto, se refiere que con base en información de la Comisión Nacional de Seguridad, de las 6 mil empresas de Seguridad Privada que hay actualmente en el país, 3 mil 640 están debidamente acreditadas, y de éstas, mil 232 cuentan con permiso federal, el resto cuenta con permisos locales. Sin embargo, las poco más de 2 mil 300 empresas restantes de las que se tiene conocimiento operan sin registro ni personal certificado.

Se establecen los requisitos que deben cumplir los directores, administradores, gerentes, personal administrativo, el personal operativo, el personal con acceso a información confidencial, para poder laborar en una empresa dedicada a la Seguridad Privada, es decir, no deberán tener antecedentes penales y, en su caso, deberán informar los motivos de bajas de servicios anteriores.

Los prestadores del servicio estarán obligados a capacitar a su personal, y esa profesionalización y capacitación podrá llevarse a cabo en los centros de capacitación y profesionalización debidamente autorizados; para el caso del Personal con Acceso a Información Confidencial, deberá acreditar la capacitación en el uso y manejo de datos personales e información confidencial.

Además, deberán exhibir los planes y programas de profesionalización, capacitación y adiestramiento vigentes, acordes a las modalidades en que se prestará el servicio, así como la constancia que acredite su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Del Uso del Armamento, para que el personal operativo sea elegible para tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional la autorización para portar armas de fuego, el Prestador de Servicios deberá contar con una opinión del Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada.

La regulación y registro de los Prestadores de Servicios en el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, será con el fin de prevenir la comisión de delitos; así como regular y registrar al personal operativo para evitar que personas que no cuenten con los requisitos establecidos en la Ley y Reglamento, presten servicios de Seguridad Privada.

El Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, deberá contar con los datos de los prestadores del servicio que cuenten con licencia particular colectiva expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional para el desarrollo de sus funciones, precisando el número de Autorización Única, modalidad del servicio y domicilio para la guarda y custodia del armamento.

La información que identifique al Personal Operativo, deberá incluir sus datos generales; información para su plena identificación y localización; antecedentes laborales; altas, bajas, cambios de adscripción, de actividad o rango, incluidas las razones que los motivaron; equipo y armamento asignado; sanciones administrativas o penales aplicadas; referencias personales; capacitación; resultados de evaluaciones y demás información para el adecuado control, vigilancia, supervisión y evaluación de dicho personal.

Todo lo no previsto en la Ley, serán aplicables en forma supletoria, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Debate

En la discusión en lo general del dictamen, los senadores que se pronunciaron a favor: Ernesto Gandara Camou, quien presentó el proyecto de decreto a nombre de las comisiones dictaminadoras; José María Tapia Franco, Teófilo Torres Corzo, Jorge Toledo Luis, Humberto Mayans Canabal, Patricio Martínez García, todos del PRI; Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM; y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN.

En contra: Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks y Pilar Ortega Martínez, del PAN; Manuel Bartlett, María del Carmen Ojesto Martínez y Dolores Padierna, del PT; y Martha Tagle, sin partido.

En votación nominal se aprobó el dictamen en lo general y en lo particular los artículos no reservados con 57 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones.

Desde su escaño, el senador Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, refierió que la regulación de la seguridad privada no podía quedar fuera de la constitucionalidad, por lo que propuso modificar el artículo 8 de la nueva Ley, para que las empresas privadas se sometan a la autorización de los estados para que puedan ejercer servicios en materia de seguridad. En votación económica fue rechazada para que se admitiera a discusión.

En votación nominal se aprobó con 50 votos a favor, 35 en contra y una abstención, el artículo 8 de la Ley General de Seguridad Privada, en los términos del dictamen.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se expide la Ley General de Seguridad Privada, se  remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 Por Nancy Rodríguez

El emprendedurismo es la vía para que los jóvenes encuentren los espacios de oportunidad para su desarrollo personal, familiar y reinventen a México como un país de franco desarrollo, afirmaron la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo y los empresarios Arturo Elías Ayub y Marco Zaga.

Durante el 3er Foro Emprendedor, realizado en el Senado de la República, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Senadora Diva Gastelum,  señaló que el emprendimiento, es parte importante para un país, que el 25 por ciento de los jóvenes ni estudia, ni trabaja, lo que refleja que los instrumentos institucionales no son suficientes. 

El empresario Arturo Elías Ayub invitó a los jóvenes a no desanimarse al emprender su negocio, destacó que los grandes empresarios en lugar de retirar sus capitales deciden invertir en México, pues este representa el mejor país del mundo para los negocios.

El vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Comisión de Jóvenes Industriales de Concamín, Marco Zaga, subrayó que el emprendimiento se trata de alcanzar objetivos de crecimiento personal y económico.

La Concamín tiene como propósito ser un vehículo para ayudar a “que sigamos creciendo juntos, nos reinventemos como país y llevemos a México a donde sabes que debe estar”.

 Por Nancy Rodríguez  

El Senado de la República ratificó con 73 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del referido acuerdo. 

Este instrumento permitirá a México tener condiciones preferenciales de acceso a nuevos mercados en la región Asia-Pacífico, que representan alrededor de 200 millones de consumidores potenciales. 

Nuestro país podrá acceder a los mercados de Australia, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, además se profundiza el comercio con Japón y consolida sus relaciones económicas con socios estratégicos como Chile, Perú y Canadá. 

En el dictamen se señala que para el año 2035 las exportaciones de México a los demás países del bloque crecerán en 3.12%, y sus exportaciones al mundo aumentarán en 0.47%, lo cual resultaría en un impacto positivo sobre el PIB mexicano.  

Se contempla que a partir de la entrada en vigor del CPTPP, México podrá incrementar sus exportaciones en 753 productos agrícolas e industriales. 

En materia de acceso a mercados de bienes se abren oportunidades para exportar productos como: vehículos y autopartes, dispositivos médicos, equipos eléctricos, componentes de la industria aeroespacial, perfumería y cosméticos, vehículos ligeros, aguacate, tomate, jugo de naranja, jarabe de agave, carne de res, carne de cerdo, cerveza, tequila, mezcal, entre otros. 

Para el sector agroalimentario, se observa una oportunidad de exportación de hasta 23 mil millones de dólares en los mercados del bloque, especialmente considerando la ventaja que México tendría sobre los proveedores de Estados Unidos. 

En materia de propiedad intelectual, se acordaron disciplinas para contar con un sistema eficaz y equitativo que contribuya al desarrollo económico y al bienestar social y cultural de la sociedad mexicana. 

También se asegura la protección a 14 denominaciones de origen mexicano: tequila, mezcal, bacanora, sotol, charanda, talavera, olinalá, ámbar de Chiapas, café de Chiapas, café de Veracruz, mango ataulfo, vainilla de Papantla, chile habanero de Yucatán y arroz de Morelos. 

El CPTPP proveerá a las PyMES de oportunidades para mejorar su inserción en las cadenas globales de valor, es decir, se fomenta su acceso a los beneficios del Tratado a través de desarrollo de capacidades por medio de asistencia técnica e intercambio de mejores prácticas; sitios de internet y la creación de un Comité que difunda las ventajas de dicho instrumento. 

El dictamen destaca que se facilita el desarrollo de la producción, se contribuye a la meta nacional de apoyar y crear empleos, incrementa los niveles de vida, facilita la integración transfronteriza, la apertura de los mercados nacionales, la eliminación de barreras arancelarias en beneficio de las empresas, trabajadores y consumidores mexicanos. 

El capítulo sobre propiedad intelectual abarca patentes, marcas, derecho de autor, diseños industriales, indicaciones geográficas, secretos comerciales y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como áreas en las que los estados parte acordaron cooperar. 

Permite profundizar y fortalecer las relaciones comerciales con los países con los que ya había acuerdos de libre comercio: Chile y Perú, a través de la Alianza del Pacífico, y Japón, mediante el Acuerdo de Asociación Económica (AAE), en cuyo caso se ahondarán las condiciones de acceso en el sector agroalimentario. 

La Asamblea aprobó una modificación al artículo séptimo del proyecto de decreto para indicar que se exhorta al Ejecutivo Federal a continuar el acercamiento con Vietnam para que se otorgue mayor certidumbre a los sectores sensibles, en particular, para la lista de escaso abasto. 

La senadora Dolores Padierna Luna, del PT, presentó moción suspensiva a la discusión del CPTPP al argumentar que el tema no se ha analizado de cara a la sociedad; “hacemos un llamado a la responsabilidad porque no ha habido una cabal evaluación y el estudio sobre los impactos que tendría este tratado”, sin embargo, la propuesta no se aprobó. 

El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, afirmó que este tema “es de suma importancia para el futuro del país”, ya que le permitirá consolidar su presencia en el mundo, mejorar su competitividad y promover la innovación de sus sectores productivos. 

Aclaró que en ningún momento este asunto se trató en secreto ni se le negó a nadie la participación en el dialogo, “tampoco se ha buscado una aprobación fast track como algunos quieren afirmar”. Indicó que se realizaron audiencias públicas, donde hubo 37 mesas de discusión con la participación de más de 70 ponentes de todos los sectores. 

Destacó que se logró conseguir que se protejan a los sectores “muy sensibles” como son los productores de lácteos, arroz, café, plátano, manzana, piña, atún, sardinas, entre otros, con el establecimiento de plazos de desgravación de hasta 16 años. 

El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, senador Héctor Larios Córdova, dijo que este acuerdo representa nuevos beneficios para diversos sectores productivos de México; sin embargo, reconoció que las industrias del textil, del vestido y del calzado tienen “profundas preocupaciones” por algunas reglas que pueden afectarlas. 

Indicó que se en el cuerpo del dictamen se incluyeron los argumentos de estas industrias y medidas innovadoras como la creación de un grupo de trabajo para ver los temas de agenda interna y la competencia desleal. 

Subrayó que con la ratificación de este instrumento se está escribiendo historia y se ratifica la vocación de apertura del país, cuando más de la mitad del Producto Interno Bruto depende del comercio exterior. 

Fijan postura respecto al CPTPP 

El senador Fernando Torres Graciano, del PAN, aseguró que las industrias del calzado y del textil resultarán seriamente afectadas, debido a las importaciones de Vietnam y a la reducción de aranceles. Dijo que se prevé que en cinco años la producción de ambos sectores se vea afectada en 40 por ciento y tenga un impacto negativo en la generación de empleos.   

Del PRI, el senador José Ascención Orihuela Bárcenas comentó que el CPTTP representa un cambio en la reconfiguración de las relaciones económicas que permitirá afrontar los desafíos del comercio mundial. Se estima, agregó, que las economías de la región vean reflejado en al menos 1 por ciento el crecimiento adicional por la firma del Tratado.  

La senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, manifestó su voto en contra, ya que desafortunadamente no se atendió adecuadamente a las industrias del calzado, del textil y del vestido, quienes han advertido que peligra el 35 por ciento del empleo en estos sectores. 

El senador Isidro Pedraza Chávez, del PRD, precisó que el instrumento está pensado para empujar el desarrollo de los mexicanos en materia de competencia y de comercio. Dijo que el Tratado fue revisado y tiene aspectos positivos como los acuerdos paralelos que protegen a la industria nacional frente a la intención de triangular la entrada de productos. 

Del PT, el senador Mario Delgado Carrillo dijo que, mientras el resto de los países iniciarán procesos legislativos y democráticos de consulta con sus sectores productivos, a efecto de analizar el CPTPP, en México el Senado lo aprobará a “ciegas”, en “fast track” y sin mayor discusión. 

A favor, el senador del PVEM, Gerardo Flores Ramírez expresó que el Tratado es fundamental para la economía mexicana, sobre todo, en estos momentos en que el comercio mundial atraviesa por una situación muy complicada. 

El coordinador de la bancada del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz, expresó que con este acuerdo el país estará copado, sin ninguna limitación por las empresas transnacionales en todas las áreas como el sector energético, telecomunicaciones, financiero, manufacturero y de servicios. 

Por el PAN, el senador Daniel Ávila Ruiz destacó que suscribir el Tratado implica entender el proceso de reconfiguración de la dinámica mundial y tomar parte activa en él; es fijar una postura clara ante el mundo y enviar el mensaje a nuestros socios comerciales de que nadie es indispensable y que la cooperación internacional “va más allá de los caprichos de uno solo”. 

Participaron en el debate los senadores Humberto Cota Jiménez, Lucero Saldaña Pérez y Manuel Cavazos Lerma, del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo y Marlon Berlanga Sánchez, del PT; Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, así como Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Tagle Martínez. 

El senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, precisó que en virtud de que el dictamen a votación no constituye una norma con un propósito general, sino un acuerdo comercial, “donde nuestra facultad es ratificar o no, no caben reservas sobre el cuerpo del dictamen”. 

Por lo anterior, explicó, la participación de la senadora Dolores Padierna para presentar reservas será tomada “como una oradora más en contra de la ratificación del acuerdo comercial”.

 

   Por Nancy Rodríguez

*63 por ciento de menores ha experimentado, al menos, una forma de escarmiento psicológico o físico por parte de miembros del hogar.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para prohibir los castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes, y garantizar el derecho de los menores a una vida libre de violencia.

El dictamen se aprobó con 78 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados. Adiciona el párrafo tercero al artículo 323 Ter del Código Civil Federal y reforma la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los senadores destacaron que 63 por ciento de menores de uno a 14 años ha experimentado, al menos, una forma de castigo psicológico o físico por parte de miembros del hogar; es decir, seis de cada 10 experimentaron algún tipo de disciplina violenta.

También mencionaron que, en ocho de cada 10 casos de maltrato infantil, el padre o la madre fueron señalados como probables responsables.

En otro dictamen, la Cámara de Senadores dio su respaldo a un dictamen que busca garantizar a los menores al acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento y no discriminación.

La reforma plantea que este sector de la población goza del derecho de acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

El dictamen modifica la fracción XX del Artículo 13; adiciona el capítulo vigésimo al Título Segundo y los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se aprobó con 78 votos a favor y se envió al Ejecutivo Federal.

·       También exponen  su idoneidad al cargo ante el Comité de Acompañamiento. 

Un primer grupo de candidatos a ocupar el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) comparecieron ante los integrantes de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia, que presiden los senadores Héctor Yunes Landa y Héctor David Flores Ávalos, respectivamente. 

El 18 de abril, las Juntas Directivas de las comisiones publicaron el Acuerdo relativo al formato y metodología para la evaluación de los y las aspirantes, dando pie a la conformación de un Comité de Acompañamiento integrado por cinco representantes de organizaciones de la sociedad civil, que estará presente durante las comparecencias y cuya resolución no será vinculante con la decisión final sobre la idoneidad de los aspirantes. 

El Comité está integrado por Issa Luna Pla, Khemvirg Puente Martínez, Fernando Nieto Morales, Lourdes Morales Canales, María Solange Maqueo Ramírez. 

El senador Yunes Landa señaló que dentro de los requisitos se determinó que de manera voluntaria los aspirantes pudieran entregar o no, una carta compromiso de que, en caso de ser designado, no se postulará como candidata o candidato a cualquier cargo de elección popular para el proceso electoral inmediato siguiente a la conclusión del periodo para que fueron nombrados como comisionado o comisionada del INAI. 

El senador Flores Ávalos destacó que no presentar la carta no descalifica al candidato, ni determina su elegibilidad, ya que tiene que ver con los requisitos plasmados en el acuerdo. 

En su exposición,  Guillermo Muñoz Franco dijo que buscará fortalecer, capacitar y socializar la Plataforma Nacional de Transparencia en el país, para que sea accesible, útil, y que cuente con información oportuna y de calidad. Agregó que institucionalizará la transparencia, desde la exigencia de una clara visión de gobierno abierto, en colaboración de la ciudadanía y actores sociales. 

Carlos Alberto Bonnin Erales dijo que impulsará la desregulación de la Plataforma Nacional de Transparencia, para hacerla más ciudadana sin menoscabo de la obligación de transparentar la información. Agregó que potencializará el trato del INAI en materia de derechos humanos y en particular con los grupos vulnerables y recalcó que el gobierno abierto es la mejor política pública en conjunto con la sociedad para la toma de decisiones de las autoridades. 

Miguel Manrique Betanzos señaló que propiciará que el andamiaje institucional del país se sume a la priorización de la ciudadanía por encima de intereses políticos. Apuntó que fortalecerá al Instituto en favor de la consolidación del Estado democrático de derecho en México y agregó que el cargo de comisionado no es político sino técnico por lo que sus aspiraciones no son utilizar al instituto como trampolín. 

Lucero Romero Mora, dijo que se requieren impulsar políticas de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de procesos efectivos que permitan acercar a la población el conocimiento de los derechos que se tutela y cómo ejercerlos. Así como establecer una metodología de verificación y cumplimiento de obligaciones de transparencia que considere factores de calidad de la información cargada y publicada. 

En su turno, Norma Julieta del Río Venegas subrayó que trabajará sobre el Programa Nacional de Transparencia 2017-2021, con los ejes temáticos y transversales; y se debe hacer más accesible, para los usuarios, la Plataforma Nacional de Transparencia. En el tema de auditoría y rendición de cuentas, se necesita que se liguen los sistemas de fiscalización, y los nacionales de anticorrupción y transparencia, para no trabajar de manera aislada, como se hace actualmente. 

María de Lourdes López Salas expuso que se ha avanzado en la protección de datos pero también se han abierto nuevas formas de participación, como el gobierno abierto, la transparencia pro activa y la inclusión social. Dijo que el INAI debe buscar incidir en la instrumentación y fortalecimiento del Programa Nacional de Transparencia, que fue aprobado el año pasado en el seno del Sistema Nacional de Transparencia.

Por su parte, Víctor Manuel Díaz Vázquez señaló se debe modificar la Ley general para no desechar por vacíos o confusiones procedimentales recursos de inconformidad de ciudadanos, así como una reforma que prevea que  la información que se publique vía internet sea apegada a la realidad. Planteó trabajar en el tema de archivos, transparencia, democracia y gobierno abierto. 

Los senadores y las senadoras Marcela Torres Peimbert, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Cárdenas Fonseca, Martha Tagle Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, José María Tapia Franco, María del Rocío Pineda Gochi, Enrique Burgos García, y los integrantes del Comité de Acompañamiento, formularon cuestionamientos en materia de autonomía constitucional del Instituto, uso de tecnologías de la información, carta compromiso, la Plataforma Nacional de Transparencia, protección de datos personales, casos y acciones contra la corrupción. 

También sobre la clasificación de la información criterios de interpretación, gobierno abierto, Sistema Nacional Anticorrupción y órganos internos de control. 

Para algunas de los y las aspirantes, se debe incidir en una tarea coordinada que ya está plasmada en la Ley que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, a través de siete instituciones, encabezadas por el Comité Nacional de Participación Ciudadana. También aseguraron que la Ley sí es aplicable, aunque reconocieron que hay ejemplos de que se utiliza información para violar la privacidad de las personas; pero el ordenamiento, es claro en el caso de protección de datos personales. 

Las y los aspirantes a ocupar el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales continúan compareciendo ante las comisiones unidas durante este día y mañana 24 de abril.

 

·         Cada año la SHCP dispone de cientos de miles de millones de pesos sin la aprobación del Congreso de la Unión

·         Las autoridades no detallan en qué se utilizaron y la legislación aplicable carece de claridad 

Con el propósito de transparentar y regular el ejercicio de los ingresos excedentes no petroleros que administra de manera discrecional la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), senadores del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para evitar la opacidad en el gasto público gubernamental en este rubro.

Asimismo, plantearon adecuaciones para que cuando los ingresos excedentes no provenientes de la venta de energéticos representen un aumento total de uno por ciento o más del gasto programable, se considere ingreso suplementario y se asigne con la aprobación de la Cámara de Diputados, para impedir que la SHCP disponga de cuantiosos recursos adicionales con criterios poco claros.

Al presentar una iniciativa con este motivo, el senador Francisco Búrquez Valenzuela indicó que la ley vigente carece de claridad sobre el uso de los ingresos excedentes, sobre todo los no petroleros, y que a través de la aplicación del artículo 19 -el cual puede tener diversas interpretaciones-, año con año el gobierno federal asigna a discreción cientos de miles de millones de pesos que no habían sido previstos.

“Entre 2005 y 2013, el ingreso excedente ascendió a 2.19 billones de pesos en términos reales; sólo en 2013 se ingresaron 228 mil millones de pesos por concepto de aprovechamientos, cuando en la Ley de Ingresos de ese año se había calculado que se obtendrían solamente 78 mil 365 millones de pesos”, señaló.

En el primer semestre de 2014 se ingresaron por derechos, productos y aprovechamientos 88 mil 482 millones de pesos, y se había estimado que sólo se recibirían 46 mil 169 millones de pesos, expuso.

“Al cierre de 2016 se obtuvieron 483 mil 776 millones de pesos de ingresos por conceptos de aprovechamientos, mientras que en la Ley de Ingresos de la Federación se estimaban 161 mil 743 millones de pesos, es decir, hubo un excedente de 322 mil 033 millones de pesos”, apuntó.

La asignación de estos recursos, abundó, se decide al interior de los equipos que ejecutan el gasto en la SHCP y lamentó que el Poder Legislativo tenga limitaciones para ejercer su papel de contrapeso, por lo que “saltarse la discusión entre poderes no puede considerarse una buena práctica”.

En la actualidad, las autoridades hacendarias no ofrecen detalles sobre el destino de estos ingresos excedentes, por lo que se requiere un informe trimestral sobre el registro del gasto y que en la elaboración de la Ley de Ingresos de la Federación el Congreso de la Unión cuente con una estimación adecuada y objetiva, expresó.

La “subestimación” de los ingresos públicos provoca un mayor gasto y que se siga contratando más deuda para cubrir ese gasto, lo cual resulta inaceptable, expresó el senador Búrquez Valenzuela.

Por ello, se propone reformar y adicionar el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que toda la información sobre los ingresos excedentes no petroleros sea detallada y permanezca para su consulta por tiempo indefinido en la página de internet de la SHCP en formato de datos abiertos. 

De igual forma, en la iniciativa se establece que en esa disposición legal deberá establecerse el origen y asignación de esos recursos a través de una nota metodológica que incluya memoria de cálculo.

También se reforma el artículo 58 para que las adecuaciones presupuestarias que prevé este ordenamiento sean evaluables y se obligue a las dependencias a informar a los ciudadanos de manera pública los beneficios que se esperan al recibir un gasto adicional.

Y si la variación presupuestaria es mayor al cinco por ciento del total del ramo o entidad de que se trate, la SHCP deberá reportarlo en los informes trimestrales, con lo que se evitará conocer la información hasta que sea publicada la cuenta pública, un año después.

Asimismo, para asignar los recursos que provengan de los excedentes no petroleros se requerirá la aprobación de la Cámara de Diputados; con ello se reinstala la facultad del Poder Legislativo de ser contrapeso de las decisiones del Ejecutivo federal.

Lo anterior, indicó el senador Búrquez Valenzuela, son reformas y adiciones que hay que hacer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, algunas de las cuales fueron objeto de estudio del investigador Leonardo Núñez González en su libro ¿Y dónde quedó la BOLITA?; Presupuesto de Egresos Ficticio, para “meter en cintura al gobierno”.

La iniciativa fue suscrita por la senadora Marcela Torres Peimbert y los senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks.

 

        Por Nancy Rodríguez

  • Presentan el libro “Parlamento Democrático y Justicia Constitucional”, de Luis Felipe Nava Gomar.

El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, hizo un llamado a fortalecer las funciones legislativas, de control y deliberación parlamentaria del Congreso de la Unión, a fin de evitar que este Poder del Estado se debilite.

Durante la presentación del libro “Parlamento Democrático y Justicia Constitucional”, de Luis Felipe Nava Gomar, el senador consideró que también es necesario garantizar los derechos políticos de las minorías representadas en el Poder Legislativo.

Expresó que “en estos momentos, cuando estamos todos preocupados… y donde algunos se auto-tranquilizan diciendo que las instituciones en México están sólidas” y que existen contrapesos para evitar que el que gane en el próximo proceso electoral “se nos vuelva loco, pues no estén tan seguros”.

Para ello, asentó el presidente de la Mesa Directiva, hay que fortalecer al Congreso de la Unión, así como los derechos políticos de las minorías representadas en este órgano legislativo.

La mayoría, agregó, no sólo es un tema aritmético, sino que tiene sentido cuando la construyen auténticos representantes populares, que cumplen con las funciones legislativas.

Pero, acotó, si esa mayoría se construye con acuerdos políticos construidos fuera de las cámaras, “con dinero”, pues “lo único que estamos generando es debilitando al Poder Legislativo, haciéndolo dócil y sometiéndolo”.

Nava Gomar consideró que las minorías y mayorías parlamentarias deben estar perfectamente bien equilibradas para dotar a la democracia de ese valor agregado que “nos pueda hacer un país muchísimo más grande”.

Para ello, dijo, se requiere tutelar los derechos de los parlamentarios, pero “los argumentos del tribunal constitucional mexicano se refieren a que dentro de estas cámaras no puede haber una interferencia del juez constitucional”.

El ministro José Ramón Cossío Díaz comentó que es necesario analizar qué otros instrumentos se requieren para apuntalar el régimen democrático, desde la justicia constitucional.

“Lo peor que nos puede suceder es creer que la democracia corre por una pista y que la justicia constitucional corre por otra, y sólo se pueden interceptar en algún momento muy particular o de crisis”, asentó.

El senador Héctor David Flores Ávalos, presidente de la Comisión de Justicia, consideró que la naturaleza de la norma constitucional primero representa un acuerdo político y a lo largo de sus 136 artículos refleja la complejidad de la nación, junto con sus anhelos y aspiraciones.

Cuestionó si el Constituyente Permanente está en aptitud plena de reformar absolutamente el esquema constitucional sin ningún parámetro de control, o si se tienen que seguir una serie de parámetros que la historia constitucional de México se ha venido dando, y a partir de ahí puede haber reflexiones adicionales a las que ya se plantean en el libro.

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), destacó que, en estos últimos 20 años, el parlamento vive la más gozosa expresión de sus tiempos en la era del México independiente.

·       Actualmente, el criterio constitucional y legal para repartir el tiempo en medios hace que los partidos políticos más votados tengan más spots y viceversa.

·       La televisión, la radio y el internet pueden ser fuente de equidad o inequidad en las contiendas electorales.

 

Es muy probable que después del proceso electoral de 2018, se discuta una reforma electoral que abarque la asignación de espacios en medios, partidos políticos y candidatos, entre otros aspectos del modelo de comunicación política vigente, señala un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.

Actualmente, el criterio constitucional y legal para repartir el tiempo en medios hace que los partidos políticos más votados tengan más spots y viceversa, explica el estudio

De acuerdo con el documento “Equidad en la contienda electoral en cuanto a espacios en radio y televisión. Retos y perspectivas”, tan solo para las elecciones de 2018 se repartieron casi 60 millones de spots de los que 41 millones fueron para los partidos y 19 para las autoridades electorales.

El IBD indica que la mayor concentración de estos spots se registra en la etapa de campañas, en las se trasmiten casi 300 mil spots diarios para sumar unos 27 millones al final de sus 90 días.

La televisión, la radio y el internet pueden ser fuente de equidad o inequidad en las contiendas electorales, sostiene el estudio.

Ante este escenario, en los últimos años se han presentado diversas iniciativas en el Congreso de la Unión para modificar el modelo de comunicación política en nuestro país. La mayoría de estas iniciativas coinciden en disminuir el número de los spots para los partidos y candidatos, señala el IBD. Además, se han propuesto alternativas para los debates entre candidatos; la revisión del acceso a medios de manera diferenciada entre candidatos independientes y los de partidos políticos; así como el uso de las nuevas tecnologías como principal elemento del siguiente modelo de comunicación política.

Según el IBD, la próxima reforma electoral debería apuntar hacia la cultura política del debate, en aras de poder contrastar las ideas y propuestas de todas las opciones políticas en mejores condiciones y, desde luego, reducir el gran número de spots que se difunden en los procesos electorales.

El estudio completo puede consultarse en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3906

 

·         En caso de daños físicos o  de equipaje, el concesionario o permisionario no gozará del beneficio de limitación de responsabilidad. 

Los pasajeros de drones o  aeronaves pilotadas a distancia que, por cualquier anomalía, resulten dañados en su persona o pertenencias, contarán con el beneficio de una indemnización, con un monto del triple de lo previsto en el Código Civil Federal.

Así lo establece el dictamen de reformas y adiciones de diversas disposiciones de las leyes de Aviación Civil,  aprobado el pasado 5 de abril por el Senado y que actualmente se encuentra  como minuta en la Cámara de Diputados. 

El artículo 62 de la Ley de Aviación Civil establece: “Para los daños a pasajeros, el derecho a percibir indemnizaciones se sujetará a lo dispuesto por el artículo 1915 del Código Civil Federal, salvo por lo que se refiere al monto que será el triple de lo previsto en dicho artículo”. 

El artículo 1915 del Código Civil Federal señala: “La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto  en vigor y se extenderá al número de días que para cada incapacidad. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima”. 

La indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será de hasta 80 de la Unidades de Medida y Actualización (UMA), y  por pérdida o avería del equipaje facturado será equivalente a la suma de 150 UMA. 

El artículo 63 refiere que por pérdida o avería de carga, los concesionarios o permisionarios deberán cubrir una indemnización equivalente a 10 UMA, por kilogramo de peso bruto. 

El concesionario o permisionario no gozará del beneficio de limitación de responsabilidad, y deberá cubrir los daños y perjuicios causados en términos del Código Civil Federal. 

Para el caso de objetos en la superficie, el monto de la indemnización será de hasta 35 mil Unidades de Medida y Actualización.

 

               Por Nancy Rodríguez 

·         El ejercicio de la función pública debe ser con apego a la ética y a la transparencia.

·         Ningún Estado tiene la fuerza para enfrentar a la corrupción por sí solo. 

Integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), ratificaron su compromiso de impulsar medidas legislativas que apuntalen la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

En el marco de la V reunión de esta comisión, el senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del PT, expresó que el Senado de la República tiene la firme voluntad de fortalecer su colaboración con FOPREL y contribuir al diálogo político en la región centroamericana y del Caribe. 

Señaló que es una gran ventaja realizar la labor parlamentaria con una visión compartida de para lograr los consensos para alcanzar el bienestar de la población, con apego a la ética y a la transparencia en el ejercicio de la función pública. 

Refirió que durante la presente administración, el Congreso mexicano se enfocó en promover la lucha contra la corrupción y la transparencia; senadores como Areli Gómez, Javier Corral, Laura Rojas, Alejandro Encinas, Zoé Robledo y Pablo Escudero, sentaron las bases “para lo que hoy nos puede enorgullecer como un Senado transparente”, apuntó. 

El senador Esquinca Cano señaló que México cuenta con un instituto de transparencia autónomo, garante del derecho al acceso a la información; además de que se dieron los primeros pasos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual necesita continuar fortaleciéndose. 

Santiago Rivas Leclair, secretario ejecutivo de FOPREL, dijo que es necesario promover la concertación de alianzas técnico-financieras con instancias internacionales clave para alcanzar mayores resultados en el combate a la corrupción.   

El parlamentario señaló que la región pasa por momentos cruciales e importantes en este tema, por lo que los resultados de esta reunión “serán para una campanada de alerta para nuestros parlamentos” 

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, destacó la necesidad de entender que la corrupción es un problema que ya rebasa las fronteras y el caso Odebrecht “nos lo ha dejado muy claro a todos”. Ningún Estado tiene la fuerza para enfrentar esta problemática solo, subrayó.   

Indicó que en el caso de México los compromisos políticos están directamente asociados con el financiamiento a la política; “las licitaciones comienzan en las campañas, no cuando se publica la convocatoria”, comentó. 

Después de explicar el proceso de discusión y aprobación de las reformas en materia de anticorrupción en México, dijo que el problema de la corrupción no es endémico de la cultura latinoamericana, sino epidémico.

“Para enfrentar una epidemia se necesita revisar con ojos frescos y con otros lentes, los marcos legales e institucionales que han fracasado en controlar la corrupción en nuestros países”, precisó. 

El activista se manifestó por encontrar un modelo que dé confianza a la ciudadanía y que incluya consecuencias “muy claras” para quien rompa esa confianza. 

Agustín Millán Gómez, del INAI, señaló que en este organismo se trabaja con el uso de las tecnologías de la información para garantizar ese derecho a los grupos vulnerables, pues son los que menos acceso tienen a la información. 

“Hay encuestas del INEGI que establecen que en el país sólo el 6 por ciento de la población de 6 años y más ejercen o hacen solicitudes de información”, precisó. 

Indicó que es un “núcleo cerrado” el que ejerce el derecho a la información, “por eso necesitamos como tarea fundamental en los organismos de transparencia promover y hacer mucho más accesible este derecho fundamental”. 

Durante la V reunión de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia de FOPREL, los participantes intercambiaron experiencias sobre la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y el funcionamiento de las instituciones dedicadas a proteger el acceso a la información y la transparencia. 

Participaron en este encuentro expertos de Transparencia Mexicana, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos  Personales (INAI), y de la Unidad de Enlace para la Transparencia del Senado de la República.

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