LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (560)

  • En los documentos entregados por la LXIII legislatura no se menciona el destino de los 50 millones que aportaron los legisladores.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, lamentó que a un año del sismo del 19 de septiembre los damnificados aún no han recibido los recursos que fueron donados para la reconstrucción y que exista opacidad en su aplicación.

Se pronunció por exigir rendición de cuentas y transparencia porque no aparecen los recursos que donaron ciudadanos, legisladores y partidos políticos.

“Pareciera que hay toda una serie de confusiones y opacidades y que no dan cuenta de lo que se aportó por parte de organismos internacionales, instituciones bancarias, empresas e instituciones públicas como el Senado de la República”, señaló el también coordinador de Morena. 

En entrevista posterior al simulacro para recordar los sismos de septiembre de 1985 y 2017, Monreal Ávila reveló que en el caso de los 50 millones de pesos que el Senado de la República se comprometió a donar en el último año de la LXIII legislatura no se sabe dónde están.

“Indebidamente los damnificados no han recibido los recursos, incluso nos han pedido información también en el Senado de una aportación que el Senado se comprometió por 50 millones de pesos y no aparece por ningún lado. No sé si no donaron, no sé si se quedó en el camino o no sé dónde están”, indicó.

Ricardo Monreal informó que en los documentos que recibieron como nueva legislatura no se incluye información de estos 50 millones, por lo que se realizará pronto una auditoria externa.

“Vamos a hacer una auditoria pronto para saber dónde quedaron esos 50 millones, ahorita lo importante es expresar nuestra solidaridad, que ya lo hicimos en el grupo parlamentario con las víctimas del 19 de septiembre, hace un año que pasó esta tragedia y aún no se logra, ni se va a lograr nunca una tranquilidad para todos aquellos que perdieron a su familia, su casa, su patrimonio”, aseguró.

Es por esto, dijo, que la transparencia es parte fundamental para recobrar la confianza ciudadana.  

  • La iniciativa establece que desempeñará su encargo por siete años, y será de carácter irrenunciable e improrrogable. 
  • El Fiscal General podrá ser removido por la SCJN por las causas graves que establezca la ley.

El senador Juan Zepeda, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa para reformar los artículos 76, fracción XIII, y el artículo 102, Apartado A, y derogar la fracción IX del artículo 89 de la Constitución.

Propone regular la elección del Fiscal General de la República y Fiscales especializados; y así, el órgano autónomo encargado de la Procuración de Justicia en México, estará en aptitud de contribuir al fortalecimiento del régimen federal y del sistema democrático.

La iniciativa reforma la fracción XIII del Artículo 76 para establecer el mecanismo de elección del Fiscal General de la República y Fiscales Especializados.

En la designación del titular de la Fiscalía General estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso; desempeñará su encargo por un período de siete años, cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones, señala el proyecto.

El Fiscal General podrá ser removido por la SCJN por las causas graves que establezca la ley; y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión dentro del ámbito federal, local o municipal con excepción de actividades académicas.

La iniciativa prevé que el titular de la Fiscalía General de la República podrá ser sujeto de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución.

Además de que los cargos de Fiscal General de la República y Fiscales Especializados serán de carácter irrenunciable e improrrogable; y sus titulares sólo podrán separarse de ellos por enfermedad grave, responsabilidad penal o administrativa conforme a lo establecido en la Ley.

Deroga la fracción IX del Artículo 89 de la Constitución General que da al Presidente de la República la facultad de intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo.

Y reforma el apartado A del Artículo 102 de la Constitución para contar con un marco jurídico a nivel constitucional que dé mayor certeza en el procedimiento de nombramiento del Fiscal General de la República, y establece la función de la Institución del Ministerio Público.

La iniciativa del senador Juan Zepeda, fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos para su posterior dictaminación.

  • Convivió con el personal de Comunicación Social y conoció detalles de algunas de sus actividades laborales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, recorrió diversas áreas de la Cámara Alta, con el fin de tener un acercamiento con el personal y conocer detalles de sus actividades laborales.

Con interés y amabilidad Monreal Ávila visitó las oficinas de Comunicación Social, ubicadas en el Sótano 2 del Hemiciclo, donde saludó de mano a todos y cada uno de los trabajadores, a quienes les agradeció el esfuerzo y empeño que cada uno realiza durante su jornada todos los días.

En su recorrido, Ricardo Monreal, también saludo a los representantes de los diversos medios de comunicación que a diario cubren las actividades legislativas que realizan las senadoras y senadores.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena seguirá haciendo recorridos en todas y cada una de las oficinas que conforman el Senado de la República, para conocer de cerca el funcionamiento de las diversas áreas, pero, sobre todo, para tener un acercamiento con el personal que labora en ellas.

Acompañado del Coordinador de Comunicación Social del Senado, Abelardo Martín Miranda y del Director de Enlace con Medios, Paris Cervantes, así como de sus más cercanos colaboradores, como Alejandro Rojas Díaz Durán y José Manuel del Río Virgen, el senador Ricardo Monreal repartió el libro de su autoría “Desafíos”, El Senado la Cuarta Transformación; donde expone sus reflexiones acerca de las muchas tareas y responsabilidades que habrán de asumir las y los legisladores los próximos seis años y los retos para renovar el quehacer parlamentario.

 

 

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia confirmó en privado, ante jueces y magistrados, la incertidumbre que priva al interior del Poder Judicial sobre las medidas que adoptará el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo, en materia de salarios y prestaciones. 

"No sabemos lo que va a pasar", dijo el Ministro Luis María Aguilar en un audio filtrado que ha sido difundido en redes sociales recientemente. 

En la grabación de once minutos, de la que no se aprecia algún recorte o edición, Aguilar critica el desconocimiento de algunos legisladores sobre realidades y marco normativo del Poder Judicial. 

 

Audio

Presidente de la SCJN defiende sueldos y prestaciones de juzgadores https://mx.ivoox.com/es/28491218 

 

"Las pensiones son condiciones que la gente afuera inclusive los legisladores ni siquiera tienen ideas claras de esto", explica Aguilar. 

Expone que los legisladores creen que se trata de un fideicomiso para pagar sus pensiones y señala el Mnistro Presidente lo siguiente:

"No se necesita fideicomiso, no existe, y sin embargo se atreven a hacerlo en iniciativas como si de veras supieran que existe. Eso es uno de los riesgos que tenemos, que hay falta de información de estas personas de lo que realmente se dice en la Constitución", agrega. 

El Ministro Presidente reitera varias veces que busca que se respete el derecho de los juzgadores a la no disminución de sus percepciones, y prefigura dos escenarios en los que esto podría intentarse. 

"Uno seria en la elaboración del Presupuesto de Egresos que emite la Cámara de Diputados, donde pueden poner restricciones, y no habría prácticamente en ese momento una condición de poder enfrentarlo rápidamente", advierte 

El otro escenario sería reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 127 Constitucional, que regula los salarios, y sobre el cual Aguilar dijo que el mismo y su gente han tenido acercamientos con los legisladores, para que se respeten las condiciones constitucionales de los juzgadores.

Aguilar informó a los jueces que no tendrán el aumento salarial tradicional de 5 por ciento anual, adelanta su creencia de que se podrá mantener el seguro de gastos médicos mayores en 2019, porque se pagó en 2018, pero alerta sobre el seguro de separación individualizado, en el que el Gobierno aporta un ahorro equivalente al del trabajador. 

"Sé que a la aseguradora lo tiene sumamente preocupada, a Metlife, porque si nos quitaran esto pues muchos estaríamos pidiendo que nos dieran lo que tenemos acumulado, y no hay entidad financiera en el mundo que pueda entregar el dinero de todos los depositantes inmediatamente", afirmó Aguilar sobre los comentarios que López Obrador ha hecho sobre el Poder Judicial, al cual ofreció respeto en el desayuno del 10 de agosto, cuando el Ministro adelanto que en 2019 bajaran 5 mil millones de pesos de su presupuesto con respecto a 2018, una baja de 7 por ciento. 

"Seguiremos buscando el nexo con los funcionarios y con el propio Presidente López Obrador, las opiniones que ha vertido es no propiciar ninguna reforma Constitucional que afecte al Poder Judicial y respetar las decisiones que tomen los tribunales, de tal modo que con esa visión estamos hablando en buenos términos con él, vamos a ver las realidades conforme se vayan presentando las iremos también enfrentando también nosotros", concluyó entre aplausos de los presentes.

 

Audio

Presidente de la SCJN defiende sueldos y prestaciones de juzgadores https://mx.ivoox.com/es/28491218 

 

          Por Nancy Rodríguez

  • Se busca que puedan ser vinculados a proceso por delitos del orden común o federal, independientemente de su jerarquía.

La senadora Xóchitl Gálvez presentó una iniciativa que tiene como objetivo eliminar la figura de fuero constitucional y establecer que todo servidor público pueda ser vinculado a proceso por delitos del orden común o del orden federal, independientemente de su jerarquía o cargo.

A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la legisladora dijo que ninguna propuesta efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse, sin eliminar el fuero de impunidad institucional del que gozan gobernantes y representantes populares, comenzando por el Presidente de la República.

Expresó que en el contexto del combate frontal a la corrupción, su bancada plantea eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos, de manera que puedan ser acusados y enjuiciados por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal administrativa y civil.

Con esta propuesta, agregó, se atiende el principio de igualdad jurídica, es decir, que todas las personas sean tratadas de la misma forma por la Ley.

No obstante, dijo que existe el riesgo de que el eliminar el fuero conduzca al debilitamiento de las instituciones, pero “creemos necesario correr el riesgo de eliminar el fuero en aras de terminar con la impunidad que tanto lastima a la sociedad y que tantos males ha provocado a México”.

Recordó que la semana pasada, fue convocada a comparecer ante el Ministerio Público, “por un supuesto delito de daño a propiedad ajena, y el viernes pasado, me presenté haciendo caso omiso al fuero porque estoy convencida que todos tenemos que ser iguales ante la Ley”.

Comentó que “por haber demolido dos pisos ilegales, en Horacio 1205, se me acusó de daño a propiedad ajena. Y como el que nada debe nada teme, presenté las pruebas que acreditaban que fue totalmente apegado a Derecho”.

La iniciativa que reforma los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

            Por Nancy Rodríguez

  • Citará la Jucopo al Auditor Superior de la Federación, para que informe sobre los supuestos desvíos de recursos en Sedesol.
  • Se acabó el turismo parlamentario en la Cámara Alta.

El Senado no hará juicios de valor pero tampoco callará ante la presunción de desvíos de recursos públicos, incluso “nos reservamos el derecho a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República”, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, el legislador planteó la necesidad de crear una comisión que investigue el posible desvío de recursos denunciado en la Sedesol y Sedatu, y planteó que los titulares de dichas dependencias acudan a la Cámara Alta a comparecer.

Monreal Ávila, también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, consideró que el propio auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, será citado ante la Jucopo con el objeto de que informe a los legisladores, a detalle, sobre las investigaciones que ha emprendido el organismo a su cargo en torno al desvío de recursos en Sedesol y Sedatu.

“No puede mantenerse en una anécdota mediática, creo que no lo merece el pueblo de México. Nosotros hemos reiterado que es importante que la Cuarta Transformación de la vida pública del país, inicie realmente con todo el propósito de limpiar las instituciones, de darle una sacudida al viejo régimen y de no permitir que las prácticas de corrupción y de deshonestidad, simplemente se olviden y se entierren”, sentenció.

Ricardo Monreal señaló enfático que no habrá impunidad para nadie y que si las investigaciones arrojan responsabilidad de algún funcionario éste  tendrá que enfrentar la ley.

Medidas para erradicar el turismo parlamentario

Por otra parte, el líder de Morena recalcó que en el  Senado  se acabó el turismo parlamentario y, por ello,  se determinó que los legisladores sólo acudirán a 8 de los 22 viajes que se tenían programados, tan sólo para los meses de septiembre a diciembre, Panamá, San Petersburgo, Austria, Indonesia, Buenos Aires y Canadá.

Explicó que se avisó a estos foros que los senadores de México no participarán en ellos, “porque habíamos iniciado una política de Estado sobre austeridad republicana”, pero se les dará seguimiento a través de medios de comunicación electrónica y digital.

Nos va a facilitar el acceso para estar virtualmente presentes en las plenarias y dar seguimiento a los acuerdos que ahí se tomen,  precisó.

Monreal Ávila informó que de octubre a diciembre hay programados, cuando menos, 22 eventos, aunque algunos hablan de 30, en distintas partes del mundo. Se están clasificando, junto con expertos del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y de la Comisión de Relaciones Exteriores, para considerar cuáles son las interparlamentarias prioritarias.

Comentó que son ocho las interparlamentarias prioritarias que se llevarán a cabo de octubre a diciembre y que se plantearán a la Junta de Coordinación Política para que senadores mexicanos puedan asistir.

Los foros son: el Tercer Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático, la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Cumbre Parlamentaria de Buenos Aires y Foro Parlamentario en Ocasión del G20.

La Asamblea Anual del PARLATINO, Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, la 24 Conferencia de las Partes COP24, la Reunión Parlamentaria en el Marco de la Adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.    

Ricardo Monreal  señaló que con estas medidas se elimina casi el 70 por ciento de los viajes al extranjero que se tenían programados para lo que resta del año y para ir erradicando el turismo parlamentario.

Finalmente, subrayó que la Cámara de Senadores, sin trivializar la austeridad, tiene que ser un ejemplo en el país y en el mundo; “porque les quiero decir que lo mismo que estamos haciendo, también vamos a plantearle a los otros poderes, al Poder Judicial, a los organismos autónomos, a los gobiernos estatales, a los Congresos Locales, que la austeridad sea una Política de Estado, no un asunto de ocurrencias”.

   Por Nancy Rodríguez

*Morena se reunirá el martes con funcionarios del próximo Gobierno. 

Luego de que concluya la Glosa del  Sexto Informe de Gobierno, que inicia este martes, el Senado de la República llamará a comparecer a los secretarios de Hacienda, José Antonio González Anaya; de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, reveló el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila. 

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena señaló que  el motivo de este encuentro será para que los legisladores de todos los partidos conozcan los alcances del Acuerdo Bilateral de Libre Comercio que recientemente México firmo con Estados Unidos. 

“Mañana, martes, los senadores de Morena nos reuniremos con Jesús Seade, representante de la negociación del Gobierno en transición, la próxima secretaria de Economía, Graciela Márquez y el próximo Canciller, Marcelo Ebrad, es algo informal, sólo para conocer los alcances y lo que se firmó de este Acuerdo Bilateral”, señaló en entrevista a su llagada en bicicleta al Senado. 

Ricardo Monreal reiteró que la actual coyuntura del Programa de Austeridad, que se está aplicando en el Senado, hace necesario que todos debamos, los legisladores, acostumbrarnos a la justa medianía y se eviten los excesos. 

“Es la primera vez que en el Senado se reducen mil 500 millones de pesos del presupuesto, nos estamos ajustando, se eliminaron todos los privilegios y los excesos y tenemos que acostumbrarnos a vivir en la justa medianía, cuando salgamos a los seis años no tendremos fondo de ahorro y ya no hay más privilegios ni excesos”, remarcó.

   Por Nancy Rodríguez

Con el respaldo de todas las bancadas del Senado de la República, la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de ley en materia de paridad de género, para que ésta no quede limitada a los cargos de elección y al Poder Legislativo, sino para que en todo el país sea obligatoria en los poderes públicos y en los órganos autónomos.

“Con esta reforma vamos por incrementar la representación de las mujeres en el ámbito público, para que estén en la toma de decisiones cupulares y en el poder en todos los ámbitos: sociales, económicos y políticos; ya es tiempo de erradicar la discriminación de género y que las mujeres dejen de ser excluidas dentro de todos los órdenes de gobierno”, precisó la legisladora.

Ahora que la LXIV Legislatura será la más paritaria en la historia del Congreso de la Unión, está el reto de hacer valer la ley, para que se respete la participación de la mujer en las instituciones como en el poder Ejecutivo, en el Judicial, en los órganos públicos autónomos y en el Congreso de la Unión, acotó López Rabadán.

Asimismo, reiteró que es tiempo de que se respete la paridad de género y que este derecho humano fundamental no dependa de vaivenes políticos o de cualquier otro tipo de intereses.

López Rabadán refirió ejemplos de la situación de la mujer en diversas instituciones, lo que dijo, es preocupante, y detalló que en el Consejo de la Judicatura, después de solicitar información sobre cuántas mujeres son ministras, magistradas y juezas, en el Poder Judicial de la Federación, la respuesta fue: de 11 ministros 8 son hombres, de 876 magistrados del circuito 714 son hombres y de 581 jueces de distrito 444 son hombres, y lo mismo aplica en el Consejo de la Judicatura Federal en donde 7 de sus integrantes 5 son hombres.

“De ninguna manera puede decirse que no existan mujeres preparadas para acceder a ser ministras, juezas de distrito o magistradas de circuito, ya que hay paridad de género en los cargos inferiores”, señaló la legisladora.

En el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018, del INEGI, existen 48,125 servidores públicos adscritos al Poder Judicial de la Federación, en donde 23,030 son hombres y 22,589 son mujeres.

La iniciativa propone reformar y adicionar 15 artículos de la Constitución que son: 3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 100, 102, 115 y 116 para eliminar barreras e impulsar la equivalencia de oportunidades entre una mujer y un hombre.

De acuerdo con la legisladora, esta iniciativa tiene foco para que existan las disposiciones legales y se alcance la paridad de género en los cargos de decisión de las instituciones y para que sean eliminados los artículos que están sujetos a la buena fe de quien hace la designación en cualquier cargo dentro de los diferentes órdenes de gobierno.

“El derecho a la paridad de género en todos los órdenes de gobierno, no es una propuesta nueva, en Acción Nacional la hicimos diputadas y diputados constituyentes al analizar, discutir y aprobar la primera Constitución de la Ciudad de México, que ahora es un referente, ya que la mitad de los cargos de decisión en los poderes locales y organismos públicos autónomos ahora deben ser para mujeres”, explicó López Rabadán.

Finalmente, la legisladora panista señaló que se debe lograr la paridad política en los poderes de la nación, para dar certeza jurídica a todas las mujeres con obligatoriedad en los tres niveles de gobierno, prevaleciendo los principios de igualdad y paridad de género, y que por el contrario en pleno Siglo XXI la realidad de los números es otra:

  • Poder Ejecutivo, actualmente de las 19 dependencias 16 son dirigidas por hombres
  • Organismos Públicos Autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de 7 comisionados 6 son hombres. Y esa única mujer se encuentra cerca de concluir su mandato.
  • Banco de México, apenas en enero pasado se designó a la primera subgobernadora. Su junta de gobierno la integran una mujer y cuatro hombres.
  • En el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, en la Comisión Federal de Competencia Económica y en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la participación de la mujer no llega al 30%.

Posteriormente en conferencia de prensa, la senadora Kenia López destacó el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias y agradeció a los firmantes de esta iniciativa, para establecer la paridad de género en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos autónomos.

La senadora de Acción Nacional Josefina Vázquez Mota afirmó que mientras las mujeres no estén en las posiciones de toma de decisión no habrá realmente una paridad ni habrá un país de inclusión y equidad, como está mandatado en nuestra Constitución.

“Debemos estar en la toma de decisión si realmente avalamos y estamos del lado de la paridad, y no solamente en posiciones que aun siendo relevantes, y que nos han costado muchísimo trabajo llegar y estar, siguen siendo insuficientes”, indicó Vázquez Mota.

Por su parte, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que el que haya más secretarias de Estado, más gobernadoras y más mujeres en posiciones de poder va a permitir que se reduzca la violencia política en su contra.

La iniciativa contó con las firmas de las senadoras Josefina Vázquez Mota (PAN),  Gloria Elizabeth Núñez (PAN), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), Minerva Hernández Ramos (PAN), Nadia Navarro Acevedo (PAN), Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN), María Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN), Mayuli Latifa Martinez Simón (PAN), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN), Patricia Mercado (MC), Olga Sánchez Cordero (Morena), Martha Micher Camarena (Morena), María Guadalupe Covarrubias Cervantes (Morena), Claudia Ruíz Massieu (PRI), Vanessa Rubio Márquez (PRI), Verónica Martínez García (PRI), Sasil de León (PES), Cora Cecilia Pinedo Alonso (PT), Geovanna Bañuelos (PT), Alejandra Lagunes (PVEM), Gabriela Benavides (PVEM) y Verónica Camino Farjat (PVEM).

El proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Para Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos.

*Conformarán una comisión de legisladores que acompañen al actual y al Gobierno electo en las pláticas con Estados Unidos y Canadá 

El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo por el que se llama a comparecer a los titulares de las secretarías de Economía (SE) y de Relaciones Exteriores (SRE), para que expliquen a detalle el acuerdo de “entendimiento” que llevará a la firma de un Acuerdo Comercial con Estados Unidos (EU).

En el mismo punto de acuerdo, esta soberanía solicitó al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores, analice la viabilidad de fortalecer el Capítulo 19, a fin de construir una herramienta jurídica que permita a México enfrentar los diferendos y controversias comerciales con EU y Canadá, de manera respetuosa a los intereses y legislaciones de los tres países.

Se pidió también, a la Mesa Directiva se conforme una comisión de acompañamiento con el Poder Ejecutivo en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá.

Adicionalmente, el Pleno acordó que la Junta de Coordinación Política participe en la redacción final del punto de acuerdo, particularmente en propuestas referentes a una petición a la Secretaría de Economía de un informe detallado y con un anexo que permita comparar los beneficios para México y alcances del acuerdo de “entendimiento” con Estados Unidos, y en lo referente a puntos relativos a la trilateralidad del TLCAN que garantice la participación de Canadá.

El punto de acuerdo se aprobó  de urgente y obvia resolución, con propuestas por separado de los senadores José Narro Céspedes, de Morena y Alejandra Reynoso Sánchez, del PAN.

Participaron en el debate, desde la Tribuna, los senadores Narro Céspedes; Emilio Álvarez Icaza, sin partido,  y Rogelio Zamora Guzmán, del PRD

*El senador Martí Batres ordenó su difusión en medios informativos del Senado de la República. 

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, informó al Pleno que la Cámara de Diputados aprobó la expedición del Bando Solemne para dar a conocer a todo el país la declaración de validez de la elección Presidencial en la que se declara Presidente electo al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, por el periodo 2018-2024. 

El senador del Grupo Parlamentario de Morena dio lectura al oficio recibido de la Colegisladora,  suscrito por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados, que indica que “en sesión celebrada en esta fecha (6 de septiembre de 2018) por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, esta presidencia dio cuenta del Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Andrés Manuel López Obrador”. 

También hizo saber que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fecha 3 de septiembre de 2018, notificó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez y la de Presidente electo, con fecha 8 de agosto de 2018, donde se declaró lo siguiente: 

Primero. “El candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, postulado por la Coalición Juntos haremos Historia, integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social”. 

Segundo. “Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Tercero. “El ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad, establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se le declara Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024”. 

Y cuarto. Se ordena expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano Presidente electo. Cúmplase”. 

El senador Martí Batres dijo que la Asamblea quedó enterada del Bando Solemne de la Cámara de Diputados, por el que da a conocer la declaración de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, y ordenó su difusión correspondiente en los medios informativos del Senado de la República. 

   Por Nancy Rodríguez

*Plantea reformar Ley de Aguas Nacionales para evitar la explotación y comercialización con fines de lucro de este líquido vital. 

El senador Martí Batres Guadarrama presentó una iniciativa para prohibir la privatización del servicio de agua, ya que es un derecho humano que debe garantizar y prestar el Estado para evitar la explotación, administración y comercialización con fines de lucro de este líquido vital. 

Ante la tribuna del Senado de la República, refirió que conforme al artículo 4 de la Constitución es facultad del Estado, en sus tres niveles de gobierno, el suministro de agua  y este servicio público no debe ser prestado por particulares que buscan lucrar con su explotación, administración y comercialización. 

El  presidente de la Mesa Directiva propuso reformar los artículos 1, 4, 9 y 12 de la Ley de Aguas Nacionales, así como derogar el Capítulo II, “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales”, de este ordenamiento. 

El proyecto establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para monitorear la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable”. 

Sugiere que el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos y que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

Además, precisa que “queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta”. 

“Tampoco --agrega el documento-- se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta”. 

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos.

 

 

·        Senadoras y senadores trabajarán para desterrar cualquier situación que vulnere la educación en el país. 

El Senado de la República condenó enérgicamente la agresión hacia los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por parte de grupos violentos en la explana de Rectoría, al término de una manifestación pacífica, el pasado 3 de septiembre. 

El senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, rechazó de forma contundente este tipo de acciones, y señaló que es necesario redoblar la seguridad y el combate a estos grupos incitadores de violencia, así como denunciar a quienes originan este tipo de situaciones. 

La Junta de Coordinación Política, en el pronunciamiento aprobado por el Pleno del Senado, se solidarizó con los alumnos afectados y sus familias; “trabajaremos para desterrar cualquier situación que vulnere la educación en el país”, señalaron sus integrantes.   

El senador Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario de  Morena, convocó a las autoridades a consolidar las condiciones para llevar a cabo un diálogo suficiente, en sintonía con el proceso de democratización que hoy vive el país: “Estamos en un momento muy importante de la transición político-democrática de México y debemos cuidar todos los detalles para evitar que se dañe la gobernabilidad”. 

“Es muy importante --destacó el legislador de Morena-- ubicar en sus justos términos la problemática universitaria, para darle puntual salida e impedir con ello que el tema escale y se convierta en una crisis que nos afecte a todos”. 

La senadora Minerva Citlalli Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, se sumó a la condena por los actos de violencia en contra de los actos de provocación y violencia contra los alumnos de la UNAM, y exigió castigo para los responsables. 

Los universitarios, dijo, han mostrado un problema estructural que aqueja al país: la violencia, inseguridad, feminicidios y desapariciones de lo que son víctimas, no sólo los universitarios sino todos los jóvenes del país. 

El Grupo Parlamentario del PAN, a través de la senadora Josefina Vázquez Mota condenó enérgicamente la agresión a los estudiantes de la UNAM, exigió a las autoridades de todos los órdenes de gobierno escuchar y atender los planteamientos del alumnado, y exhortó a las autoridades docentes, investigadores, administrativos y estudiantes para volver a la normalidad en el menor plazo. 

Con respeto irrestricto a la máxima casa de estudios, pidió que no se permita la impunidad. No basta la expulsión de los agresores, tiene que hacerse justicia, agregó. Demandó investigar quién patrocina a los “porros” y quién se beneficia con ello. “La UNAM no puede ser rehén de la violencia provocada por unos cuantos”. 

Manuel Añorve Baños, legislador del Grupo Parlamentario del PRI, calificó de "cobardes, alevosos y barbáricos" los actos de violencia de los grupos “porriles” que, afirmó, son ajenos a los intereses universitarios, y  están vinculados a “intereses oscuros que buscan la desestabilidad”. 

“Lo mínimo que puede hacer la Cámara de Senadores es manifestar el respaldo a la gran institución que es la UNAM”, subrayó al pedir todo el peso de la ley sobre los responsables de la violencia.  

En representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado Castro calificó la marcha universitaria como un ejemplo de civilidad, que obliga a las instituciones y autoridades a responder y atender con urgencia las condiciones de riesgo al interior y exterior de los planteles. 

Hoy, enfatizó, existe la oportunidad de un diálogo abierto entre los estudiantes y la Rectoría, para que se garantice la seguridad en la Máxima Casa de Estudios, lo que implica se sancione penalmente a los responsables materiales e intelectuales de la agresión. 

A su vez, el senador Joel Padilla, del Grupo Parlamentario del PT, se pronunció a favor de una pronta resolución del conflicto en la Universidad, y que las autoridades escuchen las exigencias del pliego petitorio de los estudiantes que rechazan la violencia en el campus.

Consideró que se debe dar resolución al problema que tiene sus orígenes en el Colegio de Ciencias y Humanidades unidad Azcapotzalco, en materia de cuotas, servicios a la comunidad estudiantil y libertad de cátedra, que resultó en la renuncia de su directora. 

El senador Miguel Ángel Mancera, del Grupo Parlamentario del PRD, expresó su solidaridad y respaldo a las exigencias de los estudiantes que marcharon ayer en Ciudad Universitaria, así como de los jóvenes que resultaron lesionados durante el ataque de “porros”. 

Hizo un llamado para que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación y se haga de forma minuciosa, pronta y exhaustiva. “Se debe garantizar, mínimamente, que los jóvenes asistan a las escuelas en un clima de paz, propicio para el aprendizaje y no para escaramuzas. ¡Fuera porros de la UNAM!”, sentenció. 

Gabriela Benavides, senadora del Grupo Parlamentario del PVEM, refirió que su partido rechaza cualquier tipo de violencia que se genere en la UNAM, porque se debe privilegiar el diálogo para la resolución de cualquier problemática. 

Es evidente que quienes se atrevieron a irrumpir la seguridad de los estudiantes, no son dignos de portar con honor y respeto el más alto privilegio de ser estudiante universitario, comentó; y reconoció al rector Enrique Graue y a las autoridades universitarias por actuar contra los estudiantes agresores.   

La senadora Renata Romo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, dijo que las autoridades universitarias son las que se encuentran detrás de la represión a la manifestación pacífica que realizaron los estudiantes afectados. 

Solicitó el respaldo a los estudiantes en sus demandas, porque ellos serán los que “van a poder quitarnos el rezago que tenemos hoy”. 

El senador Emilio Álvarez Icaza, sin partido, también se sumó a la condena contra la violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Integrantes del equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de organizaciones de la sociedad civil presentaron esta tarde de miercoles el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República ante la bancada de Morena en el Senado.

Durante una reunión privada, el futuro subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, y el próximo titular de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, Santiago Nieto, explicaron los detalles de la propuesta.

En el encuentro participaron especialistas del CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como integrantes de los colectivos #PorUnaFiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.

Al término del evento,Santiago Nieto esbozó los cuatro ejes del proyecto. Explicó que la prioridad es fortalecer la autonomía de la Fiscalía, en los términos planteados por la Constitución, desde la reforma aprobada en el 2014.

Adelantó que la Ley contemplará un modelo normativo para proteger los derechos de las víctimas, la reparación del daño y las facultades que tendrá la nueva institución.

El próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda con #AMLOPresidente aseguró que la nueva Fiscalía implementará un modelo de combate a la corrupción en materia electoral y de delitos cometidos por servidores públicos.

Explicó que también se aplicará un modelo transicional para responder a las exigencias de los ciudadanos que se manifestaron contra la corrupción en las urnas el pasado primero de julio.

Por Nancy Rodríguez

Así se expresó Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de MORENA “Tengo tiempo que no hablo con el licenciado López Obrador. Fue una decisión del Senado y, como lo dije ayer, atento al principio de legalidad se resolvió”.

Al ser cuestionado, repetidas veces, sobre el proceso de licencia del Senador  Manuel Velasco, del Partido Verde, aseguró que no hubo ninguna negociación a cambio.

 “Estoy muy tranquilo con mi conciencia. Y en la política se asumen riesgos, yo soy un hombre público e intento siempre hacer las cosas con responsabilidad. No voy a conculcar el derecho de ningún senador”

(Conculcar: Ir en contra de lo que dispone una ley, norma o principio).

Informó que La Junta de Coordinación Política lo solicitó, “toda la Junta, toda. Los Coordinadores y los integrantes. Todos solicitaron y aceptaron se repusiera el procedimiento y se pudiera generar esta posibilidad que, al final se aprobó”.

Creo en la reconciliación, dijo, además “Buscaremos el apoyo de todos los partidos para consolidar la agenda de #AMLOPresidente. Todos son todos aunque sea el partido Verde”, subrayó

Además, sentenció “No vengo a subirme al ring”.

Paralelamente, el coordinador de los senadores de MORENA compartió con la prensa esta reflexión:

“Ayer veía cómo merodeaban por los pasillos los espíritus de los Sabios de Bizancio que, en Constantinopla, Bizancio, discutían y discutían, por días, cosas insubstanciales sobre si los ángeles deberían tener o no ombligo; y al final resolvieron con un manto en el ombligo, mientras los Bárbaros saqueaban y destruían la ciudad”.

Ante lo anterior precisó lo siguiente: Yo estoy más preocupado por el saqueo y la destrucción de la Ciudad que heredará Andrés Manuel López Obrador, no por una licencia que, de acuerdo con la ley, atentos al principio de legalidad, teníamos que otorgar porque es un derecho de cualquier legislador”, finalizó.

 

·        Permitirá reducir el costo de operación de la Cámara de Senadores en 30 por ciento.

·         Se garantiza el funcionamiento de este órgano del Congreso de la Unión. 

El Senado de la República aprobó, por unanimidad, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece las medidas de austeridad presupuestal que se aplicarán para este órgano legislativo en cuatro rubros fundamentales: recursos humanos, materiales, económicos y en el trabajo legislativo y parlamentario. 

Los criterios y acciones concretas que se apliquen en la Cámara de Senadores, enmarcadas en un plan de austeridad en el gasto, tienen como finalidad que los recursos se ejerzan de forma transparente, con mecanismos de rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción. 

Las medidas de austeridad se aplicarán en el Pleno, las comisiones, los órganos parlamentarios, administrativos y técnicos, los órganos de gobierno y los grupos parlamentarios, así como a las senadoras y senadores. 

Dichas acciones garantizarán que los recursos se privilegien para cubrir los servicios de apoyo más elementales para el trabajo legislativo del Pleno, de los órganos de gobierno, las comisiones legislativas y de las senadoras y senadores. 

También se asegurará el funcionamiento referente al gasto de operación, profesionalización del personal, cumplimiento de las obligaciones fiscales de este órgano legislativo, preservación del patrimonio de la Cámara, seguridad de las personas y bienestar dentro de sus instalaciones y seguridad informática. 

Las disposiciones serán de observancia obligatoria para senadoras y senadores en el ejercicio de las LXIV y LXV Legislaturas, para los órganos de gobierno, las comisiones y comités, para todas las unidades de apoyo parlamentario y de apoyo administrativo. 

Asimismo, para el Instituto Belisario Domínguez, en cuanto a las unidades que conforman su estructura administrativa, para órganos técnicos de apoyo como el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, la Coordinación de Comunicación Social, el Centro de Capacitación y Formación Permanente, la Contraloría Interna, las unidades de Transparencia y de Género, así como al Comité de Transparencia.  

Estos criterios entrarán en vigencia a partir de su aprobación y serán aplicados en el ejercicio de los recursos presupuestarios de 2019. 

Respecto al presupuesto del Canal del Congreso, se acordó que sean los órganos competentes de la Cámara de Diputados, lo que definan las medidas de austeridad que resulten aplicables acordes a las necesidades de ese medio de comunicación, sin afectar la transmisión y calidad de los contenidos. 

El acuerdo establece la relación entre la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración en el proceso de toma de decisiones presupuestales y aquellas relacionadas en el ejercicio y aplicación de recursos humanos, materiales y económicos que sustentan el trabajo legislativo y parlamentario. 

Destaca que la participación coordinada de esos órganos constituye un mecanismo racionalmente viable y necesario para garantizar que el Senado cumpla con sus responsabilidades constitucionales, legales y reglamentarias. 

Se explica que las propuestas de la Mesa Directiva o de la Comisión de Administración en materia presupuestal o de ejercicio y aplicación de los recursos, deberán ser consultadas con la Junta de Coordinación Política. 

Para efecto de lo anterior, dichas propuestas se remitirán al Presidente de la Junta, quien convocará de inmediato a reunión de este órgano para analizar, y en su caso, adoptar el acuerdo respectivo. 

En tanto, las propuestas que formule la Junta de Coordinación Política serán de conocimiento de la Comisión de Administración y de la Mesa Directiva, a fin de que, en un plazo no mayor de tres días, envíe a la Junta sus opiniones, y a partir de su recepción, el Presidente de ese órgano de gobierno convoque a reunión para los efectos antes señalados. 

En el proceso de deliberación en el Pleno de dichas propuestas, se aplicarán las reglas correspondientes previstas en las disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de lo que grupos parlamentarios propongan en el debate, garantizando la participación equilibrada y proporcional de los legisladores sin partido. 

La resolución del Pleno deberá adoptarse en votación nominal, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a la decisión de la Asamblea. 

Al respecto, la senadora Sasil de León, coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, dijo que es necesario reorientar el gasto gubernamental, y la política de austeridad no debe ser exclusiva el Senado, sino que debe trascender a los tres niveles de gobierno y, en su momento, en las entidades federativas. 

Comentó que con este programa, los senadores son los primeros en atender la convocatoria realizada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; e invitó a la Asamblea a continuar construyendo consensos. 

El senador Raúl Bolaños, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, propuso que el programa se eleve a rango constitucional, y se modifique el artículo 50 de la Carta Magna, para establecer que el Congreso de la Unión se regirá por los principios de eficiencia, austeridad y participación pública. 

Señaló que hoy inicia una nueva etapa del país, y que sólo se lograrán los objetivos propuestos si se trabaja en unidad, por lo que invitó a los senadores de las diversas fuerzas políticas a construir acuerdos para lograr ese fin. 

El senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del PRD, precisó el acuerdo de  austeridad dentro del Senado es producto de la voluntad de todos los Grupos Parlamentarios, en busca de hacer eficiente el recurso público. 

Se pronunció porque se conforme un órgano colegiado que permita dotar de total transparencia y publicidad al gasto legislativo, a fin de que la ciudadanía pueda darle seguimiento en tiempo real. 

El legislador Alejandro González Yáñez, coordinador del PT, subrayó que el Senado cumple el mandato ciudadano, de que no exista más “un parlamento rico y un pueblo pobre”, por lo que el ajuste financiero permitirá liberar y redireccionar recursos del Estado al Programa Nacional de Desarrollo y fondear programas sociales. 

Precisó que se prevé un ahorro, de septiembre a diciembre de este año, de 599 millones de pesos, y en 2019 el gasto se reducirá en más de mil 400 millones de pesos, “30 por ciento menos de los que venía gastando esta Cámara de Senad 

Dante Delgado Rannauro, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano destacó que su partido fue el primero en renunciar a privilegios en el Congreso y sus legisladores, los primeros en presentar la declaración 3 de 3.

Resaltó que su bancada acordó llevar adelante políticas de racionalidad en el gasto del presupuesto en el Senado, y que suscribió también el Acuerdo de Austeridad presentado este día. 

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien encabeza la bancada del PRI, dijo que este acuerdo es resultado del diálogo y ejercicio de la buena política y con el que se da respuesta a la sociedad ante la demanda de poner fin a los gastos excesivos y a los privilegios. Se promoverá que el uso de recursos públicos se apegue a los principios de austeridad, no solo el poder Legislativo, sino en el Ejecutivo y Judicial. 

“No solo se trata de austeridad sino de una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre cómo y en qué se gastan los recursos públicos”. Agregó que es indispensable respetar los derechos de los trabajadores, no es correcto, ni apoyarán discursos que buscan culpar a los servidores públicos de los problemas del país. 

Por el Grupo Parlamentario del PAN, el senador Damián Zepeda dijo que la aprobación del plan de austeridad para el Senado forma parte de una agenda de cambios profundos que se requieren para el país y que se deben construir entre todas las fuerzas políticas; recordó que algunas de ellas han sido impulsadas por Acción Nacional. 

No obstante, advirtió que una característica muy particular de gobiernos autoritarios es el debilitamiento de las capacidades de los otros poderes que sirven de contrapeso, por lo que sería un daño terrible para el país que en afán, y bajo un discurso de austeridad, se debilite al Congreso de la Unión y al Poder Judicial. 

El senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que con el plan de austeridad aprobado se pretende reducir el costo del Senado al pueblo, en cuando menos, un 30 por ciento de los mil 400 millones de pesos que resta por ejercer este año y en mil 500 millones de pesos para 2019.

Hizo énfasis en que no se puede vivir una esfera de privilegios frente a un mundo de desigualdad, “no se puede mantener un status quo alejado de lo que sucede afuera de este recinto legislativo. Celebró y reconoció la actitud de los demás coordinadores para aprobar por unanimidad este acuerdo. 

Previamente, en la reunión de instalación de la Junta de Coordinación Política, el acuerdo de austeridad presupuestal para el Senado fue aprobado por unanimidad por los integrantes de este órgano de gobierno. 

Se acordó que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sea quien presida los trabajos de la Junta de Coordinación Política que funcionará durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

Los integrantes de este cuerpo colegiado serán los coordinadores Damián Zepeda Vidales, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado Rannauro, de MC; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; Alejandro González Yáñez, del PT; Sasil De León Villard, del PES, y Raúl Bolaños Cacho Cué, del PVEM. 

También formarán parte, la senadora Freyda Marybel Villegas Canchée e Higinio Martínez Miranda, de Morena, así como la senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN. 

En esta primera reunión de la Junta de Coordinación Política, estuvo el senador Manuel Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, y a quien, el Pleno, le concedió licencia para separarse de su cargo legislativo.

En otro tema, los senadores acordaron analizar dos propuestas para la integración de las comisiones ordinarias: la primera contempla 30, mientras que en la segunda se proponen 42. 

En caso de que los legisladores optaran por las 30 comisiones, correspondería a Morena presidir 14 de ellas y ocupar 28 secretarías; al PAN seis presidencias y 12 secretarías, y al PRI se le asignarían cuatro presidencias y ocho secretarías. 

A MC le atañerían dos presidencias y cuatro secretarías; al PRD una presidencia y dos secretarías; al PT una presidencia y dos secretarías; al PES una presidencia y dos secretarías, y al PVEM una presidencia dos secretarías. 

Si se aprobara el acuerdo que contiene 42 comisiones, Morena tendría 19 y 38 secretarías; PAN ocho y 16 secretarías, PRI cinco presidencias y 10 secretarías. 

A los grupos parlamentarios de MC, PRD, PT, PES y PVEM les correspondería, a cada uno de ellos, dos presidencias y cuatro secretarías. 

A propuesta del senador Ricardo Monreal se convino crear un grupo conformado con dos senadores de cada bancada para que se reúnan “y determinen perfiles para la integración de presidencias y secretarías de las comisiones”. 

Por último, se informó del calendario para la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, que iniciará el próximo jueves 6 de septiembre, con en análisis de la política social; continuará el martes 11, con la política interna; el jueves 13, se examinará la política económica y el martes 18 de septiembre, la política externa.

 

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