LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (188)

La Ley General de Archivos garantiza el derecho ciudadano de acceso a la información y fomenta el resguardo de la memoria institucional al establecer las bases para su preservación y consulta, aseguró Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.

Señaló que esta ley obliga a cualquier órgano, autoridad y organismos de los poderes de la Unión, pero también a partidos políticos y sindicatos, entre otros, que ejerzan recursos públicos a resguardar, difundir y poner a disposición de la sociedad documentos privados de contenido social, histórico, científico y cultural.

Ana Lilia Herrera explicó que para el correcto funcionamiento de la información, se creará el Consejo Nacional de Archivos, presidido por el Archivo General de la Nación, y que encabezará al Sistema Nacional de Archivos, se encargará de la coordinación adecuada entre instituciones y avalará la política nacional de gestión documental y administración de archivos.

La senadora indicó que con la aprobación de la Ley General de Archivos, el Senado de la República cierra el proceso legislativo para consolidar el andamiaje institucional que se ha construido en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El 13 de diciembre pasado, el Senado aprobó la Ley General de Archivos con 90 votos a favor y 0 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

El Gobierno recibió 3 mil 413.4 millones de pesos (mdp) de la iniciativa privada y sociedad civil del país, así como de administraciones estatales, organizaciones y personalidades extranjeras para apoyar las fases de emergencia y reconstrucción derivada de los sismos de septiembre de 2017, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

En su investigación “Aportaciones del sector privado y la sociedad civil de México y donaciones internacionales en apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de 2017”, refiere que la cifra corresponde a lo recaudado hasta el 5 de diciembre pasado.

El IBD explica que la información de las aportaciones y donaciones no se encuentra concentrada en ningún sitio en particular, por lo que consultó diversas fuentes para ubicarla.

Del monto agregado contabilizado, el 69.5 por ciento corresponde a los recursos recaudados por la Fundación Carlos Slim; 7.6 por ciento a las aportaciones del fideicomiso Fuerza México; y 22.9 por ciento a las donaciones de otros actores.

También destaca que no encontró información disponible de algunas campañas de recaudación de fondos para apoyar a la sociedad tras los sismos, como por ejemplo, las que organizaron algunos bancos.

El Instituto Belisario Domínguez señala que en un esfuerzo por fomentar la transparencia, las donatarias que han efectuado aportaciones monetarias o en especie deberán brindar información detallada sobre estas contribuciones.

Asimismo, considera que los sismos de septiembre dejaron de manifiesto que existe un área de oportunidad para crear, dentro del Gobierno Federal, una unidad que se active en casos de emergencia o desastre.

Ésta coordinaría los apoyos recibidos del sector privado, la sociedad civil, actores públicos, privados o sociales extranjeros, con la finalidad de asegurar que el uso de dichos recursos sea oportuno y cumpla con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

La investigación completa del IBD puede consultarse en la dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado .gob.mx/handle/123456789/3778

Las nuevas disposiciones a la Ley de Planeación aprobadas por el Senado de la República, evitarán golpes de timón y promoverán el desarrollo del país, al dotar de certidumbre jurídica a los criterios para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de éste se deriven.

Así lo aseguró la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien agregó que las reformas a ese ordenamiento proponen un nuevo enfoque al diseño sexenal de las acciones del Gobierno Federal, para asegurar el desarrollo equitativo, incluyente, y sustentable del país.

Precisó que una vez que entre en vigor el decreto “cambiará significativamente la forma en que se realiza la Planeación Nacional del Desarrollo, pues se elaborará con una perspectiva de largo plazo, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”

Además -explicó la legisladora- estará enfocado a resultados, pues los presupuestos y planes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán adecuarse a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y no al revés.

Será más abierto, pues incluirá la participación de los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, y se dará certeza a los mecanismos de consulta a través de las disposiciones reglamentarias, indicó.

Ana Lilia Herrera hizo hincapié en que con esas adecuaciones, el Plan Nacional de Desarrollo será más incluyente, pues observará siempre las perspectivas de interculturalidad, igualdad de género y no discriminación.

Destacó también que las reformas dotarán a ese instrumento de mejores mecanismos de rendición de cuentas, pues obliga a la Secretaría de Hacienda a publicar la información relacionada con el seguimiento de sus objetivos en el Portal de Transparencia Presupuestaria.

Por último, la senadora Herrera Anzaldo señaló que además, se fortalece el sistema de contrapesos entre poderes, pues la Cámara de Diputados se asegurará de que el Plan Nacional de Desarrollo cumpla con los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución y, de no ser así, lo devolverá al Presidente de la República para su adecuación.

·         Aprobó modificaciones a la Alianza del Pacífico para promover la integración económica regional.

·         Se generarán estrategias que permitan ampliar los vínculos comerciales para disminuir la dependencia económica con Estados Unidos.

Como parte de la estrategia para diversificar el comercio exterior de México y fortalecer su integración profunda y dinámica con América Latina, el Senado de la República ratificó dos protocolos modificatorios al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

 

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, dijo que México se encuentra en una estrategia de diversificación comercial y estos dos protocolos forman parte de ella. “También estaremos analizando en próximos meses los acuerdos comerciales con Brasil, Argentina y otras naciones de todo el planeta con quienes hoy México está buscando ampliar sus vínculos”, precisó.

 

Destacó la necesidad de buscar oportunidades para la importación que permita al país “dejar a un lado la enorme dependencia que nos ha caracterizado con los Estados Unidos”.

 

La Alianza del Pacífico es nuestro tercer socio comercial a nivel global, después de Estados Unidos y Canadá, además, representa para nuestro país un tercio de las exportaciones y el 24.4 de las importaciones, indicó.

 

La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, aseguró que es momento de reflexionar y voltear a ver hacia los países con los que “tenemos enormes afinidades y dejar de concentrarnos, como lo hicimos durante décadas, en Estados Unidos”.

 

Señaló que la Alianza del Pacífico, más que un acuerdo comercial, se ha convertido en un mecanismo de integración profunda y dinámica que requiere la actualización de sus normas para detonar el enorme potencial con el que cuenta.

 

Se trata de una plataforma de articulación política, económica, comercial y de proyección mundial con un especial énfasis en Asia- Pacífico; por lo que, puntualizó, tras la salida de EU del Acuerdo Transpacífico, la Alianza se ha convertido en el vehículo perfecto de acercamiento con esa región del mundo.

 

La Alianza conformada por México, Colombia, Perú y Chile tiene como objetivo mejorar y facilitar la libre circulación de bienes, servicios, capitales, así como promover mejoras a la integración económica regional para avanzar progresivamente en el desarrollo económico y social del bloque.

Este instrumento internacional representó para nuestro país, en 2016, un comercio bilateral de 9 mil 205 millones de dólares, exportaciones por 6 mil 215 millones de dólares e importaciones por 2 mil 990 millones de dólares; además, importó de las naciones de la Alianza 65 por ciento de bienes intermedios, 2.6 por ciento de capital y el 32.6 por ciento de bienes de consumo.

México, es un actor clave en el impulso de las transformaciones económicas de este mecanismo, ya que tiene el potencial para captar durante los próximos años 40 mil millones de dólares adicionales de inversión extranjera directa anual.

Las y los senadores explicaron que la aprobación del Primer y Segundo protocolos modificatorios al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscritos por los gobiernos de las cuatro naciones en Perú y en Chile, en 2015 y 2016, permitirá fortalecer el acercamiento del país con sus socios e iniciar una etapa de desarrollo y profundización.

Promoverá mejoras a la integración económica regional, se avanzará en el desarrollo económico y social del bloque, a través de la reducción de obstáculos al comercio y la facilitación de servicios para compradores y consumidores, señalaron.

Indicaron que el Primer Protocolo Modificatorio establece un nuevo capítulo de mejora regulatoria que favorece la articulación de políticas regulatorias, promueve la competitividad, elimina barreras al comercio, reduce cargas e impulsa la transparencia.

El Segundo Protocolo Modificatorio profundiza el acercamiento entre los Estados miembros y evita que los marcos regulatorios existentes no obstaculicen el libre mercado, mediante la Comisión de Libre Comercio.

Las cuatro naciones, en conjunto, son la octava potencia exportadora a nivel mundial, mantienen una red de acuerdos comerciales entre sí y con las economías más desarrolladas y dinámicas del mundo; además, tienen el potencial para atraer a la región nuevas inversiones y cuentan con ventajas competitivas en sectores como minería, recursos forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufactura.

En Latinoamérica representan el 39 por ciento del Producto Interno Bruto, concentran 57 por ciento del comercio total y atraen 41 por ciento de la inversión extranjera directa que llegan a la región,

Actualmente este instrumento internacional cuenta con 52 países de los cinco continentes del mundo en calidad de observadores y, algunos de ellos, manifiestan su interés de integrarse como miembros, lo que genera un gran potencial para dinamizar el intercambio comercial, de servicios y personas.

Se tiene el propósito de avanzar en iniciativas que permitan el fortalecimiento del capital humano, la innovación, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, la competitividad, el desarrollo e internacionalización de las Pymes y la infraestructura, entre otros temas.

 

 

·         En materia de combate a la delincuencia transnacional y de cooperación científica y técnica, así como para promover y proteger las inversiones, entre otros.

México busca constantemente impulsar lazos que lo acerquen a países que se encuentran distantes geográficamente, señalaron senadoras y senadores al considerar como una responsabilidad fomentar la presencia de nuestra nación en todas las regiones del mundo y promover la cooperación en todos los campos.

Durante el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXIII Legislatura, el Senado de la República ratificó diversos convenios internacionales para fortalecer los vínculos de cooperación de México en distintas regiones del mundo.

Los mecanismos aprobados por las y los senadores establecen acuerdos con naciones de Asia- Pacífico como Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Filipinas, en materia de combate a la delincuencia transnacional y de cooperación científica y técnica.

También, para promover y proteger las inversiones y para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta.

Los legisladores destacaron la necesidad de un mayor acercamiento con países islámicos, pues representan el 25 por ciento de la población mundial, de ahí, que resulta fundamental unir puentes de entendimiento con estas naciones.

Para la región de América Latina se respaldaron diversos acuerdos con los gobiernos de Brasil, Jamaica, Guatemala, Haití, Costa Rica, Bolivia, Colombia y con la Organización de Estados del Caribe Oriental.

Los convenios tienen la finalidad de promover la cooperación técnica y científica, los servicios aéreos, evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, facilitar y proteger las inversiones, otorgar asistencia en asuntos aduaneros e intercambio de Información en este tema.

Uno de los acuerdos establece medidas para prohibir e impedir el robo, la introducción, la extracción y el tráfico ilícito de bienes culturales.

Con estos instrumentos México se posiciona como un país líder en América Latina y el Caribe para enfrentar los retos comunes en pro del desarrollo y la integración de la región, además se fortalece la seguridad de la cadena logística, del comercio exterior mexicano, al tiempo que optimiza los esquemas de intercambio de información.

Las y los senadores indicaron que se estrechará la colaboración con otras dependencias del gobierno y con autoridades aduaneras de otros países, para tener un comercio exterior seguro.

En este periodo, también se ratificó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la Organización de las Naciones Unidas, el 7 de julio de 2017, cuyo objetivo es procurar la total eliminación de este tipo de armamento y contribuir a la aspiración común de un mundo libre de armas de destrucción masiva.

En el continente africano, México firmó un acuerdo de cooperación en los ámbitos educativo, cultural y técnico con la República de Angola.

El Senado, también aprobó convenios con organismos internacionales, específicamente con la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, y uno más con el Banco de Desarrollo de América del Norte.

Las y los legisladores aseguraron que la aprobación de estos instrumentos de cooperación, con distintas regiones del orbe, coadyuvan a fortalecer el marco jurídico para que México intensifique su presencia en el escenario internacional.

·         Las mineras se han apoderado de un millón 550 mil 704 hectáreas debido a que obtuvieron mil 968 concesiones.  

De acuerdo al artículo 211 de la Ley General de Biodiversidad, para que las empresas mineras y de extracción de hidrocarburos no disminuyan el potencial productivo para el desarrollo social, será suficiente  que el Ejecutivo Federal decrete Zonas de Desarrollo Integral Sustentable, para ejecutar programas que subsanen los ecosistemas afectados por las actividades productivas.

En la reciente Ley aprobada por el Senado de la República, impulsada por la Comisión Especial de Cambio Climático, que preside la senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del PVEM, se aclara que no se pone en riesgo las Áreas Naturales Protegidas (ANP), al no poner restricciones a las explotaciones mineras y de hidrocarburos en estas zonas.

Se explica que México tiene 182 ANP, que juntas suman 90 millones de hectáreas; es decir, 10.5 por ciento del territorio nacional, y que en todo el país las mineras se han apoderado de un millón 550 mil 704 hectáreas debido a que obtuvieron mil 968 concesiones.

Aunado a ello, se agrega, que en las ANP se han otorgado 57 mil 255 hectáreas para proyectos mineros; por lo que se presentó una reserva para modificar el artículo 147 de la ley y así proteger las áreas naturales.

La modificación del artículo 147 señala: “En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación o regularización de nuevos centros de población”.

Otra de las reformas que beneficia a las empresas extractivas, de acuerdo al artículo 200, es  que se permite que dichas compañías asentadas en los polígonos de vida silvestre lleven a cabo sus actividades y sólo estarán sujetas a atender los programas que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) determine para resarcir los daños ambientales ocasionados, en donde las mineras podrán contar con ayuda económica del Fondo Patrimonial de Biodiversidad del Gobierno Federal.    

En el transitorio vigésimo sexto, la nueva disposición establece un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para elaborar un estudio que identifique aquellas ANP que hayan sido transformadas sustancialmente, en las cuales no es factible realizar medidas para restaurar los ecosistemas originales, a fin de decretar el cambio de uso de suelo hasta la desaparición de la denominación de ANP.

·         Hay una crisis democrática en la que los ciudadanos están cada vez más distanciados de las decisiones e intereses de los legisladores. 

Diversos estudios de opinión pública en México coinciden en que el Congreso de la Unión se encuentra entre las instituciones políticas con menor aprobación y confianza ciudadana, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Los electores que se consideran bien representados son una minoría, pero también son pocos los que tienen un amplio conocimiento sobre las funciones que realizan los diputados y senadores, de acuerdo con la investigación “La percepción de las y los mexicanos en el Congreso de la Unión”, elaborado por el maestro Felipe de la O.

En varios países, incluyendo el nuestro, hay una crisis democrática en la que los ciudadanos están cada vez más distanciados de las decisiones e intereses de los legisladores, y las vías de comunicación entre la población y el gobierno resultan inexistentes o poco eficientes, advierte el estudio.

La falta de rendición de cuentas puede ser uno de los detonadores del debilitamiento de la democracia, señala el IBD; también la poca efectividad percibida por los mexicanos con respecto a la labor legislativa en temas de relevancia.

Para alcanzar una percepción más positiva del Poder Legislativo, el Congreso podría diseñar estrategias y métodos para mejorar la comunicación y el diálogo entre diputados y senadores con la ciudadanía, sugiere la investigación.

También es fundamental que transmita de manera clara y responsable la labor legislativa, para lo cual puede ayudar el uso de redes sociales y la construcción de comunidades virtuales.

Otro punto importante, abunda el IBD, es fortalecer la rendición de cuentas como una práctica cotidiana, necesaria y fundamental; con información que provean los integrantes del Congreso, los ciudadanos podrán conocer los argumentos que orientan sus decisiones.

En México existen pocos estudios de opinión pública sobre el Congreso de la Unión porque el sistema político mexicano restó importancia, durante varias décadas, al análisis y dinámica del Poder Legislativo.

No obstante, desde hace 23 años se ha incrementado el número de encuestas y estudios dedicados a explorar la confianza e imagen que la ciudadanía tiene con respecto a esta institución.

El IBD sugiere realizar un nuevo estudio de opinión pública en torno al Congreso de la Unión, que permita identificar con mayor precisión si la desconfianza y desaprobación ciudadana están relacionadas con el desconocimiento y la desinformación; o por la forma en que los legisladores desempeñan sus cargos, así como por el funcionamiento del Congreso en general.

Hasta el momento, los estudios realizados han comprobado que la calificación del Congreso ha sido constantemente baja desde 1994. También denotan que la confianza y aprobación es cambiante en coyunturas críticas y registros históricos, los cuales deben ser estudiados para encontrar las causas del desmoronamiento de la percepción positiva sobre el Congreso.

La investigación del IBD, “La percepción de las y los mexicanos en el Congreso de la Unión”, puede consultarse en la dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3769/Cuaderno%20de%20investigaci%C3%B3n%2037.pdf?sequence=1&isAllowed=y

*Podrá realizar actos de investigación técnica en cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Pleno del Senado aprobó con 77 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, un dictamen de reformas y adiciones a diversas leyes en materia ambiental, con lo que faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que actualice y haga eficaz el procedimiento de inspección  ambiental federal.

Además de otorgar más facultades a la Profepa, le permite incorporar al procedimiento administrativo las actuaciones realizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que se posibilite una efectiva actuación frente a las infracciones, daños y deterioros ambientales que se presentan en todo el país.

El dictamen incluye reformas y adiciones  a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la Ley General de Bienes Nacionales; a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General de Cambio Climático.

El senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, destacó que el trabajo de la Profepa “es de gran valor para proteger la vida silvestre, los recursos forestales, los ecosistemas costeros, las áreas naturales, la calidad del aire y el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de un ambiente sano.

Los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia, dijo el legislador, constituyen un elemento fundamental del sistema de impartición de justicia ambiental, de ahí la importancia de modernizarlos.

La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, Silvia Garza Galván, dijo que la Procuraduría sigue operando con reglas de procedimiento diseñadas en 1988, “que son claramente insuficientes para cumplir con el mandato de procuración de justicia en todas las áreas reguladas por la legislación ambiental federal”.

Sostuvo que las reformas representan un cambio sustancial, ya que establecen mayor seguridad jurídica para los actores involucrados en las acciones de inspección: autoridades, denunciantes, ciudadanos y empresas.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Marcela Guerra Castillo, advirtió que la biodiversidad y los recursos naturales se encuentran amenazados por actividades ilícitas, como la tala ilegal de árboles o el tráfico de flora y fauna silvestre.

Ello, agregó, hace importante tomar conciencia de la gravedad de los delitos ambientales y de la necesidad de fortalecer las acciones que persigan con decisión a quienes dañan y lastiman el medioambiente.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez manifestó que la reforma transformará las instituciones encargadas de inspeccionar las actividades ambientales, así se reacomodan las atribuciones y desaparecen las agencias que entraban en conflicto con cuanto a atribuciones de la Procuraduría.

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Fernando Mayans Canabal, dijo que la Profepa ha sido rebasada, porque es mayor el interés económico de las empresas, lo que deriva en corrupción e impunidad en deterioro ambiental.

Señala que se regularán no solo los actos de inspección, sino también los de vigilancia ambiental, los de verificación de resolutivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como los actos de investigación técnica, cuyo propósito es el de conducir la actuación de la Profepa hacia la investigación técnica y científica.

Propone crear un procedimiento de inspección federal único, derogando además las normas procedimentales que  se encuentran hoy dispersas en las diversas leyes ambientales federales, situación que ocasiona falta de certeza jurídica para los gobernados, dificultad en su aplicación por la autoridad y resta eficacia a las actuaciones de la Profepa.

El documento señala que este nuevo procedimiento ayudará a regular de manera más precisa los alcances del contenido de las actas de inspección, las facultades de coadyuvancia de los denunciantes populares, así como de todos los actos administrativos, incluyendo la resolución sancionatoria en la que se impondrá la obligación de reparación y compensación ambiental del daño.

Asimismo, la Asamblea aprobó una modificación al dictamen para que la Profepa y las autoridades administrativas facultadas para inspeccionar, garanticen a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el respeto de sus derechos, prerrogativas lingüísticas, usos y costumbres reconocidas por la Constitución.

De acuerdo con el cambio por el que se adiciona un séptimo párrafo al artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las autoridades agregarán en autos las constancias que acrediten que se dio cumplimiento con las obligaciones referidas en esta disposición.

Reunión de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado de la República, en relación a la situación en la que se encuentran los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, México y la Ciudad de México, derivada de los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre de 2017.

El Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las 320 personas hasta ahora reportadas como fallecidas.

Dando seguimiento a los acuerdos tomados por la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado de la República, el pasado miércoles 20 del presente, nos permitimos informar que recibimos los resultados de cuatro peritajes independientes que se realizaron a las instalaciones del Senado, y en virtud de que se concluye que hay condiciones de seguridad, informamos que con el propósito de normalizar la actividad legislativa, mañana lunes 25 de septiembre se llevará a cabo la primera sesión de la semana, con lo que se espera que este cuerpo legislativo regrese a sus actividades cotidianas.

Mañana iniciaremos el esfuerzo voluntario para conjuntar el Fondo de 50 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de vivienda. El destino de estos recursos será transparente y se aplicará a las familias en todos los estados afectados.

Asimismo, estamos poniendo en marcha las vías que nos permitan respaldar a nuestros compañeros de trabajo que fueron afectados en sus viviendas.

Los senadores de la República valoramos la labor heroica e incansable de miles de jóvenes, mujeres y hombres que se volcaron solidariamente para auxiliar a los afectados por este grave siniestro.

De la misma manera, apreciamos la incansable tarea de soldados, marinos, cuerpos policiacos, instituciones de protección civil y bomberos de los diversos órdenes de gobierno por su participación en las tareas de rescate.

En estos días también hemos sido testigos del apoyo ofrecido y brindado por la comunidad internacional, las organizaciones y diversos países hermanos, quienes han manifestado su solidaridad y apoyo con el pueblo de México, han enviado a nuestro país rescatistas expertos quienes ayudan todavía en las tareas de búsqueda de personas en los sitios siniestrados, así como a aquéllos que han realizado aportaciones económicas.

El Senado de la República seguirá sumando su esfuerzo al de otras instituciones del Estado mexicano, para que juntos, lo antes posible recuperemos, en unidad, la normalidad de la vida de todos los mexicanos.

·         Esta aportación trasciende la coyuntura de emergencia: Ernesto Cordero Arroyo.  

Los senadores integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República hicieron un amplio reconocimiento a mujeres y hombres que están removiendo escombros para salvar vidas. Anunciaron la creación de un fondo de reconstrucción de vivienda de 50 millones de pesos, que funcionará en coordinación con la Banca de Desarrollo.

El senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, dio lectura a los acuerdos alcanzados durante una reunión previa, en la cual precisaron que “este fideicomiso podría ser un fondo que garantice el otorgamiento de crédito para construcción de vivienda en condiciones muy favorables para las familias que más lo necesitan, y no necesariamente tiene la capacidad de acceder a créditos en buenas condiciones.

“Será un vehículo financiero diseñado con toda transparencia, donde habrá testigos sociales, y donde el comité técnico del fideicomiso donde se constituya este fondo, sea absolutamente transparente y con rendición de cuentas”, explicó el presidente de la Mesa Directiva.

Detalló que el instrumento financiero se compondrá de las aportaciones voluntarias de los senadores, trabajadores y las prerrogativas de los Grupos Parlamentarios que así lo decidan.

“La idea es que sea una aportación que trascienda la coyuntura de emergencia del día de hoy. Que sea un vehículo financiero que no sólo se dedique a construir vivienda, sino que potencie los recursos que se utilicen para construir vivienda”, señaló.

Los legisladores también informaron que en la cuenta de Banorte abierta la semana pasada para apoyar a los damnificados de Oaxaca y Chiapas, se tienen recabados un millón 150 mil pesos, más 600 mil pesos que se invirtieron en 25 toneladas de víveres que ya fueron entregados a la Cruz Roja Mexicana.

Además, dijo que las circunstancias obligan al Congreso de la Unión a enfrentar la discusión del Paquete Económico con responsabilidad; “el Estado mexicano necesita recursos para enfrentar la emergencia nacional que tenemos”, comentó.    

También se aprobó otorgar respaldo económico a los trabajadores del Senado que hayan sido afectados por el sismo; por lo que fue puesto en funcionamiento la línea directa de atención 5345-4003 y el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Sumado al luto nacional decretado, y en virtud de que la revisión de las instalaciones del Senado terminará esta semana, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política se reunirán el próximo domingo 24 de septiembre para conocer el peritaje final y reanudar las actividades a partir del próximo lunes. Se realizarán sesiones ordinarias los días 25, 26 y 28 de septiembre.

También se aprobó que la Junta de Coordinación Política será enlace y estará en coordinación continúa con las autoridades de protección civil.

El Senado hizo un amplio reconocimiento a la solidaridad de todos los mexicanos, al importante apoyo de las instituciones de protección civil, así como a los cuerpos policíacos federales, de los estados y de la Ciudad de México por el apoyo que han brindado ante este momento de emergencia.

Del mismo modo, reconoció el trabajo oportuno, responsable y profesional de periodistas y medios de comunicación por su labor informativa ante el desastre que se vive en este momento.

Los senadores manifestaron que México “es un gran país y los mexicanos mostramos nuestro valor, sensibilidad y amor por nuestros hermanos afectados”.

Estuvieron en la reunión la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Jucopo, y los coordinadores Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Manuel Bartlett Díaz, del PT; Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y  Carlos Puente Salas, del PVEM.

Asimismo, los senadores Graciela Ortiz González, Itzel Sarahí Ríos De La Mora y Miguel Romo Medina, del PRI; Lorena Cuéllar Cisneros, del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, y Roberto Figueroa, secretario general de Servicios Administrativos.

·         Se solicita integrar a dreamers a Red de Defensa Legal de los Consulados Mexicanos en ese país.

La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que preside la senadora Marcela Guerra Castillo, analizará un punto de acuerdo que plantea la realización de mesas de trabajo con el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos, a fin de generar un mecanismo de protección legal para los mexicanos beneficiados por el programa gubernamental Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA.

En el punto de acuerdo, presentado por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a establecer mesas de trabajo con el Departamento de Estado, a cargo de Rex Tillerson; y a la Mesa Directiva del Senado le solicita iniciar comunicaciones y mesas de trabajo con el Congreso.

Señala que según estimaciones del Gobierno norteamericano, al 31 de marzo de este año, aproximadamente 800 mil personas detentaban el estatuto DACA y cerca de 200 mil personas lo obtuvieron en 2016 por primera vez o por renovación.

Los jóvenes, mejor conocidos como dreamers, podrían perder dicha protección, afectando al menos a 622 mil 170 indocumentados nacidos en México; siendo los mexicanos quienes representan el 79 % de los 787 mil 580 beneficiarios de DACA.

Además, planteó hacer un llamado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que cree un fondo económico para becar a los jóvenes estudiantes mexicanos que radican en Estados Unidos y puedan ser susceptibles a los cambios generados por la cancelación del programa.

El  punto de acuerdo propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores contrate a dreamers egresados de la licenciatura en Derecho, para integrarlos a la Red de Defensa Legal de los Consulados Mexicanos en Estados Unidos, a fin de ejercer una efectiva defensa de los jóvenes afectados, y todas aquellas medidas gubernamentales que afecten los derechos de mexicanos en esa nación.

Adicionalmente, solicita a la Red Consular de México en Estados Unidos sobre el número existente de repatriados en este proceso xenófobo por parte del Gobierno estadounidense, así como del seguimiento de los procesos de deportación iniciados a la fecha.

El Gobierno Federal a través de sus distintas dependencias debe realizar una estrategia de integración a la actividad productiva nacional para aquellas personas que han sido repatriadas., propone el Punto de Acuerdo del senador Pedraza Chávez.

·         Senadoras y senadores refrendan su solidaridad con los miles de mexicanos que enfrentan esta emergencia.

El Senado de la República entregó a la Cruz Roja Mexicana 25 toneladas de víveres para apoyar a las familias de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, que fueron afectadas por el sismo de 8.2 grados que se registró el pasado 7 de septiembre.

A nombre de la Cámara Alta, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, secretaria de la Mesa Directiva, entregó al director general de la Cruz Roja Mexicana, José Antonio Monroy Zermeño, la ayuda humanitaria, equivalente a alrededor de dos mil 383 despensas, a fin de que esta institución la haga llegar a los damnificados.

La entrega de los víveres se llevó a cabo en el Centro de Acopio, ubicado en la avenida Homero, de la colonia Los Morales, de la Ciudad de México, y forma parte de las acciones que implementó este órgano del Congreso de la Unión para atender la emergencia que enfrentan miles de mexicanos.

Acompañaron a la senadora Cuellar Cisneros,  Marcos Rodríguez Nieto y Gabriel Padrón Hernández, coordinador y coordinador técnico, respectivamente, de la Dirección General de Recursos Materiales de la Cámara de Senadores.

Al refrendar su solidaridad con los mexicanos afectados, el  Senado de la República  garantiza la transparencia, a través de la Cruz Roja Mexicana,  el destino de los recursos que recolectó para ayudar a resarcir los daños por el terremoto, considerado como el movimiento telúrico de mayor intensidad del último siglo.

La bancada del PAN en el Senado de la República, presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer a los Consejeros Independientes de PEMEX y al Auditor designado por el Consejo de Administración a fin de informar bajo protesta de decir verdad, cual ha sido su desempeño desde su nombramiento, ante diversos temas de posible corrupción por la asignación indebida de contratos a la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción.

Asimismo, por el uso indebido de recursos públicos y otros delitos que pudieron haber sido cometidos durante en esta administración bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, destacaron los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada.

También. solicitaron a la Secretaría de Energía se instruya al Órgano de Fiscalización del Consejo de Pemex ampliar las investigaciones de Odebrecht a los funcionarios y ex funcionarios en la gestión de Emilio Lozoya.

Entre los ex funcionarios resaltan Froylán Gracia García, ex Coordinador Ejecutivo y Miguel Tame Domínguez, ex director de Pemex Refinación, quienes presuntamente favorecieron a empresas mediante la asignación de contratos millonarios, entre ellas Construcciones Industriales Tapia, señalada en la investigación del caso Odebrecht.

La propuesta añade que además  deberán de responder por la fallida adquisición de dos plantas para producir fertilizantes, el boicot del Sindicato a la participación de trasporte de particulares en la distribución de gasolinas.

Los senadores del PAN plantearon citar a comparecer al Presidente del Consejo de Administración de Pemex y al Titular de la Secretaría de Energía, a fin de informar bajo protesta de decir verdad, sus acciones como Presidente del Consejo de Administración de Pemex ante sendas acusaciones públicas por el posible desvío de recursos del Estado durante la administración de Emilio Lozoya Austin al frente de PEMEX.

Además,  exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que informe a esta soberanía cuales son las auditorias en proceso sobre la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de PEMEX y si es el caso que deberá informar de los avances y hallazgos; si no es así se le exhorta a iniciar las auditorías| a la brevedad.

Argumentaron que denuncias recientes en México y en Brasil señalan que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, recibió sobornos por al menos 10 millones de dólares a cambio de beneficiar a la empresa Odebrecht para obtener contratos, lo anterior de acuerdo a declaraciones realizadas por altos ex ejecutivos de la empresa ante la justicia brasileña.

Hay un cumulo de información en los medios que revela que la Administración del Señor Lozoya Austin al frente de PEMEX durante el periodo diciembre 2012 - febrero 2016 estuvo plagada de irregularidades.

“Al respecto conviene señalar que de los diversos señalamientos realizados por organizaciones civiles y medios de comunicación  varios asuntos han sido denunciado en desde el Senado de la República, que entre otros destacan: la fallida adquisición de dos plantas de fertilizantes, la falta de control interno en la institución, el incremento notable en el robo de combustible, la asignación de contratos a la empresa Odebrecht, Ingeniería y Construcción, el posible uso ilegal de recursos de la empresa a través del uso del helicóptero de la empresa, y así, un sinfín de irregularidades señaladas y sin respuesta satisfactoria”.

Agregaron en el acuerdo que “no se tiene conocimiento de alguna acción, denuncia, investigación que sugiera que los Consejeros Independientes, o el Auditor que fue designado por el Consejo de Administración, hayan iniciado auditoría alguna a la Administración de Lozoya Austin, lo cual resulta escandaloso y lamentable, ¿Que están haciendo los Consejeros Independientes?, ¿Qué hace el Auditor interno de Pemex? ¿Para qué está el Presidente del Consejo de Administración?

*El principal reto, ofrecer a los mexicanos un diagnóstico oportuno y tratamiento para sus diferentes etapas.

*Es un problema de salud pública que va en aumento y representa la primera causa de muerte entre los hombres.

El Senado de la República, la Secretaría de Salud, organizaciones civiles, académicos y asociaciones de médicos consolidaron una alianza para hacer frente al cáncer de próstata, un padecimiento que se ha incrementado y que se considera la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas en México.

En el foro “Propuestas para una Estrategia Nacional contra el Cáncer de Próstata”, el presidente de la Comisión de Salud, Salvador López Brito, refirió que este esfuerzo busca establecer una serie de acciones de prevención, detección temprana y tratamiento de dicha enfermedad.

López Brito agregó que el padecimiento “ha tenido un incremento de casos del 25 por ciento entre los años 2004 y 2013, lo que permite calcular que en el país uno de cada siete hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida”.

Dijo que es la primera causa de muerte por cáncer entre los hombres, con un estimado de un 16 por ciento del total de decesos; es decir, en México, dos de cada 10 casos terminan en el fallecimiento.

El senador del Grupo Parlamentario del PAN destacó que en este escenario, este padecimiento debe ser considerado como un tema primordial en la agenda pública de salud, así como profundizar la perspectiva de género en todas las acciones que se lleven a cabo en esta neoplasia, promover una homologación normativa, que el proyecto NOM-048SSA2-2016 tenga vigencia.

Se requieren, añadió, guías de práctica clínica, cuadros básicos de medicamentos y protocolos de atención homologados, así como incluir el control y tratamiento del cáncer de próstata en el Sistema Nacional de Salud, campañas de promoción en torno al problema y capacitación de profesionales de la salud.

Fernando Meneses, asesor de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaria de Salud, alertó que la tendencia para los siguientes años del cáncer de próstata “va en un proceso ascendente y lo más grave es que los casos siguen siendo detectados y tratados, en las instituciones de salud, en estados avanzados”.

Consideró indispensable reforzar el primer nivel de atención para poder hacer la detección oportuna del problema. “Si logramos seguir adelante con este tipo de esfuerzos vamos a poder contener la cantidad de pacientes que asisten con los urólogos en estado avanzados”.

Hugo Manzanilla García, del Consejo Nacional Mexicano de Urología, afirmó que siete de cada 10 mexicanos que son diagnosticados, por primera ocasión con esta enfermedad, se encuentran en una etapa localmente avanzada o avanzada, esto significa que esas personas “muy probablemente van a morir por la enfermedad”.

Ése, asentó, es el principal reto en México: ofrecer a los mexicanos un diagnóstico oportuno y tratamiento para sus diferentes etapas.

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