LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1545)

  • El presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que el objetivo es mantener liquidez en sectores productivos y conservar fuentes de empleo ante impacto económico por el COVID-19.

 

 

En el marco de la emergencia sanitaria decretada en el país, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, solicitó al Gobierno federal y a las administraciones estatales que consideren medidas adicionales para proteger a las empresas ante el impacto económico del COVID-19 y conservar las fuentes de empleo que necesitan las y los mexicanos.

 

En un vídeo mensaje difundido mediante su cuenta de Twitter, el senador de Morena explicó que en casos como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), la fiebre porcina y la influenza H1N1 del 2009, los gobiernos del mundo establecieron acciones para cuidar la economía de sus países, pero "muchos se endeudaron sin beneficiar realmente a los sectores productivos más afectados".

 

Frente al Covid-19, dijo, México ha establecido varias medidas enfocadas a controlar los riesgos para la salud de la población, en proteger la solvencia financiera de las familias, incentivar la actividad económica y en apoyar a los mexicanos que cuentan con acceso al sistema financiero.

 

Aseguró que se empredieron diversas acciones preventivas que han atenuado el impacto económico inmediato, empero –agregó–, "le solicitamos al Gobierno de México y a los gobiernos estatales que consideren la implementación de medidas adicionales que protejan a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que les permitan conservar su liquidez y, principalmente, conservar las fuentes de empleo que necesitan las y los mexicanos".

 

El legislador propuso prorrogar, por ejemplo, la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y morales, eximir parcialmente a los patrones del pago de las cuotas obrero-patronales que se causen a su cargo y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el segundo bimestre de 2020. Se trata, agregó, de que los patrones recientan en menor media el impacto económico originado por esta pandemia.

 

Además, sugirió que ésto también se aplique a un porcentaje de las multas por el pago extemporáneo de las cuotas obrero-patronales causadas en los meses de marzo y abril, con el fin de que no enfrenten una carga económica adicional.

 

Alejandro Armenta también planteó agilizar la devolución de los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado aplicable durante todo el ejercicio de 2020, así como incorporar una serie de subsidios o estímulos adicionales sólo a las empresas que cumplan con sus obligaciones fiscales.

 

Propone también que los gobiernos de las entidades federativas dispensen un porcentaje de los impuestos sobre el hospedaje a los sectores de hotelería, restaurantes y servicios de esparcimiento, reconociendo el valor que tienen para las economías locales estás actividades que son susceptibles ante este tipo de fenómenos.

 

El Grupo Parlamentario del PRI, en tanto, propuso poner un marcho un plan de contingencia inmediato que contemple exenciones y estímulos para las micro, pequeñas y medianas empresas, que "son el gran motor de la economía".

 

Los senadores priístas consideraron necesario, entre otras acciones, diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal del ejercicio de 2019, tanto para personas físicas como morales, y agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA durante los meses que dure esta contingencia.

 

Además, sugirieron que el Gobierno Federal asuma el cien por ciento del sueldo con el que cotizan al IMSS aquellos trabajadores que ganen hasta seis mil pesos y que no podrán laborar, a fin de dar liquidez a las empresas y evitar el despido de las y los trabajadores.

 

Al respecto, la senadora Vanessa Rubio Márquez tuiteó: "Urge tomar medidas amplias y efectivas para la emergencia sanitaria y la crisis económica. De lo contrario, los costos humanos, para la salud y para la economía van a ser más profundos y duraderos en el tiempo".

 

Los senadores de Acción Nacional advirtieron que un millón 800 mil empleos podrían perderse por el impacto del Covid-19, por lo que esta situación representa "un drama para las familias".

 

Urge que se aprueben apoyos: 3,207 pesos a trabajadores, 27, 500 a microempresas para pagar nómina, así como una moratoria fiscal. "Es hoy. Es ya", asentaron.

 

La senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez alertó: "Si el Gobierno Federal se aferra a seguir cobrando todos los impuestos estos meses, en poco tiempo no habrá empresas a quien cobrarles.

 

Las manifestaciones del sector empresarial son correctas, deben haber estímulos fiscales. Si las empresas sobreviven, los empleos se mantienen", enfatizó.

 

Sobre este tema, el senador Samuel García también se pronunció en esta plataforma digital: "No podemos cargarle la mano a las empresas sin que el Gobierno Federal haga nada en lo absoluto". Movimiento Ciudadano, acotó, sí está de acuerdo en el pago de sueldos completos pero si también hay un plan económico que ayude a las empresas.

  • Son oportunas las acciones del Gobierno, pero lamentablemente muchos negocios, grandes y pequeños, sufrirán fuertes afectaciones: senadora Bañuelos de la Torre.


Ante la declaración de emergencia sanitaria nacional, emitida por el Consejo de Salubridad General (CSG), por la epidemia generada por Covid-19, la senadora del PT, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, propuso implementar una serie de medidas en beneficio de la economía familiar durante la contingencia.

 

Dicho Consejo acordó diversas disposiciones extraordinarias en todo el territorio nacional, entre la que destaca la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus.

 

La legisladora consideró que son oportunas estas acciones, pero lamentablemente muchos negocios grandes y pequeños sufrirán fuertes afectaciones por el impacto de la parálisis de las actividades económicas, y algunos no volverán a prestar bienes y servicios al público, lo que ocasionaría altos niveles de desempleo.

 

Las consecuencias económicas de la pandemia son un primer efecto de las medidas necesarias de distanciamiento social que es urgente tomar para detener el rápido avance de esta enfermedad y para evitar el colapso del sistema de salud pública para la atención de los enfermos, precisó.

 

Por tal motivo, propuso un punto de acuerdo para que el Servicio de Administración Tributaria aplace la presentación de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, así como su pago, en tanto se resuelve la epidemia en el país.

 

También, planteó hacer un llamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que reestructure el pago de los créditos hipotecarios.

 

Asimismo, a la Comisión Federal de Electricidad y a los sistemas de agua de los municipios y de las entidades federativas, para que pospongan el cobro de los servicios y para que no suspendan el suministro.

 

La senadora invitó a la Asociación de Bancos de México para que se coordine con las instituciones bancarias para aplazar el cobro de créditos, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se coordine con las cámaras empresariales para evitar el despido masivo de personas trabajadoras.

 

Sugirió que se exhorte a los gobiernos de las entidades federativas para que, en beneficio de la economía familiar, evalúen que el pago de los impuestos locales que correspondan se aplacen y que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones de verificación necesarias para evitar el abuso en los precios y provisión de bienes y servicios.

 

Las medidas también publicadas en las redes sociales de la legisladora, están encaminadas a contener los impactos negativos en la economía y para que de esta manera se generen condiciones positivas para la reactivación económica en un futuro cercano.

 

El punto de acuerdo fue turnado al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus Covid-19.

  • Indispensable acceder a este líquido vital para contener el contagio mediante el lavado constante de manos e higiene personal.


Mediante un punto de acuerdo, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, exhortó a las autoridades del agua en México a garantizar el acceso al agua potable a todas las personas, con independencia de las circunstancias de cada usuario, respecto del pago del servicio público o de la carencia de infraestructura hidráulica.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reiterado que las estrategias que aplicaron los países que lograron contener los contagios de coronavirus (Covid-19), además del distanciamiento social, ha sido el lavado regular de manos y la higiene, fundamentales para evitar la transmisión del virus.

 

El tiempo que dure la emergencia provocada por el Covid-19, los gobiernos municipales, estatales y la Federación, deben tomar las medidas adecuadas para proveer de manera inmediata, de agua potable a todos los habitantes de México, aseguró la legisladora.

 

Lo anterior, aun cuando un amplio número de usuarios en las diferentes entidades federativas tienen problemas en el pago de este servicio público, por lo que se ha restringido o limitado el acceso a este bien público, es momento de suspender estas sanciones, ante la necesidad de contar agua suficiente para prevenir los contagios, subrayó.

 

Adicionalmente, la senadora Saldaña Cisneros insta a la Comisión Nacional del Agua y los organismos de cuenca de ésta, para que fomenten y apoyen los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, de manera que se asegure el acceso a este vital líquido.

 

Recordó que existen zonas en el territorio nacional donde el agua no llega, se carece de obras hidráulicas que la hagan posible y accesible, mucho menos es un servicio público, y ante esta emergencia de salud la población debe tener acceso suficiente y seguro para la limpieza y la bebida recomendadas por las autoridades internacionales y mexicanas.

Con esta acción se pretende que la epidemia global afecte al menor número de personas y familias. “Las autoridades nos debemos a la población, cumplamos nuestra misión fundamental que es asegurar el bienestar de la vida y la salud de la gente”, argumenta.

 

Al mismo tiempo, urge a tomar acciones inmediatas en los hogares y centros de trabajo, basadas en las recomendaciones de la OMS y de autoridades sanitarias y educativas, para evitar el contagio: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, ya que esto mata el virus si está en las manos; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, si no se lavó las manos, y el contacto cercano con personas enfermas.

 

Además, dijo, se recomienda a las personas beber agua de manera constante, dado que la hidratación es sustancial en el tratamiento y alivio de enfermedades respiratorias.

 

La senadora Saldaña Cisneros recalcó que en crisis sanitaria o no, “el agua es un bien público asociado directamente a diversos derechos humanos que todas las autoridades del Estado Mexicano estamos obligados a proteger, respetar, promover y garantizar, destacándose dos de ellos: la protección de la salud y el acceso al agua potable, ambos en sus dimensiones individual y colectiva”.

 

Al punto de acuerdo presentado en la sesión del 24 de marzo, se le dio turno directo al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus Covid-19.

  • Pide que en caso de ser necesarias, se realicen reuniones de trabajo a distancia, a través de mecanismos tecnológicos.

  • Se trata de cumplir con el llamado de las autoridades para evitar la propagación masiva del Covid-19.


A fin de atender el llamado urgente de las autoridades federales para evitar la propagación masiva del Covid-19, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, solicitó a senadoras y senadores que suspendan sus actividades dentro del recinto del Senado de la República y, en caso de ser necesarias, las realicen a través de los mecanismos tecnológicos que les permitan llevar a cabo reuniones a distancia.

 

Con ello, indica la legisladora en un oficio que dirigió a los integrantes de la Cámara Alta, se busca contribuir al cumplimiento de las disposiciones oficiales en materia de salud y evitar riesgos de contagio.

 

Fernández Balboa recordó que el pasado 28 de marzo, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, realizó un llamado enérgico y contundente a la población para que no salga de su casa, así como para cancelar al máximo las actividades no sustantivas o masivas.

 

Desde el pasado jueves, 26 de marzo, la Mesa Directiva emitió el Plan Mínimo de Operaciones del Senado de la República, cuyo objetivo es lograr el distanciamiento social para mitigar la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (Covid-19).

 

Ahí se establecieron las medidas preventivas que se deberán poner en marcha para el control de los riesgos para la salud que implica el virus, así como para disminuir el número de contagios de persona a persona y, por ende, la propagación de la enfermedad.

 

La Mesa Directiva instruyó a los titulares de las diferentes áreas a instrumentar los mecanismos necesarios, incluso a distancia, que permitan asegurar la continuidad de los procesos sustantivos e institucionales a su cargo, de tal forma que no sea necesario la presencia total de su personal, en tanto persista la emergencia de salud pública.

 

Entres otros puntos, el Plan dispone que aquellas personas que no asistan al recinto legislativo coadyuvarán desde su casa con las tareas del área a la que se encuentren adscritos, en los términos que para tales efectos defina su titular.

 

Además, precisa que en el tiempo que dure la contingencia, en solidaridad con los trabajadores no se harán movimientos ni de altas ni de bajas de personal.

 

"No obstante que esta Presidencia definió un plan mínimo de actividades a realizar durante esta contingencia de salud pública, se exhorta a senadoras y senadores que suspendan sus actividades dentro del recinto del Senado de la República y, en caso de ser necesarias, las realicen utilizando los mecanismos tecnológicos a su alcance que les permitan llevar a cabo reuniones a distancia", acotó.

  • Buscan que personas reclusas tengan acceso a una cuenta, una jornada laboral y a capacitación de terceros.

 

Senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista y de Morena, promueven reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de evitar abusos y regular el trabajo que realizan las personas reclusas, a través del derecho a la administración de su salario, a la capacitación, y con énfasis en la población más vulnerable de esos centros.

 

La iniciativa con proyecto de decreto, tiene el objetivo de otorgarle a quienes están privados de la libertad, oportunidades de trabajo en condiciones similares a las que existen en el exterior de la prisión, dadas las necesidades que se viven dentro de los centros penitenciarios.

 

De esta forma, las legisladoras y legisladores, Indira Kempis de Movimiento Ciudadano; Verónica Camino e Israel Zamora del Verde Ecologista; así como Nestora Salgado y Ricardo Monreal, de Morena, exponen que las diversas modalidades de trabajo en prisión, no han sido suficientes para garantizar el respeto de los derechos de las personas.

 

Por eso, con la propuesta se busca coadyuvar a la reinserción a la sociedad o aprender un nuevo oficio que le ayude a esa población a encarar los retos de la vida en libertad.

 

Además, de que las personas internas puedan sobrevivir en un entorno que no les proporciona los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas; así como abusos de poder que comúnmente se les impone, y en caso de no cumplirlos, se llega incluso a transgredir su integridad personal.

 

La propuesta determina que deberá permitirse el derecho a contar con una cuenta para la administración de las ganancias o salarios con motivo del trabajo, y a solicitud de la persona privada de la libertad, un porcentaje de las remuneraciones podrá destinarse a un fondo de ahorro que le será restituido, una vez que obtenga su libertad, o de manera anticipada si ésta así lo decide.

 

De la misma forma, se procurará la participación de aquellas personas físicas o jurídicas que impartan talleres o actividades que permitan a las personas privadas de la libertad desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les faciliten el acceso a un empleo en libertad.

 

También se buscará establecer convenios de colaboración con empresas, escuelas de artes y oficios, organizaciones no gubernamentales u organismos de naturaleza similar, que permitan proveer una certificación oficial de las capacitaciones que imparta cada empleador, y se facilitará su reinserción o reincorporación al mercado laboral, una vez concluido el proceso de internamiento.

 

Se indica en la iniciativa que la autoridad penitenciaria deberá implementar medidas especiales para garantizar el acceso a la capacitación para el trabajo en condiciones de igualdad de las personas que, en los centros de reclusión, se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres, las personas con discapacidad o aquellas mujeres que viven con sus hijas o hijos en prisión.

 

Asimismo, se deberá procurar que en los centros penitenciarios, hombres y mujeres tengan la posibilidad de participar en las mismas actividades laborales, a fin de evitar que se reproduzcan los estereotipos de género.

 

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

  • Así lo establece en su Reporte Mensual sobre la Actividad Económica y Finanzas Públicas.

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) advierte que el crecimiento económico de México enfrentará efectos adversos en el corto y largo plazos, a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, luego de que diversas instituciones financieras y organismos públicos se han visto en la necesidad de reducir sus expectativas al alza de nuestra actividad económica.

 

En su Reporte Mensual sobre Actividad Económica y Finanzas Públicas, al mes de febrero, elaborado por el investigador Mario Iván Domínguez Rivas, se indica que el Banco de México (Banxico) disminuyó su intervalo de crecimiento a 0.5 por ciento, que significa 1.5 menos; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajó a 0.7 por ciento; la encuesta Banxico previó un crecimiento de 0.9 por ciento; y BBVA-Bancomer y Citibanamex estimaron decrecimientos para la economía en 4.5 y 2.6 por ciento, respectivamente.

 

En los Indicadores Macroeconómicos, señaló, la actividad económica nacional continuó desacelerándose y el indicador cíclico coincidente para diciembre pasado se ubicó en 99.0 puntos base, mismo que el registrado el mes anterior, por lo que el crecimiento de la economía se encuentra por debajo de su tendencia de largo plazo.

 

Para el mismo mes de diciembre, la inversión se contrajo 3.5 por ciento, no obstante, el consumo presentó una recuperación anual de 1.2 por ciento. Además, de acuerdo con el INEGI, para enero pasado la actividad industrial disminuyó 1.6 por ciento anual, con lo cual, liga 14 meses de contracción.

 

El investigador del IBD expuso que durante enero las exportaciones presentaron un aumento anual de 3.2 por ciento, a consecuencia del aumento de 2.5 por ciento en las exportaciones petroleras, y de 13.7 por ciento en las exportaciones no petroleras.

 

En cuanto al empleo, dijo, para enero los datos mostraron una tasa de desempleo de 3.5 por ciento y una tasa de informalidad laboral del 56.3 por ciento de la población ocupada. Mientras que la creación de empleo con respecto al mismo mes de 2019 fue de 316 mil 386 plazas.

 

En lo que se refiere a la inflación, aseguró que ésta registró en febrero un aumento mensual de 0.42 por ciento y un incremento anual de 3.70 por ciento, menor al registrado el mismo mes de 2019.

 

Crecimiento económico en riesgo por Covid-19

 

Domínguez Rivas señaló que en el análisis titulado “Coronavirus: La economía mundial en riesgo”, elaborado por la OCDE, también recortó su proyección de crecimiento para México en 2020 a 0.7 por ciento. Para ello, recomendó implementar políticas monetarias expansivas de manera en que abarate la contratación de deuda y esta se utilice para activar la economía, principalmente a través de inversiones públicas.

 

Por su parte, el BBVA-Bancomer, señaló que debido al Covid-19 revisaron a la baja su previsión de crecimiento a 4.5 por ciento. La institución menciona que la prioridad del Gobierno Federal debe ser apoyar el sistema de salud y en los trabajadores.

 

El investigador del IBD advierte que algunos factores que podrían incidir en el desempeño de la economía mexicana durante 2020, como son:

 

En el ámbito externo, el Buró de Análisis Económico de Estados Unidos, en su segunda estimación realizada en febrero, reporta un crecimiento anualizado del PIB estadounidense para el cuarto trimestre de 2019 en 2.1 por ciento, igual a la estimación para el tercer trimestre del año.

 

Esto como producto de las contribuciones positivas del consumo, gasto federal y estatal. En contraste, se estimaron contribuciones negativas de la inversión privada en inventarios y la inversión no residencial.

 

En el ámbito interno, refiere que el Banxico en su Informe trimestral octubre-diciembre, señaló algunos riesgos que atravesará la economía mexicana como: resistencia a la baja de la inflación subyacente, aumento del salario mínimo por encima de las ganancias en productividad, presiones externas a la moneda nacional, aumentos imprevistos en productos agropecuarios y, deterioro en las finanzas públicas.

 

Mientras que la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en la Economía del Sector Privado de febrero pasado, elaborada por Banxico, identificó riesgos para la economía mexicana relacionados con la siguiente problemática:

 

Problemas de inseguridad pública, incertidumbre sobre la situación económica interna, incertidumbre política interna, la corrupción, otros problemas de falta de estado de derecho; impunidad, menor producción petrolera; debilidad en el mercado interno y externo; en la política de gasto público, la ausencia de cambio estructural, y la política tributaria, finaliza el investigador del IBD, Mario Iván Domínguez Rivas.

 

Página 18 de 82