• Los registros oficiales suman poco más de 40 mil personas desaparecidas, así como 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar.
• El nuevo registro deberá evitar errores del pasado, como usar denuncias o investigaciones ministeriales como la unidad de conteo, en lugar del número de personas desaparecidas.

Para la creación del nuevo registro de personas desaparecidas será necesario cumplir con los criterios detallados por diversos organismos internacionales, entre los que destacan la interconectividad y la actualización en tiempo real y la cuantificación exhaustiva y adecuada de todas las personas desaparecidas, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El estudio titulado “Historia, retos de mejora y cifras del registro de personas desaparecidas”, elaborado por los investigadores Carlos Galindo, Juan Manuel Rodríguez y la investigadora Susana Ramírez, afirma que, al crear este nuevo registro, se deberá evitar repetir los errores del anterior Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) como, por ejemplo, usar denuncias formales o investigaciones ministeriales como la unidad de observación o de conteo.

En ese sentido, la investigación apunta que la unidad de observación o de conteo deben ser las personas desaparecidas, como bien han señalado organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Adicionalmente, el nuevo registro deberá reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estatales, ser actualizado de manera permanente, uniforme, exhaustiva e inmediata y generar datos confiables, se lee en el texto del Instituto.

El documento del IBD recuerda que el pasado 4 de abril, el Gobierno Federal presentó un Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el cual contempla la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el nombramiento de una nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la integración de comisiones locales de búsqueda, la elaboración de un protocolo en la materia, así como la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense y el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, entre otras acciones.

En el evento de reinstalación del SNB, se señaló que los registros oficiales ya sumaban más de 40 mil personas desaparecidas, así como 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar, junto con cientos de fosas clandestinas localizadas.

Ante este escenario, de acuerdo con la investigación del IBD, la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada tiene todavía pendientes importantes, entre los que se encuentran: el mejoramiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Conformación de un Banco Nacional de Datos Forenses, la integración de registros nacionales de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, de fosas clandestinas y de detenciones.

La investigación completa del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4434

1. Se debe construir un Estado que lo privilegie y combata la opulencia: Bañuelos de la Torre

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT, presentó un proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana, eje medular del gobierno actual.

En la exposición de motivos, la senadora indica que los gobiernos no deben ser opulentos ni despilfarradores: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Además, señala que los servidores públicos son, ante todo, servidores del pueblo. La austeridad es por ende una obligación del Estado frente a quienes detentan la soberanía: las y los mexicanos.

Explica que austeridad no significa perjudicar los derechos ni los programas sociales sino maximizarlos, darles su verdadero sentido combatiendo los gastos superficiales y opulentos de administraciones pasadas, derroches que atentan contra el principio de progresividad contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dice que los gobiernos anteriores tuvieron una gran falta de sensibilidad con el pueblo mexicano empobrecido, pues olvidaron que deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población, de ahí la necesidad de elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana que conduzca a este nuevo gobierno

La iniciativa presentada busca que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con austeridad, eficiencia, eficacia, economía, rendición de cuentas, transparencia y honradez,  para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La iniciativa con proyecto de decreto fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Legislativos y de Estudios Legislativos, Primera.

• Ricardo Monreal considera indispensable la participación empresarial para el crecimiento económico.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que lograr el desarrollo económico y equitativo del país, no depende solamente de las políticas diseñadas por el Poder público, sino de la participación de los empresarios e inversionistas.

Durante la conferencia magistral “La búsqueda de la prosperidad en México”, mencionó que la tarea del Poder Legislativo es generar las condiciones para disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza y, al mismo tiempo, reducir la brecha de la desigualdad existente.

De acuerdo con las más recientes mediciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 53.4 millones de personas viven en pobreza, a los que hay que sumar los que viven en pobreza extrema. Esto equivale al 51 por ciento de la población, más de la mitad, recordó el senador.
Para revertir éstos números, señaló, se debe contar con un marco jurídico eficiente que facilite la aplicación de nuevas políticas públicas. En este sentido, recordó, el Senado de la República ratificó por unanimidad el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y aprobó la Reforma Laboral.

Monreal Ávila refirió que dichas acciones son los primeros pasos de un camino largo para el desarrollo económico y equitativo que el país necesita. “Necesitamos seguir trabajando en conjunto, acompañando nuestro esfuerzo con la opinión y el análisis de los expertos en los temas más apremiantes para México”, reiteró.
A su vez, Santiago Levy Algazi, político y economista, señaló que el crecimiento económico de México no se logra por la falta de productividad en la mayor parte de las empresas, que paradójicamente van en aumento. Mientras exista un gran número de empresas informales, el desarrollo y crecimiento económico seguirá estancado, incluso, se reducirá.

Señaló que, de mantener el contexto jurídico institucional, donde el país se desenvuelve hoy en día, el crecimiento con inclusión social será imposible. Consideró que se requiere un rediseño profundo de la política social, más eficaz, y al mismo tiempo ir más allá de las buenas distenciones redistributivas, sin deformar el mercado de trabajo. O hacemos un rediseño profundo de nuestro estado de bienestar o no lo vamos a lograr, alertó.

Insistió en que se requiere cambiar la visión de la seguridad social. Que ésta sea universal para otorgar los mismos derechos en materia de pensión, salud, guarderías, seguro de desempleo moderno, cumplir las leyes y cambiar la estrategia fiscal. Hay que gravar más a otras cosas y menos al trabajo asalariado, uno de los más gravados en el mundo.
Es urgente, dijo, un proyecto social-demócrata de un Estado de Derecho, de un Estado de bienestar renovado o en un Estado de Derecho fortalecido, con una nueva visión. Así, se podría contar con un nuevo contrato social para que no sea demagogia y poesía.
Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, reiteró su compromiso por colaborar con las autoridades de los tres poderes para contar con políticas públicas que sean las bases para construir un México más justo, equitativo e incluyente. En el Consejo Mexicano de Negocios, reconocemos el diálogo abierto con el Senado con el fin de trabajar en conjunto para generar confianza y consolidar el estado de derecho, en nuestro país.

Si queremos más empleos, bien remunerados y pensiones dignas para el retiro, es indispensable que todos transitemos hacia la legalidad. Necesitamos que las empresas y sus colaboradores puedan formalizarse sin que sea una carga que les impida crecer, señaló.

Se requiere, además, un sistema de seguridad social universal en el corto plazo. Sin duda es posible y deseable reducir la carga de la formalidad para personas con menores salarios y, a su vez, disminuir el riesgo de empobrecimiento que representa, el gasto de bolsillo en salud, uno de los más altos en el mundo.

De igual forma, continuó, es indispensable una reforma fiscal que incentive la productividad de las empresas, simplifique la recaudación y amplíe la base tributaria. Para lograr el crecimiento es indispensable garantizar una buena relación laboral entre trabajadores y empleadores. Así como contar con un seguro de desempleo e instituciones que garanticen un Estado de Derecho.

A su vez Luis de la Calle durante su participación alertó sobre una posible desaceleración económica en Estados Unidos que es nuestro principal socio por lo que puede afectar a nuestro país. México tiene una oportunidad histórica de posicionar al país en una situación favorable, “estamos en las 2 regiones del mundo del mejor perfil demográfico en los próximos 30 años frente a países europeos en los que ya están presentando problemas por su población adulta.”

Además agregó que El Plan Nacional de Desarrollo llama a que se incremente la tasa de inversión del 22% al 25%, pero es insuficiente si los recursos se invierten mal, no solo se requiere invertir mucho, si no se requiere invertir bien.

Por último, el secretario Ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, indicó que existen tres elementos para que un país logre prosperidad: generación de valor agregado, crecimiento
e igualdad.
“El gobierno de México ya trabaja en ello, tal y como lo demuestra el Plan Nacional de Desarrollo”. Sin embargo, dijo, es necesario conciliar programas sociales que otorgan dinero.

Se deben garantizar derechos, accesibilidad, disponibilidad y calidad en las políticas públicas. “Mejorar la política social, el sistema de seguridad social, el mercado laboral y la impartición
de justicia”, detalló.

• El presidente de la Jucopo se reunió con empresarios del país y representantes de 12 cámaras industriales.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que por acuerdo de los grupos parlamentarios, el segundo periodo ordinario de sesiones será del 18 al 21 de junio y se tratarán revocación de mandato, austeridad republicana, consulta popular, ley de confianza ciudadana y tres de tres.

Durante una reunión con empresarios de todo el país, representantes de 12 cámaras industriales y con la secretaria de Trabajo y Previsión y Previsión Social, Luisa Alcalde, planteó la realización de un Parlamento Abierto previo al próximo periodo ordinario de sesiones para escuchar las propuestas de este sector tras la aprobación de la ley laboral.

Dicho Parlamento Abierto -a celebrarse entre julio y agosto- incluirá a toda las cámaras, los inversionistas y centrales obreras. La idea, señaló, es construir y perfeccionar la reforma laboral, económica, inversión, el desarrollo industrial y seguridad jurídica.

Además, se buscará que sus propuestas transiten hacia un acuerdo que le dé voz a estos sectores. Sus puntos de vista serán revisados para que, eventualmente, puedan ser incorporados algunos planteamientos.

El Senado de la República buscará ser interlocutor de buena fe con el sector económico y empresarial frente al Ejecutivo, para generar confianza, estabilidad y garantizar el Estado de Derecho, resaltó el senador.

“Intentamos construir los puentes de entendimiento. Esto es uno de los primeros pasos para establecer un mecanismo institucional de comunicación como es el Parlamento Abierto”, señaló.

Los empresarios e industriales platearon un decálogo de reformas en torno a la reforma laboral, la cual fue aprobada ayer, en comisiones del Senado.

Con respecto al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), Monreal Ávila  confió en que sea ratificado de forma simultánea por los congresos de los tres países.

“Tengo comunicación con los Congresos, el de Estados Unidos y el de Canadá, y queremos aprobarlo simultáneamente”, precisó.

En el Senado mexicano podría darse en el mes de agosto o septiembre, concluyó. 

• Fue aprobada en lo particular con 97 votos, 22 en contra y una abstención.

Después de aprobar en lo general y lo particular la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia educativa, el Senado de la República la remitió a las legislaturas de los estados para continuar con su proceso constitucional. 

En la discusión en lo particular, el Pleno rechazó las reservas presentadas por senadoras y senadores de Acción Nacional, que pretendían evitar la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, entre otros temas. 

Los diversos párrafos reservados de los artículos 3º, 31 y 73, así como de varios transitorios del proyecto de decreto, fueron ratificados en los términos del dictamen con 97 votos en favor, 22 en contra y una abstención.

En nombre de la Mesa Directiva, su presidente, Martí Batres, reconoció y agradeció el aporte de todos los grupos parlamentarios “en este importante debate”. Se trata, agregó, de uno de los temas más sensibles para el país: la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Manifestó su respeto a todas las senadoras y senadores, independientemente de la postura asumida a lo largo del debate. 

En el mismo sentido, el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, agradeció a todos los grupos parlamentarios que votaron en favor de la reforma. Como una autentica oposición, votaron razonadamente, destacó. 

También reconoció la actitud de los coordinadores de cada uno de los Grupos Parlamentarios, pues “siempre actuaron con generosidad y racionalidad”. A los que votaron en contra, “los respetamos. Es su estrategia y no tenemos nada que reclamar”, puntualizó.

     Por Nancy Rodríguez

*Explica que el humano invadió terrenos naturales que ahora representan un peligro y dificultan la implementación de políticas públicas de mitigación de riesgos

El senador del Grupo Parlamentario Morena, Radamés Salazar Solorio, presenta la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 5to de la Ley de Seguridad Nacional, sobre la amenaza que representa el Cambio Climático para la seguridad del país.

En la iniciativa, impulsada también por el senador Ricardo Monreal Ávila, Radamés Salazar explica que el Cambio Climático no solo es un problema ambiental, sino de desarrollo, y un factor importante que amenaza la seguridad humana y la seguridad nacional.

Por tanto, el proyecto de decreto que integra la iniciativa propone que la amenaza que representa el Cambio Climático se asiente en la fracción 13 al artículo 5to de dicha ley.

Los efectos del Cambio Climático, detalla la exposición de motivos de la iniciativa, socavan los medios de subsistencia, comprometen la cultura y la identidad, y desafía la capacidad de las entidades federativas para proporcionar las condiciones necesarias para la seguridad humana.

Explica que diversos asentamientos humanos de México están en riesgo, ya que en el afán por asegurarse una mayor calidad de vida, el ser humano invadió terrenos naturales que ahora representan un peligro y dificultan la implementación de políticas públicas de mitigación de riesgos.

El Cambio Climático pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y energética, así como el acceso al agua de millones de mexicanos. Las alteraciones en los patrones de los eventos climatológicos y las temperaturas extremas son cada vez más comunes y aumentarán si hay una mayor concentración de gases de efecto invernadero.

Finalmente, la iniciativa de los senadores de Morena, Radamés Salazar y Ricardo Monreal Ávila, detalla algunos de los efectos que México enfrenta por el Cambio Climático, como el aumento de la desertificación; incremento extremo de temperatura; cambio en la intensidad de las lluvias; adelanto de las épocas de calor; pérdida de bosques; desaparición de glaciares ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y aparición de enfermedades.