Por Nancy Rodríguez

El Senado de la República aprobó los cuatro dictámenes de las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, que reafirman el carácter civil de esta institución, establecen sus funciones y objetivos, protege los derechos humanos y regulan el uso de la fuerza. 

La discusión y aprobación de estos documentos son parte de los asuntos incluidos para el periodo extraordinario convocado por la Comisión Permanente el pasado 6 de mayo, y que la Cámara de Senadores concluye hoy.

En votación por separado -en lo general y lo particular- los dictámenes fueron respaldados por la asamblea. 

Así, los proyectos de decreto que expiden las leyes de la Guardia Nacional y de Registro de Detenciones, así como el que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recibieron, cada uno, 114 votos y una abstención. 

El dictamen que crea la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza obtuvo 110 votos y una abstención. Los cuatro documentos fueron remitidos por la Mesa Directiva a la Cámara de Diputados. 

Al manifestar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila aseguró que con esta aprobación se está "escribiendo la historia" con el consenso de todas las fuerzas políticas. Se aprueban “leyes de avanzada” y novedosas con las que el Estado mexicano podrá enfrentar el enorme desafío de la inseguridad y violencia creciente en el país.

Monreal Ávila destacó el compromiso y disposición de todos los grupos parlamentarios que antepusieron el bien de México por encima de sus intereses partidistas para que estos ordenamientos legales se enriquecieran con las aportaciones de todos y se lograra la unanimidad.

Estamos ante una nueva realidad, anunció. Sí, se pudo haber votado con la mayoría simple, pero ¿qué se hubiera ganado? Quizá una victoria pírrica, superficial, endeble, sin legitimidad. Preferimos ir a fondo. Escuchar y atender todos los reclamos y propuestas de senadoras y senadores, indicó.

Del PAN, el senador Damián Zepeda Vidales dijo que se están aprobando cuatro grandes leyes que van a darle forma a la Guardia Nacional. “Felicito al Senado y a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios por su capacidad política de diálogo, consenso y acuerdo”. Y agregó: Desde Acción Nacional queremos apoyar una estrategia que recupere la paz para los mexicanos.

Manifestó que México vive un momento de profunda violencia e inseguridad, un problema de Estado que todos deben contribuir a resolver. Se está aprobando algo muy positivo para el país y se da muestra de que la pluralidad puede lograr acuerdos, y si se pone por delante el interés del país, se logran cosas “maravillosas”, concluyó.

Al posicionar por el Grupo Parlamentario del PRI en pro, el senador Miguel Ángel Osorio Chong indicó que gracias a que se escucharon todas las voces, las leyes aprobadas dejarán claro que la Guardia es una institución de carácter civil a cargo de autoridades civiles. “Le estamos dando al gobierno las herramientas que nos han pedido y que estiman necesarias en su estrategia para atender la inseguridad”.

Ahora, continuó, les toca dar resultados, porque nuestro compromiso es con la ciudadanía. Todas las fuerzas políticas hemos tenido que ceder, pero al hacerlo ha ganado México. “Acordar no debilita, por el contrario, nos fortalece”, dijo.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado Ranauro, confió en que el marco jurídico que se otorga al nuevo cuerpo de seguridad ayude a recomponer la política de seguridad. “Confiamos en que el andamiaje sirva para que el Gobierno de resultados a los mexicanos”, resaltó. 

Señaló que la Ley Sobre el Uso de la Fuerza no es un “cheque en blanco” para la Guardia Nacional cuando realice las acciones de seguridad. En tanto, la ley de detenciones, dijo que se garantiza el respeto a los derechos humanos, se previenen los actos de tortura y las detenciones arbitrarias. Los vehículos de seguridad pública contarán con equipos de geolocalización.

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, señaló que “sin vivir en un Estado de guerra formal, en diversas zonas del país la población vive un toque de queda de facto, con miedo. En los últimos 10 años, dijo, se han registrado en México 230 mil asesinatos y ya se ha perdido la capacidad de asombro ante desapariciones o “fosas clandestinas con escenas dantescas que superan la imaginación”.

“No podemos, ni debemos permitir que se normalice el terror”. En este sentido, agregó, se aprobó la creación de la Guardia Nacional, como un punto de inflexión en la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus habitantes.

En su posicionamiento, Verónica Noemí Camino Farjat, del PVEM, reconoció el consenso de las fuerzas políticas para la construcción de una base legal que permitirá al país y a la ciudadanía recuperar la paz y tranquilidad que tanto anhelan. 

Subrayó que aún queda pendiente, promover ante la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración un mecanismo similar al del registro, para conocer situación de los migrantes cuando quedan bajo la protección y resguardo de la autoridad migratoria. 

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, destacó la voluntad política de todas las bancadas para dialogar, pues sólo a través del debate se puede encontrar coincidencia de ideas. Especialmente cuando se trata de leyes de alcance nacional.

Dijo que, aunque las normas secundarias no requieren mayoría calificada, la construcción de un consenso era clave para la legitimación de dichas normas. Reconoció que no existen leyes perfectas, sin embargo, éstas se acercan a las exigencias de organismos internacionales y, especialmente, a las de las mexicanas y mexicanos.

Eunice Renata Romo Molina, del PES, señaló que con la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se incorpora el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública; se conforma y regula la doctrina policial civil.

Además, con la aprobación de las leyes secundarias, dijo, se consolida un Estado que busca la seguridad pública y atenuar la violencia, mediante acciones que respetan los derechos humanos. “Estamos legislando para que el pueblo de México recupere la confianza en las instituciones de seguridad, y se produzcan las sinergias que nos lleven a la paz social”.

El senador Emilio Álvarez Icaza reconoció los alcances construidos y el trabajo de los coordinadores parlamentarios para lograr el consenso en estas normas. 

Sin embargo, anunció su voto en abstención, debido a la ausencia de un Parlamento Abierto en este proceso. No puedo acompañar esta manera de construir leyes, expresó. 

Previo a su aprobación en el Pleno, en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, los legisladores ratificaron, en votación económica, los cuatro dictámenes por unanimidad.

                                   Puntos relevantes de los nuevos ordenamientos 

Ley de la Guardia Nacional

Objeto:

• Se aplicará de manera supletoria de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Realizará la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, también a cargo de una o más entidades federativas y uno o más municipios, conforme al mecanismo de coordinación y los convenios que para tal efecto se celebren.
• Reglamentaria del artículo 21 constitucional.
• Es de orden público y de aplicación en el territorio nacional.

Fines:

• Es una institución policial, armada, civil, disciplinada, profesional y permanente, con autonomía técnica, operativa y de mando.
• Estará adscrita, con carácter de órgano administrativo desconcentrado, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuyo titular ejercerá el mando originario.
• Salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.
• Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
• Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación.

Competencia:

• Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las normas aplicables.
• Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos.
• Realizar investigación para la prevención de los delitos.
• Efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia para la prevención de infracciones administrativas.
• Recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia preventiva.
• Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención e investigación de delitos.
• Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia.
• Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que instruya éste a la autoridad jurisdiccional.
• Informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Integración:

• El Secretario, comandante, mando territorial, mando estatal y mando de unidad.
• La Guardia Nacional dispondrá de las unidades especializadas que le sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las cuales adaptarán la organización que requiera para sus funciones.

Seguridad Social:

• Las prestaciones de seguridad social a que tenga derecho el personal de la Guardia Nacional, así como sus derechohabientes, se regulará conforme a las leyes relativas.

Estará integrada por:

• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Secretaría de Marina

Armamento:

• Las armas de fuego y municiones que estén amparadas en la licencia oficial colectiva que expida la Secretaría de la Defensa Nacional.
• Las armas no letales.
• Los equipos e instrumentos tecnológicos.
• El comandante emitirá los lineamientos para el correcto empleo de los equipos de autoprotección, como escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas, que disminuyen la necesidad de emplear armas de cualquier tipo.

Posesión:

• La capacidad de armamento y municiones con que se encuentre dotada la Guardia Nacional, estará en razón de un arma corta y un arma larga por cada elemento operativo, así como el armamento colectivo que se especifique en las planillas orgánicas, las cuales deberán estar amparadas en la licencia oficial colectiva que expida la Secretaría de la Defensa Nacional.
• Las municiones serán proporcionales al tipo de armamento y dotación que corresponda a cada individuo responsable de las mismas.

Responsabilidades:

• El personal de la Guardia Nacional que infrinja algún deber se hará acreedor a una amonestación, arresto, suspensión de empleo, cambio de unidad, dependencia, instalación o comisión en observación de su conducta y remoción.
• Al personal de la Guardia Nacional que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de presión de 30 a 60 años, así como destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta.

Coordinación y Colaboración:

• La Guardia Nacional colaborará con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, o de los municipios, para la realización de operaciones coordinadas.
• Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la Guardia Nacional y a las autoridades de las entidades federativas y municipios, se establecerán en los convenios de colaboración que al efecto se suscriban entre el Secretario, los titulares del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, y en su caso, los Presidentes Municipales correspondientes.

Control Parlamentario:

• Al inicio del segundo periodo ordinario de la legislatura correspondiente el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario, presentará por escrito, ante el Senado de la República, un informe de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior.

Control Judicial:

• La Guardia Nacional podrá solicitar la intervención de comunicaciones. La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud del comandante o del titular de la jefatura general de coordinación policial, cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos.
• En su autorización, la autoridad judicial competente determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.
• La autoridad judicial competente podrá en cualquier momento verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total.
• El personal de la Guardia Nacional que de cumplimiento a una intervención de comunicaciones autorizada por la autoridad judicial competente, estará obligado a someterse a los exámenes de control de confianza al término de la misma.

Artículos Transitorios:

• En tanto no exista personal de la Guardia Nacional con la jerarquía que se requiera para ocupar la titularidad de los Mandos, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a propuesta del Comandante de la Guardia Nacional, los designará de entre los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval, que integren la Guardia Nacional.
• Los integrantes de las Policías Militar y Federal que sean transferidos a la Guardia Nacional, podrán utilizar, en los uniformes, las condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos, medallas o gafetes otorgados por instituciones nacionales o extranjeras, incluido el Consejo Federal de Desarrollo Policial.

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

• Establece que el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.
• El impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera: Persuasión, restricción de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y muerte.
• Considera como amenazas letales inminentes: La acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica de la misma en dirección a una persona; no soltar dichos instrumentos después de una advertencia clara; y poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante, entre otras.
• El uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo, señala. En su caso, los agentes deberán comprobar que la agresión era real, actual o inminente, sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de personas ajenas o de uno de ellos.
• Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos.
• Cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo con los distintos niveles de fuerza establecidos.

Ley Nacional del Registro de Detenciones

• Tiene como objetivo establecer un banco de datos actualizado con información que permita identificar y localizar a las personas, inmediatamente después a su detención.
• Busca prevenir violaciones a los derechos humanos, en particular actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada.
• El Registro Nacional de Detenciones formará parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública.
• Será una base de datos que concentre la información a nivel nacional sobre las personas detenidas por la comisión o probable comisión de un hecho delictivo o una falta administrativa o de buen gobierno.
• El Registro no sólo será actualizado y armonizado permanentemente con otras bases de datos para dar seguimiento a la localización física de las personas detenidas, sino que estará interconectado para su consulta en tiempo real.
• El Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será el órgano encargado de regular la operación del Registro Nacional de Detenciones.
• La operación y administración del Registro estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien emitirá alertas y bloqueos cuando los usuarios manipulen de manera inusual sus datos o se violenten privilegios de acceso al mismo.
• Cualquier persona con interés legítimo podrá acceder a la información correspondiente y localizar a la persona detenida.
• Incluyen controles estrictos para el acceso de los servidores públicos. La Secretaría desarrollará la plataforma tecnológica para su administración y operación.
• Prevé que las instituciones de seguridad pública informen, de manera inmediata, sobre la detención de una persona, incluyendo datos que hagan factible su identificación y las razones que dan origen a la privación de libertad.
• Agrega un artículo transitorio que mandata establecer en la Ley de Migración la obligación de crear un registro de personas migrantes para que cuenten con las mismas garantías procesales de protección y de seguridad previstas en esta Ley.
• Señala que la Fuerza Armada permanente, que realice tareas de seguridad pública, estará sujeta a lo dispuesto por esta Ley.
• Contempla que las instituciones de seguridad pública procurarán tener dispositivos de geolocalización para registrar la ruta de traslado de las personas detenidas en el territorio nacional.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

• Incluye bases para la formación policial: selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de instituciones de seguridad pública.
• Establece que la Guardia Nacional, y los demás cuerpos policiacos, deberán apegarse única y exclusivamente a la doctrina de carácter policial civil para el ejercicio de sus atribuciones.
• El agente de seguridad deberá regirse por el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al principio de legalidad y a la jerarquía de mando.
• Indica como una de las funciones primordiales de las instituciones policiales, a las tareas de proximidad social. Esto permitirá al policía contar con los conocimientos necesarios para auxiliar y asistir a la ciudadanía.
• Busca garantizar a la ciudadanía una policía social y facilitar que los elementos cuenten con los conocimientos necesarios para la Certificación Única Policial.
• Se establece el deber de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, de prestar auxilio a toda persona, aun cuando no estén en servicio.
• Privilegia el orden público, la protección de las personas y de la comunidad, siguiendo las recomendaciones del Manual de Capacitación y Vigilancia en el Espacio Urbano de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
• Crea el Sistema Nacional de Información en Seguridad Nacional, que estará a cargo de la Federación y consolidará una base de datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública, compartida.
• Sustituye a todas las bases de datos existentes en materia de seguridad pública para unificarlas en el Sistema Nacional, que las concentrará en una sola matriz interconectada con las instituciones de seguridad del país.
• El nuevo Sistema será un conjunto integrado, organizado y sistematizado de datos. Permitirá a las instituciones de seguridad pública y de impartición de justicia generar información compartida para su consulta e interconexión.
• Dicho conjunto de datos será una herramienta de gran utilidad para la protección de los derechos humanos en las detenciones y en la ejecución de sentencias. Privilegiará el debido proceso y facilitará la actuación del Fiscal.
• Las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, tendrán la obligación de generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, archivos y cualquier tipo de documento con que cuenten en sus bases de datos.
• Estas instituciones podrán acceder a las bases de datos relacionadas con las carpetas de investigación y de antecedentes, para facilitar sus decisiones.
• La información relacionada con los expedientes generados dentro del Poder Judicial y de sus homólogos en las entidades federativas, podrá integrarse a la base de datos nacional.
• El Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será la instancia responsable de coordinar y regular las bases de datos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública.
• La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la encargada de la operación del Sistema Nacional de Información.
• Establece al 911 como el número único de emergencias y denuncias. Se extiende su funcionalidad y se eleva su reconocimiento a rango de ley.

• Profesionalización de legisladores y servidores públicos del Senado de la República, el objetivo.

El presidente la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, firmaron un convenio de colaboración para promover la profesionalización de legisladores y servidores públicos del Senado de la República, a través de la capacitación, actualización y formación académica. 

Así, la Cámara de Senadores podrá realizar cursos, talleres, seminarios y programas de licenciatura, especialización, maestría y doctorado en diversas temáticas, así como eventos y certámenes organizados con la “Máxima Casa de Estudios”.

Batres Guadarrama celebró la firma del convenio, pues permitirá impulsar la colaboración con distintas facultades, institutos y programas de la UNAM en temas específicos, en áreas culturales y de investigación.

Dijo que la amplia cobertura institucional de la Universidad la coloca como el “cerebro de México”, un espacio que fomenta el diálogo democrático, la libertad de pensamiento, la diversidad cultural, así como la alta calidad en la docencia, la investigación y la cultura. 

El senador destacó que la UNAM fue pionera en la autonomía de las universidades y en el acceso gratuito a la educación pública superior. Por eso, enfatizó, es importante que no disminuya su presupuesto, sino que cada año se incremente, de tal manera que pueda cumplir con este noble fin e impartir educación de excelencia a más y más jóvenes. 

Martí Batres también reconoció a las autoridades de la “Máxima Casa de Estudios” por el ajuste de los salarios de sus altos funcionarios. La UNAM, acotó, contribuye así con su ejemplo y su granito de arena, para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos en favor de la educación. 

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, expresó que “convertir al Senado de la República en sede alterna de la Universidad, significa cumplir con la misión de servir a México”. 

Indicó que este convenio abre la oportunidad de ofrecer cursos, talleres y seminarios de la UNAM en la Cámara de Senadores. De hecho, anunció, hoy inicia el diplomado Derecho Agrario, Derecho Parlamentario y Responsabilidades de Servidores Públicos, que se hace en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid.

Además, asentó el rector, se establecen cursos específicos para la regularización de grados inconclusos en licenciatura, maestría o doctorado. 

Enrique Graue Wiechers destacó la imperiosa necesidad que tiene la Universidad de migrar a distintos lugares. “Ya estamos en la Cámara de Diputados y ahora, dijo, estaremos aquí en la Cámara Alta”.

Leonardo Lomelí Venegas, secretario general de la UNAM, dijo que los participantes tendrán al alcance toda la experiencia, conocimientos y habilidades de expertos académicos, de las entidades, facultades, escuelas, institutos, centros y programas de la Universidad.

“Reconocemos la voluntad del Senado de la República y reafirmamos la de nuestra Universidad, de colaborar en la formación de personal que pueda contribuir a la solución de los grandes problemas de nuestro país”, manifestó. 

La senadora Nancy De la Sierra Arámburo, secretaria de la Mesa Directiva, indicó que es necesario reforzar el conocimiento en materia legislativa. Con esta firma, reconoció, realizaremos uno de los actos educativos más trascendentes de esta Soberanía.

• En espera, la iniciativa del Ejecutivo Federal para cambiar el nombre del instituto regulador a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

El Senado de la República alista en comisiones la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. Buscan enriquecer el dictamen con las propuestas y sugerencias de todos los Grupos Parlamentarios.

El dictamen describe la extinción de dominio como la pérdida de los derechos sobre los bienes incautados por la autoridad a delincuentes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal.

Se aplicará para hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

La extinción de dominio se ejercerá mediante una sentencia dictada por un juez. Para dichos efectos, el Poder Judicial de la Federación y las entidades federativas contarán con juzgados especializados en la materia.

Adicionalmente, propone la creación de un Fondo Federal que lleve a cabo la labor de administrar, rehabilitar, aprovechar y monetizar los bienes sujetos, que serán destinados a programas sociales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, encargados del análisis del anteproyecto de dictamen, se declararon en sesión permanente, pues están a la espera de recibir una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal para cambiar el nombre del órgano regulador a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que sustituirá al Instituto Nacional para la Administración y el Destino de Bienes, propuesto originalmente.

Dicho instituto realizará las funciones que actualmente tiene el Servicio de Administración y Enajenamiento de Bienes.

El anteproyecto sobre el que trabajan senadoras y senadores busca expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y la de Concursos Mercantiles.

• Presentan el libro “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para Niñas y Niños”.

Nuestra Carta Magna es el pilar que permite la sana convivencia y resulta factor fundamental para el bienestar de todas y todos, pues representa la consciencia del pueblo mexicano, afirmó el senador Napoleón Gómez Urrutia, durante la presentación del libro “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para Niñas y Niños”, del autor Ricardo Velázquez Cruz.

En el libro que hoy presentamos, los involucrados buscamos poner nuestro granito de arena para la educación en México, acercando a las niñas y niños al conocimiento de sus derechos y obligaciones como mexicanos, esperando que esto genere interés en los padres y madres de los pequeños, y puedan descubrir juntos el significado que esconde cada uno de los artículos de nuestra ley fundamental, explicó el legislador.

Con motivo del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, destacó la importancia de saber lo que mandata el texto constitucional y consideró que no hay mejor etapa para inculcar su conocimiento que desde la niñez.

En su intervención, el senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que este texto es un magnifico ejercicio. Representa la posibilidad de que las niñas y niños entren a temas tan áridos como las leyes, de manera didáctica y entretenida. Es absolutamente recomendable su lectura, para que los pequeños acompañados de sus padres accedan al conocimiento, sobre todo para conocer la ley más importante que tenemos en México.

El autor, Ricardo Velázquez Cruz, indicó que el objetivo de su obra es la divulgación de la Constitución a niñas y niños, desde el inicio de su formación cívica como parte de su aprendizaje, además de fomentar la cultura de la legalidad en los futuros ciudadanos. Explicó que está acompañado de figuras animadas a colores para hacerlo atractivo, ameno y de fácil comprensión.

Al reseñar el contenido e interactuar con los menores, la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dijo que el libro es un buen ejercicio de acercamiento entre padres e hijos, en una interacción que hará más accesible el conocimiento de la Carta Magna.