LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (925)

  • PAN, PRI, PRD y MC abandonaron la reunión extraordinaria.
  • Morena y PT expresaron su disposición de seguir dialogando.
     

Con la ausencia de los senadores de oposición, los integrantes de Morena y PT, aprobaron en  comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen que crea la Guardia Nacional. Mañana se dará entrada del dictamen al Pleno y se espera su discusión el próximo jueves.

Al inicio de la sesión, los senadores Dante Delgado, de MC; Miguel Ángel Mancera, del PRD; Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y Julen Rementería del Puerto, del PAN, propusieron que las comisiones dictaminadoras se instalarán en sesión permanente y decretaran un receso, a efecto de seguir construyendo acuerdos en la mesa de negociación que se instaló horas antes.

Al responder a las peticiones, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que esta reunión tenía como objetivo seguir con el trámite legislativo de la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

No obstante, aclaró que se continuará con la redacción del dictamen en la mesa de negociación previa, instalada con los coordinadores de los grupos parlamentarios para su posterior discusión en el Pleno.

Pidió seguir con el acuerdo político alcanzado, antes de esta reunión de comisiones, “para que estemos en condiciones de seguir avanzado”. En el Pleno, agregó, se dará la discusión e indicó que hay un avance del 70 por ciento en las propuestas hechas por los distintos grupos parlamentarios.

La propuesta del PAN, PRI, PRD y MC fue rechazada por la mayoría de los integrantes, por lo que senadores de esas bancadas se retiraron de la reunión extraordinaria.

Después de esta salida, las senadoras y senadores Nancy De la Sierra, del PT, así como Félix Salgado Macedonio, Salomón Jara, José Narro, José Peña Villa, Martha Lucía Micher y Jesusa Rodríguez, de Morena, destacaron la necesidad discutir, dialogar y convencer, respecto de este tema pero, sobre todo, responder a la demanda de los ciudadanos.

Señalaron que el país vive una emergencia que requiere de una estrategia de seguridad urgente, que cuente con un marco jurídico para salir adelante. Subrayaron que más del 80 por ciento de la sociedad ha expresado su respaldo a la Guardia Nacional, pues consideran indispensable tener un instrumento que le genere confianza, paz y tranquilidad.

Ya sin representantes de la oposición, los presentes  aprobaron el dictamen respectivo.

Modificaciones realizadas, respecto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados

El dictamen que se aprobó en esta reunión destaca que la Guardia Nacional será una institución meramente de carácter civil, responsable de la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio de las personas, los bienes y recursos de la Nación.

En los cambios realizados por las comisiones, destaca uno al artículo 21 de la Constitución para fortalecer el carácter civil de Guardia Nacional. Se adicionó también que, entre sus responsabilidades, tendrá “la preservación de la paz pública y el orden”.

Prevé que la estructura orgánica de dirección tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina. Este órgano tendrá carácter meramente civil y se precisa que la dependencia del ramo de Seguridad formulará el programa nacional así como los programas operativos, políticas, estrategias y acciones.

En tanto, la Defensa Nacional homologará la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización. A estas tareas se incluyó la educación y capacitación, como elementos esenciales de las obligaciones de la Guardia Nacional, a los que se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

Plantea que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores y el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

Las comisiones dictaminadoras consideraron facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes sobre la organización, disciplina y profesionalización de la Guardia Nacional; la ley para el uso legítimo de la fuerza garantizando el respeto de los derechos humanos. Además, se suprimió de la minuta la creación de la Ley General del Registro de Detenidos.

Se ampliaron las atribuciones del Senado de la República para que analice el informe anual que el Presidente de la República presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Se elimina la atribución de la Comisión Permanente para prestar su consentimiento para el uso de este cuerpo de seguridad.

Asimismo, plantea facultar al Presidente de la República para disponer de la Guardia Nacional para la seguridad pública, la protección civil y en casos de urgencia, para preservar seguridad nacional, seguridad interior y defensa del exterior de la Federación. Lo anterior a diferencia del texto propuesto en la minuta de la colegisladora, la cual derogaba esta facultad.

En los transitorios se estableció que el Congreso de la Unión expedirá la Ley de Guardia Nacional dentro de los 90 días siguientes de la entrada en vigor del Decreto.

Se añadió, también, que la Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval mediante acuerdos de carácter general que determine el Presidente de la República.

La Guardia Nacional asumirá las funciones previstas en la Ley de la Policía Federal con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan.

De igual forma, se aprobó que el Ejecutivo Federal disponga de lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designe a los integrantes de los órganos de dirección superior de dicha corporación.

Se establece que, los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros de la Fuerza Armada permanente asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones, la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen respetarán los derechos con que contaba al momento de ser asignado, así como el reconocimiento del tiempo de servicio para efectos de antigüedad.

Las comisiones dictaminadoras precisaron que la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública seguirá, hasta en tanto no se integre la Guardia Nacional.

             18 Febrero 2019 

  • Estamos dispuestos a lograr un consenso amplio para alcanzar mayoría calificada, dijo Ricardo Monreal.
     

En un ambiente de apertura y total transparencia los representantes de los Grupos Parlamentarios en el Senado de la República analizan los puntos de coincidencia de la minuta que crea la Guardia Nacional.

Al señalar lo anterior, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, mencionó que existe disposición de apertura de parte del Grupo mayoritario de Morena de incorporar en el dictamen, que se discutirá por el Pleno, las aportaciones de los Grupos Parlamentarios de oposición y las propuestas derivadas del parlamento abierto.

Estamos abiertos. Estamos sentados en este momento y hay la posibilidad de modificar seria y radicalmente la minuta en beneficio de todos y con el ánimo de construir un consenso amplio, para que mañana se presente de primera lectura y el jueves se vote en el Pleno, mencionó.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila aseguró que las negociaciones continuarán en el transcurso de los próximos cuatro días con el afán de construir todos los acuerdos posibles, aun cuando la propuesta inicial se apruebe en Comisiones, dijo, seguiremos trabajando.

Ricardo Monreal dejó en claro que el Grupo Parlamentario de Morena no tiene ninguna actitud dogmática o cerrada para revisar todos los temas que ha propuesto la oposición como son la naturaleza civil, los fines de la Guardia Nacional, la adscripción de este cuerpo de seguridad a la Secretaría de Seguridad Pública, la fortaleza del federalismo en estados y municipios y la temporalidad, entre otros. 

El legislador Monreal, destacó que por parte de los demás partidos políticos también existe la voluntad política y el buen ánimo de logar entendimientos

Percibo una actitud abierta de los demás Grupos Parlamentarios, los veo abiertos y no los veo en la lucha del todo o nada. Veo una actitud reflexiva y espero que prevalezca, mencionó.

El senador dejó en claro que las negociaciones del dictamen se llevan a cabo en las instalaciones del Senado de la República y no en lo “oscurito” o extramuros.

Confió que el acuerdo alcance las dos terceras partes de la votación que se requieren para que México pueda resolver el grave problema de inseguridad que enfrenta.

  • El 40 por ciento del gasto en los hogares mexicanos corresponde a la compra de medicamentos: CANIFARMA.
  • El gasto de las familias en servicios de salud comprende el 53 por ciento y las consultas médicas el 16 por ciento: INEGI.
  • Se trata de implementar una política de salud regulada y transparente. 

El Grupo Parlamentario de Morena, que coordina Ricardo Monreal en el Senado, presentará una iniciativa para regular el precio de medicamentos e insumos con el objeto de garantizar que las personas de bajos ingresos accedan a ellos, debido a que en México su valor llega a ser hasta tres veces más caro que en otros países de América Latina. 

Las cifras lo demuestran. El 40 por ciento del gasto en los hogares mexicanos para recobrar la salud corresponde a la compra de medicamentos, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el gasto de estos servicios comprende el 53 por ciento y las consultas médicas el 16 por ciento. 

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena busca implementar una política nacional de salud que cuente no solo con la voluntad de los actores de la cadena de suministro, sino que la fijación de precios máximo de los medicamentos resulte de la coordinación entre la Secretaría de Economía y Salud con un enfoque social y no solamente económico, con un mecanismo eficiente, transparente e institucional que garantice el acceso a medicamentos de calidad y seguros. 

Además, el estudio “The Big Pharma Proyect/La vida tiene precio”, realizado por el medio digital Ojo Público, muestra la discrepancia en el precio de los medicamentos en México comparados con los de otros países de la región; los utilizados para tratar diabetes, cáncer y VIH llegan a triplicar su precio.
El medicamento Glivec, utilizado para tratar el cáncer cuesta en el país 163 dólares, en Perú 44 y en Colombia 69; en tanto que la insulina Lispro para tratar la diabetes, cuesta 89 dólares aquí a diferencia de los 49 en Colombia, 65 en Perú y 31 en Guatemala; y el Lopinavir para el tratamiento de VIH, en México cuesta 7 dólares, mientras que en Perú y Guatemala 2, y en Colombia 0.8. 

Otro dato relevante, señala que el 80 por ciento de los antirretrovirales en México está en manos de un oligopolio de farmacéuticas que encarecen las terapias. 

La iniciativa establece que el esquema propuesto se someta a una revisión de precios anual o cuando las circunstancias económicas, técnicas o de valoración terapéutica lo exija y que se rija bajo principios fundamentales de publicidad y la transparencia  para que los ciudadanos puedan conocer los parámetros y elementos bajo los cuáles se toman las decisiones sobre el precio máximo de los medicamentos. 

El sustento está plasmado en el artículo 4° constitucional y en los distintos tratados internacionales ratificados por el Estado, que exigen que se materialicen acciones positivas para proteger la salud y/o que procuren la mejora, recuperación y tratamiento adecuado y oportuno, cuando ello fuere necesario. 

Se trata de impulsar una política nacional de salud que observe la realidad de la economía mexicana como principio fundamental, como lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre del año pasado, cuando instó a las compañías farmacéuticas a mantener bajos los precios de las medicinas, y advirtió que si no se produce una rebaja su Gobierno buscará mejores ofertas entre los competidores extranjeros. 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila dio su palabra y aseguró que los senadores de su partido “jamás” realizarán ningún cambio legislativo que afecte la política científica.

Ante la inquietud que ha generado entre la comunidad del ramo la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología presentada por la legisladora de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera; Monreal Ávila garantizó que cualquier legislación al respecto no se realizará sin antes escuchar a los profesionales de la investigación.

Vamos a tomar en cuenta la opinión de todos, porque la ciencia, la tecnología y la innovación  son los motores de desarrollo para la nación, señaló.  

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta reconoció que México debe apostar por fortalecer la ciencia y la tecnología para ser competitivos en el futuro.
No se preocupen, es apenas una iniciativa que tiene que pasar por el análisis de las Comisiones dictaminadoras y luego por el Pleno, aseguró.

Agregó que Morena impulsará una agenda política nacional de la mano de la sociedad que permita dar solución a los problemas sociales.

Les damos nuestra palabra y les reitero: No vamos a hacer nada a espaldas de la ciencia y la tecnología, no legislaremos nada en contra de ustedes, no cambiaremos leyes que les afecten, los escucharemos, y antes fortaleceremos el sector, enfatizó.   

              Por Nancy Rodríguez

  • Ricardo Monreal se reunió con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de MC, PRI, PRD y PAN. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, se reunió hoy con los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRI, PRD y PAN para abordar la reforma constitucional, en materia de Guardia Nacional. 

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena refirió que estas reuniones se han estado realizando para intentar construir consensos y lograr la mayoría calificada para la aprobación del proyecto. 

"Se requieren acuerdos fundamentales para pacificar al país", comentó el presidente de la Jucopo.

Anunció que mañana se reunirá con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PT, PES y PVEM para dialogar sobre el tema.

  • Estudios estiman que habría hasta ocho millones de víctimas.

     

Representantes de organizaciones civiles, junto con el senador Emilio Álvarez Icaza, reiteraron la necesidad de que se reconozca, de manera oficial, el desplazamiento interno forzado en México, a fin de que se diseñe una política pública para atender a las víctimas y se impida la violación “estructural” de los derechos humanos.

 

Álvarez Icaza consideró que este fenómeno -provocado, entre otros factores, por la delincuencia y la violencia- es una de las realidades que el nuevo gobierno debe asumir en su agenda. 

 

En la presentación del estudio “Entre la invisibilidad y el abandono, un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México”, el senador independiente consideró que en la medida en que nuestro país no acepte esta tragedia, “se van reproduciendo cadenas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, de manera estructural”.

 

Señaló que se trata de una de las crisis humanitarias invisibilizadas en nuestro país, que afectan a miles de familias que tienen que dejar su casa, trabajo y escuela por la violencia.

 

El legislador dio a conocer que ya se trabaja en una iniciativa de ley sobre la materia, donde participa la relatora especial sobre desplazamiento interno de la Organización de Naciones Unidas.

 

Dijo que también se insistirá en la pertinencia de que el gobierno acepte una visita oficial de dicha relatora, así como las recomendaciones que ayuden a atender el problema.

 

José Antonio Guevara Bermúdez, director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que no hay un diagnóstico sobre el fenómeno y las estadísticas que existen “no nos permiten tener certeza de su dimensión.

 

Dijo que el análisis de tres encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -que incluyen preguntas relacionadas con el tema-, dan cuenta de un rango amplio de personas en esta condición, aunque difieren los números.

 

El análisis de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, agregó, estima que “alrededor de ocho millones 726 mil 375 personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia para protegerse de la delincuencia entre 2011 y 2017”.

 

“Es una cifra escandalosa. Debiera obligar a las instituciones del Estado a clarificar de qué tipo de desplazamiento se trata”, asentó.

 

En tanto, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica permitieron estimar a 185 mil 936 personas que migraron internamente por motivos de inseguridad pública o violencia, de 2009 a 2014.  Por su parte, la información proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica la existencia de 206 mil 965 víctimas entre 2006 y el primer semestre del 2018.

 

Brenda Pérez, directora de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que gran parte del desplazamiento forzado ocurrió en municipios y localidades donde se realizaron acciones contra el narcotráfico.

 

Casi el 40 por ciento de estos desplazados en 2011, dijo, afirmaron que hubo este tipo de acciones en su municipio.

 

Entre otros datos, agregó que los estados con el mayor número de personas expulsadas son Tamaulipas, Chihuahua, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Veracruz. Además, 54 por ciento de las personas que se mudaron a otro estado a causa de la inseguridad pública o la violencia, entre 2009 y 2014, fueron mujeres; y los niños de 5 a 14 años, así como los adultos de 35 a 39 años son mayormente afectados.

 

 

          Por Nancy Rodríguez

  • 100 mil animales marinos mueren al año, a consecuencia de la contaminación por estos productos.

 

Senadores del Grupo Parlamentario del PT impulsan una adición a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para combatir la contaminación por plásticos desechables de un solo uso.

 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 13 millones de toneladas de basura son arrojadas a los mares cada año; 100 mil animales marinos mueren anualmente por consecuencia de la contaminación, señala la propuesta.

 

En un estudio realizado por la doctora Nancy Ramírez Álvarez, especialista del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se analizó el grado de concentración de microplásticos en la bahía Todos Santos, localizada al noroeste de la península de Baja California.

 

Las muestras realizadas en puntos estratégicos de esa bahía mostraron que la concentración de microplásticos en aguas superficiales oscila entre 0.01 y 1.0 piezas por metro cúbico, y tiene dimensiones que van desde 100 hasta 250 micras, refiere el documento.

 

La exposición de motivos resalta que la contaminación en los mares representa además, un riesgo directo para la salud humana por la ingestión de microplásticos, lo que puede generar intoxicación por los componentes químicos.

 

Así, se propone que la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, establezcan políticas públicas para inhibir el uso de materiales plásticos de un solo uso no degradables.

 

Dichas medidas buscan proteger el medio ambiente y la salud humana. Además, se debe incentivar aquellos que son biodegradables.

 

A fin de prohibir la reducción a los programas presupuestarios destinados a la atención de migrantes, el senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, propuso reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El senador detalló que para 2019, los fondos de atención a migrantes desaparecieron. No fueron considerados prioritarios para el Ejecutivo Federal. Aunado a esto, dijo, la Dirección General de Servicios Consulares tuvo una disminución de 82 por ciento, con relación a 2018. 

Por otra parte, subrayó que el Programa 3x1 para migrantes, que administra y distribuye la Secretaría de Bienestar, tuvo un recorte del 98 por ciento. Es decir, se le destinaron únicamente nueve millones 449 mil, 441 pesos; una merma de más de 489 millones de pesos, respecto de 2018. 

El legislador panista señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación no tomó en cuenta que los estados fronterizos tienen una doble problemática: son estados receptores de paisanos repatriados, y también estados receptores de migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. 

Asimismo, dijo, se dejaron de lado las recientes dinámicas de migración de los países de Centroamérica a México, a través de las diversas caravanas migrantes que se integran por miles de personas que requieren de apoyo y ayuda humanitaria, comida, cobijo y lugares donde dormir, al igual que requieren de atención médica y los servicios básicos de higiene. 

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos.

  • El Senado aprobó el nombramiento por unanimidad.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la propuesta del Ejecutivo Federal para designar a Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

Luego de tomarle la protesta de ley correspondiente, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, expresó que el ahora funcionario es una persona que conoce ampliamente la problemática de los medios púbicos de comunicación. 

Villamil Rodríguez, asentó, se ha conducido a lo largo de su vida profesional, con ética, honradez intelectual, profesionalismo, compromiso con la libertad de expresión y con las mejores causas de México. 

Previamente, al presentar el dictamen -aprobado con 101 votos a favor-, el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima destacó que independencia, pluralidad, inclusión y diversidad son valores que deberá promover el titular del Sistema. “Y éste ha sido el compromiso explícito” de Villamil Rodríguez.

“Estoy razonablemente convencido de que esta designación contribuirá a construir medios públicos fuertes, libres y poderosos, asentó el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

El senador Cristóbal Arias Solís, a su vez, subrayó que se requiere consolidar una plataforma para que fluya la libre expresión de ideas y sea una auténtica alternativa, con contenidos de calidad, generados a partir de las necesidades, gustos y expresiones de una ciudadanía cada vez más crítica, reflexiva y participativa. 

El presidente de la Comisión de Gobernación asentó que por trayectoria, defensa del interés público y la libertad de expresión, Jenaro Villamil es la persona idónea para ocupar la presidencia del Sistema Público de Radiodifusión.

Por Acción Nacional, el senador José Erandi Bermúdez Méndez reconoció el trabajo periodístico del comunicador, su labor en favor de las minorías y del derecho a las audiencias. Confió en que como funcionario actué con la independencia profesional que lo ha caracterizado. 

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, manifestó: “Nadie puede desconocer su profesionalismo periodístico y su criterio independiente”. Eso es lo que demandamos de las propuestas del titular del Poder Ejecutivo: calidad profesional que garantice el cumplimiento de sus responsabilidades, particularmente en los órganos autónomos, enfatizó. 

Noé Castañón Ramírez, senador de MC, solicitó privilegiar la honorabilidad del Sistema, promoviendo justicia en los medios de comunicación, la cultura y la difusión social del Estado, a través de la señal. Jenaro Villamil cuenta con el respaldo de nuestro Grupo Parlamentario, aseguró. 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera destacó que este nombramiento es uno de los que le hará bien al país. No hay duda de la capacidad de Jenaro y le auguramos mucho éxito en su desempeño, subrayó.

 

  1. Por segundo día, la Comisión de Energía entrevistó a los aspirantes a dirigir el organismo.      

Los integrantes de la Comisión de Energía del Senado de la República escucharon los planes de trabajo de los candidatos a ocupar las vacantes generadas por Marcelino Madrigal Martínez y Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, como comisionados, en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).  

En el caso del sustituto de Madrigal Martínez, el designado ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre de 2020. La terna enviada por el Presidente de la República la conforman José Alberto Celestinos lsaacs, Mario José Silverio Galicia Yépez y Raúl Morales Mitre. Éste último se disculpó y no acudió a la entrevista con los senadores.   

El primero en comparecer fue José Alberto Celestinos, quien dijo que en México falta regular el uso de gas natural en los automóviles y las terminales abastecedoras. Propuso que, en caso de ser elegido, impulsará el uso de Etanol. 

También alentaría el uso de compuestos oxigenados para aumentar el índice de octanos en las gasolinas. Con ello, explicó, se busca que durante la combustión se forme Bióxido de Carbono en lugar de Monóxido de Carbono. 

Otra propuesta, dijo, es fomentar el uso de Combustóleo, que durante muchos años fue “satanizado”. Explicó que en Tula, Hidalgo, hay una planta que lo produce con 0.5 por ciento de Azufre, y las calderas de la Comisión Federal de Electricidad están diseñadas para producirlo. Señaló que la pequeña industria, que no está conectada a los gasoductos, se beneficiaría. 

Por su parte, Mario José Silverio Galicia Yépez señaló que, con el objetivo de atender las áreas de oportunidad  que existen en la CRE, trabajará para garantizar la estabilidad energética del país y pugnará por optimizar, con otras entidades y a escala nacional, los permisos a otorgar con total autonomía técnica, operativa y de gestión.

Destacó que, de resultar elegido, su labor será coordinada con otras instancias de gobierno. Los comisionados deliberaremos de forma colegiada y autónoma, indicó; en total apego al marco legal, y participaremos de manera transparente e imparcial, regulando las industrias del gas, derivado de los hidrocarburos, energía eléctrica, geotérmica, fotomecánica, termosolar, eólica, nuclear y bioenergética. 

Subrayó que la CRE debe fomentar el crecimiento y desarrollo de la industria. Para ello, buscará la protección de los intereses de los usuarios y el beneficio para los mexicanos. 

Para cubrir la vacante de Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, el designado por el Senado de la República ocupará el cargo de comisionado hasta el 31 de diciembre de 2019. 

La terna enviada por el Ejecutivo Federal, que comparece ante la Comisión de Energía, está compuesta por Guadalupe Escalante Benítez, Fernando Juárez Martínez y Edmundo Sánchez Aguilar. 

  1. Junto con la de Reforma Agraria analizan ratificación de magistrada de Tribunal Superior Agrario.      

En reunión extraordinaria, la Comisión de Justicia del Senado de la República recibió lacomunicación enviada por la Fiscalía General de la República (FGR), enviada el pasado 8 de febrero, donde expone las razones que sustentan la designación de los titulares de las Fiscalías Especializadas en materia de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, y en la de Combate a la Corrupción, de María de la Luz Mijangos Borja. 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Cámara de Senadores tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para objetar, si fuera el caso, las designaciones, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 

El senador Ramón Mechaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que los aspirantes tienen un alto reconocimiento social, independientemente de su trayectoria política.

“No damos ningún cheque en blanco para ningún nombramiento que hace el Senado. Seremos los primeros exigentes de que funcionen las instituciones que estamos creando”, subrayó.  

Previamente, las comisiones unidas de Reforma Agraria y Justicia se declararon en sesión permanente para continuar con el proceso de dictamen sobre la ratificación o no de Maribel Concepción Méndez de Lara, como magistrada de Tribunal Superior Agrario, propuesta por el Ejecutivo Federal. 

Los senadores acordaron que después del 19 de febrero se dará a conocer la fecha y hora en que se reunirán las comisiones para la comparecencia de la aspirante. La finalidad es darle prioridad al tema de la Guardia Nacional, señalaron. 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los magistrados agrarios desempeñan el cargo durante seis años. Concluido el periodo, como es el caso de Méndez de Lara, pueden ser ratificados por el Senado de la República, a propuesta del Ejecutivo Federal. En caso de ser ratificados, adquieren inamovilidad en el cargo. 

  • Continúan las audiencias públicas para analizar el proyecto constitucional.
     

El fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el estado que guardan los cuerpos policiacos en el ámbito local, fueron los temas que analizaron senadores, el gobernador de Hidalgo, empresarios, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales, en el tercer día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional.

El senador José Luis Pech Várguez recordó que con este ejercicio de Parlamento Abierto “queremos escuchar e incluir todas las opiniones que contribuyan a mejorar la estrategia” encaminada a reducir la violencia y la impunidad que han bañado de sangre al país y lo ha convertido en un gran cementerio”.

“Urge que actuemos al respecto. Que propongamos soluciones viables y avancemos juntos hacia la pacificación de la Nación. Necesitamos construir algo nuevo, tomando las experiencias que han funcionado en otros horizontes y evitando las fallidas”, expresó el legislador de Morena.

Sobre todo, agregó, necesitamos reconstruir la confianza de la sociedad en sus instituciones de seguridad e impartición de justicia y devolverle al Estado su esencia para darnos seguridad y protegernos de los peligros cotidianos.

A su vez, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del PVEM, asentó que esta reforma constitucional es uno de los asuntos más trascendentes para nuestra democracia y el proceso de pacificación de México.

El papel que juega el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la discusión sobre la Guardia Nacional, agregó, es de vital importancia para entender cómo se articulan y coordinan las distintas instancias en la materia. 

Comentó que el SNSP tiene potencial para convertirse en una de las herramientas más exitosas para disminuir la violencia, profesionalizar las políticas públicas en la materia y contribuir a la pacificación de nuestro país.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, consideró que el gran desafío del Congreso es construir un nuevo cuerpo de seguridad, con la mayor pulcritud legislativa y constitucional, a fin de que “nazca con todo lo que necesita para lograr el respeto irrestricto a los derechos humanos”, el control parlamentario necesario y la capacitación debida.

Destacó que la responsabilidad en esta materia es del Presidente de la República. En ese sentido, expresó, “yo no le escatimaría la posibilidad de apoyarlo en este esfuerzo, para que cumpla una misión que tiene a nivel constitucional”.

El mandatario señaló que los municipios no tienen los suficientes recursos humanos, materiales ni financieros “y han generado cuerpos de policía que no están debidamente capacitados”, que en algunos casos no están debidamente certificados y tampoco pasan los controles de confianza.

Omar Fayad asentó que la Guardia Nacional “no es la panacea” para resolver la inseguridad, sino un elemento en la estrategia del Presidente de la República para apoyar a los estados. ¿Queremos apoyar al Ejecutivo Federal?, se preguntó. Cuando menos mi estado, sí. No tenemos suficientes elementos de seguridad pública, requerimos del respaldo, manifestó.

El Presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Concamin, José Refugio Muñoz López, apoyó la inclusión de robo al autotransporte en el catálogo de delitos graves. La Guardia Nacional atacará este delito y garantizará seguridad, paz pública, y libertad en el país. Estamos en favor de su carácter civil, y que sea un instrumento disciplinado y profesional.

Asimismo, propuso que se trate de una institución de coordinación entre autoridades de seguridad, sin sustituir funciones de otras corporaciones; crear un grupo especializado que atienda el robo al autotransporte; e integrar a las cámaras, organizaciones y asociaciones industriales y de servicios en las coordinaciones generales regionales, entre otros.

Por su parte, Jessica Zarkin, de Construyendo Policías Eficaces, Resilientes y Confiables en México, dijo que las causas del problema de inseguridad pública no son los grupos criminales sino la medida en que las instituciones de seguridad locales regulan su comportamiento. Por ello, es indispensable reformar a las corporaciones policiales locales, para ser eficientes, resilientes y confiables.

Añadió que no debe confundirse seguridad nacional con seguridad interior, ni pública. Las fuerzas armadas son las mejor posicionadas apara enfrentar las amenazas de seguridad interior, pero no para la seguridad pública, por la poca confiabilidad de la sociedad. La Guardia Nacional, dijo, no debe ser vista como la estrategia para solucionar la inseguridad en el país sino como un acompañante la construcción de las policías locales.

María Araceli de Hass, investigadora profesional en temas de seguridad y desarrollo nacional, puntualizó que a quien no le conviene la creación de la Guardia Nacional es al crimen organizado, que tiene suficiente dinero para pagar defensorías jurídicas. Apuntó que tener fuerzas armadas no significa tener un país militarizado. De no intervenir para mitigar la realidad del país, las capacidades de las fuerzas policiales serán rebasadas por la delincuencia de forma permanente y es lo que preocupa, explicó.

La especialista añadió que la Guardia Nacional será una institución incorruptible, que garantizará la seguridad pública con perspectiva de derechos humanos; respetará los protocolos del uso legítimos de la fuerza y el debido proceso. Además, es necesario reintegrar los artículos transitorios del dictamen original para dar certeza jurídica a esta nueva institución, finalizó.

María Elena Morera, presidenta de la organización “Causa Común”, manifestó que pareciera que la decisión de reformar la Constitución para crear la Guardia Nacional ya está tomada. De hecho, la militarización avanza en distintas partes del país mediante la subordinación de policías locales a mandos militares.

Explicó que no se opone a la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, siempre y cuando este sea civil. Que la nueva corporación pueda integrase por policías, con nuevos integrantes, con ex militares. Lo fundamental, dijo, es que opere bajo lineamientos de investigación, inteligencia y proximidad social, propios de una policía eficiente y eficaz.

Que se desarrolle bajo un marco legal civil y con respeto intrínseco con los derechos humanos. “Es lo que corresponde a una República democrática en cualquier parte del mundo”, agregó.

La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, María Novoa solicito a los legisladores que comprendan el impacto de su decisión y reconsideren el dictamen en discusión. “La Guardia Nacional atenta contra nuestros derechos y estos no se negocian, subrayó.

Consideramos, dijo, que la Guardia Nacional incorpora un nuevo actor a un sistema que, hasta ahora, se ha caracterizado por la falta de coordinación. La actuación de la Guardia podrá iniciar procesos penales en su labor como primer respondiente, lo que implica la estricta coordinación con las demás instancias civiles.

Necesitamos pensar en alternativas que ofrezcan seguridad y paz en el largo plazo. Se debe considerar un esquema gradual de desmilitarización para alcanzar un cuerpo de seguridad estrictamente civil, bajo la supervisión de instancias civiles, abundó.

Lizbeth Rosas Montero, exdiputada federal, afirmó que los estados y municipios no han podido combatir la criminalidad, dadas las condiciones desiguales de desarrollo, falta de experiencia en el manejo de la seguridad, así como la mala planeación, supervisión, evaluación de los programas.

“No se ha estado a la altura de la necesidad de los ciudadanos. Tenemos policías infiltrados en el crimen organizado y constantes violaciones de derechos humanos, que no son privativas de elementos del Ejército”, dijo.

 

  •  La próxima semana instalan comisiones bicamerales
     

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (Jucopo), manifestó la disposición de los integrantes de este órgano de gobierno de la Cámara Alta a establecer una mayor coordinación con sus homólogos en la colegisladora para trabajar de manera conjunta los temas legislativos que más interesan a la sociedad.

En el Senado estamos dispuestos a estrechar la relación con la Cámara de Diputados para trabajar en temas de materia política, económica, social e internacional para que,  juntos, construyamos el marco jurídico que el país necesita, mencionó.

Durante la primera reunión de trabajo de las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y Senadores, los coordinadores parlamentarios acordaron que la próxima semana se instalarán, en la Cámara de Diputados, las cinco Comisiones Bicamerales del Congreso.

Ricardo Monreal y su homólogo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, coincidieron en la importancia de comenzar los trabajos de dichos órganos legislativos para empezar abordar los asuntos pendientes.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila dio a conocer los nombres de los  presidentes de  dichas comisiones: Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, diputado Ulises Murguía; Comisión en materia de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, senador Alejandro Armenta; Canal de Televisiòn del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Cruz Pérez; Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, diputado, Eduardo Zarzoza.  La de Sistema de Bibliotecas, está por definirse.

En otros temas, Ricardo Monreal reiteró el interés de los legisladores de construir una Guardia Nacional que le sirva al país. Estamos, dijo, en total apertura para escuchar a todos y, sobre todo, por construir los acuerdos que permitan alcanzar la mayoría calificada.

Reconoció que en las audiencias públicas que se realizan sobre este tema hay voces en favor y en contra. Mencionó, no obstante,  que de acuerdo con encuestas, el 82 por ciento de la población está de acuerdo en que se diseñe esta nueva institución para enfrentar el grave problema de inseguridad.

El coordinador de Morena se dijo dispuesto a revisar la contrapropuesta que en esta materia presenten los partidos de oposición, pero aclaró que hay tiempos ya establecidos para abordar el tema.

Se tiene planeado que el lunes próximo se dictamine en Comisiones para que el martes se dé primera lectura y el jueves sea votado por el Pleno, indicó.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que en San Lázaro están preparados para analizar los cambios que la colegisladora le hará a la minuta de Guardia Nacional.

  • La muestra artesanal y gastronómica puede visitarse en las áreas del Asta Bandera y la Terraza de la Cámara Alta.
     

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, inauguró “La Semana de Michoacán en el Senado”, con el fin de dar a conocer la amplia variedad artesanal y gastronómica que distinguen a dicha entidad. 

“Es la expresión cultural del federalismo. Es la tierra de José María Morelos y Pavón, de Melchor Ocampo, del General Lázaro Cárdenas del Río y de otros grandes patriotas. La entidad michoacana tiene mucho qué mostrar a sus visitantes nacionales y extranjeros”, desatacó. 

La muestra artesanal y gastronómica puede visitarse en las áreas del Asta Bandera y la Terraza de la sede senatorial hasta el próximo jueves. 

El organizador del evento, senador Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo, explicó que la exposición exhibe un conjunto de riquezas turísticas, culturales y gastronómicas. 

“Es mostrar un poquito de lo mucho que tiene Michoacán. Allá nos esforzamos todos los días por mejorar nuestros atractivos turísticos y mostrar en cada ciudad, en cada artesanía, en cada platillo típico y en cada saludo, la riqueza y fraternidad de Michoacán, que en 2017 recibió a más de 10 millones de visitantes en sus 113 municipios”, resaltó. 

Agregó que es una entidad que alberga mucha de nuestra identidad en el país, con su naturaleza, sus pueblos mágicos, así como la calidez y hospitalidad de su gente. Además, cada año recibe la llegada de más de un billón de mariposas monarca. 

En su oportunidad, el subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad, aseguró que el sector turístico ocupa ya el 8.7 por ciento del PIB; es el mayor empleador de mujeres y de jóvenes y se prepara para romper la barrera de los 42 millones de turistas que visitan el territorio nacional: 

“Al observar el esfuerzo los michoacanos, se comprueba la trascendencia del sistema agroalimentario mexicano a través de alimentos, bebidas, artesanías, y un mensaje de dignidad de México ante el mundo”, expresó el funcionario federal.

Al evento asistieron la secretaria de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez López; las y los senadores integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara Alta; los senadores de la Comisión de Turismo, así como diputados, alcaldes y regidores de la entidad michoacana.

 

  1. Son un blindaje descarado para proteger delincuencia organizada, corrupción y políticos: García Sepúlveda. 

Para apoyar al Sistema Nacional Anticorrupción en sus tareas, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda, presentó dos iniciativas que buscan eliminar “el secreto bancario y fiscal”. 

El legislador dijo que esta figura representa un “blindaje descarado” para proteger delincuencia organizada, corrupción, políticos, lavadores y factureros. 

Advirtió que con el “secreto fiscal y bancario” no se pueden castigar cohecho, lavado de dinero, peculado, evasión fiscal. No se puede pedir los estados de cuenta a los bancos, las acciones y fideicomisos de los presuntos culpables, lo que deja al Ministerio Público sin las herramientas para investigar. 

Señaló que en México se ha impedido el castigo a quienes han provocado daño a las finanzas del Estado, precisamente por ese proteccionismo que se les brinda a los imputados mediante dichas figuras. 

Se ha empleado siempre, continuó, en favor de los malos funcionarios y en contra de los intereses del mexicano que contribuye con el pago de impuestos al gasto público. 

En este sentido, refirió que según datos de Transparency International, México está en el lugar 123 de 176 países en cuanto a la percepción de corrupción. Sólo por debajo de la nación mexicana están Corea del Norte, Sudán y Somalia. 

Es por esto, que la iniciativa que se propone pretende la eliminación del secreto fiscal y bancario para el caso específico de las investigaciones en materia anticorrupción, las cuales serán de gran ayuda para combatir este delito tanto en el ámbito nacional como en el local. 

La iniciativa que reforma el Código Fiscal de la Federación fue enviada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. La propuesta que reforma la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue remitida a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público  y de Estudios Legislativos, Primera. 

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