LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (997)

  • Ricardo Monreal considera indispensable la participación empresarial para el crecimiento económico.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que lograr el desarrollo económico y equitativo del país, no depende solamente de las políticas diseñadas por el Poder público, sino de la participación de los empresarios e inversionistas.


Durante la conferencia magistral “La búsqueda de la prosperidad en México”, mencionó que la tarea del Poder Legislativo es generar las condiciones para disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza y, al mismo tiempo, reducir la brecha de la desigualdad existente.


De acuerdo con las más recientes mediciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 53.4 millones de personas viven en pobreza, a los que hay que sumar los que viven en pobreza extrema. Esto equivale al 51 por ciento de la población, más de la mitad, recordó el senador.
Para revertir éstos números, señaló, se debe contar con un marco jurídico eficiente que facilite la aplicación de nuevas políticas públicas. En este sentido, recordó, el Senado de la República ratificó por unanimidad el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y aprobó la Reforma Laboral.


Monreal Ávila refirió que dichas acciones son los primeros pasos de un camino largo para el desarrollo económico y equitativo que el país necesita. “Necesitamos seguir trabajando en conjunto, acompañando nuestro esfuerzo con la opinión y el análisis de los expertos en los temas más apremiantes para México”, reiteró.
A su vez, Santiago Levy Algazi, político y economista, señaló que el crecimiento económico de México no se logra por la falta de productividad en la mayor parte de las empresas, que paradójicamente van en aumento. Mientras exista un gran número de empresas informales, el desarrollo y crecimiento económico seguirá estancado, incluso, se reducirá.

Señaló que, de mantener el contexto jurídico institucional, donde el país se desenvuelve hoy en día, el crecimiento con inclusión social será imposible. Consideró que se requiere un rediseño profundo de la política social, más eficaz, y al mismo tiempo ir más allá de las buenas distenciones redistributivas, sin deformar el mercado de trabajo. O hacemos un rediseño profundo de nuestro estado de bienestar o no lo vamos a lograr, alertó.


Insistió en que se requiere cambiar la visión de la seguridad social. Que ésta sea universal para otorgar los mismos derechos en materia de pensión, salud, guarderías, seguro de desempleo moderno, cumplir las leyes y cambiar la estrategia fiscal. Hay que gravar más a otras cosas y menos al trabajo asalariado, uno de los más gravados en el mundo.
Es urgente, dijo, un proyecto social-demócrata de un Estado de Derecho, de un Estado de bienestar renovado o en un Estado de Derecho fortalecido, con una nueva visión. Así, se podría contar con un nuevo contrato social para que no sea demagogia y poesía.
Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, reiteró su compromiso por colaborar con las autoridades de los tres poderes para contar con políticas públicas que sean las bases para construir un México más justo, equitativo e incluyente. En el Consejo Mexicano de Negocios, reconocemos el diálogo abierto con el Senado con el fin de trabajar en conjunto para generar confianza y consolidar el estado de derecho, en nuestro país.

Si queremos más empleos, bien remunerados y pensiones dignas para el retiro, es indispensable que todos transitemos hacia la legalidad. Necesitamos que las empresas y sus colaboradores puedan formalizarse sin que sea una carga que les impida crecer, señaló.

Se requiere, además, un sistema de seguridad social universal en el corto plazo. Sin duda es posible y deseable reducir la carga de la formalidad para personas con menores salarios y, a su vez, disminuir el riesgo de empobrecimiento que representa, el gasto de bolsillo en salud, uno de los más altos en el mundo.

De igual forma, continuó, es indispensable una reforma fiscal que incentive la productividad de las empresas, simplifique la recaudación y amplíe la base tributaria. Para lograr el crecimiento es indispensable garantizar una buena relación laboral entre trabajadores y empleadores. Así como contar con un seguro de desempleo e instituciones que garanticen un Estado de Derecho.

A su vez Luis de la Calle durante su participación alertó sobre una posible desaceleración económica en Estados Unidos que es nuestro principal socio por lo que puede afectar a nuestro país. México tiene una oportunidad histórica de posicionar al país en una situación favorable, “estamos en las 2 regiones del mundo del mejor perfil demográfico en los próximos 30 años frente a países europeos en los que ya están presentando problemas por su población adulta.”


Además agregó que El Plan Nacional de Desarrollo llama a que se incremente la tasa de inversión del 22% al 25%, pero es insuficiente si los recursos se invierten mal, no solo se requiere invertir mucho, si no se requiere invertir bien.


Por último, el secretario Ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, indicó que existen tres elementos para que un país logre prosperidad: generación de valor agregado, crecimiento
e igualdad.
“El gobierno de México ya trabaja en ello, tal y como lo demuestra el Plan Nacional de Desarrollo”. Sin embargo, dijo, es necesario conciliar programas sociales que otorgan dinero.


Se deben garantizar derechos, accesibilidad, disponibilidad y calidad en las políticas públicas. “Mejorar la política social, el sistema de seguridad social, el mercado laboral y la impartición
de justicia”, detalló.

  • Es uno de los proyectos de mayor alcance, aprobados en la LXIV Legislatura, considera.

El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, expresó que la reforma educativa es uno de los proyectos de mayor alcance que se han aprobado en la LXIV Legislatura.

 

Dijo que se han avalado reformas muy importantes como la laboral o la Guardia Nacional. No obstante, la educativa “simboliza el proyecto nacional, de transformación” de la actual administración.

 

Indicó que la minuta, que obtuvo la mayoría calificada del Senado de la República, restituye derechos de los trabajadores de la educación y recoge la obligación del Estado en materia de educación superior, así como los principios de gratuidad, laicidad e inclusividad entre los fundamentos rectores de la enseñanza.

 

Martí Batres afirmó que esta reforma recoge el respeto a la autonomía de las universidades y fortalece a las escuelas normales. Además, sustituye al órgano evaluador por uno formador de docentes, así como la idea de la evaluación para la sanción por la de la evaluación para la planeación y el diagnóstico.

 

No sólo incluye la enseñanza de lenguas extranjeras. También de lenguas indígenas en la educación y reemplaza el concepto de calidad por el concepto de excelencia académica.

 

De igual manera, dijo, la reforma educativa termina con la llamada evaluación punitiva que vinculaba la permanencia en el empleo a los resultados de las evaluaciones. “Por lo tanto, es una reforma muy completa, profunda, uno de los pilares de lo que podemos llamar reformas para el Estado de bienestar social”.

 

El senador también reconoció a los siete Grupos Parlamentarios -Morena, PRI, PT, PVEM, PES, Movimiento Ciudadano y PRD- que ayudaron a su aprobación, así como la postura del PAN, que formó parte del debate en un tema tan sensible para México.

 

Se trata, asentó, de un gran resultado para México, para las niñas, niños y adolescentes, así como para padres de familia y maestros.

  • El presidente de la Jucopo se reunió con empresarios del país y representantes de 12 cámaras industriales.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que por acuerdo de los grupos parlamentarios, el segundo periodo ordinario de sesiones será del 18 al 21 de junio y se tratarán revocación de mandato, austeridad republicana, consulta popular, ley de confianza ciudadana y tres de tres.

Durante una reunión con empresarios de todo el país, representantes de 12 cámaras industriales y con la secretaria de Trabajo y Previsión y Previsión Social, Luisa Alcalde, planteó la realización de un Parlamento Abierto previo al próximo periodo ordinario de sesiones para escuchar las propuestas de este sector tras la aprobación de la ley laboral.

Dicho Parlamento Abierto -a celebrarse entre julio y agosto- incluirá a toda las cámaras, los inversionistas y centrales obreras. La idea, señaló, es construir y perfeccionar la reforma laboral, económica, inversión, el desarrollo industrial y seguridad jurídica.

Además, se buscará que sus propuestas transiten hacia un acuerdo que le dé voz a estos sectores. Sus puntos de vista serán revisados para que, eventualmente, puedan ser incorporados algunos planteamientos.

El Senado de la República buscará ser interlocutor de buena fe con el sector económico y empresarial frente al Ejecutivo, para generar confianza, estabilidad y garantizar el Estado de Derecho, resaltó el senador.

“Intentamos construir los puentes de entendimiento. Esto es uno de los primeros pasos para establecer un mecanismo institucional de comunicación como es el Parlamento Abierto”, señaló.

Los empresarios e industriales platearon un decálogo de reformas en torno a la reforma laboral, la cual fue aprobada ayer, en comisiones del Senado.

Con respecto al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), Monreal Ávila  confió en que sea ratificado de forma simultánea por los congresos de los tres países.

“Tengo comunicación con los Congresos, el de Estados Unidos y el de Canadá, y queremos aprobarlo simultáneamente”, precisó.

En el Senado mexicano podría darse en el mes de agosto o septiembre, concluyó. 

  • Fue aprobada en lo particular con 97 votos, 22 en contra y una abstención.

  

Después de aprobar en lo general y lo particular la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia educativa, el Senado de la República la remitió a las legislaturas de los estados para continuar con su proceso constitucional. 

En la discusión en lo particular, el Pleno rechazó las reservas presentadas por senadoras y senadores de Acción Nacional, que pretendían evitar la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, entre otros temas. 

Los diversos párrafos reservados de los artículos 3º, 31 y 73, así como de varios transitorios del proyecto de decreto, fueron ratificados en los términos del dictamen con 97 votos en favor, 22 en contra y una abstención.

En nombre de la Mesa Directiva, su presidente, Martí Batres, reconoció y agradeció el aporte de todos los grupos parlamentarios “en este importante debate”. Se trata, agregó, de uno de los temas más sensibles para el país: la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Manifestó su respeto a todas las senadoras y senadores, independientemente de la postura asumida a lo largo del debate. 

En el mismo sentido, el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, agradeció a todos los grupos parlamentarios que votaron en favor de la reforma. Como una autentica oposición, votaron razonadamente, destacó. 

También reconoció la actitud de los coordinadores de cada uno de los Grupos Parlamentarios, pues “siempre actuaron con generosidad y racionalidad”. A los que votaron en contra, “los respetamos. Es su estrategia y no tenemos nada que reclamar”, puntualizó.

 

 

 

     Por Nancy Rodríguez

*Explica que el humano invadió terrenos naturales que ahora representan un peligro y dificultan la implementación de políticas públicas de mitigación de riesgos

El senador del Grupo Parlamentario Morena, Radamés Salazar Solorio, presenta la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 5to de la Ley de Seguridad Nacional, sobre la amenaza que representa el Cambio Climático para la seguridad del país.

En la iniciativa, impulsada también por el senador Ricardo Monreal Ávila, Radamés Salazar explica que el Cambio Climático no solo es un problema ambiental, sino de desarrollo, y un factor importante que amenaza la seguridad humana y la seguridad nacional.

Por tanto, el proyecto de decreto que integra la iniciativa propone que la amenaza que representa el Cambio Climático se asiente en la fracción 13 al artículo 5to de dicha ley.

Los efectos del Cambio Climático, detalla la exposición de motivos de la iniciativa, socavan los medios de subsistencia, comprometen la cultura y la identidad, y desafía la capacidad de las entidades federativas para proporcionar las condiciones necesarias para la seguridad humana.

Explica que diversos asentamientos humanos de México están en riesgo, ya que en el afán por asegurarse una mayor calidad de vida, el ser humano invadió terrenos naturales que ahora representan un peligro y dificultan la implementación de políticas públicas de mitigación de riesgos.

El Cambio Climático pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y energética, así como el acceso al agua de millones de mexicanos. Las alteraciones en los patrones de los eventos climatológicos y las temperaturas extremas son cada vez más comunes y aumentarán si hay una mayor concentración de gases de efecto invernadero.

Finalmente, la iniciativa de los senadores de Morena, Radamés Salazar y Ricardo Monreal Ávila, detalla algunos de los efectos que México enfrenta por el Cambio Climático, como el aumento de la desertificación; incremento extremo de temperatura; cambio en la intensidad de las lluvias; adelanto de las épocas de calor; pérdida de bosques; desaparición de glaciares ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y aparición de enfermedades.

 

*A través de acuerdos o convenios con estados y municipios, el Gobierno Federal transferirá recursos para dichos proyectos.

 

El Pleno del Senado de la República aprobó que el Gobierno Federal, a través de acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos estatales y municipales, les transfieran recursos para realizar proyectos de vivienda destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

Las reformas a la Ley de Vivienda establecen el fomento de esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, pero de preferencia los que se encuentren en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, así como a los productores sociales.

 

Se indica que los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población bajo las citadas condiciones, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Vivienda, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes.

 

Por ello, el sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

Con el fin de fortalecer la capacidad de pago de esta población, se acordó que los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

 

Además, el Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado –se insiste- a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

Asimismo, las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en dichas circunstancias, el acceso a una vivienda digna, conforme a las disposiciones y reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

Lo anterior también tendrá como fin apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquellos de autoproducción, autoconstrucción, mejoramiento de vivienda y la entrega de paquetes de materiales a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

El dictamen no estaba inscrito en el orden del día, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, dio cuenta de la recepción del dictamen de las comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la citada legislación.

 

Fueron modificados los artículos 4, fracción X; 8, fracción V; 13, fracción 11; 17, apartado A, fracción II y apartado B, fracción 11; 19, fracción VII; 34, fracción 11; 39, primer párrafo; 42, fracción 1; 47, segundo párrafo; 51 ; 54, primer y tercer párrafos; 55, primer párrafo; 58; 61, primer párrafo; 62, fracción 1; 67; 82, fracción II, y 111, todos de la Ley de Vivienda.

 

Desde su escaño la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, advirtió que votaría en contra del procedimiento y la forma en que se pretendía reformar una institución que tiene que ver con el tema del territorio nacional y no es tan sencillo eliminar o cambiar sus atribuciones de manera tan imprevista.

 

El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 72 votos en favor, 48 en contra y dos abstenciones. Fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

  • Este tipo de ejercicios favorece el cumplimiento de la función de escrutinio conferida al Poder Legislativo.
  • Los cuestionamientos de las comparecencias deben guiarse por criterios como claridad, objetividad y pertinencia.

 

El desarrollo de comparecencias constituye una herramienta a disposición de los legisladores para la obtención de evidencia que les permita evaluar la toma de decisiones de los funcionarios públicos, así como determinar la idoneidad de las y los candidatos para ocupar los cargos cuyo nombramiento o ratificación dependen del Poder Legislativo, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

 

El estudio titulado “La utilidad de las comparecencias ante el Poder Legislativo para la rendición de cuentas”, elaborado por la investigadora Perla Carolina Gris Legorreta, explica que este tipo de ejercicios favorece el cumplimiento de la función de escrutinio conferida al Poder Legislativo pues le permiten cuestionar a funcionarios del Ejecutivo sobre las decisiones y acciones emprendidas respecto de un tema de política pública.

 

El documento del IBD sostiene que las comparecencias, además, están previstas en el marco jurídico mexicano como un mecanismo para evaluar la idoneidad de un candidato a un ocupar alguno de los cargos públicos que requieren la aprobación del Legislativo. Esto, apunta la investigadora, permite transparentar la decisión sobre su designación y debatir sobre la pertinencia de los perfiles.

 

De acuerdo con la investigación, los procedimientos establecidos para llevar a cabo estas comparecencias deben favorecer condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas presentes en el espacio legislativo, lo que significa establecer procesos homogéneos para la participación que permitan que todas las visiones estén representadas en la discusión.

 

Otro factor importante, según el estudio, es la calidad de los cuestionamientos que se realizan en las comparecencias. Estos deben guiarse por criterios como claridad, objetividad y pertinencia que promuevan que las respuestas que se obtengan constituyan evidencia relevante para que las y los legisladores adopten una postura informada sobre el tema de análisis

 

La investigación completa del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4444

 
bibliodigitalibd.senado.gob.mx
El desarrollo de comparecencias constituye una herramienta a disposición de los legisladores para la obtención de evidencia que les permita robustecer la toma de decisiones.
  • Con el cambio de administración, quienes lo conformaban regresaron a sus unidades de origen de las Fuerzas Armadas.

En votación nominal, con 108 votos, cero en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general y lo particular derogar diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para desaparecer al Estado Mayor Presidencial. 

Los elementos de este cuerpo deberán ser reincorporados a sus unidades de origen de las Fuerzas Armadas, conservando su antigüedad, rango y prestaciones. La documentación generada por lo anterior deberá ser concentrada en los archivos de cada dependencia, según corresponda. 

El senador Dante Delgado Rannauro, de MC, subió a tribuna para presentar la adición de un artículo cuarto transitorio al dictamen correspondiente, para permitir que la Secretaría de Seguridad Pública conforme un cuerpo de seguridad especializado en la protección del Presidente de la República y para mantener la seguridad de las instituciones. 

Insistió en que es necesario que las Fuerzas Armadas continúen brindando seguridad al Presidente de la República, sobre todo por la violencia en los últimos años. 

El senador José Félix Salgado Macedonio, de Morena y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, agradeció al Senado de la República por permitir que desaparezca el Estado Mayor Presidencial, y coincidió con el planteamiento del senador Dante Delgado. 

Desde su escaño, el senador Santana Armando Guadiana Tijerina, de Morena, expresó su apoyo a la adición presentada por el senador de MC, al justificar que los elementos del Estado Mayor Presidencial tienen experiencia y capacitación adquirida. 

En votación económica se aprobó incorporar al dictamen la propuesta. 

En el documento se establece que las dependencias del Poder Ejecutivo que guarden relación con la operatividad del Estado Mayor Presidencial contarán con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la publicación del decreto, para llevar a cabo las adecuaciones jurídicas y administrativas requeridas para darle cumplimiento. 

Atendiendo al cambio de administración, el personal que realizaba funciones en el cuerpo del Estado Mayor Presidencial, de manera operativa, ha regresado a las funciones inherentes a su cargo original. 

No obstante, este cuerpo del Ejército seguía en la legislación, por lo que fue adecuado el texto de la Ley con la realidad fáctica. 

El dictamen que deroga la fracción III del artículo 14; el artículo 15; la fracción I del artículo 103; los artículos 104 y 105, de dicha Ley, aprobado en lo general y en lo particular con la adición del citado artículo cuarto transitorio, fue turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional

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