LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (929)

          Por Nancy Rodríguez

  • Las exportaciones de México a Estados Unidos bajaron 30 por ciento. 

La Cámara de Senadores solicitó a la Secretaría de Economía realizar las negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232 impuesta por Estrados Unidos al acero y aluminio, antes de ratificar del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).  

Esto, debido a que en mayo de 2018, Estados Unidos impuso aranceles de 25 y 10 por ciento a las importaciones mexicanas al acero y aluminio, lo que ha impactado a la industria nacional, señala el dictamen de punto de acuerdo. 

También se solicitó a la misma dependencia un informe acerca de los rubros que México concedió durante la negociación de dicho acuerdo comercial, y que indique la manera en que se preservan los intereses de México. 

Dicho informe debe integrar las reservas establecidas en el acuerdo comercial y las razones para ello. Además, deberá precisar las medidas administrativas que se llevarán a cabo para que dicho tratado cumpla sus objetivos, las leyes y reglamentos nacionales que podrían ser afectados a partir de su ratificación. 

En las consideraciones del dictamen se resalta que, desde la imposición del gravamen las exportaciones mexicanas de acero a Estados Unidos bajaron 30 por ciento, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria y del Acero. 

Cabe mencionar que la industria siderúrgica mexicana aporta el 10.6 por ciento del Producto Interno Bruto manufacturero, el 6.2 por ciento del industrial y 1.9 por ciento del nacional. Además, genera más de 600 mil empleos directos e indirectos, señala el documento. 

Al respecto, la senadora Verónica Martínez aseguró que la exención de aranceles al acero y aluminio mexicanos, no representa ningún riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos como lo aseguró ese país. Además, dijo, la industria mexicana no recibe subsidios gubernamentales.

  • Morena busca incorporar la Acción Colectiva para evitar abusos y/o violaciones a la Ley.
  • Para erradicar la volatilidad, es necesario brindar mayor seguridad a los pequeños accionistas.

      

    Para proteger los derechos de los accionistas minoritarios y evitar algún prejuicio derivado de acciones ilegales de accionistas mayoritarios, el Grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentará una iniciativa de Ricardo Monreal para incorporar la Acción Colectiva al Mercado de Valores. 


    Con este instrumento se garantizará el acceso efectivo a la justicia de todos los participantes del Mercado de Valores; además de que permitirá que  los trabajadores puedan invertir sus ahorros de forma segura y evitar abusos.
     

    Así, los accionistas minoritarios que sufran algún daño a causa de una violación a la ley, cometida por accionistas mayoritarios de una emisora de valores podrán acceder a la justicia a través de la acción colectiva prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
     

    La extensión del uso de las acciones colectivas al ámbito del Mercado de Valores, repercutirá en un beneficio al aparato jurisdiccional mexicano, pues uno de los objetivos de estas acciones es la economía procesal, señala el documento a presentar en el Pleno de la Cámara Alta.
     

    Este instrumento legal, impulsado por el Grupo Parlamentario que encabeza Ricardo Monreal, se ha establecido en diversas legislaciones de países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia.


    La iniciativa también se basa en la premisa de que al ser exitoso un mercado de valores, redunda en la eficiente movilización del capital lo cual incide de manera positiva en el crecimiento económico de las empresas y a su vez, de la economía nacional, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.


    Para catalizar las condiciones económicas inherentes a las dinámicas del Mercado de Valores mexicano y erradicar la volatilidad de las intenciones inversionistas, es preciso fortalecer los escenarios que se traduzcan en mayores condiciones de seguridad para los pequeños accionistas, afirma la iniciativa.


    Cabe destacar que la acción colectiva es un instrumento jurídico, cuyo principal objeto es brindar protección a los derechos difusos ya sea individuales o colectivos, colocando a las partes en un plano de igualdad de posiciones ante procedimientos jurisdiccionales. 


    En la actualidad, nuestra legislación consagra el ejercicio de las acciones colectivas sólo para dos materias: relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente. 

    Lo senadores de Morena consideran que la acción individual tradicional no ha sido suficiente para garantizar los derechos de los inversionistas minoritarios en el Mercado de Valores, toda vez que estos se encuentran en una clara posición de desventaja tanto frente a las emisoras de valores, como a sus accionistas de control.

 

  • Comisión de Seguridad Pública realizará audiencias sobre el tema, el 20 y 21 de marzo.      

En reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República resolvió invitar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en fecha por definir, a una reunión de trabajo para tratar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

Posteriormente, el 20 y 21 de marzo se llevarán a cabo audiencias con expertos en anticorrupción, derechos humanos, estrategia judicial, estrategia policial, prevención del delito, cultura de la paz, centros penitenciarios y readaptación social.    

Cabe recordar que en 2014 fue adicionado un párrafo tercero al artículo 69 constitucional, para establecer que en el primer año de su mandato, el Presidente de la República debe presentar a laCámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, e informar anualmente sobre el estado de la misma.   

Dicha reforma entró en vigor el 1 de diciembre de 2018. A la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, se actualizó la participación del Senado en el ejercicio de la facultad antes mencionada. 

El acuerdo propuesto por la Mesa Directiva, establece que el Senado de la República ejercerá la atribución constitucional antes que concluya el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. 

Tras la reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública y las audiencias con expertos, la Comisión de Seguridad Pública elaborará un dictamen que proponga una resolución sobre la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

A dicha reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública asistieron los senadores Lucía Trasviña Waldenrath, Verónica Martínez García, Nestora Salgado García, Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera, Claudia Anaya Mota, Alejandro Peña Villa, Verónica Camino Farjat, Pedro Haces Barba, Primo Dothé Mata y Arturo Bours Griffith.

  1. México ocupa los primeros lugares con mayor número de hectáreas de tierra deforestada.

Debido a que México se encuentra entre los primeros cinco lugares a nivel mundial con mayor deforestación, con el 90 y 95 por ciento de tierra, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena presentarán un punto de acuerdo para que las autoridades competentes informen sobre el eventual parcelamiento de bosques y selvas.

En el documento, los legisladores detallan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, en 2015, se registraba una pérdida neta de 92 mil hectáreas anuales de bosques, principalmente por el cambio de uso de suelo.

Ante esta situación, los senadores de Morena consideran necesario adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, siendo  los bosques y selvas, explican, los principales  amenazados con el cambio de uso de suelo para la agricultura y ganadería, explotación forestal y tala indiscriminada.

En el punto de acuerdo, se  solicita al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los dictámenes que ha emitido, desde diciembre de 2012 a la fecha, relativos al eventual parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas del país.

 También se pide a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano enviar al Senado de la República el listado de ejidos y comunidades de los estados que han delimitado y asignado tierras como parcelas, no obstante haber sido emitido dictamen u opinión de la SEMARNAT por la posible existencia de bosques o selvas y la situación actual.

Asimismo,  hacen un llamado al procurador agrario,  para que les facilite el listado de asuntos en que ha demandado la nulidad de Asambleas de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras ejidales o comunales, por la posible existencia de bosques o selvas y su estado actual, en las 32 entidades federativas.

Los senadores, también exhortaron al titular del Tribunal Superior Agrario y a los Tribunales Unitarios Agrarios, información y versión pública de las sentencias definitivas en las que la litis verse sobre la nulidad de parcelamiento de bosques o selvas asignadas mediante Asambleas de Delimitación, Destino y asignación de tierras ejidales o comunales.

           Por Nancy Rodríguez

  • La iniciativa del PAN presentada en octubre pasado busca combatir la corrupción, inhabilitando a funcionarios deshonestos para que no vuelvan a participar como servidores públicos

Como lo prometió en campaña, el PAN impulsó una propuesta para aplicar la “muerte civil” a funcionarios corruptos, quienes serían inhabilitados de forma permanente para ocupar cargos públicos, la cual fue aprobada ayer en comisiones del Senado.

Las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera, que preside la senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobaron por unanimidad una propuesta de los senadores panistas, y de otros partidos, para establecer la inhabilitación permanente a funcionarios públicos que hayan cometido actos graves de corrupción, conocida como “muerte civil”.

El dictamen aprobado señala que los servidores públicos o particulares serán inhabilitados de forma permanente para desempeñar cargos públicos o participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, como se establece en la propuesta presentada por los legisladores del Acción Nacional en octubre pasado.

Durante la discusión en comisiones, los senadores del PAN propusieron también mantener la inhabilitación temporal, como se estableció en la propuesta original, cuando dichos actos no causen daños, perjuicios o lucro, y se indica que la pena sería de tres meses y hasta un año, y de uno hasta 10 años si el monto de la afectación no excede las 200 veces el valor de la UMA, lo que fue avalada por los senadores presentes.

Las senadoras y los senadores del PAN votarán a favor del dictamen que será enviado al Pleno para su discusión y expresan su compromiso de seguir impulsando propuestas concretas que realmente combatan la corrupción y castiguen a quienes la cometan o toleren.

 

          Por Nancy Rodríguez

  1. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de proteger sus derechos: Añorve Baños
      

El senador Manuel Añorve Baños presentó una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Juventud. Se adicionan las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 4, y se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en relación con el catálogo de intervenciones gubernamentales. 

Al respecto, señaló que como representantes populares, tienen la responsabilidad de dotar a los jóvenes de un marco jurídico que reconozca y garantice la protección de sus derechos. Apoyarlos es la mejor inversión que podemos realizar, dijo. 

El legislador priista informó que en México las y los jóvenes representan un grupo poblacional dinámico, con un crecimiento significativo. Actualmente, abundó, existen más de 38 millones de jóvenes, que representan el 32 por ciento de la población total.

“Es tiempo de saldar la deuda que tenemos con los jóvenes. Resulta fundamental que el Estado mexicano ratifique la convención Iberoamericana de los derechos de los jóvenes, como instrumento internacional y documento marco para el ejercicio y el disfrute pleno de sus derechos”, indicó. 

Añorve Baños mencionó que es urgente la discusión y aprobación de esta ley, para reconocer y garantizar el desarrollo pleno de la población joven, así como la ampliación de las facultades del Instituto Nacional de la Juventud en materia de coordinación interinstitucional. 

Con las modificaciones a la ley citada, se podrán, entre otras acciones, emitir opiniones; formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de la Juventud; sugerir la realización de estudios e investigaciones en materia de juventud.

De igual forma solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informes sobre los recursos ejercidos en programas presupuestarios y proyectos sujetos a reglas de operación, campañas, estrategias, iniciativas y convocatorias. 

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

  • En segunda votación, obtuvo 95 sufragios favorables; durará en el cargo 15 años. 

El Senado de la República nombró a Yasmín Esquivel Mossa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. Después de la votación el presidente del Senado, Martí Batres, le tomó la protesta de ley a la nueva servidora pública. 

Tras una primera ronda en la que no se alcanzó la mayoría calificada, se hizo un receso de más de una hora. En una segunda votación, de 121 votos depositados en la urna, 95 fueron en favor de Yasmín Esquivel Mossa, seis para Loretta Ortiz Ahlf, cero para Celia Maya, un voto nulo y 19 en contra de la terna. 

Yasmín Esquivel Mossa 

Antes de la votación, comparecieron las integrantes de la terna ante la Asamblea. La primera  en exponer sus méritos y proyecto como posible ministra fue Yasmín Esquivel Mossa, quien se  comprometió a defender la autonomía e independencia judicial. “Independencia sin simpatías ideológicas, respondiendo a los mandatos de la Constitución”, resaltó. 

A decir de la candidata, la Corte debe ser un dique que contenga cualquier exceso de cualquiera de los poderes del Estado. Ésta no debe dar “ni un paso atrás en los derechos ganados y reconocidos” en la Carta Magna. Su defensa requiere de imparcialidad, independencia y ética judicial, señaló. 

Como ministra, aseguró, contribuirá a la plena vigencia de derechos que establece la Constitución. Buscaré, dijo, privilegiar la íntegra interpretación de la Carta Magna, los tratados internacionales y la legislación secundaria. 

Celia Maya García 

Dijo que no negaba su simpatía hacia la legitimidad del proyecto del nuevo gobierno porque coincide con los intereses de la Nación. Señaló que la Constitución y las leyes no ordenan a los juzgadores la neutralidad ideológica, sino la imparcialidad en el cargo. “Eso lo he cumplido durante mi desempeño, por más de 40 años en el servicio público”.

Subrayó que no puede haber poderes público o privados por encima de la Constitución; y no puede ser el dinero, la influencia, la amistad o el poder los que determinen quien gana o pierde en un juicio. Abundó en que las mexicanas reclaman a las instituciones de justicia, el respeto de los derechos derivados de su condición de mujeres. 

Loretta Ortiz Ahlf

La tercera integrante de la terna enviada por el Ejecutivo Federal resaltó su compromiso para impulsar y fomentar una justicia cercana a la sociedad civil organizada, contribuir al fortalecimiento y recuperación de la confianza en las instituciones judiciales.

Consideró, además, que se requieren juristas especializados en materia internacional, ya que en el máximo tribunal no cuenta con estos perfiles. La falta de este nivel de especialización representa un atraso en la impartición de justicia, dijo. 

  • El impulso a la política social, otro símbolo de distinción, asevera.


El presidente del Senado de la República, Martí Batres, dijo que a cien días del nuevo gobierno el balance es positivo, pues a la par de la lucha contra los privilegios y el rescate patrimonial del Estado, se impulsa una política social amplia que atiende de manera especial a los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

 

Consideró que los consensos alcanzados en la aprobación de la Guardia Nacional deben repetirse en temas como la eliminación del fuero, las modificaciones en materia de consulta popular, la revocación de mandato o la reforma educativa.

 

El legislador agregó que las reformas para eliminar el fuero a servidores públicos es un asunto fundamental. Recordó que hay una minuta de la Cámara de Diputados, diversas iniciativas e interés del Gobierno de la República para retomar esta discusión en el Congreso.

 

Batres Guadarrama fue interrogado por reporteros momentos antes de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentara su informe con motivo de los primeros cien días de gobierno.

 

Agregó que entre otros pendientes en los que “sería deseable” el acuerdo de todas las fuerzas políticas está una reforma laboral “progresiva” y la paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos del Estado.

 

El presidente de la Mesa Directiva expresó que en todo proceso de cambio existen resistencias y en este sentido “hay todavía inercias en la defensa de ciertos privilegios” que se tienen que vencer para avanzar en el proyecto de transformación.

 

Consideró que una vez que entren en vigor la Guardia Nacional, el nuevo catálogo delitos graves, la figura de la extinción de dominio y la nueva estrategia de seguridad pública, “deben darse resultados lo antes posible” en materia de seguridad pública.

            Por Nancy Rodríguez

*Desde que inició la presente Administración, el Poder Legislativo experimenta una etapa dinámica, de intensa actividad y de avances.

 

Al cumplirse cien días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, calificó de positivo el balance de la actuación del Ejecutivo con la Cámara Alta porque ha respetado su autonomía y se ha mantenido una auténtica coordinación entre Poderes.

 

Monreal Ávila destacó que desde que inició la nueva Administración,el Poder Legislativo experimenta una etapa dinámica, de intensa actividad y de avances en temas como austeridad republicana, medidas anticorrupción, equidad de género, justicia social, rescate del campo y la aprobación de la Guardia Nacional por unanimidad.

 

Otros, dijo, como la revocación de mandato, la eliminación del fuero, las consultas ciudadanas

vinculantes, la reforma educativa y la Constitución Moral, esperan las reformas constitucionales y legales correspondientes, aunque ya se encuentran en análisis en el Congreso.

 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena resaltó el alto nivel de aceptación del Ejecutivo- donde ocho de cada 10 mexicanos aprueban su gestión- principalmente porqueen 86 de los 100 puntos del Plan de Gobierno que presentó en el Zócalo, en diciembre pasado, hay acciones iniciadas, en proceso avanzado de cumplimiento o ya fueron cumplidas.

 

A manera de ejemplo, se refirió a la austeridad republicana, la transparencia, la eliminación de los símbolos del viejo régimen, la desmitificación del neoliberalismo económico, la separación del poder político del económico y la extinción de dominio, delitos de huachicoleo, corrupción, extorsión y fraudes electorales, entre los principales.

 

En entrevista, Monreal señaló que hay que reconocer que “se sacudió, se desmontaron todos los símbolos del viejo régimen y del autoritarismo, y ahora el Presidente de la República se observa como un ciudadano, como un mexicano preocupado por lo que pasa en el país, desnudado de todo este tipo de parafernalia que yo reconozco y aprendo”, indicó.

 

Mencionó que de los programas sociales puestos en marcha estos primeros 100 días, los más apreciados son la pensión para personas adultas mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para estudiantes, personas con discapacidad, créditos a la palabra para campesinos e indígenas, y apoyos para la reforestación de árboles maderables y frutales, entre otros.

 

 

    Por Nancy Rodríguez  10-03-2019

Con el propósito de contribuir en la reducción de costos en los servicios en telecomunicaciones para garantizar el acceso a los usuarios de escasos recursos y reducir la brecha digital, la senadora panista Minerva Hernández Ramos planteó eliminar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que actualmente es de 3 por ciento.

A través de una iniciativa que busca derogar diversos artículos de la Ley del IEPS, la legisladora tlaxcalteca destacó que se busca promover la inclusión digital y la productividad.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares, que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2018, el 86 por ciento de cada 100 usuarios de internet se ubican en áreas urbanas y el restante 14 por ciento en rurales, señaló la legisladora panista.

Los estados que registraron el menor número de usuarios de internet en áreas urbanas son Chiapas, con 50.6 por ciento; Oaxaca, 60.5 por ciento; Tlaxcala, 60.7 por ciento, y Michoacán, 61.6 por ciento. Mientras que, las entidades que en zonas rurales cuentan con menos usuarios son Chiapas, 24.1 por ciento; Guerrero, 26.9 por ciento, Veracruz, 33 por ciento, y Zacatecas, 34.55 por ciento, dijo.

Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expresó que los estudios realizados por la OCDE, en materia de telecomunicaciones en México, tanto en 2012 como en 2017, señalan de manera reiterada que el IEPS a los servicios de telecomunicaciones corre el riesgo de obstaculizar los niveles de adopción, innovación e inversión en el sector. Se inhibe el crecimiento y penetración de este tipo de servicios.

En el contexto internacional, advirtió la panista: "México refleja un pobre desempeño y una situación de estancamiento debido a que no se ha podido vincular su gran tamaño económico con la apropiación y uso de las tecnologías de la información por parte de nuestra población".

La legisladora calificó como "un total contrasentido" que mientras el artículo 6 de la Constitución establece los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de banda ancha y de internet, paralelamente, la Ley del IEPS grava la prestación de los mismos.

"Tan es evidente este contrasentido que, de 2014 a 2018, la recaudación anual del IEPS por este concepto ha sido negativa, pues dejaron de ingresar a las arcas los más de 13 mil 760 millones de pesos que estaban previstos durante este periodo en las respectivas leyes de Ingresos", concluyó.

La iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados.

  • Con ese instrumento  se busca contribuir a revertir la crisis de inseguridad que vive el país.
  • Se plantea la reparación del daño a las víctimas de los delitos a los que aplica.

Morena presentará en el Senado de la República, la iniciativa de Ricardo Monreal para expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que tiene el propósito de brindar una legislación actualizada, y más efectiva, para eliminar obstáculos procedimentales y desapoderar a organizaciones o individuos de recursos patrimoniales que utilizan para delinquir.

Con dicho instrumento se regulará la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, el establecimiento de los procedimientos correspondientes, los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al procedimiento y para que lleven a cabo su disposición y uso, atendiendo al interés público.

La Ley impulsada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política busca no sólo revertir la crisis de inseguridad que aqueja al país, también se plantea la reparación del daño a las víctimas de los delitos a los que aplica esta figura.

La presentación de dicha iniciativa con proyecto de decreto se da luego de que el Congreso de  la Unión emitiera, como resultado del consenso, la declaratoria de reforma constitucional relativa al Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.

El artículo segundo transitorio del Decreto establece el plazo de 180 días posteriores al inicio de vigencia del mismo para que el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio.

A través de la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, además de reglamentar la disposición constitucional antes señalada, se homologa el actuar de las autoridades competentes, y se definen las reglas para la protección de las personas que pudieran ver afectado su patrimonio, a través del ejercicio de su derecho de audiencia.

Con base en el replanteamiento constitucional en materia de extinción de dominio, la iniciativa establece disposiciones de observancia general y de orden público en toda la República Mexicana y para todos los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, la cual quedará definida según se trate de la jurisdicción que deba conocer de las investigaciones de las conductas delictivas detalladas por el artículo 22 de la Constitución Política Mexicana.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio consta de 78 artículos, divididos en cinco títulos -con sus respectivos capítulos- y un apartado de artículos transitorios.

  • Tras su entrada en vigor, el Congreso tendrá 60 días naturales para expedir la ley de la nueva corporación.

Ante el inminente respaldo de los 32 congresos estatales a la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, el senador Martí Batres Guadarrama destacó que este será uno de los proyectos con mayor respaldo en la historia reciente de México.

El presidente del Senado de la República dio a conocer que hasta el momento son 28 las legislaturas locales que han aprobado a la nueva corporación.

La posibilidad de que se avale en todas entidades federativas, subrayó, le “daría un apoyo inusitado” a la propuesta de esta administración para fortalecer la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad pública.

Explicó que una vez que la Cámara de Diputados y el Senado emitan la declaratoria de aprobación, que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor, el Congreso de la Unión tendrá 60 días naturales para expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes.

Asimismo, dijo, deberá aprobar las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones en 90 días naturales.

En los artículos transitorios se prevé que la Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios.

Martí Batres agregó que en este ordenamiento también se deberán incluir, entre otros aspectos, la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial.

Las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por su parte, deberán contemplar la normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública, así como la regulación del sistema nacional de información en esta materia.

El legislador recordó que en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el Congreso establecerá las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública.

Reiteró que la Guardia Nacional, las reformas a la Constitución sobre extinción de dominio y delitos graves, le darán “mayor soporte a la lucha contra la delincuencia en el país”.

El presidente del Senado también refirió que a la entrada en vigor, la Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.

En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan.

Batres Guadarrama informó que hasta el momento el proyecto ha sido aprobado por las legislaturas de Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro y Estado de México.

Además, de Durango, Tlaxcala, Baja California Sur, Quintana Roo, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Morelos, Nayarit, Sonora, Chihuahua y Baja California.

     Por Nancy Rodríguez  

 *Propone Cecilia Margarita Sánchez modificar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.     

Para fortalecer el combate a la corrupción y el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, participará como invitada permanente en las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que coadyuve de manera más directa en las investigaciones contra esos delitos, propuso el senador Ricardo Monreal. 

Para esto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena presentó una inciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo cuarto, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

En la propuesta presentada al Pleno, por la senadora Cecilia Margarita Sánchez García argumentó que las investigaciones de organismos internacionales han demostrado que los países con bajo nivel de control sobre la corrupción tienden a tener niveles más bajos de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 

Señaló que la mayoría de las convenciones e instrumentos globales contra la corrupción, cuentan con capítulos o artículos que subrayan la estrecha relación entre la corrupción y el lavado de dinero como una respuesta a la preocupación respecto de las relaciones que guarda la corrupción con otras formas de delincuencia, especialmente la delincuencia organizada que en el terreno económico realiza el blanqueo de dinero. 

Comentó que la actuación de la UIF, además de que se participación está reglamentada en la legislación nacional, su actuación también está regulada desde el ámbito interncional. 

Señaló que en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, establece las medidas para que las autoridades judiciales encargadas de combatir el blanqueo de dinero, sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno. 

Bajo esas condiciones, dijo, se considera la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 

En este contexto, expuso que a pesar de que México reconoce a la corrupción como un riesgo mayor, las medidas para mitigar ese riesgo no han sido suficientes y, por lo tanto, el Estado mexicano no ha sido efectivo al momento de hacer frente al binomio corrupción-lavado de dinero, porque afecta a las autoridades de orden público, en particular a los estados, pues socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente esos delitos graves. 

Aunque recordó que en lo que hace a la operación, regulación y supervisión del sector financiero en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la Secretaría de Hacienda funge como garante del sistema financiero y cuenta con un área técnica y especializada en analizar y diseminar la información financiera obtenida, denominada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

“Con base en lo anterior y con el objeto de coadyuvar con el Comité Coordinador en el desahogo de las sesiones relativas a la materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, se incluirá a la Unidad de Inteligencia Financiera como invitada permanente a las reuniones del citado Comité”, se argumenta en la iniciativa. 

La adición a la legislación mencionada establece lo siguiente: “La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de invitado permanente a las reuniones del Comité Coordinador”. 

La propuesta se encuentra en estudio para dictamen en las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

· Los patrones estarán obligados a pagar las aportaciones, siempre y cuando se compruebe una dependencia económica. 

Desde su creación y hasta hoy, la Ley Federal del Trabajo ha quedado a deber derechos a las personas trabajadoras del hogar. Nuestra sociedad ha invisibilizado a quienes realizan las labores domésticas. En la actualidad tenemos una legislación anacrónica que dista mucho de resolver las reivindicaciones laborales y continúa como una asignatura pendiente para este colectivo.

Así lo señaló la senadora del PT, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 146 de la Ley Federal de Trabajo.

Aseveró que el trabajo del hogar es una actividad que genera valor económico y bienestar. Sin embargo, abundó, las personas que realizan esta noble labor han sido privadas históricamente de esos derechos.

Con esta modificación, continuó, los patrones estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de la referida ley por lo que toca trabajadoras y trabajadores del hogar, siempre y cuando se compruebe una dependencia económica.

Informó que datos de la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, indican que en México hay 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar que reciben una remuneración. El 96 por ciento de este universo, dijo, no cuenta con un contrato escrito; 92 por ciento son mujeres, siete de cada diez no tienen prestaciones, ni acceso a la salud y a la vivienda.

La legisladora mencionó que el trabajo del hogar es una de las ocupaciones más desprotegidas y mal remuneradas, con extensas jornadas de trabajo; sin cobertura de seguridad social y con mayor incumplimiento de normas laborales.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó el pasado cinco de diciembre de 2018, que es discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del IMSS, y ordenó al instituto implementar un programa piloto de seguridad social en el primer semestre de este año.

Por lo anterior concluyó, en un plazo no mayor a tres años, la seguridad social de esta población debe ser efectiva, robusta, eficiente para todas y todos.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

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