LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (788)

La senadora Alejandra León Gastélum presentó una iniciativa para castigar con cuatro a ocho años de prisión y una multa de cuatrocientos a mil días, a quien difunda, comparta o haga del conocimiento de terceros en Internet, imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de las personas que aparecen en las mismas.

La propuesta que reforma el Código Penal Federal, establece que el juez ordenará a quien resulte responsable, abstenerse de hacer uso del Internet por igual lapso que dure la pena de prisión impuesta. El incumplimiento será sancionado con el pago de un importe igual al monto de la multa al responsable. 

También se obliga, de forma oficiosa al responsable, al pago de la reparación de daños: pago total de gastos por tratamientos psicológicos o psiquiátricos actuales o futuros; indemnización por daños materiales o morales causados a la víctima. 

Las penas aumentarán en un tercio si la víctima no aparece en las imágenes pero se le atribuyen por su nombre, apodo, rasgos físicos o cualquier referencia que de manera razonable induzca a considerar que se trata de ella. 

Se podrá ordenar que el sitio de Internet donde se hayan difundido las imágenes con contenido de desnudez o sexual explícitos, lo retire y no lo tenga disponible para consulta pública. 

Asimismo, podrá ordenar a las plataformas de búsqueda no mostrar los hipervínculos a las páginas que permitan acceder a dichos contenidos. 

León Gastélum expresó que la exposición no autorizada de la vida sexual de las personas produce consecuencias graves en las víctimas y en algunos casos resulta devastadora, por ser vulneradas de manera súbita en su intimidad. 

La privacidad, expusó, es un aspecto fundamental de la personalidad humana, que tiene protección en la Carta Magna. Por ello, es necesario castigar este tipo de conductas, ya que las víctimas sufren humillación pública que les dificulta continuar con sus vidas sin discriminación. 

La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Justicia, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.

 

  Por Nancy Rodríguez

En conferencia de prensa, el senador Salomón Jara vocero de MORENA en el Senado de la República, confirmó lo dicho por el presidente el pasado lunes, cuando López Obrador, reveló que en “un buen restaurante”, “una buena comida” y "un buen vino” los partidos se repartían las designaciones de ministros y magistrados.

Para  nadie es oculto cómo se decidían los magistrados, los ministros, explicó, eran cuotas de los partidos políticos y, ¿qué hacían los partidos políticos, los mayoritarios, el PAN y el PRI?

Se llevaban tres, tres y el más pequeño, que era el PRD, uno.

“Y así se tomaban las decisiones y, efectivamente, eran decisiones en una cafetería, en algún lugar, y solamente llegaban ya con la línea y así se decidían los magistrados o los ministros”, reveló el Senador por Oaxaca.

“Hoy, debe cambiar esa visión, ya no debe continuar de esa manera. Ahora sí tienen que hacerse los cambios que requerimos, porque, indudablemente que los magistrados, obedecen a líneas; y eso no ayuda en nada a nuestro país”, subrayó el Senador Salomón Jara.

"Tiene que haber magistrados, ministros que no tuerzan la ley, que actúen en consecuencia, conforme al Estado de Derecho", puntualizó.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado hace un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se alejen de la confrontación y generen las condiciones propicias de conciliación, a fin de que el país avance en el plan de austeridad republicana.

En entrevista, el senador Ricardo Monreal pidió a los ministros caminar hacia la cordura, recobrar la ecuanimidad y alejarse de la confrontación porque no conviene al país.

Morena le dice a los ministros de la Corte que tomen calma, que generemos condiciones de conciliación, que una confrontación no los va a conducir a nada, porque el país y el pueblo ya cambiaron y no pueden seguir igual como antes del primero de julio, recalcó. 

Destacó que el recurso que interpuso la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado “está muy bien planteado”, por lo que, advirtió, los ministros de la Corte pueden incurrir en delitos como la coalición de servidores públicos por no acatar la legalidad y decretar la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Aseguró que la suspensión no se debió otorgar, pues no sólo no está permitida, sino que se prohíbe expresamente en la ley. Por esa razón, agregó, nosotros estamos acudiendo al pleno para que rectifiquen ese trámite de otorgar la suspensión.

Monreal Ávila recordó que hay precedentes de que en las últimas acciones de inconstitucionalidad que presentaron ciudadanos o Poderes de la Unión, siempre se negó la suspensión; “nunca se ha otorgado, hasta en esta ocasión”.

El coordinador de los senadores de Morena mencionó que los ministros no deben irse de vacaciones. Tiene que resolver el recurso que se interpuso es su obligación constitucional, “lo siento por los que iban a salir fuera del país”, subrayó.

Aclaró que en la mayoría del grupo parlamentario no está planteada ninguna liquidación de los ministros. Lo que queremos, precisó, es una reconciliación, de ahí que deban automoderarse porque ya está demostrado lo que ganan: 6 millones 935 mil cada ministro.

Vale la pena automoderarse como lo hicimos en el Poder Legislativo, ganamos menos que el Presidente de la República y fue una automoderación y autolimitación, insistió. 

    Por Nancy Rodríguez

*La Comisión de Turismo pide similares recursos a los autorizados este 2018. 

La Comisión de Turismo, que preside del senador Antonio García Conejo, impulsa un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados que se asigne un presupuesto para el sector turístico de al menos 3.9 mil millones de pesos. 

El exhorto está dirigido a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Turismo de la colegisladora. Los senadores precisaron que, considerando la inflación, los recursos destinados a esta actividad para el siguiente año deben ser, por lo menos, iguales a los aprobados en 2018. 

García Conejo explicó que el punto de acuerdo se presentará de urgente resolución. Refirió que desde 2016, los recursos para este sector tan relevante han ido disminuyendo, en contraste con los incrementos ocurridos entre 2012 y 2015. 

En 2012, dijo, se asignaron más de cinco mil millones de pesos para el sector, Para 2015 ascendieron a seis mil 844 millones de pesos en 2015. Sin embargo, en 2016 descendió el presupuesto a cinco mil 211 millones; en 2017 a tres mil 947 millones y en 2018 sólo se aprobaron tres mil 916 millones de pesos.

Informó que la Comisión que preside gestiona una reunión con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, a fin de abordar diversos temas sobre este rubro. 

La senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que no existe ningún riesgo de que esta actividad “tenga menos apoyos”. Al contrario, agregó, el Presidente de México se comprometió a incrementarlos. 

El senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, asentó que para mantener el presupuesto del sector es necesario considerar el aumento de la inflación. 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el senador Manuel Añorve Baños, expresó: “creo que es el momento de pedir que venga el secretario” de Turismo, Miguel Torruco, a comparecer ante la Comisión, a fin de que detalle la proyección del presupuesto para este sector.

  • El ministro Alberto Pérez se excedió en sus facultades.
  • La Corte debe resolver antes de su periodo vacacional para no afectar el Proyecto de Presupuesto.

Los presidentes de la Mesa Directiva del Senado de la República; Martí Batres y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal emplazaron a la Suprema Corte a resolver antes del 15 de diciembre si es anticonstitucional, o no, la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dado que, en esa fecha, se espera en el Congreso  la propuesta del paquete económico del próximo año. 

En el documento se estipula  un recurso de reclamación en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, quien concedió la suspensión de dicha norma legal. Los legisladores presentaron el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que el servidor público  se excedió en sus facultades. 

Los legisladores explicaron que la suspensión no procede dado que en las acciones de inconstitucionalidad, según el artículo 52 de la ley reglamentaria, el ministro contraviene en su determinación lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 64 de la ley, el cual contiene la prohibición expresa de otorgar la suspensión de una norma general. 

El presidente del Senado destacó la urgencia de su petición ante la proximidad del periodo vacacional del personal del Poder Judicial  para que antes de esto, en el ejercicio fiscal  del 2019, se puedan tomar en cuenta los ajustes necesarios en la Ley de Remuneraciones. 

Respecto a los amparos que se han dado en contra de la medida, el legislador aseguró que hasta el momento, la Cámara de Senadores ha dado respuesta a más de 200 procedimientos que han presentado, principalmente, personal del Poder Judicial, en especial magistrados a los que se les ha dado el trámite correspondiente.

Por ello estamos esperando a que el Poder Judicial atienda la petición antes de que se vayan de vacaciones, insistió. 

Dejó en claro que esto no representa una confrontación entre el Poder Legislativo y el Judicial, simplemente, dijo,  consideramos que el ministro instructor se excedió en sus facultades.

 

 

El senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva, tomó la protesta de ley a Martha María Rodríguez Domínguez como senadora de la República, suplente de la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del PAN, quien solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas el pasado 6 de diciembre.

          Por Nancy Rodríguez

  • Aprueba que estos alumnos aprendan de acuerdo con sus propias condiciones, estilos y ritmos.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó un dictamen para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva, de acuerdo con sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, y bajo los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

El proyecto -que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Educación- fue avalado con 109 votos a favor y remitido a la Cámara de Diputados.

Se trata, explicó la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de Morena, de eliminar la exclusión en el sistema educativo e impulsar una mayor participación de este sector de la sociedad en el proceso de aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias.

Por el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros consideró la importancia de incorporar la figura de asistente educativo para facilitar el trabajo de los maestros que atiendan a las personas con discapacidad.

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, agregó que la reforma asegura que estos alumnos cuenten con personal docente capacitado. Además, dijo, facilitará ajustes a las instalaciones de los centros escolares y/o a materiales didácticos para satisfacer sus necesidades.

Claudia Edith Anaya Mota, senadora del mismo Grupo Parlamentario, destacó que el dictamen atiende la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la educación especial no se considere un “modelo paralelo” que segrega a los alumnos con una discapacidad.

La senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, expresó: “tenemos que dejar de ver a las personas con discapacidad como individuos sin derechos y dejar de tratarlos como si fueran invisibles para las instituciones”.

El dictamen define a la educación inclusiva como el derecho de todo alumno a recibir educación, “respetando su bienestar, valorando su dignidad y autonomía inherentes, reconociendo sus necesidades y su capacidad efectiva de incluirse en la sociedad y contribuir a ella”.

Lo anterior, independientemente del tipo de discapacidad que enfrenten, aptitudes sobresalientes, talentos específicos o necesidades especiales.

También precisa que la educación especial es un esquema auxiliar de la educación inclusiva, que tienen como finalidad la incorporación de los alumnos con discapacidad y aquellos con aptitudes sobresalientes o talentos específicos a la educación regular, con carácter opcional, voluntario, excepcional y temporal.

La reforma impulsa el diseño e implementación de un programa de educación bilingüe entre el español y la lengua de señas mexicanas, reconociéndola como lengua materna para las personas sordas.

Con el voto en contra del PAN, PRI, PRD y MC, el Senado de la República aprobó cambios a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que obligaba como requisito ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Tras un largo debate, la ley fue avalada con 66 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones.

Senadores de oposición señalaron que estos cambios son “un traje a la medida” para que Paco Ignacio Taibo II ocupe la dirección general del Fondo de Cultura Economica.

En contrapartida, al presentar el dictamen, la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena aseguró que la modificación elimina la discriminación de género y el lenguaje machista al incluir lenguaje que refiere a las mujeres.

Otros cambios aprobados precisan que la dirección general de entidades paraestatales, descentralizadas, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos podrán ser dirigidos por mujeres y hombres. Además en el texto se sustituyó el término Distrito Federal por Ciudad de México.  

La senadora por Morena dijo que la nacionalidad no debe ser razón para permitir la idoneidad de ser elegible a un cargo de alta responsabilidad, sino las capacidades deben ser las únicas medidas para la decisión de que sean elegibles las personas a ejercer cargos de alta responsabilidad en el gobierno, señaló.

De la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, consideró que existe una contradicción en la Constitución Política respecto a los derechos entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización.

Explicó que el derecho a la libertad del trabajo es susceptible de restringirse en caso de que exista un fin válido, sin embargo, aseguró que el impedimento que tienen los mexicanos por naturalización de dirigir una entidad paraestatal es discriminatorio.

Posicionamiento de Grupos Parlamentarios

Citlalli Hernández, de Morena, expuso que como está redactada la ley, representa un elemento arcaico y discriminatorio en contra de los ciudadanos naturalizados, y por ello debe ser modificada.  

Xóchitl Gálvez, del PAN, refirió que Paco Ignacio Taibo II es un gran escritor y promotor de la cultura notable, así como apasionado conversador y alburero irreverente. “Y quizá por ello cometió un error”, porque su expresión revela machismo, violencia sexual y una absoluta falta de respeto a las instituciones.

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, apuntó que los legisladores no están en contra de los mexicanos por naturalización. Al contrario, se reconoce su aportación económica y social, pero el Senado está obligado a salvaguardar las instituciones y la dignidad parlamentaria. La postura en contra del PRI es porque Taibo II mostró una actitud autoritaria al asumir funciones en el Fondo de Cultura Económica, sin que el Senado haya dictaminado la reforma en cuestión.

Al manifestar la postura en contra de Movimiento Ciudadano, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda estableció que esto no es un avance de la democracia. Es una reforma para dar un cargo de alta responsabilidad a una persona usa tiene expresiones misóginas, autoritarias frente a quienes piensan diferente, con lo que crispa el clima social.

Al anunciar el voto en contra del Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Leonor Noyola Cervantes dijo que la modificación está dirigida, tiene nombre y apellido. Como legisladores no debemos avalar normas con destinatario, pues atenta contra el principio fundamental de que éstas deben ser de carácter general.

Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del Grupo Parlamentario del PES, señaló que el servicio público debe estar abierto a todos los y las mexicanas profesionales, dispuestos a servir al otro, que cumplan con los requisitos de profesionalismo, vocación y compromiso. Es la oportunidad de adoptar medidas que deriven en políticas equitativas e incluyentes, finalizó.

  • Enlista Martí Batres avances de la LXIV Legislatura en sus primeros cien días.

 

El senador Martí Batres, presidente del Senado de la República, aseguró que la LXIV Legislatura ha realizado una labor esencialmente productiva y destacó que en términos cualitativos hay un cambio fundamental.

 

Al informar sobre el trabajo Legislativo en estos primeros 100 días, el presidente de la Mesa Directiva dijo que después de 36 años, es la primera vez, que no se aprueban reformas privatizadoras, neoliberales o de ajuste social que generan más desigualdades.

 

En conferencia de prensa, subrayó que en este lapso se han avalado numerosas reformas, “pero, es la primera Legislatura que aprueba disminuir los privilegios de los de arriba y ninguna de esas reformas significa un golpe a los trabajadores o al pueblo en general”.

 

Esta Legislatura, destacó, ha tenido una cifra record en la presentación de iniciativas y también en las horas laboradas, ya que se avalaron 100 puntos de acuerdo, 45 decretos relativos a reformas constitucionales, nuevas leyes, modificaciones a ordenamientos ya existentes, instrumentos internacionales y 488 nombramientos de magistrados electorales, agrarios, secretarios de Estado, grados militares y navales.

 

Precisó que se emitieron 72 acuerdos de la Junta de Coordinación Política y 24 de la Mesa Directiva.

 

Asimismo, acentuó la aprobación de la Ley Orgánica del Fiscalía General de la República; La Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; La reforma constitucional en materia de extinción de dominio; las modificaciones al artículo 19 de la Carta Magna en materia de delitos graves; del Convenio 98 de la OIT en materia de libre sindicalización y negociación colectiva de las condiciones de trabajo.

 

Subrayó que también son de gran importancia la aprobación de las reformas a las leyes del IMSS e ISSSTE en relación con los derechos de seguridad social de las parejas del mismo sexo y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para establecer la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Seguridad Pública.

 

Indicó que, independientemente de la discusión que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, “es un ordenamiento relevante, en virtud de que establece un mecanismo para hacer realidad que nadie pueda ganar más que el Presidente de la República en el ámbito público”.

 

Es una decisión muy fuerte que ha sacudido positivamente el mundo del servicio público, manifestó el legislador.

 

Dijo que en los trabajos del Senado se ha impreso una dinámica de Parlamento Abierto, como las reuniones en las que han participado el Presidente del Senado y la Mesa Directiva con diversos sectores de la sociedad.

 

Subrayó que en los temas de la Ley de Austeridad, el Senado eliminó el seguro de gastos médicos mayores con cargo al erario; el seguro de separación individualizada; el complemento de aguinaldo, que eran otros 40 días de sueldo; los bonos; el servicio de peluquería y salón de belleza para senadoras y senadores; y los subsidios a los impuestos.

 

Se retiraron los vehículos oficiales para personal de mando y senadores; las tarjetas de gasolina para altos servidores públicos; los vales de despensa para senadores y altos funcionarios, el servicio de telefonía celular para senadores y altos mandos de la administración interna.

 

También, continuó se redujeron los cajones de estacionamientos rentados; 50 por ciento de las asignaciones a los Grupos Parlamentarios; 30 por ciento en los techos presupuestales de apoyos técnicos a senadoras y a senadores; 30 por ciento en los techos presupuestales de los órganos de Gobierno y las comisiones legislativas de 64 a 44; los viajes internacionales; y 30 por ciento de partidas y programas en diversas áreas, como adquisiciones y publicaciones.

 

Por otro lado, Martí Batres precisó sobre la realización de varios temas simbólicos, como la Exposición Fotográfica de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en las rejas del Senado; las primeras letras de honor en las paredes del recinto sobre el Movimiento Estudiantil de 1968.

 

Luego, recordó que el Senado ha celebrado tres sesiones solemnes. Una para recibir al Presidente de la República Árabe Saharaui. Otra para recibir a la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Una más para recibir a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional.

 

En este periodo, informó, se han realizado diversas reuniones con parlamentarios de Estados Unidos, de Australia y con los presidentes de los parlamentos de Centroamérica y El Caribe, a través de la organización FOPREL, y en particular una reunión con los tres presidentes de los congresos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala.

Durante este periodo, concluyó, se llevaron a cabo 34 sesiones y 203 horas de trabajo. Comparativamente, en la LXIII fueron 165 y 145 en la LXII, respectivamente.

 

En igual sentido, fueron presentadas 366 iniciativas en esta Legislatura, contra 259 de la LXIII y 180 de la LXII en el mismo lapso.

   El sistema financiero tiene que cambiar afirmó el senador Alejandro Armenta.

En reunión con representantes de las instituciones del Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Federal de Competencia, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Asociación de Bancos de México en el Senado de la República, el senador Alejandro Armenta puntualizó la importancia de lograr puntos de acuerdo, pero las cosas no se pueden mantener como hasta ahora, tienen que cambiar.

Esta reunión forma parte del análisis de la iniciativa para la regulación de los servicios financieros y el cobro de comisiones bancarias.

Esta mesa de diálogo tuvo el objetivo de aprovechar el conocimiento de cada uno de los asistentes para lograr los acuerdos que permitan generar una reforma integral del Sistema Financiero, manifestó el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“En ánimo constructivo cada uno de los representantes de las instituciones participantes aportaron, su experiencia y argumentos con el fin de lograr acuerdos que permitan hacer los cambios que nuestro país requiere. Como punto en común se tuvo el reconocimiento a los avances que se han venido presentado en el sector, aunque se tienen que seguir superando barreras para superar el rezago actual con respecto a comparativos internacionales” apuntó Alejandro Armenta.

El senador Armenta agregó que durante este primer encuentro se pusieron sobre la mesa el beneficio a los usuarios de los servicios y la competitividad de las instituciones principalmente a los que se encuentran en la base de la pirámide.

Agregó que la mesa continuará sesionando semanalmente con el afán de ir avanzando en propuestas para el futuro, con una visión que englobe la visión de cada uno de los actores participantes.

 

En comunicado de prensa de las y los senadores de la Coalición juntos Haremos Historia -PES, PT y Morena- denunciaron que a  unos días de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vote la resolución que plantea la nulidad de la elección para gobernador en Puebla, el Grupo Parlamentario del PAN encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, su coordinador, con  la obtención de 55 firmas de integrantes de la Cámara Alta, por encima del indispensable 33 por ciento -del total de 128 senadores-, promovió una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, que reduce los sueldos de los servidores públicos, para que nadie pueda ganar más que el Presidente de la República; misma que fue dictaminada para su análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que no se podrán reducir los sueldos de los funcionarios.

Aseguró la Coalición, conformada por los senadores del Morena, PT y PES, que ello representa la ambición del PAN por conservar sus privilegios en medio de un juego político para presionar a que se vote en contra de la nulidad de la elección en Puebla.

Las legisladoras y legisladores afirmaron en el comunicado que quien elaboró la acción de inconstitucionalidad sobre la ley de remuneración fue la corte y los mismos integrantes la cabildearon, “les ofrecieron a cambio de que firmaran la acción de inconstitucionalidad, revertir la resolución de nulidad del proceso electoral en Puebla”.

Exigimos a la Corte que rectifique y que deje de presionar a los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Es inadmisible que la corte sea juez y parte, prestándose a este juego de intereses del coordinador de los senadores del PAN, protegiendo los privilegios de los magistrados a cambio de que no se pronuncien por la anulación  de la elección en Puebla, señala el comunicado.

“Con ello se confirma la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones al ser elaborada, redactada y cabildeada por los ministros de la SCJN” acusan.

Finaliza el documento señalando a responsables de elaborar la acción de inconstitucionalidad: Los ministros Jorge Mario Rebolledo Pardo y Alberto Gelasio Pérez Dáyan así como Constancio Carrasco expresidente del tribunal electoral entre otros.

  Por Ricardo Monreal Senador de la República 

Las y los especialistas en historia que han reseñado el nacimiento de nuevos regímenes, desde Alexis de Tocqueville hasta el abate Emmanuel Sieyès, pasando por Theodor Mommsen, Erick Hobsbawm y Elizabeth Eisenstein, nos hablan de al menos cuatro elementos:

1) Conciencia histórica: la expresión “Cuarta Transformación de la vida pública nacional” o “4T” sintetiza la propuesta. Se reconoce la herencia de tres luchas históricas: la Independencia (soberanía y Estado moderno), la Reforma (libertades cívicas y separación de poderes) y la Revolución (igualdad y justicia social). La 4T plantea retomar el rumbo de nación que el llamado proyecto neoliberal o Ancien Régime extravió al hacer de la corrupción, la violencia y la desigualdad su marca de época. La 4T tiene una misión que cumplir: desde las raíces originarias de México, conducir a la nación a una etapa superior de desarrollo, progreso y bienestar. No es una misión teológica, sino teleológica; no es conservacionista, sino revolucionaria; y no es una vuelta al pasado indeseable (distopía), sino una apuesta a un futuro mundo feliz (utopía).

2) Nueva Constitución: no hay cambio de régimen sin una nueva Constitución Política. En el caso de la 4T se ha reconocido expresamente que antes de promover una nueva Constitución hay que cumplir y hacer cumplir la que tenemos. Las reformas a la Carta Magna con las que inicia la 4T son las mínimas necesarias para garantizar eficiencia en el arranque (austeridad republicana, eliminación del fuero, creación de la SSP, Guardia Nacional, Ley de Confianza Ciudadana). Sin embargo, estas reformas iniciales no son la Constitución de la 4T, sólo la dibujan: seguramente, la nueva llegará por sí sola, cuando el nuevo régimen político haya alcanzado sus objetivos centrales de pacificación, justicia transicional, democracia participativa directa, menor desigualdad y mayor crecimiento económico, y cuando el cuerpo social mexicano haya desarrollado cero tolerancia a la corrupción pública y privada.

3) Respaldo popular: no es lo mismo alternancia que cambio de régimen. En México hemos vivido los dos eventos. En el 2000, con 15.9 millones de votos (el 42.5 % de la votación) tuvimos la primera alternancia en 70 años. En el 2018, el proyecto de cambio de régimen concentró más de 30 millones de votos (el 53.2 %), y a 150 mil almas en el Zócalo de la Ciudad de México, para la entrega del Bastón de Mando por parte de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Fox llegó a través de un partido con 60 años de vida; AMLO, mediante un movimiento opositor antisistémico con apenas tres años de existencia. Fox asumió la Presidencia con el 55 % de aprobación; AMLO, con el 70 %. El “No tengo derecho a fallarles”, sintetiza el reto.

4) Resistencia y disidencia: a todo cambio de régimen corresponde una reacción del statu quo. Lo vimos en el recinto de San Lázaro. La separación del poder político del poder económico, la transición del Estado gerente al Estado regulador, la preeminencia del Estado de derecho sobre la corrupción y la impunidad, y el acotamiento de los poderes fácticos traerán resistencias y coletazos diversos. Pero nada que no se pueda sortear “con el acompañamiento y la voluntad del pueblo”.

         

El conocimiento del arte latinoamericano permite fortalecer el enfoque crítico, afirma.

La senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes propuso reformas para que sean obligatorias las actividades artísticas en la educación pública, para que los estudiantes tengan mayor acercamiento a la cultura universal, particularmente latinoamericana.

La legisladora por Morena expuso que actividades como pintura y música favorecen las facultades para adquirir y generar conocimientos. Además, permiten ampliar la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos, además de habilidades creativas.

La iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Educación señala que el Estado tendrá la obligación de apoyar y difundir la creación y difusión artística, así como propiciar el conocimiento crítico. Además, promover el enriquecimiento y difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos generados por el arte latinoamericano y de los que constituyen el patrimonio multicultural de la nación.

También determina que las autoridades educativas participarán en la producción, fomento y difusión de dichas actividades. El libro de texto gratuito, subraya la propuesta turnada a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, deberá ser un medio para la difusión de la historia del arte con énfasis en el arte latinoamericano.

        Por Nancy Rodríguez

  • Plantean permitir a internos tener cuentas de ahorro, y que envíen dinero a sus familias.       

El marco jurídico actual del país impide sobrepasar la barrera que existe entre las personas presas que cometieron un delito y su reinserción social, señaló el senador Israel Zamora, secretario de la Comisión de Defensa Nacional.

Al inaugurar el foro “Trabajo Penitenciario, la importancia de su regulación para una efectiva reinserción social”, el legislador del PVEM dijo que debe crearse un marco jurídico que genere mayor certeza y dé incentivos fiscales a las empresas que participen junto con el Estado, en este rubro.

Además, propuso otorgar un contrato a los internos que realicen trabajo productivo, permitirles tener cuentas de ahorro y posibilitar el envío de dinero a sus familias, entre otras condiciones para acceder a una reinserción adecuada.

Recordó que en el artículo 18 constitucional se establece que a través del trabajo, el respeto a los derechos humanos de los procesados, el deporte, la capacitación, la salud y la educación se puede lograr que estas personas se reinserten en la sociedad.  

El trabajo penitenciario productivo es fundamental para lograr una reinserción adecuada, comentó. “Considero que debe ser voluntario, y nunca obligar a una persona a realizar esos trabajos”.

Explicó que el trabajo penitenciario debe permitir a las personas hacer frente a las necesidades personales, cubrir el sustento de sus familias y obtener recursos para cubrir la reparación de los daños ocasionados.

Entre los beneficios del trabajo penitenciario, el senador enlistó: otorga autonomía económica, evita el desamparo de las familias, permite a estas personas afrontar sus responsabilidades frente a la sociedad, fortalece su autoestima, genera alivio durante el encarcelamiento e inhibe la reincidencia.  

Corina Giacomello, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, detalló que 95 por ciento de las personas privadas de la libertad son hombres; de este porcentaje, 89 por ciento tienen entre 18 y 49 años, es decir están en edad productiva. Además, 83 por ciento tienen hijos menores de edad.

Dijo que en México existe 96 por ciento de impunidad, por lo que quienes están en la cárcel son personas pobres que cometen delitos menores, como posesión de drogas y robos pequeños.

Wendy Balcazar, miembro de la asociación civil “La Cana” Productos con Causa, dijo que actualmente más de 250 mil personas están en alguno de los 380 centros penitenciarios del país. De éstos, más de 104 mil no han sido sentenciados.

Refirió que el trabajo penitenciario requiere un análisis puntual sobre su reglamentación y organización, porque tiene aspectos particulares que están pendientes de normar. Por ejemplo, si debe existir una relación laboral, las condiciones de trabajo, el acceso a seguros y prestaciones, la administración de las ganancias y salarios, entre otros.

En el foro que se desarrolla en las instalaciones del Senado de la República, también se abordarán temas como: La perspectiva de género en la ejecución de penas, Mecanismos para la formación de hábitos laborales en las personas privadas de la libertad, Industria penitenciaria, La importancia de regular el trabajo penitenciario en México, La participación del sector privado en la generación de trabajo penitenciario, entre otras.

  • Podrá ser juzgado por actos de corrupción y delitos electorales. 

El presidente del Senado de la República, Martí Batres, recibió formalmente del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, la primera iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador para, como lo anunció al rendir protesta, eliminar el fuero del Ejecutivo Federal. 

La reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución establece que se podrá acusar al Presidente de la República por actos de corrupción y por delitos electorales, no sólo por traición a la Patria, como ahora se establece.

El objetivo, explicó el Presidente de la Mesa Directiva, es quitar el fuero, la inmunidad y por lo tanto, la impunidad al Presidente de la República. 

Asimismo, establece que para proceder penalmente contra el Presidente sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

Robledo Aburto señaló que el oficio número 100-001 firmado por Olga Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación, fue entregado al Presidente del Senado, conforme a la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución al Presidente de la República, y al artículo 27 fracción 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

El subsecretario detalló que con las reformas constitucionales y a su vez, la iniciativa firmada por el Presidente de la República, da inicio el procedimiento legislativo, guardando el pleno respeto a los otros poderes y a las competencias de cada uno de ellos. 

Agregó que la propuesta tiene que ver solamente con eliminar el fuero a la figura del Presidente de la República. Es una de las promesas de campaña, eliminar la patente de impunidad que es el fuero, recordó. 

Explicó también que se deja atrás la idea de que se es distinto y que se tiene una suerte de permiso para cometer delitos, particularmente vinculados con el tema de la corrupción. Por ello, subrayó es específicamente para la figura presidencial. Es del Presidente quitándole el fuero al presidente. 

A su vez, Batres Guadarrama informó que la iniciativa se incorporará al orden del día de la Sesión de hoy y se turnará a las comisiones correspondientes. 

A pregunta expresa, Martí Batres consideró que el fuero debe ser eliminado para todos los legisladores. 

En el acto estuvieron presentes Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado; Miguel Lucía, titular de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación y Valentín Martínez, jefe de Enlace Legislativo de la misma dependencia.

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