LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1405)

  Por Nancy Rodríguez

Tras aprobar la reforma en materia de telecomunicaciones es necesario fomentar e impulsar el comercio electrónico en el país, a fin de otorgar las herramientas necesarias a los jóvenes, para que puedan emprender sus ideas.

El senador Raúl Aarón Pozos Lanz señaló lo anterior al participar en el encuentro “Políticas Públicas del Comercio Electrónico en México”.

El evento fue inaugurado  por  el senador Pablo Escudero, Presidente de la Mesa Directiva, del Senado de la República, asimismo, participaron Cinthya Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana de Internet, (AMIPCI) y Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.

El Senador por Campeche destacó que las nuevas prácticas y tecnologías, nos exigen a adecuar nuestras leyes al presente y ver al futuro. Esto, dijo,  con el objetivo de ser más competitivos e innovar en ellas para alcanzar un mejor desarrollo de la sociedad y por ende de la nación.

Pozos Lanz destacó que en México tenemos grandes avances, entre ellos la reforma en materia de Telecomunicaciones, la cual beneficia a millones de personas con una mayor y mejor conectividad a menor costo, lo que con toda seguridad provocará un incremento en el comercio electrónico.

De esta forma, se nos presentan grandes retos; fomentar este tipo de comercio para potencializar a las y los emprendedores y de igual forma trabajar en una mayor protección de los usuarios del comercio electrónico, consideró el senador por el estado de Campeche.

En este contexto, dijo que este primer foro de comercio electrónico proporcionará mayores conocimientos, argumentos y herramientas para entrar al mundo globalizado, al tiempo de que nos dejará tarea a las y los senadores para promover leyes que den certidumbre en las prácticas en esta materia.

En las instalaciones del Senado de la República, Aarón Pozos comentó que el comercio electrónico es una forma de intercambiar bienes, servicios e información, y señaló que en 2014 esta actividad comercial facturó más de 1.9 billones de dólares a nivel mundial, mientras que en el territorio nacional se facturaron más de 162 mil millones de pesos durante ese mismo año.

*Se inauguró el foro “Hacia un Modelo de Parlamento Abierto”; analiza avances del acceso a la información en el ámbito legislativo.

*El senador Barbosa Huerta afirmó que es fundamental mejorar en materia de transparencia.

Senadores, funcionarios y especialistas coincidieron en la necesidad de impulsar el modelo de Parlamento Abierto, a fin de crear un mayor vínculo de colaboración entre sociedad y gobierno que permita reconciliar al Congreso con la ciudadanía.

Lo anterior, durante el foro “Hacia un Modelo de Parlamento Abierto”, en el cual el presidente del Instituto Belisario Domínguez, senador Miguel Barbosa Huerta, afirmó que es fundamental avanzar aún más en materia de transparencia e información pública, a efecto de que las cámaras legislativas dejen de ser señaladas como organismos opacos en el manejo de sus recursos.

En este sentido, indicó que el Senado ha llevado a cabo grandes avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero aún hay mucho por avanzar. Habrá un parlamento abierto real cuando el Poder Legislativo sea autónomo, donde el Ejecutivo deje que el destino de las cámaras sea de las fuerzas políticas que ahí se representan, agregó.

“Solamente así, podrá haber un Poder Legislativo que desempeñe las funciones de pesos y contrapesos, ya que el poder en México siempre ha querido ser controlado y manejado, más allá de la opinión de la sociedad”, advirtió. El legislador aseguró que “el secreto de un Parlamento Abierto es que el trabajo de cada uno de los senadores y órganos que componen el Senado se procure a través de información pública”.

En este sentido, aseguró que los resultados de este foro, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, aportarán reflexiones, rutas y vertientes de lo que se debe asumir en esta materia, desde la integración de las cámaras, así como para que los congresos locales hagan lo propio.

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, resaltó el compromiso del Senado para abrir sus procesos a la sociedad, por lo que este seminario es una oportunidad más para acercar el vínculo entre sociedad y autoridades.

Además, dijo, representa una oportunidad para que el Instituto se fortalezca. Se trata de ver en dónde estamos cómo país y que se tiene una ley de avanzada; una Ley General de Transparencia que coloca al país en primer lugar a nivel mundial, pero sobre todo, notar qué hacen las instituciones, autoridades y sujetos obligados para el reto de la implementación, subrayó.

Puente de la Mora señaló que de acuerdo con información de Latinobarómetro, el respaldo a la democracia en México se encuentra igual que el registrado en 1995; es decir, que en 21 años de medición, después de un proceso de transición democrática, seguimos en el marco de 49 por ciento de respaldo ciudadano.

Haydeé Pérez Garrido, directora Ejecutiva de Fundar Centro de Análisis e Investigación, dijo que a pesar que las buenas prácticas, los acuerdos públicos para avanzar en la construcción de parlamentos abiertos se han incumplido y que, incluso, se observan retrocesos en la función de contrapeso del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, sobre todo en designaciones en dependencias e instituciones gubernamentales. 

César Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), precisó que se aspira a identificar buenas prácticas institucionales, evaluar avances en la adopción de los principios que distinguen a un parlamento abierto, definir tareas pendientes, contrastar propuestas, y perfilar compromisos puntuales.

Por su parte, Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo de Investigación del IBD, señaló que el foro busca analizar los avances en materia legislativa respecto al derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, enfocado en la revisión de buenas prácticas institucionales así como en la transformación y alcances del Congreso de la Unión en materia de parlamento abierto.

Durante su conferencia magistral, Miguel Ángel Gonzalo, integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Congreso Español, subrayó que para reconciliar al Parlamento con la ciudadanía, se requiere de congresos accesibles, transparentes, representativos, eficaces y responsables.

Precisó que para el desarrollo de un modelo de parlamento abierto es imprescindible la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, “se necesita un modelo evaluable y verificable, basado en evidencias del trabajo parlamentario, a través de herramientas objetivas y evaluables”.

Durante el desarrollo del panel “Interrelaciones de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción bajo la óptica del Poder Legislativo”, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, subrayó que se está a tiempo de definir cómo se quiere que opere el Sistema Nacional Anticorrupción; los productos de política pública a desarrollar; las estructuras administrativas a desplegar para cumplir con la normatividad aplicable; y las rutinas organizacionales que se deben modificar para lograr una articulación institucional.

Subrayó que se debe explotar la información derivada de la práctica auditora y de las labores de transparencia; además, consideró que se podrían generar sinergias en los procesos de planeación y programación de auditorías, así como la articulación entre las plataformas nacionales de transparencia y de fiscalización.

Areli Cano Guadiana, Comisionada del INAI, destacó que los esfuerzos contra la corrupción han sido infructuosos; las instituciones diseñadas para su combate no han sido efectivas, se han visto rebasados y no han aportado resultados, aunado a la percepción generalizada de impunidad que se manifiesta en la desconfianza ciudadana y en la deslegitimación de la función pública.

Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que la corrupción tiene que ser un problema que no sólo se aborde con un cúmulo de normas y reglas, sino a través de la predicción de cómo van a conducirse los actores respecto a las leyes.

Lourdes Morales Canales, Directora de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), precisó que los sistemas Anticorrupción y de Transparencia buscan fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano, con especial énfasis en la responsabilidad porque el régimen de rendición de cuentas es el eslabón más débil.

    Por Nancy Rodríguez

*El gobierno Federal sigue siendo omiso y cómplice de casos como el de Coahuila.

*De la noche a la mañana, Coahuila aumentó su endeudamiento en un  10 mil por ciento.

*Sigan la huella del dinero robado, dinero que fue pedido prestado a nombre de todos los coahuilenses.

*¿Hasta cuándo van a permitir que Coahuila, siga siendo víctima de pandillas en el poder?

 Así encaró el Senador Luis Fernando Salazar al Secretario de Hacienda José Antonio Meade, durante su comparecencia en el Senado de la República.

La voz del Panista en tribuna era fuerte, firme, valiente pero sobre todo indignada.

Los presentes callados, escuchaban y observaban; miraban al legislador y en cada palabra veían la reacción inmóvil que manifestó la “cabeza” financiera de nuestro país.

El senador por Coahuila reiteró y detalló su exigencia a José Antonio Meade.

“Señor Secretario, creo que es preciso insistir que los altos niveles de deuda pública del gobierno federal, así como los altos niveles de deuda de muchos estados como Coahuila, agobian a todos los mexicanos”.

Y con arrojo el Senador le reclamó: Usted –Secretario Meade- ya conoce el caso de Coahuila, pero nuevamente se lo detallo aquí en el Senado de la República.

“El estado de Coahuila que yo represento. Un estado, señor Secretario, que usted tiene los datos, que de la noche a la mañana aumentó su endeudamiento en un 10 mil por ciento”.

 “Un estado en donde los últimos cinco años, del 2011 al 2016 hemos pagado 19 mil millones de pesos  por puro concepto de intereses y manejo de deuda, y hoy seguimos debiendo los 37 mil 500 millones de pesos”.

El panista  imputó al Secretario de Hacienda: “Lo preocupante, señor Secretario es que este gobierno siga siendo omiso y cómplice de casos como el de Coahuila…donde los Moreira, Humberto y Rubén han saqueado y han endeudado de forma aberrante el futuro de los coahuilenses”.

Asimismo, le reprochó lo siguiente: “A pesar de que tienen pruebas, de que hay denuncias presentadas, la presente administración no ha hecho absolutamente nada para detener este saqueo, por el contrario, ahí siguen solapando el desastre financiero que se vive en  Coahuila”.

Por todo lo anterior el legislador de Acción Nacional le demandó a Jose Antonio Meade:

“Desde aquí, señor Secretario, hago un llamado urgente al Gobierno Federal al que hoy aquí usted representa, para que intervenga lo antes posible, para que se interponga entre el saqueo impune del cual estamos siendo objeto los coahuilenses”.

“Secretario, se han vuelto a documentar las propiedades y el dinero robado a los coahuilenses que han tenido que ser incautados por parte del gobierno americano”

Con voz fuerte le exigió:  “Ustedes tienen la facultad de seguir la huella del dinero, colaboren con los coahuilenses” le dijo.

 Visiblemente indignado el Senador de Torreón le puntualizó:

“Síganle la huella a las empresas fantasma y operaciones simuladas que ha hecho el actual gobernador Rubén Moreira, que sigue siendo la fórmula de los Moreira, del Moreirato, para robarle a la gente de Coahuila”.

Por último la voz de los Coahuilenses se dejó escuchar a través de las palabras del Senador Salazar.

“No puedo dejar de insistir y de cuestionar:¿Hasta cuándo van a permitir que Coahuila, sigan siendo víctimas de pandillas en el poder?

¿Hasta cuándo este gobierno federal va a seguir permitiendo que los políticos de siempre hagan lo de siempre: robarse el dinero de los ciudadanos, pagar a empresas fantasmas para vaciar las arcas y llenar sus bolsillos,  mientras los bolsillos de los ciudadanos se quedan vacíos?

Concluyó el Senador. 

El Partido Acción Nacional (PAN) no va a permitir que en México se aniquile la verdadera política social, para hacer de la pobreza un botín político electoral, afirmó el senador Luis Fernando Salazar Fernández, ante el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, durante la comparecencia del funcionario en el Senado de la República, con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno.

Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN, el senador por Coahuila exigió al funcionario federal cumplir con su responsabilidad de combatir de manera efectiva la pobreza.

Los senadores de Acción Nacional, subrayó, seguirán siendo vigilantes de la actuación del Gobierno federal en esta materia.

Salazar Fernández comentó que hace unas semanas, cuando Miranda Nava fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el PAN en el Senado manifestó su preocupación de que ésta designación obedeciera más a su antecedente como operador político electoral.

“Fuimos puntuales en señalar que el mensaje de este gobierno frente a los siguientes dos años electorales parecía ser muy claro: no dudarían en hacer uso de la dependencia a su cargo y de los programas sociales con fines electorales”, explicó.

En este sentido, Salazar Fernández aseveró que hace unos días en Huixquilucan, Estado de México, se dio a conocer la entrega de despensas y de miles de tarjetas bancarias con supuestos apoyos de 2 mil 700 pesos.

“Esto es una clara muestra del uso que advertimos podría darse en la Secretaría que hoy encabeza, a los recursos públicos y a los programas sociales para incidir indebidamente en los próximos procesos electorales”, puntualizó.

Por ello, reiteró el llamado a que se conduzca la política social de este país dentro del marco de la ley, enfatizó.

“No dudaremos en acompañar las acciones que sean favorables para abatir las carencias de los mexicanos que viven en la mayor desigualdad, pero también seremos puntuales en señalar y denunciar el mal uso que se le dé a los programas sociales o a las atribuciones de la Secretaría”, advirtió.

Aseguró que la administración del presidente Enrique Peña Nieto es incapaz de reconocer errores del pasado y de asumir el tamaño de la crisis en que vivimos.

Preocupa, apuntó, que el Gobierno federal no acepte que, a cuatro años de implementar sus programas y acciones estelares de combate a la pobreza, los mexicanos continúen a la espera del entorno de mayor igualdad al que se comprometió esta administración.

“La pobreza no se elimina por decreto, ni modificando o alterando criterios o la propia metodología para medir su evolución”, dijo.

Salazar Fernández lamentó que el apartado “México Incluyente”, del IV Informe de Gobierno, nuevamente tenga “páginas llenas de numeralia que, desafortunadamente, no se traducen en mejores resultados respecto a la tarea de disminuir y atender la desigualdad social, y abatir las grandes carencias que existen en nuestro país”.

Señaló que lo importante no es reportar aproximadamente 100 hojas llenas de cifras, si la cifra que no se reduce es la que contabiliza más de 55 millones de mexicanos en situación de pobreza, o más de 11 millones en condición de pobreza extrema.

Al referirse de manera particular a Coahuila, Salazar Fernández dijo que en esta entidad, donde el próximo año habrá elecciones, puede haber la tentación del Gobierno federal de operar electoralmente mediante programas sociales, debido a que el porcentaje y el número de personas en situación de pobreza han aumentado.

“Tan sólo en los últimos dos años se han sumado 885 mil 800 coahuilenses a la condición de pobreza, en la que ahora vive el 30.2 por ciento de la población; lo mismo ocurrió en el caso de la pobreza extrema, que aumentó de 92 mil 700 personas a 109 mil 700 en esta situación; o el índice de vulnerabilidad por ingreso, que incrementó de 699 mil a 710 mil coahuilenses, lo que nos convierte en el tercer estado con mayor población vulnerable por ingresos”, agregó.

Estas cifras, indicó, colocan a Coahuila dentro de los cinco estados con más altos índices de crecimiento de la pobreza en los últimos dos años.

“Como lo hemos venido diciendo en el PAN, detrás de cada estadística hay rostros de hombres, mujeres y niños que siguen viviendo una vida llena de falta de oportunidades y de carencias”, concluyó Salazar Fernández.

·       Senado convoca a las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general a que presenten candidaturas para ocupar esta titularidad.

El Pleno del Senado de la República aprobó la emisión de una nueva convocatoria y el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la Procuraduría General de la República.

Se convoca a universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y demás organismos interesados y ciudadanos en general a que presenten candidaturas para ocupar esta titularidad.

Precisó que los aspirantes deberán cubrir los siguientes requisitos: ser ciudadano o ciudadana mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener 30 años cumplidos el día de la designación; tener –el día de la designación– cinco años con título profesional en derecho, expedido por una autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Asimismo, gozar con buena reputación y no haber sido condenado por ningún delito doloso; acreditar conocimientos y experiencias en materia de trasparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político los seis años anteriores a la designación.

Indicó que la Junta de Coordinación Política será la encargada de recibir las propuestas de los aspirantes a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, las que deberán de acompañarse por duplicado de los siguientes documentos:

Carta firmada por el aspirante propuesto o interesado en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección; su currículum acompañado con fotografía actual; copia certificada de acta de nacimiento, credencial para votar con fotografía por ambos lados expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral.

Título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de cinco años, cédula profesional y documentos que corroboren lo enunciado en su currículum; un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, en el caso de que sean o se hayan desempeñados como servidores públicos, si se ha presentado o tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra, en caso de respuesta afirmativa, iniciar e indicar cuál es el estado que se guarda y si se ha dictado una resolución en el sentido de la misma.

Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir la verdad, no haber sido condenado por delito considerado como doloso; documentación que permita acreditar conocimientos en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Deberá redactar un ensayo con un máximo de diez cuartillas, letra Arial, tamaño 12, con interlineado sencillo que incluya tres apartados conteniendo los puntos más importantes en que basaría su proyecto de trabajo, las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo, las propuestas más importantes planteadas para combatir la corrupción y el sustento legal e institucional de la misma.

Presentar un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos solicitados, digitalizados en formato PDF; un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos solicitados anteriormente, digitalizados en formato PDF y en versión pública elaborada, siguiendo los criterios establecidos en el acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental del Senado relativos a los lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de las entidades responsables que integran el Senado, aprobado el 10 de septiembre de 2014.

Detalló que la documentación que se refiere la base anterior se presentará en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado, ubicada en el sótano 1, en avenida Paseo de la Reforma, número 135, esquina Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, los días 28 y 31 de octubre y 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de noviembre del año 2016, en un horario de 10:00 am a las 16: horas.

Destacó que agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos establecidos en la base tercera de la presente convocatoria y dentro de los siguientes tres días hábiles siguientes lo remitirá a las comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado.

Señaló que la falta de alguno de los documentos requeridos a su presentación fuera de tiempo o forma establecidos será un motivo suficiente para no considerase válida.

Expuso que las comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana deberán acordar y publicar en la página del Senado y en el micrositio de las comisiones el formato, metodología, etapas y forma de evaluación de los aspirantes.

Resaltó que dentro del proceso de evaluación señalado en el párrafo anterior, las comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana pedirán opinión a las comisiones de selección señaladas en el artículo 18, fracción I de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su profesionalismo, probidad, prestigio e idoneidad para el ejercicio del cargo de cada una de las personas inscritas.

Una vez realizado el análisis de las candidatas y candidatos se recibirá la opinión de la comisión de selección a que se refiere el párrafo anterior; las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana presentarán el listado de los candidatos o candidatas idóneas a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 29 de noviembre del año en curso. Dicho listado, precisó, no será vinculado en la decisión que tome el Pleno de este Senado.

La Junta de Coordinación Política, con base en el listado que le remita las mencionadas comisiones, acordará el nombramiento que someterá a la aprobación del Pleno del Senado; la propuesta será presentada para su votación nominal en el Pleno y en el caso de no obtenerse el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes, se realizará una segunda votación y si en esta no se alcanza dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la Sesión Plenaria inmediata siguiente.

Indicó que la nueva propuesta, en su caso, se someterá a lo dispuesto a la base anterior; en la integración de la propuesta de la Junta de Coordinación Política impulsará los entendimientos y convergencias necesarias para que le permitan al Pleno nombrar el titular de la Fiscalía Especializada a que se refiere esta convocatoria. La persona que resulte nombrada titular de la Fiscalía rendirá protesta de ley ante el Pleno del Senado.

La convocatoria será publicada en dos periódicos de circulación nacional los días 26, 27 y 28 del presente mes y en la Gaceta del Senado, en la página oficial del Senado y en los micrositios de las comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana durante todo el proceso de selección.

Cabe destacar que previamente se dio por concluido el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que dio inicio con la convocatoria emitida por este órgano de gobierno el 19 de noviembre de 2014, al no alcanzarse los consensos para  el nombramiento.

    Por Nancy Rodríguez

*El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, llamó a concluir el proceso legislativo para aprobar las reformas legales en esta materia

*Intereses impiden que reformas a la ley sean aprobadas, afirmó la senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, hizo un llamado a concluir el proceso legislativo para aprobar las reformas en materia de combate a la trata de personas, con el propósito de implementar una política para combatir este flagelo.

“No podemos ser indiferentes ante un problema que corroe a la sociedad. Debemos concluir esta legislación, debemos concluir el proceso parlamentario; estas aportaciones que ustedes hacen, sin lugar a duda, deben de ser aliciente y motivación para concluir este esfuerzo”, señaló durante la presentación del libro "El Fenómeno de la Trata de Personas. Análisis desde las Ciencias Penales y Proyecto de Reforma a la Ley Vigente en la Materia".

Este libro, dijo, debe llamarnos a la reflexión, sobre todo, a la acción, construyendo una legislación de avanzada en materia de combate a la trata de personas.

El texto, abundó, es un libro revelador, porque detalla de manera puntual este fenómeno de esclavitud laboral y sexual, entre otras.

Hizo un reconocimiento a la labor de la senadora panista Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, quien, dijo, ha hecho “un gran esfuerzo para tener un diagnóstico y una legislación que sirva para combatir este flagelo”.

En su intervención, Dávila Fernández, consideró que ve “dificultades” en la Cámara de Diputados para que sean aprobadas las modificaciones a la ley en la materia que se discuten actualmente en la Cámara Alta.

“Creo, lamentablemente, que hay muchos más intereses para que en la Cámara de Diputados no se apruebe esto, y que nos ha costado ir a cabildear uno por uno, con cada uno de los diputados, incluyendo ahora a los senadores”, asentó.

La legisladora llamó a todos los interesados en la materia a debatir las modificaciones planteadas, pues por más de cuatro años, añadió, este proceso legislativo se ha retrasado, provocando que este delito quede en la impunidad por la inoperatividad de la ley vigente.  

“Lo más importante es debatir sobre lo que está mal hecho, nos da miedo decir que está mal hecho, y a la clase política todavía nos da más miedo aceptar y decir que lo que hicimos fue hecho técnicamente mal, pero políticamente bien, para quedar bien con ciertos grupos o con ciertos sectores que nos han venido chantajeando”, afirmó.

Ese miedo es el que ha permitido que la delincuencia organizada y la delincuencia común cada vez ataque más a la sociedad civil. Ese miedo que tenemos la clase política de enfrentarnos a nuestras propias deficiencias técnicas, a nuestras propias deficiencias de entender de cómo debemos hacerlo, aseveró.

En ese sentido, la legisladora por Tlaxcala indicó que seguirá insistiendo para que tener una ley contra la trata que sirva a las víctimas y acabe con la impunidad que impera ante ese delito, y “si es necesario hacer otra ley, se hace, pero lo cierto es que debe cambiarse la ley (vigente)”.

·      Los lineamientos establecerán las reglas de contacto entre los senadores y la Comisión, para asegurar su autonomía e independencia.

·      Escudero propuso que las entrevistas y las comparecencias sean fuera de las instalaciones del Senado.

·      Cualquier tipo de relación o de encuentro entre legisladores y la Comisión deberá informarse, incluso las ocasionales.

·      Que todas sus reuniones sean públicas, propone.

El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, señaló que tras el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Selección, que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), puso a su consideración la emisión de unos lineamientos de contacto y transparencia para el proceso de selección de las mejores personas que conformarán este Comité ciudadano.

El senador Escudero explicó que ha propuesto que en estos lineamientos se establezcan las reglas de contacto entre los senadores y los integrantes de la Comisión de Selección para comprometerse a no tener trato personal o privado; y así asegurar la autonomía e independencia de la Comisión en este proceso. Por ello, propuso que durante el proceso de selección del Comité ciudadano no se realicen reuniones privadas entre senadores e integrantes de la Comisión.

Se propone que de posibles encuentros ocasionales entre comisionados y legisladores se reporten tanto las condiciones en que se presentaron, como el contenido de las conversaciones; si cualquiera de los integrantes de la Comisión de Selección tuviera relaciones laborales, académicas o personales con las cámaras del Congreso, estarán obligados a informarlas; y en caso de celebrarse reuniones entre un senador y la Comisión de Selección, deberá asistir al menos el 60 por ciento de sus integrantes y éstas deberán ser públicas, dijo Escudero.

El Presidente de la Mesa Directiva indicó que las comparecencias que se celebren durante este proceso se realizarían fuera de las instalaciones del Senado, privilegiando instalaciones universitarias, centros de investigación y espacios culturales; por lo que sugiere que se designe a un enlace ante el Senado para que éste pueda auxiliarles con los recursos materiales necesarios.

Finalmente, el senador Pablo Escudero reiteró el compromiso del Senado para dar continuidad con las mejores prácticas de parlamento abierto y garantizar que todas las reuniones sean públicas en este proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA; por lo que se comprometió a realizar gestiones ante el Canal del Congreso y ante las instancias que corresponda, para procurar la máxima cobertura y publicidad de las comparecencias que se lleven a cabo.

*El reporte debe incluir el número de televisores desechados, el manejo que se les da y los recursos ejercidos.

*La incorrecta disposición de este tipo de residuos genera un gran peligro, pues contienen elementos tóxicos que contaminan el ambiente y pueden dañar la salud.

Debido a la escasa información acerca de la implementación y resultados del “Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital”, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe sobre el número de televisores desechados, el manejo que se les da y los recursos ejercidos hasta el momento.

En un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del Senado, el legislador puntualiza que el apagón analógico terminó con las transmisiones de televisión en formato analógico y que fueron sustituidas por transmisiones digitales.

Al respecto, explica que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entregó televisores digitales a las familias beneficiarias de diversos programas de desarrollo social, con el propósito de garantizar el derecho a la información.

La entrega fue supervisada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que también se encargó de realizar los “apagones” en toda la República, argumenta.

En este contexto, señala  la responsabilidad del gobierno no sólo debe abarcar  garantizar a los mexicanos el acceso a la información por medio de la televisión; sino también asegurar que los televisores analógicos desechados no provoquen ningún tipo de daño al medio ambiente.

La incorrecta disposición de este tipo de residuos genera un gran peligro, ya que son aparatos que contienen elementos tóxicos como polímeros, metales y vidrio que, con el tiempo, generan contaminación del suelo, del aire y del agua e incluso generar problemas de salud para la población, advirtió el senador.

Por ello, se debe tomar en cuenta que no se trata únicamente de los que se sustituyeron por parte de la SCT, sino los de toda la población: aproximadamente 40 millones de aparatos eléctricos, los cuales, al cumplir con su ciclo de vida útil se convierten en residuos o desechos cuya nomenclatura en español es RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

En este sentido, el senador Pozos Lanz precisó que de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en los últimos diez años los RAEE han experimentado una tasa de crecimiento de aproximadamente cuatro por ciento a nivel mundial.

En 2014, detalló, la generación de RAEE en el continente americano fue de 11.7 millones de toneladas métricas, en donde México aportó 1.0 millones de toneladas métricas, considerado como uno de los tres países con mayor generación.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para su análisis y dictaminación.

*Tendrán ya bajo su resguardo las elecciones del 2017 y 2018

*Se emitieron un total de 100 votos y se anunció que en tres cédulas todo se votó en contra.

 *El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, les tomó protesta.

El Senado de la República eligió a siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por periodos escalonados de tres, seis y nueve años y entrarán en funciones el próximo 4 de noviembre próximo.

José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales fueron electos por un periodo de tres años, hasta el 31 de octubre de 2019; Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, por un periodo de seis años, hasta 31 de octubre de 2022; y Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Madeline Otálora Malassis por un periodo de nueve años, hasta 31 de octubre de 2025.

El presidente de la Mesa Directiva, senador Pablo Escudero Morales, tomó la protesta a los siete magistrados e instruyó comunicar al Presidente de México, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de este resolutivo.

La elección de los nuevos magistrados electorales fue resultado de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que recibió dictamen de la Comisión de Justicia, ante la cual comparecieron los 21 candidatos propuestos.

Previamente, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, destacó que los candidatos propuestos comparecieron ante la Comisión de Justicia, alcanzando 30 horas de trabajo, y subrayó que la participación de la sociedad civil fue fundamental para dar legitimidad al proceso.

Esto, al presentar el dictamen en el que se precisa que los candidatos de las siete ternas, enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reunieron los requisitos de conformidad con los artículos 99 párrafo XII de la Constitución Política y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que eran elegibles para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

El senador del PAN dijo que ante la regulación rígida para integrar los dos tribunales constitucionales del país, la Comisión de Justicia ha buscado que el proceso sea más flexible y abierto, y advirtió que se debe acrecentar la competencia de la Comisión para las próximas legislaturas, pues se enfrentarán a procesos permeados de mayor democracia y de exigencia de la sociedad civil.

“Es impostergable una revisión del proceso e incrementar las facultades deliberativas de la comisión como sucede en los parlamentos más avanzados del mundo”, indicó.

Además, reconoció a la actual integración de la Sala Superior del TEPJF, por 10 años de resoluciones apegadas a la Constitución en un proceso democrático que ha avanzado con obstáculos complejos; a los nuevos magistrados les dijo que tendrán la gran responsabilidad de calificar la próxima elección presidencial, la más compleja y grande de la historia.

Finalmente, apuntó que se hubiera deseado mayor participación de mujeres en las ternas. Al respecto informó que solicitaron a la Junta de Coordinación Política que el periodo para el que sean designadas dos mujeres, sea de nueve años, con lo que se reconoce el talento y capacidad de todas las mujeres en el Poder Judicial de la Federación.

Al presentar su voto particular, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, resaltó que en la forma de negociación de los cargos en el Poder Judicial ya no se aprecia pudor ni decoro, y que pareciera que en vez de mejorar los proceso de selección con mecanismos transparentes y verdaderamente imparciales, se regresa a los tiempos en los que las decisiones se tomaban únicamente desde Bucareli.

Con base en esto, presentó su voto particular en contra del dictamen por considerarlo subjetivo, dado que se redujo a la Comisión de Justicia a una simple oficialía de partes, que solamente revisó documentos y que acreditó que los 21 candidatos son idóneos en su perfil para ser magistrados, pero que no tuvo discusión al respecto.

En contra del dictamen, la senadora Layda Sansores San Román, del PT, consideró que la designación de los magistrados se dio “bajo el principio general de derecho: de cuotas y cuates”, debido a que a pesar de que no tiene las facultades, la Junta de Coordinación Política fue quien decidió y dictaminó “de facto” la selección de los siete magistrados. Con este método, preguntó, ¿cuántos creen que podrán ser imparciales?

Dijo que se trata de un proceso fraudulento, ilegal y dañino para el avance democrático, además de que no se conoce con qué criterio se estableció el escalonamiento de cada uno de ellos; “pocos saben en qué sótano, en qué cantina o en qué yate se tomaron las decisiones, pero es claro que el Tribunal quedó cooptado por la partidocracia”.

A favor, la senadora Martha Tagle Martínez cuestionó la forma en que se realiza el proceso de selección de los magistrados; se trata de una “caja negra”, pues estamos ante la posibilidad de ratificar las decisiones que se toman en la Junta de Coordinación Política, por lo que hizo un llamado a revisar el mecanismo de designaciones públicas que se llevan a cabo en el Senado.

Destacó que, con la designación de los nuevos magistrados electorales, se toma una de las decisiones más importantes para la democracia mexicana, ya que de la integración de la Sala Superior, como última instancia en calificar las 30 elecciones concurrentes y la presidencial de 2018, depende la certeza y legitimidad en los resultados electorales.

Durante el proceso de votación por cédula, se emitieron un total de 100 votos y se anunció que en tres cedulas todo se votó en contra. 

Los resultados de la votación para elegir a los magistrados fueron los siguientes:

José Luis Vargas Valdez, 95 votos a favor, uno en contra y uno nulo; Mónica Aralí Soto Fregoso, 97 votos a favor; Felipe de la Mata Pizaña, 96 votos a favor y uno en contra; Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 96 votos a favor y uno en contra; Janine Madeline Otálora Malassis, 96 votos a favor y uno en contra; Indalfer Infante Gonzales, 88 votos a favor y para Ángel Zarazúa Martínez 9 votos a favor, ambos de la misma terna; y Reyes Rodríguez Mondragón, 97 votos a favor.

*Exhortan a mantener un estilo de vida saludable para reducir las tasas de mortalidad de las mujeres.

*Coahuila, Sonora y Nuevo León son las entidades con mayor número de fallecimientos por tumor maligno.

Durante la inauguración de la “Feria de la Salud” que se realiza en el Senado de la República, senadores integrantes de la Comisión de Salud coincidieron en que la reducción de los casos de cáncer de mama depende principalmente, de medidas preventivas y detección temprana de la enfermedad.

En el marco de la conmemoración del “Día Mundial contra el Cáncer de Mama”, el presidente de esa instancia legislativa, senador Salvador López Brito, dijo que se requiere personal capacitado para la detección oportuna porque en muchos casos, la falta de un diagnóstico certero hace que la enfermedad avance y no tenga cura.

“Está en nuestras manos proponer las mejores técnicas y personal capacitado para lograr que un diagnóstico oportuno se convierta en una buena calidad de vida para las pacientes”, afirmó.

Lamentó que en México se diagnostiquen 24 mil casos de cáncer de mama al año, de los cuales la mitad no son curables por detección tardía o errónea. La mortalidad por cáncer mamario se ha incrementado en 10.9 por ciento en los últimos años y representa el 11.34 por ciento de todos los casos de cáncer.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables, Lilia Merodio Reza, hizo un llamado a realizar campañas preventivas para reducir las muertes a causa del cáncer de mama que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, a partir de 2006 se convirtió en la primera causa de muerte en mujeres.

Refirió que en 2013 se registraron 5 mil 400 defunciones, y las entidades que presentaron las tasas más altas de mortalidad son: Coahuila, Sonora y Nuevo León. “Es alarmante el incremento de decesos en un 14 por ciento, es decir, fallecen 16 mujeres al día”.

Por ello, es necesaria una detección temprana y diagnóstico oportuno, pues el 60 por ciento de los casos son detectados en etapas avanzadas.

A su vez, la senadora Hilda Flores Escalera, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, resaltó la importancia de la prevención del cáncer de mama, que ha desplazado al cáncer cervicouterino como la primera causa de muerte por tumor maligno en la mujer en países en vías de desarrollo y la segunda en los desarrollados.

A nivel mundial, dijo, cada minuto una mujer muere a causa de esta enfermedad; en América Latina es la patología más frecuente con 152 mil 59 casos diagnosticados anualmente, y uno de cada cuatro casos de cáncer en mujeres es de mama.

Durante el simposio “Día Mundial del Cáncer de Mama”, que se realizó posterior a la inauguración de la Feria de la Salud, la senadora Flores Escalera señaló que en México es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumor maligno en la población de 20 años y más, por lo que se ha puesto en marcha un programa para prevenirlo, precisó.

El presidente de la Asociación Mexicana de Mastología A.C., Sinuhé Barroso Bravo, exhortó a mantener un estilo de vida saludable, ya que se ha tenido evidencia de su relación con la reducción de hasta 30 por ciento de nuevos casos de cáncer de mama.

Para ello, dijo, es necesario que las mujeres cuiden su alimentación para evitar obesidad y sobrepeso, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, aumentar el ejercicio y contar con una alimentación balanceada y baja en grasas.

*Municipios y estados deben asumir su responsabilidad y rendir cuentas de sus acciones en el combate a la criminalidad, señaló el coordinador de los senadores del PAN

*Contario al optimismo oficial, los homicidios, robos y extorsiones registran un repunte en la mayoría de las entidades del país, afirmó.

La creciente inseguridad en el país rebasó programas e instituciones diseñadas en la presente administración, por lo que es necesario atender demandas y propuestas de sectores de la sociedad que plantean un necesario cambio en la estrategia gubernamental, pidió el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila.

El momento reclama políticas públicas que comprometan no sólo a la Federación en el combate a la delincuencia, sino que hagan partícipes a estados y municipios, con una obligada rendición de cuentas de las acciones que emprendan y de los recursos que le son asignados, indicó.

Hechos y registros estadísticos de los meses recientes muestran municipios y estados convulsos por los constantes robos y asaltos en las calles y en el transporte público; por la extorsión, el secuestro y el despojo de dinero y bienes que padecen los ciudadanos a manos de criminales, dijo.

De acuerdo con datos oficiales y de organizaciones de la sociedad civil, en la mayoría de los estados del país se registra un repunte en el número de personas asesinadas, entre ellos, Colima, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Morelos y el Estado de México.

“Al respecto, preocupa el reporte que este fin de semana dio a conocer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el que se subraya que en lo que va del año se tiene un registro de 14 mil víctimas de homicidio, cifra adicional a las más de 26 mil personas desparecidas por el crimen organizado”, dijo.

Por otro lado, la extorsión se ha con vertido en el segundo delito que se reporta con mayor frecuencia en el país, solo por debajo del robo, el asalto en la calle o en el transporte público, de acuerdo con la más reciente encuesta sobre percepción de seguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El senador por Aguascalientes recordó que los senadores de Acción Nacional han cuestionado la decisión del actual gobierno de haber integrado las funciones y responsabilidades en materia de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación.

“Fue un error, como también lo fue el desmantelamiento de la Plataforma México y otros sistemas de información de inteligencia, que son fundamentales para el combate a la criminalidad”, subrayó.

La seguridad pública debe manejarse a partir de un nuevo enfoque, en el que cada autoridad, municipal estatal y federal, asuma responsabilidades y ofrezca resultados.

“Donde crece la criminalidad y la violencia, existe una autoridad que no está haciendo su trabajo o, lo que es peor, está coludida con la delincuencia”, aseveró.

En suma, dijo, lo que se requiere es tomar en cuenta y hacer partícipe a sectores de la sociedad en el diseño de las políticas públicas para el combate a la inseguridad, y que estados y municipios asuman responsabilidades y rindan cuentas de sus acciones.

Senadores del Partido Acción Nacional solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) aplicar medidas cautelares al gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte Ochoa, para evitar que salga del país y enfrente las acusaciones por los delitos que se le imputan.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante el Senado, los legisladores panistas pidieron también a la PGR acelerar las investigaciones en contra de Duarte Ochoa para iniciar el procedimiento penal correspondiente.

“No queremos más impunidad, no queremos más amiguismos que terminan en encubrimientos. El gobierno encabezado por Duarte ha sido una tragedia y es el caso paradigmático de la corrupción en este sexenio. No queremos que termine prófugo, sino que enfrente a la justicia y que ese caso ejemplifique que en México no puede estar nadie por encima de la ley. Exigimos una investigación y una sanción ejemplares”, señaló la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza.

Indicaron que es facultad del Ministerio Público aplicar medidas cautelares a los probables responsables de delitos, como ordenar la prohibición de abandonar una zona geográfica en particular para evitar que evada la acción de la justicia.

El gobernador de Veracruz con licencia ha sido señalado por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de su deber como servidor público, de acuerdo a diversas leyes locales y federales, aseveraron.

“La PGR atrajo dos carpetas de investigación que implican al Gobernador de Veracruz y otros funcionarios por el mal manejo de recursos, bajo los expedientes FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, iniciados por Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal”, explicaron.

Recordaron también que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha señalado irregularidades durante la administración de Duarte Ochoa, que oscilan entre los 34 mil y 35 mil millones de pesos.

“El Titular de la ASF dijo que el Gobierno del Estado no había podido comprobar el gasto de dichos recursos, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República”, indicaron.

Explicaron que Javier Duarte ha sido señalado por diversos actores políticos de su estado, incluido el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de aquella entidad, de haber adquirido propiedades y hacer transferencias de recursos públicos a cuentas de prestanombres, en México y el extranjero.

Además, dijeron, el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra Javier Duarte, en la que señala que cuenta con alrededor de 25 bienes inmuebles ilícitamente adquiridos a través de testaferros con un valor superior a los 3 mil millones de pesos.

El punto de acuerdo fue firmado por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y los senadores Fernando Yunes Márquez, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito.

Comunicado emitido, esta noche, por el Senador José María Martínez Martínez

Ante los hechos en que se ha visto involucrado el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, y en mi calidad de Senador de la República, expreso lo siguiente:

Primero: como Senador de la República me preocupa que haya trascendido a nivel nacional un hecho de esta naturaleza, que exige la renuncia inmediata de Vega Pámanes para salvaguardar la integridad del estado y el honor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

Segundo: una vez que se separe del cargo, Vega Pámanes  podrá hacer valer su defensa conforme a Derecho, pues debe dejar de utilizar los recursos y medios del Poder Judicial del estado en su defensa, ya que todo indica que los motivos que lo llevaron a “interceder” por dos presuntos delincuentes, se asimilan más a los de un abogado de oficio y fuera de los procesos adecuados, y no como el vigilante del “debido proceso” que debe caracterizar al Presidente del Supremo Tribunal.

     Por Nancy Rodríguez

*El senador Esteban Albarrán Mendoza,  estuvo acompañado de su familia, entre ellos su orgulloso padre Don Jorge Albarran Jaramillo

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, tomó protesta al Senador por Guerrero Esteban Albarrán Mendoza, quien es suplente del senador con licencia René Juárez Cisneros.

“Ciudadano Esteban Albarrán Mendoza, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador de la República que el pueblo le ha conferido, cuidando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”, dictó el presidente del Senado. 

El senador Esteban Albarrán Mendoza,  estuvo acompañado de su familia.  Este mismo día Se incorporó de inmediato a su labor legislativa, para participar en la sesión ordinaria que se lleva a cabo. y tomo posesión de sus nuevas oficinas en el Recinto de Reforma e Insurgentes.

  •        Reagendar la comparecencia fue un acuerdo que se tomó con la canciller Claudia Ruiz Massieu, explicó el presidente del Senado.
  •        El Pleno camaral prolongó su debate en el tema de la reforma constitucional en materia de justicia laboral.

El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, rechazó que se hayan descontrolado los trabajos legislativos y menos que se incurriera en una descortesía hacia la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por haberse diferido su comparecencia, que estaba programada para hoy ante el Pleno camaral con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores llegó puntual a la cita a la sede del Senado, a las 11:50 horas, ya que la comparecencia estaba programada para las 12:00 horas.

El senador Escudero Morales dijo que los órganos de gobierno del Senado, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, informaron a la canciller de la prolongación del debate parlamentario sobre la reforma constitucional en materia de justicia laboral y que no querían incurrir en una descortesía al hacerla esperar, por lo que le propusieron reagendar la cita a lo que ella amablemente respondió: “Cuándo ustedes gusten, asistiré”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Fernando Herrera Ávila, junto con el senador Emilio Gamboa Patrón, y con la aprobación del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, personalmente pusieron al tanto a la situación a la secretaria de Relaciones Exteriores.

“Los temas que se procesaron, los dictámenes, era una reforma constitucional en la que todos los senadores querían hacer uso de la palabra por la relevancia del tema y, en base en eso y en algunas solicitudes, se decidió que lo mejor fuera reagendar la comparecencia”, explicó el presidente del Senado.

Afirmó que el tema de las relaciones exteriores es importante, así como la reforma constitucional en materia de justicia laboral.

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