LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (897)

Nadie duda que el correcto funcionamiento del sistema financiero mexicano coadyuvará a revertir los niveles de pobreza y desigualdad que se padecen en el país. 
 
Por esa razón, Ricardo Monreal en su faceta de hombre de propuestas, pone sobre la mesa el libro Reforma al sistema financiero mexicano: una visión de futuro, que es en esencia un ofrecimiento que busca contribuir en el inicio de la ruta de acciones y estrategias para acortar las brechas de desigualdad, de pobreza, en México.
 
A propósito de la 82 Convención Bancaria, que se desarrolla en el Puerto de Acapulco, es oportuno mencionar que, en el texto editado por Porrúa, el líder del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, analiza de manera crítica la influencia que el sistema financiero nacional ha ejercido en el desarrollo de México, considerando su historia, junto con sus posibles aciertos y errores.
 
En propias palabras de Monreal: “Hoy en día, el sistema financiero de México sigue siendo de los que menos presta y de los que más cobra por sus servicios. La banca continúa estando concentrada en un puñado de agentes…cualquier análisis de competencia sobre la banca recalca los pocos avances que se han tenido desde hace prácticamente tres décadas”. 
 
Según Monreal Ávila, quien también preside la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo, a partir de evidencia y experiencias legislativas previas, en el libro se propone una ruta de acción para que, a través de una mayor inclusión financiera, se pueda reducir el porcentaje de personas que viven en pobreza, y se logre acortar la brecha de desigualdad existente.
 
Hay que recordar que el crecimiento económico en México no ha registrado los niveles deseables ni se ha logrado de manera equitativa entre la población. Esto, sin lugar a dudas, ha ocasionado que un gran porcentaje de personas no puedan salir de la situación de pobreza en la que se encuentran, mientras que una minoría concentra una enorme cantidad del ingreso.
 
Por eso, Ricardo Monreal pone el dedo en la llaga y advierte que hoy en día, los sistemas financieros son fundamentales para el desarrollo económico de cualquier nación al filtrar, canalizar y distribuir la mayor parte de los recursos que generan.
Habrá que recordar también que, en noviembre pasado, Ricardo Monreal armó un tremendo revuelo al presentar una iniciativa que eliminaba las comisiones bancarias. 
 
En aquel momento planteó eliminar las comisiones por no mantener un saldo mínimo, por la consulta de saldo en ventanilla o por la reposición del plástico bancario a causa de robo o extravío
En la exposición de motivos de su propuesta argumentó que entre el 30% y 39% de las ganancias que percibe la banca mexicana proviene de estos cargos adicionales.
 
Vaya, pues, ahí está la propuesta, ya veremos qué pasa…
 
 
 
  1. Ninguno de los candidatos propuestos obtuvo la mayoría calificada.

     

     El Senado de la República rechazó las cuatro ternas de candidatos, que presentó el Ejecutivo Federal para ocupar los cargos de comisionados, en la Comisión Reguladora de Energía.

 

Los resultados de la votación por cédula fue el siguiente:

 

En la primera terna se emitieron 119 votos. Luis Linares Zapata obtuvo 73, Ángel Carrizales López, tres y Paola López Chávez, cero votos. Hubo 42 en contra y una abstención.

 

La segunda, recibió 118 votos, Norma Leticia Campo Aragón registró 74; Jorge Amaya Méndivil, cero; y Alfonso López Alvarado, uno. Y una abstención.

 

Por la tercera,  integrada por dos aspirantes, sufragaron 118 senadores. José Alberto Celestinos Isaac, registró 75 votos; Mario José Silverio Galicia Yépez, cero. Fueron 42 en contra y una abstención.

 

En la cuarta, Edmundo Sánchez Aguilar obtuvo 75 votos; Guadalupe Escalante Benítez, cero y Fernando Juárez Martínez, cero. La terna recibió 42 votos en contra y una abstención.

 

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, informó que ninguno de los aspirantes propuestos obtuvo la mayoría calificada, que exige el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

 

Solicitó que estos resultados fueran notificados al Presidente de la República, para que presente una nueva terna para los efectos previstos en la disposición legal ya mencionada.

 

Previo a la votación, Batres Guadarrama explicó al Pleno que la Junta de Coordinación Política devolvió el dictamen a la Mesa Directiva por considerar que los candidatos no cumplen con el perfil requerido, ni lograron consenso mayor y suficiente para ser sometidos a la consideración de senadores y senadoras.

 

El 28 de febrero, el Pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Energía que establecía la idoneidad de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal.

  • Ejecutivo Federal tienen 10 días hábiles para objetar el nombramiento, si así lo considera.
  • Recibió 98 de 101 votos; su encargo, por siete años.

 

El Senado de la República eligió a Josefina Román Vergara como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por un periodo de siete años.

 

Mediante cédula, los senadores emitieron 101 votos. Román Vergara, quien fue propuesta por la Junta de Coordinación Política, recibió 98 sufragios en pro y uno en contra, además hubo dos abstenciones. Con ello se reunió la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes, como lo exige la Constitución.

 

El titular de la Mesa Directiva, Martí Batres, instruyó que se comunique la designación al Presidente de la República quien, de acuerdo con el artículo sexto constitucional y el 18 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer uso de su derecho a objetar el nombramiento, si así lo considera.

 

Al respecto, el senador Cruz Pérez Cuellar, de Morena, refirió que para el proceso de selección se registraron 29 candidatas y candidatos a ocupar la vacante, generada por el fallecimiento del comisionado Carlos Bonnin, en noviembre de 2018. 

 

Las 29 personas, agregó, cumplieron con el perfil, pero el nombramiento recae en Josefina Román, pues tiene una amplia trayectoria en el Estado de México y cuenta con todas las cualidades para desempeñar el cargo.

 

Recordó que fue la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, también comisionada presidenta del instituto de transparencia de esa entidad y coordinadora de los órganos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, entre otros. 

 

Del PAN, la senadora Xóchitl Gálvez destacó que el proceso de selección fue transparente, además que se veló por la equidad de género. Consideró que el Inai debe revisar su operación y hacer modificaciones para lograr que la transparencia sea una auténtica herramienta de la ciudadanía.

 

El senador de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, destacó la trayectoria, el perfil y conocimiento de la nueva comisionada para ocupar la vacante en el Inai. Su trabajo, continuó, ayudará a contar con un instituto fuerte y eficaz, que ayude a combatir la opacidad y corrupción. “Hoy más que nunca, debemos defender al Inai y las instancias autónomas del país”, resaltó.

 

El senador de Morena, Higinio Martínez, reconoció la trayectoria, experiencia y compromiso en el combate a la corrupción de Román Vergara. Aseguró que su papel en el órgano autónomo se verá beneficiado, dado que cuenta con independencia partidista.

 

El senador Omar Obed Maceda Luna, del PRD, aseguró que su Grupo Parlamentario votaría en favor porque Josefina Román Vergara demostró tener una trayectoria profesional que sumará talento en la operación del Inai.

 

La senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI, celebró el proceso de Parlamento Abierto para seleccionar a la nueva comisionada del Inai. Destacó que Román Vergara tiene 30 años al servicio de la administración pública sin vínculos partidistas, por lo cual, su Grupo Parlamentario avalaría su designación.

  1. El vital líquido en grave riesgo por los procesos de privatización en México.

     

El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, advirtió que el agua es uno de los recursos naturales que está en “grave riesgo” por los acelerados procesos de privatización en México.

 

Dijo que, aunque en este gobierno “no se profundizará la transferencia de los bienes de la nación y la riqueza de las comunidades a particulares”, es necesario “tomar medidas legislativas de largo aliento” para establecer un “dique legal” que impida la privatización de este líquido, más allá de este sexenio.

 

En el foro “El Agua es de Todos”, Martí Batres señaló que la explotación comercial de la misma se ha llevado a cabo sin grandes decisiones nacionales o reformas legislativas profundas en los municipios o en diversos estados de la República.

 

Señaló que al final del sexenio pasado se tomaron decisiones “para dejar una pequeña herencia de privatizaciones de las cuencas hidrológicas de diversos lugares del país”.

 

“Sabemos muy bien que no ocurrirá ningún proceso de privatización a lo largo de la presente administración. Debemos estar seguros de que tampoco ocurra en los sexenios siguientes”, asentó.

 

En su ponencia, Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseveró que el tema del agua ha generado debates a través de la historia. Ha movido las estructuras políticas, pero no se ha logrado el mandato constitucional de tener una Ley como tal.

 

Mencionó que las grandes industrias: lecheras, refresqueras, agroindustria, hotelería, cerveceras, entre otras, son los grandes acaparadores. Nos despojan del vital líquido, sin ninguna reglamentación.

 

Por ello, dijo, debe constitucionalizarse su derecho. Este tiene como base fundamental y política todo el despojo que promovió el neoliberalismo.

 

Los derechos humanos, agregó, están guiados por el principio de universalidad. Garantizar que los bienes fundamentales para la vida, sean para todos. “Que se pongan límites a los poderes públicos y privados. Las autoridades están obligadas a respetar, proteger y garantizar el derecho al agua.

 

Por su parte, la especialista del colectivo de Abogados, Claudia Gómez Godoy, señaló que el tema del debate actual del agua es complejo. Consideró que la situación en materia de acceso está en crisis.

 

En el foro organizado por el senador José Narro Céspedes también estuvieron presentes, entre otros, el coordinador del programa de investigación para la sustentabilidad de la UAM, Pedro Moctezuma Barragán, así como investigadores, especialistas y representantes de organizaciones civiles.

  • Exhortó a diferentes autoridades federales para que se homologuen los criterios de combustible para Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara
  • Solicitó modificar la NOM-016-CRE-2016, publicada el 9 de agosto del 2016 y contiene las especificaciones de calidad de los petrolíferos

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, presentó un punto de acuerdo ante el Pleno del Senado de la República para exhortar a las autoridades federales a modificar una norma oficial mexicana, con el fin de que en Monterrey y su área metropolitana se distribuya gasolina de mejor calidad.

El legislador federal explicó que la NOM-016-CRE-2016, publicada el 9 de agosto del 2016, contiene las especificaciones de calidad de los petrolíferos, según las cuales la calidad de combustibles que se ofrece al consumidor en Monterrey es inferior a la de Ciudad de México o Guadalajara.

“Mientras que las zonas geográficas de Valle de México y Jalisco la calidad de gasolina es AA, el combustible que se usa en Nuevo León es del tipo B y C, los cuales, al evaporarse más fácilmente, emiten al aire 50 por ciento más de sustancias tóxicas, perjudicando la salud de los nuevoleoneses”, denunció desde la máxima tribuna.

Fuentes Solís alertó que el tipo B y C son de menos calidad y que la exposición al benceno podría aumentar el riesgo de padecer leucemia y otras enfermedades de la sangre, más aún porque Monterrey y su área metropolitana es la ciudad más contaminada de México y de Latinoamérica; en 2018, cuatro días de cada siete tuvo mala calidad del aire.

En el texto del punto de acuerdo, el legislador hace un llamado a pedir la intervención de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Secretaría de Energía (SENER); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en específico, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímico. 

El exhorto se hace bajo el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo cuarto señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; el Estado garantizará el respeto a este derecho; el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

 

  • 70 por ciento del agua del país está en manos de siete concesionarios, afirma Leticia Merino Pérez, investigadora de la UNAM.
  • Inauguran “Celebración cultural del agua y la vida”. 

El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, José Narro Céspedes, dejó en claro que el derecho al agua debe estar garantizado para todos los mexicanos, por lo que se manifestó en contra de su eventual privatización.   

El legislador de Morena inauguró el evento denominado la “Celebración cultural del agua y la vida” que, con diversas actividades culturales, se llevará a cabo este miércoles y mañana jueves en las instalaciones del Senado de la República. 

Po su parte, Pedro Moctezuma Barragán, integrante de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó la necesidad de discutir en un amplio debate sobre este tema, de cara a una próxima Ley General de Aguas. 

El debate, consideró, habrá de ser incluyente, con la participación de mexicanos y mexicanas que han defendió en comunidades, ejidos, barrios colonias y universidades este recurso tan valioso. El agua no sólo es un tema de grandes negocios, es un tema de vida y de amplia participación de los tres órdenes de Gobierno, indicó. 

La doctora Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirmó, a su vez, que México vive “una grave crisis hídrica”, que implica el agotamiento de cuentas, “sobreconcesionamiento”, contaminación y apropiación de este bien púbico por parte de un pequeño grupo de empresarios. 

Advirtió que “70 por ciento del agua del país está en manos de siete concesionarios”. Y es en este contexto que se llevará a cabo un amplio debate sobre este líquido: “Esperamos que el Congreso esté del lado de la ciudadanía”, expresó. 

A la inauguración del evento también asistió la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, quien expresó que el cuidado de un recurso vital para el ser humano debe ser un compromiso de todos. 

La diputada Leticia Díaz Aguilar, secretaria de la Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, dijo que en la colegisladora se organizarán foros para construir un proyecto sobre la Ley de Agua Nacional.

          Por Nancy Rodríguez

  • Las exportaciones de México a Estados Unidos bajaron 30 por ciento. 

La Cámara de Senadores solicitó a la Secretaría de Economía realizar las negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232 impuesta por Estrados Unidos al acero y aluminio, antes de ratificar del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).  

Esto, debido a que en mayo de 2018, Estados Unidos impuso aranceles de 25 y 10 por ciento a las importaciones mexicanas al acero y aluminio, lo que ha impactado a la industria nacional, señala el dictamen de punto de acuerdo. 

También se solicitó a la misma dependencia un informe acerca de los rubros que México concedió durante la negociación de dicho acuerdo comercial, y que indique la manera en que se preservan los intereses de México. 

Dicho informe debe integrar las reservas establecidas en el acuerdo comercial y las razones para ello. Además, deberá precisar las medidas administrativas que se llevarán a cabo para que dicho tratado cumpla sus objetivos, las leyes y reglamentos nacionales que podrían ser afectados a partir de su ratificación. 

En las consideraciones del dictamen se resalta que, desde la imposición del gravamen las exportaciones mexicanas de acero a Estados Unidos bajaron 30 por ciento, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria y del Acero. 

Cabe mencionar que la industria siderúrgica mexicana aporta el 10.6 por ciento del Producto Interno Bruto manufacturero, el 6.2 por ciento del industrial y 1.9 por ciento del nacional. Además, genera más de 600 mil empleos directos e indirectos, señala el documento. 

Al respecto, la senadora Verónica Martínez aseguró que la exención de aranceles al acero y aluminio mexicanos, no representa ningún riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos como lo aseguró ese país. Además, dijo, la industria mexicana no recibe subsidios gubernamentales.

  • Morena busca incorporar la Acción Colectiva para evitar abusos y/o violaciones a la Ley.
  • Para erradicar la volatilidad, es necesario brindar mayor seguridad a los pequeños accionistas.

      

    Para proteger los derechos de los accionistas minoritarios y evitar algún prejuicio derivado de acciones ilegales de accionistas mayoritarios, el Grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentará una iniciativa de Ricardo Monreal para incorporar la Acción Colectiva al Mercado de Valores. 


    Con este instrumento se garantizará el acceso efectivo a la justicia de todos los participantes del Mercado de Valores; además de que permitirá que  los trabajadores puedan invertir sus ahorros de forma segura y evitar abusos.
     

    Así, los accionistas minoritarios que sufran algún daño a causa de una violación a la ley, cometida por accionistas mayoritarios de una emisora de valores podrán acceder a la justicia a través de la acción colectiva prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
     

    La extensión del uso de las acciones colectivas al ámbito del Mercado de Valores, repercutirá en un beneficio al aparato jurisdiccional mexicano, pues uno de los objetivos de estas acciones es la economía procesal, señala el documento a presentar en el Pleno de la Cámara Alta.
     

    Este instrumento legal, impulsado por el Grupo Parlamentario que encabeza Ricardo Monreal, se ha establecido en diversas legislaciones de países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia.


    La iniciativa también se basa en la premisa de que al ser exitoso un mercado de valores, redunda en la eficiente movilización del capital lo cual incide de manera positiva en el crecimiento económico de las empresas y a su vez, de la economía nacional, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.


    Para catalizar las condiciones económicas inherentes a las dinámicas del Mercado de Valores mexicano y erradicar la volatilidad de las intenciones inversionistas, es preciso fortalecer los escenarios que se traduzcan en mayores condiciones de seguridad para los pequeños accionistas, afirma la iniciativa.


    Cabe destacar que la acción colectiva es un instrumento jurídico, cuyo principal objeto es brindar protección a los derechos difusos ya sea individuales o colectivos, colocando a las partes en un plano de igualdad de posiciones ante procedimientos jurisdiccionales. 


    En la actualidad, nuestra legislación consagra el ejercicio de las acciones colectivas sólo para dos materias: relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente. 

    Lo senadores de Morena consideran que la acción individual tradicional no ha sido suficiente para garantizar los derechos de los inversionistas minoritarios en el Mercado de Valores, toda vez que estos se encuentran en una clara posición de desventaja tanto frente a las emisoras de valores, como a sus accionistas de control.

 

  • Comisión de Seguridad Pública realizará audiencias sobre el tema, el 20 y 21 de marzo.      

En reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República resolvió invitar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en fecha por definir, a una reunión de trabajo para tratar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

Posteriormente, el 20 y 21 de marzo se llevarán a cabo audiencias con expertos en anticorrupción, derechos humanos, estrategia judicial, estrategia policial, prevención del delito, cultura de la paz, centros penitenciarios y readaptación social.    

Cabe recordar que en 2014 fue adicionado un párrafo tercero al artículo 69 constitucional, para establecer que en el primer año de su mandato, el Presidente de la República debe presentar a laCámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, e informar anualmente sobre el estado de la misma.   

Dicha reforma entró en vigor el 1 de diciembre de 2018. A la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, se actualizó la participación del Senado en el ejercicio de la facultad antes mencionada. 

El acuerdo propuesto por la Mesa Directiva, establece que el Senado de la República ejercerá la atribución constitucional antes que concluya el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. 

Tras la reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública y las audiencias con expertos, la Comisión de Seguridad Pública elaborará un dictamen que proponga una resolución sobre la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

A dicha reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública asistieron los senadores Lucía Trasviña Waldenrath, Verónica Martínez García, Nestora Salgado García, Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera, Claudia Anaya Mota, Alejandro Peña Villa, Verónica Camino Farjat, Pedro Haces Barba, Primo Dothé Mata y Arturo Bours Griffith.

  1. México ocupa los primeros lugares con mayor número de hectáreas de tierra deforestada.

Debido a que México se encuentra entre los primeros cinco lugares a nivel mundial con mayor deforestación, con el 90 y 95 por ciento de tierra, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena presentarán un punto de acuerdo para que las autoridades competentes informen sobre el eventual parcelamiento de bosques y selvas.

En el documento, los legisladores detallan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, en 2015, se registraba una pérdida neta de 92 mil hectáreas anuales de bosques, principalmente por el cambio de uso de suelo.

Ante esta situación, los senadores de Morena consideran necesario adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, siendo  los bosques y selvas, explican, los principales  amenazados con el cambio de uso de suelo para la agricultura y ganadería, explotación forestal y tala indiscriminada.

En el punto de acuerdo, se  solicita al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los dictámenes que ha emitido, desde diciembre de 2012 a la fecha, relativos al eventual parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas del país.

 También se pide a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano enviar al Senado de la República el listado de ejidos y comunidades de los estados que han delimitado y asignado tierras como parcelas, no obstante haber sido emitido dictamen u opinión de la SEMARNAT por la posible existencia de bosques o selvas y la situación actual.

Asimismo,  hacen un llamado al procurador agrario,  para que les facilite el listado de asuntos en que ha demandado la nulidad de Asambleas de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras ejidales o comunales, por la posible existencia de bosques o selvas y su estado actual, en las 32 entidades federativas.

Los senadores, también exhortaron al titular del Tribunal Superior Agrario y a los Tribunales Unitarios Agrarios, información y versión pública de las sentencias definitivas en las que la litis verse sobre la nulidad de parcelamiento de bosques o selvas asignadas mediante Asambleas de Delimitación, Destino y asignación de tierras ejidales o comunales.

           Por Nancy Rodríguez

  • La iniciativa del PAN presentada en octubre pasado busca combatir la corrupción, inhabilitando a funcionarios deshonestos para que no vuelvan a participar como servidores públicos

Como lo prometió en campaña, el PAN impulsó una propuesta para aplicar la “muerte civil” a funcionarios corruptos, quienes serían inhabilitados de forma permanente para ocupar cargos públicos, la cual fue aprobada ayer en comisiones del Senado.

Las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera, que preside la senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobaron por unanimidad una propuesta de los senadores panistas, y de otros partidos, para establecer la inhabilitación permanente a funcionarios públicos que hayan cometido actos graves de corrupción, conocida como “muerte civil”.

El dictamen aprobado señala que los servidores públicos o particulares serán inhabilitados de forma permanente para desempeñar cargos públicos o participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, como se establece en la propuesta presentada por los legisladores del Acción Nacional en octubre pasado.

Durante la discusión en comisiones, los senadores del PAN propusieron también mantener la inhabilitación temporal, como se estableció en la propuesta original, cuando dichos actos no causen daños, perjuicios o lucro, y se indica que la pena sería de tres meses y hasta un año, y de uno hasta 10 años si el monto de la afectación no excede las 200 veces el valor de la UMA, lo que fue avalada por los senadores presentes.

Las senadoras y los senadores del PAN votarán a favor del dictamen que será enviado al Pleno para su discusión y expresan su compromiso de seguir impulsando propuestas concretas que realmente combatan la corrupción y castiguen a quienes la cometan o toleren.

 

          Por Nancy Rodríguez

  1. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de proteger sus derechos: Añorve Baños
      

El senador Manuel Añorve Baños presentó una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Juventud. Se adicionan las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 4, y se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en relación con el catálogo de intervenciones gubernamentales. 

Al respecto, señaló que como representantes populares, tienen la responsabilidad de dotar a los jóvenes de un marco jurídico que reconozca y garantice la protección de sus derechos. Apoyarlos es la mejor inversión que podemos realizar, dijo. 

El legislador priista informó que en México las y los jóvenes representan un grupo poblacional dinámico, con un crecimiento significativo. Actualmente, abundó, existen más de 38 millones de jóvenes, que representan el 32 por ciento de la población total.

“Es tiempo de saldar la deuda que tenemos con los jóvenes. Resulta fundamental que el Estado mexicano ratifique la convención Iberoamericana de los derechos de los jóvenes, como instrumento internacional y documento marco para el ejercicio y el disfrute pleno de sus derechos”, indicó. 

Añorve Baños mencionó que es urgente la discusión y aprobación de esta ley, para reconocer y garantizar el desarrollo pleno de la población joven, así como la ampliación de las facultades del Instituto Nacional de la Juventud en materia de coordinación interinstitucional. 

Con las modificaciones a la ley citada, se podrán, entre otras acciones, emitir opiniones; formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de la Juventud; sugerir la realización de estudios e investigaciones en materia de juventud.

De igual forma solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informes sobre los recursos ejercidos en programas presupuestarios y proyectos sujetos a reglas de operación, campañas, estrategias, iniciativas y convocatorias. 

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

  • En segunda votación, obtuvo 95 sufragios favorables; durará en el cargo 15 años. 

El Senado de la República nombró a Yasmín Esquivel Mossa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. Después de la votación el presidente del Senado, Martí Batres, le tomó la protesta de ley a la nueva servidora pública. 

Tras una primera ronda en la que no se alcanzó la mayoría calificada, se hizo un receso de más de una hora. En una segunda votación, de 121 votos depositados en la urna, 95 fueron en favor de Yasmín Esquivel Mossa, seis para Loretta Ortiz Ahlf, cero para Celia Maya, un voto nulo y 19 en contra de la terna. 

Yasmín Esquivel Mossa 

Antes de la votación, comparecieron las integrantes de la terna ante la Asamblea. La primera  en exponer sus méritos y proyecto como posible ministra fue Yasmín Esquivel Mossa, quien se  comprometió a defender la autonomía e independencia judicial. “Independencia sin simpatías ideológicas, respondiendo a los mandatos de la Constitución”, resaltó. 

A decir de la candidata, la Corte debe ser un dique que contenga cualquier exceso de cualquiera de los poderes del Estado. Ésta no debe dar “ni un paso atrás en los derechos ganados y reconocidos” en la Carta Magna. Su defensa requiere de imparcialidad, independencia y ética judicial, señaló. 

Como ministra, aseguró, contribuirá a la plena vigencia de derechos que establece la Constitución. Buscaré, dijo, privilegiar la íntegra interpretación de la Carta Magna, los tratados internacionales y la legislación secundaria. 

Celia Maya García 

Dijo que no negaba su simpatía hacia la legitimidad del proyecto del nuevo gobierno porque coincide con los intereses de la Nación. Señaló que la Constitución y las leyes no ordenan a los juzgadores la neutralidad ideológica, sino la imparcialidad en el cargo. “Eso lo he cumplido durante mi desempeño, por más de 40 años en el servicio público”.

Subrayó que no puede haber poderes público o privados por encima de la Constitución; y no puede ser el dinero, la influencia, la amistad o el poder los que determinen quien gana o pierde en un juicio. Abundó en que las mexicanas reclaman a las instituciones de justicia, el respeto de los derechos derivados de su condición de mujeres. 

Loretta Ortiz Ahlf

La tercera integrante de la terna enviada por el Ejecutivo Federal resaltó su compromiso para impulsar y fomentar una justicia cercana a la sociedad civil organizada, contribuir al fortalecimiento y recuperación de la confianza en las instituciones judiciales.

Consideró, además, que se requieren juristas especializados en materia internacional, ya que en el máximo tribunal no cuenta con estos perfiles. La falta de este nivel de especialización representa un atraso en la impartición de justicia, dijo. 

  • El impulso a la política social, otro símbolo de distinción, asevera.


El presidente del Senado de la República, Martí Batres, dijo que a cien días del nuevo gobierno el balance es positivo, pues a la par de la lucha contra los privilegios y el rescate patrimonial del Estado, se impulsa una política social amplia que atiende de manera especial a los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

 

Consideró que los consensos alcanzados en la aprobación de la Guardia Nacional deben repetirse en temas como la eliminación del fuero, las modificaciones en materia de consulta popular, la revocación de mandato o la reforma educativa.

 

El legislador agregó que las reformas para eliminar el fuero a servidores públicos es un asunto fundamental. Recordó que hay una minuta de la Cámara de Diputados, diversas iniciativas e interés del Gobierno de la República para retomar esta discusión en el Congreso.

 

Batres Guadarrama fue interrogado por reporteros momentos antes de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentara su informe con motivo de los primeros cien días de gobierno.

 

Agregó que entre otros pendientes en los que “sería deseable” el acuerdo de todas las fuerzas políticas está una reforma laboral “progresiva” y la paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos del Estado.

 

El presidente de la Mesa Directiva expresó que en todo proceso de cambio existen resistencias y en este sentido “hay todavía inercias en la defensa de ciertos privilegios” que se tienen que vencer para avanzar en el proyecto de transformación.

 

Consideró que una vez que entren en vigor la Guardia Nacional, el nuevo catálogo delitos graves, la figura de la extinción de dominio y la nueva estrategia de seguridad pública, “deben darse resultados lo antes posible” en materia de seguridad pública.

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