• Busca atender la omisión normativa que, por casi 30 años, tiene en suspenso la expedición de una NOM en la materia, expone

EL Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) debe contar con atribuciones para proponer Normas Oficiales en materia de disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, así como la extracción, donación, trasplantes y asignación, consideró el senador Ricardo Monreal.

El coordinador de Morena en el Senado recordó que la Ley General de Salud le confiere a la Secretaría de Salud la facultad de establecer y dirigir las políticas en la materia.

Sin embargo, explicó, el CENATRA no tiene la facultad expresa para proponer las normas en la materia de su especialidad, lo que excluye la visión del organismo con mayor solidez y experiencia en la materia.

En ese sentido, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para que este Centro cuente con las atribuciones de proponer Normas Oficiales en la materia.

La propuesta, que se analizará en las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, adiciona el artículo 314 Bis 3 a la Ley General de Salud para que el CENATRA también pueda determinar los establecimientos de salud donde se realizarán dichos actos y establecerá las reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones.

Monreal Ávila denunció que no se ha expedido una Norma Oficial Mexicana que establezca con claridad las pautas que sustenten una política pública más eficiente, ordenada, trasparente y de la mayor calidad posibles.

La norma es necesaria, subrayó, especialmente en materia de capacitación, acreditación y evaluación de las y los profesionales de la salud que llevan a cabo dichos procedimientos; y la supervisión de la infraestructura y personal médico especializado en donación y trasplante de órganos.

Además, puntualizó, en la optimización de procedimientos para la asignación y distribución de órganos, tejidos y células con fines de trasplante, así como la vigilancia sanitaria en la materia.

Ricardo Monreal reiteró que su propuesta plantea atender la omisión normativa que, por casi 30 años, detiene la expedición de una Norma Oficial Mexicana en la materia, así como los aspectos sustanciales que debe contener, dada su relevancia.

“La donación y el trasplante de órganos son actos que parten de una profunda vocación altruista, pues mediante ellos es posible mejorar la calidad y expectativas de vida de miles de personas enfermas o en situación terminal”, expresó.

En el marco de la Comparecencia de la Secretaria de Bienestar, la Presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social Marcela Mora, señaló que iniciarán labores con el Titular Javier May Rodríguez para crear la Ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional, que brindará un marco jurídico para que las pensiones no contributivas tengan un sustento económico de largo plazo.

El dicha comparecencia el Titular Javier May Rodríguez señala que ha habido un aumento en los salarios pagados por pensión no contributiva, donde se paso de $1160 pesos en 2018 a $2700 pesos en 2021.“Esto es, más del doble, adicional en solo dos años. Y nos encaminamos al horizonte de $6000 pesos en 2024” mencionó el Titular.

La Senadora por el Partido Encuentro Social, Marcela Mora, hizo un reconocimiento al trabajo que se ha realizado para medir los estándares de pobreza en los que se encuentra nuestro país: “Sin duda el CONEVAL ha permitido una evaluación sistemática de las condiciones de la pobreza, sin embargo, se requiere ampliar la multiplicidad de variables que definen la vulnerabilidad y la dificultad para medirlas e integrarlas. Reconocemos que se han hecho esfuerzos, sin embargo, hoy requerimos indicadores que permitan tomar decisiones para evaluar la gestión de manera integral”.

Finalmente Mora Arellano, comentó que iniciará una estrecha comunicación con el Titular de la Secretaria de Bienestar Social para iniciar los trabajos de la Ley de Pensión no contributiva, para destinar el pago de $6000 pesos a todos nuestros adultos mayores, a final del sexenio para que ellos puedan contar una suficiencia financiera y garantice su viabilidad futura.

• En Oaxaca, la mayoría de los hogares reciben algún apoyo o el beneficio de alguno de los programas para el bienestar

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el primero en la historia moderna que ha colocado en el centro de las políticas públicas el bienestar de las personas, prioritariamente a los pobres, afirmó el senador Salomón Jara Cruz.

Luego de escuchar al secretario de Bienestar, Javier May, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el senador morenista señaló que el presidente de la república ha demostrado con hechos que apoyar a los más pobres genera riqueza y bienestar para todos.

“Con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro, este sector de la población puede continuar estudiando y aprender un oficio, lo que los aleja del paradigma de continuar en la pobreza o unirse a la delincuencia”, comentó.

Dijo que, durante sexenios, el abandono del campo mexicano incrementó la pobreza de cientos de comunidades y fomentó la desertificación de miles y miles de hectáreas, sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación ha actuado decididamente para revertir esta crisis.

“Sembrando Vida es uno de los programas más ambiciosos y hoy beneficia a 420 mil 256 personas en 20 estados, lo que ha permitido restablecer la economía local en 884 municipios, 23 mil 507 localidades y 8 mil 917 ejidos, mediante la siembra de árboles frutales y maderables”, detalló.

Jara Cruz resaltó que no se puede hablar de bienestar y desarrollo sin incluir a las personas adultas mayores, quienes durante toda su vida contribuyeron a la construcción de nuestro país.

“La Pensión para el Bienestar no sólo es un acto de justicia sino también de reconocimiento a las mujeres y a los hombres que con dedicación trabajaron toda su vida y que merecen gozar de una vejez con dignidad; hoy más de 8 millones de personas reciben 3 mil 100 pesos bimestrales, cantidad que se incrementará anualmente hasta llegar a 6 mil pesos en 2024”, añadió.

Dijo que para los gobiernos neoliberales el pueblo debía apretarse el cinturón para generar riqueza y luego esta se redistribuiría, pero solo aumentaron la pobreza de los más pobres y la riqueza de los más ricos.

Indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que apoyar primero a los pobres impulsa la economía popular, el mercado interno y mejora la calidad de vida de todo el país, incluso en medio de las crisis económica y sanitaria causadas por la pandemia.

“En Oaxaca, la mayoría de los hogares reciben algún apoyo o el beneficio de alguno de los programas para el bienestar. Por eso el próximo año la 4T llegará a nuestro estado con el objetivo fundamental de abatir la desigualdad y promover un modelo de desarrollo centrado en los que menos tienen”, concluyó el senador Salomón Jara Cruz.

• Si no hubiesen existido los programas sociales de esta administración, México no hubiera resistido a la pandemia, afirma al comparecer ante el Pleno del Senado

El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, informó al Pleno del Senado de la República que este martes “se empezaron a entregar los apoyos” a las y los damnificados, por las inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

May Rodríguez compareció ante la Cámara Alta para dar cuenta de la Política Social del Ejecutivo Federal, con motivo de la Glosa del III Informe de Gobierno. Previo a su intervención inicial, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, le tomó la protesta de decir verdad en la información que expuso ante la Asamblea.

El funcionario federal dijo que también está por iniciar la entrega de recursos a las demás entidades que fueron afectadas por fenómenos climáticos en nuestro país, y que se levanta un censo para identificar afectaciones por las inundaciones en el municipio de Ecatepec, Estado de México, así como los daños ocasionados por el huracán Nora, en Puerto Vallarta, Jalisco.

En todos los casos, asentó, hay plena coordinación con los tres niveles de Gobierno. Además, informó a senadoras y senadores que, a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, se entregaron apoyos económicos o en especie a 258 mil 684 personas de dos entidades federativas.

Este apoyo incluye a las personas damnificadas por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, registradas a finales de 2020, ayuda que ascendió a más de dos mil millones de pesos; así como a migrantes en la frontera sur y norte.

May Rodríguez señaló que la corrupción provocaba la tardanza que había con la aplicación del FONDEN, “pero ahora los apoyos se entregan de manera directa, sin corrupción y de inmediato y no se permite que nadie lucre con las desgracias de la gente”.

Ante el Pleno del Senado, el secretario de Bienestar afirmó que “los programas sociales ya no son más una dádiva ni un favor del Gobierno, sino un derecho constitucional que estamos cumpliendo”.

Dio a conocer que se estableció un blindaje a dichos programas, porque por mucho tiempo los fueron utilizados de manera clientelar y con propósitos electorales. “Condicionaban la ayuda a la gente a cambio de votos”.

Además, aclaró que el presupuesto destinado a los programas que aplica la Secretaría de Bienestar pasó de 44 mil millones de pesos en 2018, cuando todavía era SEDESOL, a 178 mil millones de pesos este año 2021.

Y, para el 2022, se tienen proyectados recursos por 289 mil millones de pesos. De aprobarse este monto, dijo, los recursos destinados a ayudar a las y los más pobres y desprotegidos, habrán crecido “556 por ciento, en comparación con 2018”.

Entre otros datos, dio a conocer a los legisladores que, a junio de 2021, la pensión para el Bienestar para personas adultas mayores se entrega a 8.3 millones de beneficiarios, de los cuales el 10 por ciento es población indígena o afromexicana.

Las pensiones para personas con discapacidad permanente se entregan a 934 mil 895 derechohabientes. El programa “Sembrando Vida” genera más de 418 mil empleos en 28 territorios de 20 estados del país.

Y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijas de madres trabajadoras, ha atendido a 184 mil 920 derechohabientes, en beneficio de 193 mil 329 niñas y niños, con un presupuesto de mil 584 millones de pesos.

Si no hubiesen existido estos programas -acotó el funcionario- no hubiésemos resistido a la pandemia.

“Por fortuna, las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, siempre contaron con la entrega de los apoyos sociales, incluso de manera anticipada, así tuvieron recursos para su alimentación y para mantenerse en sus casas”, expresó.

Además, informó que, en las elecciones recientes, tanto a fines del 2020 como en el 2021, “no tuvimos ninguna intervención, ninguna denuncia con injerencias de la Secretaría de Bienestar en los procesos electorales”.

• Pide retomar el tema en el Congreso de la Unión para saldar demanda histórica con los pueblos indígenas

El vicepresidente del Senado, José Narro Céspedes, consideró necesario que el Congreso de la Unión retome los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, para saldar un reclamo histórico con los pueblos y comunidades indígenas.

En este sentido, planteó que es indispensable formular una iniciativa para el Estado mexicano cumpla con los compromisos adquiridos en el documento, firmado en 1996.

Durante la inauguración del foro a “25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, realizada en la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl 9, el senador afirmó que esta dispuestos a abrir los espacios de diálogo, a fin de construir un futuro de justicia y dignidad para los pueblos originarios de nuestro país.

Explicó que el debate inicial para la negociación del documento era “decidir si los cambios sociales debían darse mediante la vía política o armada, al final el sector que se levantó en un movimiento nacional llamó a la paz y a la dignidad de los pueblos indígenas y convocó a un gran diálogo para tomar los acuerdos señalados, mismos que el Gobierno incumplió”.

Por ello, es preciso hacer los esfuerzos para que esa lucha emprendida hace más de 25 años, por los pueblos originarios, se consolide, que se les reconozcan sus derechos y tenga un resultado favorable en esta nueva reconstrucción nacional que inicio hace tres años.

“Se trata de reconocer los derechos de los pueblos originarios, su derecho a la tierra, al agua, a su cultura, sus usos y costumbres. Son fundadores de esta nación mexicana, por ello hacemos esta reunión para recordar y traer al presente los compromisos de construir un futuro de justicia y dignidad para ellos” puntualizó.

En el evento, al cual asistieron representantes de comunidades indígenas de Chiapas, Veracruz Oaxaca y otros estados, subrayó que “tenemos un Gobierno dispuesto a hacer justicia y me da mucho gusto recibirlos en este lugar emblemático, porque vamos a reconocer la deuda y se va a plantear una propuesta de iniciativa para poner el tema en el Congreso de la Unión”.

En su intervención, Marco Michel, uno de los integrantes de la Primera Comisión para la Concordia y Pacificación, dijo que es necesario que las autoridades cumplan con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, puesto que no se trata de que sólo se les den dádivas a las comunidades como lo ha hecho durante todo este tiempo.

“Hacemos un llamado para que el Gobierno Federal convoque a los gobiernos estatales a presentar los proyectos generadores de empleo y arraigo de las familias en sus regiones, ya que es insuficiente promover solo programas asistenciales ante el rezago estructural y la pobreza de la zona”, expresó.

Lo anterior, dijo, permitirá resolver las tensiones históricas, que de no ser atendidas por la vía institucional podrían generar más conflictos, un posible choque cultural y vulnerar la gobernabilidad.

Jaime Martínez Veloz, integrante de la Primera Comisión de Concordia y Pacificación, entregó al senador José Narro Céspedes una propuesta de iniciativa de Ley para cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

“La propuesta contiene modificaciones de carácter constitucional para cumplir los acuerdos de San Andrés y para armonizar la legislación nacional, con la legislación de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas y con los tratados internacionales”.

Recordó que, en 1996, los zapatistas aceptaban la iniciativa de ley para poner paz al conflicto chiapaneco; sin embargo, fue el Gobierno Federal quien rechazó lo que colegiadamente se había construido a partir de los que había firmado el gobierno federal.

Por su parte, Sebastián Gómez Pérez, representante de pueblos indígenas dijo que faltan adecuaciones legales para que los derechos de las comunidades originarias no queden asentados sólo en el papel, sino que se trasladen al territorio donde habitan.

Agradeció que el gobierno actual haya implementado mecanismos para ayudarlos en diferentes ámbitos; sin embargo, dijo que hay zonas zapatistas no cuentan con algún apoyo, “el mundo ve la pobreza de los pueblos indígenas nosotros la vivimos”, concluyó.

El día de hoy, presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Este dictamen fue aprobado por las Comisiones Unidas, en la reunión ordinaria del pasado 9 de septiembre, estas reforman proponen incluir dentro del procedimiento de enajenación el sorteo y permitir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado vender bienes a través de sorteo, con la finalidad de obtener más recursos para que puedan ser aprovechados y utilizados por el Gobierno para el cumplimiento de sus fines públicos en beneficio de la sociedad.

Las reformas planteadas en el presente Dictamen permiten que a través del sorteo se enajenen bienes inmuebles que ahora están bajo la tutela del Estado mexicano, que hoy en día, la mayor parte de estos bienes, no son aptos para el servicio público, o están ociosos y generan un gasto al erario, por lo que se considera que el sorteo es una medida más, a través de la cual el gobierno podrá allegarse de recursos para destinarlos en beneficio de la sociedad, además de reducir el gasto corriente derivado de la manutención y administración de los bienes en comento.

La Lotería Nacional constituye una de las instituciones con mayor arraigo en la sociedad y durante su existencia ha aportado recursos importantes para la asistencia pública y social al Gobierno Federal.

Con estas reformas estamos dotando al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado de las herramientas jurídicas con la finalidad de que el sorteo sea una opción a través de la cual, el Instituto pueda vender los bienes, a través de un mecanismo transparente.

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Por todo lo anterior, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas.

Agradeciendo su atención, es cuanto presidenta.

Se remite para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

• Paquete Económico maximizará este el impulso, dice el titular de la SHCP al comparecer ante el Pleno del Senado, como parte del III Informe de Gobierno

Ante el Pleno del Senado de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que México “se encuentra en un proceso de firme recuperación económica, que ya se percibe en varios sectores productivos del país”.

El funcionario federal compareció ante la Cámara Alta, como parte de la Glosa del III Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, recordó que la comparecencia se realizó bajo los principios que se establecen en la relación corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ramírez de la O explicó a senadoras y senadores que el Paquete Económico para 2022 está construido sobre tres pilares, que servirán para maximizar el impulso económico del país y en el que se incluyen los recursos para hacer frente a la pandemia.

Afirmó que estamos a punto de sobrepasar los niveles económicos que teníamos antes de la emergencia sanitaria, generada por el SARS-CoV-2, y “estimamos que la economía mexicana se restablezca por completo en los próximos meses del año 2022”.

“Ya se recuperaron el 100 por ciento de los empleos perdidos durante la pandemia. Desde los inicios de la pandemia, en abril del año pasado hasta julio de este año -destacó-, se han generado 13.6 millones” de puestos de trabajo perdidos.

Dijo que el sector industrial ha mostrado un mayor dinamismo como resultado de la integración comercial con Norteamérica y políticas de distanciamiento social más flexibles.

Entre otros datos, dio a conocer que, al segundo trimestre del 2021, la recuperación del Producto Interno Bruto ya alcanzó 97.9 por ciento del nivel observado en el cuarto trimestre de 2019, sumando así cuatro trimestres consecutivos de recuperación sostenida.

Hoy, agregó, 67 por ciento de la población adulta ha sido vacunada con al menos una dosis contra el SARS-CoV-2, lo que ha reducido las probabilidades de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos; “al mismo tiempo que hemos visto incrementarse la movilidad y la actividad económica en el país”.

El Secretario de Hacienda consideró que, durante 2020, el año de la pandemia, los apoyos sociales probaron ser una política contra cíclica efectiva y la red de protección social del Gobierno contribuyó a atenuar y contrarrestar los efectos de la emergencia sanitaria sobre los ingresos de las familias, ya que con estos programas se logró poner un piso en el consumo de los sectores de menores ingresos.

Por ello, el Paquete Económico del siguiente año está construido para incrementar los apoyos para el bienestar, como herramienta para mantener y fortalecer el consumo de una base social muy importante; mantener la disciplina fiscal para no imponer un costo a las futuras generaciones; y aumentar el gasto público en infraestructura, a fin de establecer un soporte al crecimiento económico del 2022, el cual se estima en 4.1 por ciento.

Rogelio Ramírez de la O agregó que la inversión pública para el siguiente año será mayor que en los años previos, funcionará como ancla para la inversión privada y será complementada por un paquete de inversión privada y mixta, pública y privada, distribuido a lo largo de todo el país en sectores como conectividad física, telecomunicaciones y puertos, entre otros.

De esta manera, el gasto de inversión que se propone en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es una cifra histórica de casi un billón de pesos, lo que va a situar el gasto en inversión física en 3.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.

Además, las transferencias federales a las entidades federativas registrarán un incremento de 4.7 por ciento real. Parte de estos recursos, aclaró, serán destinados a inversión física y permitirá a los estados atender las demandas institucionales, económicas y sociales de sus respectivas demarcaciones.

Conscientes de la coyuntura sanitaria, enfatizó, los recursos para seguir haciendo frente a la pandemia, fueron plenamente garantizados en este Presupuesto.

Asentó que en el gasto de todo el sector público se observa un crecimiento de 15.1 por ciento en términos reales, con respecto a la asignación presupuestal de 2021.

“Así, se asignaron 800 mil millones de pesos a este sector, que incluye, entre otros, la adquisición de vacunas y medicamentos; servicios de salud gratuitos y atención al rezago en servicios de salud”.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público dijo que el nuevo régimen de confianza tiene por objetivo simplificar el pago de impuestos entre las pequeñas empresas y personas físicas, que comúnmente encuentran muy costoso cumplir con sus obligaciones con el régimen actual.

Luego de la intervención inicial del funcionario, senadoras y senadores procedieron a la fijar su postura respecto al III Informe de Gobierno y a la ronda de preguntas al funcionario federal.

• Por ningún motivo se debe tolerar cualquier tipo de agresión a estos hombres, mujeres y niños, afirma

La senadora Nancy Sánchez Arredondo, de Morena, exhortó a las autoridades mexicanas a respetar los acuerdos que se tienen signados en materia de derechos humanos y evitar abusos y vejaciones en contra de los migrantes centroamericanos que intentan cruzar por el país para llegar a Estados Unidos.

“Debemos dejar muy claro y de manera firme, que por ningún motivo se debe tolerar cualquier tipo de agresión a estos hombres, mujeres y niños, quienes no salen a pasear, ni dejan su país de origen por gusto, sino que lo hacen para salvar su propia existencia y las de sus familias de situaciones de pobreza y violencia extrema”, señaló.

Durante su participación en la sesión de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, la legisladora bajacaliforniana expresó que se tiene que reconocer que se cometieron graves errores a través del uso excesivo de la fuerza pública en Chiapas.

Por ello, exhortó a sus compañeras y compañeros legisladores a hacer un enérgico llamado de atención, para evitar nuevas confrontaciones ante la llegada de más migrantes, producto de la difícil situación política, económica y social de sus respetivos lugares de origen.

No olvidemos, advirtió, que en las caravanas vienen menores acompañados y no acompañados, por lo que hay que exhortar a nuestras autoridades migratorias para cumplir con los compromisos sobre asistencia, protección, cuidado y atención de niñas, niños y adolescente a los que México se ha comprometido.

“Debemos tomar seriamente el llamado de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)”, expresó.

Refirió que de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en muchos de los albergues a lo largo de nuestro país, los niños, niñas y adolescentes representan al menos, 30 por ciento de la población migrante “y lo más lamentable es que la mitad de estos menores, viajan completamente solos”.

No se debe extender en territorio mexicano, la pesadilla que muchos de “esos hermanos extranjeros viven y que no emigran por gusto, sino que huyen de la violencia y pobreza en su país, concluyó la senadora.

• Necesarias reformas y políticas públicas para combatir estigmas sobre depresión y conductas suicidas: Bertha Alicia Caraveo

Durante la inauguración del foro “Retos de atención a la Salud Mental y Prevención del Suicidio en México”, la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena afirmó que es preciso reconocer los padecimientos mentales que han derivado de la emergencia sanitaria, y generar políticas que visibilicen y promuevan su atención oportuna para prevenir los suicidios.

En México, advirtió, el suicidio representa la cuarta causa de muerte de menores entre 10 a 17 años; en el caso de las lesiones autoinfligidas se concentran en personas de 30 a 59 años, seguido de jóvenes de entre 18 a 29 años. Además, por cada 100 mil habitantes fallecen cinco mil 454 hombres y mil 253 mujeres por esta causa.

La senadora de Morena destacó que se requieren reformas y políticas públicas para combatir el estigma alrededor de la salud mental, la atención médica adecuada de la depresión y la conducta suicida, así como garantizar que se atiendan los padeciéndonos psicológicos de la población.

Hoy, 10 de septiembre, dijo, en el Senado de la República conmemoramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, a través de un dialogo abierto sobre la salud mental en el hogar, la escuela y el trabajo, a fin de abordar las autolesiones y el suicidio para atender este problema de salud pública y disminuir las tasas de incidencia.

Bertha Caraveo reiteró que, desde el Poder Legislativo, continuará con el apoyo a las estrategias integrales emprendidas por el Gobierno Federal, enfocadas a los diferentes problemas de salud mental que padecen las y los mexicanos.

Las y los especialista que participaron en el foro coincidieron en que el suicidio se puede prevenir si se identifican actitudes previas, pero para ello se debe contar con la participación de familiares como grupo de apoyo, así como eliminar estigmas sobre la asistencia psicológica.

También coincidieron en que, pese a que existen diversos mecanismos para recibir atención en materia de salud mental, es necesario incrementar recursos presupuestales, tecnológicos y humanos, además de incentivar a quienes padecen algún trastorno para que reciban atención psicológica.

En tanto, Diana Tejadilla, directora de Normatividad y Coordinación del Consejo Nacional de Salud Mental, destacó que el Programa Nacional para la Prevención de Suicidio se concentra en la atención primaria y en las estrategias de prevención que incluyen a la comunidad, para que éstas puedan detectar comportamientos suicidas.

Refirió que el personal de salud mental y para prevenir adicciones de todo el país han recibido capacitación y pueden implementar brigadas y grupos de apoyo, a fin de concientizar y sensibilizar a la población adulta para el cuidado de los niños.

“Necesitamos el apoyo de las cámaras legislativas, de las instituciones públicas y de la población para que sepamos cómo actuar ante esta problemática”, concluyó.

Alejandro Alarcón López, coordinador de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar del IMSS, dijo que en el contexto de la pandemia fueron contratados 334 psicólogos temporales, quienes formaron 242 equipos de salud mental, para brindar atención en 162 “hospitales Covid- 19”.

Sin embargo, dijo que el Instituto requiere 324 psicólogos para las unidades de primer nivel, toda vez que 81 por ciento de las atenciones que brinda son en las Unidades de Medicina Familiar, puesto que la depresión y ansiedad tienen la misma prevalencia que la diabetes e hipertensión, y dichos padecimientos mentales se han duplicado a lo largo de la pandemia.

Ángel Alberto Ruiz Chow, psiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, explicó que, durante los meses de confinamiento, las personas con padecimientos mentales dejaron de asistir a sus consultas, debido a que muchos centros de salud se convirtieron en hospitales para Covid-19.

Eso, subrayó, no significa que no requieran asistencia, por el contrario, aumentó la necesidad por el contexto de la pandemia; incluso, señaló que 80 por ciento de las personas que requieren tratamiento por padecimientos graves no lo reciben, pese a que el sistema de salud brinda el apoyo.

El director del Instituto de Salud Mental de Yucatán, Arsenio Rosales Franco, advirtió que, en México, cerca de un millón de personas al año piensan en el suicidio, por lo que el primer paso que se debe dar a nivel social es hablar de la conducta, a fin de combatir la ignorancia y los estigmas entorno a estas ideas.

Explicó que la conducta suicida puede estar asociada a problemas mentales, episodios de crisis y no sólo a alcoholismo o depresión, como comúnmente se concibe. Destacó que se puede incidir en alguna de sus etapas, es decir, en la concepción de la idea, en el plan o en el intento del suicidio y así evitar que se consume.

• Actualmente, para activar este mecanismo, existe un proceso burocrático que alarga excesivamente su trámite: Martha Lucía Mícher

Las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden las senadoras Martha Lucía Mícher Camarena y Ana Lilia Rivera Rivera, aprobaron un proyecto que busca regular y agilizar el procedimiento para la emisión de la Alerta de Violencia de Género con las mujeres.

Se trata de un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se establece que este mecanismo deberá ser pronto y expedito, a fin de atender la situación de urgencia de los hechos documentados que motivan su solicitud.

Define a la Alerta como el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

Así como para eliminar “el agravio comparado, resultado de las desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias”.

En este sentido, dispone que la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios deberán instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias de carácter extraordinario para hacer frente a la Alerta de Violencia de Género.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena dijo que esta reforma será una herramienta importante para que los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado instrumenten acciones coordinadas y eficaces para atender la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Explicó que el proyecto de decreto integra siete iniciativas presentadas en el Senado, por senadoras y senadores de diferentes partidos para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el análisis de tres minutas que sobre esta materia ha enviado la Cámara de Diputados.

Señaló que a la fecha se han emitido en el país 25 Alertas de Violencia de Género, un instrumento que ha generado resultados positivos y que ha contribuido a establecer acciones interinstitucionales coordinadas.

Sin embargo, dijo, no existe una regulación específica sobre su funcionamiento y esto ha generado tensiones entre la sociedad civil y los gobiernos, a lo que se suma la falta de recursos y la ausencia de una política para garantizar el derecho a una vida libre de violencias.

Hizo énfasis en que actualmente para declarar la Alerta de Violencia de Género existe un proceso burocrático, que alarga excesivamente el trámite.

En ese sentido, expuso que, para la elaboración del dictamen, la Comisión para la Igualdad de Género ha llevado a cabo reuniones con la academia, la sociedad civil y organismos internacionales como ONU Mujeres, lo que ha enriquecido su contenido.

Entre los aspectos relevantes integrados en el proyecto mencionó la ampliación de los principios rectores, que incluyen la igualdad sustantiva y estructural; así como la incorporación del concepto de “violencia feminicida” relacionada con conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

También se precisan los objetivos de la Alerta y se indica el contexto en el que se activará; además de que las solicitudes para su emisión podrán realizarse por organismos internacionales, públicos autónomos, de derechos humanos y sociedad civil, colectivos o grupos de familiares de víctimas y para un territorio determinado.

Asimismo, ante una solicitud de Alerta debidamente admitida, se conformará un Grupo Multidisciplinario e interinstitucional conformado por CONAVIM, INMUJERES, CNDH, sociedad civil y especialistas en el tema.

Dicho grupo, apuntó la senadora de Morena, contará con 30 días naturales para analizar los hechos denunciados, presentar conclusiones, propuestas de acción, medidas preventivas, correctivas, de atención y de seguridad.

Al ser emitida la Alerta por el titular de la Secretaría de Gobernación deberá notificar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la instancia de procuración de justicia del territorio donde se active. Una vez hecho esto, se echará a andar el Programa de Acciones Estratégicas de Cumplimiento por parte de las autoridades correspondientes.

La senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, manifestó que hoy por fin la Alerta de Violencia de Género será convertida en una política pública práctica y eficiente para que realmente se disminuya la violencia que sufren las mujeres y niñas de toda la República.

Por su parte, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Partido del Trabajo, dijo que la mayor virtud de la legislación es acercar a la ciudadanía a la política y el combate del feminicidio.

En tanto, Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, indicó que el dictamen aprobado hoy es un gran resultado, por lo que celebró los trabajos de la Comisión en pro de la mujer y donde ha imperado la unanimidad.

La madrugada del pasado 7 de septiembre se materializó un desastre natural que muy lamentablemente tuvo, entre otras tristes consecuencias, la pérdida de las vidas de 14 pacientes del Hospital General de Zona No 5, en Tula, Hidalgo.  

En este sentido, es muy importante destacar que, tal y como lo indicó el titular del IMSS desde la mañana de ayer, ni el personal directivo del Hospital, ni la Jefatura de Prestaciones Médicas, ni la Delegación de Hidalgo, fueron advertidos del potencial de la inundación que tuvo lugar. El IMSS  es parte del comité nacional de emergencias y en efecto cuenta con protocolos de prevención, preparación y, en su caso, evacuación. Esta última era de hecho la única alternativa ante un siniestro de esta magnitud, pero ante lo repentino del mismo, no pudo efectuarse a tiempo.  

A pesar de lo anterior, tan pronto se tuvo evidencia de una situación inusual, el personal del hospital activó un protocolo de triage de pacientes que comenzó con el rescate de dos neonatos en incubadoras. Gracias a ello, con la colaboración de las y los 73 trabajadores del hospital, se logró movilizar a 48 pacientes a la planta alta del hospital para garantizar su seguridad, y posteriormente trasladar a 40 de ellos a otras unidades lejos de la zona de desastre. Según la última información del IMSS, 17 de esas personas ya han sido dadas de alta y las 23 restantes se encuentran estables y recibiendo la atención adecuada.  

Todas las labores de rescate y traslado han contado con la presencia y compromiso de diversas autoridades de distintos órdenes de gobierno: el agrupamiento “Cóndores”, de la policía de la Ciudad de México y “Relámpago”, del Estado de México para los traslados en helicóptero; vehículos UNIMOG de CONAGUA, lanchas y efectivos de la Guardia Nacional, SEDENA, el ERUM y el Gobierno de Hidalgo para las evacuaciones en las zonas inundadas.   

La coordinación referida es muestra de que ante situaciones de desastre como la acaecida en Tula, todas las autoridades pueden trabajar en conjunto para la preservación de la integridad y la vida de las personas afectadas. Esto merece nuestro reconocimiento. Contrariamente, es de condenarse la actitud de algunas y algunos legisladores y otros actores políticos que han buscado medrar políticamente con el dolor humano derivado de estos acontecimientos.   

A solo unas horas de los lamentables hechos, cuando aún se realizan labores de rescate, y sin haber acudido a la zona de la misma, algunos y algunas senadoras de Acción Nacional se han dado a la poco honrosa tarea de difamara través mantas y conferencias de prensa injuriosas, sin darse por enteradas de las versiones que las autoridades han comunicado desde ayer muy temprano.  

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Morena en el Senado manifiesta siguiente: 

1. Expresamos nuestra solidaridad con familiares y seres queridos de las personas fallecidas o afectadas y les manifestamos que no tenemos duda de que el Gobierno de la República, como lo hecho hasta ahora, no les dejará solos en ningún momento, y dará continuidad a las investigaciones ya iniciadas 

2. Respaldamos a todas las personas y autoridades que han estado dedicadas a las labores de rescate, particularmente a las y los trabajadores operativos, así como al personal médico del HGZ 5 del IMSS, que en ningún momento abandonó su importante misión  

3. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a unirnos y ser genuinamente empáticos para con las y los afectados por esta tragedia, en lugar de, como lamentablemente han pretendido hacer algunas legisladoras y legisladores de esta cámara, lucrar políticamente con ella. Ni las personas fallecidas ni sus deudos merecen esa vileza.