• Denuncia Casimiro Ortiz que los accidentes en carreteras de Michoacán, representan la quinta causa de muerte en la zona

El senador Casimiro Méndez Ortiz, hizo un llamado a los titulares de las dependencias de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que refuercen, modernicen y vigilen los caminos, puentes y autotransportes de jurisdicción federal y en especial de Michoacán, para disminuir muertes y accidentes.

El legislador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que, de enero a noviembre de 2021, se registraron 277 muertes y se atendieron a mas de 2 mil 290 lesionados, por lo que, los fallecimientos en las carreteras estatales se han convertido en la quinta causa de muerte en Michoacán.

Méndez Ortiz resaltó que muchos de estos accidentes, que se suscitan en la entidad, se deben directamente al daño y deterioro en los caminos y carreteras, tales como baches, grietas, fisuras entre otras limitaciones.

Actualmente, dijo, el 70 por ciento de las vías de comunicación del estado, se encuentran dañados y requieren reparación.

La red de carreteras de Michoacán es un entramado complejo de caminos que interconecta a todo el estado, por lo que la adecuada atención e implementación en medidas preventivas, de vigilancia, de conservación y modernización de las carreteras, fortalecerá, de manera natural el equilibrio y desarrollo regional, y disminuirá los incidentes viales, afirmó el morenista.

En el punto de acuerdo, que se turnó directamente a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el senador Casimiro Méndez alertó que, en el 2020, en Michoacán se registraron 521 coaliciones, con un saldo de 139 muertos.

Además, agregó que el tramo Morelia-Lázaro Cárdenas, es uno de los más vulnerables no sólo de accidentes carreteros sino de robo de transporte de carga.

Casimiro Méndez evidenció que los costos y cantidad de peajes que se imponen a los usuarios no corresponden con la calidad del estado de las carreteras, los servicios auxiliares y de emergencia en caso de siniestro.

De igual modo, denunció, no existe claridad en la distribución de atribuciones entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en lo que atañe a la vigilancia, resguardo y conservación de las vías Federales y Estatales.

• Aproximadamente 180 mil turistas llegan cada año y transitan la zona sin ninguna supervisión, lo que afecta el ecosistema: Pech Várguez

El senador José Luis Pech Várguez pidió a la Secretaría de Marina, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, a fin de reforzar las labores de seguridad y vigilancia en la Laguna de Bacalar.

Asimismo, solicitó realizar un minucioso análisis de la situación actual de la reglamentación vigente y actualizarla a las nuevas necesidades provocadas por la actividad turística para que, de esta forma, se avance hacia un desarrollo sostenible de los recursos naturales en beneficio de la población quintanarroense.

A través de un punto de acuerdo que se turnó directamente a la Comisión de Marina, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena indicó que es urgente la intervención de la autoridad encargada de administrar, actualizar y vigilar la normatividad para favorecer a dicho paraíso ecológico y turístico.

Pech Várguez aseveró que cada año este lugar recibe a un promedio de 180 mil turistas, mientras que su población es de apenas 12 mil habitantes, según el reciente censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Informó que desde que recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en 2006, el número de visitantes atraídos por esta laguna creció en 750 por ciento y la oferta de hospedaje 280 por ciento.

Sin embargo, alertó que en años recientes el acelerado crecimiento turístico en este sitio se encontró con dos fenómenos que modificaron las dinámicas humanas previamente reguladas, la pandemia por Covid-19 y la pérdida de los colores de la laguna a causa de las excesivas lluvias y el acarreo de sedimentos.

Esto provocó que antes de las restricciones sanitarias a la movilidad y durante este proceso de reapertura económica, los turistas prefieran trasladarse hacia partes de la zona sur de la laguna, sin ningún control por zonas prohibidas, denunció.

• En 2020 la población adulta mayor representó el 11.85 por ciento del total de las y los mexicanos

En apoyo a la economía familiar, particularmente de los adultos mayores de 60 años, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez propuso que los pañales desechables para este sector de la población sean sujetos a tasa del 0 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Gobierno Federal deberá realizar todas las medidas necesarias que garanticen la enajenación de la tasa 0 por ciento para que este se vea reflejado en el precio final para el consumidor, precisa la legisladora.

En su propuesta, la senadora del Grupo Parlamentario de Morena alertó sobre el aumento exponencial en el número de adultos mayores de 60 años durante los últimos años. En 1980 informó, equivalía al 5.44 por ciento; sin embargo, en 2020, representó el 11.85 por ciento de total de las y los mexicanos.

Este aumento en este grupo poblacional, explicó, conlleva diversos problemas, tanto para las familias, como para el gobierno, pues crece el gasto en numerosos productos, entre ellos, pañales desechables y medicamentos, así como servicios de enfermería y geriatría.

“Esta situación refleja un crecimiento en la tasa de razón de dependencia adulta que para 1980 era de 7.39 por ciento y en 2020 llegó al 11.48 por ciento”, explicó la legisladora.

Además, indicó que el 69.4 por ciento de dicho sector tiene alguna discapacidad física o enfermedad neurodegenerativa, de acuerdo con la última encuesta especial realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Valdez Martínez señaló que hay un gran número de personas mayores de 60 años que no cuentan con seguridad social o económica. Poco más de un millón 700 mil personas de este rango de edad vivían solas, puntualizó.

De este total, dijo la senadora, 36.7 por ciento recibían una jubilación o pensión y 21.7 por ciento, permanecían en el mercado laboral, pero sin alguna prestación o bien, pertenecían al trabajo informal.

La propuesta para reformar el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, fue enviada a la Cámara de Diputados para su dictaminación.

• Es suplente del senador Américo Villarreal Anaya, quien solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta de ley a Faustino López Vargas como senador de la República por parte del Grupo Parlamentario de Morena.

López Vargas es suplente del senador Américo Villarreal Anaya, quien solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del pasado 2 de enero, misma que fue avalada por las y los integrantes de la Comisión Permanente.

Cabe recalcar que el acto de toma de protesta se realizó en la sala de juntas de la Mesa Directiva, a fin de cumplir con los protocolos sanitarios para evitar contagios por la Covid-19 en el recinto legislativo.

El legislador tamaulipeco declaró que seguirá cerca de la gente más necesitada, además de que luchará por la salud, la igualdad, la democracia y los derechos humanos.

Hoy más que nunca, enfatizó, las y los mexicanos necesitan legisladores realmente comprometidos con las causas justas, que defiendan los intereses y alcen la voz frente a las injusticias.

Por otro lado, López Vargas indicó que la pandemia por Covid-19 dañó de manera significativa a nuestra sociedad; sin embargo, gracias a la gestión del Presidente de la República el país sale adelante.

En ese sentido, el senador reconoció la labor de médicos, enfermeras y personal de salud; por su “amor por México, ya que desde el inicio de la pandemia han trabajado arduamente para ayudar a contener este virus”.

• El senador Napoleón Gómez Urrutia pide corregir vicios y reglas laxas en el sector

El senador Napoleón Gómez Urrutia dio a conocer que trabaja en el diseño de una iniciativa para “corregir los vicios y las reglas laxas que tiene actualmente la Ley Minera”, pues “no podemos descuidar un sector fundamental” para garantizar la soberanía energética de nuestro país.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social afirmó que México necesita recuperar el control de sus recursos naturales no renovables, como el litio, que es un metal estratégico, pero si se otorgan concesiones sin control sobre este recurso o lo acaparan las grandes empresas extranjeras, su explotación no beneficiará a las y los ciudadanos.

Por eso, asentó, es indispensable modificar la Ley Minera, sobre todo en materia de concesiones para la explotación del mineral, toda vez que nuestro país posee importantes yacimientos.

Explicó que en las últimas décadas las concesiones en el sector minero han beneficiado a empresas extranjeras y no a las nacionales, además de que tienen una vigencia de hasta 100 años, por lo que es preciso revisar su duración y distribución.

Gómez Urrutia también consideró que se tiene que revisar la política fiscal del sector, toda vez que México tiene una tasa de 7.5 por ciento de impuestos a la producción minera, mientras que en países como Perú, Bolivia y Chile se ubica entre 25 y 30 por ciento.

Además, dijo, es necesario realizar ajustes en los pagos de los derechos por las concesiones mineras, los cuales actualmente son bajos, entre otras disposiciones que tienen que reformarse para que dejen de ser tan flexibles o laxas.

México necesita recuperar su soberanía energética, el control de sus recursos naturales no renovables, como los minerales, el petróleo, el gas y el litio, que es un metal estratégico y que en el futuro se convertirá en “el oro blanco”.

Estamos hablando, subrayó Napoleón Gómez Urrutia, de un negocio de 100 mil millones de dólares al año en el país.

Por ello, insistió en la necesidad de nacionalizar ese mineral, y en que el Estado debe garantizar que las concesiones o las empresas que el gobierno establezca para la explotación de dicho recurso beneficien a la mayoría de las y los mexicanos.

En entrevista, el legislador de Morena informó que trabaja en el diseño de una iniciativa para que sea discutida en el Senado, a fin de corregir los vicios y las reglas laxas que tiene actualmente la Ley Minera, pues “no podemos descuidar un sector fundamental, que va de la mano con la propuesta de la reforma eléctrica”.

Refirió que la minería en México genera 400 mil empleos directos y dos millones de forma indirecta, además de que aporta alrededor de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto y es una actividad indispensable para el desarrollo industrial del país.

• Se sancionará a los funcionarios que realicen dicha acción durante los 12 meses previos al inicio de la veda electoral en las entidades donde haya elecciones

Con el pretexto de ayudar a la población en aquellas entidades donde se llevarán a cabo elecciones, se crean programas al vapor que sirven como nuevos medios de compra y coacción del voto, alertó la senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre.

En ese sentido, la legisladora consideró que la entrega de programas sociales se desvirtúa, y las luchas de las infancias o las mujeres se pervierten, “puesto que no pretenden encontrar una solución real o permanente a las problemáticas que enfrentan diversos sectores de la población.

Por ello, Vázquez Alatorre presentó una iniciativa para prohibir la creación de nuevos programas sociales durante los 12 meses previos al inicio de la veda electoral correspondiente a las entidades en donde haya proceso electoral, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal.

El proyecto de iniciativa, el cual fue turnado las comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, detalla que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años de cárcel al servidor público que incurra en la acción mencionada.

En esa misa ruta, Vázquez Alatorre propone adicionar el artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, que prohíbe la participación de servidores públicos o integrantes del Poder Legislativo participar en la entrega de los programas sociales.

“Las personas servidoras públicas que ostenten cargos como gubernaturas, secretarías, subsecretarías o pertenezcan a los poderes legislativos del Congreso de la Unión o los Congresos locales, no podrán participar de forma directa en la entrega de beneficios vinculados a programas sociales durante los 12 meses previos al inicio de la jornada electoral que corresponda”.

La iniciativa que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y adiciona el 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, busca brindar legitimidad a los procesos electorales.

• El senador afirma que la apertura de la Cámara es para impulsar la participación de la ciudadanía en el trabajo legislativo

Para lograr las grandes reformas de la Cuarta Transformación y sentar las bases del cambio de régimen, el Senado de la República abrió sus puertas a la ciudadanía, alcanzando acuerdos de amplio consenso, destacó el líder de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal Ávila.

En un mensaje difundido en redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política subrayó que el recinto legislativo “es auténticamente la casa del pueblo”.

Dijo que esta Legislatura inauguró nuevas formas de trabajo legislativo, ya que se abrieron las puertas de la Cámara para que la sociedad conozca, de seguimiento y supervise la labor de legisladoras y legisladores.

Con estas medidas, enfatizó Monreal Ávila, “el Senado deja de ser un espacio exclusivo opaco y cerrado para convertirse, efectivamente, en la casa del pueblo”.

Las y los senadores continúan trabajando para que se reconozca al Poder Legislativo como un ente que se preocupa e impulsa el bienestar de las familias mexicanas. “Siempre por ti, por nosotros, por México”.

Asimismo, destacó algunos acuerdos que les permitieron cumplir con su responsabilidad constitucional y legal, como el Plan de Austeridad, el establecimiento de Sesiones a distancia y el impulso al Parlamento Abierto.

• Presenta el senador chiapaneco iniciativa de reforma al artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que consiste en crear centros de votación con la posibilidad de unificar hasta 3 casillas, pudiéndose reducir hasta en un 50 por ciento de las que se instalan en las elecciones constitucionales.

De esta manera, dijo, se generaría un ahorro significativo al Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la realización de la jornada para la Revocación de Mandato.

La Ley Federal de Revocación de Mandato fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre de 2021. En dicha Ley se establece que el INE debe habilitar la misma cantidad de casillas determinadas para la jornada electoral inmediata anterior por lo que el costo sería similar en cuanto al gasto operativo de la elección anterior, explicó.

Atendiendo esta situación, Ramírez Aguilar propone reformar el artículo 41 que aborda el número e instalación de casillas para la jornada de Revocación de Mandato.

Ramírez Aguilar señaló que la Revocación de Mandato implica el despliegue de una serie de actividades administrativas, operativas y logísticas por parte del INE para que los ciudadanos sean consultados sobre la continuidad o no de quien ostenta el cargo de presidente de México.

“Con esta reforma se abaratan los recursos, se disminuye la contratación de personal y le damos la oportunidad a los mexicanos y mexicanas de acudir a este ejercicio de democracia participativa, el INE cumple con una facultad constitucional y cumplimos con un compromiso de la cuarta transformación”, señaló el legislador.

• El senador Gutiérrez Castorena dice que se debe de garantizar la democracia en sindicatos y no basta con establecer un procedimiento para el voto personal, libre, directo y secreto

Luego de las reformas que aprobó el Congreso de la Unión para avanzar en los principios de la democracia sindical, el senador Daniel Gutiérrez Castorena consideró indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer un plazo máximo en el cargo de dirigentes sindicales.

Recordó que en septiembre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los cambios que sientan las bases para “un renovado sindicalismo”, pero la legislación no precisó el tiempo que pueden durar en el cargo los líderes de los sindicatos, por lo que, en la práctica, permite la perpetuación de dirigencias y violenta de manera flagrante el derecho de votar y ser votado de las y los trabajadores.

No basta con establecer un procedimiento de voto personal, libre, directo y secreto; se requiere, asentó el legislador de Morena, que la Ley sea más determinante para impedir que haya dirigentes más allá de periodos razonables.

Se necesitan, explicó Gutiérrez Castorena, acciones más eficaces y puntuales para el desarrollo de una cultura democrática, igualitaria, de movilidad sindical y de renovación generacional.

En este contexto, el senador presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer que “el máximo dirigente sindical no podrá sumar con tal carácter, más de 10 años activos, sea en forma consecutiva o interrumpida”.

El proyecto, que se analizará en las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, también sugiere que, en casos específicos, se tiene que observar el principio de paridad de género.

Gutiérrez Castorena consideró importante incorporar el concepto de igualdad de género para que las trabajadoras puedan ejercer sus derechos de democracia sindical y asumir cargos como dirigentes.

Además, planteó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pueda recibir quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos de elección sindical y, en caso de evidencias debidamente sustentadas y graves, disponer la reposición de la elección bajo su vigilancia.

• Ahora se requiere de supervisión y seguimiento para que se aplique correctamente, considera el senador

Con la reforma para regular la subcontratación laboral, además de evitar los abusos en contra de los trabajadores, se frenó un proceso de evasión fiscal que ascendía a alrededor de 500 mil millones de pesos anuales, y que se llevaba a cabo a través de empresas fantasmas, facturas falsas y simulación laboral, destacó el senador Napoleón Gómez Urrutia.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recordó que, desde el 1 de septiembre de este año, entraron en vigor las disposiciones para que las empresas que utilizan esta figura cumplan con sus obligaciones.

“Ahora se requiere que la autoridad laboral vigile que se cumplan las nuevas disposiciones, que las empresas registren a sus trabajadores y paguen los impuestos correspondientes, porque esto representa un paso muy importante en materia laboral”.

Esta supervisión, vigilancia y seguimiento, acotó el legislador de Morena, será fundamental para que la reforma se aplique correctamente, y regrese la justicia, respeto y dignidad para la clase trabajadora de México.

“Todos debemos de hacer un esfuerzo adicional para ayudar al desarrollo de nuestro país, a fin de abatir completamente la corrupción, la desigualdad, pobreza y marginación, así como para dar nuevas oportunidades a los mexicanos, con trabajos justos y dignos”.

Por ello, enfatizó el legislador, “hago un llamado a la consciencia social de los empresarios, para que cumplan con su responsabilidad y contribuyan a la sociedad mexicana”.

Gómez Urrutia explicó que la reforma prohíbe la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Y que sólo se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, y siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social subrayó que este proyecto, que aprobó el Senado en abril de 2021, es uno de los logros legislativos más importantes durante los últimos tres años.

Dijo que con el abuso del llamado outsourcing, durante muchos años se explotó a los empleados, porque no los registraban a nombre de la empresa principal, sino a través de terceros o de empresas fachada.

Esto, señaló, permitía que los derechos de los trabajadores no se respetaran, pues no les pagaban aguinaldo ni utilidades, no podían acumular tiempo para su jubilación e, incluso, los despedían en diciembre y los volvían a contratar en enero para que no acumularan antigüedad.

La reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de este año, dijo Gómez Urrutia, además de impedir la evasión fiscal y recuperar los derechos de los trabajadores, obliga a las empresas a registrar el salario real y a cumplir con sus cuotas y prestaciones de salud, vivienda o fondos de retiro.

Simplemente, ejemplificó, se espera que el Instituto Mexicano del Seguro Social reciba 50 mil millones de pesos al año con esta nueva reforma, lo que “será muy importante, y más en esta época de pandemia”.

• En otros países, la participación de las empresas de telecomunicaciones en el mecanismo de búsqueda ha dado resultados exitosos: Rocío Abreu Artiñano

Con el objetivo de fortalecer y agilizar los mecanismos de búsqueda de menores desaparecidos, la senadora Rocío Abreu Artiñano propuso que las empresas telefónicas en México participen en la difusión de la Alerta Amber, a través de mensajes SMS.

La legisladora de Morena presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de que los concesionarios y, en su caso, los autorizadoscoadyuven en los casos de desaparición de menores de edad, donde se active la Alerta Amber, con la difusión de la información correspondiente por medio de mensajes de texto en tiempo real.

Abreu Artiñano explicó que en México los servicios de telefonía móvil no están obligados a participar en la difusión del mecanismo de búsqueda, como sí sucede en Estados Unidos y otros países, en los cuales se han obtenido resultados exitosos.

Sólo Telefónica Movistar México, acotó la senadora, participa en el programa a través del envío de mensajes SMS.

En mayo de 2021, la empresa ratificó su adhesión a la Alerta Amber, por lo que es la única compañía del sector en formalizar su colaboración con la Fiscalía General de la República en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes.

De esta forma, la telefónica participa en la búsqueda de personas desaparecidas mediante el envío de las Alertas vía SMS a todos sus usuarios, conforme a la geolocalización del caso del menor desaparecido y con el envío de información al estado correspondiente.

Desde su adhesión en 2017, se han emitido 385 alertas, de las cuales cerca del 70 por ciento han resultado en casos exitosos de localización de menores de edad.

Por ello, con la finalidad de garantizar el bienestar, integridad y los derechos humanos de las y los menores de nuestro país, enfatizó Rocío Abreu Artiñano, se requiere que más empresas de telefonía móvil se sumen a esta causa.

Dado que en México son diversas las empresas de telefonía móvil, al sumarlas a todas a dicha causa, la información podría llegar a más ciudadanos, asentó la legisladora.

La iniciativa para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fue turnada a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.