Las negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) iniciaron en 2017, por iniciativa del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump.

El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) fue firmado por los mandatarios de los tres países en noviembre de 2018.

Desde septiembre de 2018, el Senado de la República recibió, para su análisis, la propuesta de texto del T-MEC, ratificándolo en junio de 2019, antes que Estados Unidos y Canadá.

Al iniciar la revisión del texto en la Cámara de Representantes estadounidense, ésta contaba ya con una mayoría demócrata que presentó una serie de propuestas en materias laboral y medioambiental, así como en lo relativo a la protección de patentes para biomédicamentos, y respecto a reglas de origen del sector automotriz relacionadas con el aluminio y el acero. En este proceso de renegociación participó el Ejecutivo federal mexicano, con el acompañamiento del Senado de la República.

Como resultado de las renegociaciones, se alcanzaron acuerdos en todas las materias referidas, incluida la laboral, para la cual los demócratas intentaron que el acuerdo incluyera y validara la figura de inspectores, como mecanismo de verificación y certificación del cumplimiento de los compromisos laborales establecidos en el tratado, propuesta que el gobierno de México y el Senado de la República rechazaron.

La contrapropuesta del gobierno mexicano fue utilizar páneles con jurisdicción regional como el vehículo para solucionar controversias laborales y de todos los otros sectores. Esta proposición fue aceptada por los Estados Unidos de América y Canadá, y el acuerdo respecto a ésta y las otras materias fue vertido en el Protocolo Modificatorio del T-MEC, firmado en México el pasado 11 de diciembre y aprobado por el Senado de la República un día después.

Como parte del proceso interno de ratificación en Estados Unidos de América, el presidente Trump envió al Congreso de su país la iniciativa de Ley de Implementación del T-MEC, mecanismo interno que utiliza esa nación para que todos sus acuerdos comerciales se conviertan en ley.

Dentro de la iniciativa se establece la posibilidad para que la Unión Americana envíe hasta cinco agregados laborales estadounidenses a nuestro país, con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que aquí está en curso, adición que no fue consultada con México y que no forma parte de los acuerdos vertidos en el Protocolo Modificatorio del tratado, aprobado por el Senado de la República.

Si bien esta disposición no forma parte del texto del T-MEC, sino de una regulación interna de Estados Unidos de América, la mayoría en el Senado de nuestro país rechazamos tajantemente la intención de que la Ley de Implementación incluya esta disposición, al tratarse de una medida que, por no haber sido consultada ni acordada con México, resulta inaceptable y va en contra de la buena voluntad y el espíritu con que fueron firmados el T-MEC y el propio Protocolo Modificatorio.

En caso de que la iniciativa transite en el Congreso estadounidense, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 7, establece que el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que cualquier miembro del personal de la misión no es aceptable. Esto quiere decir que, de tomar una decisión contraria a lo acordado por los tres países, México contará con los mecanismos para contrarrestar esa medida.