• Además, garantiza un sistema alimentario universal, justo y equitativo para las y los mexicanos, destaca la presidenta del Senado de la República 

La Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible está orientada a la progresiva erradicación del hambre y la malnutrición en México, así como a mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera. 

“Indudablemente, el país nunca había experimentado un entorno político tan propicio para impulsar una causa social tan legítima como ésta”, aseveró. 

Durante la discusión y aprobación del dictamen, por el que se expide dicho ordenamiento, la senadora dijo que, con esta Ley, el Poder Legislativo tiene una oportunidad crucial para garantizar justicia social para todos los mexicanos, sin excepción, ya que se legisla no sólo para el bienestar de esta generación, sino para las futuras. 

Destacó que la alimentación es el primer derecho que guarda interdependencia directa con la vida, pues constituye la necesidad básica fundamental de todo ser humano, además de que de su adecuada satisfacción depende el bienestar y la capacidad de ejercer otros derechos. 

“Como proponente de una de las iniciativas, que conforman el dictamen que actualmente discutimos, me complace afirmar que, sin exageración, este es un día histórico para el Senado de la República”, manifestó. 

Refirió que, durante los últimos cinco años, el Senado de la República ha avalado una cantidad significativa de decretos legislativos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. 

Por lo que la aprobación de este dictamen es de suma importancia, puesto que el derecho a la alimentación está reconocido explícitamente en la Constitución Política, desde octubre de 2011, y a partir de ese momento las instituciones del Estado están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para garantizarlo. 

“Sin una ley reglamentaria, el contenido del derecho a la alimentación se quedaría en un mero enunciado y su alcance puede variar, según las interpretaciones de diferentes niveles de gobierno y posiciones ideológicas acerca de él”, advirtió. 

El Poder Legislativo, consideró, está jurídicamente obligado a promulgar una legislación marco que sirva como instrumento para que, a través de todos los niveles de gobierno, se lleven a cabo esfuerzos efectivos destinados a hacer valer el derecho a la alimentación. 

“Sin embargo, conflictos de interés, influencia económica y falta de voluntad política impidieron que en gobiernos anteriores se aprobara esta legislación”, apuntó. 

“No puedo negar que el día de hoy mi corazón está lleno de alegría, porque quienes desde hace años compartimos la agenda por la soberanía alimentaria de México, tuvimos que esperar 10 años para que fuera posible la votación de la Ley Reglamentaria al Derecho a una Alimentación Sana y Adecuada”. 

El modelo planteado por esta legislación, puntualizó, hace hincapié en la soberanía alimentaria, que reconoce a las y los agricultores como actores centrales del bienestar de la patria, al tiempo que traspasa el modelo de la mera mercantilización de los alimentos a la valoración de conocimiento y prácticas milenarias. 

• ‘Montadeudas’, pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, entre las formas de fraude más recurrentes. 
• Las entidades federativas que más casos de fraude han reportado durante el periodo de enero a mayo de 2023 son: CDMX, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato. 
  
   

El fraude es uno de los delitos de mayor incidencia delictiva en México y en los últimos años se ha sofisticado mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información para engañar y afectar el patrimonio de las víctimas, de acuerdo con una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).  

El estudio titulado “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, revela que diariamente se registran 15 mil fraudes y 13 mil extorsiones en México, muchas de las cuales no son denunciadas, lo que representa  la cifra negra característica  de  este delito.  

Los llamados ‘montadeudas’, las pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, entre otras, son algunas de las modalidades más recurrentes mediante los cuales se busca enganchar a las víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal. 

La investigación del IBD señala que las entidades federativas que más casos de fraude han reportado durante el periodo de enero a mayo de 2023 fueron: Ciudad de México (9 mil 651 casos); Estado de México (6,002); Jalisco (4,077); Chihuahua (2,276); Nuevo León (2,176) y Guanajuato (2,120). 

En contraparte, los estados con menor número de estos delitos en este periodo: Nayarit (146 casos); Chiapas (104); Quintana Roo (77); Yucatán (51) y Tlaxcala (14). 

El documento del IBD refiere que en transcurso de la LXV Legislatura se han presentado 16 iniciativas referentes al tema de fraudes, de las cuales 11 están pendientes de análisis y discusión en su Comisión de Cámara de origen; dos han sido retiradas; dos desechadas y una pendiente presentada en la Comisión permanente. 

El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6051  

• En 26 años, sólo 14 mujeres han ocupado este cargo, señalan legisladoras de todos los Grupos Parlamentarios  
  
   

En los últimos 26 años ha prevalecido una brecha de desigualdad en perjuicio de las mujeres para acceder y ejercer el cargo de gobernadoras en las entidades federativas, señalaron senadoras de todos los Grupos Parlamentarios representados en el Senado.  

Agregaron que este puesto lo han ocupado en 166 ocasiones hombres y únicamente 14 veces mujeres, mientras que los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz nunca han sido gobernados por ellas. 

Ante esta situación, las senadoras Claudia Edith Anaya Mota y Silvana Beltrones Sánchez, del PRI; Kenia López Rabadán y Josefina Vázquez Mota, del PAN; Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano; Geovanna Bañuelos De la Torre, del PT. 

Sasil de León Villard, de Encuentro Social; Martha Lucía Micher Camarena, de Morena; Nuvia Magdalena Mayorga, del PVEM; y Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, suscribieron una iniciativa que adiciona un párrafo sexto a la fracción 1, del artículo 116 de la Constitución. 

El proyecto propone que la elección de gubernaturas de los estados de la República deba ser alternada entre hombres y mujeres en cada periodo electivo. De igual modo, contempla que este precepto se aplique para el caso de la designación de gubernaturas sustitutas, interinas o provisionales. 

Las legisladoras aseguraron que la propuesta busca armonizar el principio de paridad y alcanzar una igualdad real de oportunidades en el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, por lo que consideraron que se requiere incorporar un principio de alternancia de género a nivel constitucional en la renovación de las gubernaturas de los estados. 

“Se propone adicionar un párrafo sexto al artículo 116, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establecer, como base obligatoria, la alternancia de géneros en los comicios constitucionales, que permita a las mujeres ocupar el cargo de gobernadoras”.  

De aprobarse el proyecto, consideraron, representaría un avance progresivo en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, pero sobre todo garantiza la igualdad sustantiva”, destaca el documento. 

La iniciativa de las legisladoras se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativo Segunda. 

• Advierte que las redes sociales incrementan las agresiones en contra de niñas, niños y adolescentes. 

En el ámbito escolar se presentan casos en los que se vulneran múltiples derechos humanos, como la violencia en contra de las mujeres, que interfiere en el desarrollo, autonomía y bienestar de las estudiantes, advirtió la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, que realizó el INEGI, 32.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más, que han asistido a la escuela, experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante. 

La senadora agregó que 18.3 por ciento de ellas sufrió violencia física; 17.9 por ciento agresiones de tipo sexual; y 17.5 por ciento psicológica. Además, las victimas señalaron que los agresores fueron: 43.4 por ciento, compañeros; 16.8 por ciento, maestros; y 13.6 por ciento, compañeras. 

Durante el foro virtual “Mujeres por una Vida Libre de Violencia Escolar”, Sánchez Cordero consideró que las y los senadores tienen la tarea de coadyuvar a garantizar la seguridad en las escuelas y centros educativos, para que las mujeres puedan estudiar en un entorno libre de violencia.  

La legisladora detalló que entre las agresiones en contra de las estudiantes están los castigos corporales, abusos sexuales, ciberacoso, riñas y violencia psicológica, cometidas por compañeras y compañeros, maestros y autoridades educativas. 

Consideró que es un tema preocupante, porque las redes sociales posibilitan nuevas formas de violencia. Antes, dijo, si las manifestaciones en contra de estudiantes se ejercían en la escuela, paraban al llegar a casa. 

Pero con las herramientas tecnológicas, advirtió, la violencia digital que es perpetrada desde el ámbito escolar, persigue a niñas, niños y adolescentes. “Es una agresión que las acecha a cualquier lugar al que vayan, aún si cambian de escuela, de ciudad o de país”. 

Sánchez Cordero recordó que presentó una iniciativa para sancionar la práctica denominada deepfake, que altera las imágenes y rostros de personas haciéndolos pasar por verdaderos, y que se emplea para generar contenido violento, violencia sexual o pornografía. 

“La educación se ha convertido en el refugio de la sociedad contra el patriarcado y la ideología machista, ayuda a cambiar paradigmas para asegurar un mejor mañana para las generaciones venideras. Si queremos que niñas, niños y adolescentes tengan un mejor futuro, es necesario asegurar que todos, especialmente las mujeres, estén seguros en los centros de estudio”.  

Julieta Yadira Islas Limón, directora de la facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dijo que la violencia escolar es un reflejo de la descomposición de la sociedad. Afirmó que se deben considerar las condiciones de género, pues la desigualdad y las prácticas sociales reproducen situaciones de violencia. 

La académica indicó que existen factores escolares claramente identificables que ponen en riesgo a las comunidades escolares, como la tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones, el ignorar la diversidad y la ineficiencia de la respuesta ante los actos violentos que se producen en centros educativos. 

A su vez, Deysy Margarita Tovar Hernández, profesora e investigadora de la UABC, señaló que cuando se analiza la violencia escolar no se puede partir de un “piso parejo”, pues la condición histórica de las mujeres las sitúa en un lugar de desventaja, “porque siempre han luchado contra la desigualdad derivada del sistema patriarcal”. 

En ese sentido, denunció que las agresiones contra este sector de la población se agudizaron con la pandemia por Covid-19, pues el confinamiento trajo desventajas en el desempeño de este sector poblacional. 

Tovar Hernández subrayó que esta situación aumentó la violencia cibernética, lo cual generó un impacto negativo en el bienestar y aprendizaje de mujeres, niñas y adolescentes. 

• Se trata de un elemento crucial para detener el tráfico de datos personales de los usuarios de Internet, subraya la senadora Alejandra Lagunes. 

Senadores, catedráticos y expertos en inteligencia artificial coincidieron en la importancia de fortalecer la legislación en materia de ciberseguridad, protección de datos personales en Internet y gestión de riesgos ante el rápido avance de la tecnología. 

Durante la mesa de “Ciberseguridad y Gestión de Riesgos”, organizada por Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), sostuvieron que existen grandes retos, tanto tecnológicos como jurídicos, para proteger los datos personales de los usuarios de Internet. 

Agregaron que los sistemas normativos en México y en el mundo son reactivos, es decir, reaccionan ante la aparición de los problemas; sin embargo, indicaron que en el mundo digital todo cambia rápidamente, por lo que es necesario cambiar la visión de las leyes para que sean proactivas. 

Detallaron que, aunque existen legislaciones que requieren actualizaciones para responder a las necesidades actuales, el marco de derechos humanos que debe protegerse en el entorno digital ya está previsto en la Constitución, pues las garantías que existen en el mundo analógico deben protegerse de la misma forma en el mundo digital. 

La senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del PVEM, aseveró que uno de los ejes más importantes en materia de inteligencia artificial es la ciberseguridad, ya que es un aspecto crucial para proteger las infraestructuras y detener el tráfico de datos personales de los usuarios de Internet. 

La organizadora del evento adelantó que las opiniones vertidas durante el foro serán tomadas en cuenta para fortalecer la iniciativa para regular el uso que se le da a la inteligencia artificial en nuestro país. 

El senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, señaló que hacen falta herramientas para perseguir los nuevos tipos de delitos que utilizan la inteligencia artificial, pues en algunos casos se realizan en otros países, donde aplica otra jurisdicción. 

Además, dijo que las tecnologías pueden generar mecanismos para ocultar a los autores de los cibercrímenes, por lo que es urgente actuar para ver las legislaciones en la materia de otros países y analizar como se pueden adaptar al contexto mexicano. 

En tanto, el presiente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Javier Joaquín López Casarín, afirmó que el mundo digital impacta nuestras vidas de manera cotidiana, por lo que las y los legisladores tienen la obligación de poner a nuestro país a la altura en la materia. 

En ese sentido, afirmó que el Parlamento mexicano es un ejemplo en el mundo, pues ha consolidado foros de participación ciudadana sobre la regulación de la inteligencia artificial y las tecnologías que se desarrollan cada vez más rápido; “somos pioneros”, aseguró el diputado. 

• Sostiene encuentro con representantes de los connacionales que radican en Estados Unidos.  

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, reiteró su compromiso para trabajar por los derechos de la comunidad migrante, para garantizar su inclusión y participación en las decisiones políticas de nuestro país. 

La senadora sostuvo un encuentro con representantes de los connacionales que radican en la Unión Americana, que se llevó a cabo en el marco del foro “La inclusión financiera de la comunidad Migrante en Estados Unidos. Acciones y propuestas del gobierno de México 2023-2024”.  

Durante la sesión privada, los representantes de la comunidad migrante presentaron ante la senadora diversas demandas y peticiones relacionadas con el ejercicio de sus derechos políticos.  

Estas propuestas están encaminadas a consolidar la participación de la comunidad migrante en los procesos democráticos de México, y son parte esencial de los preparativos para la celebración de un Parlamento Migrante. 

Ana Lilia Rivera Rivera destacó la importancia de escuchar y atender las voces de nuestros connacionales en el exterior. Además, reiteró su compromiso para trabajar de la mano con la comunidad migrante, así como garantizar su inclusión y participación en las decisiones políticas de nuestro país. 

Se espera que este tipo de encuentros fortalezca los lazos entre la comunidad migrante y las instituciones gubernamentales, a fin de consolidar un camino hacia una mayor inclusión y representatividad.  

• El documento forma parte de las actividades para conmemorar el legado del Benemérito de las Américas.

El Senado de la República y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemoraron el 150 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas, con la presentación del libro: “Juárez. A 150 años de su muerte”.    

La presentación editorial se llevó a cabo en la Antigua Casona de Xicoténcatl, recinto que en el Siglo XIX era parte del Hospital de San Andrés, al que llegó el cadáver de Maximiliano de Habsburgo para ser tratado y enviado a Europa, después de ser fusilado en Querétaro. Aquí, Benito Juárez vio por única y última vez a quien fue nombrado emperador de México.   

Vicente Quirarte, coordinador del libro, detalló que con motivo del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, en 2006, se publicó la obra “Juárez: visiones desde el presente”, pero por muy familiarizados que estemos con la obra del Benemérito de las Américas, dijo, siempre habrá nuevos enfoques, datos inéditos o percepciones en torno a su legado. 

Por ello, el texto “Juárez. A 150 años de su muerte”, es producto de una visión de jóvenes investigadores del Siglo XXI que cuestionan y critican las acciones de quien continúa siendo un referente de nuestra historia. 

Detalló que en este libro, compuesto de 12 intervenciones, de igual número de investigadores, la introducción la realizó el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers y lo acompaña un texto del historiador y secretario general de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas.  

Vicente Quirarte reconoció la importancia de evocar a un personaje histórico que a 150 años de su muerte, todavía es recordado por sus obras, y sin darnos cuenta, en dichos tan coloquiales como “me hacen lo que el viento a Juárez”, también le rendimos homenaje a un hombre que fue excepcional.  

Ana Luisa Campos López, investigadora de la UNAM, destacó que escribir sobre la niñez de Juárez, le permitió conformar una obra de teatro, con un personaje similar en la que pudo jugar con la historia y la fantasía, así como recordar los tiempos de la infancia de este personaje histórico, que, sin duda, fue un periodo relevante que influyó en su desarrollo físico, cognitivo, social y afectivo, que vimos reflejados en su madurez y sensibilidad de adulto. 

Guadalupe Gómez Aguado de Alba, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y profesora de la UNAM, dijo que ella participó en la redacción de un capítulo del libro, sobre la relación que tuvo Benito Juárez con los católicos tradicionalistas, en un contexto complicado con la formulación de las Leyes de Reforma en 1859, que fue un parteaguas de las relaciones de la Iglesia y el Estado. 

Se puede decir que uno de los muchos de los conflictos que enfrentó, fue su confrontación con la Iglesia Católica, “fue tan fuerte que hoy en día a 150 años de su partida aún existen católicos que lo consideran como el destructor del catolicismo”, precisó.  

Además, con la ejecución al piano e investigación musical de Juan Ramón Sandoval, en la presentación se hizo un recorrido histórico por algunos de los pasajes más relevantes en la vida y obra del Benemérito de las Américas, desde su nacimiento en la Sierra de Ixtlán en Oaxaca, hasta su muerte, ocurrida en el Palacio Nacional.  

El artista interpretó la marcha “Ilustre Puebla de Zaragoza, México te saluda”, creada en 1869 por Melesio Morales y la “Marcha Juárez” de José Martínez en 1867.  

Explicó que está obra se estrenó un 15 de septiembre de 1869, para la inauguración de un tramo del ferrocarril México-Puebla que iba a llegar hasta Veracruz. 

A la presentación de la obra “Juárez. A 150 años de su muerte” asistió el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers y participaron, algunas coautoras del texto como Helena González López, Adriana Gutiérrez Hernández, Jocelyn Vázquez Toledano y Rebeca Villalobos Álvarez. 

• Es un grupo vulnerable que, sin el apoyo adecuado, puede caer en las garras de prestamistas sin escrúpulos: Ana Lilia Rivera.
• Se busca que personas de ese sector puedan transferir remesas a sus familiares con comisiones justas, afirma José Narro.

El Senado de la República y la Financiera para el Bienestar firmaron un convenio de colaboración, para desarrollar estrategias que favorezcan la economía local y el patrimonio de las familias de las personas migrantes, así como para proponer servicios financieros y de acompañamiento dirigidas a ese sector. 

La firma de este documento se llevó a cabo en el contexto del foro “Inclusión financiera de la comunidad migrante en Estados Unidos”, que organizó el senador José Narro Céspedes en la Antigua Casona de Xicoténcatl.  

Ahí, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, consideró crucial brindar servicios financieros adaptados a las necesidades de los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, porque al hacerlo, no sólo se garantiza el cuidado de su dinero, sino que se apoya el bienestar y el desarrollo económico del país, a través de las remesas. 

Con dichos servicios, agregó, también se fomenta la inclusión financiera, porque con cuentas bancarias, los migrantes pueden formar historiales crediticios que les permitan acceder a préstamos para educación y vivienda, o para iniciar un negocio. 

La senadora señaló que los migrantes que viven en el exterior son un grupo vulnerable que, sin el apoyo financiero adecuado, pueden caer en las garras de prestamistas sin escrúpulos, con tasas de interés exorbitantes, o sencillamente no cuentan con un medio seguro para enviar o ahorrar su dinero.  

Ana Lilia Rivera subrayó que el no poder abrir una cuenta bancaria o acceder a créditos es un obstáculo colosal para su integración económica y social de este sector. 

“Esta inclusión no sólo les beneficia a ellos, sino a la economía en su conjunto, ya que fomentan la inversión y el consumo. Pero más allá de los aspectos económicos, brindar, servicios financieros a los migrantes es también una cuestión de justicia social”. 

La senadora llamó a reflexionar sobre la importancia de la inclusión financiera de este sector y a trabajar en conjunto para brindar soluciones tangibles.  

“La migración es una realidad con la que vivimos día a día y nuestra responsabilidad es asegurarnos de que ellos decidan y tengan como decidir que este azaroso camino tenga las herramientas necesarias para triunfar”.  

Por su parte, el senador José Narro Céspedes recordó que uno de los objetivos de la financiera es que los migrantes puedan transferir remesas a sus familiares con comisiones justas, ya que los bancos u otros prestadores de servicios cobran alrededor de 20 por ciento de los montos que se envían. 

Además, para que lleguen de forma íntegra y que el recurso se entregue a las comunidades más pobres y lejanas del país, porque una de las quejas de este sector, dijo, es que el dinero no llega completo a sus destinatarios. 

Se trata, insistió, de lograr una justicia social para los hermanos mexicanos que tuvieron que emigrar por la pobreza que generó el modelo neoliberal. 

Narro Céspedes destacó la firma del convenio entre el Senado de la República y la Financiera del Bienestar, que busca impulsar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de apoyar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

“Estamos planteando que este banco, que soñábamos para los migrantes, pueda inicialmente ser un instrumento para que después, la financiera le de crédito a los pequeños productores rurales”, expresó. 

María Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, dijo que el 21 de octubre del año pasado, Telecom Telégrafos, como todavía se le conoce en Estados Unidos, se transformó en esta nueva institución, para cumplir con el encargo del Ejecutivo federal de brindar servicios financieros a la comunidad migrante, como el envío de remesas, créditos y ahorro popular. 

Destacó que es la primera vez que un gobierno hace un esfuerzo tan relevante para poner al alcance de las y los mexicanos, una herramienta digital que les facilite y les disminuya el costo del envío de sus recursos que con tantos esfuerzos juntan. 

Mejía Flores expuso que Financiera para el Bienestar cuenta con la “tarjeta financiera para el bienestar en Estados Unidos”, que es una tarjeta de débito y un monedero electrónico para que las personas en ese país puedan enviar dinero, pero con un costo de 3.99 dólares. 

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, coincidió en que es una prioridad cuidar a los mexicanos que radican en el exterior, así como brindar herramientas para que cuiden sus recursos financieros, “ante personas voraces que les quieren quitar su dinero”. 

Recordó que, desde la Comisión de Salud, la cual preside, se diseña una iniciativa para otorgarles seguridad social a nuestros connacionales, protegerlos y que cuenten con el respaldo del gobierno de México.  

• Hay carreteras que tienen 50, 60 y hasta 78 años de haberse construido, asegura la senadora Mayuli Latifa Martínez. 
  
   

En México, 57 por ciento del sistema carretero ya cumplió su vida útil, es decir, 20 años, y hay carreteras que tienen 50, 60 y hasta 78 años de haberse construido, por lo que el rezago de la infraestructura es una de las razones que limitan el desarrollo turístico de diversos destinos, aseguró la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. 

A fin de revertir esta situación y para potenciar los destinos turísticos del país, la legisladora del PAN presentó una iniciativa que reforma y adicionan los artículos 4, 7 y 9 de la Ley General de Turismo, con el objetivo de establecer tareas claras y prioritarias a las Secretarías de Turismo y Comunicaciones y Transportes en materia de construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras. 

Se trata, dijo, de lograr progresivamente una mayor conectividad carretera de las diversas comunidades, localidades y destinos con potencial turístico con las grandes ciudades, que permitan la llegada de visitantes.  

“Esta es una de las mayores demandas tanto de las comunidades como de los propios visitantes nacionales y extranjeros, quienes han expresado que viajan menos por las carreteras del país, debido a las malas condiciones de los caminos o porque no hay carreteras para llegar a los destinos”, señaló. 

Insistió que lo que busca con esta reforma es reafirmar el compromiso e interés del Estado para construir, mantener o rehabilitar la infraestructura carretera, que permitan el desarrollo de la actividad turística en el país de una manera en que la experiencia pueda ser agradable, segura y de calidad para el turista, y a su vez que permita el crecimiento y desarrollo de los destinos. 

Lamentó que en México existe un rezago muy grande de caminos carreteros para resolver las necesidades de las regiones con potencial turístico, así como en el mantenimiento de las carreteras y caminos que ya se tienen, lo que incrementa en los usuarios el riesgo de percances al volante y de desperfectos en el automóvil. 

En este sentido, reveló que, en el país, hay carreteras de 50, 60 y hasta 78 años, que ya cumplieron con el fin de su vida útil, que usualmente es de 20 años para pavimentos asfálticos, y de 30 años para los de concreto hidráulico que han duplicado y triplicado su vida útil.   

“El sistema carretero nacional tiene una longitud de más de 340 mil kilómetros, de los cuales 41 mil 152 son federales, de ellos 57 por ciento tiene una vida útil superior a 30 años y 14 por ciento menos de 15 años, por lo que las normas y técnicas que se usaron para su construcción han sido superadas y su mantenimiento es poco frecuente, según reporta la 

Dirección General de Carreteras de la SCT”, mencionó. 

El proyecto se turnó a las comisiones unidas de Turismo y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. 

• Reformas al Código Penal Federal sanciona delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, precisó que las reformas, conocidas como la “Ley Ingrid”, sancionan los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, particularmente a los funcionarios que filtren imágenes de víctimas de violencia.  

Aclaró que el proyecto que modifica el artículo 225 y que adiciona un cuarto párrafo al artículo 225 Bis al Código Penal Federal, que fue aprobado por unanimidad por el Senado, no representan ninguna mordaza ni están dirigidas a periodistas, youtubers, ni a la población en general, sólo a servidores públicos. 

En una serie de mensajes publicados en redes sociales, Sánchez Cordero explicó que estas modificaciones sólo tipifican y sancionan la filtración de imágenes fijas o en video de las víctimas de feminicidio o crímenes violentos, por parte de policías, médicos legistas y personal que tienen acceso a las carpetas de investigación como ministerios públicos, peritos y auxiliares de la administración de justicia. 

“Muchas veces el servidor público no guardaba la discreción debida y no mantenía en secrecía la carpeta de investigación que contenía imágenes, videos, fotografías, etcétera, del cuerpo de la víctima. Por ejemplo, en el caso de Ingrid Escamilla”, puntualizó.  

Destacó que el propósito de esta legislación es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas y sus familias, porque la divulgación de información e imágenes constituye una lesión a su dignidad y memoria. 

Afirmó que esta Ley es un reconocimiento a Ingrid Escamilla, quien murió el 9 de febrero de 2020 por feminicidio y a todas las víctimas, directas e indirectas, cuya dignidad y derechos se han vulnerado