MUJERES DE ORO SÓLIDO

MUJERES DE ORO SÓLIDO (187)

  • La inclusión es uno de los puntos centrales de nuestro desarrollo como individuos y como parte del tejido social.

                                                                          

La promoción de la  inclusión no sólo está enfocada a algunos sectores sociales o políticos, sino a toda la población incluyendo a las Iglesias y es parte del trabajo de estos entes religiosos servir y actuar en pro de los derechos humanos de los mexicanos, sostuvo la senadora Luz María Beristain Navarrete.

 

En el marco del foro ciudadano: “Iglesias y Religiones por la Inclusión”, la legisladora del Grupo Parlamentario del PT-Morena celebró que la sociedad mexicana ha empezado a manejar en su vocabulario la inclusión como un conjunto de información, que enriquece y fortalece, representando uno de los puntos centrales de nuestro desarrollo como individuos y como parte del tejido social.

 

La representante por Quintana Roo destacó que en encuentros como éste, donde se reunieron representaciones de diversas religiones, “más de uno de nosotros aprenderá y nos daremos cuenta que no sólo existen Iglesias o Religiones que obedecen a los principios dogmáticos de su fe, los cuales son y seguirán siendo de mucho respeto, sino que también está implícito el deber, de aceptar y respetar a todos los seres humanos, promoviendo siempre vínculos objetivos que ayuden a la edificación de nuestro país”.

 

Beristain Navarrete afirmó que los representantes de las Iglesias y Religiones presentes en el foro han demostrado que sí podemos trabajar para que la libertad de conciencia y el respeto a la creencia de otros y otras no se vean afectados, sino al contrario, siempre estén enriquecidos por la diversidad de pensamientos.

 

“Hemos aprendido que sí podemos ser una sociedad que trabaje en armonía, por la unidad y aunque existe una gran diversidad de credos, dogmas o filosofías, hoy nos damos cuenta que sí podemos trabajar como seres humanos, atendiendo a los principios fundamentales y universales de nuestras vidas”, dijo.

 

Este foro, agregó, es una muestra que las Entidades Religiosas están dispuestas a trabajar con ahínco por la integración y reforzamiento de la sociedad, no dejando a nadie a fuera y buscando que todos y todas, siempre encuentren en estas comunidades un espacio, donde puedan crecer y experimentar aquello que profesan.

 

“Hoy el reto es más grande y es el de enseñar a todos los mexicanos, que sí podemos estar de acuerdo, y aunque los credos nos separan, el amor al ser humano nos mantiene unidos” concluyo la legisladora.

·         Obliga a garantizar la conformación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, las fiscalías especializadas y las herramientas inscritas en la ley para dar cumplimiento a sus preceptos.

La entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, responde a la exigencia y reclamo de familias que han sufrido por años la búsqueda de sus seres queridos, e implica, tanto para la Federación como para las entidades federativas, responsabilidades de gran relevancia.

Así lo aseveró la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, al presentar un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, en el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales, garanticen la integración y funcionamiento pleno de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las fiscalías especializadas y los registros necesarios para la operación del Sistema.

Al señalar que  el nombramiento del Comisionado de la Comisión Nacional de Búsqueda,  se encuentra en el ámbito del Ejecutivo Federal,  hizo un llamado al Presidente de la República “para que este nombramiento, que es el inicio de la implementación de esta importante ley, sea un ejemplo de su expertise”.

Para el 15 de febrero de este año, detalló, deben estar integradas las fiscalías especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda, y se tienen 180 días, a partir del funcionamiento de ésta, para que se emita el Programa Nacional de Búsqueda.

Los funcionarios que integran tanto las fiscalías como las funciones de búsqueda, deben estar certificados dentro del año posterior a su creación, agregó la legisladora perredista.

Las comisiones locales de búsqueda deben estar en funciones a más tardar el 16 de abril, y el Consejo Ciudadano debe estar integrado, para la misma fecha, por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatros especialistas de reconocido prestigio y, sobre todo, conocimiento en la materia, y cuatro representantes de las organizaciones de la sociedad civil especialistas en materia de derechos humanos.

En un plazo de 30 días posteriores a la conformación de este Consejo, deberá tener sus reglas para definir su funcionamiento, sostuvo.

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas deberá quedar instalado dentro de los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto; es decir, para el 16 de mayo de este año; y en su primera sesión ordinaria deberán emitirse los modelos de lineamientos que permitan la coordinación entre las diversas autoridades en materia de búsqueda de personas y de investigación.

La senadora Angélica de la Peña sostuvo que las legislaciones de las entidades federativas y todo lo que tenga que revisarse del marco jurídico federal, debe anticiparse para evitar que haya contradicciones con la ley.

La infraestructura tecnológica necesaria para comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas tiene que estar en funcionamiento a más tardar el 12 de noviembre de este año. “En esto tiene que ver el conocimiento de las fosas clandestinas, pero también de las fosas comunes que se encuentran en los panteones municipales”, puntualizó.

·         El Senado recibió al Presidente de la Conferencia de Parlamentarios de Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED), Won Yoo-chul.

El Senado de la República recibió al Presidente de la Conferencia de Parlamentarios de Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED), Won Yoo-chul, con el compromiso de ambas partes de promover el diálogo parlamentario y enfrentar de manera conjunta los retos de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo.

Al encabezar la reunión de trabajo, la senadora Graciela Ortiz González, vicepresidenta del Senado de la República, afirmó que el desafío más grande que enfrenta la comunidad internacional es el desarrollo sostenible, que sea capaz de conciliar la necesidad de crecimiento económico y bienestar material para todos, con el respeto al entorno y la armonía con el medio ambiente.

Señaló que la propia Conferencia de Parlamentarios de Asia-Pacífico ha reconocido que el cambio climático podría incrementar el hambre y la desnutrición en hasta 20 por ciento para 2050, y lo peor es que sus efectos podrían disminuir la producción agrícola.

Refirió que para hacer frente a estos retos, es necesario implementar de manera exitosa los objetivos de Agenda 2030, y ello será posible mediante la interacción entre gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado y la academia. “En este objetivo, los parlamentarios del mundo tenemos una tarea central a partir de la posición de los Poderes Legislativos en las democracias del mundo”.

Resaltó que los parlamentarios “somos intermediarios entre nuestras sociedades y el ejercicio de gobierno para establecer políticas públicas que atiendan este reto, y somos también los responsables de concretar las grandes iniciativas de ley de la comunidad internacional en políticas públicas que reconozcan nuestras realidades nacionales”.

Por su parte, el legislador coreano Won Yoo-chul destacó el trabajo de México a favor del medio ambiente y sus acciones para mitigar los efectos negativos del cambio climático, las cuales, dijo, son importantes a nivel regional.

El presidente de la Conferencia de Parlamentarios de Asia Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo también agradeció a México su colaboración y apoyo para encontrar una resolución pacífica a los problemas con Corea del Norte.

La APPCED se fundó en junio de 1993, actualmente cuenta con 46 Estados miembro y trabaja a favor de que parlamentarios de Asia-Pacífico apoyen la promoción del diálogo para el entendimiento de los factores que afectan el medio ambiente y el desarrollo en la región.

El Senado mexicano es un activo participante en las reuniones de la APPCED. México ya ocupó  la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de esta Conferencia de Parlamentarios durante el periodo 2002-2004 y organizó la X Asamblea General en Cozumel, Quintana Roo, del 13 al 15 de noviembre del 2003.

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) nombre a la Senadora de la República, por el estado de Durango, Yolanda de la Torre como personaje de la Semana en este mes de enero del 2018.

La CONADIS La describe como una luchadora incansable por los derechos de las #PCD y de la niñez.

Asimismo, destaca que es una Promotora de la #LIPCD Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad.

También, la Senadora ganó la Medalla al Mérito Académico Capitán Francisco de Ibarra, así como La Medalla al Mérito Ciudadano Luis Donaldo Colosio, entre otros. 

El Consejo dio a conocer el reconocimiento a través de sus Redes Sociales.

 

*Con una extensión de aproximadamente, 1000 kilómetros, el Arrecife Mesoamericano es el sistema arrecifal coralino más grande del Hemisferio.

*Los arrecifes de coral son de suma importancia, puesto que dan vida a miles de especies, defienden las costas de la erosión, huracanes y tormentas.                                                         

Con firme compromiso por la protección al medio ambiente y el apoyo a la sociedad civil preocupada por los arrecifes de coral en la península yucateca, la senadora, Luz María Beristain Navarrete, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,  un punto de acuerdo por el cual exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, académicos y ciudadanos contribuyan a la restauración y preservación del Arrecife Mesoamericano, así como la implementación de estrategias innovadoras a favor de la protección y recuperación del patrimonio que dejan nuestros mares.

Con una extensión de aproximadamente, 1000 kilómetros, el Arrecife Mesoamericano puede ser encontrado en 4 países; México, Belice, Honduras y Guatemala, además de ser el sistema arrecifal coralino más grande del Hemisferio Occidental y uno de los ecosistemas más diversos de la tierra.

Cabe recordar que los arrecifes de coral no solamente son una maravilla natural, sino que también son fuente de vida para miles de especies y un valioso recurso del turismo en la región, así como también son importantes para la protección a la erosión de las costas y barrera natural contra tormentas y huracanes.

Es por estas y más razones que la senadora quintanarroense considera de suma importancia el trabajo interinstitucional y de mano con la sociedad civil para fortalecer la protección de las riquezas naturales con las que cuenta la península yucateca y que en casos específicos como el Arrecife Mesoamericano, traspasa fronteras.

“El exhorto que se hace a través de la Cámara Alta y se extiende a las autoridades competentes es un paso a favor de la protección del medio ambiente, ya que desde hace muchos años en nuestro país ha sido notable, al ratificar diversos acuerdos internacionales en la materia como lo es el “Acuerdo de París” o el acuerdo de Cancún en la COP 13 sobre biodiversidad, en donde además Quintana Roo firmó el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, ASPY 2030, como resultado de la COP 13 sobre biodiversidad en Cancún” afirmó la legisladora.

Asímismo, manifestó que la tarea por cumplir con los convenios internacionales en la protección de medio ambiente y la lucha contra el cambio climático es monumental y que en su trabajo como legisladora y sobre todo como ciudadana preocupada por el medio ambiente,  no ha claudicado, ni claudicará en la labor de poner a México a la altura y con ello garantizar la sustentabilidad en el país para futuras generaciones.

·         Alrededor de 35 mil personas han sido desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados.

En México el desplazamiento interno ha sido reconocido por el Estado, pero aún no se cuenta con un registro Nacional, a través del cual se pueda conocer el número de casos que existen, señaló la senadora Diva Gastélum Bajo.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI, expuso que alrededor de 35 mil personas han sido desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, 2016, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos  informó que se registraron 29 episodios de migración forzada masiva en México, impactando en al menos 23 mil 169 personas, en entidades como Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos desplazamientos, 20 fueron causados de manera directa por la violencia, apuntó.

A decir de la senadora  Diva Gastélum, Sinaloa registró seis eventos de desplazamiento masivos en el trascurso del 2016, representando 18.2 por ciento, con una población afectada de cuatro mil 208 personas.

Al proponer, en el Pleno de la Comisión Permanente, reformar el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (Inegi), dijo que la propuesta busca que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social genere indicadores para atender fenómenos y procesos sociales, los cuales no se limiten al Desplazamiento Interno Forzado.

Hizo hincapié en que la violencia e inseguridad no son las únicas causas del desplazamiento forzoso; pues también existen otros motivos,  como los desastres naturales y los proyectos de desarrollo, los cuales han sido descritos en diversos informes internacionales y dentro de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas.

En la Ley General de Víctimas, recordó, se establecen medidas de protección y amparo por parte del Estado mexicano a las personas desplazadas, mientras que a nivel estatal, la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas, publicada en 2012, busca mantener la información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado y la asistencia humanitaria prestan a la población desplazada, a fin de que se supere esta condición.

En el plano internacional, el Informe de Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado (2016) del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, a finales de 2016, destacaba que había 65.6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos; un aumento de 300 mil personas respecto del año anterior.

En contraste con los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen en su territorio, acotó.

Gastelum Bajo recalcó que no existe un marco legal de alcance global referente al tema; en 1988, la Asamblea General de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos pusieron a la mesa los principios rectores sobre Desplazamiento Interno Forzado, que no constituyen un convenio o tratado internacional, pero tienen gran respaldo de la comunidad internacional y son la base de muchas leyes nacionales sobre migración forzada, apuntó.

Refirió que en 2009, en Kampala Uganda se firmó la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de las Personas Internamente Desplazadas en África, donde se reúnen los principales postulados del Pacto de la Región de los Grandes de 2006, así como los protocolos declaraciones, programas de acción y otros mecanismos regionales antes adoptados por la Unión Africana.

Para la senadora del PRI,  al igual que lo establecen algunas leyes estatales mexicanas,  de otros países e instrumentos jurídicos regionales, es fundamental crear de un registro de desplazados en México que permita hacer un diagnóstico sobre los alcances que tiene el Desplazamiento Interno Forzado en nuestro país y, con ello, seguir realizando acciones a favor de la población desplazada.

La presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado de la República la senadora  María del Pilar Ortega Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, con el fin de garantizar las libertades y el respeto a los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en nuestro país.

“Ante las políticas migratorias de nuestro vecino país del norte, los mexicanos hemos sido críticos y hemos alzado la voz en contra de las múltiples injusticias y las múltiples violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos paisanos migrantes en los Estados Unidos; no obstante, no reconocemos también las violaciones que autoridades mexicanas cometen en contra de migrantes en territorio nacional”, señaló.

En ese sentido, la legisladora pr el PAN propuso adicionar el artículo 160 a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para hacerla congruente con los principios que establece nuestra Carta Magna.

Actualmente, explicó, la ley permite que las personas migrantes permanezcan durante plazos excesivos en las estaciones migratorias de nuestro país.

“Al respecto, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado la atención sobre los casos en que  las personas permanecieron detenidas cerca de un año hasta que el Instituto Nacional de Migración (INM) ordena su liberación para regularizar su estancia en el país”, apuntó la legisladora.

Bajo este escenario, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de interponer este medio de defensa contra la deportación, para los que se deberá otorgar una suspensión con el efecto de que ésta no sea ejecutada.

No obstante, agrega la iniciativa, a pesar de ser  el instrumento para la defensa de los derechos humanos por excelencia en nuestro país, el artículo 160 de la Ley de Amparo tiene un efecto perjudicial contra las personas migrantes, ya que si bien suspende la ejecución de este tipo de actos, genera que la persona permanezca recluida al interior de las estaciones migratorias durante todo el tiempo que dura el juicio, por lo que la libertad queda a disposición del juzgador de amparo, pero en el lugar donde se encuentra la persona detenida.

Por ello, agregó la senadora, es necesario reformar el artículo 160 de la Ley de Amparo para que en los casos de deportación, se indique que la orden no deberá ejecutarse o deberá cesar su ejecución y evitar que la persona permanezca recluida, violando con ello los plazos constitucionales.

“Un país que respeta el principio pro persona es un país también que respeta los derechos humanos de los migrantes, que con esa calidad se internan en nuestro país con el afán de tener una mejor opción de vida en su desarrollo. Es por ello que consideramos importante hacer esta reforma a nuestra Ley de Amparo, para poder hacerla congruente con los principios que establece nuestra Constitución”, espuso Ortega Martínez.

La iniciativa, que suscribieron los senadores de Acción Nacional Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su estudio y dictaminación.

·         Existen alternativas a la crisis ambiental; pide poner la ciencia al alcance de quienes toman decisiones y asumir los costos políticos.

·         Senado de la República le entrega Medalla Belisario Domínguez.

·         El reconocimiento por ser  fiel a sus ideas y patriota para defenderlas.

El Senado de la República confirió la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2017 a Julia Carabias Lillo, como un justo reconocimiento por su valiosa contribución al cuidado del medio ambiente, sus aportaciones científicas relacionadas con los recursos naturales, la restauración ambiental y la conservación de ecosistemas.

A nombre de la Cámara de Senadores, el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, entregó a la galardonada la presea y el diploma que la acredita como integrante de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez.

En la Sesión Solemne, que se llevó a cabo en el Salón de Sesiones de la Casona de Xicoténcatl, asistió como testigo de honor el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, acompañado del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín.

El senador Zoé Robledo Aburto expresó que, con este reconocimiento, Julia Carabias “empata su nombre al de los hombres y las mujeres dignos de estar junto con Belisario Domínguez; está  ahí por haber sido fiel a sus ideas y patriota para defenderlas”.

Consideró que tan patriota es quien defiende a las instituciones, como el que defiende las selvas, pues “tan importante es para México la pluralidad, que la biodiversidad, la libertad de expresión, que la liberación de tortugas”.

El legislador del PT asentó que la doctora es el gran referente mexicano de la sustentabilidad ambiental del desarrollo, pues convirtió este concepto en materia de estudio, pero también en causa.

Robledo Aburto destacó que Carabias Lillo es la quinta persona de origen chiapaneco en recibir este galardón, después de Salomón González Blanco, Andrés Serra Rojas, Jaime Sabines y Eraclio Zepeda.

El senador hizo un llamado para evolucionar hacia un nuevo régimen político, plural, ciudadano, transparente y, sobre todo, humano. Belisario Domínguez, acotó, también fue un héroe porque buscó la evolución del régimen y por eso sacrificó su vida.

Luego de recibir la presea, Julia Carabias Lillo, aseguró que los asuntos ambientales deben contar con una política de Estado y “tenemos la oportunidad de reforzar estos temas en la Ley General de Biodiversidad, que se encuentra pendiente de dictamen en este Senado”.

Resaltó la importancia de revertir los daños ambientales, ya que, a pesar de la evolución de las políticas públicas y avances en la agenda nacional e internacional, “no estamos ganando la batalla y el deterioro ambiental avanza más rápido que su freno y reversión”.

Refirió que los daños a  la pesca, ganadería y agricultura han provocado pérdidas de más del 90 por ciento de las selvas tropicales húmedas, 16 por ciento de los acuíferos --de los que depende la agricultura de riego y el funcionamiento de las grandes ciudades--, además están sobre explotadas 83 por ciento de las pesquerías y 50 por ciento de los suelos tienen algún grado de erosión.

Se agrava, porque en las siguientes dos décadas será necesario incrementar la producción de alimentos para satisfacer una demanda de más de 140 millones de personas, “pero no será viable hacerlo con el enfoque de más de lo mismo”, agregó.

Carabias Lillo resaltó la urgencia de que la producción de alimentos incorpore criterios ambientales y una política de seguridad alimentaria sustentable que disminuya los impactos y respete los ecosistemas ambientales, para ello se requiere impulsar la investigación.

Reiteró que “la actual ruta del desarrollo sustentable nos está llevando a un callejón sin salida y nos confronta con dos problemas éticos, estamos limitando las opciones de las generaciones futuras y estamos alterando las condiciones de vida del resto de los seres vivos y quizás el curso dela evolución”.

No obstante, aseguró que para lograrlo se requieren cambios “muy sustantivos, sí hay, definitivamente, alternativas a la crisis ambiental que vivimos”, para lo cual será necesario poner la ciencia al alcance de quienes toman decisiones y asumir los costos políticos.

Durante su discurso, se refirió a la Ley de Seguridad Interior y consideró importante abrir un debate profundo e incluyente, que permita encontrar una salida que reconozca la labor realizada por las Fuerzas Armadas, intente reconstruir la seguridad y revertir el espiral de la violencia.

Además, ésta debe impulsar alternativas en la procuración civil de justicia para fortalecer la democracia, la seguridad pública, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, todo ello en consonancia con la Constitución.

Apuntó que, si bien falta mucho por andar, las experiencias exitosas, resultado del trabajo y convicción de organizaciones y ciudadanos, que actúan en todo el país y muchos de ellos jóvenes, son una muestra de que se pueden hacer las cosas de manera distinta en beneficio de un futuro promisorio.

Previamente, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, secretario de la Mesa Directiva, dio lectura a la histórica proclama del senador Belisario Domínguez:

“La verdad es ésta, durante el Gobierno de Don Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República, es infinitamente peor que antes; la Revolución se ha extendido en casi todos los estados, muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehusarse a reconocer su gobierno, por ilegal, nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero; Nuestro crédito en agonía, la prensa entera de la República amordazada, o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad; nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y por último, el hambre y la miseria en todas sus formas, amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada Patria”.

“La Patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído en las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la Nación en dos meses y le habéis nombrando Presidente de la República, hoy que véis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado, que lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina ¿dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder?”.

Al inicio del evento, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, así como los presidentes del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, develaron la placa del Salón de Protocolo, ubicado en la Casona de Xicoténcatl, que llevará el nombre del senador Belisario Domínguez Palencia.

En el marco de la  ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez, el Presidente Enrique Peña Nieto conoció la exposición “Niños de Morelos. Visión pictórica sobre los sismos”, con obras elaboradas por menores de Jojutla y Tetela del Volcán durante las Clínicas Reparadoras de Arte, que impartió la Fundación del Papa Francisco Scholas Occurrentes y que en México representa el empresario Héctor Sulaimán Saldívar. Con dichas clínicas se prestó apoyo emocional a menores que perdieron sus casas o escuelas.

A la ceremonia también asistieron, el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera Espinosa; el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue; y el Director General del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas.

   Por Nancy Rodríguez

*Los retos son la capacitación y supervisión de su implementación

*El Congreso no debe  conformarse con emitir la ley;  el legislador  tiene la obligación de verificar que se cumpla.

*Hay un déficit de asesores jurídicos para atender a las víctimas. Además, los estados no han constituido las comisiones de atención a víctimas locales, reveló.

*Es necesario crear un órgano nacional para la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, para medir, analizar, evaluar y generar  diagnósticos.

Así se expresó la Presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado de la República la Senadora Pilar Ortega, quien participo en el 9° Foro de Seguridad y Justicia que organizó la Universidad Panamericana en esta Capital de la Cd de México.

La legisladora destacó que un punto a considerar en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, es que se lleven a cabo intensas jornadas de capacitación para los funcionarios que aplican el nuevo Sistema.

Por ejemplo hay nuevas tareas para los peritos, cambios, formas nuevas de actuar de los ministerios públicos y  nuevas tareas para la policía.

Y en este renglón, la senadora reveló que  “no hemos sido capaces de transformar a las policías y  no se ha modificado el sistema de procuración de justicia, ahí tenemos grandes retos”, sentenció.

Agregó que hay voces que demandan dotar de autonomía a los órganos periciales, recordó que  hay pendiente una reforma en materia de mandos coordinados y esto es central…Otro tema importante a revisar a nivel constitucional es la función policial versus ministerio público.

Detalló que  “ésta fórmula de que la investigación debe estar bajo el mando del Ministerio Público genera tensión que perjudica la investigación”.

Agregó que en relación a este binomio  de ministerio público-policía se está trabajando en una propuesta en el congreso para revisar esta parte y fortalecer una verdadera policía de investigación, y será gracias a que se cuente, ante todo, con voluntad política para su implementación. 

Otro de los temas importantes, comentó la legisladora por Guanajuato, son los servicios forenses que hoy están desarrollando su trabajo bajo la encomienda de practicar pruebas, sin tomar en cuenta su opinión y esto se puede solucionar,  a través de una autonomía funcional sobre la actividad de los peritos.

También,  resaltó que “tenemos pocos informes sobre la operación de la aplicación del proceso, debemos los legisladores de fiscalizar su aplicación y su adecuada operación”.

Y sobre todo,  hay varias voces que dicen que el sistema penal acusatorio no funciona, entonces hay que recopilar las experiencias, voces y argumentos de los operadores, para que se den  respuestas ante los riesgos de retroceso de su aplicación.

Detalló que en el diseño del propio código de procedimientos penales, se estableció la obligación de los operadores de que deben reportar al congreso, a las comisiones de justicia de ambas cámaras del avance. Y es poca información lo que ha llegado y se está revisando.

Pues, agregó la Senadora Pilar Ortega que  dar respuestas es complejo, porque no hay un diagnóstico certero que nos permita saber en qué parte está fallando el sistema.

“El poder legislativo no debe de conformarse con emitir la ley  y dejarla. No, el legislador tiene la obligación de verificar que esa legislación este cumpliendo su función y también, la obligación de revisar que las instancias que las aplican también estén funcionando”

Además,  recordó que el  legislativo es un órgano de control y de contrapeso, entonces es importante que se realice el diagnostico, porque esto posibilitaría una revisión y una optimización de lo señalado en estas disposiciones legislativas.

En otro orden de ideas, la Senadora Ortega dijo que el nuevo Sistema Penal, visibiliza a las víctimas y las atiende a través de las Comisiones de Atención a Víctimas, pero, lamentablemente, en los estados no se han constituido dichas comisiones y donde existen se registra un déficit de abogados que respalden a las víctimas.

Por último, la presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, destacó la propuesta de constituir un órgano nacional para la implementación del sistema, que sirva para medir, analizar, evaluar y generar diagnósticos para ayudar al  desarrollo del Nuevo Sistema  Penal  Acusatorio.

·    Primera vez que la medalla Belisario Domínguez se le entrega a una ambientalista, a una mujer de ciencia y de administración,  eso tiene un mérito adicional, señala Roberto Albores Gleason.

El próximo martes 5 de diciembre el Pleno del Senado de la República  conocerá el dictamen de la Comisión Belisario Domínguez, que designa como galardonada a la doctora Julia Carabias Lillo, por su trabajo constante en la defensa del medio ambiente y promotora del desarrollo sustentable.

La comisión dictaminadora del máximo reconocimiento que hace el Senado de la República a los mexicanos y mexicanas que hacen aportaciones relevantes en favor del país, señala la importancia de la sustentabilidad, la divulgación y el conocimiento sobre el ambiente, plantear alternativas de futuro con verdadero desarrollo humano; son tareas imprescindibles para un México próspero, democrático y justo.

Esas tareas- agrega el dictamen- son las que ha emprendido en una vida de compromiso, Julia Carabias, bióloga por la Universidad Autónoma de México, quien ha sido una luchadora constante desde la academia, la administración pública y la militancia por la defensa del medioambiente y del desarrollo sustentable.

Es la primera vez que la medalla Belisario Domínguez se le entrega a una ambientalista, a una mujer de ciencia y de administración, pero sobre todo a una ambientalista, y eso creo que también tiene un mérito adicional, señaló el presidente de la Comisión senatorial Roberto Albores Gleason, al dar a conocer a los medios de comunicación el nombre de la galardonada.

La doctora Julia Carabias, cuenta con largo historial académico, científico y en la administración pública, fue la primera Secretaria de Recursos Naturales y Pesca (1994) y su constante participación y debate en todos los espacios de opinión relacionadas en la defensa del medio ambiente.

En una sus entrevistas, externó su visión sobre la situación que tiene el país en materia ambiental:

“El medio ambiente une a México siempre y cuando le demos el respeto como un derecho humano. El tema no ha tenido una línea de creciente de interés en la agenda nacional, ni en gobierno, ni en la sociedad”.

“Están las leyes, un buen marco jurídico pero no lo estamos aplicado, ni hay presión social para que se ejerza ese derecho humano que es tener un ambiente sano”

“Se siente el ánimo de que el crecimiento no se va a parar por nada, y es necesario que el crecimiento económico sea compatible con el medio ambiente, un crecimiento sustentable”

“Desafortunadamente estamos trasgrediendo los procesos evolutivos de la humanidad por un deterioro ambiental acelerado”.

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