Oro Solido

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Miércoles, 18 Diciembre 2019 15:16

MINERÍA SUSTENTABLE

Miércoles, 18 Diciembre 2019 15:12

ASUNTOS DESTACADOS

Las negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) iniciaron en 2017, por iniciativa del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump.

El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) fue firmado por los mandatarios de los tres países en noviembre de 2018.

Desde septiembre de 2018, el Senado de la República recibió, para su análisis, la propuesta de texto del T-MEC, ratificándolo en junio de 2019, antes que Estados Unidos y Canadá.

Al iniciar la revisión del texto en la Cámara de Representantes estadounidense, ésta contaba ya con una mayoría demócrata que presentó una serie de propuestas en materias laboral y medioambiental, así como en lo relativo a la protección de patentes para biomédicamentos, y respecto a reglas de origen del sector automotriz relacionadas con el aluminio y el acero. En este proceso de renegociación participó el Ejecutivo federal mexicano, con el acompañamiento del Senado de la República.

Como resultado de las renegociaciones, se alcanzaron acuerdos en todas las materias referidas, incluida la laboral, para la cual los demócratas intentaron que el acuerdo incluyera y validara la figura de inspectores, como mecanismo de verificación y certificación del cumplimiento de los compromisos laborales establecidos en el tratado, propuesta que el gobierno de México y el Senado de la República rechazaron.

La contrapropuesta del gobierno mexicano fue utilizar páneles con jurisdicción regional como el vehículo para solucionar controversias laborales y de todos los otros sectores. Esta proposición fue aceptada por los Estados Unidos de América y Canadá, y el acuerdo respecto a ésta y las otras materias fue vertido en el Protocolo Modificatorio del T-MEC, firmado en México el pasado 11 de diciembre y aprobado por el Senado de la República un día después.

Como parte del proceso interno de ratificación en Estados Unidos de América, el presidente Trump envió al Congreso de su país la iniciativa de Ley de Implementación del T-MEC, mecanismo interno que utiliza esa nación para que todos sus acuerdos comerciales se conviertan en ley.

Dentro de la iniciativa se establece la posibilidad para que la Unión Americana envíe hasta cinco agregados laborales estadounidenses a nuestro país, con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que aquí está en curso, adición que no fue consultada con México y que no forma parte de los acuerdos vertidos en el Protocolo Modificatorio del tratado, aprobado por el Senado de la República.

Si bien esta disposición no forma parte del texto del T-MEC, sino de una regulación interna de Estados Unidos de América, la mayoría en el Senado de nuestro país rechazamos tajantemente la intención de que la Ley de Implementación incluya esta disposición, al tratarse de una medida que, por no haber sido consultada ni acordada con México, resulta inaceptable y va en contra de la buena voluntad y el espíritu con que fueron firmados el T-MEC y el propio Protocolo Modificatorio.

En caso de que la iniciativa transite en el Congreso estadounidense, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 7, establece que el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que cualquier miembro del personal de la misión no es aceptable. Esto quiere decir que, de tomar una decisión contraria a lo acordado por los tres países, México contará con los mecanismos para contrarrestar esa medida.

En la consulta ciudadana que se llevó a cabo el 14 y 15 de diciembre en 84 municipios del trazo por donde pasará el Tren Maya, 93 mil 142 mexicanos votaron a favor de que se ejecute este proyecto, es decir, el 92.3 por ciento; por el no, se pronunciaron 7 mil 517 personas, lo que equivale al 7.4 por ciento de la votación.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury, destacó que la jornada transcurrió positiva, en paz, con ánimo entusiasta entre los habitantes y sin ningún tipo de incidente.

En conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la subsecretaria dio a conocer que votaron un total de 100 mil 940 personas, de los cuales 281, el 0.3 por ciento, correspondió a votos nulos.

El ejercicio de democracia participativa tuvo lugar en nueve municipios de Campeche; cuatro de Chiapas; 10 de Quintana Roo; tres de Tabasco y 58 de Yucatán, en los que se instalaron 269 mesas que estuvieron abiertas de 8:00 a 18:00 horas. Únicamente votaron mayores de 18 años presentando identificación oficial como requisito.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, entregó al presidente López Obrador 15 actas de las asambleas regionales donde constan los acuerdos de los pueblos y comunidades.

“Han planteado que sean atendidas sus demandas, sus exigencias en materia de desarrollo, de infraestructura básica, en la cuestión de tenencia de la tierra y de la protección de su patrimonio cultural e intelectual. (…) También han planteado que ellos sean los beneficiarios de este importante proyecto de desarrollo”, detalló.

Entre las peticiones de los pueblos expresadas en la fase informativa del mes anterior, destacan mejoras a la infraestructura local; dar certeza jurídica a terrenos fuera del derecho de vía; aumentar el número de estaciones; combate a la marginación e implementación de los programas sociales, además de informar a detalle sobre el proyecto y sus avances, entre otros.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, anunció que en la primera semana de enero se lanzará una licitación con el objetivo de iniciar las obras en los primeros días de abril.

“Con esto se inicia un proceso de echar el Tren Maya, con esta confirmación del apoyo de la región”, remarcó.

El presidente López Obrador explicó que la licitación será para los tramos donde ya se cuenta con estudios de ingeniería básica.

“Alrededor de 800 kilómetros que van a empezar ya. Esto es al mismo tiempo un llamado a las empresas para que se vayan preparando”, apuntó el jefe del Ejecutivo.

 

De acuerdo con los estudios de ingeniería básica que se entregaron el 13 de diciembre al gobierno federal, el tramo Cancún-Tulum es la primera fase a licitar.

El mandatario aseguró que ya están disponibles 60 mil millones de pesos de los 120 mil millones de pesos de presupuesto público que implicará la obra. Reiteró que no significará deuda para el país.

Dijo que el cobro de impuestos a turistas que anteriormente estaba destinado para promover el turismo y que se demostró que se usaba para pagar publicidad a empresas de comunicación, se utilizará para la construcción de esta obra. El fondo consta de 8 mil millones de pesos anuales.

“60 mil millones seguros hasta 2024. Los otros 60 mil serán financiados con el presupuesto público. No será deuda ni sistemas de financiación onerosos”, subrayó el presidente.

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