Jueves, 08 Octubre 2015 14:22

Nos estamos acercando al ciudadano. Es mi compromiso: Procuradora Arely Gómez

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Palabras de la Procuradora Arely Gómez en el Senado de la República

Señoras y señores senadores.

En apego al mandato señalado en el segundo párrafo del artículo 69 constitucional y a la convocatoria de esta Honorable Cámara de Senadores, estoy aquí para informar a ustedes la situación que guarda la procuración de justicia en el país, en el marco del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Es para mí muy grato acudir a este recinto, la Casa del Federalismo, en donde me reencuentro con compañeros legisladores, con quienes compartí intensas jornadas de trabajo.

Hoy les reitero mi plena convicción de mantener un diálogo constante y franco con el Poder Legislativo, como premisa fundamental de una colaboración estrecha, en una responsabilidad compartida como lo es la Procuración de Justicia.

Mi compromiso desde el primer día ha sido entregarles a los ciudadanos una Procuraduría transformada, con unidades especializadas en las que se privilegien nuevos elementos técnicos y científicos; en las cuales la labor profesional de inteligencia y generación de información den certeza a las investigaciones.

Debemos fortalecer la credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.

Por eso, al asumir esta responsabilidad, tracé un plan de trabajo basado en cuatro ejes:

Procuración de justicia eficaz;

Respeto y protección de los derechos humanos;

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y

Transparencia y rendición de cuentas.

Primer eje. Procuración de Justicia Eficaz

La lucha contra el delito es una labor que nos convoca a todos. Diferentes instancias y órdenes de gobierno trabajamos por un mismo fin: el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia de nuestro país.

Fortalecer las capacidades de investigación y mejorar la atención a víctimas mediante un renovado esfuerzo, para hacer cada vez más profesional y moderno el trabajo de la institución.

Ante quienes actúan al margen de la ley debemos responder con una estrategia integral, con coordinación entre los órdenes de gobierno, con competencias y responsabilidades claras y que trascienda las visiones locales.

Por ello, en mi gestión se han reforzado los esquemas de colaboración entre las Procuradurías de los Estados y la General de la República, mediante los trabajos desarrollados en las Conferencias Nacional y Regionales, de Procuración de Justicia.

En los mismos, se han logrado avances sustanciales para hacer frente a la delincuencia, mediante métodos de investigación científicos así como protocolos de actuación homologados, para indagar diversos delitos.

En ese sentido, se han hecho numerosos avances en materia de investigación y persecución de delitos federales, conteniendo e incluso reduciendo la acción de grupos criminales en zonas que están siendo arrebatadas a la delincuencia.

Uno de los delitos que más lastima a la sociedad, son los cometidos contra la salud, conocidos socialmente  como  “narcotráfico”: puedo decir que de septiembre de 2014 a julio de este año se concretó la detención de 18 mil 647 personas por delitos contra la salud y conexos; se aseguraron más de 3 mil 742 millones de dosis.

Además, en coordinación con las instancias de procuración de justicia y seguridad pública han sido destruidos 36 mil 934 plantíos de mariguana y 141 mil 405 de Amapola.

Hemos combatido la estructura financiera de estos grupos criminales. En este periodo se consignaron 189 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente denominado lavado de dinero.

El crimen organizado se ha sofisticado y trasciende fronteras. Eso requiere una permanente colaboración interinstitucional e internacional que permita tener herramientas de combate eficaz.

Convencida que en el mundo actual la cooperación internacional es de suma relevancia para evitar la impunidad de la delincuencia organizada transnacional; desde mi llegada a la PGR, instruí impulsar los procedimientos de extradición, siempre en estricto apego a derecho, cuidando no vulnerar derechos humanos o afectar el debido proceso.

Es así que en el marco de los acuerdos suscritos con otros países en materia de extradición y como parte del fortalecimiento de esta herramienta jurídica de cooperación internacional, México ha entregado a 50 personas a diferentes países, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto del presente año, al ser reclamados por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio, trata de personas, entre otros.

Quiero hacer un espacio para hablar de un hecho inadmisible que indigna a todos los mexicanos; que ha debilitado la confianza en las instituciones penitenciarias y de seguridad en el país. La evasión ocurrida en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.

Tal como instruyó el Presidente de la República, porque también así es la obligación legal de la institución que represento, desde el pasado 11 de julio, la PGR ha colocado como una de sus máximas prioridades, integrar una investigación profunda, exhaustiva y eficiente.

La PGR ha trabajado desde el primer momento en dos acciones paralelas: el esclarecimiento de los hechos, a fin de establecer las responsabilidades de quienes al interior y al exterior del penal participaron en la evasión, así como en la recopilación de todos los elementos de información que conduzcan a la recaptura del delincuente.

Hasta el momento se ha obtenido orden de aprehensión en contra de 23 ex servidores públicos, que por acción u omisión favorecieron la evasión del reo. Actualmente el órgano ministerial tiene bajo arraigo a 10 personas civiles, que son quienes colaboraron en la fuga desde fuera del penal.

Estamos llevando a cabo una investigación a fondo y a todos los niveles, en coordinación con las distintas instancias de seguridad del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como de los órganos de inteligencia y análisis de información criminal en el país, para entregar a los jueces a todos aquellos que de alguna u otra manera facilitaron esta evasión.

Los que lo ayudaron a escapar, no escaparán de la justicia.

Segundo eje: Derechos Humanos

Los cimientos y los ejes prioritarios en cualquier proyecto de Estado son el respeto, defensa y garantía de los derechos humanos. Por ello, estamos llamados a desarrollar toda acción que permita dotarlos de efectividad, para dar mayor confianza a nuestro trabajo cotidiano.

En los últimos meses hemos enfrentado retos enormes que han puesto a prueba la solidez de la institución que me honro en presidir, así como su capacidad para dar respuesta a la sociedad por temas que han generado enojo e indignación.

La apertura y disposición a adoptar aquellas recomendaciones que alinean nuestra actuación con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como su implementación con acciones concretas que garanticen efectos duraderos, han adquirido un interés central en nuestra agenda.

Lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y Cocula, son actos de barbarie que indignan a todas y a todos los mexicanos.

En este caso, la PGR ha sometido a escrutinio su trabajo en la mejor voluntad de agotar una investigación rigurosa y dar transparencia a todas sus actuaciones, lo cual es un elemento indispensable para dar certidumbre y confianza a las familias.

Hemos atendido e incorporado las observaciones y elementos que constituyen aportaciones a la investigación, algunas de las cuales han sido aportadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las hipótesis que hemos construido dependen siempre de indicios o de pruebas confirmadas; esta Procuraduría está consciente que nuestro trabajo no puede ser realizado adecuadamente basado en posturas inamovibles; ha de ser la ciencia y los métodos que de ella derivan, los que permitan dilucidar este hecho.

Los esfuerzos de la Procuraduría, lo reitero, continuarán hasta que el último responsable de estos crímenes sea consignado y rinda cuentas ante la justicia.

Iguala no es caso cerrado. Las investigaciones continúan.

Hoy les informo que hemos abierto otras líneas de investigación, en las cuales tenemos identificados a más autores materiales.

La construcción de un sistema democrático debe pasar por combatir la impunidad y sancionar la comisión de crímenes como los cometidos en Iguala. Como representante de la sociedad, la PGR reitera su compromiso de no escatimar recursos ni esfuerzo alguno en la investigación de todas las desapariciones.

Por eso tras un largo proceso de consultas con otras instituciones, expertos en la materia y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, hemos concretado dos protocolos para la homologación en todo el país de las investigaciones en casos de tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas, apegados a los más altos estándares internacionales.

Senadores y senadoras.

Hoy anuncio que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, hace unas horas firmé el Acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación.

Esta Unidad, será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Esto un esfuerzo que demanda y supone el trabajo de las fiscalías y procuradurías locales así como una puntual y eficaz participación social.

También les informo que el día de hoy, por acuerdo de la Procuraduría General de la República se remite el expediente del caso Ayotzinapa, que ha sido la petición de muchas voces a la Subprocuraduría de Derechos Humanos estando bajo la conducción de la oficina del Subprocurador el Doctor Eber Omar Betanzos Torres, que integrará un grupo de trabajo para atender esta averiguación en una segunda fase.

Tercer eje: Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Mejorar la calidad del sistema de justicia penal es una de las grandes demandas de los mexicanos, que en 2008, el Congreso de la Unión, atendió al aprobar la Reforma constitucional. Su implementación es uno de los compromisos más importantes del Presidente Enrique Peña Nieto.

Esta transformación jurídica, ofrecerá a la sociedad la oportunidad de acceder a la justicia de manera mucho más directa, pronta y expedita, por medio de audiencias públicas, con garantía de protección a las víctimas y el respeto a la dignidad de los procesados.

La implementación del Nuevo Sistema de Justicia se encuentra en marcha y se han previsto todos los escenarios posibles que pudieran presentarse en su implementación futura, motivo por el cual, la PGR ha emitido Acuerdos, Protocolos y Lineamientos que prevean las diversas instancias que intervienen en el proceso.

En noviembre del 2014 se había implementado el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Durango y Puebla; en marzo del 2015 se sumaron Yucatán y Zacatecas. En una tercera etapa que finalizó en agosto pasado, la cifra ya sumaba 8 entidades. Hoy les puedo señalar que en noviembre próximo, este nuevo sistema se implementará en 7 estados más.

Esta tendencia nos permite señalar que para junio del 2016, fecha que marca la reforma Constitucional, la PGR estará operando con este Sistema de Justicia Penal todo el país.

Esto será posible gracias a la colaboración conjunta y esfuerzos decididos del Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Gobernación a través de su órgano implementador.

Esta transición es histórica. Constituye una alta responsabilidad y un alto compromiso con la sociedad mexicana.

Para finalizar, el cuarto eje: Transparencia y Rendición de Cuentas, que ha regido mi gestión.

Son exigencias ciudadanas que, desde mi paso por el Senado y ahora como Procuradora, he abanderado y considero son un sello que debe marcar la gestión y el actuar de todos los servidores públicos de la Institución.

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables que dan legitimidad y confianza al trabajo cotidiano y deben ser el sustento institucional en materia de procuración de justicia.

Es por ello, que desde el inicio de mi gestión instruí la creación de la Unidad de Apertura Gubernamental adscrita a mi oficina.

Dar cuenta de las acciones y resultados institucionales es una responsabilidad ante la sociedad: establecer mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas en nuestra actuación, cerrando el paso a la impunidad, en observancia de nuestra misión como representación social.

Como ustedes saben, durante meses trabajamos en la elaboración de un expediente público de la investigación del caso Iguala, que fue abierto a los solicitantes en días pasados.

Cabe resaltar que es la primera ocasión en que una averiguación previa en curso, se abre mediante una versión pública.

Hoy, les anuncio que vamos a habilitar un apartado, en el portal de la PGR, donde subiremos la versión pública del expediente del caso Iguala, para que de esta manera la ciudadanía, los periodistas y todas las personas interesadas puedan acceder directamente a la información, que ahí estará disponible.

No basta con hablar de transparencia: hay que ser transparentes.

También es importante señalar que, en seguimiento a la política de apertura a través de la Alianza para el Gobierno Abierto, en el que la PGR participa como parte del Ejecutivo Federal, se logró cumplir con los tres compromisos institucionales, de los cuales me gustaría destacar el Sistema de Consulta de Detenidos.

A través de este sistema, cualquier ciudadano puede buscar en internet si algún familiar o conocido se encuentra puesto a disposición o responsabilidad del Ministerio Público Federal, conociendo exactamente en qué Agencia se encuentra.

Con la implementación de estas políticas y el fortalecimiento de una cultura de la rendición de cuentas, estamos acercándonos al ciudadano para atender de mejor manera las válidas exigencias de la sociedad.

Señoras y señores Senadores:

La misión de las instituciones públicas es actuar con oportunidad, eficacia y responsabilidad ante las denuncias. La sociedad reclama investigaciones apegadas a derecho, rigurosas en sus alcances y eficaces en sus objetivos, de cerrar el paso a la delincuencia y a la impunidad en el país.

Estar en este recinto ante ustedes, más que un compromiso derivado de una obligación constitucional, es una auténtica oportunidad para generar consenso y trabajo coordinado, a través de sus aportaciones y su análisis.

En un marco de respeto y ánimo de colaboración, reitero mi compromiso y mi voluntad para que el trabajo que desempeña la Procuraduría General de la República genere resultados en beneficio de quien nos da la oportunidad de servirles: la ciudadanía.

Beneficio que debe traducirse en lo que todos buscamos: construir los cimientos de un México próspero y en paz.

Muchas gracias. 

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