Oro Solido

Oro Solido

 

·         Las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de los mecanismos y la oralidad, importantes para reducir el costo de la justicia y simplificar las actuaciones y los procedimientos.

·         Se escucharán todas las voces para construir el primer Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: senadora Yolanda de la Torre.

El senador Ernesto Cordero, presidente del Senado de la República, manifestó que es necesario eliminar las barreras de acceso a la justicia y corregir los aspectos que no funcionan en el sistema jurisdiccional para dar pasos hacia adelante y esenciales en este tema. 

Al inaugurar el Ciclo de Conversatorios Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Retos y perspectivas, el presidente de la Mesa Directiva indicó que a partir de un diagnóstico realizado entre 2015 y 2016, “pudimos darnos a la tarea de transformar un sistema jurisdiccional, lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso.

Dijo que el uso de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias o incluso la oralidad, pueden ser pasos muy importantes para reducir el costo de la justicia y simplificar las actuaciones y los procedimientos. 

El senador Ernesto Cordero consideró oportuno que al discutir todos esos temas se cuiden tres principios fundamentales: el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; la igualdad entre hombre y mujer, así como el acceso a la justicia.

“Estos tres principios, agregó, exigen nuevas maneras de que el trabajo en tribunales y juzgados sea más cercano y directo con las partes”. 

Reiteró la importancia de este encuentro para dar cumplimiento a la meta 16.3, que busca promover el Estado de derecho a nivel nacional e internacional, garantizar la igualdad de acceso a la justicia, e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible “que hemos asumido en el Senado como Estado mexicano, en el marco de las Naciones Unidas”. 

La senadora del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, destacó la necesidad de escuchar a todas y todos los actores, a efecto de definir las perspectivas, retos y planteamientos que permitan construir el primer Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 

Indicó que, con la visión y experiencia de todos los participantes, se sentaran las bases para esta legislación, “pero lamento mucho que la agenda política este contaminando los temas que el Senado tiene pendientes por legislar”.

A su vez, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, comentó que se necesita sumar el esfuerzo, capacidades y voluntad de las mujeres en este tema. 

El hecho de escuchar diversas visiones resulta fundamental, ya que todas las leyes deben construirse escuchando todas las necesidades y problemáticas, para posteriormente, tomar las decisiones correctas, concluyó. 

El representante de la Barra Mexicana de Abogados, Eduardo Méndez Vital, aseguró que este Código tendrá una aplicación en el 73 por ciento de todos los procedimientos litigiosos en el país, ya sea por la materia misma o por los temas de supletoriedad.

El presidente del Colegio de Notarios, José Antonio Manzanero expresó que el resultado de los conversatorios generará un producto legislativo que brindará certeza y seguridad a todos los mexicanos 

Neófito López Ramos, magistrado de circuito en materia civil, dijo que el nuevo Sistema Penal Acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales son la “prueba de fuego” para la actual legislación y para garantizar su eficacia. 

Aseveró que los juzgadores no quieren normas engañosas que constituyan trampas procesales o que propicien impunidad. Indicó que hay miles de millones de pesos de saldo rojo para el Estado por sentencias pendientes por cumplir por parte de las autoridades.

Consideró grave que las autoridades tengan que llegar al juicio de amparo o a su destitución por no cumplir sentencias, por lo que consideró más viable que se llegue a un mecanismo legislativo que permita a las autoridades cumplir y evitar que siga creciendo dicha deuda. 

Refirió que la materia civil y familiar representa alrededor del 70 por ciento de los asuntos que se ventilan en los tribunales; mientras que los temas administrativos o penales se encuentran en un menor porcentaje.

En el Conversatorio: Las generalidades del juicio y sus componentes”,  diversos especialistas abordaron temas como el de los principios generales del derecho; la transversalidad de la ley; medidas precautorias, órdenes de protección; simplificación de términos procesales, entre otros.

·         La realidad debe ser uno los retos a estudiar desde un enfoque acorde con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

·         Desde la perspectiva familiar se pueden atender mejor las causas de la pobreza o la desigualdad entre hombres y mujeres. 

El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, consideró que ante el logro de una estabilidad económica es necesario fortalecer el ingreso familiar y su patrimonio financiero neto, con el fin de acercarnos al nivel de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Durante el 4º Congreso Nacional de Familia y Desarrollo Humano, el senador refirió que, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el 35 por ciento de los recursos familiares se destinan a alimentos, bebidas y tabaco; 19 por ciento a transporte y sólo 12 por ciento a servicios de educación. 

Esta realidad, agregó, debe ser uno los retos a estudiar desde un enfoque acorde con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que es desde la perspectiva familiar como se pueden atender mejor las causas de la pobreza, la desigualdad entre hombres y mujeres o la difícil situación que viven personas con discapacidad y personas mayores. 

El presidente de la Mesa Directiva asentó que este Congreso debe ser una iniciativa para incentivar el diálogo entre poderes y órdenes de gobierno, a fin de elevar los estándares de protección a las familias mexicanas en favor del desarrollo sostenible.

Se trata, continúo Cordero, de un espacio de diálogo e intercambio de ideas que permitan vislumbrar los retos que enfrentarán las familias mexicanas en el futuro próximo, como es el mejoramiento de los mecanismos para resolver los conflictos que derivan de las relaciones familiares con la próxima discusión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Al inaugurar el 4º Congreso Nacional de Familia y Desarrollo Humano, el vicepresidente de la Mesa Directiva, César Octavio Pedroza Gaitán dijo que la familia es la esperanza de la edificación de un mejor país y de la sociedad en su conjunto.

Para el Senado, señaló, es un tema estructural en donde descansa y debe descansar la conformación y edificación de políticas públicas que deben establecer ruta para el país; es y debe ser la palanca para combatir los flagelos que lastiman a la sociedad no sólo en México sino en el mundo entero.

La familia es una dualidad de trascendencia, ya que hacia afuera es un cimente de la sociedad y hacia adentro es el fermento propicio para la formación de los individuos. 

El presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, José María Martínez Martínez, precisó que la familia vive un proceso de descomposición generado por el desempleo que golpea a los padres, por la inseguridad y violencia que amenaza su entorno, las adicciones que arrebatan a los jóvenes, la violencia intrafamiliar, la migración, los desplazamientos, y el “selfimismamiento” generado con el uso de los teléfonos celulares. 

Se requiere un esfuerzo institucional transversal que involucre a todos los órdenes del gobierno, y por este motivo es que este Congreso busca armonizar los compromisos internacionales con los principios constitucionales y la legislación secundaria para diseñar políticas públicas que hagan que los más de 31 millones de hogares del país vivan mejor.

Por ello, se enmarcaron los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU con los de la Comisión, en temas como el fortalecimiento a los cuidados paliativos que deben recibir los integrantes de una familia, la integración de las personas adultas a la vida laboral, la erradicación del maltrato infantil y de la violencia de género, así como lo relativo a la adopción, donde los congresos locales y ayuntamientos son fundamentales, por sus atribuciones e incidencia en el desarrollo y bienestar de cada uno de sus habitantes. 

La familia, puntualizó, debe ser el núcleo de toda política pública, porque si la entendemos como el espacio donde se fortalece México, no habrá pretexto para que la política pública beneficie a todos los mexicanos, ya que fortalecerla es fortalecer a México.

La senadora Lisbeth Hernández Lecona, secretaria de la Comisión, coincidió al señalar que el país tiene grandes desafíos en materia de protección de la familia. Recordó la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2015 sobre este tema, en donde expresa su preocupación por que las condiciones hayan empeorado para muchas familias debido a la crisis económica y financiera, falta de seguridad en el empleo e ingresos irregulares. 

Indicó que se ha exhortado a los gobiernos Federal y locales para que se revisen los programas nacionales, estatales y municipales de desarrollo que puedan contar con una perspectiva de familia, y agregó que con la celebración del “Día de la Familia”, se ha buscado hacer conciencia y procurar que los valores éticos y morales se guarden y fortalezcan dentro de este núcleo. 

Este núcleo, dijo, debe verse como prioridad en los estados democráticos y en consecuencia fomentar el diseño de implementación de un marco jurídico que permita protegerla y la asista con políticas públicas transversales que hagan efectivos los derechos que se busca fomentar en ella.

Por lo tanto, es importante que los principios y valores se inculquen en la primera infancia y sobre todo en matrimonios cuidadosos de que sus hijos puedan crecer en un buen desarrollo humano. 

En el 4º Congreso Nacional de Familia y Desarrollo Humano, se llevó a cabo la conferencia magistral “El Estado Constitucional y la Protección de la Familia, a cargo del ex ministro de Justicia del gobierno de España, Alberto Ruiz-Gallardón.

 Además, en tres paneles se analizaron los retos de la Agenda 2030, la reforma constitucional y los desafíos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como los avances de las comisiones de Familia y Desarrollo Humanos en las entidades federativas.  

 

·         Suman 9 mil 168 títulos de propiedad otorgados durante la presente administración 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Vivienda (INVI), entregó este miércoles mil escrituras públicas individuales, con las que da certeza jurídica al patrimonio de las familias beneficiadas de 10 delegaciones. 

De esta manera, suman un total de 9 mil 168 títulos de propiedad otorgados durante la actual administración.

“En las cifras totales estamos llegando casi a 10 mil escrituras entregadas. Estamos en una tarea permanente y vamos a seguir. Nos decían hoy en la mañana: ‘¿Hasta cuándo?’ Hasta el último día el gobierno estará cumpliendo con este compromiso de vivienda con la Ciudad de México”, puntualizó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. 

Durante el evento realizado en la explanada de la delegación Iztacalco, el mandatario capitalino destacó que fueron 625 mujeres y 375 hombres habitantes de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, los que tramitaron este beneficio ante el INVI. 

Resaltó que las más recientes se han entregado en apoyo a la reconstrucción de la CDMX, como parte de las diversas acciones de vivienda en atención a las y los capitalinos. 

“El INVI tiene muchas tareas que se vienen a sumar, estamos apoyando a toda la gente que requiere de este Instituto para recuperar su vivienda, para reforzar sus inmuebles, para reconstruir edificios. Ya estamos ahora en trabajos con dos edificios y vamos por más todavía”, abundó. 

Mientras los asistentes levantaron la mano para mostrar sus escrituras, el Jefe de Gobierno expresó que cada una representa una vivienda y una familia “una lucha, un sueño, una esperanza, un trabajo realizado, seguridad para tu familia”.

El director general del INVI, Raymundo Collins Flores, indicó que al recibir escrituras, las familias pueden estar seguras del respaldo jurídico hacia su patrimonio. 

“Hay gente que tiene muchos años tratando de tener sus escrituras, de sentirse seguro, porque una cosa es tener su bien y otra sentir que sí es de uno. Y en ese momento lo sentimos cuando tenemos las escrituras”, expresó. 

El encargado de despacho de la delegación Iztacalco, Alfredo Reyes García, celebró la consolidación del proyecto de vivienda en la capital del país. 

“Es constancia del trabajo que el gobierno ha estado realizando para beneficio de los ciudadanos”, remarcó. 

El mandatario capitalino concluyó su mensaje con el anuncio de mejorar el suministro de agua en Iztacalco, luego de la implementación de un operativo especial para evitar el cierre de válvulas por parte de personas ajenas al Sistema de Aguas (SACMEX). 

“Han mejorado condiciones aquí en Iztacalco. Qué bueno que tengamos estas acciones preventivas. En la conferencia de prensa presenté unas tapaderas especiales para estos 50 puntos de las 6 mil válvulas que tenemos (...) No nos interesa perseguir o meter a la cárcel a alguien, lo que nos interesa es que se eviten estás prácticas y que llegue el agua a las casas, a donde tiene que llegar”, subrayó.

 

 

·         Los monopolios que algunas empresas farmacéuticas generan con los derechos de propiedad intelectual inhiben la competencia real en el mercado de medicamentos.

 

Urge reformar la Ley General de Salud para establecer precios justos a los medicamentos en beneficio de la población en general y así evitar la enorme competencia desleal que generan las 14 empresas trasnacionales productoras y distribuidoras de medicinas en el país, quienes imponen costos elevadísimos a sus productos en contra de quienes más los necesitan, señaló el senador Patricio Martínez García.

 

Al presentar ante el pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 31 de la referida Ley, el senador del Grupo Parlamentario del PRI expuso que los monopolios que algunas empresas farmacéuticas generan con los derechos de propiedad intelectual inhiben la competencia real en el mercado de medicamentos.

 

Señaló que en una investigación realizada por la organización Ojo Público, titulada “The Big Farma Project”, evidencia que los medicamentos en México llegan a tener precios hasta tres veces más elevados que en el resto de América Latina, destacándose los utilizados en tratamientos contra el cáncer, el VIH(Sida y la diabetes.

 

El problema radica, dijo, en que el gobierno no ha logrado establecer verdaderos contrapesos a los abusos salvajes de las farmacéuticas, quienes justificando las inversiones en investigación para al desarrollo de patentes imponen precios extremadamente elevados en consideración a los existentes por el mismo medicamento en otros países.

 

El poder farmacéutico sobre los precios tiene varias formas, incluyendo medidas de control de los medicamentos disponibles en cada país conforme a lo que resulte más rentable para su negocio, agregó.

 

En la investigación citada se mencionan ejemplos como el caso de los tratamientos contra la leucemia que pueden tener un costo de 1,005 pesos al mes, pero que las farmacéuticas llegan a vender en casi 484,000 pesos en México.

 

Se menciona también, como un ejemplo de competencia desleal, el caso de Merck Sharp & Dohme (MSD), cuando la trasnacional logró que el retroviral Atripla entrara al mercado mexicano cuatro años tarde, en 2010, para provocar que las instituciones de salud le compraran Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir por separado, los cuales combina Atripla por un cuarto del precio total, por lo que llegó a ser una de las medicinas más caras de América Latina.

 

“Invito a mis 127 colegas en el Senado para que se intervenga de inmediato y de manera contundente en la corrección  de ésta grave desviación, que se convierte en una fábrica de pobreza en la medida que se acepta el abusivo acrecentamiento de la riqueza de unas cuantas empresas, a expensas del usuario y los impuestos de los mexicanos”, exhortó el senador Patricio Martínez García.

 

La Iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones Unidas de Salud, de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos.

  • El líder nacional priista nombra a Marco Polo Aguirre Chávez como Delegado Especial del CEN en Morelia

 

El Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, sostuvo hoy una reunión de trabajo con la dirigencia de este Instituto Político en Michoacán, encabezada por el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda y con los candidatos al Senado de la República, Antonio Ixtláhuac Orihuela y Xóchitl Gabriela Ruiz, en la que se evaluaron los trabajos del partido de cara a las elecciones del 1 de julio.

En el mismo evento, el líder nacional priista nombró al diputado con licencia Marco Polo Aguirre Chávez como Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional en Morelia.

En el encuentro estuvieron presentes por el CEN los Secretarios de Operación Política, Héctor Gómez Barraza; de Organización, Rubén Moreira Valdez; y de Acción Electoral, Felipe Enríquez Hernández, así como el Delegado Especial del PRI en Michoacán, Ney González Sánchez.

Ochoa Reza pidió al nuevo Delegado Especial del partido en Morelia trabajar mañana, tarde y noche para fortalecer la unidad, la inclusión y el deseo de triunfo del priismo, que tiene las mejores candidatas y candidatos para obtener la victoria el 1 de julio.

Marco Polo Aguirre Chávez cuenta con una Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato y la Licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Como diputado federal por la LXIII Legislatura, fue Secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, así como integrante de las Comisiones de Asuntos Migratorios, Citricultura, Hacienda y Crédito Público, Infraestructura y Para el Patrimonio Cultural de México.

También ha sido diputado local por el Congreso de Michoacán y Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI de esa entidad.

Ha fungido como Director de Enlace Ciudadano de Morelia, Delegado Administrativo de la Oficina de Regidores en ese Ayuntamiento y Jefe del Departamento de Conciliación del Centro Municipal de Mediación de Morelia. 

Enrique Ochoa Reza aseguró que todas las candidatas y candidatos priistas de Michoacán contribuirán con su esfuerzo y votos a la victoria de José Antonio Meade.

        *Regida por principios como la transparencia, imparcialidad y máxima publicidad, puntualiza la diputada

        La diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente (PRI) presentó una iniciativa suscrita también por el PVEM y Nueva Alianza, para expedir la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos, a fin de garantizar que el gasto en esta área cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

        El documento, remitido a las comisiones de Gobernación para su análisis y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, busca reglamentar el modelo de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. 

        Precisa que en  el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los Entes Públicos deberán atender al respeto a la libertad de expresión y al fomento del acceso ciudadano a la información; y deben contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetar la diversidad social y cultural de la nación.

        Señala que no se podrán difundir Campañas de Comunicación Social cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales; inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico,  e induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.

        En el capítulo de Transparencia y Rendición de Cuentas, se indica que los entes públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de internet, los montos destinados a gastos relativos a Campañas de Comunicación Social desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación aplicable. 

        Asimismo, cada uno de los Entes Públicos incorporará un informe semestral sobre el gasto en publicidad oficial en su portal de transparencia, que por lo menos contenga: presupuesto asignado a Campañas de Comunicación Social; proveedores; contratación concertada hasta el momento, con número de contrato, y pago realizado a los Medios de Comunicación.

 

Ampliar plazo para solicitar réplica ante un medio de comunicación

 

        La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez e integrantes del PVEM, plantearon reformar el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política, con el objetivo de que la persona que desee ejercer el derecho de réplica, presente la información que se desee rectificar o responder, en un plazo no mayor a 12 días hábiles, y no cinco como está actualmente. 

        La iniciativa, remitida a la Comisión de Gobernación, señala que la reforma “se alinea dentro de un modelo equilibrado que crea condiciones para permitir una corrección oportuna de la información frente a un régimen de corrección constante que rayaría en el acoso y el silenciamiento de los medios”.

 

 

  • También exhortó a las autoridades de salud a realizar las gestiones necesarias para incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

El uso nocivo de alcohol es causa de más de 200 enfermedades y trastornos mentales, en especial entre la población joven, por lo que el Senado solicitó a la Secretaría de Salud fortalezca las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento del consumo de alcohol en el país.

La senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del PRI, al presentar el punto de acuerdo ante el Pleno, subrayó que el consumo de alcohol provoca discapacidad y defunción en 25 por ciento de la población de los 20 a 39 años de edad.

Recientemente, apuntó, se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo de alcohol y la incidencia de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/sida).

De acuerdo al informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, el 12 de mayo del 2016, México se sitúa como el décimo país en consumo de alcohol per cápita en América Latina, que es la segunda región con mayor índice de abuso de estas bebidas, después de Europa, acotó.

El Senado, también solicitó a las autoridades de salud que realice las gestiones necesarias para incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y se incorpore al Catálogo Universal de Servicios de Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis para tratar la deficiencia renal crónica.

Al avalar el punto de acuerdo, los senadores Carmen Dorantes Martínez, del PRI; Martha Palafox Gutiérrez y Fidel Demédicis Hidalgo, del PT, destacaron que dichos tratamientos son altamente costosos y dañan directamente la economía de menores recursos.

Representa una amenaza tanto a la salud física como a la economía de las familias, si se considera que la deficiencia renal crónica deriva principalmente de la diabetes e hipertensión, dos de las enfermedades más comunes entre la población.

El Pleno del Senado, al aprobar otro punto de acuerdo, solicitó a las secretarías de Salud y de

Economía, así como a las dependencias estatales, que instrumenten las acciones necesarias para la detección, prevención y tratamiento de pacientes con padecimiento de fibromialgia.

La senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó la importancia de atender esta enfermedad, pues 90 por ciento de los pacientes no están diagnosticados debidamente.

Esto, agregó, deriva en una inadecuada atención de la enfermedad, con el consecuente aumento de dolores en músculos y articulaciones, así como en la discapacidad laboral y poder realizar las actividades cotidianas.

La protección de la salud, puntualizó la senadora Díaz, es un derecho primordial de todos los mexicanos y la consolidación de un país más fuerte.

La Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal iniciativa que deroga el segundo párrafo de la fracción II del artículo 24 y el 25 de la Ley del Servicio Militar, con lo cual se busca prohibir el reclutamiento voluntario del servicio militar a menores de 18 años.

 El documento enviado a la Comisión de Defensa Nacional precisa que para afianzar el compromiso con los derechos de la infancia, es conveniente dar cumplimiento a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño (CRC por sus siglas en inglés), y eliminar de la legislación la posibilidad de que los menores de 18 años realicen el servicio militar, a efecto de homologar el marco legal castrense con la normativa internacional sobre la materia.

 Refiere que el 7 de septiembre de 2000, el gobierno de México suscribió el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los menores en conflictos armados, ratificado el 11 de diciembre de 2001, y que destaca la necesidad de mejorar su situación sin distinción y procurar que se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad, así como aumentar su protección para evitar que participen en conflictos armados.

 Se plantea derogar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar, el cual establece que se admitirán menores de 18 años y mayores de 16 años de edad en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado que no deba de exceder de 5 años. Ello, en virtud de que las convocatorias vigentes de admisión al sistema educativo militar prevén como requisito de ingreso tener 18 años cumplidos.

 También se propone derogar el artículo 25 de la misma ley, el cual establece que se puede obtener el anticipo de la incorporación en activo de los mexicanos mayores de 16 años, por razón de estudios o viaje al extranjero, en la época que reglamentariamente les corresponda prestar servicios.

De esta forma, con el propósito de que el Estado mexicano cumpla con el principio del interés superior de la niñez y con la recomendación del CRC, se pondría fin al anticipo de la incorporación al servicio militar para los niños de 16 y 17 años de edad que podían solicitar conforme a sus intereses, y consecuentemente se aumentaría la edad mínima para el reclutamiento voluntario a 18 años.

 

COMUNICADO

Tras el éxito de su visita a Alemania, en donde se reunió con la canciller Angela Merkel, el candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, viajará en próximos días a Chile, a fin de conocer de primera mano la experiencia de los gobiernos de coalición de la Concertación de Partidos por la Democracia. 

Esta gran coalición de partidos se conformó para derrotar la dictadura de Augusto Pinochet, en 1988, y gobernó durante 20 años a la República de Chile. Anaya se reunirá con Eduardo Frei y Ricardo Lagos, Presidentes de la transición, emanados de esos gobiernos, tanto del Partido Demócrata Cristiano como del Partido Socialista. 

Por esta razón, y toda vez que los ex Presidentes chilenos confirmaron las reuniones, Ricardo Anaya pospuso su viaje a Estados Unidos, en donde en próximas fechas impartirá una conferencia en el Woodrow Wilson Center, sobre la realidad mexicana de cara al proceso electoral.

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