Oro Solido

Oro Solido

  • El Senado aprobó el nombramiento por unanimidad.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la propuesta del Ejecutivo Federal para designar a Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

Luego de tomarle la protesta de ley correspondiente, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, expresó que el ahora funcionario es una persona que conoce ampliamente la problemática de los medios púbicos de comunicación. 

Villamil Rodríguez, asentó, se ha conducido a lo largo de su vida profesional, con ética, honradez intelectual, profesionalismo, compromiso con la libertad de expresión y con las mejores causas de México. 

Previamente, al presentar el dictamen -aprobado con 101 votos a favor-, el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima destacó que independencia, pluralidad, inclusión y diversidad son valores que deberá promover el titular del Sistema. “Y éste ha sido el compromiso explícito” de Villamil Rodríguez.

“Estoy razonablemente convencido de que esta designación contribuirá a construir medios públicos fuertes, libres y poderosos, asentó el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

El senador Cristóbal Arias Solís, a su vez, subrayó que se requiere consolidar una plataforma para que fluya la libre expresión de ideas y sea una auténtica alternativa, con contenidos de calidad, generados a partir de las necesidades, gustos y expresiones de una ciudadanía cada vez más crítica, reflexiva y participativa. 

El presidente de la Comisión de Gobernación asentó que por trayectoria, defensa del interés público y la libertad de expresión, Jenaro Villamil es la persona idónea para ocupar la presidencia del Sistema Público de Radiodifusión.

Por Acción Nacional, el senador José Erandi Bermúdez Méndez reconoció el trabajo periodístico del comunicador, su labor en favor de las minorías y del derecho a las audiencias. Confió en que como funcionario actué con la independencia profesional que lo ha caracterizado. 

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, manifestó: “Nadie puede desconocer su profesionalismo periodístico y su criterio independiente”. Eso es lo que demandamos de las propuestas del titular del Poder Ejecutivo: calidad profesional que garantice el cumplimiento de sus responsabilidades, particularmente en los órganos autónomos, enfatizó. 

Noé Castañón Ramírez, senador de MC, solicitó privilegiar la honorabilidad del Sistema, promoviendo justicia en los medios de comunicación, la cultura y la difusión social del Estado, a través de la señal. Jenaro Villamil cuenta con el respaldo de nuestro Grupo Parlamentario, aseguró. 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera destacó que este nombramiento es uno de los que le hará bien al país. No hay duda de la capacidad de Jenaro y le auguramos mucho éxito en su desempeño, subrayó.

 

  1. Por segundo día, la Comisión de Energía entrevistó a los aspirantes a dirigir el organismo.      

Los integrantes de la Comisión de Energía del Senado de la República escucharon los planes de trabajo de los candidatos a ocupar las vacantes generadas por Marcelino Madrigal Martínez y Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, como comisionados, en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).  

En el caso del sustituto de Madrigal Martínez, el designado ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre de 2020. La terna enviada por el Presidente de la República la conforman José Alberto Celestinos lsaacs, Mario José Silverio Galicia Yépez y Raúl Morales Mitre. Éste último se disculpó y no acudió a la entrevista con los senadores.   

El primero en comparecer fue José Alberto Celestinos, quien dijo que en México falta regular el uso de gas natural en los automóviles y las terminales abastecedoras. Propuso que, en caso de ser elegido, impulsará el uso de Etanol. 

También alentaría el uso de compuestos oxigenados para aumentar el índice de octanos en las gasolinas. Con ello, explicó, se busca que durante la combustión se forme Bióxido de Carbono en lugar de Monóxido de Carbono. 

Otra propuesta, dijo, es fomentar el uso de Combustóleo, que durante muchos años fue “satanizado”. Explicó que en Tula, Hidalgo, hay una planta que lo produce con 0.5 por ciento de Azufre, y las calderas de la Comisión Federal de Electricidad están diseñadas para producirlo. Señaló que la pequeña industria, que no está conectada a los gasoductos, se beneficiaría. 

Por su parte, Mario José Silverio Galicia Yépez señaló que, con el objetivo de atender las áreas de oportunidad  que existen en la CRE, trabajará para garantizar la estabilidad energética del país y pugnará por optimizar, con otras entidades y a escala nacional, los permisos a otorgar con total autonomía técnica, operativa y de gestión.

Destacó que, de resultar elegido, su labor será coordinada con otras instancias de gobierno. Los comisionados deliberaremos de forma colegiada y autónoma, indicó; en total apego al marco legal, y participaremos de manera transparente e imparcial, regulando las industrias del gas, derivado de los hidrocarburos, energía eléctrica, geotérmica, fotomecánica, termosolar, eólica, nuclear y bioenergética. 

Subrayó que la CRE debe fomentar el crecimiento y desarrollo de la industria. Para ello, buscará la protección de los intereses de los usuarios y el beneficio para los mexicanos. 

Para cubrir la vacante de Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, el designado por el Senado de la República ocupará el cargo de comisionado hasta el 31 de diciembre de 2019. 

La terna enviada por el Ejecutivo Federal, que comparece ante la Comisión de Energía, está compuesta por Guadalupe Escalante Benítez, Fernando Juárez Martínez y Edmundo Sánchez Aguilar. 

  • Es una estrategia efectiva para reducir la capacidad financiera de la delincuencia organizada.
     

La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó una iniciativa para fortalecer la detección, prevención y bloqueo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que vulneran y pervierten el sistema financiero de nuestro país. 

Propuso incorporar a la Ley de Instituciones de Crédito, las causas por las cuales se puede incluir aclientes o usuarios en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

La iniciativa, que suscribe el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, precisa que una persona puede incluirse en dicha lista cuando haya indicios suficientes de que está relacionada con estos delitos. 

Además, establece el procedimiento de garantía de audiencia que el particular puede agotar, con el fin de hacer valer sus derechos ante la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 

Caraveo Camarena afirmó que una de las estrategias más efectivas para enfrentar la capacidad financiera y operativa de la delincuencia organizada -en aumento- es el menoscabo y monitoreo de sus recursos económicos, en virtud de que éstos constituyen uno de los principales medios empleados para evitar la acción de la justicia. 

Dijo que en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, el lavado de dinero y el desvío de recursos, “se debe respetar, indefectiblemente, la garantía de audiencia como un derecho que asiste a cualquier persona que pudiera verse afectada por las determinaciones de la autoridad”. 

Ello, asentó, “para que nunca más se le niegue a persona alguna su derecho a ser escuchado, que el combate a la delincuencia sea efectivo, con respeto irrestricto de los derechos humanos”. Así, dijo, se pondrá punto final a la impunidad y se protegerá la seguridad nacional. 

La Mesa Directiva turnó el proyecto a las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

  1. Junto con la de Reforma Agraria analizan ratificación de magistrada de Tribunal Superior Agrario.      

En reunión extraordinaria, la Comisión de Justicia del Senado de la República recibió lacomunicación enviada por la Fiscalía General de la República (FGR), enviada el pasado 8 de febrero, donde expone las razones que sustentan la designación de los titulares de las Fiscalías Especializadas en materia de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, y en la de Combate a la Corrupción, de María de la Luz Mijangos Borja. 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Cámara de Senadores tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para objetar, si fuera el caso, las designaciones, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 

El senador Ramón Mechaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que los aspirantes tienen un alto reconocimiento social, independientemente de su trayectoria política.

“No damos ningún cheque en blanco para ningún nombramiento que hace el Senado. Seremos los primeros exigentes de que funcionen las instituciones que estamos creando”, subrayó.  

Previamente, las comisiones unidas de Reforma Agraria y Justicia se declararon en sesión permanente para continuar con el proceso de dictamen sobre la ratificación o no de Maribel Concepción Méndez de Lara, como magistrada de Tribunal Superior Agrario, propuesta por el Ejecutivo Federal. 

Los senadores acordaron que después del 19 de febrero se dará a conocer la fecha y hora en que se reunirán las comisiones para la comparecencia de la aspirante. La finalidad es darle prioridad al tema de la Guardia Nacional, señalaron. 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los magistrados agrarios desempeñan el cargo durante seis años. Concluido el periodo, como es el caso de Méndez de Lara, pueden ser ratificados por el Senado de la República, a propuesta del Ejecutivo Federal. En caso de ser ratificados, adquieren inamovilidad en el cargo. 

La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Educación Pública a transparentar la asignación de plazas en el Servicio Profesional Docente y publicar en el portal de Internet del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, las bases de datos de los concursos que se hayan realizado, incluyendo el puntaje y nivel de desempeño en los exámenes, la posición en el orden de prelación y la asignación de plaza.

El documento, aprobado durante la sesión en votación económica, resalta que dada la diversidad de cuestionamientos que ha generado la Reforma Educativa y sus posibles impactos, es fundamental realizar una revisión profunda y detallada de todos sus efectos y aspectos constitutivos; por lo que es injustificable que no exista información oportuna relacionada a la asignación de plazas. 

“No es posible verificar si las últimas se están asignado a los sustentantes que obtuvieron los puntajes más altos en los exámenes de ingresos o si se están asignando discrecionalmente”, afirma. 

El dictamen de la Comisión de Educación señala que desde que se presentó en el Poder Legislativo, la mal llamada “reforma educativa” causó un amplio debate, generando múltiples argumentos y diversas evidencias que indican que desde sus planteamientos hasta sus resultados presentan serias fallas de fondo. 

Subraya que esta reforma se enfocó en lo administrativo y mediático sin reconocer la responsabilidad del Estado en la educación e incidió en la burocratización del magisterio para que el gobierno federal pudiera tener mayor control; además, las evaluaciones tienen carácter punitivo y dejan en un segundo plano la oferta de más y mejor formación para los docentes. 

También, agrega, carece de integralidad pues se excluyeron múltiples componentes del sistema educativo como las propuestas de los docentes; genera un trato diferenciado respecto a las escuelas privadas; no considera suficientemente la necesidad de que las escuelas cuenten más y mejor recursos indispensables para el aprendizaje. 

Asimismo, incluye evaluaciones estandarizas que tienen importantes limitaciones para verificar aprendizajes o experiencias complejas como las que los maestros adquieren en el aula durante años, y no existe evidencia sobre el funcionamiento de algunos de los procesos generados por la Reforma. 

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, acusó este jueves al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de tener estafas más grandes que la llamada 'Estafa Maestra'.

En entrevista con medios en Palacio Nacional, Ramírez Cuevas reiteró que las “mafias en el sector científico” son quienes están “sobrerreaccionando” en el caso de los funcionarios que presentaron su renuncia, David Alexir Ledesma y Edith Arrieta Meza.

“En Conacyt ha habido estafas más grandes que la ‘Estafa Maestra’ que ha causado un escándalo nacional e internacional. En el caso de Conacyt, los desvíos pueden alcanzar mayor dinero que lo que se ha señalado a la ‘Estafa Maestra’”, señaló.

Explicó que “hay mafias en el sector científico y cultural que son quienes se sienten afectados por esta reforma, son quienes a veces están sobrerreaccionando a este tipo de situaciones. Tienen todo el derecho, al ser funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas y ser materia de escrutinio publico, pero la manera en la que se hace la crítica con la situación del Conacyt de becas ilegales, inmorales que hay incurrido en corrupción se ha beneficiado a empresas privadas, cuando ni siquiera los reportes han entregado”.

Agregó que “creo que cualquier funcionario público está obligado a rendir cuentas y a dar la cara ante cualquier señalamiento. Eso es parte de la vida pública de los funcionarios, eso no me parece mal que se pida y se rinda cuentas, pero me parece que en este caso se ha exagerado; se ha incursionado en la vida íntima, se ha calificado la vida de una persona, se le ha exhibido en sus redes sociales, su vida personal y eso no es correcto en ningún caso”.

Este jueves se informó que David Alexir Ledesma, quien fue nombrado como subdirector y coordinador de Comunicación e Información Estratégica del Conacyt, presentó su renuncia.

Además Edith Arrieta Meza, quien estaba al frente de la Secretaría ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), también presentó su renuncia.

Alexir Ledesma cursó estudios de Química de 2008 a 2012 y actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura en Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); además fue guionista en Capital 21, trabajó con el periodista Jenaro Villamil en el departamento de edición y con la senadora Dolores Padierna.

En tanto, Arrieta Meza estudió diseño de modas y sólo tiene una constancia de los estudios realizados; no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas.

  • Continúan las audiencias públicas para analizar el proyecto constitucional.
     

El fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el estado que guardan los cuerpos policiacos en el ámbito local, fueron los temas que analizaron senadores, el gobernador de Hidalgo, empresarios, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales, en el tercer día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional.

El senador José Luis Pech Várguez recordó que con este ejercicio de Parlamento Abierto “queremos escuchar e incluir todas las opiniones que contribuyan a mejorar la estrategia” encaminada a reducir la violencia y la impunidad que han bañado de sangre al país y lo ha convertido en un gran cementerio”.

“Urge que actuemos al respecto. Que propongamos soluciones viables y avancemos juntos hacia la pacificación de la Nación. Necesitamos construir algo nuevo, tomando las experiencias que han funcionado en otros horizontes y evitando las fallidas”, expresó el legislador de Morena.

Sobre todo, agregó, necesitamos reconstruir la confianza de la sociedad en sus instituciones de seguridad e impartición de justicia y devolverle al Estado su esencia para darnos seguridad y protegernos de los peligros cotidianos.

A su vez, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del PVEM, asentó que esta reforma constitucional es uno de los asuntos más trascendentes para nuestra democracia y el proceso de pacificación de México.

El papel que juega el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la discusión sobre la Guardia Nacional, agregó, es de vital importancia para entender cómo se articulan y coordinan las distintas instancias en la materia. 

Comentó que el SNSP tiene potencial para convertirse en una de las herramientas más exitosas para disminuir la violencia, profesionalizar las políticas públicas en la materia y contribuir a la pacificación de nuestro país.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, consideró que el gran desafío del Congreso es construir un nuevo cuerpo de seguridad, con la mayor pulcritud legislativa y constitucional, a fin de que “nazca con todo lo que necesita para lograr el respeto irrestricto a los derechos humanos”, el control parlamentario necesario y la capacitación debida.

Destacó que la responsabilidad en esta materia es del Presidente de la República. En ese sentido, expresó, “yo no le escatimaría la posibilidad de apoyarlo en este esfuerzo, para que cumpla una misión que tiene a nivel constitucional”.

El mandatario señaló que los municipios no tienen los suficientes recursos humanos, materiales ni financieros “y han generado cuerpos de policía que no están debidamente capacitados”, que en algunos casos no están debidamente certificados y tampoco pasan los controles de confianza.

Omar Fayad asentó que la Guardia Nacional “no es la panacea” para resolver la inseguridad, sino un elemento en la estrategia del Presidente de la República para apoyar a los estados. ¿Queremos apoyar al Ejecutivo Federal?, se preguntó. Cuando menos mi estado, sí. No tenemos suficientes elementos de seguridad pública, requerimos del respaldo, manifestó.

El Presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Concamin, José Refugio Muñoz López, apoyó la inclusión de robo al autotransporte en el catálogo de delitos graves. La Guardia Nacional atacará este delito y garantizará seguridad, paz pública, y libertad en el país. Estamos en favor de su carácter civil, y que sea un instrumento disciplinado y profesional.

Asimismo, propuso que se trate de una institución de coordinación entre autoridades de seguridad, sin sustituir funciones de otras corporaciones; crear un grupo especializado que atienda el robo al autotransporte; e integrar a las cámaras, organizaciones y asociaciones industriales y de servicios en las coordinaciones generales regionales, entre otros.

Por su parte, Jessica Zarkin, de Construyendo Policías Eficaces, Resilientes y Confiables en México, dijo que las causas del problema de inseguridad pública no son los grupos criminales sino la medida en que las instituciones de seguridad locales regulan su comportamiento. Por ello, es indispensable reformar a las corporaciones policiales locales, para ser eficientes, resilientes y confiables.

Añadió que no debe confundirse seguridad nacional con seguridad interior, ni pública. Las fuerzas armadas son las mejor posicionadas apara enfrentar las amenazas de seguridad interior, pero no para la seguridad pública, por la poca confiabilidad de la sociedad. La Guardia Nacional, dijo, no debe ser vista como la estrategia para solucionar la inseguridad en el país sino como un acompañante la construcción de las policías locales.

María Araceli de Hass, investigadora profesional en temas de seguridad y desarrollo nacional, puntualizó que a quien no le conviene la creación de la Guardia Nacional es al crimen organizado, que tiene suficiente dinero para pagar defensorías jurídicas. Apuntó que tener fuerzas armadas no significa tener un país militarizado. De no intervenir para mitigar la realidad del país, las capacidades de las fuerzas policiales serán rebasadas por la delincuencia de forma permanente y es lo que preocupa, explicó.

La especialista añadió que la Guardia Nacional será una institución incorruptible, que garantizará la seguridad pública con perspectiva de derechos humanos; respetará los protocolos del uso legítimos de la fuerza y el debido proceso. Además, es necesario reintegrar los artículos transitorios del dictamen original para dar certeza jurídica a esta nueva institución, finalizó.

María Elena Morera, presidenta de la organización “Causa Común”, manifestó que pareciera que la decisión de reformar la Constitución para crear la Guardia Nacional ya está tomada. De hecho, la militarización avanza en distintas partes del país mediante la subordinación de policías locales a mandos militares.

Explicó que no se opone a la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, siempre y cuando este sea civil. Que la nueva corporación pueda integrase por policías, con nuevos integrantes, con ex militares. Lo fundamental, dijo, es que opere bajo lineamientos de investigación, inteligencia y proximidad social, propios de una policía eficiente y eficaz.

Que se desarrolle bajo un marco legal civil y con respeto intrínseco con los derechos humanos. “Es lo que corresponde a una República democrática en cualquier parte del mundo”, agregó.

La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, María Novoa solicito a los legisladores que comprendan el impacto de su decisión y reconsideren el dictamen en discusión. “La Guardia Nacional atenta contra nuestros derechos y estos no se negocian, subrayó.

Consideramos, dijo, que la Guardia Nacional incorpora un nuevo actor a un sistema que, hasta ahora, se ha caracterizado por la falta de coordinación. La actuación de la Guardia podrá iniciar procesos penales en su labor como primer respondiente, lo que implica la estricta coordinación con las demás instancias civiles.

Necesitamos pensar en alternativas que ofrezcan seguridad y paz en el largo plazo. Se debe considerar un esquema gradual de desmilitarización para alcanzar un cuerpo de seguridad estrictamente civil, bajo la supervisión de instancias civiles, abundó.

Lizbeth Rosas Montero, exdiputada federal, afirmó que los estados y municipios no han podido combatir la criminalidad, dadas las condiciones desiguales de desarrollo, falta de experiencia en el manejo de la seguridad, así como la mala planeación, supervisión, evaluación de los programas.

“No se ha estado a la altura de la necesidad de los ciudadanos. Tenemos policías infiltrados en el crimen organizado y constantes violaciones de derechos humanos, que no son privativas de elementos del Ejército”, dijo.

  • Se trabaja en esquema de coordinación entre Secretaría de Salud, Sistema DIF y gobiernos locales
  • Habrá simplificación de trámites y un sistema administrativo acorde con la política de austeridad
  • Se dará prioridad a niñas y niños con discapacidad, indígenas o que vivan en zonas con altos índices de violencia
  • Auditoría de la ASF detectó trato discrecional en la asignación de estancias, cobros indebidos y usuarios fantasma
  • No se otorgaba cobertura a usuarios con alta marginación para quienes se crearon originalmente
  • No se acreditó la debida admisión de más de 300 estancias
  • El 7% de estancias no acreditó documento para recibir subsidios

 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019.- Las Estancias Infantiles adscritas a la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) seguirán ofreciendo respaldo a madres y padres a través de una estrategia nacional que cumplirá cabalmente lo estipulado en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil atendiendo el principio de interés superior de las niñas y los niños.

El Gobierno de México informa que, para el cumplimiento de dicho objetivo, actualmente se trabaja bajo un esquema coordinado entre las instituciones del sistema de salud, el Sistema DIF y los gobiernos locales.

Esto tiene el propósito de definir nuevos lineamientos que habrán de normar el funcionamiento de las estancias infantiles, de tal manera que puedan operar bajo estándares de máximo cuidado y bienestar para las niñas y los niños beneficiarios.

La reducción del presupuesto a las Estancias Infantiles se debe al trato discrecional en las asignaciones; a la falta de atención a sectores prioritarios de la población; a los cobros indebidos y diversos actos de corrupción asentados por las autoridades competentes.

Por ejemplo, como resultado de la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018 aplicada al programa de Estancias Infantiles por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sedesol no acreditó la debida admisión de más de 300 estancias; no atendió a su población objetivo; no acreditó la debida capacitación a más de 20 mil responsables de estancias; y tampoco acreditó que 659 estancias (7 por ciento del total) contaran con el documento que formaliza la entrega de subsidios.

La nueva estrategia contempla que las Estancias Infantiles que actualmente siguen operando, mantengan sus estándares de seguridad. Además, se trabaja en la simplificación de trámites y en la creación de un nuevo sistema administrativo acorde con la política de austeridad, de tal manera que serán reducidos los gastos excesivos de funcionamiento sin afectar la atención a niñas y niños.

 

Motivos para la transformación de las estancias infantiles

En coherencia con la nueva Política de Bienestar, el Gobierno de México replantea el sistema de atención otorgada a través de las Estancias Infantiles:

  • Para dejar atrás el paternalismo y transitar hacia el reconocimiento de personas que toman sus propias decisiones en total libertad.
  • Para entregar directamente los apoyos a las mamás y los papás.
  • Para eliminar trámites que propician corrupción y trato discrecional,
  • Para dar prioridad a quienes históricamente han sido vulnerados por la pobreza y por la falta de atención, como las niñas y los niños indígenas o con discapacidad.
  • Para hacer uso transparente, responsable y eficiente de los recursos públicos.

 

Los principales cambios en el programa de Estancias Infantiles

El subsidio se entregará directamente a madres y padres:

  • Mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 3 años.
  • Mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño indígena de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.
  • 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño con discapacidad de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.

Es importante señalar que tendrán prioridad las familias con las siguientes características:

  • Que no cuenten con seguridad social.
  • Que pertenezcan a comunidades indígenas.
  • Que vivan en zonas con altos niveles de violencia.

Además, las niñas y los niños que ya están registrados en el padrón, seguirán recibiendo el apoyo, aunque tengan más de 3 años.

 

Razones para reducir el presupuesto del programa

No dar cobertura a la población para la fueron creadas las Estancias Infantiles; la asignación de estancias con criterios arbitrarios; cobros no permitidos y débiles controles en el ejercicio de los recursos asignados, figuran entre las principales causas que dieron origen a la decisión.

Por ejemplo, se tiene comprobado que muchas estancias fueron asignadas como resultado de la discrecionalidad de funcionarios públicos. Incluso, una sola persona llegó a contar con “redes” de estancias, en ocasiones con la intervención de personas allegadas.

Asimismo, el gobierno federal pagaba subsidios por niños fantasma, niños inexistentes o que simplemente nunca asistieron a recibir el servicio.

 

Observaciones de la ASF en cuatro rubros

En 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una serie de observaciones en cuatro rubros: afiliación, capacitación a responsables de las estancias, otorgamiento de subsidios y reglas de operación.

Lo anterior, como resultado de la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018 aplicada al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Entre otros hallazgos, se desprende que Sedesol:

  1. Debía afiliar estancias que cumplieran requisitos, pero no acreditó la admisión de 319 estancias en 2017 ni que se hubiera cumplido con la norma.
  2. No priorizó localidades con las mayores desventajas en su situación geográfica, económica y social.
  3. No acreditó la impartición de capacitación básica, inicial y complementaria, aun cuando reportó la capacitación de 22 mil responsables de estancias.
  4. Otorgó subsidios a 9 mil 399 estancias infantiles en 2017, aunque no acreditó que los responsables de las estancias hubieran cumplido los siete criterios y 12 requisitos establecidos en las reglas de operación del programa, lo que no garantiza:
  5. a) que el personal cuente con las capacidades requeridas para otorgar los servicios
  6. b) que los inmuebles sean los adecuados para la atención, cuidado y seguridad de niñas y niños
  7. Tampoco acreditó el Convenio de Concertación de 659 estancias, es decir, el 7 por ciento de las 9 mil 399 que operaron y debieron suscribirlo. Cabe señalar que el Convenio de Concertación es el instrumento mediante el cual se formaliza la entrega de los subsidios.
  8. No acreditó que el 62.8 por ciento de personas incorporadas en 2017 (es decir, 195 mil 179 usuarios) cumplieran los requisitos para recibir el subsidio a madres, padres y tutores. El total, ese año se entregaron subsidios a 310 mil 968 personas.

 

  •  La próxima semana instalan comisiones bicamerales
     

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (Jucopo), manifestó la disposición de los integrantes de este órgano de gobierno de la Cámara Alta a establecer una mayor coordinación con sus homólogos en la colegisladora para trabajar de manera conjunta los temas legislativos que más interesan a la sociedad.

En el Senado estamos dispuestos a estrechar la relación con la Cámara de Diputados para trabajar en temas de materia política, económica, social e internacional para que,  juntos, construyamos el marco jurídico que el país necesita, mencionó.

Durante la primera reunión de trabajo de las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y Senadores, los coordinadores parlamentarios acordaron que la próxima semana se instalarán, en la Cámara de Diputados, las cinco Comisiones Bicamerales del Congreso.

Ricardo Monreal y su homólogo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, coincidieron en la importancia de comenzar los trabajos de dichos órganos legislativos para empezar abordar los asuntos pendientes.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila dio a conocer los nombres de los  presidentes de  dichas comisiones: Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, diputado Ulises Murguía; Comisión en materia de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, senador Alejandro Armenta; Canal de Televisiòn del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Cruz Pérez; Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, diputado, Eduardo Zarzoza.  La de Sistema de Bibliotecas, está por definirse.

En otros temas, Ricardo Monreal reiteró el interés de los legisladores de construir una Guardia Nacional que le sirva al país. Estamos, dijo, en total apertura para escuchar a todos y, sobre todo, por construir los acuerdos que permitan alcanzar la mayoría calificada.

Reconoció que en las audiencias públicas que se realizan sobre este tema hay voces en favor y en contra. Mencionó, no obstante,  que de acuerdo con encuestas, el 82 por ciento de la población está de acuerdo en que se diseñe esta nueva institución para enfrentar el grave problema de inseguridad.

El coordinador de Morena se dijo dispuesto a revisar la contrapropuesta que en esta materia presenten los partidos de oposición, pero aclaró que hay tiempos ya establecidos para abordar el tema.

Se tiene planeado que el lunes próximo se dictamine en Comisiones para que el martes se dé primera lectura y el jueves sea votado por el Pleno, indicó.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que en San Lázaro están preparados para analizar los cambios que la colegisladora le hará a la minuta de Guardia Nacional.

El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó este miércoles a dos magistrados federales de circuito que se desempeñaban en el estado de Campeche.

El órgano judicial justificó la decisión argumentando una “notoria ineptitud” de los funcionarios, además de que faltaron a su declaración patrimonial, y se presume que obtuvieron beneficios adicionales.

“Lo primordial para el pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su presidente, el Ministro Arturo Zaldívar, es implementar una cultura de integridad judicial”, refirió el CJF en un comunicado en el que también detalló que a ambos magistrados les fueron impuestas sanciones económicas.

El órgano colegiado insistió en que habrá cero tolerancia a actos de corrupción.

Con las acciones emprendidas, el Consejo pretende reafirmar su compromiso y voluntad de combatir desde el poder judicial las conductas deshonestas, fraudulentas o ausentes de ética.

“Cabe destacar que las áreas internas del Consejo de la Judicatura Federal actuaron con absoluto profesionalismo en las investigaciones administrativas, siempre en apego al debido proceso, la presunción de inocencia y conforme a la Constitución”, según indica el texto.

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