Oro Solido

Oro Solido

*Nuestro país cuenta con 255 plataformas marinas, de las cuales cerca de la mitad han sobrepasado su vida útil”, señaló

La senadora de Morena, Cecilia Sánchez García, por el estado de Campeche, presentó punto de acuerdo para solicitar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como a Petróleos Mexicanos, informen cada uno en su área sobre los programas, acciones y métodos implementados para el desmantelamiento y abandono a plataformas, a fin de garantizar la protección del medio ambiente, el cuidado de las personas, las costas y los bienes de la nación. 

La legisladora de Ciudad del Carmen comentó que la vida útil de las plataformas instaladas en México es de 25 años, las cuales deben recibir continuamente mantenimientos preventivos y correctivos. “Nuestro país cuenta con 255 plataformas marinas, de las cuales cerca de la mitad han sobrepasado su vida útil” acentuó. 

En diversas ocasiones, organizaciones pesqueras han denunciado que desechos de las plataformas contaminan el litoral, lo que merma la captura de peces. Aunado a lo anterior, estas plataformas registran el robo de costosos equipos e infraestructura, saqueos que implican una disminución acelerada del valor de los activos de la paraestatal.

“Se debe conocer el estado que guardan los equipos y sistemas que permanecen aún en el mar y despejar de contaminantes nuestras aguas, así como evitar la multiplicación de saqueos” destacó la senadora.

  • Se reunió la titular de la Función Pública con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez, se reunió con la titular de la  Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien expuso a los legisladores la labor de la dependencia en favor de la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad. 

Sandoval Ballesteros expuso que la ASF aprobó un programa anual de control y fiscalización de casi 3 mil tres auditorías, que se concentran en 25 programas prioritarios. “Es un mito que no vamos a fiscalizar nuestros proyectos, somos los más interesados en que los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador sean claros, transparentes y limpios”. 

“Vamos a concentrarnos en cuatro: El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y proyecto Transístmico en Oaxaca”, comentó.

Detalló que se tienen más de 100 expedientes de evaluación patrimonial y de investigación por incompatibilidades patrimoniales; 68 constancias de inhabilitación y no inhabilitación, y más de una centena de audiencias por controversias concretas y directas en la administración pública federal”. 

Además, destacó, se abrió un expediente muy amplio, profundo y profuso de la estafa maestra, en donde el punto de partida fue Petróleos Mexicanos, que es donde más se concretaron abusos a universidades públicas y a la excepción de la licitación; es decir, cómo esas instituciones públicas de educación superior han sido utilizadas por defraudadores de la nación, estableciendo “convenios” para hacer corruptelas muy grandes. 

En Pemex, continuó, se concentraron convenios de producción y exploración y la lógica siempre fue la misma: instituciones poco conocidas a nivel internacional, sobre todo en el sureste, donde Pemex estableció acuerdos con universidades muy vulnerables, sin capacidades técnicas y donde, evidentemente, había servicios fuera del objeto de estas instituciones educativas, ausencia de entregables o, incluso, burlas a la fiscalización. 

“Sabemos por el análisis de los expedientes que muchos de los entregables costaban 20, 25, 30, hasta 40 millones de pesos, porque eran centenares de convenios, que eran documentos que sacaban de Wikipedia; además, había sobrecostos para las instituciones del Estado, desvíos claros a empresas fantasmas, pagos no justificados y falta de supervisión”. 

“Estamos haciendo un esfuerzo por analizar, desde nuestros órganos internos de control, el caso de Pemex y de todas las dependencias del gobierno federal; por ello, hemos creado un frente interorgánico para el análisis de la corrupción en la estafa maestra”. 

Agregó que en el plan anual de la SFP se contemplan realizar 950 auditorías y 50 visitas de control con recursos propios, con un nuevo diseño organizacional de sólo dos subsecretarías y órganos internos de control. Además, se efectuarán mil 813 auditorías más, a una gran diversidad de entidades de la administración pública federal, y a donde lleguen los recursos públicos en las entidades federativas. 

Informó que el 15 de marzo se concluirán los primeros 300 dictámenes financieros correspondientes a más de 150 entidades paraestatales. “Vamos a analizar 104 fideicomisos, mandatos y contratos análogos y también vamos a dar resultados de 220 dictámenes presupuestarios”. 

“También se atenderán observaciones que se hicieron en años pasados; es decir, que no hicimos nosotros, pero que estamos comprometidos a que se lleven a buen puerto, en términos de recoger el dinero que corresponde al gobierno, o sea reintegrarlo al erario público”. 

Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Óscar González Yáñez, enfatizó que la transparencia es un elemento que fortalece a la democracia y los ciudadanos; “mientras ellos tengan más conocimientos sobre los asuntos públicos van a tener más elementos para influir”. 

Subrayó que la SFP debe ser el área que ayude al pueblo de México a terminar con la corrupción y “nosotros seremos grandes aliados de ella”. Preguntó cómo ayudar a la dependencia para que tenga los elementos jurídicos necesarios para ir a fondo en el combate a la corrupción y la impunidad. 

Aclaró que “no legislamos para el Ejecutivo, pero tenemos que ser grandes aliados” porque los tres poderes están convencidos de acabar con la corrupción; “entonces, tenemos que ser grandes aliados, sin perder nuestra autonomía”. 

Sostuvo que “no coincido con el perdón y olvido, no estoy de acuerdo”, porque estimula a que vuelva a suceder. “Que quede claro que este país se está transformando”. 

Consideró que se debe avanzar en el tema de Odebrecht, ya que en países como Colombia, Perú y Brasil ya se ha hecho mucho en este caso y en México, nada.  Subrayó que el huachicoleo dañó a la sociedad con tanta ausencia de combustible. “Nos ha costado muertes y dinero y no hay personas detenidas, ni juicios y procesos”.  

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) expuso que el plan de la titular de la Función Pública es fundamental para la transformación del país, dado que dará mayor transparencia; por lo que desde esta Cámara se tendrán que hacer modificaciones al marco jurídico para tener un adecuado funcionamiento. 

Añadió que un tema medular del gobierno es el servicio civil de carrera con perspectiva de género; en ese sentido, cuestionó qué método o cómo se hará para que haya equidad en los cargos y cómo se va a combatir el acoso sexual. 

Gloria Romero León, diputada del PAN, consideró preocupante que de las investigaciones, observaciones y auditorías realizadas entre 2012 y 2016, donde hubo más de 45 mil sanciones a quienes incurrieron en irregularidades, apenas el uno por ciento se tradujo en sanción o destitución, y menos del dos por ciento en multa económica. “Eso hace que los mexicanos tengamos la percepción de que la corrupción se traduce en que no hay consecuencias para los  servidores públicos que incurren en algún tipo de desviación o irregularidad”. 

Preguntó si en el portal donde se va a transparentar, tanto la nómina como las empresas certificadas habría la voluntad de proporcionar información del estatus de cumplimiento de las resoluciones, pues eso ayudaría a evitar otra “estafa maestra” o “socavón”. Además,  celebró que las licitaciones serán en su mayoría públicas. 

Por el PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora se congratuló con el mensaje de la transparencia democrática expansiva, las declaraciones patrimoniales tres de tres y el cambio de los funcionarios. 

También inquirió sobre el aumento de rubros de los 216 a 781 y quiénes estarían en esa obligación como funcionarios y servidores públicos, dado que permea a nivel federal, estatal y sobretodo en el ámbito municipal, en donde hay mucho por trabajar para tener mayor certeza de información. 

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) indicó que en esta comisión se requiere conocer las acciones que la Secretaría de Función Pública implantará para combatir la corrupción y evitar que las cosas sigan como en las otras administraciones. 

La diputada sin partido, Luz Estefanía Rosas Martínez preguntó a la funcionaria cuál es su postura para otorgarle facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que emita las recomendaciones vinculatorias y qué sugerencias haría para evitar la mala contratación en obra pública, toda vez que se está generando una ley en la materia. 

El diputado del PT, José Luis Montalvo Luna expresó que si bien una de las pretensiones de la Secretaría de Función Pública es crear un nuevo Código de Ética, también debe atenderse el principal reclamo de la ciudadanía al gobierno: sancionar a los corruptos y aquellos que desfalcaron al erario y se llevaron millones de pesos de las entidades  y municipios. 

Asimismo, requirió saber cómo intervendrá la dependencia para promover acciones, leyes, normas con perspectiva de género y en las denuncias en materia de acoso, el pago justo, entre otros asuntos que vulneran la igualdad. 

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) se pronunció por cambiar la forma de hacer política y crear de la honestidad una forma de  vida. Resaltó la importancia de combatir a fondo a la corrupción y la  impunidad, y “hay que entrarle de manera responsable y con la verdad”. 

Preguntó cómo se evaluará toda la función pública “porque pareciera que existe una tremenda contraloría, pero hasta dónde llegan estas facultades y hasta dónde se permiten ser ejercitadas”. Además, cuestionó si en el ejercicio de su cargo hay algún conflicto de interés. 

Al dar respuesta, la funcionaria subrayó que la ASF firmó un convenio con la Fiscalía General de la República para coadyuvar en las investigaciones administrativas y sancionatorias que surjan. “Sí, le daremos cumplimiento a esta sed de combate a la impunidad que nos exige la sociedad”, aseguró. 

Sobre el acoso sexual, expuso que es una lacra en la vida pública, en la administrativa, en el Estado y en el gobierno. “Lo hay y existe la posibilidad de sancionarlo, frenarlo y poner un alto. No se trata nada más de piropos, sino de violencia; se agrede la dignidad de las mujeres”. 

Precisó que se buscará estudiar la posibilidad de aplicar las estrategias de cuotas cuando haya dos competidores en igualdad de méritos y evitar la discriminación en todas sus formas en el Servicio Profesional de Carrera. 

Sandoval Ballesteros dijo que habrá responsabilidad con la aplicación de lo que antes se llamaba tres de tres, y afirmó que ya se dialogó con los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción para darles a conocer este nuevo estatus. “No queremos que las prisas nos lleven a decisiones que nos compliquen y burocraticen más y meternos en una lógica sin fin de no cuidar los conflictos de interés”. 

La litis real de esto, añadió, “es que hay que controlar, prevenir y exigir el castigo o la resolución a los conflictos de interés que acosan toda la vida pública administrativa, por lo que si estas más de 780 entradas de los nuevos formatos no nos están ayudando a descubrirlos sino meternos en terrenos de la privacidad de las personas o de los funcionarios, pues no vamos a llegar muy lejos en este objetivo de coordinación anticorrupción”. 

Señaló que quienes estarían obligados a declarar son quienes manejan recursos públicos, posiciones de mando, responsabilidades de representación o de administración o ejecución de política pública, pero no los maestros, doctores, soldados ni la gente más vulnerable o la que ha sido realmente víctima de la corrupción. “No tiene que ser el chivo expiatorio de un sistema de simulación”.  

Destacó que el uso de las tecnologías es fundamental para el combate a la corrupción y coincidió que es primordial darle más facultades al Sistema Nacional Anticorrupción, porque en la actualidad sólo emite recomendaciones, ya que es una instancia de coordinación y no tiene el espíritu federalista. 

Precisó que ahora mismo se audita a los contralores internos de la dependencia. “Si el Ejecutivo va a poner a refrendo su cargo, pues con mayor obligatoriedad todos los que le seguimos. Todos estarán a prueba y se implantará un esquema de rotación para evitar los feudos”. 

Agregó que la misma tarea ocurrirá en Petróleos Mexicanos, Sedatu, Bansefi, SAT, Comunicaciones y Transportes, IMSS, CFE, no estamos simulando. “Vamos a buscar hasta la más profunda de las instancias de qué manera se utiliza la riqueza nacional”. 

Aclaró que no es verdad que tenga integrantes de su familia en el Poder Ejecutivo, ya que su marido trabaja como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ése es un órgano autónomo. Segundo, su hermano labora en el Poder Judicial, por lo que no tiene competencia con la Secretaría de la Función Pública”. 

“De la corrupción ya estamos todos hartos y nadie puede decir que es cultural y no se puede combatir; estamos en un gran momento histórico en donde hay cero tolerancia a la corrupción, pero lo que nos lacera más es la impunidad”. 

Aseguró que México es uno de los países con mayor avance normativo, una Ley de Transparencia de primer mundo con procedimientos expeditos, una Constitución de avanzada, por lo que existen los elementos necesarios para realizar el trabajo. 

“Qué bueno que se ofrece a modificar las normas que exige la sociedad y modernidad democrática, pero no es una situación de legislación, sino de voluntad política, pero en esta administración esta no faltará”. 

Precisó que la secretaría buscará dar transparencia e informó que en 2018 llegaron más de 11 mil 864 expedientes de responsabilidades, los cuales involucran a 13 mil 384 servidores públicos, de los cuales en la presente administración, es decir del primero de diciembre a la fecha, se han resuelto 5 mil 597, pero queremos terminar con la obligación y llevar a la posibilidad más extrema la sanción directa administrativa. 

Sandoval Ballesteros señaló que en lo que va de la administración se tienen 8 mil 631 expedientes de investigación, se han atendido 10 mil 581 peticiones ciudadanas, 4 mil 906 asesorías telefónicas, 5 mil 745 vía chat, 706 presenciales y 650 a órganos internos de control, 929 en aclaraciones sobre declaraciones patrimoniales. 

En su intervención inicial, Sandoval Ballesteros destacó que el cien por ciento del gabinete legal y ampliado hizo pública su declaración patrimonial e, incluso, por instrucción del Presidente de la República, se modificó el sistema de Declaranet. “Si ustedes lo checan, no hay otra posibilidad más que de obtener  transparencia total o reserva total de las declaraciones patrimoniales”. 

Precisó que el universo de los servidores públicos obligados a declarar en la Administración Pública Federal subió de un cuarto de millón de personas -250 mil sujetos obligados-, a más de dos millones de servidores públicos que “son los menos responsables de la corrupción de una estructura que nos aqueja como nación”. 

Indicó que se apuesta por la ciudadanización del control, la prevención y la transparencia; por ello, la funcionaria anunció que “tenemos una iniciativa de ley para la protección y estímulo de los informantes y alertadores internos de la corrupción”. 

Sobre el principio de austeridad republicana, comentó que los legisladores “tienen en su cancha el balón”, porque en esta Soberanía se encuentra la propuesta de la Ley de Austeridad Republicana de Estado. 

“Proponemos que el derroche se elimine y, bajo esta visión, queremos terminar con la ineficacia; ello dependerá mucho de la fiscalización de los fondos públicos y de garantizar la claridad mediante la transparencia democrática y no discursiva, de relaciones y politizada”. 

Enfatizó que la austeridad ha sido criticada porque se conceptualizó cómo hacer recortes sociales, pero la Ley de Austeridad Republicana tiene que ver con avanzar en una austeridad que no disminuya, ni merme los recursos dedicados a los programas sociales, sino que los robustezca y permita una interacción más directa con los beneficiarios finales. 

La iniciativa, continuó, transita en sentido totalmente contrario al neoliberalismo; es decir, se orienta a velar por el interés social, evitar el despilfarro y nutrir el gasto social. 

Sandoval Ballesteros precisó que la SFP trabajará a través de dos subsecretarías: la de Combate a la Corrupción, que adopta muchas de las funciones centrales de la secretaría para controlar, vigilar, auditar y fiscalizar los recursos federales, así como ejercitar el control interno o preventivo. 

También por medio de la subsecretaría de Combate a la Impunidad, que se encargará tanto de la asignación de responsabilidad que surja la violación de la normativa, así como de tareas muy importantes de profesionalización y, en particular, del relanzamiento del servicio civil de carrera con perspectiva de género. 

“Queremos que ese servicio profesional de carrera sea una llave en donde la entrada sea muy pequeña, para que entren realmente las y los mejores, y con una puerta de salida muy amplia, para los no comprometidos, los que derrochen, corruptos, abusivos, acosadores y los que no tengan respeto por la vida en el servicio público”. 

Sandoval Ballesteros resaltó los logros que la dependencia a su cargo ha alcanzado en sus primeros 100 días; por ejemplo, el código de ética. “Contamos ya con un código en esta materia, lo cual es muy importante y me interesaría mucho distribuir masivamente, porque es para toda la administración pública federal”. 

“Trabajamos también en una Cartilla de Integridad y en un nuevo marco que certifique a las empresas más probas, más cumplidas, las que no evadan impuestos y que no se dejen caer en cuestiones de colusión y defraudación al erario”. 

Indicó que “es un código de avanzada que establece las limitaciones a recibir todo tipo de regalos, viajes o prebendas, que no tienen nada que ver con la actividad pública”. 

En los gobiernos del pasado, señaló, el 80 por ciento fueron asignaciones directas y la excepción era la licitación. En este nuevo gobierno, en los 25 proyectos estratégicos, vamos a caminar sobre la regla de la licitación y de las licitaciones verdaderas que auspicien el mercado y a los empresarios más probos.

“Nuestra convicción es hacer de la transparencia lo más importante en la visión del nuevo gobierno, con el propósito de poner fin a la impunidad y castigar la corrupción”, concluyó.

 

  • 70 por ciento del agua del país está en manos de siete concesionarios, afirma Leticia Merino Pérez, investigadora de la UNAM.
  • Inauguran “Celebración cultural del agua y la vida”. 

El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, José Narro Céspedes, dejó en claro que el derecho al agua debe estar garantizado para todos los mexicanos, por lo que se manifestó en contra de su eventual privatización.   

El legislador de Morena inauguró el evento denominado la “Celebración cultural del agua y la vida” que, con diversas actividades culturales, se llevará a cabo este miércoles y mañana jueves en las instalaciones del Senado de la República. 

Po su parte, Pedro Moctezuma Barragán, integrante de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó la necesidad de discutir en un amplio debate sobre este tema, de cara a una próxima Ley General de Aguas. 

El debate, consideró, habrá de ser incluyente, con la participación de mexicanos y mexicanas que han defendió en comunidades, ejidos, barrios colonias y universidades este recurso tan valioso. El agua no sólo es un tema de grandes negocios, es un tema de vida y de amplia participación de los tres órdenes de Gobierno, indicó. 

La doctora Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirmó, a su vez, que México vive “una grave crisis hídrica”, que implica el agotamiento de cuentas, “sobreconcesionamiento”, contaminación y apropiación de este bien púbico por parte de un pequeño grupo de empresarios. 

Advirtió que “70 por ciento del agua del país está en manos de siete concesionarios”. Y es en este contexto que se llevará a cabo un amplio debate sobre este líquido: “Esperamos que el Congreso esté del lado de la ciudadanía”, expresó. 

A la inauguración del evento también asistió la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, quien expresó que el cuidado de un recurso vital para el ser humano debe ser un compromiso de todos. 

La diputada Leticia Díaz Aguilar, secretaria de la Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, dijo que en la colegisladora se organizarán foros para construir un proyecto sobre la Ley de Agua Nacional.

  • Con esta nueva ley se prevé mayor inversión del Gobierno de la Ciudad de México para modernizar la infraestructura de los 329 mercados. 
  • Se contempla otorgar valor jurídico a la cédula de empadronamiento, que es concesión del espacio que explotan los locatarios. 

La Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso aprobó por unanimidad la realización de una serie de foros para diseñar la Ley de Mercados de la Ciudad de México, que en la actualidad consiste solamente en un reglamento de 1951, mismo que es obsoleto para afrontar los problemas actuales en estos centros de abasto popular de la capital. 

El presidente de la comisión, diputado Ernesto Alarcón Jiménez, explicó que se busca dar certeza jurídica a los locatarios de los 329 mercados públicos que existen en la Ciudad de México, al otorgar valor jurídico a la cédula de empadronamiento, que es la concesión del espacio que los locatarios explotan comercialmente. 

“Al darle certeza jurídica, ya no será la renovación normal que se venía dando, porque a los comerciantes les causa mucha incertidumbre saber si les renovarán su cédula. Esto, a su vez, conlleva acciones secundarias que servirán para proteger los derechos de los locatarios sobre su instalación en los mercados”, explicó el legislador integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Dijo que con esta nueva ley se prevé una mayor inversión por parte del Gobierno de la Ciudad de México para que los centros de abasto popular se puedan adecuar a las condiciones de infraestructura y de renovación que requieren los mercados, los cuales, en muchos casos, no satisfacen a los locatarios y a los consumidores por sus condiciones insalubres y de deterioro. 

Por unanimidad, las y los legisladores aprobaron que a partir del 1º de abril se efectúen las mesas de discusión y análisis en el Congreso capitalino, y posteriormente se efectúen dos foros al mes en dos diferentes alcaldías. 

Durante la tercera sesión de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, también estuvieron presentes las y los diputados, Rigoberto Salgado Vázquez (MORENA), Gabriela Salido Magos (PAN), María de Lourdes Paz Reyes (MORENA), Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA) y Efraín Morales Sánchez (MORENA) 

  • El diputado Fernando Aboitiz señaló que este espacio arquitectónico, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, se encuentra abandonado y en riesgo de perderse, por lo que es urgente que sea expropiado, comprado o donado, para luego proceder a su rehabilitación

El “Pensil Mexicano” es el último jardín barroco con el que se cuenta en todo México, pero sus condiciones de deterioro y fragilidad podrían llevar a su pérdida total, por lo que es necesario y urgente que se realicen de manera urgente las acciones jurídicas necesarias para su expropiación, compra o donación, consideró el diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social. 

Aboitiz presentó un punto de acuerdo, turnado para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales, mediante el cual propone exhortar a las autoridades de la Ciudad de México y de la alcaldía de Miguel Hidalgo a que ejecuten de manera urgente las medidas que garanticen la recuperación del jardín “Pensil Mexicano”, para después rehabilitarlo y realizar las gestiones necesarias para que sea considerado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México 

El Pensil Mexicano es una muestra de la arquitectura novohispana de la Ciudad de México (ubicado en la calle Lago Chiem 84, colonia Anáhuac, alcaldía de Miguel Hidalgo), es considerado el último jardín barroco en México y fue declarado monumento histórico en 1932, incluyendo la capilla y el jardín, además de que en 1982 quedó inscrito en el Registro Público de Monumentos. 

Sin embargo, a pesar de ser un monumento histórico, alertó el legislador, el Pensil Mexicano “está cerca de perderse porque se encuentra en un total abandono”. Ya desde 1940, explicó, se empezaba a señalar que dicha construcción se encontraba en deterioro y hasta la fecha no se ha podido evitar. 

Tanto vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, han intentado impedir su deterioro, incluso el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM ha dado asesoría para su rehabilitación, “pero estas acciones no han prosperado”. 

Aboitiz señaló que administraciones anteriores de la entonces Delegación Miguel Hidalgo buscaron expropiar o comprar el inmueble para su rehabilitación, en tanto que el Gobierno de la Ciudad proponía crear una Casa de la Cultura en sus 800 metros cuadrados construidos, pero nada ha ocurrido. Es una “riqueza frágil que puede ser perdida” para siempre. 

El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute, tal y como lo indica la UNESCO, además de que puede también enriquecer el capital social, conformando un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial en esa demarcación. 

El estilo arquitectónico del Pensil Mexicano tuvo influencia de los jardines europeos y en él se alojaron los virreyes Bernardo de Gálvez y José de Iturrigaray. 

En el siglo XX la propiedad pasó a manos del embajador alemán Agathon Gosch Mack y después a su hijo, el ingeniero José Paz Gosch, quien fraccionó el inmueble en 1967 y con ello se redujo el tamaño original. 

A petición expresa de las y los diputados, el punto de acuerdo también fue suscrito por Gabriela Salido, Federico Döring, Miguel Ángel Álvarez, José Martín Padilla, Gabriela Osorio, Guadalupe Chavora y Rigoberto Salgado.   

Solicitan instalar contenedores de basura en todas las estaciones del Metro 

La mayoría de los diputados en el Congreso de la Ciudad aprobó exhortar a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que a la mayor brevedad instale contenedores especiales para cada tipo de basura (orgánica e inorgánica) en todas las estaciones del sistema. 

Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de MORENA, expuso que los 5.5 millones de usuarios diarios del Metro generan una cantidad considerable de basura, lo que hace urgente la instalación de los contenedores. 

“Es desagradable ver que en el Metro de la Ciudad no se cuenta con contenedores suficientes en donde depositar la basura”, explicó durante su intervención en tribuna. “Esto genera malestares para los propios usuarios del sistema de transporte”, además de que la basura es arrojada a las vías por falta de contenedoras. 

Por ello, argumentó, si no se proporcionan las herramientas para que se tenga un buen control y manejo de los residuos, cómo podemos brindar a la ciudadanía un medio con seguridad e higiene los residuos. 

El diputado Jorge Gaiño, ex director del Metro, subió a tribuna para exponer sus argumentos en contra. “Desde hace varios años el Metro dejó de tener botes de basura por múltiples motivos, uno de ellos es la seguridad”, comentó. 

Si ustedes revisan la historia de los botes de basura en los Metros del mundo, agregó Gaviño, integrante de la fracción parlamentaria del PRD, se darán cuenta de cómo todos los Metros grandes del mundo, incluso el de Londres, retiró sus botes de basura por seguridad. 

“Imaginen, por ejemplo, que en Inglaterra pasa alguien y echa un explosivo a un bote de basura. La dificultad de saber si en alguno de los varios botes de basura hay un explosivo es mayúscula; o si alguien incendia este bote de basura, “pues van a tener un problema muy serio por la generación de humo. Además, dijo, si no levantamos estos botes de basura diario, como se hace en el Metro, vamos a tener un problema muy serio. 

El diputado Gaviño insistió en que, dados los hábitos de los habitantes de la ciudad, que van y tiran bolsas de basura al Metro, “donde hay contenedores se hacen montañas de basura”. 

“Yo espero que por bien del Metro y bien de los usuarios del Metro, que ese punto” se revise bien antes de aprobarse, concluyó. 

En defensa de su propuesta, Rubio Aldarán dijo que la justificación de que los contenedores podrían ser utilizados para depositar paquetes u objetos que podrían comprometer la salud de los pasajeros es banal, ya que al haber residuos tirados por todas las instalaciones del metro no sólo comprometen la salud de los usuarios sino el buen funcionamiento de los trenes. 

Señaló que una vez instalados. los contenedores de basura deberán ser vigilados por el personal de limpieza del Sistema de Transporte Colectivo, para que sea retirada la basura y se mantenga la higiene dentro de las instalaciones.

Finalmente, señaló que con ello se facilitará el funcionamiento apropiado de los equipos, al impedir tirar basura dentro de la red. Agregó que se está consciente de que además de contenedores dentro de las instalaciones falta cultura cívica, pero también se debe dotar de herramientas a la ciudadanía para cumplir con este propósito 

  • Morena busca incorporar la Acción Colectiva para evitar abusos y/o violaciones a la Ley.
  • Para erradicar la volatilidad, es necesario brindar mayor seguridad a los pequeños accionistas.

      

    Para proteger los derechos de los accionistas minoritarios y evitar algún prejuicio derivado de acciones ilegales de accionistas mayoritarios, el Grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentará una iniciativa de Ricardo Monreal para incorporar la Acción Colectiva al Mercado de Valores. 


    Con este instrumento se garantizará el acceso efectivo a la justicia de todos los participantes del Mercado de Valores; además de que permitirá que  los trabajadores puedan invertir sus ahorros de forma segura y evitar abusos.
     

    Así, los accionistas minoritarios que sufran algún daño a causa de una violación a la ley, cometida por accionistas mayoritarios de una emisora de valores podrán acceder a la justicia a través de la acción colectiva prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
     

    La extensión del uso de las acciones colectivas al ámbito del Mercado de Valores, repercutirá en un beneficio al aparato jurisdiccional mexicano, pues uno de los objetivos de estas acciones es la economía procesal, señala el documento a presentar en el Pleno de la Cámara Alta.
     

    Este instrumento legal, impulsado por el Grupo Parlamentario que encabeza Ricardo Monreal, se ha establecido en diversas legislaciones de países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia.


    La iniciativa también se basa en la premisa de que al ser exitoso un mercado de valores, redunda en la eficiente movilización del capital lo cual incide de manera positiva en el crecimiento económico de las empresas y a su vez, de la economía nacional, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.


    Para catalizar las condiciones económicas inherentes a las dinámicas del Mercado de Valores mexicano y erradicar la volatilidad de las intenciones inversionistas, es preciso fortalecer los escenarios que se traduzcan en mayores condiciones de seguridad para los pequeños accionistas, afirma la iniciativa.


    Cabe destacar que la acción colectiva es un instrumento jurídico, cuyo principal objeto es brindar protección a los derechos difusos ya sea individuales o colectivos, colocando a las partes en un plano de igualdad de posiciones ante procedimientos jurisdiccionales. 


    En la actualidad, nuestra legislación consagra el ejercicio de las acciones colectivas sólo para dos materias: relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente. 

    Lo senadores de Morena consideran que la acción individual tradicional no ha sido suficiente para garantizar los derechos de los inversionistas minoritarios en el Mercado de Valores, toda vez que estos se encuentran en una clara posición de desventaja tanto frente a las emisoras de valores, como a sus accionistas de control.

 

  • Comisión de Seguridad Pública realizará audiencias sobre el tema, el 20 y 21 de marzo.      

En reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República resolvió invitar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en fecha por definir, a una reunión de trabajo para tratar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

Posteriormente, el 20 y 21 de marzo se llevarán a cabo audiencias con expertos en anticorrupción, derechos humanos, estrategia judicial, estrategia policial, prevención del delito, cultura de la paz, centros penitenciarios y readaptación social.    

Cabe recordar que en 2014 fue adicionado un párrafo tercero al artículo 69 constitucional, para establecer que en el primer año de su mandato, el Presidente de la República debe presentar a laCámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, e informar anualmente sobre el estado de la misma.   

Dicha reforma entró en vigor el 1 de diciembre de 2018. A la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, se actualizó la participación del Senado en el ejercicio de la facultad antes mencionada. 

El acuerdo propuesto por la Mesa Directiva, establece que el Senado de la República ejercerá la atribución constitucional antes que concluya el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. 

Tras la reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública y las audiencias con expertos, la Comisión de Seguridad Pública elaborará un dictamen que proponga una resolución sobre la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

A dicha reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública asistieron los senadores Lucía Trasviña Waldenrath, Verónica Martínez García, Nestora Salgado García, Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera, Claudia Anaya Mota, Alejandro Peña Villa, Verónica Camino Farjat, Pedro Haces Barba, Primo Dothé Mata y Arturo Bours Griffith.

  1. México ocupa los primeros lugares con mayor número de hectáreas de tierra deforestada.

Debido a que México se encuentra entre los primeros cinco lugares a nivel mundial con mayor deforestación, con el 90 y 95 por ciento de tierra, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena presentarán un punto de acuerdo para que las autoridades competentes informen sobre el eventual parcelamiento de bosques y selvas.

En el documento, los legisladores detallan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, en 2015, se registraba una pérdida neta de 92 mil hectáreas anuales de bosques, principalmente por el cambio de uso de suelo.

Ante esta situación, los senadores de Morena consideran necesario adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, siendo  los bosques y selvas, explican, los principales  amenazados con el cambio de uso de suelo para la agricultura y ganadería, explotación forestal y tala indiscriminada.

En el punto de acuerdo, se  solicita al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los dictámenes que ha emitido, desde diciembre de 2012 a la fecha, relativos al eventual parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas del país.

 También se pide a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano enviar al Senado de la República el listado de ejidos y comunidades de los estados que han delimitado y asignado tierras como parcelas, no obstante haber sido emitido dictamen u opinión de la SEMARNAT por la posible existencia de bosques o selvas y la situación actual.

Asimismo,  hacen un llamado al procurador agrario,  para que les facilite el listado de asuntos en que ha demandado la nulidad de Asambleas de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras ejidales o comunales, por la posible existencia de bosques o selvas y su estado actual, en las 32 entidades federativas.

Los senadores, también exhortaron al titular del Tribunal Superior Agrario y a los Tribunales Unitarios Agrarios, información y versión pública de las sentencias definitivas en las que la litis verse sobre la nulidad de parcelamiento de bosques o selvas asignadas mediante Asambleas de Delimitación, Destino y asignación de tierras ejidales o comunales.

·         Esta estrategia forma parte de las acciones encaminadas a la federalización de los servicios de salud 

·         Se recorrieron 235 unidades distribuidas en 10 jurisdicciones sanitarias 

En el marco de la federalización de los servicios médicos, autoridades de la Secretaría de Salud hicieron en Chiapas un diagnóstico detallado de la situación en unidades hospitalarias y médicas, a fin de establecer acciones para dar cumplimiento a la disposición presidencial de garantizar el acceso a la atención y medicamentos gratuitos. 

Los resultados de los recorridos que se realizaron del 11 al 15 de marzo por la comitiva sanitaria encabezada por la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud de esta dependencia, Asa Cristina Laurell, permitirán tener un panorama de 198 unidades médicas y 37 hospitales en materia de infraestructura, equipamiento, abasto de medicamentos, insumos y recursos humanos. 

En su encuentro con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, la Subsecretaria de Integración resaltó el compromiso presidencial de hacer efectivo el Artículo 4º constitucional a toda la población, a través de un Plan Nacional de Salud, que incluye la federalización los sistemas estatales de Salud. Esto es poner bajo el mando de la Secretaría de Salud federal la operación y planeación de los servicios. 

En su mensaje, el mandatario estatal, Rutilio Escandón Cadenas reconoció el compromiso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para revertir la grave situación del sistema de salud a nivel nacional, que afecta con mayor intensidad a los sectores vulnerables. 

Asimismo, destacó las acciones que se llevan a cabo en la entidad para consolidar el Proyecto de Federalización de los Servicios estatales de Salud, meta que se pretende consolidar en un lapso de dos años. 

En el levantamiento de este censo participan 21 grupos integrados por personal de salud federal y estatal, quienes visitan las 235 unidades de salud que conforman las 10 jurisdicciones sanitarias. 

En su oportunidad, el secretario estatal de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que en estas tareas participan las direcciones de Atención Médica, Infraestructura en Salud, Planeación y Desarrollo, y Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Unidad de Gestión de Calidad.

Señaló que Chiapas es una de las ocho entidades federativas -que el pasado mes de diciembre, suscribió el Acuerdo para Garantizar el Derecho de Acceso a los Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos de la Población sin Seguridad Social-, donde se levanta este censo estratégico de establecimientos para la atención médica. 

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