Oro Solido

Oro Solido

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración del 157 Aniversario de la Batalla de Puebla en Piedras Negras, Coahuila. 

Explicó que la decisión de celebrar esta fecha histórica en el estado natal del general Ignacio Zaragoza responde al respeto del proceso electoral en esa entidad.

“Nunca más debe el presidente y el gobierno inmiscuirse en las elecciones en municipios, estados y en las elecciones federales. Tiene que haber una auténtica, una verdadera democracia en nuestro país”, subrayó.

El mandatario resaltó que Coahuila ha sido escenario de sucesos de las tres grandes transformaciones del país y que “el norte, a diferencia de lo que suele pensarse, siempre ha sido liberal, progresista, nacionalista”.

Recordó que la gesta heroica del 5 de mayo de 1862 reafirma la vocación soberana de los mexicanos porque el país se ha mantenido, pese a las dificultades, como una nación libre e independiente.

“Nos invadieron porque querían quedarse con nuestro territorio, tenían la intención de nuevamente volvernos colonia, querían conquistarnos otra vez. Inventaron que había una deuda enorme y sí existían deudas con particulares conservadores, no con el gobierno”, detalló.

Reconocio el sentido nacionalista de Ignacio Zaragoza, militar destacado y comandante del Ejército de Oriente, responsable de la operación de defensa de Puebla y quien fuera originario de Coahuila cuando Texas todavía pertenecía a nuestro país.

El presidente destacó la resistencia, perserverancia y firmeza de Benito Juárez al no aceptar la imposición del mandato extranjero en el país.

Después de las tres transformaciones, Independencia, Reforma y Revolución, el presidente afirmó que ya comenzó la Cuarta Transformación de la vida pública de México, desde abajo, de manera pacífica y sin violencia.

“Significa acabar con la corrupción, la impunidad y los privilegios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, expresó.

Detalló algunas de las acciones que se realizan en el Gobierno de México en beneficio de los sectores menos favorecidos de la población y se comprometió a resolver los problemas en educación y salud con la cancelación de la reforma educativa y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, respectivamente.

Reafirmó que se debe cumplir con la ley al aplicar las medidas contempladas dentro del programa Zona Libre de la Frontera Norte, principalmente el aumento del doble de salario mínimo a los trabajadores de empresas manufactureras.

Reiteró que la frontera norte es una importante cortina de desarrollo que frenará la migración.

El presidente agradeció el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas de México; “no nos cansaremos de expresar que el Ejército es pueblo uniformado, nunca ha dado un golpe de Estado desde su surgimiento. Nunca han desobedecido a la autoridad civil, son profesionales y honestos. No hay elementos que pertenezcan a la mafia del poder”.

 

La Cámara de Diputados durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, llevó a cabo 32 sesiones, con un tiempo acumulado de actividad del Pleno por casi 166 horas.

 

En este periodo, se aprobaron 99 proyectos de decreto, de los cuales, siete son reformas constitucionales, 91 son modificaciones a diversos ordenamientos y decretos, y una nueva ley.

 

Como parte de la actividad legislativa, se aprobaron 117 proposiciones con puntos de acuerdo y 32 acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) vinculados con diferentes materias.

 

También, un acuerdo de la Mesa Directiva y ocho de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como el de la Jucopo por el que se integra la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

 

En este periodo se realizó una Sesión de Congreso General para la apertura del periodo ordinario; 25 ordinarias y cinco solemnes. Además, una en la que la Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia, para declarar que ha lugar a proceder penalmente en contra de Cipriano Charrez Pedraza, por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y daño en propiedad ajena.

 

En las solemnes se otorgaron las medallas al mérito cívico “Eduardo Neri, legisladores de 1913” y la de Honor “Gilberto Rincón Gallardo”; otras tres, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la entrega de la medalla al mérito “Sor Juana Inés de la Cruz”; para la conmemoración del Centenario Luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, y la celebración del Aniversario de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz.

 

Además, la Mesa Directiva dictó trámite a comisiones a un total de 460 iniciativas: 17 de senadores de la República; 16 de congresos locales y 427 de diputados federales.

 

De igual modo, se turnaron a comisiones 33 minutas con proyectos de ley o decreto remitidas por la Cámara de Senadores, de las que 15 fueron para efectos del Apartado A; 15 para efectos del Apartado D, y tres para los efectos del Apartado E, del artículo 72 de la Constitución Política.

 

Sobre los puntos de acuerdo, se dio cuenta al Pleno de 517 presentados por diputadas o diputados; de los cuales 510 se turnaron a comisiones y siete se aprobaron luego de ser considerados como de urgente resolución.

 

Entre los proyectos de decreto aprobados por las y los diputados destaca el que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, con el objetivo de eliminar privilegios a los servidores públicos y evitar el engrosamiento del aparato burocrático.

 

Asimismo, las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política para crear la Guardia Nacional, la cual será de carácter civil, tendrá su propia estructura orgánica y organizacional, y una ley que homologue en lo conducente las disposiciones de las fuerzas armadas.

 

Se avalaron cambios y adiciones a diversos artículos de la Carta Magna, en materia de consulta popular y revocación de mandato; se establece el procedimiento de éste en el caso del Presidente de la República, gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

 

También, modificaciones a los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales, para que la educación sea garantizada plenamente por el Estado mexicano; se respeta el derecho a la inclusión al Sistema Educativo Nacional, desde la enseñanza inicial hasta la superior, de niñas, niños, jóvenes y adolescentes.  Revalora a las y los maestros, y dota de mecanismos de política pública para que la educación sea una garantía y no un privilegio, a partir de un enfoque social, de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

 

Igualmente, cambios a la fracción III del artículo 113 y adiciona un artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación, para imponer sanción de tres a seis años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

 

De la misma forma, se probaron cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de establecer mecanismos que coadyuven en la prevención y combate de estos ilícitos.

 

Se reformaron las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar, con el propósito de reglamentar esta figura.

 

Estipula que el trabajo del hogar debe fijarse mediante contrato por escrito, que incluya, como mínimo, referencias de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar; domicilio; inicio y duración del contrato; tipo de trabajo a realizar; remuneración; horas de trabajo; vacaciones; alimento y alojamiento, cuando proceda; debiendo contemplarse también el régimen obligatorio del seguro social.

 

En cuanto a las modificaciones al artículo 74 de la Constitución, establece que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y con ello dar prioridad a los principios de máxima publicidad sobre los recursos públicos.

 

Se avalaron reformas a diferentes disposiciones del Código Civil Federal, para prohibir el matrimonio infantil y establecer como requisito que los contrayentes tengan cumplida la mayoría de edad; es decir, dieciocho años.

 

En este periodo, el pleno aprobó cambios al Código Penal Federal para adicionar un Capítulo Tercero denominado “Desplazamiento Forzado Interno” al título Decimoctavo “Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas”, así como un artículo 287 Bis, para imponer penas de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa a la persona que cometa ese delito.

 

Las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, plantean ofrecer más opciones de inversión, lograr mayores rendimientos, menos comisiones, que las utilidades se reflejen en las pensiones de los trabajadores cuando se retiren y fomentar el ahorro. Se sustituye el término “sociedades de inversión” por el de “Fondos de inversión especializados para el retiro” de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), lo que conlleva a una simplificación en la operación y carga comparativa.

 

Además, cambios a los artículos 2 y 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para establecer el concepto de Inversión Pública Productiva Sustentable, y que los entes públicos puedan contraer financiamientos u obligaciones para ese tipo de proyectos.

 

Otro dictamen avalado, se deriva de una iniciativa del Ejecutivo federal, el cual reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Civil Federal, a fin de que los adolescentes de entre 15 años cumplidos y menores de 18 años, puedan acceder y ser titulares de cuentas de ahorro, sin la intervención de sus padres o tutores.

 

Las modificaciones a los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal, permitirán que en las actas de nacimiento no se asiente el estado civil de los padres, salvo que así lo soliciten, lo cual resguardará los derechos de la herencia. Además, el marido no podrá desconocer al menor nacido dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, a no ser que exista sentencia ejecutoria que declare que no es su hijo.

 

El Pleno cameral aprobó reformas a los artículos 203 y 205 bis del Código Penal Federal, a fin de aumentar de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa las sanciones para quien cometa el delito de turismo sexual, pues en la actualidad es de 7 a 12 años.

 

Se avaló reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, de los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, con el propósito de garantizar lo establecido en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de los empleados.

 

Igualmente, un dictamen a la minuta que adiciona diversas disposiciones a las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Federal del Trabajo, para establecer que los padres o madres de menores a 16 años diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, puedan gozar de licencia por cuidados médicos, a fin de ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente requiera descanso médico en los periodos críticos del tratamiento u hospitalización, de acuerdo con la prescripción médica.

 

La reforma al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, busca incrementar las penas impuestas al delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

 

Las y los diputados avalaron reformas a la denominación del Capítulo IV y el artículo 189 del Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra servidores públicos para castigar con dos a 12 años de prisión a quien agreda a un funcionario.

 

El Pleno acordó modificar el primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, para imponer de 10 a 25 años de cárcel y de 250 a mil Unidades de Medida y Actualización, a quien cometa extorsión.

 

Se modificó el artículo 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que no procedan acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso, en el caso de los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, siempre que no hayan sucedido en casa habitación.

 

Los cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tienen el objetivo de eliminar las limitantes que restringen el derecho de toda la ciudadanía de acceder a puestos de dirección, coordinación y vigilancia. Permitirán al sector paraestatal federal, un crecimiento más equitativo y mejor, al eliminar el lenguaje discriminatorio de género, origen étnico nacional o de cualquier otra índole.

 

También, se reformó al artículo 19 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.  Se incluyó al abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

 

Otros cambios fueron al artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de establecer que la activación física y el deporte intervengan como un factor de prevención de  adicciones y consumo de sustancias psicoactivas.

 

Además, se avalaron reformas en temas de: desarrollo rural sustentable; personas con discapacidad; administración pública; responsabilidad ambiental; aguas nacionales; protección al ambiente; migración; organizaciones ganaderas; Mipymes; derechos humanos de las personas adultas mayores en centros penitenciarios; ordenamiento territorial; turismo; instituciones de crédito; salud preventiva; ratificación de empleados superiores de Hacienda; vivienda; pensiones alimenticias; acceso y tránsito en las playas; desarrollo social; estímulos y recompensas, entre otros.

 

Se designó a los titulares de los Órganos Internos de Control de la Fiscalía General de la República, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como el de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

 

Se establecieron 23 días nacionales: sobre Reconstrucción Mamaria; Esclerosis Múltiple; Síndrome de Asperger; Pluricultura; Glaucoma; contra el Cáncer de Próstata; Costas y Mares Mexicanos; Adopción de niñas, niños y adolescentes; Deporte, Actividad y Salud Física; Cultura Maya, y para reducir las desigualdades.

 

 

También, el día de las Abejas; de las Personas Sordas; de la Vivienda; del Redactor de los Medios de Comunicación; de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria; contra el Cáncer Colorrectal; Prevención de Quemaduras; de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano; de la Lucha contra el Parkinson; de la Salud Mental Materna; contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking, y contra el Cáncer Cervicouterino.

 

Además, tres semanas nacionales: para Prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; de las Personas Migrantes y Refugiadas; y del Donante de Sangre y sus componentes.

 

*A través de acuerdos o convenios con estados y municipios, el Gobierno Federal transferirá recursos para dichos proyectos.

 

El Pleno del Senado de la República aprobó que el Gobierno Federal, a través de acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos estatales y municipales, les transfieran recursos para realizar proyectos de vivienda destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

Las reformas a la Ley de Vivienda establecen el fomento de esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, pero de preferencia los que se encuentren en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, así como a los productores sociales.

 

Se indica que los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población bajo las citadas condiciones, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Vivienda, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes.

 

Por ello, el sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

Con el fin de fortalecer la capacidad de pago de esta población, se acordó que los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

 

Además, el Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado –se insiste- a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

Asimismo, las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en dichas circunstancias, el acceso a una vivienda digna, conforme a las disposiciones y reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

Lo anterior también tendrá como fin apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquellos de autoproducción, autoconstrucción, mejoramiento de vivienda y la entrega de paquetes de materiales a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

El dictamen no estaba inscrito en el orden del día, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, dio cuenta de la recepción del dictamen de las comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la citada legislación.

 

Fueron modificados los artículos 4, fracción X; 8, fracción V; 13, fracción 11; 17, apartado A, fracción II y apartado B, fracción 11; 19, fracción VII; 34, fracción 11; 39, primer párrafo; 42, fracción 1; 47, segundo párrafo; 51 ; 54, primer y tercer párrafos; 55, primer párrafo; 58; 61, primer párrafo; 62, fracción 1; 67; 82, fracción II, y 111, todos de la Ley de Vivienda.

 

Desde su escaño la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, advirtió que votaría en contra del procedimiento y la forma en que se pretendía reformar una institución que tiene que ver con el tema del territorio nacional y no es tan sencillo eliminar o cambiar sus atribuciones de manera tan imprevista.

 

El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 72 votos en favor, 48 en contra y dos abstenciones. Fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

  • Este tipo de ejercicios favorece el cumplimiento de la función de escrutinio conferida al Poder Legislativo.
  • Los cuestionamientos de las comparecencias deben guiarse por criterios como claridad, objetividad y pertinencia.

 

El desarrollo de comparecencias constituye una herramienta a disposición de los legisladores para la obtención de evidencia que les permita evaluar la toma de decisiones de los funcionarios públicos, así como determinar la idoneidad de las y los candidatos para ocupar los cargos cuyo nombramiento o ratificación dependen del Poder Legislativo, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

 

El estudio titulado “La utilidad de las comparecencias ante el Poder Legislativo para la rendición de cuentas”, elaborado por la investigadora Perla Carolina Gris Legorreta, explica que este tipo de ejercicios favorece el cumplimiento de la función de escrutinio conferida al Poder Legislativo pues le permiten cuestionar a funcionarios del Ejecutivo sobre las decisiones y acciones emprendidas respecto de un tema de política pública.

 

El documento del IBD sostiene que las comparecencias, además, están previstas en el marco jurídico mexicano como un mecanismo para evaluar la idoneidad de un candidato a un ocupar alguno de los cargos públicos que requieren la aprobación del Legislativo. Esto, apunta la investigadora, permite transparentar la decisión sobre su designación y debatir sobre la pertinencia de los perfiles.

 

De acuerdo con la investigación, los procedimientos establecidos para llevar a cabo estas comparecencias deben favorecer condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas presentes en el espacio legislativo, lo que significa establecer procesos homogéneos para la participación que permitan que todas las visiones estén representadas en la discusión.

 

Otro factor importante, según el estudio, es la calidad de los cuestionamientos que se realizan en las comparecencias. Estos deben guiarse por criterios como claridad, objetividad y pertinencia que promuevan que las respuestas que se obtengan constituyan evidencia relevante para que las y los legisladores adopten una postura informada sobre el tema de análisis

 

La investigación completa del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4444

 
bibliodigitalibd.senado.gob.mx
El desarrollo de comparecencias constituye una herramienta a disposición de los legisladores para la obtención de evidencia que les permita robustecer la toma de decisiones.
Domingo, 05 Mayo 2019 03:03

Desaparecen al Estado Mayor Presidencial

  • Con el cambio de administración, quienes lo conformaban regresaron a sus unidades de origen de las Fuerzas Armadas.

En votación nominal, con 108 votos, cero en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general y lo particular derogar diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para desaparecer al Estado Mayor Presidencial. 

Los elementos de este cuerpo deberán ser reincorporados a sus unidades de origen de las Fuerzas Armadas, conservando su antigüedad, rango y prestaciones. La documentación generada por lo anterior deberá ser concentrada en los archivos de cada dependencia, según corresponda. 

El senador Dante Delgado Rannauro, de MC, subió a tribuna para presentar la adición de un artículo cuarto transitorio al dictamen correspondiente, para permitir que la Secretaría de Seguridad Pública conforme un cuerpo de seguridad especializado en la protección del Presidente de la República y para mantener la seguridad de las instituciones. 

Insistió en que es necesario que las Fuerzas Armadas continúen brindando seguridad al Presidente de la República, sobre todo por la violencia en los últimos años. 

El senador José Félix Salgado Macedonio, de Morena y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, agradeció al Senado de la República por permitir que desaparezca el Estado Mayor Presidencial, y coincidió con el planteamiento del senador Dante Delgado. 

Desde su escaño, el senador Santana Armando Guadiana Tijerina, de Morena, expresó su apoyo a la adición presentada por el senador de MC, al justificar que los elementos del Estado Mayor Presidencial tienen experiencia y capacitación adquirida. 

En votación económica se aprobó incorporar al dictamen la propuesta. 

En el documento se establece que las dependencias del Poder Ejecutivo que guarden relación con la operatividad del Estado Mayor Presidencial contarán con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la publicación del decreto, para llevar a cabo las adecuaciones jurídicas y administrativas requeridas para darle cumplimiento. 

Atendiendo al cambio de administración, el personal que realizaba funciones en el cuerpo del Estado Mayor Presidencial, de manera operativa, ha regresado a las funciones inherentes a su cargo original. 

No obstante, este cuerpo del Ejército seguía en la legislación, por lo que fue adecuado el texto de la Ley con la realidad fáctica. 

El dictamen que deroga la fracción III del artículo 14; el artículo 15; la fracción I del artículo 103; los artículos 104 y 105, de dicha Ley, aprobado en lo general y en lo particular con la adición del citado artículo cuarto transitorio, fue turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la LVI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

A la reunión con mandatarios estatales asistieron integrantes del Gabinete.

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