Oro Solido

Oro Solido

La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Décimo Cuarta Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, Chiapas y en coordinación con la Secretaría de Relacines Exteriores, Policia Federal y el Instituto Nacional de Migración continúa brindando apoyo de Ayuda Humanitaria en la Fronte Sur, con el fin de apoyar al flujo migratorio que está ingresando al país.
 
Cabe señalar que se encuentran desplegados mas de 300 elementos pertenecientes a esta institución, y al momento se han proporcionado los siguientes apoyos:
Se establecieron dos albergues 
Una cocina móvil
Mas de 160 consultas médicas dando prioridad a mujeres y niños. 
Se han servido mas de 940 raciones preparadas
Se ha repartido mas de 2.5 toneladas de víveres.
Se da atención médica en grupos de 40 migrantes (primer día se dieron más de 160 consultas y hoy van 94) en casos de deshidratación y dolor de piernas principalmente
 
También, se informó que el Personal Naval únicamente se encuentra desarrollando funciones de Ayuda Humanitaria, no asi funciones de seguridad en dicha zona, por lo que no porta armamento orgánico, encontrándose plenamente identificado con la casaca de MARINA.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal presentará, en esta semana, una iniciativa que reforzará los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con las llamadas empresas “fantasma”. 

Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se han identificado al menos 6 mil 500 empresas de este tipo en el país que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Ante este panorama, Monreal Ávila propuso modificaciones al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

El documento establece la prohibición de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas que el SAT haya identificado como entidades irregulares, conocidas como empresas “fantasma”. 

Con la iniciativa del presidente de la Junta de Coordinación Política se amplía el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas. 

Actualmente, la Ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La reforma que se propone incorpora a sus homólogas de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, sus dependencias y entidades, señaló. 

Además, dijo, de la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los poderes Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente público sobre el que tenga control alguno de los poderes y órganos públicos. 

Las modificaciones legales, explicó, permiten la creación de un padrón único de contratistas y de proveedores “confiables” que tendrán el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales con las capacidades legales, técnicas y administrativas y, al mismo tiempo, podrán prevenir e identificar actos u omisiones irregulares e ilícitas en el marco de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos. 

Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se traten de organizaciones ficticias o “fantasma”. Se solicita entreguen diversa información específica, entre la que destaca: alta ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público, registros ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Infonavit, así como estados financieros auditados y el inventario de maquinaria y equipos disponibles, entre otros, abundó. 

El legislador de Morena mencionó que se impulsarán mecanismos de transparencia, ya que la reforma establece que las personas que deseen participar en procedimientos de licitación deberán dar su consentimiento para que el Sistema de Administración Tributaria publique en su página de internet la información de éstas. 

Ricardo Monreal señaló que el nuevo marco jurídico contempla incrementar las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente; y para quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad, o incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida. 

Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, destacó.

Las reformas plantean que no podrán celebrarse contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT, como incongruencias o falsedad en el domicilio fiscal declarado, entre los activos, personal, infraestructura o capacidad material, o datos que no concuerden entre los ingresos facturados y los declarados. 

Monreal Ávila explicó que con la iniciativa los proveedores o contratistas que deseen beneficiarse de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, deberá autorizar el SAT  publicar su información en la página electrónica del ente de fiscalización, a efecto de ser consultada y analizada por las dependencias y entidades contratantes, así como por la ciudadanía en general.

 

  • México pierde 255 mil 500 hectáreas de bosque al año.

La senadora Susana Harp Iturribarría propuso que el Senado de la República solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), fortalecer las estrategias y acciones para reducir la tala ilegal de los recursos forestales en el país.

Asimismo, para que incremente el presupuesto para el combate a la tala ilegal a nivel nacional e instrumente campañas que informen de los efectos nocivos que producen al medio ambiente la explotación irracional de los recursos madereros.

La legisladora de Morena también exhortó a la PROFEPA a revisar la Norma Mexicana sobre los contenidos del manejo forestal y el aprovechamiento de los recursos de estos ecosistemas.

Al presentar el punto de acuerdo, a nombre del senador Ricardo Monreal, dijo que la tala ilegal y la deforestación constituyen dos de los más graves riesgos que afronta el medio ambiente y un peligro permanente para una gran variedad de especies de flora y fauna.

Indicó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) infirmó que, de 1990 a 2015, México tuvo una pérdida de bosque de 255 mil 500 hectáreas por año, superficie equivalente a los territorios de Chihuahua y Chiapas juntos.

Comentó que si bien los fenómenos ocasionados por el cambio climático afecta a los bosques y selvas, la principal razón se encuentra en la explotación inmoderada de los recursos forestales por la actividad agropecuaria y el desarrollo urbano no planificado.

Susana Harp señaló que no se le ha prestado la atención suficiente al problema de la deforestación. La tala ilícita constituye un problema asociado, incluso, a bandas criminales y a la explotación de los recursos bajo criterios mercantiles, sin importar el cambio de uso de suelo, su degradación o contaminación, abundó.

Refirió que entre un 30 y un 50 por ciento de la madera que se comercializa en el país, es de procedencia ilegal, por lo que es indispensable encontrar nuevas fórmulas para combatir esta práctica en virtud de que las acciones emprendidas por la PROFEPA son insuficientes.

El punto de acuerdo se envió a las Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

El Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, presidido por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, llama al gobierno federal a respetar los derechos humanos de las y los migrantes centroamericanos que cruzaron la frontera sur de México.

Asimismo, las y los integrantes de dicho órgano legislativo exigimos a las autoridades que pongan en marcha las acciones necesarias para responder con solidaridad a estas dinámicas de desplazamiento, en donde el objetivo común es el bienestar de las personas. Entre las acciones que deberá implementar destaca agilizar el otorgamiento de  visas humanitarias, para garantizar un trato digno durante su estancia en el país.

La vocación solidaria de nuestro país es, sin duda, una característica que lo ha distinguido en el concierto de naciones, por eso es que apelamos a la sensibilidad de los gobiernos federal, estatales y municipales para que, dentro del ámbito de sus competencias, faciliten asistencia legal y social a los migrantes.
Demandamos al gobierno mexicano proteger la integridad de las y los migrantes hondureños que tratan de llegar a Estados Unidos vía México, en particular de las niñas, niños, adultas y adultos mayores, quienes se han visto en la necesidad de dejar su país de origen para buscar mejores condiciones de vida. 

Nos unimos al llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  al recordar que todas y todos los migrantes, con independencia de su estatus migratorio, situación o forma de llegar a la frontera y del lugar de donde proceden, tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos y los Estados tienen la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento. 

Las y los integrantes del Comité nos pronunciamos por no criminalizar la migración y no vulnerar los derechos humanos, respondamos eficaz y éticamente ante la migración. 

Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura

Los países que prohíben el castigo físico a los niños tienen menos violencia juvenil

 Javier Peláez,Yahoo Noticias jue., 18 oct. 7:52 AM CDT 

Ante la llegada de migrantes centroamericanos a México que buscan cruzar la frontera norte  hacia Estados Unidos, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que fomentará el diálogo a fin de respetar los derechos humanos y mantener una sana relación con el gobierno estadounidense.

“Estoy seguro que vamos a lograr un buen entendimiento. En la reunión de hoy con el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Michael Richard Pompeo, y Marcelo Ebrard, creo que van a salir cosas buenas. Así lo deseo porque hay disposición de nosotros para que haya un arreglo”, expresó.

Tras la reunión con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que confía en que el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, impulse el fortalecimiento de la política exterior y soluciones para quienes migran desde Centroamérica.

“Tengo mucha confianza en los buenos oficios de Marcelo Ebrard, por eso está ahí, entiende esa tarea y va a saber desempeñarla (…) él sabe lo que tiene que hacer. Vamos a esperar. Él sabe que nosotros vamos a defender los derechos humanos”, subrayó.

En las negociaciones, dijo, el próximo gobierno buscará que Estados Unidos, Canadá y México participen en una inversión conjunta de alrededor de 30 mil millones de dólares para el desarrollo de proyectos productivos y generación de empleos en el país y Centroamérica como estrategia de contención del fenómeno migratorio.

“No queremos acciones temporales porque si no se atiende el problema de fondo,  la gente siempre va a buscar la posibilidad de mejorar. La gente no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad”, remarcó.

Afirmó que el diálogo del gobierno electo respetará la actuación de la actual administración federal hasta su último día de gobierno.

“Son los que gobiernan hasta finales de noviembre, ya el día 1 de diciembre inicia una etapa nueva”, remarcó.

López Obrador aseguró que están garantizados la disponibilidad de recursos y los empleos para mexicanos y migrantes. El programa “Sembrando Vida”, por ejemplo, abrirá 400 mil espacios laborales en la plantación de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en la zona sur sureste.

“Va a haber mucho trabajo en el sur sureste. Es un plan de creación de cortinas para ir reteniendo a los mexicanos y también a los centroamericanos en sus pueblos, en sus regiones. Que nadie se vea obligado a migrar, es el propósito”, puntualizó.

El presidente electo confió en la solidaridad de los habitantes de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Campeche con los pueblos de América Central; “la gente es muy solidaria, muy fraterna. Alcanza para todos cuando hay fraternidad”.

El senador Martí Batres presentó una iniciativa para que cada escuela de nivel básico y medio superior cuente, al menos, con un profesional de trabajo social para que atienda a individuos o grupos que enfrenten problemas de índole social, académico o acoso escolar. 

Conviene a México fortalecer esta profesión y, particularmente, su interés en las dificultades que aquejan a la infancia y a la juventud en las escuelas, asentó el legislador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Mesa Directiva del Senado. 

Por su formación, destacó, los trabajadores sociales están capacitados para diagnosticar y brindar propuestas de atención o solución a problemáticas sociales que se generan en entornos laborales, comunitarios, escolares y familiares. 

Batres Guadarrama consideró necesario que en cada escuela exista un espacio para estos profesionales, que tenga como función plantear propuestas y soluciones a procesos sociales vinculados al autoritarismo, discriminación, rechazo, estigmatización, violencia y acoso, entre otros, 

Mediante la incidencia colectiva que tenga el trabajo social en los centros escolares, afirmó el senador, el sistema educativo se podrá transformar y, al mismo tiempo, considerar a los estudiantes como sujetos participativos que construyen realidades y cambian sus entornos comunitarios. 

Bajo estos argumentos, propuso reformar los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a fin de reconocer la figura del Trabajador Social como elemento indispensable en las escuelas del nivel básico y medio superior. 

Sugirió que este profesional tenga formación teórica interdisciplinaria de carácter humanista, con profundo respeto por la dignidad de todas las personas, con capacidad para contribuir al bienestar social del estudiante, su familia y comunidad, así como para favorecer su desarrollo sociocultural y económico. 

El senador agradeció la presencia de alumnos, trabajadores y profesores de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, por cederle su turno para presentar dicha modificación. 

El proyecto se envió a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

·        Fundamental que se garantice la igualdad sustantiva y el compromiso irrestricto a los derechos de las mujeres 

Senadoras de la República e integrantes de la asociación “Mujeres de Avanzada” se reunieron este jueves para impulsar una agenda que permita abordar los temas fundamentales en materia de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. 

La asociación integrada por congresistas, ex legisladoras y organizaciones civiles, anunciaron que buscan trabajar de manera conjunta con la próxima secretaria de Gobernación, senadora Olga Sánchez Cordero Dávila. 

Entre los temas que destacaron se encuentra: violencia política, acoso sexual, igualdad laboral, educación como medio para impulsar la paridad, legalización de la mariguana y el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones. 

En tanto, la ex ministra Olga Sánchez Cordero Dávila dijo que el Estado mexicano no ha sido capaz de dar respuesta a todas las situaciones que transgreden, afectan y lesionan los derechos de las mujeres. 

Señaló que no debe haber colores ni partidos, sino el objetivo común de garantizar los derechos de las mujeres. Indicó que como próxima secretaria de Gobernación tendrá que abordar muchísimos temas, pero remarcó que uno de los más importantes será este. 

“Para mi es una triple responsabilidad llegar como la primera mujer a la Secretaría de Gobernación, porque no solamente es todo lo que implica la violencia en la que vivimos y la falta de oportunidades, sino el compromiso irrestricto con los derechos de las mujeres”, manifestó. 

Aseguró que para garantizar la gobernabilidad del país se debe eliminar la violencia de género e impulsar una cultura de la paz. “Estamos conscientes de que ancestralmente hemos sido discriminadas, subordinadas bajo una situación histórica patriarcal donde no hemos tenido un lugar igualitario”. 

Dijo que para que el Estado brinde una respuesta completa, tienen que estar involucrados todos los sectores y actores, que sea impulsada desde el Legislativo; “por eso tenemos que caminar juntas, para transformar el país, con, por y para las mujeres, porque yo sola no puedo”. 

La presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, indicó que se tiene que trabajar por la autonomía física, económica y de toma de decisiones de todas las mujeres.

Precisó que estos ejes están encaminados a garantizar los derechos que tienen que ver con el cuerpo y el bienestar social, los salarios y prestaciones y la participación política, para garantizar la igualdad sustantiva. 

Rocío Abreu, senadora del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que se buscará legislar en materia de acoso político a las mujeres, y solicitó el apoyo de las representantes de asociaciones de mujeres para plantear una iniciativa en conjunto y consensada. 

Propuso realizar un taller en el Senado de la República para conjuntar todas las ideas y hacer una propuesta para hacer modificaciones en materia federal. 

La senadora Nuvia Mayorga, del Grupo Parlamentario del PRI, expuso que sólo 52 por ciento de las mujeres participan en el mercado laboral, frente al 78 por ciento de los hombres; y también representan 70 por ciento de la población mundial que se encuentra en situación de pobreza extrema.  

En el país, 23 por ciento de las mujeres ocupadas trabajan por cuenta propia; 2.3 por ciento son empleadoras; y 7.5 por ciento no reciben remuneración por su trabajo. Además, dos de cada tres mujeres ocupadas son subordinadas, y de ellas, 37 por ciento no cuentan con un acceso a servicios de salud, como una prestación laboral, detalló.

 

Por Verónica Méndez /WRadio 
 
Mexico.-  Aunque todos los partido políticos manifestaron su indignación y enojo por las amenazas de Donald Trump a la caravana de migrantes hondureños a la hora de fijar un posicionamiento oficial de la Cámara Alta para que Mexico garantice su seguridad, el punto de acuerdo se mando a congelar. 
 
Y es que senadores rechazaron considerar de urgencia un exhorto al gobierno mexicano para que garantice la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los cientos de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos.
 
La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, subió el punto de acuerdo al pleno argumentado que México debe dejar de ser “tapete” de Donald Trump y brindar el apoyo y protección a los migrantes centroamericanos que vienen huyendo de la pobreza, la inseguridad y la violencia. 
 
Sin embargo, a la hora de votar si el punto era de urgencia, con 40 votos a favor, 28 en contra y siete abstenciones se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 
Los priistas en voz de Vanesa Rubio, manifestaron su apoyo al punto a favor de los migrantes, aunque pidió que se eliminaran algunos calificativos. 
 
Contrario a este tema, los senadores consideraron de urgencia y hasta votaron a favor el punto de acuerdo del morenista Felix Salgado Macedonio para reabrir el caso de la muerte de Luis Donaldo Colosio.
 
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, condenó el rechazo de la mayoría morenista al punto para apoyar a migrantes y les reclamó: “como es posible rechazar el punto de los migrantes y mejor reabrir un caso de más de 20 años”.

*La senadora Susana Harp presenta iniciativa para reconocer en la Constitución a los pueblos afrodescendientes.

 

En el del Día Nacional Contra la Discriminación, en el Senado de la República fue inaugurada la exposición fotográfica “Afroméxico”, que exhibe el trabajo de cinco artistas visuales que retrataron la cultura de las comunidades afromexicanas del país.

 

El presidente del Senado de la República, Martí Batres, asentó que en nuestro país se tiene “una gran deuda en el reconocimiento de la cultura afromexicana”, una comunidad prácticamente invisibilizada durante cientos de años.

 

Dijo que se han cristalizado visiones y teorías sobre el mestizaje que excluyen completamente a los afrodescendientes que viven en México y “parecería que no formaron parte de la composición de nuestra nación”.

 

“No disfrutaríamos la música, el baile que disfrutamos” en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y en otros lugares del norte del país, sin la contribución de esta comunidad

 

Celebramos que hoy se inaugure esta exposición, con la participación del titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc.

 

 En el acto, la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribaria, resaltó que en su estado, Oaxaca, hay muchas comunidades afrodescendientes que han solicitado que las personas afromexicanas sean incluidas en la Constitución.

 

La senadora de Morena anunció que presentará una iniciativa para lograr la visibilización de los pueblos afromexicanos, a la que ahora aportan los fotógrafos que participan en la exposición.

 

Los senadores, agregó, tenemos que ser la voz de lo que ellos necesitan y arropar las voces de quienes decidan sumarse, junto con el Conapred, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los organismos de la Sociedad Civil, entre otros.

 

Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred, apuntó que la agenda pendiente con los pueblos y comunidades afromexicanas es larga, pues aún no se les ha dado el reconocimiento constitucional que merecen.

 

Felicitó al Senado por la inminente presentación de una iniciativa en la materia, a través de la senadora Susana Harp. Asimismo, señaló que existen deudas en materia de desarrollo social, de políticas educativas, de representación política, de consulta a las comunidades afromexicanas en las políticas y proyectos que les conciernen.

 

En una fecha tan importante, aseguró, se debe poner el dedo en el renglón por los millón y medio de personas afromexicanas -según la encuesta intercensal 2015-, merecen ser reconocidas por la Constitución y por políticas y leyes específicas que reconozcan sus derechos y que fortalezcan su acceso a ellos.

 

A la inauguración de la exposición, que consta de 48 fotografías, asistió la fotógrafa Blanca Charolet López en representación de los artistas visuales, así como senadores de diversos Grupos Parlamentarios.

 

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