18 de diciembre del 2014

El Senado aprobó por unanimidad, con 93 votos, aplazar la entrada en vigor de la Ley de Justicia para Adolescentes hasta el 18 de junio de 2016, a fin de que se armonice con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En 2012 se aprobó la Ley de Justicia para Adolescentes, y se estableció en sus artículos transitorios que entraría en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el próximo 27 de diciembre.

En el dictamen se explica: “Estimamos que lo más conveniente en materia de justicia para adolescentes es que sus términos de operación y entrada en vigor se homologuen con los del procedimiento penal contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Agrega que otras circunstancias impedirían la correcta aplicación de la ley para adolescentes: la falta de una normatividad secundaria y de las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, para crear las unidades administrativas especializadas necesarias.

El documento aprobado recuerda que las funciones en esta materia estaban a cargo de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Respecto a la capacitación de los servidores públicos que se encargarán de aplicar la ley, no se registran los avances suficientes que permitan tener la confianza de que la aplicación se llevará a cabo con el respeto de los más altos estándares en materia de derechos humanos y de justicia para adolescentes.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, dijo que la prórroga permitirá redactar una nueva Ley de Justicia para Adolescentes que esté totalmente armonizada, tanto con el sistema acusatorio-oral como con los preceptos internacionales en esa materia.

Se logrará, subrayó, que exista un solo sistema nacional que garantice la aplicación del sistema de justicia para adolescentes infractores, totalmente armonizada, como lo establece la Convención sobre Derechos de la Niñez y las normas de Naciones Unidas para adolescentes que infringen ordenamientos penales.              

 

18 de diciembre del 2014

A más de 30 años de su promulgación, el Senado de la República derogó la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978.

Al respecto, el Senado analiza la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los grupos u organizaciones denominados Autodefensas o Policías Comunitarias del estado de Michoacán, propuesta por senadores del PAN, PRD y PT.               -.-

La Ley de Amnistía, señala el dictamen avalado por 79 votos, reincorporó a la vida pública a integrantes de grupos disidentes y fue aplicada a hechos y situaciones que le dieron origen, por lo que cumplió con el objetivo planteado en su momento y su prevalencia en el sistema jurídico mexicano es irrelevante.

En el caso de existir alguna situación en que pudiera aplicarse, su persecución por parte de las autoridades ministeriales sería materialmente imposible, ya que el Ministerio Público de la Federación no podría recopilar la evidencia o pruebas necesarias para probar la culpabilidad de una persona por delitos que se hubieran cometido hace más de 35 años.

En el dictamen, se expone no se viola ninguna disposición constitucional con la abrogación de la Ley, pues la que quedaría vigente beneficia a quienes participaron en el levantamiento zapatista.

La Ley se insertó en una etapa difícil de la historia reciente de México, la cual ha sido llamada por los estudiosos del tema, como “la guerra sucia” o “la guerra de baja intensidad”, cuando en la década de los 60, aparecieron grupos armados de reivindicación social-política.

En este contexto, la Ley de Amnistía de 1978 buscó una salida y un olvido a esa penosa etapa de la historia nacional, perdonando los delitos que hubiesen sido cometidos por causas políticas, por todos aquellos que hubieren participado en esos movimientos.

Finalmente, los legisladores dejaron claro en el dictamen la necesidad de crear una legislación nueva, que contemple la situación política actual del país.

             

En el marco del Día Internacional del Migrante, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que México está comprometido con la defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes, tras reconocer su importancia y contribución al desarrollo económico, social y cultural de los países de origen y destino.

“Se deben fortalecer todos los esfuerzos para que los trabajadores migrantes puedan ejercer cabal y totalmente sus derechos laborales y todos los derechos a favor de su integridad, dignidad, seguridad física y desarrollo humano”, apuntó.

En el ámbito de las migraciones laborales, aseguró que la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado acciones como la firma de una Declaración Ministerial Conjunta con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que establece medidas para asegurar que los trabajadores mexicanos que solicitan visas para laborar en los sectores agrícola y de servicios de Estados Unidos, tengan una protección total, oportuna y eficaz de sus derechos laborales.

Navarrete Prida destacó que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, programa que recluta, selecciona y promueve la vinculación de trabajadores agrícolas a granjas canadienses que ofrecen una alternativa de ocupación segura, colocó este año a 19 mil 829  trabajadores agrícolas en provincias canadienses, de los cuales 14 mil 955 (75.4 por ciento) son nominales, es decir, han sido requeridos por su empleador en más de una ocasión.

Otra de las acciones implementadas con éxito a favor de los trabajadores migrantes fue la firma de una Carta de Intención entre la STPS y el Gobierno de California, en la que se comprometieron a trabajar de manera coordinada para proteger los derechos de los trabajadores temporales mexicanos en ese Estado, a través de un Programa Piloto Voluntario que ayude a evitar abusos en el reclutamiento de trabajadores temporales mexicanos con Visas H-2.

Cabe destacar que el encargado de la política laboral del país sostuvo reuniones de trabajo dentro del marco de la III Reunión de Ministros Iberoamericanos de Trabajo con sus homólogos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, con quienes acordó trabajar en la construcción  de un proyecto migratorio laboral para la región.

También, el Secretario Alfonso Navarrete Prida firmó un Acuerdo de Cooperación Laboral con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, cuyo propósito es el análisis, diseño e instrumentación de políticas de protección a los trabajadores migrantes.

Asimismo, inició un Proyecto Piloto de Reinserción de los migrantes de retorno al mercado laboral nacional, en el marco del Proyecto “Fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe para establecer modelos de gestión sobre migración y políticas de desarrollo”.

“Con estas acciones el Gobierno de la República reafirma su compromiso con una nueva visión sobre la migración internacional, a partir de una profunda comprensión del fenómeno, que considere sus causas, efectos y sobre todo que reconozca la importante contribución de los migrantes. Todo esto, desde una perspectiva de la defensa de los derechos laborales y poniendo en el centro de toda política pública al trabajador” afirmó el Secretario Alfonso Navarrete Prida.

El diputado Alejandro Ojeda pidió que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investigue a fondo el homicidio de Angélica Trinidad Romero Severiano, empleada de la tienda Liverpool de Perisur.

El hecho donde murió por asfixia la joven mujer de 24 años dentro de la tienda departamental, según confirmaron las autoridades, se suscitó el pasado 15 de noviembre y desde entonces Liverpool, pretende ocultar el crimen de esta joven trabajadora y madre.

El legislador mencionó que se llegó al colmo de que el departamento jurídico contrató al médico Mariano Espinosa Morelos, quien determinó que la joven había muerto por infarto.

Sin embargo, en la ampliación al protocolo de necropsia realizado por el Instituto de Ciencias Forenses, se determinó que la congestión visceral generalizada que presentó Romero se debió a una asfixia por estrangulamiento y tenía también golpes.

Consideró el diputado que ante estos hechos, la tienda deber ser verificada y suspender actividades hasta que se aclaren los hechos, para ello el cateo para extraer los videos y demás evidencias es imperativo para dar certeza a las autoridades tengan de que no se hayan ocultado otros delitos de los que no se tenga conocimiento.

Por medio de redes sociales, familiares de la víctima dieron a conocer los hechos y denunciaron que empleados de la tienda retiraron el cuerpo el domingo 16 de noviembre.

A partir de este hecho, salieron a la luz nuevas denuncias, como el hostigamiento de la gerencia de recursos humanos a las y los trabajadores de la tienda;  así como despidos injustificados, sin indemnización de ningún tipo, salarios de miseria, pese a que la cadena de tiendas se presume como una empresa que ofrece servicios de lujo y para consumidores de alto poder adquisitivo.

El diputado Ojeda señaló que en clara violación a la dignidad de sus empleadas, la política de Liverpool establece la obligatoriedad de usar faldas para las trabajadoras, convertidas en una mercancía más para mostrar. La discriminación, en todas sus formas: por no cumplir con el canon de belleza imperante (blanca, delgada, de facciones que tiendan a europeo), por orientación sexual (el caso de una trabajadora que sufrió acoso por ser lesbiana).

El presunto crimen generó molestias y el pasado 17 de diciembre hubo manifestaciones de repudio en contra de Liverpool.

Por tal motivo el asambleísta del PRD llamó a la PGJDF a realizar las indagatorias para que se deslinden responsabilidades, porque este crimen no puede quedar en la impunidad.

Consideró que habría que revisar la actuación de la empresa porque hasta ahora sólo se ha empeñado en ocultar la información de la muerte de la empleada, mostrando poca disposición a colaborar con las autoridades.

Demandó que el Instituto de Verificación Administrativa del DF (INVEA) y las autoridades laborales realicen una revisión sobre las condiciones laborales en que se encuentran los trabajadores.


Manifestó que es inadmisible que un particular como Liverpool pretenda jugar al Ministerio Público y decida que hechos son y no son delitos.

Subrayó que quienes tomaron la decisión de ocultar los hechos deben ser sancionados, así como la empresa dueña de la tienda.

México, D.F., 17 de diciembre de 2014

La productividad debe ser la palanca para mover a México hacia mejores niveles de igualdad, desarrollo y crecimiento económico sostenido, afirmó el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, durante la presentación del Programa Estatal de Productividad, Entrega de Maquinaria y Equipo a Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia en el Estado de México.

 Explicó que el Programa presentado por el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, es un instrumento base para dar un mayor impulso a la productividad y al empleo de calidad en cada municipio y región en todas las ramas de la actividad productiva de la entidad.

 “La productividad nos debe llevar a una mayor competitividad, a mejores salarios, mejores ingresos y mejores niveles de vida”, aseguró el Secretario Alfonso Navarrete Prida.

 El titular de la STPS destacó que desde hace más de 20 años se ahondó la brecha de desequilibrios en el ingreso de los trabajadores, no obstante, algunos estados como el mexiquense tuvieron la capacidad para ser más productivos, más competitivos y ser líderes en determinados sectores a nivel mundial.

 “Somos el segundo productor de vehículos del mundo, la clase obrera mexicana productora de vehículos es la segunda más competitiva a nivel mundial. En el tema de las manufacturas este estado se distingue, igual somos, quizá, el país más competitivo para traer la manufactura del mundo entero. Lo mismo podríamos decir del sector de la minería”, señaló.

 Al tiempo, enfatizó el compromiso del Gobierno Federal para que todas las entidades federativas ofrezcan mayores oportunidades de desarrollo a sus habitantes, por lo que los esfuerzos se han centrado en abatir el rezago económico principalmente en los estados del sur del país.

 En ese sentido, Navarrete Prida afirmó que las grandes Reformas Estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto permitirán a todos los estados del país alcanzar su mayor potencial. “Cambiamos en dos años más de cien años de historia, lo que obliga a reajustar el perfil del país y voltear la cara a donde no se quería voltear”, subrayó.

 El encargado de la política laboral del país, aclaró que elevar y democratizar la productividad, no es un asunto que competa sólo al gobierno, empresarios y trabajadores, sino que es un tema que involucra a toda la sociedad en su conjunto.

 Por todo lo anterior, el Secretario Alfonso Navarrete Prida auguró un gran éxito al Programa de Productividad mexiquense, por las condiciones tan favorables de la entidad, como el hecho de que sea la que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cuenta con la mayor fuerza laboral de México, con más de 6.8 millones de personas ocupadas y que 12 de cada 100 empresas del país están asentadas en esa región.

 “Es una Entidad que muestra uno de los más altos niveles de productividad a nivel nacional con un incremento de 7 por ciento en la productividad laboral del Segundo Trimestre de 2013 al Segundo Trimestre de 2014”, subrayó.

 El Secretario del Trabajo Federal también informó que el Estado de México ocupó este año el 8º lugar en la evaluación de la operación del Servicio Nacional de Empleo; que este año registró la creación de 65 mil 216 empleos, casi el doble de los generados en 2013 y que más del 50 por ciento de sus trabajadores pertenecen a alguna organización o federación obrera

 En su participación, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, subrayó el orgullo que generó a la sociedad de la Entidad que gobierna, la condecoración que recibió el Secretario del Trabajo  y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida de la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil de la Corona Española.

 “No hay duda que esta condecoración es un reconocimiento a la política pública que impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto y a las reformas transformadoras que ha impulsado, pero también, señor Secretario, es un reconocimiento a su trabajo, a su labor y a su entrega cuyos resultados los hemos visto claramente con acciones y programas. Nos sentimos muy orgullosos de usted porque su trabajo es reconocido en México y fuera de México”, aseguró.

 Asimismo, agradeció el apoyo que el Gobierno Federal y en especial la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han dado a la entidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

 En el evento estuvieron presentes Francisco Javier García Bejos, Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México y presidente del Comité Estatal de Productividad;  Jorge Omar Velázquez Ruiz, Presidente del Congreso Laboral del Estado de México; Francisco García Romero, Presidente del Congreso del Trabajo del Estado de México; Francisco Cervantes Díaz, Consejero Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México.

 Además, la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Patricia Martínez Cranss; Juan Manuel Martínez Nava, Delegado Federal del Trabajo en el Estado de México; Roberto Ruiz Ángeles, Secretario General de la Confederación Mexicana Sindical; Armando López Salinas, Director General de la Previsión Social y Titular del Servicio Nacional de Empleo del Estado de México y David Kaplan, especialista senior en Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo.

 

 

15 de diciembre de 2014

Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como testigo de honor, el escritor y poeta chiapaneco, Eraclio Zepeda Ramos, fue galardonado con la Medalla Belisario Domínguez, por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, en representación de este órgano legislativo.

Durante su discurso de agradecimiento, Zepeda advirtió que se ha desatado una crisis social que la sociedad rechaza y padece; y las protestas han crecido en violencia.

“Es dolorosa e inaceptable la desaparición de los jóvenes normalistas, pero hay que reconocer también que el gobierno ha desplegado una enorme fuerza de búsqueda y de investigación, sin límite de esfuerzos de todo tipo”, agregó.

Sostuvo que, por grande que sea el dolor, el crimen no se combate con más crimen; y consideró inaceptable la arbitrariedad, la violencia, la destrucción de instituciones y propiedades de particulares, y el acoso, al grado de poner en peligro su propia integridad.

El escritor pidió fortalecer la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia; que las diferencias de ciudadanos con el gobierno, o entre partidos, no impidan sumar fuerzas “capaces de avanzar hacia la democracia”; y exigió transparencia en las decisiones de la clase política; escuchar la opinión popular; proteger la convivencia nacional; combatir la ilegalidad y la corrupción, y respeto a los derechos humanos.

A su vez, el senador chiapaneco, Zoé Robledo Aburto, llamó a sanear los mecanismos de acceso al poder “para que no se haga política con dinero, ni dinero con la política”. Señaló además que el poder no es patrimonio personal de los políticos, licencia de impunidad, o patente de privilegios.

A partir de la premisa “sin transparencia no hay democracia”, propuso tres compromisos a los tres poderes y en los tres niveles de gobierno: hacer públicas la declaración patrimonial en versión pública; la declaración de impuestos de los últimos cinco años; y la declaración de intereses.

“Empecemos ya porque si no lo hacemos abrimos la posibilidad de que las libertades sigan tutelando la impunidad y que la democracia se prostituye en el altar de las ganancias. Empecemos ya”, exhortó.

Al comienzo de la ceremonia, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria de la Mesa Directiva, dio lectura a la histórica proclama del doctor y senador Belisario Domínguez.

A la sesión solemne, en la antigua sede de la Cámara de Senadores, asistieron senadoras y senadores, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Tomás Torres Mercado; el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello; y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

También los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer; el rector de la UNAM, José Narro Robles; y el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht.         

  15 de diciembre de 2014

Con motivo de la conmemoración de los cien años de la expedición de la Ley Agraria, el Pleno del Senado de la República declaró el “2015, Año de la Ley Agraria”, así como diversas acciones para reconocer el legado de lucha y justicia en el sector.

A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se solicitan al Ejecutivo federal acciones para la conmemoración del Centenario de la promulgación de la Ley Agraria, el 6 de enero de 1915: la emisión de una moneda conmemorativa y de estampillas postales referentes a esta legislación.

También solicitan a los titulares de Ejecutivo federal, al Poder Judicial y al Congreso de la Unión que se inscriba en todos los documentos, oficios y comunicaciones oficiales que se emitan durante el año siguiente, la leyenda “2015, Año de la Ley Agraria”.

En el caso de la Lotería Nacional, se pidió la emisión de billetes de lotería alusivos a la promulgación de la Ley.

El senador Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que la Ley fue un ordenamiento legal nacional que rescató los objetivos esenciales de la Revolución y la Independencia, de una justa distribución y repartición de la tierra. Ésta sentó las bases de lo que posteriormente se plasmó en la Constitución de 1917, agregó.

La senadora Mely Romero Celis, también del PRI, indicó que esta conmemoración es una oportunidad de movilizar al país a favor de nuestras mujeres y de nuestros hombres del campo. Destacó logros, sin embargo, dijo que hay una realidad que debemos abordar: muchas de las mujeres que viven y que trabajan la tierra lo hacen sin condiciones favorables.

El senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que en el sector campesino el gobierno tiene una deuda pendiente por los problemas que aquejan a este sector del país. Llamó a los legisladores para que se aprueben reformas que están pendientes en el Senado y brinden mejores condiciones de vida para quienes viven de este sector.

Su compañero de partido, senador Fidel Demédicis Hidalgo, advirtió que las condiciones del campo son lamentables: con 30 millones de pobres alimentarios, y de esos más de 22 están en el área rural, es decir, donde se producen los alimentos. Por eso llamó a reflexionar sobre las acciones a seguir en temas como la reforma energética, que implica expropiaciones y afectaciones.                   

15 de diciembre de 2014

El Pleno del Senado de la República avaló por mayoría, con 91 votos a favor, una minuta que reforma la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, a fin de favorecer a la industria aérea nacional, a través de normas acordes a los estándares internacionales y de la garantía de una competencia justa, que impulse el desarrollo de este importante sector del transporte.

Las reformas actualizan la legislación en materia de aviación civil y de aeropuertos, con el fin de enfrentar, con un marco jurídico avanzado, las nuevas circunstancias en el sector del transporte aéreo.

Con ello, se pretende establecer una política orientada a la protección contra la competencia desleal, especialmente en el tema de prácticas de cabotaje --transporte aeronáutico-- por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional.

Las adiciones a la legislación en materia de seguridad operacional permitirán contar con reglas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de las aeronaves y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios, de sus bienes, así como la de terceros.

El presidente de la Comisión de Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano Alarcón, expresó que con esta reforma se facilita la operación de la aviación general, de vuelos privados, comerciales y se otorga mayor certidumbre jurídica a los certificados técnicos para talleres de capacitación provenientes del extranjero.

Señaló que se prohíbe el servicio de cabotaje en México, para la aviación comercial o de vuelos privados; también se plantea que los certificados de aeronavegabilidad serán de dos años y la licencia de personal del servicio aeronáutico de tres.

En lo relativo a aeropuertos, se simplifican en la ley los requisitos que se exigen a los aeródromos que están alejados de las ciudades y no representan un peligro para efectos de sus operaciones. Además, está previsto que se revocará la concesión a un particular cuando se niegue a que un tercero preste servicios complementarios o rechace su operación.

La senadora del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, dijo que esta reforma representa un avance importante para la aviación en México, aún a pesar de ello, “sólo es un parche para la problemática del sector de la aviación en el país”.

Expresó que es necesario discutir y establecer una mesa de trabajo con todos los actores involucrados en el sector, a fin de revisar a fondo la política aeronáutica en México. “Lo importante es tener una visión integral de la problemática que el espacio aéreo mexicano está exigiendo en este momento”.

La importancia de este sector en el sistema económico y social radica en que se facilita la movilidad de las personas y los intercambios de bienes, hace posible el acceso a materias primas, mercancías y personas, y el traslado hacia los centros de producción, de trabajo, de ocio o de prestación de servicios, fija el dictamen.

El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

 

11 de diciembre de 2014

Con 98 votos a favor, el Senado avaló un dictamen con el que estará obligado a dar trámite inmediato y preferente al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de tratados internacionales que involucren los derechos humanos, en los términos que dispone el artículo 1° de la Constitución.

Con el aval de los legisladores, la asamblea respaldó el dictamen por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 238, del Reglamento del Senado de la República, que fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, destacó la importancia de que el Senado atienda de manera preferente los tratados internacionales en esta materia, pues se fortalecen las bases establecidas en las reformas que han colocado a México a la vanguardia para defender, hacer cumplir y garantizar los derechos humanos y garantías individuales.

El dictamen refiere que dentro del derecho internacional se establecen las obligaciones que tienen los gobiernos de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.     

El senador José María Martínez, presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, propuso al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, voltear a ver a la familia para restituir la armonía y el Pacto Social, toda vez que la impunidad e inseguridad que prevalece ha diluido la humanidad en nuestro país.


Al inaugurar el Primer Congreso Nacional de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado de la República, José María Martínez lamentó que la Presidencia de la República no esté desarrollando políticas públicas con perspectiva familiar, donde los tres poderes “pudiésemos estar trabajando en el diseño, la implementación y la ejecución de políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria, que robustezcan a nuestra sociedad”.


Ante representantes de diversas organizaciones no gubernamentales que asistieron al Congreso, el Presidente de la Comisión de la Familia, subrayó que actualmente existe un “agotamiento” de la sociedad respecto al Estado Mexicano y sus instituciones.

“Hoy es un momento, una etapa histórica e inédita para nuestro país, ya que hay un agotamiento de la confianza de los mexicanos para con algunas de las instituciones del Estado, hay un agotamiento para con el Estado Mexicano por la falta de sensibilidad, hay un agotamiento en el ánimo y en la confianza de los mexicanos porque está creciendo la impunidad y está diluyéndose la humanidad en nuestro país”, aseveró.

Respecto a la propuesta al Presidente de la República, indicó que el agotamiento de la sociedad, permite a la Comisión de la Familia hacer el planteamiento de ver, desde la familia, al Pacto Social “que México requiere para estar en paz y en armonía”. Pero también, añadió, se debe ver al desarrollo económico, desde la familia, para evitar las nulas oportunidades que hoy los mexicanos se encuentran en materia económica, de empleo y educación.


El senador por el estado de Jalisco, mencionó que se debe hacer de la familia un “sujeto de derecho” con el que el Estado Mexicano se obligue a trabajar de manera integral para la familia, y no a través de individuos.


Reiteró que se debe buscar cómo desde el Estado, los tres poderes pueden trabajar en el diseño, la implementación y la ejecución de políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria para que robustezcan a nuestra sociedad.


Por otra parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Jorge Luis Preciado, aseguró que durante el Congreso se debe abordar el tema de cómo percibimos a la familia hacia el futuro a fin de saber qué modelo de familia se tendrá en México hacia el 2030 o el 2050. “¿Qué tipo de valores vamos a lograr que trasciendan hacia esas generaciones?”, cuestionó.


Preciado Rodríguez externó que en el GPPAN están convencidos de que se debe legislar para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. “Estamos convencidos que debemos atender el cuerpo, pero nunca, nunca, se nos debe olvidar el alma.

Debemos de atender a la sociedad, pero nunca, nunca debemos olvidar a las familias”, subrayó.
Luego de señalar que hablar de la familia no tiene nada qué ver con algún pensamiento conservador, el presidente del Senado de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta, expresó que compartía la iniciativa de la Comisión de la familia y los propósitos del Primer Congreso Nacional de la Familia y Desarrollo Humano.


“Me congratulo con esta iniciativa y que el Senado albergue este primer Congreso Nacional de la Familia, lo comparto y comparto sus propósitos, las aspiraciones que aquí se están construyendo, comparto que el Senado sea útil a la gente, porque cuando hacemos eventos como este, es cuando más nos vemos cercanos a la gente”, finalizó.

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