Comisionados del INAI, asociaciones civiles y legisladores ofrecen propuestas para proyecto de ley.

Diferenciar a los sujetos obligados, ampliar facultades del INAI y eliminar las excepciones de acceso a información clasificada para los comisionados, son algunas consideraciones.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe otorgar la facultad al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para liberar información sin la intervención de otra autoridad, diferenciar a los sujetos obligados y mejorar en el rubro de derechos humanos, coincidieron los comisionados del Instituto, especialistas y senadores en una audiencia pública realizada en el Senado de la República.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo, en relación a las declaraciones del Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, que esa instancia no es la autoridad competente para reconvenir las posiciones de los legisladores federales y, en particular, de quienes promovieron la iniciativa de ley en materia de transparencia.

Enfatizó en que no se le pueden establecer responsabilidades de carácter genérico a la Administración Pública Federal, menos aun cuando su ley orgánica otorga facultades y competencias específicas a cada una de las dependencias que integran el poder Ejecutivo federal.

Señaló que en cuanto a derechos humanos, aún se puede mejorar el proyecto sin que haya controversia entre los órganos autónomos constitucionales, como por ejemplo, entre el Inai y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública servirá como base para el ejercicio del derecho a la información, a fin de que se conozca cómo se ejerce el poder público y las razones por las que se toman las decisiones.

Asimismo, reconoció la labor de los comisionados del INAI, porque la institución determina un parámetro de observación que no se debe ignorar en el Senado, porque de ello depende la existencia, en un futuro, de instrumentos jurídicos e institucionales para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos.

El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, precisó que la negociación y discusión del proyecto se lleva a cabo entre senadores de la República, “para que no quede ninguna duda”.

Detalló que el proyecto incluye a los sujetos obligados, las atribuciones del Inai y obligaciones específicas para el Banco de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.

Además, dijo, incorpora algunas obligaciones para la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las empresas del Estado mexicano y el Fondo Mexicano del Petróleo.

La senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó la importancia de discutir el proyecto “en un marco tan grave”, en el que México puede quedar ante los ojos del mundo como un lugar opaco, porque los ciudadanos no tienen acceso a información de la desaparición de 43 estudiantes.

Coincidió en que la norma debe ampliar y facilitar el derecho humano a la información y solicitó aclarar el artículo 158 del proyecto, para que el Consejero Jurídico del gobierno sea solamente del Ejecutivo federal y no sea “el abogado de la nación”.

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, también del PAN, planteó la necesidad de desarrollar aún más las oblaciones en materia de transparencia para sectores de la Administración Pública Federal, pues no se trata de copiar y pegar las disposiciones de la ley general a la ley federal.

Lizbeth Hernández Lecona, senadora del PRI, consideró que este es un tema de educación, por lo que debe llevarse a niveles básicos para que se entienda la cultura de la transparencia.

Expuso que los órganos de los estados deben legitimar y llevar a cabo esta cultura de transparencia, y de ahí abordar el tema de lineamientos y programas, a fin de homologarlos en la ley general, con el propósito de que la gente entienda los pasos a seguir para dar cumplimiento a esta ley.

Por su parte, Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, expuso que el propósito de los legisladores fue crear una ley especializada en cuestión federal; por lo tanto, lo que no fue contemplado en la general para instituciones o sectores de la Administración Pública Federal, sí debe incluirse en esta nueva pieza legislativa.

Subrayó que los legisladores deben hacer un esfuerzo para que no haya contradicciones en el proyecto, y de esta manera, evitar litigios que vulneren el derecho a la información de los ciudadanos.

En su intervención, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, destacó la necesidad de incluir en la redacción del borrador de la ley general una parte que fue eliminada, respecto a la posibilidad de que el Inai pueda declarar el interés público de la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, aun cuando no exista pronunciamiento previo de la autoridad competente.

Consideró que la definición de cada uno de los elementos de la prueba de daño, limita la posibilidad de interpretación de derecho y su progresividad en un análisis caso por caso; la inclusión de nuevos supuestos de confidencialidad dijo que vulneran los principios y bases de la ley general, y podría derivar en mecanismos para la restricción del derecho a la información.

Dijo que no pueden existir excepciones en el acceso de los comisionados a la información clasificada, como se infiere en el artículo 148 del documento de trabajo; porque en un supuesto, la eventual confirmación de la clasificación devendrá en arbitraria e ilegal.

Renata Terrazas Tapia, investigadora de Fundar, dijo que en el proyecto existen elementos contrarios a los principios desarrollados en la Ley General de Transparencia; además de que hay oportunidades para ampliar la garantía del derecho de acceso a la información.

Propuso que el Inai debería resolver las peticiones de información, y cuando ésta se declare inexistente, girar una instrucción para generarla; también se puede ampliar la información de la condonación y cancelación de créditos fiscales, es decir, incluir la fecha y motivo de éstos.

Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que regular en la ley federal temas como la prueba de daño, el perfil del órgano interno de control, así como aspectos de la organización del Instituto, “pueden ser un riesgo para el acceso a la información”.

Consideró que en este ordenamiento debe quedar explícita la facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), “para poder interpretar, exclusivamente para fines de acceso a la información, violaciones graves a derechos humanos”.

En su turno, Guillermo Noriega Esparza, coordinador del Colectivo por la Transparencia, sugirió ampliar y especificar las obligaciones del Poder Ejecutivo federal y categorizarlas por sector; además de incorporar el concepto de gobierno abierto para cumplir con las expectativas del artículo 59 de la ley general, en torno a la promoción de colaboración entre todos los sujetos obligados.

Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social y Cooperación, aseguró que la discusión abierta de esta ley sentará un precedente para la armonización de las legislaciones estatales, por lo que la corrección técnica debe ser adecuada y la aplicación de sus principios tienen que ser los correctos.

Consideró que esta es una oportunidad para introducir criterios específicos y obligaciones pro-activas de transparencia en las áreas de política pública, es decir, regular no sólo al orden federal de la Administración Pública, sino también al parlamento abierto y justicia abierta, toda vez que también son del ámbito federal.

Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI, expuso que uno de los pendientes es el reconocimiento del Instituto para determinar, en primera instancia y en el orden administrativo, la procedencia del acceso a la información, sin tener que esperar una declaración de otra autoridad.

Subrayó que con este reconocimiento legislativo no se pretende el otorgamiento de una facultad absoluta y sin restricciones, que pudiera ejercerse de manera arbitraria, sino que la misma debe estar acompañada por parámetros normativos que la acoten, a través del establecimiento de criterios cuantitativos y cualitativos.

Indicó que un segundo aspecto es el relativo a la ampliación de catálogo de obligaciones de transparencia que incorpore aquellos temas identificados a partir de las funciones o información que ya publican los sujetos obligados y cuya difusión permitiría seguir transitando de una transparencia reactiva a una proactiva, que acercará de manera oportuna a toda la sociedad.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas resaltó la necesidad de que la Ley Federal de Transparencia se nutra de las consideraciones y avances de la ley vigente, a fin de contar con enfoques complementarios para que el ejercicio sea virtuoso y evitar con ello los impactos regulatorios indeseables que podrían obstaculizar su cumplimiento y función.

Se debe contemplar, agregó, una solución para las situaciones diferenciadas de los sujetos obligados, principalmente en lo referente al apartado electoral. Es necesario que exista una sección que tome el tema electoral como un conjunto de acciones para que queden engarzados el INE y el Tribunal Electoral, y para que la ley incluya los puntos de intervención del Inai en el tribunal.

Por otra parte, la comisionada Areli Cano Guadiana consideró importante que exista un apartado específico en el que se establezca cómo se articulará al Instituto y relacionará con el Sistema Nacional de Transparencia, a fin de lograr un sistema nacional de rendición de cuentas.

Advirtió que se debe incluir un capítulo para regular la organización interna del Instituto, en el que se distingan las funciones sustantivas del Pleno en materia de derecho de acceso a la información y las que tienen que ver con la regulación interna; y planteó la necesidad de establecer las condiciones para que el INAI interactúe con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford dijo que esta ley federal será la pauta nacional en materia de transparencia; sin embargo, invitó a los senadores a revisar las iniciativas de transparencia de Coahuila y Jalisco, porque “están muy por arriba de este proyecto”.

Comentó que el poder Legislativo se encuentra frente a una oportunidad histórica de aprobar obligaciones de transparencia para los sujetos obligados a nivel federal, con la inclusión de los nuevos paradigmas y los instrumentos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano.

Patricia Kurczyn, comisionada del INAI, señaló que es importante delimitar la información que los sindicatos tienen obligación de difundir a sus agremiados, y la que debería dar a la sociedad. La finalidad es que la ley de transparencia respete la autonomía de estos organismos.

El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov coincidió en que el Instituto debe tener la facultad de calificar, bajo ciertos parámetros, “la posibilidad de que existan o no violaciones graves de derechos humanos para dar apertura a la información”.

En tanto, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información la ciudadanía contará con elementos para que establezca una nueva relación con la autoridad. Además, solicitó que se establezcan “patrones claros” sobre el tema de gobierno abierto. 

Palabras de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González

México, D.F., a 06 de septiembre de 2015.

Buenas tardes.

La desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un hecho que indigna y lastima a toda la sociedad, y por supuesto al Gobierno de la República.

Las instituciones federales son sensibles y estamos actuando decididamente ante estos lamentables hechos, las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias.

Con el objetivo de determinar los hechos ocurridos y para fortalecer las investigaciones, el 13 de octubre de 2014, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se materializó con la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El día de hoy el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe que es fundamental para la investigación.

Como lo han reconocido los miembros de este grupo, se brindaron todas las facilidades para sus actividades, pues el Gobierno de la República ha sido el primer interesado en que la asistencia de la Comisión Interamericana nos permita generar mayor certeza sobre estos hechos.

A ellas y ellos, les expreso mi reconocimiento por su colaboración y su trabajo, mismos que han contado en todo momento con el apoyo y la apertura del Gobierno mexicano.

Atendiendo las instrucciones del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados y conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos llevaron a cabo, desde el día de hoy se analizarán y en su momento la Procuraduría valorará su incorporación a la averiguación previa.

En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la Procuraduría General de la República para que a partir del momento en que fue recibido, se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta Institución.

La Procuraduría General de la República continúa y continuará con su labor, hasta que el último responsable sea consignado.

Es importante mencionar que derivado de la investigación ministerial, se ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales han sido aprehendidas 110, mismas que hoy enfrentan un proceso penal para responder por estos hechos que tanto indignan a los mexicanos.

Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, he instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo "Informe pericial, aspectos relacionados al fuego", referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema.

Por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio.

En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones del Grupo de Expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías municipales de Iguala y Cocula, participaron en la comisión de estos delitos.

Dichas corporaciones policiales fueron cooptadas por la delincuencia organizada, como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente.

El Grupo de Expertos también refiere que la delincuencia organizada infiltró la administración municipal del entonces alcalde José Luis Abarca, y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio.

Como es de su conocimiento, José Luis Abarca fue detenido, se encuentra recluido y está sujeto a diversos procesos penales.

Se trata de un ejemplo de colaboración con organismos internacionales sin precedentes en nuestro país, mismos que ha impulsado el Gobierno de la República.

Por tanto, me permito anunciar que el Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos, en los términos y modalidades que serán acordadas con todas las partes.

Por otra parte, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas y los mecanismos en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas, a partir del 19 de agosto de este año en todas las procuradurías y fiscalías del país, se encuentra en vigor el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Delito de Desaparición Forzada.

Asimismo, he ordenado que la averiguación previa sea llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y se ha solicitado la acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas, para que estos sean resueltos por el mismo Juez federal.

Señoras y señores: el Gobierno de la República reitera su compromiso con la sociedad mexicana, y particularmente con las víctimas y sus familiares, para continuar trabajando en el esclarecimiento puntual de estos hechos.

Hoy, gracias a un trabajo respetuoso y de coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contamos con mayores elementos que serán sumados a los de la Procuraduría General de la República para esclarecer este lamentable acontecimiento.

El Gobierno de la República ha trabajado y seguirá trabajando para cerrarle el paso a la impunidad, a la corrupción y a la delincuencia. Por ello, seguiremos actuando de forma permanente para esclarecer a plenitud los lamentables hechos ocurridos en Iguala y Cocula.

La sociedad mexicana y los familiares de los estudiantes desaparecidos, pueden estar seguros de que así será y de que todos los culpables serán detenidos.

Que no quede duda, el Gobierno de la República ha dispuesto todos sus recursos para que en este caso no haya lugar a la impunidad.

Muchas Gracias.

VIDEO https://youtu.be/W90ULjuoLwQ

En esta segunda etapa de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es indispensable un trabajo conjunto y coordinado de todos los priistas, desde todos los niveles de gobierno, para lograr que se materialicen las reformas estructurales, señaló el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ante diputados locales electos de Guanajuato.

En una reunión de trabajo preparatoria a la instalación del LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, el dirigente nacional priista y la secretaria general, la diputada federal Carolina Monroy del Mazo, recibieron a los legisladores electos: Arcelia María González González, Luz Elena Govea López, Rigoberto Paredes Villagómez, Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, Irma Leticia González Sánchez, María Guadalupe Velázquez Díaz, Lorenzo Salvador Chávez Salazar y Santiago García López,

Manlio Fabio Beltrones señaló que como fuerza política en el Congreso Local, con diálogo y acuerdos, tienen que velar para que las decisiones que se tomen desde ahí, sean en beneficio de los guanajuatenses. 

En la reunión realizada en la sede nacional priista, su líder nacional indicó que a partir del próximo 25 de septiembre, cuando asuman como diputados locales, su trabajo deberá verse reflejado en bienestar para los ciudadanos, que generen las condiciones para el desarrollo de la entidad.

Por su parte, la secretaria general, la diputada Carolina Monroy, señaló que los nuevos diputados realizarán una excelente labor en una entidad que requiere del trabajo puntual y constante de los priistas. 

La evaluación docente no se diseñó para castigar a los maestros, sino para ayudarlos a fin de elevar la calidad educativa, aseguró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien se comprometió a trabajar muy cerca de ellos y a recorrer el país para escucharlos.

Al inaugurar el Coloquio Internacional para la Educación Pública, organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo, además, que con pleno respeto a la autonomía constitucional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), las evaluaciones deberán tomar en cuenta los contextos regionales y socioculturales, como lo establece la Ley del Servicio Profesional Docente.

También informó que tiene la instrucción del presidente de la República de hacer una revisión profunda de los planes y programas de estudio, para que en los próximos tres años, juntos gobierno federal, maestros, autoridades locales, padres de familia y expertos de la sociedad civil, construyan nuevos programas y planes de estudio modernos y eficaces.

Ante miles de profesores de todo el país, el secretario de Educación Pública dijo que la Reforma Educativa da a maestras y maestros de México el derecho a la formación profesional continua, y a la autoridad educativa la obligación de dar un acompañamiento de excelencia y de calidad para que se sigan preparando.

En el Centro Internacional de Negocios de esta ciudad, abundó que la evaluación sirve para tener la información sobre lo que debe mejorar, para poder capacitar y formar, a fin de fortalecer su carrera profesional.

Nuño Mayer comentó que la instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es mejorar y consolidar todos los sistemas de enseñanza y de formación profesional docente.

Expresó que sólo a través del dialogo se podrá contar con educación pública de calidad y del siglo XXI, por lo que convocó a los maestros a trabajar juntos para sacar adelante la Reforma Educativa. “Seré un secretario muy cercano a ustedes”, reiteró.

Destacó que el objetivo es tener evaluaciones de calidad en todo el país, para que mejore la calidad de la enseñanza, y refirió que no son iguales los retos que tienen los maestros en las diversas regiones de México, lo que debe tomarse en cuenta en las evaluaciones.

El secretario de Educación Pública anunció que para escuchar a los maestros, quienes son los protagonistas de la Reforma Educativa, recorrerá el país para dialogar y escucharlos, y también pedirles que escuchen la visión del presidente de la República.

A los maestros que les vaya bien en las avaluaciones, les va a ir bien económicamente, porque derivado de la Reforma Educativa hay, también, un nuevo sistema de incentivos en el cual a quién le vaya bien, le va a ir mejor económicamente, precisó.

A través de estos incentivos se va a poder obtener hasta el 180 por ciento más del sueldo que perciben los maestros, y en las regiones más lejanas hasta un 220 por ciento, explicó.

En tanto, el titular de Educación aseguró que ejercerá el liderazgo en la conducción de la política educativa con dialogo, para que junto con los maestros, gobierno federal y local, padres de familia, se trabaje para tener educación de calidad.

En tanto, el presidente del Consejo General Sindical del SNTE, Juan Díaz de la Torre, señaló que se han puesto en marcha reformas trascendentales para el país, y una de ellas, la más importante, es la Educativa, en la que “trabajaremos juntos para sacarla adelante”. Convocó al secretario de Educación Pública a trabajar en coordinación para que las transformaciones lleven al país a un futuro más próspero.

El secretario de Educación Pública dijo que otro elemento central de la Reforma Educativa es que ésta pone en el centro del sistema educativo a la escuela, y precisamente éste es un componente fundamental y del cual ya se tienen varias herramientas que se están empezando a trabajar, como el programa que se denomina de la Reforma Educativa, que lleva recursos directos a la escuela y fomenta la autonomía de gestión de las mismas, y la participación comunitaria de los padres de familia y de los maestros.

El programa está caminando de manera favorable y ha sido evaluado por instancias internacionales, comentó Nuño Mayer, al indicar que este año se le destinaron 7 mil 500 millones de pesos, que alcanzaron para beneficiar a poco más de 20 mil escuelas, casi el diez por ciento de las existentes en el país.

También habló sobre las Escuelas de Tiempo Completo, y explicó que al iniciar la administración del presidente Peña Nieto únicamente había 6 mil 700 planteles de ese tipo, y hoy ya hay 23 mil.

Recordó que en el Informe del presidente se anunció el programa de infraestructura escolar más ambicioso que se ha tenido,  a partir de la emisión de los bonos educativos, que no es deuda pública, sino un mecanismo financiero que permite la Ley de Coordinación Fiscal.

Tan sólo con esa emisión de bonos se podrán tener para los próximos tres años 50 mil millones de pesos para mejorar y crear infraestructura escolar, aseguró Nuño Mayer, quien precisó que a éstos se le sumarán los recursos fiscales que se van a seguir destinando, con lo que se alcanzará, como mínimo, 75 mil millones de pesos, solamente para invertir en infraestructura escolar en los próximos tres años.

El secretario de Educación Pública se refirió al Programa Nacional de Inglés, ya que este idioma es una de las herramientas centrales para tener éxito profesional, y que se debe incorporar como una de las prioridades en los programas de estudio.

A su vez, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz dijo que los alumnos deben contar con escuelas aptas y dignas para su desarrollo, por lo que se debe trabajar en la infraestructura educativa, y eso es lo que “vamos a mejorar, vamos a impulsar la Reforma Educativa, porque ahora la escuela, los niños y los maestros están en el centro de las acciones”.

3 de septiembre de 2015

En la sesión de Pleno del Senado de la República, la senadora Pilar Ortega Martínez presentó iniciativa para reformar diversas disposiciones en materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad.

Pilar Ortega destacó que “las personas con discapacidad han sido un grupo de la sociedad que ha sido estigmatizado y objeto de múltiples discriminaciones”.

Dichas circunstancias las han colocado en situaciones de desventaja y exclusión social, lo que ha provocado el desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones y la vulneración constante de ellos, dijo.

La propuesta plantea reformas a ocho instrumentos legales que tiene como fin la necesaria armonización del marco legal federal, para “asegurar que las personas con algún tipo de discapacidad tengan derecho a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener o conocer de forma comprensible toda aquella información relacionada con el proceso jurisdiccional en el que sea parte.

El problema no es menor, –aseguró– si tomamos en consideración las cifras del INEGI, según las cuales el 6.6 por ciento de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad, es decir 2 millones 437 mil 397 mexicanos tienen limitación para caminar o moverse; 1 millón 292 mil 201 para ver; 401 mil 534 para hablar o comunicarse; 498 mil 640 para escuchar.

La senadora destacó que “así como es importante que las personas con discapacidad tengan pleno acceso a derechos como la educación, el trabajo o la salud, también lo es el derecho de acceso a la justicia”.

Ortega Martínez dijo que “es justamente en el ámbito del sistema de justicia, donde se han identificado las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, es por ello que la Suprema Corte ha implementado protocolos que contienen elementos técnicos y jurídicos, que buscan garantizar que el derecho de acceso a la justicia pueda ser ejercido por las personas con discapacidad atendiendo a sus necesidades concretas”.

Dichas acciones en su conjunto constituyen un avance significativo, sin embargo resulta necesario dotar a los operadores, de mecanismos que permitan a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones de acceso a la justicia, siendo reconocidas como personas titulares de derechos humanos y como partícipes de la sociedad, externó la legisladora.

Para lograr el pleno ejercicio de todos sus derechos se deben eliminar obstáculos y facilitar los medios que garanticen la igualdad, es la sociedad la que debe modificar su actitud para lograr dicha igualdad y que ésta sea plasmada en la efectiva realización de los derechos de las personas con discapacidad, puntualizó la senadora por Guanajuato.

Los instrumentos jurídicos que propone modificar son: el Código Federal de Procedimientos Civiles, Código de Comercio, Código Fiscal de Federación, Ley de Concursos Mercantiles, Ley del Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal de Defensoría Pública.

Con las reformas propuestas, sumadas a los avances realizados por el Senado en este mismo sentido –en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes así como en la Ley General de Transparencia–, contaremos con un marco legal federal armonizado que será fundamental para lograr el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, concluyó la legisladora.

ANKARA, TURQUÍA, A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, manifestó la necesidad de impulsar sistemas de capacitación para empoderar a la fuerza laboral con las habilidades y conocimientos que requieren los mercados laborales para lograr un crecimiento fuerte, sostenido y equilibrado, que se traduzca en mejores oportunidades laborales, para elevar sus ingresos y su calidad de vida.

Durante su participación en la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del Grupo de los 20 (G20), el Titular de la STPS afirmó que un marco de política centrada en el desarrollo de habilidades y un mejor uso de ellas, debe ser un elemento clave en la implementación de los compromisos del G20 para reducir la desigualdad y la pobreza.

El encargado de la política laboral del país subrayó que la mejora de habilidades laborales ha representado una parte importante del crecimiento económico en los países desarrollados y emergentes, sobre todo por el uso de las nuevas tecnologías.

“El desarrollo de habilidades del grupo poblacional de jóvenes es crucial, y el aprovechamiento del bono demográfico que en algunos de nuestros países existe en conjunto con una mayor proporción de población preparada, permitirá hacer frente al envejecimiento acelerado de la población en otros países, y en consecuencia, el crecimiento económico se volverá más dependiente de la acumulación de conocimientos y de la productividad impulsada por la innovación y el capital humano altamente calificado”, detalló.

Al referirse a las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al G20 para implementar sistemas de desarrollo de habilidades; subrayó el reconocimiento de este Organismo al modelo de educación dual impulsado en México, para permitir que jóvenes puedan integrarse desde sus estudios al mercado laboral.

Respecto a la participación de los agentes sociales en el desarrollo de políticas integrales en la materia, indicó que en México se impulsaron Reformas Estructurales, que han generado incentivos reales para que los trabajadores se integren a la economía formal, lo cual les permite acceder a una mayor capacitación, así como ejercer sus derechos colectivos como la sindicalización.

En este contexto, el Secretario Alfonso Navarrete Prida destacó la importancia del modelo tripartito de resolución de conflictos laborales en México, el cual representa la base de la procuración e impartición de la justicia laboral cotidiana y que nos ha llevado a lograr que en 22 meses no se haya presentado ninguna huelga de jurisdicción federal.

Asimismo, el funcionario federal informó que con base en las recomendaciones de la OCDE, el Grupo de Trabajo del G20 sobre Empleo, propuso una serie de acciones para impulsar las habilidades y conocimientos de la fuerza laboral, a fin de llevarlas a la atención de los Ministerios de Trabajo y Empleo en esta sesión.

Entre ellas destacan: proporcionar a los jóvenes las habilidades necesarias para garantizar una fácil transición de la escuela al trabajo; promover activamente las pasantías basado en el trabajo de calidad; promover una mayor participación de los agentes sociales en las políticas de habilidades y proporcionar apoyo e incentivos a las personas en riesgo de desempleo de larga duración para que participen en los sistemas de formación, a fin de actualizar sus conocimientos o adquirir nuevas habilidades.

Además, otorgar apoyo a los trabajadores para reconvertir sus habilidades, y facilitar su movilidad de un empleo a otro; fomentar a los empleadores a invertir en programas de formación de calidad, a través del diálogo social, y con un enfoque en las PYMES; fomentar la inversión en habilidades a través de una financiación público-privada compartida, especialmente para trabajadores poco calificados.

También, mejorar las oportunidades de formación para todos, incluidos los trabajadores del sector no formal; promover el acceso al empleo para aquellos con trabajos precarios, mediante cursos de capacitación; activar las habilidades no utilizadas de las personas desempleadas, mediante la mejora de incentivos al trabajo y la eliminación de las barreras al mercado laboral; anticipar, evaluar y responder a las necesidades cambiantes de habilidades y conocimientos, así como aumentar el reconocimiento de las competencias adquiridas en el mercado informal o en el extranjero.

El Secretario Alfonso Navarrete Prida detalló que este modelo se basa en que por Ley sea constituido un Comité Nacional de Productividad que conjunte a todos los agentes sociales: empresarios, sindicatos, academias, universidades públicas y privadas y las distintas áreas del gobierno, buscando vocaciones productivas regionales, estableciendo métodos de regularización de la matrícula académica.

El objetivo, apuntó, es buscar incentivos que efectivamente desarrollen un modelo que permita la incorporación de jóvenes al mercado laboral, de grupos vulnerables protegidos como adultos mayores y personas con discapacidad, con base en el desarrollo de habilidades, a fin de lograr un desarrollo incluyente, que es uno de los objetivos que se ha planteado este Grupo de Trabajo del G20.

Por Nancy Rodríguez

 

Un Presidente de carne y hueso, saludó a su familia al inicio de su lll informe de gobierno.

 “Agradezco especialmente la presencia de mi esposa Angélica y de nuestros hijos. Gracias por su apoyo, solidaridad y por su amor incondicional"

Al frente de todos los invitados, el Primer Mandatario ofrecía muestras de cariño y aprecio a sus seres queridos, a quienes guiñaba un ojo y hacía expresiones amorosas con la mirada.

De la misma manera, el Presidente agregó: 

"Muchas gracias a mi madre, a mis hermanos y familiares que el día de hoy me acompañan”.

María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, es el nombre de la mamá del presidente Enrique Peña Nieto.

Sus hermanos Arturo, Verónica y Ana Cecilia.

                                                                                                                                                         

Así, daba inicio al informe del Mandatario Mexicano. Que abrió  con autocrítica y reconocimiento de la situación que prevalece en nuestro país.

“Quiero hablarles de lo que nos molesta y perturba como sociedad, de lo que nos afecta y preocupa como mexicanos”.

“El último año, ha sido difícil para México. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables”.

Con este tono el Jefe de la Nación enumero acontecimientos que permanecen presentes en en la sociedad.

“Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad, nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho. Estas situaciones, son muy distintas entre sí, pero todas lastiman el ánimo de los mexicanos y la confianza ciudadana en las instituciones”.

También, destacó los problemas económicos que se afrontan ante la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso.

Ante este panorama el presidente puntualizó que se  afrontarán los desafíos con claridad de rumbo y absoluta determinación.

Para ello, dijo se echará mano de las nuevas instituciones de transparencia y combate a la corrupción.

Y frente al complejo entorno global, México seguirá distinguiéndose por su compromiso inquebrantable con  la estabilidad macroeconómica y la disciplina en las finanzas públicas, destacó.

El Primer mandatario precisó que se continuará con la  implementación de las reformas transformadoras.

 

Por último dio a conocer 10 acciones que tienen como objetivos: fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualad. Estas son las siguientes:

 

PRIMERA: Se trabajará con la 63 Legislatura del Congreso de la Unión, a fin de concretar nuevas leyes para combatir el delito, la corrupción y la impunidad, así como para proteger los Derechos Humanos.

 

SEGUNDA: Atendiendo una recomendación del Centro de Investigación y Docencia Económicas, se promoverá un diálogo nacional entre representantes de la sociedad civil, autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de los Poderes Públicos, para concretar un Acuerdo Nacional para la Justicia Cotidiana.

 

“Este Pacto por la Justicia en México, será la mejor manera de honrar el Centenario de nuestra Constitución, en 2017”, sostuvo el Presidente Peña Nieto.

 

TERCERA: Se enviará al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para impulsar el desarrollo en las regiones con mayores rezagos del país. Estas zonas tendrán acceso a un marco regulatorio e incentivos especiales con el fin de elevar la productividad, crear más empleo y generar nuevas oportunidades productivas.

 

CUARTA: En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, se propondrá la creación de un nuevo Programa de Apoyo a Pequeños Productores. El objetivo es fortalecer las capacidades productivas de agricultores, ganaderos y pescadores, en las zonas rurales más pobres de México.

 

QUINTA: Para mejorar las instalaciones de las escuelas públicas del país, se emitirán Bonos de Infraestructura Educativa, en la Bolsa Mexicana de Valores. Este nuevo instrumento financiero podría canalizar a los planteles recursos adicionales del orden de 50 mil millones de pesos, de aquí a 2018. Sumado a los recursos presupuestados, significará la mayor inversión que haya hecho México para dignificar las escuelas públicas.

 

SEXTA: En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, se propondrá la creación de un Programa Nacional de Inglés, para alumnos de Educación Básica.

 

SÉPTIMA: Se impulsará una iniciativa para crear una nueva institución de Estado: la Secretaría de Cultura. “Con esta decisión, el Gobierno de la República confirma que la cultura es una prioridad nacional para impulsar el bienestar y el desarrollo integral de los mexicanos”, afirmó el Titular del Ejecutivo.

 

OCTAVA: A fin de mantener la estabilidad económica para proteger el bienestar de la población, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 será responsable y realista. Tendrán prioridad los programas de combate a la pobreza, de seguridad pública y de impulso al crecimiento económico, así como  las inversiones en educación superior, ciencia y tecnología. Asimismo, el gasto de inversión dará prioridad a los proyectos que ya están en curso, y a aquellos que acrediten un mayor impacto social y económico.

 

NOVENA: A partir de la renovada confianza internacional en México, y con el propósito de acelerar el desarrollo nacional, se crearán dos nuevos instrumentos financieros: FIBRA E y Certificados de Proyectos de Inversión, para detonar proyectos de infraestructura en diversos sectores, incluido el energético.

 

DÉCIMA: Frente al actual entorno económico, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 tendrá estrictas medidas de austeridad. En este marco, las dependencias y entidades del Gobierno de la República disminuirán sus gastos administrativos y operativos, y aumentarán la inversión en el bienestar y el progreso de los mexicanos.

 

Por Nancy Rodríguez

Aplausos, sonrisas y bravos fueron expresados por los seres queridos del Senador Roberto Gil Zuarth, quienes lo acompañaron a la toma de protesta como nuevo presidente del Senado de la República.

Su pequeña Martina, Valentina y Santiago, asi como su señora esposa Elia Mary Knight, presenciaron la ceremonia solemne en el pleno de la Cámara de Senadores.

 Visiblemente emocionado, el Senador Gil Zuarth del Partido Acción Nacional (PAN) ofreció su primer discurso como presidente del Senado.

En su mensaje, destacó que se tienen tres años para materializar las reformas y para crear nuevas instituciones que permitan superar la desigualdad, proteger a los ciudadanos y devolver la integridad al servicio público.

También, señaló que el reto que se presenta hoy como cuerpo legislativo, es redoblar el paso y concretar los cambios que se lograron en la legislatura anterior, para que sean palpables en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Paralelamente su familia observaba atenta al Senador. Sonrisas nerviosas y una que otra lagrima se dejó ver, durante la participación del congresista.

Fueron momentos emotivos y de gran sensibilidad para los seres queridos del Senador.

En redes sociales su Señora esposa reprodujo un pensamiento:

Emotiva imagen de la familia de @rgilzuarth en el #Senado esperando el momento más importante de su vida política.

En tanto, el legislador precisó en su intervención:

“Nuestra responsabilidad frente a la historia es dejar un legado de instituciones fuertes, inclusivas y justas, el país así lo demanda. Es la responsabilidad que nos exigen las futuras generaciones”.

Por tal motivo, ante los presentes el nuevo presidente del Senado de la República formuló principalmente tres compromisos.

1.-Me comprometo, en primer lugar, a cumplir el valor más importante de este cargo, estar al margen de los intereses de los grupos parlamentarios, cumplir la tarea de manera imparcial y objetiva.

2.-Me comprometo a una conducción parlamentaria ordenada, pulcra en el respeto a la ley, que vele por la dignidad del Senado, una conducción que promueva el debate respetuoso y constructivo entre los diferentes.

3.-Me comprometo a una gestión administrativa apegada a la ley, transparente y bajo estricta rendición de cuentas.

Po último el legislador subrayó: “Tenemos que hacernos cargo del reclamo social por mayor austeridad y por un uso más eficiente de los recursos”.

Así, el Senador Roberto Gil Zuarth asumió el alto honor de encabezar la presidencia del Senado de la República.

Por Nancy Rodríguez

La nueva legisladora Ivonne Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que donará la mitad de su sueldo como diputada para becas para titulación de estudiantes.

“Los legisladores debemos hacer un esfuerzo adicional” señaló la diputada.

Ivonne Ortega  ha sido Gobernadora de su natal estado Yucatán, Senadora y también diputada, entre otros cargos políticos.

Señala la legisladora Ortega que lamentablemente, casi a diario recibe mensajes donde un buen número de personas, sufren la frustración de no poder terminar su titulación por problemas económicos.

Por ello, iniciará este apoyo de becas para estudiantes que deseen lograr su titulación de ingenieros o licenciados, entre otras carreras.

Asimismo, La diputada  informó que mantendrá una comunicación estrecha y directa con la ciudadanía. Esto a través de sus cuentas de redes sociales.

Además, dio a conocer  la creación de un canal de TV por internet, para dar a conocer sus actividades como diputada de la XLlll legislatura.

Detalla la legisladora  Ivonne Ortega que la “dieta” que percibe un diputado es de $73,910.81 pesos y un aguinaldo de $140,504.00 pesos, además de gastos médicos mayores, entre otras prestaciones. 

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