*Subraya Enrique Ochoa que diarios prestigiados en el mundo, como The Wall Street Journal y Financial Times, coinciden en el pronóstico

*Destaca que en contraste, Financial Times consideró que Pepe Meade ganará la elección del 2018

*Asegura el líder nacional priista que Pepe Meade ganará con más del 40 por ciento del voto

El reporte que acaba de hacer público el Bank of America Merrill Lynch señala que una improbable presidencia de López significaría al menos una devaluación del 10 por ciento, afirmó el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

*Subrayó que el pronóstico de la institución financiera internacional añade que con López también habría presiones que se traducirían en crisis, desempleo y un aumento en las tasas de interés.

Ochoa Reza subrayó que diarios prestigiados en el mundo como The Wall Sreet Journal, han señalado que López no ha cambiado desde que inició su trayectoria política, en cuanto a sus propuestas autoritarias, que lastimarían la certidumbre de la economía mexicana.

“The Wall Sreet Journal califica a López como un demagogo populista que recurre a la toma de calles cuando no llega al poder y a la descalificación de las instituciones”, indicó.

El Presidente del CEN remarcó que, en contraste, Financial Times pronostica, con razón, que el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, ganará la elección del 2018.

“Nosotros estamos ciertos que Pepe Meade ganará con más del 40 por ciento del voto la elección presidencial. Trabajamos para que al menos 4 de cada 10 mexicanos voten por Pepe Meade, quien es el hombre más preparado en esta elección para Presidente de México”, puntualizó.

Ochoa Reza añadió que Pepe Meade tiene la preparación, experiencia y honestidad comprobadas para llevar a México a un esquema de creación de empleos, certidumbre e inversiones.

“Pepe Meade está recorriendo el país, con su propuesta para que México sea una potencia que signifique la certeza para las familias mexicanas de que habrá comida en la mesa, seguridad en la calle, oportunidades de empleo y desarrollo, para aprovechar su esfuerzo.

“Se atenderá con firmeza que existan servicios públicos de salud y educación gratuitos, de calidad y cercanos a las familias mexicanas. Tenemos que avanzar juntos al siguiente nivel de progreso para las familias de México”, finalizó.

La Ley General de Archivos garantiza el derecho ciudadano de acceso a la información y fomenta el resguardo de la memoria institucional al establecer las bases para su preservación y consulta, aseguró Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.

Señaló que esta ley obliga a cualquier órgano, autoridad y organismos de los poderes de la Unión, pero también a partidos políticos y sindicatos, entre otros, que ejerzan recursos públicos a resguardar, difundir y poner a disposición de la sociedad documentos privados de contenido social, histórico, científico y cultural.

Ana Lilia Herrera explicó que para el correcto funcionamiento de la información, se creará el Consejo Nacional de Archivos, presidido por el Archivo General de la Nación, y que encabezará al Sistema Nacional de Archivos, se encargará de la coordinación adecuada entre instituciones y avalará la política nacional de gestión documental y administración de archivos.

La senadora indicó que con la aprobación de la Ley General de Archivos, el Senado de la República cierra el proceso legislativo para consolidar el andamiaje institucional que se ha construido en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El 13 de diciembre pasado, el Senado aprobó la Ley General de Archivos con 90 votos a favor y 0 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

El Gobierno recibió 3 mil 413.4 millones de pesos (mdp) de la iniciativa privada y sociedad civil del país, así como de administraciones estatales, organizaciones y personalidades extranjeras para apoyar las fases de emergencia y reconstrucción derivada de los sismos de septiembre de 2017, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

En su investigación “Aportaciones del sector privado y la sociedad civil de México y donaciones internacionales en apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de 2017”, refiere que la cifra corresponde a lo recaudado hasta el 5 de diciembre pasado.

El IBD explica que la información de las aportaciones y donaciones no se encuentra concentrada en ningún sitio en particular, por lo que consultó diversas fuentes para ubicarla.

Del monto agregado contabilizado, el 69.5 por ciento corresponde a los recursos recaudados por la Fundación Carlos Slim; 7.6 por ciento a las aportaciones del fideicomiso Fuerza México; y 22.9 por ciento a las donaciones de otros actores.

También destaca que no encontró información disponible de algunas campañas de recaudación de fondos para apoyar a la sociedad tras los sismos, como por ejemplo, las que organizaron algunos bancos.

El Instituto Belisario Domínguez señala que en un esfuerzo por fomentar la transparencia, las donatarias que han efectuado aportaciones monetarias o en especie deberán brindar información detallada sobre estas contribuciones.

Asimismo, considera que los sismos de septiembre dejaron de manifiesto que existe un área de oportunidad para crear, dentro del Gobierno Federal, una unidad que se active en casos de emergencia o desastre.

Ésta coordinaría los apoyos recibidos del sector privado, la sociedad civil, actores públicos, privados o sociales extranjeros, con la finalidad de asegurar que el uso de dichos recursos sea oportuno y cumpla con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

La investigación completa del IBD puede consultarse en la dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado .gob.mx/handle/123456789/3778

Las nuevas disposiciones a la Ley de Planeación aprobadas por el Senado de la República, evitarán golpes de timón y promoverán el desarrollo del país, al dotar de certidumbre jurídica a los criterios para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de éste se deriven.

Así lo aseguró la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien agregó que las reformas a ese ordenamiento proponen un nuevo enfoque al diseño sexenal de las acciones del Gobierno Federal, para asegurar el desarrollo equitativo, incluyente, y sustentable del país.

Precisó que una vez que entre en vigor el decreto “cambiará significativamente la forma en que se realiza la Planeación Nacional del Desarrollo, pues se elaborará con una perspectiva de largo plazo, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”

Además -explicó la legisladora- estará enfocado a resultados, pues los presupuestos y planes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán adecuarse a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y no al revés.

Será más abierto, pues incluirá la participación de los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, y se dará certeza a los mecanismos de consulta a través de las disposiciones reglamentarias, indicó.

Ana Lilia Herrera hizo hincapié en que con esas adecuaciones, el Plan Nacional de Desarrollo será más incluyente, pues observará siempre las perspectivas de interculturalidad, igualdad de género y no discriminación.

Destacó también que las reformas dotarán a ese instrumento de mejores mecanismos de rendición de cuentas, pues obliga a la Secretaría de Hacienda a publicar la información relacionada con el seguimiento de sus objetivos en el Portal de Transparencia Presupuestaria.

Por último, la senadora Herrera Anzaldo señaló que además, se fortalece el sistema de contrapesos entre poderes, pues la Cámara de Diputados se asegurará de que el Plan Nacional de Desarrollo cumpla con los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución y, de no ser así, lo devolverá al Presidente de la República para su adecuación.

·         Aprobó modificaciones a la Alianza del Pacífico para promover la integración económica regional.

·         Se generarán estrategias que permitan ampliar los vínculos comerciales para disminuir la dependencia económica con Estados Unidos.

Como parte de la estrategia para diversificar el comercio exterior de México y fortalecer su integración profunda y dinámica con América Latina, el Senado de la República ratificó dos protocolos modificatorios al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

 

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, dijo que México se encuentra en una estrategia de diversificación comercial y estos dos protocolos forman parte de ella. “También estaremos analizando en próximos meses los acuerdos comerciales con Brasil, Argentina y otras naciones de todo el planeta con quienes hoy México está buscando ampliar sus vínculos”, precisó.

 

Destacó la necesidad de buscar oportunidades para la importación que permita al país “dejar a un lado la enorme dependencia que nos ha caracterizado con los Estados Unidos”.

 

La Alianza del Pacífico es nuestro tercer socio comercial a nivel global, después de Estados Unidos y Canadá, además, representa para nuestro país un tercio de las exportaciones y el 24.4 de las importaciones, indicó.

 

La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, aseguró que es momento de reflexionar y voltear a ver hacia los países con los que “tenemos enormes afinidades y dejar de concentrarnos, como lo hicimos durante décadas, en Estados Unidos”.

 

Señaló que la Alianza del Pacífico, más que un acuerdo comercial, se ha convertido en un mecanismo de integración profunda y dinámica que requiere la actualización de sus normas para detonar el enorme potencial con el que cuenta.

 

Se trata de una plataforma de articulación política, económica, comercial y de proyección mundial con un especial énfasis en Asia- Pacífico; por lo que, puntualizó, tras la salida de EU del Acuerdo Transpacífico, la Alianza se ha convertido en el vehículo perfecto de acercamiento con esa región del mundo.

 

La Alianza conformada por México, Colombia, Perú y Chile tiene como objetivo mejorar y facilitar la libre circulación de bienes, servicios, capitales, así como promover mejoras a la integración económica regional para avanzar progresivamente en el desarrollo económico y social del bloque.

Este instrumento internacional representó para nuestro país, en 2016, un comercio bilateral de 9 mil 205 millones de dólares, exportaciones por 6 mil 215 millones de dólares e importaciones por 2 mil 990 millones de dólares; además, importó de las naciones de la Alianza 65 por ciento de bienes intermedios, 2.6 por ciento de capital y el 32.6 por ciento de bienes de consumo.

México, es un actor clave en el impulso de las transformaciones económicas de este mecanismo, ya que tiene el potencial para captar durante los próximos años 40 mil millones de dólares adicionales de inversión extranjera directa anual.

Las y los senadores explicaron que la aprobación del Primer y Segundo protocolos modificatorios al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscritos por los gobiernos de las cuatro naciones en Perú y en Chile, en 2015 y 2016, permitirá fortalecer el acercamiento del país con sus socios e iniciar una etapa de desarrollo y profundización.

Promoverá mejoras a la integración económica regional, se avanzará en el desarrollo económico y social del bloque, a través de la reducción de obstáculos al comercio y la facilitación de servicios para compradores y consumidores, señalaron.

Indicaron que el Primer Protocolo Modificatorio establece un nuevo capítulo de mejora regulatoria que favorece la articulación de políticas regulatorias, promueve la competitividad, elimina barreras al comercio, reduce cargas e impulsa la transparencia.

El Segundo Protocolo Modificatorio profundiza el acercamiento entre los Estados miembros y evita que los marcos regulatorios existentes no obstaculicen el libre mercado, mediante la Comisión de Libre Comercio.

Las cuatro naciones, en conjunto, son la octava potencia exportadora a nivel mundial, mantienen una red de acuerdos comerciales entre sí y con las economías más desarrolladas y dinámicas del mundo; además, tienen el potencial para atraer a la región nuevas inversiones y cuentan con ventajas competitivas en sectores como minería, recursos forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufactura.

En Latinoamérica representan el 39 por ciento del Producto Interno Bruto, concentran 57 por ciento del comercio total y atraen 41 por ciento de la inversión extranjera directa que llegan a la región,

Actualmente este instrumento internacional cuenta con 52 países de los cinco continentes del mundo en calidad de observadores y, algunos de ellos, manifiestan su interés de integrarse como miembros, lo que genera un gran potencial para dinamizar el intercambio comercial, de servicios y personas.

Se tiene el propósito de avanzar en iniciativas que permitan el fortalecimiento del capital humano, la innovación, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, la competitividad, el desarrollo e internacionalización de las Pymes y la infraestructura, entre otros temas.

 

 

El Partido Revolucionario Institucional no impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de instruir el cambio de nombre de la coalición “Meade ciudadano por México”, integrada por el PRI-PVEM-PANAL.

Sin embargo, este Instituto Político deja en claro que no está de acuerdo con los criterios establecidos por el INE, porque no hay ninguna prohibición jurídica al respecto.

Tanto la ley como la reglamentación correspondiente permiten que la coalición incluya el apellido de nuestro precandidato a la Presidencia de la República, Pepe Meade.

Aunado a lo anterior, las Consejeras y los Consejeros del INE expresaron repetidamente que no se estaba violando ningún artículo de la legislación electoral al poner el apellido de nuestro precandidato presidencial en el nombre de la coalición.

El PRI considera que el nombre de la coalición debe ser benéfico para la ciudadanía, así como reflejar un beneficio electoral para los partidos políticos que la integran.

Como se recordará, el pasado 5 de enero, el Consejo General del INE declaró improcedente utilizar el apellido de nuestro precandidato en la denominación de la Coalición, es decir, consideró que no podíamos usar el nombre Meade ciudadano por México.

En esencia, consideró que la propuesta provocaría una sobreexposición de nuestro precandidato presidencial ante la ciudadanía, porque al incluirlo en la propaganda electoral de todos los candidatos postulados por la coalición, implicaría una promoción permanente.

Además, consideró que el apellido Meade en el nombre de la coalición  generaría confusión en la ciudadanía al no ser coincidente con los del resto de las candidaturas al Senado y Diputaciones Federales.

Para sustentar esta decisión, el Consejo General del INE utilizó como precedente un asunto del 2010, relacionado con la elección de Gobernador de Sinaloa.

Los partidos integrantes de la Coalición Meade ciudadano por México reafirmamos que esta denominación no está prohibida por la ley.

La única prohibición contemplada expresamente en la legislación electoral para los partidos políticos es que en sus denominaciones no se hagan alusiones raciales o religiosas, de ahí que al no contemplarse ninguna expresión en ese sentido, resulte válida la propuesta de la denominación.

Por lo tanto, si bien el derecho de autodeterminación de los partidos políticos no es absoluto, esto no faculta al INE a dictar prohibiciones a partir de interpretaciones, toda vez que el artículo 1 Constitucional obliga a todas las autoridades a sustentar sus determinaciones con base en el principio pro persona, es decir, en todo caso que se vean involucrados derechos fundamentales, debe prevalecer aquella interpretación que resulte más favorable a la protección y tutela de éstos.

Tampoco coincidimos con el INE en que utilizar el apellido de nuestro precandidato implique una sobreexposición, porque la propaganda electoral puede ser identificada con muchos otros elementos que también describe la norma, por ejemplo, el nombre de los candidatos, el partido que los postula, incluso dentro de la coalición, colores, lemas, entre otros, de ahí lo incorrecto de los razonamientos del Instituto para sustentar la prohibición que ahora comentamos.

Tampoco compartimos, como lo sostiene el INE, que la ciudadanía pueda confundirse, pues hoy más que nunca el México democrático se compone por una sociedad civil cada vez más informada y con la preparación que le permite distinguir entre opciones políticas, en pleno goce de su derecho a sufragar libremente, y con independencia del tipo de nombre que escojamos los partidos políticos.

En suma, al no existir prohibición expresa en la ley y no acreditarse vulneración alguna a los principios de equidad y certeza, no compartimos la decisión del Instituto Nacional Electoral.

Pese a que nos asiste la razón jurídica, no acudiremos al Tribunal Electoral en aras de dar un paso adicional a una contienda transparente, libre y respetuosa.

·         Se inauguró el II Foro sobre Competencia y Regulación "En búsqueda de la eficiencia de los mercados"

·         Se presentaron dos estudios “La evaluación de la competencia de México” y “La gobernanza de las prácticas regulatorias”

La competencia y regulación de productos y servicios en materia de salud, en los últimos 20 años ha resultado en beneficios a la población y al país como el ahorro de hasta 17 mil millones de pesos, a través de las compras consolidadas de medicamentos que se realizan de forma anual en el sector público de salud, aseveró el Secretario de Salud, José Narro Robles.

En el marco de la Inauguración del II Foro sobre Competencia y Regulación "En búsqueda de la eficiencia de los mercados", Narro Robles dijo que estas acciones también garantizan la calidad y seguridad de los servicios que se ofrecen en las instituciones sanitarias del país, debido al trabajo que realiza la Cofepris desde hace 15 años.

También ha sido posible el desarrollo de medicamentos genéricos asequibles para la población y que tienen un impacto en la economía nacional, en las finanzas públicas y en el bolsillo de los consumidores.

Además, el Gobierno Federal instituyó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud, que con medicamentos de patente ha representado al erario nacional un ahorro superior a 20 mil millones de pesos.

La colaboración y trabajos conjuntos de la Secretaría de Salud con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) ha permitido encontrar nichos de oportunidad para mejorar la prestación de servicios y el acceso seguro y oportuno a medicamentos.

En su intervención, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, señaló que este foro se consolida como un referente del compromiso de las autoridades mexicanas con la competencia y mejora regulatoria.

Ahí mismo se presentaron dos estudios realizados por la OCDE titulados La evaluación de la competencia de México y La gobernanza de las prácticas regulatorias, los cuales son parte de una cooperación transexenal y que demuestra que las buenas acciones requieren continuidad.

Además, dijo que fortalecer la competencia y establecer un marco regulatorio de alta calidad, son elementos indispensables para promover un crecimiento incluyente y sustentable donde las industrias expuestas a mayores niveles de competencia experimentan un crecimiento acelerado de su productividad.

Asistieron los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada; así como el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán; la Representante Permanente de México ante la OCDE, Mónica Aspe Bernal; la Comisionada Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Alejandra Palacios y el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que a partir de mañana, miércoles 10 de enero, estarán en las taquillas de las Líneas 7 y 12, 450 mil unidades de la Tarjeta Metro de doble función, MasterCard Broxel.

Al incorporar una Línea más para la venta de esta herramienta digital, el STC da inicio a la segunda etapa del proceso de modernización para el pago de peaje en torniquetes, el cual inició en noviembre pasado, con el anuncio de la primera etapa por parte del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Con un costo de 10 pesos, este mecanismo tiene doble funcionalidad: Sistema de prepago para el ingreso al STC y en caso de que el usuario lo decida, una tarjeta que permite el pago de servicios, compras en establecimientos y operaciones bancarias.

*Actualmente 12 entidades federativas tienen declarada la alerta de violencia de género

La diputada Olga Catalán Padilla (PRD) presentó un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de diversas entidades federativas a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la feminicida, a fin de integrar y transparentar sus bancos estatales de datos.

El objetivo, explicó la legisladora, quien es secretaria de la Comisión Especial de Alerta de Género, es actualizar y hacer públicas las cifras sobre feminicidios en todo el país.

“En el país el número de homicidios va en aumento, tan solo las víctimas por homicidios dolosos con arma de fuego tuvieron un repunte de 40 por ciento en todo el territorio nacional entre enero y noviembre de 2017, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, sostuvo.

Precisó que actualmente, doce entidades federativas tienen declarada la alerta de violencia de género, debido a los altos índices de violencia en diferentes modos contra las mujeres, aunado a que en dichas entidades el número de feminicidios en los últimos años aumentó considerablemente.

Catalán Padilla comentó que algunas organizaciones sociales, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano contar la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, han advertido que no existe claridad en las cifras, aunado a que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.

“La violencia feminicida, aún con la importancia que representa para la sociedad y las autoridades, no ha sido incluida en las encuestas oficiales”, subrayó.

El punto de acuerdo, turnado a la Primera Comisión de la Permanente, advierte que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres sólo observa cifras sobre algunos tipos de violencia como la física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, pero no considera la violencia feminicida.

“Es necesario contar con información confiable y oportuna, dirigida a las dependencias y organizaciones que lo requieran para el combate y erradicación de esta práctica. Es por lo anterior que queremos que se exhorte a Nuevo León, Estado de México, Chiapas y Jalisco a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida”.

·         En materia de combate a la delincuencia transnacional y de cooperación científica y técnica, así como para promover y proteger las inversiones, entre otros.

México busca constantemente impulsar lazos que lo acerquen a países que se encuentran distantes geográficamente, señalaron senadoras y senadores al considerar como una responsabilidad fomentar la presencia de nuestra nación en todas las regiones del mundo y promover la cooperación en todos los campos.

Durante el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXIII Legislatura, el Senado de la República ratificó diversos convenios internacionales para fortalecer los vínculos de cooperación de México en distintas regiones del mundo.

Los mecanismos aprobados por las y los senadores establecen acuerdos con naciones de Asia- Pacífico como Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Filipinas, en materia de combate a la delincuencia transnacional y de cooperación científica y técnica.

También, para promover y proteger las inversiones y para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta.

Los legisladores destacaron la necesidad de un mayor acercamiento con países islámicos, pues representan el 25 por ciento de la población mundial, de ahí, que resulta fundamental unir puentes de entendimiento con estas naciones.

Para la región de América Latina se respaldaron diversos acuerdos con los gobiernos de Brasil, Jamaica, Guatemala, Haití, Costa Rica, Bolivia, Colombia y con la Organización de Estados del Caribe Oriental.

Los convenios tienen la finalidad de promover la cooperación técnica y científica, los servicios aéreos, evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, facilitar y proteger las inversiones, otorgar asistencia en asuntos aduaneros e intercambio de Información en este tema.

Uno de los acuerdos establece medidas para prohibir e impedir el robo, la introducción, la extracción y el tráfico ilícito de bienes culturales.

Con estos instrumentos México se posiciona como un país líder en América Latina y el Caribe para enfrentar los retos comunes en pro del desarrollo y la integración de la región, además se fortalece la seguridad de la cadena logística, del comercio exterior mexicano, al tiempo que optimiza los esquemas de intercambio de información.

Las y los senadores indicaron que se estrechará la colaboración con otras dependencias del gobierno y con autoridades aduaneras de otros países, para tener un comercio exterior seguro.

En este periodo, también se ratificó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la Organización de las Naciones Unidas, el 7 de julio de 2017, cuyo objetivo es procurar la total eliminación de este tipo de armamento y contribuir a la aspiración común de un mundo libre de armas de destrucción masiva.

En el continente africano, México firmó un acuerdo de cooperación en los ámbitos educativo, cultural y técnico con la República de Angola.

El Senado, también aprobó convenios con organismos internacionales, específicamente con la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, y uno más con el Banco de Desarrollo de América del Norte.

Las y los legisladores aseguraron que la aprobación de estos instrumentos de cooperación, con distintas regiones del orbe, coadyuvan a fortalecer el marco jurídico para que México intensifique su presencia en el escenario internacional.

Página 6 de 247