• La Función Pública estableció su inhabilitación como servidores públicos por periodos de 10 y 15 años.
  • También impuso una sanción económica de casi 620 millones de pesos por irregularidades en la adquisición del Grupo Fertinal.

La Secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, giró instrucciones para notificar a dos altos mandos de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de resoluciones que los inhabilitan como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años, respectivamente. La nueva Función Pública también impuso sanciones económicas por casi 620 millones de pesos a uno de ellos.

Una de las inhabilitaciones, por 10 años, fue para el exdirector Emilio Lozoya, según informó un portal digital.

Esta sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

La otra sanción se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal. Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario.

La Secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval, avanza con paso firme en el combate a la impunidad. Desde el primer día de la nueva administración, el 1° de diciembre, hasta la fecha, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.  Además, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.

Con acciones como esta, la Secretaría de la Función Pública reitera su compromiso de acabar con la corrupción y la impunidad, y subraya que estas sanciones son sólo el inicio de un conjunto de investigaciones en curso para dar cumplimiento a la exigencia social de erradicar el abuso de los recursos públicos, tal y como ha sido instruido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.