MUJERES DE ORO SÓLIDO

MUJERES DE ORO SÓLIDO (146)

  Por Nancy Rodríguez

*X aniversario de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres

*Asistió el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez

*Aspiramos a un mundo en el que mujeres y hombres podamos desplegar todas nuestras potencialidades

*Persisten retos en materia económica y combate a la violencia contra las mujeres para garantizar igualdad de género

*El principio de igualdad de género no es una potestad sino un derecho que se tiene que cumplir, afirma CNDH.

En el marco del X aniversario de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la senadora Lucero Saldaña del PRI consideró necesario eliminar la barrera cultural que le da menor valor a las mujeres, así como los prejuicios, estereotipos y mitos que, incluso, han causado asesinatos de género.

Exaltó el trabajo que ha costado cambiar las leyes para avanzar en este tema, pero sostuvo que lo más complicado ha sido modificar esta cultura en el país. “La tarea está lejos de ser concluida. Nuestras políticas deben enfocarse en las áreas que aún se mantienen en rezago”, afirmó.

Durante la mesa de análisis de “10x la igualdad”, a la que asistió el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que la igualdad es un principio expansible, y mientras más amplio sea su efecto, mayor será el beneficio para la humanidad.

Refirió que de acuerdo al Índice de Violencia de Género del Foro Económico Mundial, México ocupa la posición 71 de 145 países, en los cuatro rubros que mide; en uno de ellos, indica que ha reducido la brecha de género en materia de salud, está en vías de eliminar la educativa y política, abonando para ello a la paridad.

Sin embargo, persiste la desigualdad en el rubro económico en el que México baja a la posición 126.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales manifestó que ya en México la totalidad de los estados cuenta con la Ley de Igualdad y el nivel de armonización con la legislación general es alto, aunque debe mejorarse en aspectos de planeación y en la observación de la aplicación de la norma.

Por su parte, la senadora Diva Gastélum estimó conveniente trabajar en la igualdad de género en el ámbito laboral, y promover reformas para lograr este propósito, que es uno de los grandes pendientes en el tema.

Pilar Ortega Martínez, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, coincidió que los avances en las políticas públicas no son suficientes, toda vez que las mujeres siguen teniendo una subrepresentación en empresas y en el ámbito político, sobre todo en los municipios.

“Siendo mayoría en la población –advirtió– seguimos siendo una minoría en cuanto a nuestra representación en la toma de decisiones y esto es algo por lo que tenemos que seguir luchando”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, afirmó que la igualdad sustantiva tiene que ver con la eliminación de todas las formas de discriminación que mantienen en una situación de desventaja a las mujeres respecto a los hombres, fundamentalmente en el espacio público.

Por ello, añadió la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD, se requiere crear las condiciones para que las mujeres puedan concretar su proyecto de vida, y en este sentido es fundamental un sistema nacional que articule a la federación, estados y municipios.

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, asentó que el principio de igualdad de género no es una potestad sino un derecho que se tiene que cumplir.

Reconoció que México se ha fortalecido con un marco normativo y ordenamiento jurídicos que buscan garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos humanos para la población en general y, específicamente, para las mujeres y niñas.

Sin embargo, aún existen retos en materia de armonización legislativa y es imperativo que el Estado mexicano atienda las recomendaciones emanadas de organismos e instrumentos internacionales, como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de igualdad y género.

Subrayó la importancia de atender las recomendaciones de organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en materia de armonización legislativa y en la derogación de las leyes discriminatorias.

Afirmó que dentro de la compleja problemática que enfrenta nuestro país en materia de derechos humanos, lograr la igualdad entre hombres y mujeres es un aspecto prioritario, pues sin la misma no podemos hablar de una verdadera vigencia y respeto de los derechos fundamentales, ni consolidar la cultura democrática a la que aspiramos.

Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, consideró que se requiere una inversión presupuestal en acciones afirmativas mucho más fuerte que la que tenemos en la actualidad.

Advirtió que actualmente se vive un periodo de desaceleración económica en muchos países de la región y en México, que puede tener un enorme impacto en la vida de los hogares pobres, principalmente en el de las mujeres; “esto nos preocupa y necesitamos blindar los programas en la materia”.

También manifestó su preocupación por los crecientes mensajes en contra de la igualdad de género, y al respecto enfatizó que el mensaje de ONU Mujeres es contundente: “la igualdad de género es una obligación de derechos humanos, establece correlaciones jurídicas, programáticas y sociales, y el principio de no discriminación y reconocimiento a la diversidad es fundamental”.

Al evento también asistió la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Hass Paciuc, entre otros.

La senadora panista Sonia Rocha Acosta solicitó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, no recortar el presupuesto destinado al desarrollo de 68 pueblos indígenas de diversos estados.

El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 plantea un recorte adicional al de 2016, en el que se asignaron 11 millones 900 mil 503 pesos; y para 2017 se prevé reducirlo hasta 5 millones 806 mil pesos, es decir, cerca del 52 por ciento, señaló la legisladora por Querétaro.

Durante la comparecencia del titular de la SHCP en el marco de la Glosa del IV Informe  de Gobierno, Rocha Acosta afirmó que las políticas públicas no pueden dejar de lado a las poblaciones indígenas de estados como Oaxaca, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Guerrero, Querétaro, los cuales suman más de 25 millones de personas que no pueden quedar excluidos de apoyos presupuestales.

“De cumplirse este recorte presupuestal, miles de obras quedarán paralizadas e infinidad de proyectos indígenas se arruinarán”, advirtió la Senadora Sonia Rocha.

·       La senadora Hilda Esthela Flores Escalera dijo que será el órgano coordinador de esfuerzos entre los sectores público, privado y social para evitar el desperdicio de alimentos.   

·       En México se desperdicia hasta 37 por ciento de alimentos cada año, con lo que se podría beneficiar hasta a siete millones de personas.    

La senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para expedir la Ley que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos, pues en México se desperdicia hasta 37 por ciento de alimentos cada año, con lo que se podría beneficiar hasta a siete millones de personas. 

Dijo que la solución a este fenómeno debe ser integral y multisectorial, y por ello es urgente diseñar y poner en marcha una política nacional para reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, así como impulsar un aprovechamiento eficiente de los mismos.

La iniciativa tiene por objetivo la creación de un Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos, que funja como órgano coordinador de esfuerzos entre los sectores público, privado y social en esta lucha común.

El consejo se integraría por diversas dependencias como la Secretarías de Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud, y  Economía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se trata de dependencias y entidades involucradas en la producción, comercialización, consumo e inocuidad de los alimentos, así como con los efectos de cada uno de estos rubros, detalló la senadora Flores Escalera.

También formarán parte del Consejo representantes de las organizaciones de producción de alimentos, comercializadoras, organizaciones de la sociedad civil involucradas, e instituciones académicas y de investigación con especialidad en la materia.

Asimismo, el Consejo será el encargado de diseñar la política nacional en materia de reducción del desperdicio y pérdida de alimentos; de promover la coordinación de los sectores público, privado y social involucrados en la producción, transporte, comercialización y consumo de alimentos.

Además, de promover el desarrollo de infraestructura para su producción, comercialización y transporte eficiente; estimular la participación del sector privado; promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional e internacional; y de promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre la población y los sectores involucrados.

El Consejo establecerá indicadores comunes que permitan sumar todas las acciones en una misma dirección, y con ello evitar su dispersión y por ende su efectividad, señala la iniciativa.

El proyecto también prevé el diseño, la aprobación y la puesta en práctica de la Estrategia Nacional para la Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos, como instrumento rector de la política nacional en la materia.

En el documento presentado se señala que en México se utilizan alrededor de mil 400 millones de hectáreas para producir alimento que no es consumido.

Además el costo global del desecho de alimentos, en 2009, fue aproximadamente de 750 mil millones de dólares. También refiere que a escala regional, en América Latina, se desperdician 127 millones de toneladas de alimentos al año; lo que sería suficiente para satisfacer las necesidades de 300 millones de personas.

La iniciativa respaldada por las senadoras Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI; María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México; y Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Partido del Trabajo.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictaminación.

explica que se busca también reducir el impacto ambiental que causa la pérdida y desperdicio de alimentos.

·  Exhortan a autoridades locales a poner en práctica Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres

·  Inequidad en tiempos oficiales, designación en distritos perdedores y agresiones, entre otros, casos de violencia política contra mujeres

Con el objetivo de atender casos de violencia política contra las mujeres, senadoras del PAN demandaron a autoridades locales y federales implementar protocolos para evitar actos de impunidad, discriminación y desigualdad, que buscan menoscabar o anular el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales.

En un punto de acuerdo, solicitaron a organismos públicos locales, procuradurías y fiscalías generales de justicia y tribunales electorales de las entidades federativas a que, en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales, establezcan mecanismos claros, certeros y didácticos que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, oportuna y adecuada, en casos de violencia política ejercida contra las mujeres.

A nombre de las legisladoras del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez propuso que en la elaboración de sus respectivos protocolos, las autoridades tomen como base el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Asimismo, Ortega Martínez resaltó que la Fepade tiene registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral de 2014-2015 y, en lo que va de 2016, se tiene conocimiento de 103.

Ortega Martínez subrayó que entre los casos de violencia política que actualmente enfrentan las funcionarias públicas, legisladoras o candidatas, están la inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión, el registro de mujeres exclusivamente en distritos perdedores, la inequidad en la distribución de los recursos para las campañas, así agresiones verbales, gráficas o escritas basadas en extereotipos y visiones discriminatorias contra las mujeres, además de acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso homicidio.

Recordó que, a partir de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, México ha avanzado a fin de concretar esa igualdad; ejemplo de ello, dijo, fue la reforma política de 2014, en la que se estableció la obligación a los partidos políticos aplicar el principio de paridad en materia legislativa.

Sin embargo, la legisladora por Guanajuato destacó que la mayor presencia de mujeres en cargos de designación o de elección popular ha traido también un incremento de la violencia política contra ellas, “quienes en ocasiones tienen que enfrentarse a circunstancias de género, que tienen por objeto menoscabar o anular el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales o el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.

“Ante tales circunstancias es necesario promover acciones e instrumentos operativos en defensa de la violencia política hacia las mujeres, preservando sus derechos políticos, ciudadanos y civiles”, afirma la senadora Pilar Ortega.

·         Muy pocos donan voluntariamente, asegura la diputada Melissa Torres Sandoval

·         Este lunes 19 de septiembre inicia el periodo de información

Se estima que en México menos del 5 por ciento de la sangre que se encuentra en los bancos especializados, es producto de donaciones voluntarias, informó la diputada Melissa Torres Sandoval, quien anunció una campaña de información y donación del 19 al 29 de septiembre en la Cámara de Diputados.

Precisó que a partir del lunes 19, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, se ofrecerá información en módulos que se instalarán en la Explanada y Puerta 1 del Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre los requisitos para ser donante o para aclarar alguna duda respecto al proceso de donación.

Quienes lo decidan, podrán realizar una cita previa para llevar a cabo la donación de sangre los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Patio Sur de la Cámara de Diputados, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

La legisladora federal del Partido Encuentro Social y secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara baja, confió en que participen en esta campaña de información y donación de sangre, las y los diputados de todos los partidos políticos representados en San Lázaro.

Asimismo, el personal que labora en la Cámara y todas aquellas personas que quieran sumarse “a tan importante y noble causa” para que la campaña tenga éxito.

Torres Sandoval señaló que en nuestro país impera el modelo de donación por reposición; es decir, las personas donan sangre cuando un familiar o un amigo requieren de una trasfusión sanguínea o va a ser intervenido quirúrgicamente, lo que significa que no existe una cultura de la donación altruista.

Por ello, la diputada de Encuentro Social destacó que la donación voluntaria es un acto de solidaridad que contribuye a salvar vidas, de ahí que es necesario realizar donaciones periódicas y sin remuneración para asegurar el adecuado y suficiente abasto de sangre en los centros hospitalarios de todo el país.

Por Nancy Rodríguez

*Pensar en accesibilidad es pensar en Ciudades Humanas

*El edifico del Senado es de los más inaccesibles en todo el país.

*Son muchos años de lucha y seguimos careciendo de accesibilidad adecuada

*Dijo que hay que abonar y orientar la acción pública, en todos los órdenes y niveles del gobierno en esta materia.

*Asimismo, el tema de la accesibilidad debe comprenderse también desde la transición demográfica del país, señaló.   

VIDEO de su intervención

 https://youtu.be/MEw3Rsrh2hU

 La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para adicionar el párrafo décimo cuarto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de incorporar el principio de accesibilidad.

Asimismo, hizo un llamado a la sensibilidad del presidente del Senado Pablo Escudero para que se avance en los temas de accesibilidad.

La senadora señaló “hemos construido ciudades diseñadas para la circulación masiva de vehículos, de objetos y mercancías, para la construcción de portentosos edificios, parques y jardines disfuncionales, y para la circulación de objetos y mercancías, pero no para la convivencia ciudadana y para la construcción de espacios a los que pueda denominárseles espacios para la civilidad”.

Explicó que el principio de accesibilidad implica cuatro criterios elementales: la disponibilidad que se refiere a la existencia del servicio o bien; el acceso efectivo que se tiene a éste; la aceptabilidad a que el servicio cuente con la calidad necesaria; y la adaptabilidad a las necesidades de las personas en su contexto cultural, social o demográfico.

Incorporar el principio de accesibilidad a la Constitución, agregó, es un acto de justicia elemental para millones de personas, porque clarifica y orienta la acción pública, en todos los órdenes y niveles del gobierno, comentó ante el Pleno.

Dijo que las decisiones del gobierno tienen la responsabilidad de considerar que nadie, debido a barreras físicas o arquitectónicas, enfrente no sólo un menoscabo o limitación para el cumplimiento de sus derechos, sino, como ya ocurre en millones de casos, a su completa privación.

El principio de accesibilidad debe ser un criterio fundamental e irrenunciable, con base en el cual los Estados deben tomar sus decisiones más relevantes en todos los ámbitos de la vida pública, advirtió la senadora Yolanda de la Torre.

Además de la relevancia que tiene el tema de la accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad, debe comprenderse que la transición demográfica obliga al Estado a extenderlo y comprender que se trata de un concepto asociado a los distintos ciclos de vida, independientemente de la condición en que se encuentren las personas, señaló.

Por ejemplo, pensar en las personas adultas mayores implica asumir una nueva lógica de desarrollo urbano, en el que haya espacios accesibles e incluyentes adaptados y que respondan a los derechos que tienen las personas mayores de 65 años, como: aceras y guarniciones que no constituyan barreras, temporización de semáforos para el cruce de calles, prestación de servicios públicos y privados.

Abundó en que también es importante considerar el alcance que tiene el principio de accesibilidad en los espacios públicos para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o crianza temprana.

La iniciativa también es propuesta de los senadores Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena Marín Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI; y fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis.  

Miércoles, 14 Septiembre 2016 05:47

Reconfigurar rumbo social para reducir pobreza: Diputada @EdithMtzG

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·                 Hay que revisar algunas estrategias, como las relacionadas al tema del empleo, indicó la diputada Martínez Guzmán

El rumbo social requiere ser reconfigurado, pero sin ideologías, con el ánimo de sumar y que la crítica beneficie el verdadero desarrollo social, indicó la diputada Norma Edith Martínez Guzmán al referirse, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), que coordina el diputado Alejandro González Murillo, al 4º Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, en materia de Política Social.

Desde la tribuna de San Lázaro, la legisladora federal jalisciense reconoció que en materia social los avances son múltiples y en variados temas, la numeralia parece descriptivamente alentadora.

En el análisis del informe presidencial, Martínez Guzmán destacó que, en materia de Política Social, se habla de que se ha pasado de un enfoque asistencialista a uno de combate a la pobreza; que se cuenta con una perspectiva de género como eje transversal, y que se ha mejorado la calidad de vida en temas como alimentación, en los que la ampliación de las redes de Diconsa y Liconsa es algo que vale la pena aplaudir.

Refirió que se habla de medidas que hicieron posibles evitar abusos y monopolios en el precio del huevo y la tortilla, además de logros anteriores como el seguro de vida para jefas de familia, la consolidación del INFONAVIT, el gran crecimiento del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario en beneficio de las mujeres, y de un positivo incremento en la matrícula de educación media superior y superior.

“Todo lo anterior es sumamente positivo, sin embargo, el rumbo, insisto, debe ser puesto a revisión, sin ideologías, y lo digo con el ánimo apasionado de sumar a lo que de manera real, y no sólo como pose desdibujada de critica grillera, beneficie el verdadero desarrollo social”, expresó.

Dijo que el vector debe ir clara y linealmente hacia el fortalecimiento de la única institución que podría redundar en mayor capital humano y atesoramiento de fortalezas y valores sociales, hacia la única y más noble institución, que es la familia.

En ese sentido, la legisladora consideró que se deben revisar algunas estrategias, como las relacionadas al tema del empleo, fortalecer el INFONAVIT concediendo créditos conjuntos a parejas contractuales y trabajar fuertemente en desarrollar socialmente a nuestro país volviendo al tema de la familia, porque ahí está el desarrollo social por excelencia.

*El propósito es que se pueda llevar a cabo la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México.

*Además, le pide a la Secretaría de Salud del gobierno federal que asigne los recursos suficientes para realizar esta encuesta

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados debe asignar mayores recursos al sector salud, con el propósito de llevar a cabo la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, exhortó la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Andrea García García.

A través de una proposición con punto de acuerdo, publicada en la Gaceta del Senado el pasado 8 de septiembre y turnada a la Comisión de Salud del Senado de la República, la legisladora solicitó también a la Secretaría de Salud que asigne los recursos suficientes para llevar a cabo dicha Encuesta.

La senadora subrayó que el acceso, diagnóstico y tratamiento de la salud mental es uno de los temas más olvidados en nuestro país; sin embargo, es indispensable contar con los datos suficientes y recientes, que ayuden a desarrollar los instrumentos jurídicos e implementar las políticas públicas adecuadas a la realidad de la población mexicana.

Expuso que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición, dijo, fue retomada y plasmada en la Ley General de Salud.

Asimismo en su artículo 72, párrafo segundo, define la salud mental como “el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.

En el documento publicado, la senadora García García resalta que actualmente el Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018, plantea como objetivos el desarrollar acciones de protección y promoción de salud mental, así como detección oportuna y prevención de los trastornos mentales.

También propone fortalecer la cobertura de los servicios de salud mental; promover la mejora de atención en los servicios de salud mental, coordinar la elaboración e instrumentar Programas Específicos de Intervención en las unidades que conforman la red de servicios; establecer las prioridades de capacitación y entrenamiento de recursos humanos calificados, e incidir en la protección de los Derechos Humanos de las y los usuarios de los servicios de salud mental.

A pesar de lo anterior, subraya la legisladora, el Diagnóstico que se plantea, refiere a datos y estadísticas realizadas hace más de una década, como la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, Salud Mental, 2003.

Debido a ello, considera necesario que la creación y actualización de políticas públicas enfocadas a la salud mental de la población esté fundamentada en datos y estadísticas conforme a la evolución demográfica y epidemiológica del país.

Por ello afirma que es oportuno solicitar a Cámara de Diputados que incremente el Presupuesto asignado al Sector Salud para que, a su vez, la Secretaría de Salud destine recursos suficientes que ayuden a realizar en 2017 la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica.

 

·         Promover la cultura culinaria de Iztapalapa a través de sus olores y sabores

·         Enchiladas de camarón con queso philadelphia, de suadero y las iztapalapenses

·         300 variedades de enchiladas en la Feria; 250 mil visitantes las han probado en sólo 9 días

La diputada local del PRD, Janeth Hernández Sotelo, presentó en las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la Feria de la Enchilada en la cual se exhiben 300 variedades de este típico platillo mexicano y en particular de las realizadas en la delegación Iztapalapa.

Son ya 250 mil visitantes que han acudido a la Feria de la Enchilada que se exhibe en la explanada de la Macroplaza de la delegación Iztapalapa que inició el pasado 1 de septiembre y que fue presentada en la ALDF, donde acudieron los primeros lugares del concurso que se realiza en el evento.

Las hay verdes, rojas, de mole y especiales como las de suadero, de camarón con queso philadelphia, enchiladas con crema de tomate, iztapalapenses, hay para todos los gustos afirmó la asambleísta a quienes fueron a degustar los guisos de 6 exponentes de los 44 que ofrecen enchiladas en la Feria.

Hernández Sotelo dijo que es la 14va Edición de la Feria que ya es conocida y concurrida por habitantes de la demarcación y de visitantes fuera de ella, la misma estará exhibiendo las 300 variedades hasta el 13 de septiembre próximo.

·                    Contiene la firma de 310 mil ciudadanos que proponen reformas al artículo 4º de la Constitución

 

·                    La suscriben diputados de seis fracciones parlamentarias

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, presentó una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de proteger la familia y el derecho a la vida.

Está suscrita por 51 legisladores de seis fracciones parlamentarias y lleva la firma de 310 mil ciudadanos, quienes proponen que desde la Carta Magna, el Estado reconozca el derecho humano al matrimonio conformado entre un hombre y una mujer, así como el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, conforme a sus convicciones éticas, de conciencia y de religión.

También se plantea que el Estado, respetando su carácter laico, no podrá promover en la educación obligatoria ninguna ideología que contravenga la protección del matrimonio.

En el proyecto de reforma, se establece que el Estado garantice a la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad, la protección de la vida de sus miembros desde el momento de la fecundación hasta el término del ciclo natural de la vida.

Durante su participación en la tribuna de San Lázaro, la diputada Martínez Guzmán señaló que los mexicanos merecen un país que respete, desde su Constitución, el matrimonio entre hombre y mujer, como fundamento de la familia.

La legisladora federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, sostuvo que la protección de la vida humana, desde la fecundación hasta la muerte natural, y el matrimonio entre un hombre y una mujer, como fundamento de la familia, son el cimiento para la paz.

La iniciativa ciudadana fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados.

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