CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (120)

·        Diputado Edgar Romo considera fundamental comunicación del jefe del Ejecutivo con su homólogo de Canadá para coordinar acciones 

·        Avala que nuestro país mantenga renegociación del TLCAN, a pesar de la decisión unilateral proteccionista 

·        Expresa compromiso del Poder Legislativo de acompañar futuras medidas comerciales de nuestro país 

         El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, expresó el respaldo del Congreso de la Unión al gobierno de México en su rechazo a los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio de nuestro país y apoyó la decisión de nuestras autoridades comerciales de aplicar medidas compensatorias a productos estadounidenses. 

        Consideró también muy acertado que el presidente Enrique Peña Nieto haya entrado en comunicación inmediata con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a fin de coordinar ambos la defensa de un intercambio comercial libre, sin restricciones, sujeto solamente a las reglas que hoy rigen el comercio internacional y aceptadas por las naciones del mundo. 

        El legislador estimó relevante las declaraciones de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía de México de continuar el diálogo y la negociación, específicamente las pláticas para renegociar y modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pese a la determinación del gobierno estadounidense de aplicar impuestos a las importaciones de acero y aluminio.  

        “México no puede estar sujeto a medidas unilaterales de política económica y comercial que reflejan claramente un retroceso en el comercio internacional, al tratar de aplicar un proteccionismo que en la modernidad ya es inoperante, pues los países se han abierto e integrado a un mundo global en el que México está inserto hace mucho tiempo”, subrayó. 

        El diputado Romo García avaló la disposición del gobierno del presidente Peña Nieto de mantener una posición de firmeza y de responder con acciones similares a las decretadas por las autoridades comerciales de la vecina nación y, además, confió en que la renegociación del TLCAN no se detenga a causa de esta decisión unilateral del gobierno norteamericano que, a final de cuentas, repercutirá en el bolsillo de los consumidores de ambos países, debido al encarecimiento de diversos productos. 

        Enseguida, el presidente de la Cámara de Diputados externó el compromiso del Poder Legislativo de acompañar las futuras medidas comerciales que el gobierno mexicano considere pertinentes, para afrontar y contrarrestar las acciones comerciales. “Estamos en la más amplia disposición de contribuir, desde nuestra posición de legisladores, a fortalecer la política económica y comercial de México que permita reaccionar con eficacia y eficiencia en estos momentos difíciles”, concluyó.

*La incapacidad para proveer seguridad en el país, nos cuesta 4.72 billones de pesos a los mexicanos y de acuerdo al INEGI, el 76.8% de ciudadanos mayores de 18 años, se siente inseguro: Eloísa Talavera Hernández

*En México, tenemos que garantizar el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro, garantizando a sus habitantes una paz justa, sostenible y duradera, puntualizó. 

Tan solo en el actual proceso electoral se han cometido 305 agresiones contra políticos y autoridades en todo el país, de las cuales 94 se han traducido en asesinatos, lo que vulnera gravemente la democracia de México, señaló la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández. 

Recordó que abril, se dio a conocer el lamentable caso de los tres estudiantes de cinematografía de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara que desaparecieron en el municipio de Tonalá, estado de Jalisco, quienes fueron secuestrados por miembros del crimen organizado y sus cuerpos fueron disueltos en ácido de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco. 

La violencia, indicó, no solo tiene impacto negativo en la forma de vivir de los ciudadanos, sino también repercute en el tema económico, en donde datos del Índice de Paz México, refieren que el impacto económico de la violencia en país, tan solo en el año 2017, alcanzó la cifra de 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), cifra que equivale al 21% del PIB nacional y lo ubica como uno de los mayores porcentajes en el mundo. 

“La descomposición de un país inicia con la impunidad y la corrupción, no podemos seguir permitiendo que México sea –secuestrado- por el crimen organizado y por un gobierno incapaz de ofrecerle a la población la seguridad que constitucionalmente está obligado a ofrecer” dijo. 

Talavera Hernández informó que a través de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortó a la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus atribuciones, implementen estrategias eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad en el país. 

El fracaso del Estado, dijo, se ha definido como su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estatalidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social en donde el gobierno le queda a deber grandemente a los mexicanos. 

La legisladora federal indicó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, infieren que tan solo en el mes de marzo del 2018 se cometieron un total de 155 mil 431 delitos, destacando a los estados de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California respectivamente, donde se cometen más delitos.

Agregó que datos de la Organización ciudadana Semáforo Delictivo, en su reporte del grado de violencia en el país del primer trimestre del 2018, señalan una alza respecto al año anterior en delitos como  homicidio con un 16%, narcomenudeo 37%, robo a vehículos 7% y feminicidio 18%.

 

Agregó que México necesita un presidente saludable para que pueda llevar las riendas de éste país

Por tal razón, aseguró que el candidato esta muy sano y goza de todas sus facultades físicas y mentales.

Es un hombre fuerte para ganar la presidencia puntualizó el coordinador de

Por otra parte, el diputado Marko Cortés demandó que para el segundo debate presidencial se abran frecuencias de radio y tv para que más mexicanos lo puedan ver.  

  • En México, sólo 18 por ciento de estos cargos son ocupados por mujeres: Valles Mendoza

      El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (NA) señaló que a pesar de que en casi cinco décadas México ha registrado un incremento significativo y sostenido en la tasa de participación de las mujeres en la economía, es fundamental incentivar su mayor inclusión en los puestos directivos y en los consejos de administración de las empresas. 

        Relató que en México, sólo 18 por ciento de estos cargos son ocupados por féminas. Esta situación es claro reflejo de su baja participación en la fuerza laboral. De acuerdo con datos de International Business Review, la proporción de empresas sin mujeres en puestos de alta dirección aumentó en América Latina, al pasar de 34 por ciento en 2012 a 52 por ciento en la actualidad.

        La inclusión de las mujeres en los niveles de liderazgo y en los consejos de administración y la promoción de su emprendimiento, reconoció, es un tema que se ha abordado en los últimos años. Un paso importante fue la reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 2014, en la que se establecieron estímulos y certificados para las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia. 

        También, están las recientes modificaciones a la Circular Única de Emisoras, que obligan a todas las empresas y vehículos de inversión que cotizan en bolsa a hacer pública la información sobre el equilibrio de género en sus consejos de administración y órganos de decisión. 

        Sin embargo, expresó Valles Mendoza, “falta encontrar equilibrio entre los géneros. Los esfuerzos que se han emprendido a través de la vía institucional han resultado en una inclusión más equitativa de ellas al mercado laboral, pero estas voluntades todavía no corresponden a las expectativas planteadas”. 

        Por ello, propuso reformas al inciso B de la fracción XI del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de establecer que los estímulos y certificados de igualdad que se conceden anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia, deberán haber integrado una plantilla donde el 30 por ciento del total corresponda a féminas que ocupen puestos directivos, y no el 10 por ciento, como actualmente se precisa.

        El diputado de NA resaltó que esta situación permitirá estimular el crecimiento profesional de las mujeres y el económico de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 1970, 17 de cada 100 desarrollaban actividades económicas, pero en la actualidad el número se ha incrementado a casi 44. 

        Precisó que una publicación de Forbes, en la actualidad más mujeres están matriculadas en las universidades; no obstante, los hombres siguen ocupando la mayoría de los cargos directivos. Por tanto,  su preparación académica aún no se refleja en su participación en puestos directivos; derivado de ello, para acelerar su incorporación, es necesario desarrollar políticas incluyentes que reconozcan el valor que aporta el talento femenino. 

        Desde hace años, diversos países han introducido acciones sustanciales que se han traducido en iniciativas y políticas para alcanzar la igualdad sustantiva entre los géneros. Otros han tomado medidas más contundentes e introducido cuotas obligatorias para la representación de las mujeres en las juntas directivas: Israel estableció el 50 por ciento; Francia, Islandia y Noruega el 40; Austria, el 35, y Bélgica, Grecia e Italia el 33 por ciento.

        Luis Alfredo Valles resaltó que la manera en la que las mujeres en el país se incorporan al mercado laboral y al desarrollo profesional todavía se ve condicionada por un conjunto de simbolismos y percepciones culturales en torno a estereotipos, roles y supuestas ocupaciones que se han determinado históricamente a los individuos, partiendo de su sexo. 

        Consideró apremiante promover, a través de la adecuación de preceptos legales, la participación femenina en los niveles de dirección y juntas ejecutivas, lo que tendrá un impacto positivo en la economía nacional y la sociedad. 

        Estas disposiciones deben privilegiar en todo momento el mérito, y asociarse de estrategias de administración encaminadas a empoderarlas de forma efectiva en las empresas como planes de género, campañas para fortalecer la conciencia de género, lucha contra los estereotipos, y programas orientados a la contratación y retención de mujeres talentosas. 

        Subrayó que el sector privado, en conjunto con los gobiernos, resultan ser un binomio decisivo en los esfuerzos de promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres. Se ha estimado que la productividad en América Latina y el Caribe podrían aumentar 25 por ciento si se desbloquearan los obstáculos que impiden el potencial femenino al servicio del emprendimiento. 

        En la iniciativa remitida a la Comisión de Igualdad de Género, Valles Mendoza urgió a captar el talento femenino desde puestos de entrada, hasta el más alto nivel en la toma de decisiones, en este caso direcciones, juntas directivas y presidencias de las empresas. “No podemos negar que la desigualdad entre los géneros permanece, privándolas de derechos y oportunidades fundamentales para su desarrollo”.

 

El diputado Luis Alonso Pineda Apodaca (PRI) promueve exhortar a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca los programas cuyo objetivo principal sea empoderar a las mujeres empresarias para coadyuvar así en la economía de las familias mexicanas.

Expuso que las mujeres han sido un sector vulnerable de la sociedad; por diversas creencias y aspectos históricos, siempre han enfrentado problemas para lograr un empoderamiento real y una auténtica autonomía.

Dijo que en los diversos niveles de gobierno, se han desarrollado nuevas herramientas y productos de conocimiento para promover la autonomía económica de las mujeres en proyectos futuros; sin embargo, se deben implementar mecanismos que fortalezcan los programas existentes e incentivar nuevas y mejores estrategias.

Destacó que el Programa Regional Ampliando las Oportunidades Económicas para las Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola e implementado por ONU Mujeres, contribuye su acceso al poder económico en zonas rurales en México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

Se espera que las mujeres emprendedoras rurales tengan un mayor liderazgo y participen en sus comunidades e instituciones, así como en la configuración de leyes, políticas y programas, dijo.

Pineda Apodaca señaló que el Programa Mujeres PyME del gobierno federal está dirigido a empresas y negocios, de cualquier giro en comercio, industria o servicios, que requieran desarrollar su modelo y recursos financieros para crecer. 

En un punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Economía, plantea implementar mecanismos que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, particularmente en el ámbito económico. 

“En el país se debe estar a la vanguardia en materia de equidad de género y potencializar a las mujeres que buscan trascender, más allá de estereotipos, todo en pro de sus familias”, resaltó.

  • En México, 70 por ciento de los perros viven en la calle por abandono de sus dueños

El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva (PAN) propone modificar el Código Penal Federal para sancionar a quien realice actos de crueldad encaminados a la tortura o al sufrimiento innecesario de un animal; a los imputados les impondrán de seis meses a tres años de prisión y una multa de 300 días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La reforma que agrega el Capítulo sexto en materia de maltrato animal, en el Título Vigésimo Quinto de los Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental del Código en mención, también señala que se hará acreedora a sanciones de tres meses a dos años de prisión y una multa de 200 días conforme a la UMA, a quien maltrate y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga o no se considere fauna nociva para las personas.

Asimismo, precisa que a quien en el ejercicio de sus funciones como médico veterinario o persona responsable a cargo del cuidado del animal, cometiese actos encaminados a provocar sufrimiento o muerte injustificada, también será castigado con cárcel de tres meses a un año y una multa de 150 días.

La iniciativa que se envió a la Comisión de Justicia, precisa que en caso de que la muerte o lesiones del animal sean realizadas para evitar un mal igual o mayor para una persona u otro animal no se aplicará sanción alguna, siempre y cuando éstas se justifiquen.

El documento refiere que en México, 70 por ciento de los perros que viven en la calle se debe al abandono de sus dueños; no obstante, el Código Penal Federal no contiene disposiciones que condenen el maltrato animal en sus modalidades de tortura, actos crueles o semejantes, por lo que se entiende que las acciones cometidas contra los animales no son delitos de orden federal.

A pesar de ello, de acuerdo a resultados arrojados por diversas encuestas, más de la mitad de los hogares mexicanos tienen una mascota; la mayoría son perros y gatos.

Por su parte, la asociación World Animal Protection, dedicada a la concientización sobre las condiciones sociales, políticas y jurídicas en el tema de protección animal, refiere que México presenta un promedio “mínimo de esfuerzo en la creación de políticas a favor de los animales, principalmente de perros y gatos”.

Asimismo, refiere que nuestro país al no formar parte de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, acuerdo intergubernamental avalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que busca el reconocimiento y apoyo de los diferentes gobiernos para asegurar el bienestar animal, supone que el tema de la protección animal no resulta esencial para la agenda política de la nación.

Por ello, la iniciativa estima, entre sus objetivos, la necesidad de hacer valer la Declaración antes citada, la cual reúne las disposiciones mínimas de respeto y protección a la vida animal.

Precisa que en materia de política pública, el tema ha sido asumido por los gobiernos locales, por lo que la consideración de aplicar disposiciones reales en defensa de los diferentes grupos de animales (silvestres, domésticos y/o en cautiverio) ha quedado relegada.

Ante ello, “México no posee instrumentos de evaluación sobre la protección animal y el seguimiento a los asuntos de maltrato, así como tampoco se establecen metas para alcanzar el bienestar animal”, subrayó el legislador Rojas Silva.

Por lo anterior, “resulta fundamental adicionar el maltrato animal como un subtítulo dentro del título de Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental para que éste, en sus diversas modalidades, sea un delito de orden federal y no tenga que estar a expensas de la voluntad política de las diferentes entidades”, agregó.

  • Miles de trabajadores no las reciben con el pretexto de que ganan una comisión por venta: Valdés Ramírez 

La diputada María Concepción Valdés Ramírez (PRD) urgió a las empresas pagar a sus trabajadores en tiempo y forma las utilidades, ya que miles no las reciben con el pretexto de que ganan una comisión por venta. 

        Propuso adicionar el inciso g) al apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, con el propósito de establecer que los trabajadores deben disponer libremente de sus utilidades y precisar que es nula la renuncia y la cesión de éstas por cualquier medio, a favor del patrón o terceras personas. 

        Esta reforma, dijo, permitirá que “no exista pretexto ni hueco” que los empresarios puedan manejar a su favor y en perjuicio de los empleados, porque actualmente existen prácticas en contra de la ley. 

        Señaló que existen casos en los que “el patrón le dice al trabajador que no tiene derecho e incluso le hace firmar durante el mes de mayo una carta en la cual informa que no hay utilidad pendiente, para que ésta quede en registro”. 

        Además, son obligados a pertenecer al sindicato que al empleador le beneficie y a firmar en hojas en blanco la aceptación de sus utilidades que no reciben, con lo que se incumple la ley.

        De acuerdo con la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo, de 2015 a 2017 sobre el pago de reparto de utilidades (PTU) se otorgaron 37 mil 611 orientaciones y asesorías; se iniciaron 343 conciliaciones y 123 juicios. 

        Se concluyeron a favor de las y los trabajadores 215 conciliaciones y 49 demandas ganadas, con un logro económico de 2.9 millones de pesos. 

        Valdés Ramírez expresó que esos datos, “sin duda alguna, referencian que los trabajadores reciben sus utilidades en tiempo y forma. Sin embargo, no es prueba de que no se les obligue a firmar documentos en los que supuestamente las reciben, lo cual es ilegal”. 

        Por ello, llamó a respetar el derecho de los trabajadores y a que no existe excusa alguna para que sean obligados a firmar que las reciben con el pretexto de que ganan comisión sobre venta, “lo que no es negociable”.

         En la actualidad, las empresas están obligadas a pagar a sus trabajadores su participación en las utilidades que se generaran en el ejercicio fiscal anterior, lo que está sustentado en el artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. 

        Relató que en caso de Personas Morales del Régimen General, a más tardar el 30 de mayo deberá entregarse al trabajador su participación en las utilidades y el 29 de junio para las Personas Físicas del Régimen General de Actividades Empresariales. 

        Relató que la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México no cuenta con una estadística fehaciente que permita conocer la cifra exacta de cuántos son los trabajadores que no reciben sus utilidades. La gran mayoría de los procedimientos son por despido injustificado, e inclusive, en las demandas suelen dar a conocer que no recibían sus utilidades conforme a la Ley.

        Con esta reforma, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, los trabajadores tendrán la seguridad de que recibirán las utilidades que les corresponden conforme a derecho y que por ningún caso dejen de percibirlas, afirmó la diputada del PRD.

        El Pleno cameral aprobó en lo general y en lo particular, con 331 votos a favor y 18 en contra, reformas al artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para establecer los plazos en que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) resolverá las nuevas solicitudes de concesiones o permisos para explotar los recursos marinos.

        La respuesta no excederá de 60 días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, estando debidamente integrado el expediente, señala una modificación al dictamen propuesta por la Comisión de Pesca y que avaló la Asamblea. 

Hace una excepción: en el caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros 60 días hábiles cuando se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y términos que establezca el Reglamento. 

Plantea que en caso de que se hubiera presentado la información o documentación incompleta, la Sagarpa requerirá por escrito y por única vez a los solicitantes, que la integren, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. Especifica que si la autoridad omite dar a conocer al promovente la resolución a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado.       

El documento precisa que a petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución de la solicitud respectiva, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

La reforma establece: en la renovación de permisos y concesiones por primera vez, la Sagarpa resolverá dentro de un plazo que no excederá de 120 días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al permisionario la resolución a su solicitud, se considerará como afirmativa ficta (resuelve en sentido afirmativo) ante lo solicitado, con la finalidad de agilizar los trámites a los pescadores. 

Establece que la falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos, a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables. 

El dictamen, turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, destaca que estas medidas tienen el propósito de que las pesquerías sean aprovechadas sustentablemente, para lo cual ha sido necesario un esfuerzo conjunto entre productores, investigadores, autoridades y legisladores, que adapte el marco jurídico con la realidad ambiental, económica y social de los recursos pesqueros.

Resalta que debe tenerse presente que los recursos pesqueros son riqueza pública y que la Federación debe velar por su cuidado y reparto equitativo, buscando que se conserve a través del tiempo para mejorar la dieta y calidad de vida de los mexicanos.

La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), urgió a los partidos políticos, candidatos y autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la protección y seguridad para este gremio, durante la cobertura del proceso electoral.

La legisladora también exhortó a las y los aspirantes a presentar propuestas concretas sobre cómo mejorar las condiciones de seguridad y justicia de quienes ejercen la importante labor del periodismo. 

Expuso que este llamado lo hace a partir de lo denunciado por la organización Artículo 19, que ha documentado un incremento en el número de agresiones a los medios de comunicación, las cuales van desde amenazar, amedrentar o tratar de obstaculizar su labor, hasta las agresiones físicas e incluso atentados a la vida. 

La diputada Velázquez Valdez sostuvo que para garantizar una elección libre y democrática, es indispensable que la ciudadanía cuente con información relevante y veraz sobre los candidatos, las políticas que proponen y sobre el proceso electoral en sí mismo. 

En este sentido, afirmó que “los medios de comunicación son el conducto por el cual la sociedad evalúa el desempeño de quienes aspiran a un puesto de elección popular y el actuar de los partidos políticos y las instituciones electorales”. 

Apuntó que el próximo 1 de julio se llevará a cabo el proceso electoral en el que se elegirá al Presidente de la República y renovarán más de 3 mil 400 cargos a nivel federal y local, donde los representantes de los medios de información jugarán un papel fundamental, pues es a través de ellos que la ciudadanía conocerá las propuestas de los candidatos. 

Subrayó que los periodistas son una de las principales fuentes de información para los electores y al mismo tiempo fungen como observadores, alertadores ante posibles irregularidades y testigos de la sociedad, lo cual los hace partícipes en la garantía de la transparencia en las elecciones. 

Añadió que los medios de comunicación coadyuvarán a que el electorado cuente con los elementos necesarios para contrastar las diferentes propuestas que representan las personas que encabezan una candidatura y, con ello, emitir un voto informado.

“Es momento de actuar, cada delito cometido contra un periodista es un atentando contra la Libertad de Expresión”, sentenció Brenda Velázquez. 

Finalmente, la diputada panista manifestó que la Libertad de Expresión es un derecho fundamental que asegura el libre intercambio de ideas y opiniones en una sociedad democrática y plural; por tanto, su ejercicio es fundamental para la consolidación y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

 

 

·        La intención es abonar a la profesionalización de la labor legislativa 

      El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, presentó una iniciativa de reformas al Reglamento de este órgano parlamentario, para crear un Sistema de Evaluación de Diputados, que sea completamente público y que tenga por objeto evaluar el desempeño del trabajo legislativo de todas las y los diputados.

        Este sistema deberá difundirse permanentemente en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados y las conclusiones de las evaluaciones serán actualizadas al término de cada periodo de sesiones.

        El diputado Romo García dijo que la intención es abonar a la profesionalización de la labor legislativa, evaluando el desempeño de los diputados y acotando la brecha que existe entre los ciudadanos y sus representantes en el Congreso.  

        Resaltó que la sociedad ha perdido la confianza en las autoridades y en los políticos, y “los diputados no sólo no escapamos de esta realidad, sino que estamos situados en uno de los menores niveles de confianza en la sociedad”. Por ello, reconoció la necesidad de que la Cámara de Diputados cuente con un sistema de evaluación del desempeño, como medida para mejorar el trabajo legislativo. 

        Afirmó que ante la actual coyuntura histórica relevante, ya que a partir de la próxima legislatura, los diputados tendrán derecho a la reelección en sus cargos, es apremiante trabajar en la consolidación de un modelo de evaluación que genere la información necesaria para los ciudadanos, para que conozcan, evalúen el actuar de sus representantes y analicen si les otorgan de nuevo su confianza para otro periodo de ejercicio. 

        Romo García destacó que en la última encuesta nacional de Consulta Mitofsky para medir la confianza en 17 instituciones públicas, los diputados se encuentran entre las cuatro más bajas, con 4.4 de calificación en una escala del 1 al 10. 

        Agregó que son de advertir dos aspectos importantes, primero, la evidente desconfianza de la ciudadanía en los legisladores y, segundo, que dicha desconfianza deviene en gran medida de la falta de información y conocimiento integral de la sociedad sobre las atribuciones generales y específicas y el desempeño de los diputados. 

        Expresó su preocupación por que, en pleno siglo XXI, el desconocimiento social sobre la función legislativa y parlamentaria sea tan alto en México y que la ciudadanía no conozca fehacientemente las tareas que tiene a su cargo y realiza un diputado. Ello invita, continuó, a encontrar nuevos vehículos de difusión de las funciones parlamentarias que permitan a la población conocer y evaluar adecuadamente los resultados de sus representantes. 

        Mencionó que organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han realizado diversos esfuerzos de evaluación, los cuales son  respetables; sin embargo, en la mayoría de los casos hay carencia de información integral y se limitan a evaluar elementos cuantitativos, omitiendo otros aspectos, de fondo y de forma, relativos a la función legislativa. 

        La relevancia en el desempeño legislativo no sólo son las asistencias ni las iniciativas. Se debe considerar cuántas de las propuestas son aprobadas, cuál es su impacto, la calidad y la responsabilidad; también el trabajo en comisiones, los planteamientos que se hacen, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, la participación en tribuna, en foros públicos, en mesas de trabajo, en las discusiones, entre muchas otras tareas. 

        Aclaró que en ocasiones hay diputados que no pueden asistir al Pleno porque se encuentran en reuniones de trabajo y de gestión de algún asunto importante de sus comisiones, ya sea con las dependencias del Ejecutivo, con la sociedad civil o con la iniciativa privada, para lograr el consenso integral de su propuesta o dictamen; sin embargo, son esfuerzos importantes que no siempre se ven o se reconocen y que a menudo se cuestiona a priori su justificada inasistencia. 

        Estimó que estos escenarios indican que es momento de institucionalizar un instrumento de evaluación respecto de las actividades y encomiendas que realizan las y los diputados en el ejercicio de sus funciones, pero, además, que dicho instrumento contenga parámetros e indicadores que proporcionen datos duros reales, para que la ciudadanía conozca a ciencia cierta el desempeño de los legisladores. 

        Consideró que es obligatorio profesionalizar y modernizar a la Cámara de Diputados, llevándola a estándares internacionales y asegurando el monitoreo y la evaluación de la calidad del trabajo legislativo bajo un sistema sólido e integral. 

        Romo García explicó que la reforma adiciona un Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de Diputados” con los artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, plantea crear dicho sistema que sea público y considere una serie de criterios definidos, de manera que todos los elementos cuantitativos y cualitativos que intervienen en el ejercicio del cargo de diputado se valoren y se ponderen, a efecto de evaluar de forma eficiente e integral el trabajo que realiza cada uno de los diputados. 

        Para la implementación de este sistema, añadió, se crea un Consejo Coordinador, como órgano interinstitucional, que incluye la participación ciudadana a través de la sociedad civil, instituciones académicas y sector empresarial, así como las áreas técnicas de la propia Cámara, para que sea este órgano quien defina los criterios correspondientes para constituir el Sistema de Evaluación. 

        Además, dijo, la transparencia juega un papel determinante: el sistema será completamente público y se dará difusión permanente a los resultados de la evaluación en el portal de internet de la Cámara. 

        La iniciativa adiciona un Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de Diputados” con los artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, que establece que para evaluar el desempeño de los trabajos legislativos se deberá realizar mediante elementos de evaluación que contengan y ponderen todas las actividades y encomiendas que desarrollan los legisladores en el ejercicio de su cargo, de conformidad con los derechos, prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones previstas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

        También se precisa que el sistema se implementará a través de un Consejo Coordinador que fungirá como órgano colegiado institucional y de participación ciudadana de carácter consultivo, informativo y de colaboración en materia de evaluación legislativa de los diputados y sus decisiones se aprobarán por consenso. 

        El Consejo Coordinador, indica, será integrado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien lo encabezará, y un representante de cada grupo parlamentario, así como los secretarios General y de Servicios Parlamentarios. Además, el titular de la Unidad de Transparencia, tres representantes de instituciones de educación superior, tres de organizaciones de la sociedad civil y tres de organizaciones del sector empresarial.  

        La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acordará, a propuesta de su presidente, la invitación a los integrantes del Consejo, los cuales participarán por un periodo de un año con posibilidad de ser ratificados para periodos subsecuentes.  A excepción del presidente y el secretario técnico, los integrantes del Consejo podrán designar a un suplente que cubra su representación en las reuniones a las que no pueda asistir. 

        Se señala que se podrá invitar a las reuniones del Consejo Coordinador a personas expertas en materia de evaluaciones, a un representante de la Auditoría Superior de la Federación, de instituciones públicas, educativas y de investigación, de organismos internacionales y a representantes de diversos sectores de la sociedad, cuando se traten asuntos relacionados con sus especialidades o cuya experiencia profesional sea útil para que participen emitiendo opiniones, aportando información o colaborando con acciones que le competen al Consejo. 

        El Sistema de Evaluación de Diputados se normará por criterios que expida el Consejo Coordinador, los cuales deberán contener los principios rectores, el catálogo de los elementos cualitativos y cuantitativos que se considerarán para realizar la evaluación, el método, los plazos para realizar cada etapa y su difusión, y los medios de difusión de los resultados. 

        La iniciativa fue remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

El presidente de la instancia, diputado Jorge Triana Tena (PAN), afirmó que con el nuevo ordenamiento esta soberanía se convierte en sujeto obligado de transparencia, se responde a la exigencia ciudadana de que “trabajemos en una caja de cristal y saber exactamente en qué se va cada peso y cada centavo de los impuestos de la gente que eroga esta Cámara”. 

La importancia de esta normativa permitirá trabajar de manera abierta sin ocultar absolutamente nada y dará un nivel de escrutinio público mucho más minucioso del que se tenía. “La gente no quiere más dispendio, quiere ver que trabaje su recurso en beneficio de la propia sociedad”, enfatizó. 

Antes podíamos saber cuántos recursos se asignaban a cada grupo parlamentario, pero no se sabía en qué se gastaban. “Ahora lo podremos saber con toda precisión; cualquier ciudadano podrá hacer una solicitud de información pública a este respecto y habrá una unidad de transparencia que se encargue de dar respuesta”. 

Explicó que derivado del Sistema Nacional Anticorrupción, se tiene la obligación de reformar el marco legal interno de la Cámara de Diputados en materia de datos abiertos, de parlamento abierto.

El dictamen es la suma de un ejercicio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) apoyado en organismos académicos para poder enriquecer el proyecto, y de una iniciativa presentada también aquí. 

“Por eso aprobamos este Reglamento, con una dilación de más de un año, pero sale de consenso, lo cual es muy importante”.

Su presentación en el Pleno dependerá de las fechas que fijen la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política para incorporarlo a la sesión y confió en que “seguramente será este jueves o el próximo martes”. 

Posteriormente, a propuesta de Triana Tena, la Comisión aprobó erigirse en sesión permanente para analizar y votar dos proyectos de dictamen de reformas. Uno al artículo 46, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de verificación de quórum; y otro, que reforma y adiciona el mismo Reglamento en sus artículos 62, 6 y 76, en materia de agenda política, que “se tiene el compromiso de sacarlos lo antes posible”, así como “un cúmulo importante de proyectos sin votar”. 

Durante la reunión extraordinaria, se avaló el proyecto de dictamen que adiciona los numerales 3 y 5 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, para cambiar la denominación de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

También se aprobó modificar el artículo 177 numeral 3 para establecer la circulación por vía electrónica de propuestas de dictámenes entre los integrantes de una comisión. El documento señala que es necesario generar un cambio cultural y modificar las maneras de trabajo en la Cámara de Diputados.

“Significa la implementación de una moderna estrategia de eficiencia en la gestión documental, a través de intensificar y aprovechar la tecnología disponible”, y con ello se prevén reducciones significativas de recursos económicos y materiales. 

De igual forma, se avalaron cambios a diversos artículos del Reglamento de esta soberanía, para incluir la paternidad como justificación de inasistencia. 

Enseguida, el Pleno de esta comisión aprobó el decreto por el que se crea la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”, con la cual la Cámara de Diputados reconocerá en Sesión Solemne, preferentemente la primera semana de marzo de cada año, a la ciudadana que se haya distinguido por servir a la colectividad nacional y a la República, por sus actos en pro de la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. 

Se entregará una presea circular de oro, pendiente de un listón de colores patrios; llevará en la cara de anverso la efigie de Sor Juana Inés de la Cruz con la leyenda: “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón” (número de la Legislatura que entrega); y en la cara de reverso, el Escudo Nacional. 

Asimismo, se aprobó el Reglamento de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”, a fin de establecer los órganos, requisitos y procedimientos de su entrega por la Cámara de Diputados. 

Los diputados integrantes de la Comisión acordaron modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Plantean cambiar la denominación de su Título Sexto, que actualmente es “De la difusión e información de las actividades del Congreso”, para ser “De la participación cívica, difusión e información de las actividades del Congreso”. 

Establecer que el Congreso de la Unión organizará y coordinará el Parlamento, el cual se realizará por lo menos una vez por legislatura, los trabajos serán dirigidos intercaladamente entre ambas Cámaras, a través de sus respectivas comisiones ordinarias en la materia. 

Además, que la declaratoria final aprobada por los participantes del Parlamento de las Niñas y Niños de México, será dada a conocer por ambas Cámaras, que buscarán transformar este documento en trabajo legislativo.

El diputado Salvador García González (MC) promueve exhortar al Poder Ejecutivo a establecer la Secretaría del Migrante, con la finalidad de atender a las personas que, desde el extranjero, proveen de recursos para la manutención de sus familiares. 

La migración es un fenómeno mundial que incide en el desarrollo de los pueblos y la búsqueda de mejores condiciones de vida, lo cual alienta el desplazamiento de los seres humanos. 

Dijo que la existencia de países con mayores niveles de desarrollo estimula la movilidad de quienes viven en sociedades con precariedad económica, educativa, laboral, cultural y de seguridad, situación que les impulsa hacia donde existen mayores posibilidades de satisfacer sus necesidades y las de sus familias. 

Expuso que en las décadas de los 40 y 50, se originó en México un fenómeno migratorio, por la necesidad de mano de obra en los Estados Unidos al encontrarse inmerso en la Segunda Guerra Mundial y por lo cual sus ciudadanos estaban en el campo de batalla. 

La recepción de remesas enviadas por los connacionales benefició a la incipiente economía mexicana, vivía el proceso de industrialización; desde esa época, nuestro país ha tenido en esta fuente de ingresos la base y el sostenimiento de miles de familias. 

García González comentó que México se ha convertido en el origen de miles de ciudadanos que migran hacia el país del norte para obtener mejores condiciones de vida. 

En 2016, el valor de las remesas que recibió nuestro país desde la vecina nación ascendió a 26 mil 970 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 8.8 por ciento a tasa anual y el mayor incremento desde 2006. 

El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios, señala que la problemática que enfrentan los migrantes en su trayecto hacia EU “no es atendida de manera correcta debido a la carencia de recursos, violencia, robos o detención al cruzar la frontera”. 

La legisladora manifestó que la presencia de la comunidad migrante en la economía estadounidense es cada vez mayor, lo cual “está en proporción al número de mexicanos que se desplaza hacia el país del norte”. 

  • A 70 años de la creación de los primeros institutos de este tipo, la innovación y la ciencia han sido permanentes en la enseñanza, refiere 

La Cámara de Diputados, a través de su presidente, Edgar Romo García, reconoció, durante la sesión del Pleno, al Tecnológico Nacional de México (TecNM), por su aportación a la educación superior del país, a través de la investigación, la ciencia y la tecnología. 

Ese sistema formativo integral, precisó, atiende a una población escolar de más de medio millón de estudiantes de licenciatura y posgrado, por lo que representa un subsistema de los más sólidos. 

El TecNM, continuó, está constituido por 266 instituciones, de las cuales 126 son tecnológicos federales y 134 descentralizados; 4 centros regionales de Optimización y Desarrollo en Equipo; un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Afirmó que la evolución del sistema educativo ha permitido que la presencia de la innovación y la técnica sea permanente en la enseñanza. “Hoy contamos con este subsistema educativo en toda la República, el cual coordina los institutos tecnológicos descentralizados”. 

Destacó que luego de 70 años de operar los primeros tecnológicos de este tipo, el 23 de julio de 2014 se creó un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con autonomía técnica, académica y de gestión, y por  un decreto presidencial publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció el Tecnológico Nacional de México. 

Los primeros institutos surgieron en Durango y Chihuahua, como planteles de enseñanza y transmisión de conocimiento, valores y ligados al desarrollo nacional. 

Recalcó la incansable labor de los hombres y mujeres que han dado vida y permanencia al TecNM, a docentes e investigadores, autoridades y grupos sociales, quienes han participado en la construcción de toda esa red de instrucción tecnológica. 

Consideró que su creación es una verdadera apuesta por la vinculación del conocimiento con el desarrollo económico y científico. “Una apuesta por un modelo educativo de cara al Siglo XXI”. 

Finalmente, reconoció “a la institución de educación superior tecnológica más grande del país y hacemos votos por que continúe la consolidación de este modelo educativo”.

Previamente, Manuel Quintero Quintero, director general del TecNM, aseveró que alcanzar las grandes metas nacionales no serán posibles sin una educación de calidad y un desarrollo científico y tecnológico sustentable que favorezca la generación de conocimiento y de una industria propia y, por ende, una mayor independencia tecnológica y económica del país. 

Durante el foro “El Tecnológico Nacional de México: presente y futuro. Los Institutos Tecnológicos y su contribución a la ciencia, tecnología e innovación de México”, aseguró que para hacer frente a los desafíos en estos rubros, esa institución impulsa desde 2014 un programa para formar investigadores e ingenieros a nivel nacional, que los vincule con las necesidades del sector productivo para superar el rezago regional. 

Los avances se traducen en siete centros de investigación en diversos lugares de la República, dedicados a desarrollar nuevas tecnologías en los sectores automotriz, aeroespacial, agropecuario, telecomunicaciones, nanotecnología, nuevos materiales y ambiental.

Estimó que tendrán mucho éxito en los próximos años, porque se dota al TecNM de infraestructura tecnológica que le permita ser actor importante en el desarrollo del país. 

Agradeció el reconocimiento de la Cámara de Diputados al TecNM, por su aportación a través de 254 institutos tecnológicos al desarrollo de México, mediante el trabajo comprometido de miles de maestros, trabajadores y egresados. 

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputado Carlos Gutiérrez García (NA), afirmó que sin mediar colores partidarios, los legisladores se han esforzado para lograr un presupuesto acorde a las necesidades de desarrollo que tiene el sector.

“Tenemos ocho por ciento adicional para el presente año, gracias a la solidaridad y responsabilidad, lo cual deja un precedente para no dejar caer, en otras Legislaturas, el presupuesto que requieren los investigadores y las entidades”, afirmó. 

Reseñó la creación del TecNM y su relevancia como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión que ha destacado como una institución de excelencia, fortalecida con investigación y proyección social; aporta mucho a nuestro país, por lo que es necesario destinar más recursos para su infraestructura. 

Planteó la necesidad de estrechar vínculos con los sectores productivo, de servicios y público, y con la sociedad, a fin de optimizar las oportunidades que ofrecen la ciencia y tecnología para crear nuevos productos desde la academia y tener mayores oportunidades de transitar a una verdadera sociedad del conocimiento. 

Al inaugurar el foro, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador parlamentario de Nueva Alianza, resaltó lo invaluable en la aportación de la educación tecnológica al desarrollo del país a través de los años; recalcó que la comunidad técnica ha jugado un papel fundamental en la construcción de México. 

Superar los retos y desafíos que se tienen en ciencia, tecnología e innovación, depende del trabajo de las instituciones técnicas. Por ello, se reconoce la contribución del TecNM en este proceso, así como a los jóvenes egresados, apuntó. 

El diputado Luis Manuel Hernández León (NA), secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se pronunció por más y mejor presupuesto para la enseñanza superior en México, debido a que no se pueden desarrollar la ciencia y tecnología si los recursos se van reduciendo en términos reales. 

“No podemos ser un país de primer mundo y competitivo que pueda atender los rezagos de ayer y los desafíos del mañana, si abandonamos la ciencia y la técnica”, advirtió. 

Convocó a aprovechar el potencial de los institutos tecnológicos en todo el país, como el TecNM, que significan gran orgullo del sistema público de educación superior al atender a los jóvenes, que tienen esperanza en la preparación como cambio de vida. 

Del PAN, la diputada Eloísa Talavera Hernández dijo que “se debe continuar con la tarea de preparar a nuevas generaciones, con el propósito de que afronten los desafíos que se aproximan por los propios avances científicos. La formación en estas materias, nos da oportunidad de generar empleos y nuevas áreas de investigación”. 

Indicó que el gran reto que tiene México es mantener el avance en la innovación, a través de políticas públicas y decisiones que den resultados. En el Congreso, dijo, se deben aprobar iniciativas que fortalezcan el marco institucional a largo plazo, porque los cambios tecnológicos no se detienen y la legislación tiene que adaptarse al futuro para resolver nuevos problemas. 

También de Acción Nacional, Máximo García López, expresó su reconocimiento al TecNM, por su gran contribución a la educación del país. Hemos insistido en incrementar los recursos para la ciencia y tecnología; “la mejor herencia que podemos dejar a nuestros jóvenes, es la educación”. 

Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), afirmó que México transita hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento. “Por ello, tenemos que cerrar el circuito entre la ciencia básica-teórica y el desarrollo tecnológico, la  innovación y el sector productivo para generar un círculo virtuoso que vincule a instituciones tecnológicas en la cadena de conocimiento”.  

Señaló la buena oportunidad para el TecNM de vincular al sector empresarial en proyectos industriales, mediante el Programa de Incentivos Fiscales iniciado el año pasado, para promover la inversión de empresas en ciencia, tecnología e innovación. 

Explicó que las compañías presentan proyectos para ser evaluados por un comité integrado por varias dependencias públicas, y de resultar viable, se les otorga un crédito fiscal del 30 por ciento utilizable en los próximos 10 años, para apoyar la investigación. Con ello, los institutos tecnológicos se han convertido en socios de las empresas.

Señaló que en los últimos cinco años las becas en postgrado del TecNM se incrementaron en más del 25 por ciento, lo que se traduce en seis mil egresados que gozan de estos apoyos para proseguir sus investigaciones tecnológicas y de innovación, a fin de insertarlos a la industria.

El presidente de la Comisión de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor Gutiérrez Martínez, resaltó la colaboración de ese consejo con el TecNM, a través del impulso de programas como el de Células de Innovación y Educación Dual.

Destacó que esa contribución integra la capacidad de los jóvenes con ideas empresariales. “Son proyectos que impactan a miles de estudiantes y los prepara para nuevas competencias; además, es muy relevante que el Tecnológico sea la única institución que tiene presencia en todas las Zonas Económicas Especiales”.

El presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, José Alonso Huerta Cruz, afirmó que México requiere instituciones de educación superior con visión y capacidad de atender la demanda de conocimiento para generar mejores condiciones de desarrollo individual y colectivo. 

Añadió que las instituciones tecnológicas están llamadas a ser protagonistas del modelo de transformación que tiene que vivir el país, que requiere una visión más innovadora y de vanguardia como la del TecNM, la cual vincula su actividad al entorno productivo y social de sus regiones, para impulsar su desarrollo.

Salvador Orozco Fernández, director de Innovación en la Secretaría de Economía, señaló que existen diversos proyectos estratégicos de cooperación entre esa dependencia federal y el Tecnológico, que puedan tener un impacto en los sectores económicos.

Mencionó que en temas de fomento a la cultura, se trabaja con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y los tecnológicos, en programas como células de innovación, destinados a generar conocimientos y competencias en el talento humano.

Resaltó que el TecNM es una institución cercana a los sectores económicos con una vinculación efectiva con la industria y que entiende las necesidades de mercado. 

En el marco del foro, se inauguró la exposición “Muestra del Tecnológico Nacional de México historia, presente y futuro, y su contribución al desarrollo científico y tecnológico de México”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Asimismo, los diputados Carlos Gutiérrez García y Eloísa Talavera Hernández, y Manuel Quintero Quintero, director general del TecNM, firmaron la Carta Declaratoria San Lázaro, cuyo objetivo es establecer el compromiso de la Cámara de Diputados para coadyuvar a que la institución logre sus metas en el desarrollo tecnológico, investigación e innovación.

 

  • Realizan en San Lázaro foro “Igualdad de Género, un objetivo de desarrollo sostenible” 

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Carmen Salinas Lozano (PRI), afirmó que ante los retos que enfrentan muchas comunidades del país, es fundamental terminar con las ideas paternalistas y discriminatorias, y resaltó la necesaria participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. 

En el foro “Igualdad de Género, un objetivo de desarrollo sostenible”, consideró que no es posible aspirar a vivir en un México justo, si no se ofrece el mismo acceso de las mujeres no sólo a la educación y salud, sino al trabajo en igualdad de condiciones a los hombres. 

Subrayó la importancia de la contribución de esta población en temas políticos y económicos a sus entidades y que, además, su colaboración no se entienda como “una graciosa dádiva”, sino como una condición indispensable para el progreso social. 

Estimó que frente a los embates de los actuales modelos de desarrollo, se deben encontrar soluciones que permitan la mejora de las comunidades y garanticen que ese desarrollo sea compatible con la igualdad de género. 

Salinas Lozano hizo votos por que las generaciones futuras logren concretar el objetivo de integrar una sociedad más justa, que respete y promueva la equidad. 

“Cada quien debe asumir sus responsabilidades, pero sin discriminación ni abuso de poder, pues la única esperanza para lograr un mejor mundo es lograr el equilibrio de oportunidades entre mujeres y hombres”, concluyó. 

Entre los objetivos del foro está el promover los principios de no violencia, a través de la incorporación de actitudes de equidad y no discriminación; así como fomentar la cooperación de las mujeres en la vida política del país y proponer alianzas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en materia de erradicación de la violencia. 

También se plantea visibilizar la violencia contra las mujeres, con rasgos de género; difundir aspectos básicos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y examinar sus derechos humanos. 

En el foro se trataron los temas Igualdad de Género en los objetivos de Desarrollo Sostenible; Institucionalizar la perspectiva de género en el ámbito laboral; Violencia política contra las mujeres con rasgos de género, y Dependencias: a dónde acudir en caso de violencia, discriminación, abuso, acoso y hostigamiento. 

Las ponencias estuvieron a cargo de las consultoras independientes en temas de igualdad de género Aranzazú Flores Castellanos, Rocío Suárez López, Nora García Jiménez y Verónica Hernández Guadarrama, quienes coincidieron en que la violencia contra las mujeres obstaculiza su participación en el servicio público, lo cual afecta no sólo a la víctima, sino que además funciona como un dispositivo de discriminación para otras mujeres. 

Plantearon trabajar en estrategias para lograr la institucionalización de la perspectiva de género, a través de políticas transversales y el empoderamiento de las mujeres.

 

 

  • Cada día se denuncian de dos a tres casos de acoso sexual en su contra en el transporte público capitalino: Villa González

 

  • La mitad de las mujeres de la Ciudad de México han sido violentadas en espacios públicos

 

La secretaria de la Comisión de Transportes,  diputada Concepción Villa González (Morena), propuso exhortar al jefe de gobierno de la Ciudad de México y al mandatario del Estado de México, así como a sus secretarios de Movilidad, a que se coordinen para instrumentar medidas de prevención y seguridad en puntos con altos índices de delincuencia, a fin de que las mujeres tengan un tránsito eficiente y seguro.

 

        En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Igualdad de Género, con opinión de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, la legisladora precisó que la inseguridad en el transporte público es una constante, principalmente en la Zona Metropolitana, donde se tiene el mayor índice de asaltos y se presentan delitos como acoso sexual y violación a mujeres.

 

        Refirió que las conductas denunciadas van desde tocamientos, palabras obscenas, insinuaciones sobre el cuerpo o la apariencia, acosos, intimidación, amenazas con fines sexuales, exhibición de genitales, miradas lascivas e incómodas al cuerpo de las mujeres, persecución y toma de fotografías o video sin el consentimiento de la persona.

 

        Villa González mencionó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), diariamente se denuncian de dos a tres casos de acoso sexual en el transporte público en la Ciudad de México, sin considerar que muchos no son denunciados por falta de información, miedo o represalias.

 

        Tan sólo en 2017, fueron abiertas alrededor de 208 carpetas de investigación por delitos sexuales en el transporte público capitalino. Las infracciones más comunes: palabras ofensivas, tocamientos, exhibición de genitales y violaciones.

 

        Denunció que la mitad de las mujeres que habitan en la Ciudad de México han sido violentadas en espacios públicos. Mediante la recopilación de datos de la Procuraduría capitalina y de encuestas del INEGI, Instituto de las Mujeres, ONU Mujeres y El Colegio de México, se demostró que de las mujeres que han usado el transporte de la capital, un 93 por ciento sufrió miradas lascivas; ocho de cada 10 padecieron chiflidos o, incluso, acercamientos desmedidos y 65 por ciento respondió que les recargaron el cuerpo.

 

        Además, continuó, ocho de cada 10 que sufrieron alguna agresión en el transporte público, viajaban solas. El problema de la violencia en espacios públicos, se da con mayor frecuencia en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, porque ciertas personas aprovechan la aglomeración para robar o realizar acercamientos indebidos, de acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG).

 

        La diputada de Morena externó que el diagnóstico identificó los principales “hot spot” o puntos de ataques sexuales, en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Las violaciones tienden a ocurrir en las cercanías de las líneas del Metro; las estaciones que presentan la mayor incidencia son Pino Suarez, Balderas, Pantitlán, San Lázaro y Tacubaya.

 

        Lamentó que, en el actual sistema de justicia penal, el delito de acoso sexual no amerita prisión preventiva, la cual únicamente la ordena un juez en los casos de crimen organizado, homicidio doloso, violación y delitos cometidos con arma de fuego, entre otros.

 

        El panorama del transporte público en la Ciudad de México y en el Estado de México, se visualiza inseguro y deficiente, tanto para hombres como para mujeres, por lo que resulta obligatorio generar soluciones viables en breve plazo, “porque la población crece y con ella la necesidad de movilizarse de una manera segura”, subrayó.

 

        Concepción Villa indicó que, a pesar de las inversiones millonarias en el transporte público del Estado de México, como la construcción del Teleférico y la línea 4 del Mexibús, se tiene que garantizar seguridad a los usuarios, especialmente a las mujeres.

 

        “La falta de educación, el menosprecio por el sexo femenino, el machismo y el desinterés de las autoridades por castigar el delito, provocan que la mayoría de las mujeres que utilizan el transporte público de la entidad mexiquense hacia la Ciudad de México, o viceversa, para trasladarse a realizar sus actividades cotidianas de trabajar y estudiar, por ejemplo, sean acosadas sexualmente”, apuntó.

 

        Aunado a ello, expuso, los asaltos a mano armada a bordo de las unidades de transporte se han incrementado y cada vez deja mayores pérdidas materiales y humanas.

 

        Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado vecino, las rutas más peligrosas se ubican en vialidades como Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Luis Donaldo Colosio, Adolfo López Mateos, Vía Morelos y en los municipios de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Coacalco y Tultitlán.

 

        Por ello, consideró fundamental que la CDMX y el Estado de México se coordinen para instrumentar más medidas de prevención y seguridad para garantizar a las mujeres una movilidad eficiente y segura.

 

Página 5 de 7