Por Nancy Rodríguez

Los diputados de Morena eligieron “con un criterio de paridad de género” a los 16 integrantes de su mesa de coordinación, la cual estará encabezada por Mario Delgado Carrillo, informó el grupo parlamentario. 

Entre dichos integrantes figuran Tatiana Clouthier Carrillo, electa como vicecoordinadora general de la bancada, y Pablo Gómez Álvarez, quien será el coordinador de Procesos Parlamentarios, indicó en un comunicado. 

“La fracción parlamentaria de Morena eligió a través de un procedimiento democrático, libre y directo a la diputada Tatiana Clouthier Carrillo como vicecoordinadora general, para fortalecer la dirección de este órgano”, externó. 

La mesa de coordinación quedó integrada por 16 diputados, de los cuales ocho son mujeres y ocho hombres: 

1. Coordinador Parlamentario, Mario Delgado Carrillo;

2. Vicecoordinadora general, Tatiana Clouthier Carrillo; 

3. Coordinador de Procesos Parlamentarios, Pablo Gómez Álvarez; 

4. Coordinador de Administración, Austeridad y Transparencia, Moisés Ignacio Mier Velazco; 

5. Coordinadora de Parlamento Abierto, Lorena Villavicencio Ayala; 

6. Coordinador de Finanzas Públicas y Fiscalización, Jorge Luis Montes Nieves; 

7. Coordinadora de Economía y Competitividad, María de los Ángeles Huerta del Río; 

8. Coordinador de Derechos Sociales, Bienestar y Pueblos Indígenas, Armando Contreras Castillo; 

9. Coordinador de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Irán Santiago Manuel; 

10. Coordinadora de Justicia y Derechos Humanos, Lorenia Iveth Valles Sampedro; 

11. Coordinadora de Diversidad, Género e Inclusión Social, Merary Villegas Sánchez;

12. Coordinadora de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Políticas Urbanas, Flor Ivone Morales Miranda;

13. Coordinadora de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez; 

14. Coordinador de Desarrollo Rural y Asuntos Agrarios, Fortunato Rivera Castillo; 

15. Coordinador de Relaciones Exteriores y Población, Miguel Ángel Chico Herrera; 

16. Coordinadora de Asuntos Constitucionales y Gobernación, Aleida Alavez Ruiz. 

En declaraciones a la prensa, el coordinador Delgado Carrillo destacó que su grupo parlamentario también cumplió con el criterio de paridad de género en la elección de presidentes de comisiones ordinarias, ya que de las 23 que presidirá Morena, 12 estarán encabezadas por mujeres y 11 por hombres.

El próximo miércoles 26 de septiembre, se celebrará en un salón de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el foro abierto “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz”, para analizar reformas legales que implementen medios de control efectivos para atacar los beneficios millonarios y evitar la sangría de recursos públicos que genera la comercialización de comprobantes fiscales, emitidos por empresas fantasma, con las que amparan operaciones simuladas.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar considera que el Ombudsman fiscal, presidido por la licenciada Diana Bernal, ha desempeñado un papel relevante en el combate a las empresas fantasma y a la facturación falsa y ha presentado propuestas para erradicar este ilícito.

La propuesta que se requiere consiste en que todas las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, ya sean sociedades de la iniciativa privada o entidades del sector público federal, estatal o municipal, retengan dos terceras partes del IVA que se cause en la contratación de servicios, así como un 10% del monto que ampare el comprobante fiscal como pago provisional de ISR.

Adicionalmente, se analizarán los cambios en la legislación penal, para identificar como delito grave el uso de facturas falsas.

En ese sentido, tanto Diana Bernal como Ramírez Cuéllar, se refirieron a la urgencia e importancia de formular y presentar una iniciativa que eleve a delito grave y delincuencia organizada, la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. También se requiere aumentar la penalidad de este delito para llevarla hasta 10 años de prisión.

Urge poner un semáforo de alerta a la corrupción que se ha presentado en diversas entidades del sector público --- comentó el diputado de Morena ---, ya que es frecuente que dichas entidades contraten supuestas prestaciones de servicios como “asesoría”, “diseño de logotipos”, “publicidad”, “estudios” y “servicios de logística”, entre otros, de los cuales es difícilmente rastrear su efectiva prestación.

Al foro acudirán como expositores, la propia Diana Bernal, así como importantes fiscalistas, como Ricardo Cervantes ex presidente de la ANADE, Alejandro Marín de la Asociación de Especialistas Fiscales en Jalisco, Jorge Covarrubias, socio de la firma Parás Asesores Fiscales, así como el Presidente del Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro.

 Por Nancy Rodríguez

El Pleno avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados y reconociendo la pluralidad y composición de esta LXIV Legislatura, se promueve que, en la integración de las comisiones, comités, grupos de amistad y delegaciones para los organismos internacionales permanentes, se observe la paridad de género.

        Desde su curul, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) se congratuló de que se busque la paridad en las comisiones y comités, pero “no solamente en eso, también en las áreas administrativas”. Calificó como impostergable la igualdad de género en la ocupación de los espacios de toma de decisiones. “Esta legislatura pasará ya a la historia como la legislatura de paridad. Es necesario que se inicie y practique la democracia paritaria, que sea en igualdad de condiciones tanto horizontal como verticalmente”. 

        Martha Angélica Tagle Martínez, diputada de MC, indicó que se le dará seguimiento para que las comisiones ordinarias, especiales, grupos de trabajo, la integración de las mesas directivas y las presidencias de esos espacios estén integrados de manera paritaria. “Queremos mujeres, en el poder con poder, con poder para cambiar la vida de las demás mujeres, porque para eso llegamos a este Congreso, para mejorar la vida de las demás mujeres y, por ende, de la sociedad”. 

        La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) mencionó que este acuerdo es significativo para las mujeres que “hoy estamos representando a miles, a millones de mujeres en este país. La violencia ha crecido significativamente, pues todos los días nos damos cuenta de feminicidios y la representación que hoy tenemos en esta LXIV Legislatura debe ser para trascender, para que las mujeres que hoy esperan de nosotros sepan que las representamos con dignidad y no solamente estamos ocupando una silla en esta Cámara”. 

        Su compañera de bancada, diputada Lizeth Sánchez García celebró que “estemos ocupando estos puestos y demostremos gran capacidad. No solamente es una cuota de género, sino que las mujeres tenemos la fuerza y podemos gobernar, porque además de ser la base de una familia, de una sociedad, sin duda alguna hoy estamos aquí porque podemos ser grandes mujeres y grandes legisladoras”. 

        La diputada del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña, precisó que este acuerdo refleja lo que muchas mujeres han venido exigiendo, que es la paridad. “La hemos logrado cuantitativamente y ahora la queremos cualitativamente. Queremos estar en la mitad de las presidencias y en la mitad de la integración”. 

        Por Morena, la diputada Lorena Villavicencio Ayala destacó que son 241 legisladoras y “tenemos en nuestras manos la posibilidad de que esta Cámara actúe de manera distinta. Venimos las mujeres aquí para demostrar que se puede hacer otro tipo de política, donde los argumentos sean lo más importante y podamos actuar de manera conjunta”. 

        Marcela Torres Peimbert, diputada del PAN, argumentó que el que las comisiones y las presidencias de las comisiones estén integradas de manera paritaria, traerá enormes ganancias a México. “Seremos las legisladoras quienes estemos trabajando con una visión transversal de perspectiva de género incluyente”. 

        De ese mismo grupo parlamentario, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas aplaudió la voluntad política para integrar las comisiones de manera paritaria e hizo un llamado “para recordar que la paridad no es el único pendiente que tenemos no solamente con las mujeres que hemos llegado a la toma de decisiones, sino con todas las del país. Que el trabajo legislativo se realice, siempre con miras de la defensa de la vida de las mujeres, y que realmente podamos tener una vida libre de violencia”. 

        Del PRI, la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez expresó que este es un primer paso y se está mandando un mensaje a México y a todos los congresos locales para que puedan seguir con esta visión. “Que las próximas legislaturas puedan gozar de estos derechos, y las mujeres podamos seguir participando a plenitud”. 

        Beatriz Manrique Guevara, diputada del PVEM, manifestó que este acuerdo “no es una dádiva, sino es algo conseguido por la lucha de las mujeres por muchos años. No solamente basta que a las mujeres se nos mande a competir en condiciones de igualdad, tenemos que llegar a los espacios en donde se están tomando las decisiones”.

• Piden revisar reglas de operación, asignación de recursos y  legislación en este rubro 
• Realizan en San Lázaro foro para evaluar requerimientos y fortalecer funcionamiento de estas unidades para la niñez

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a que analice la problemática relacionada con las reglas de operación y la asignación de recursos de las nueve mil 653 estancias infantiles de todo el país, que atienden a 313 mil 450 niños. 

Durante el foro “Retos y desafíos para el fortalecimiento de estancias infantiles”, al que asistieron representantes de estos centros de desarrollo de la niñez de las 32 entidades federativas, el legislador indicó que la propuesta busca que en las reglas de operación de estas unidades, para el próximo año, se tomen en cuenta sus demandas y les lleguen los recursos requeridos. 

“La actual administración aún tiene dos meses y medio para atender este asunto y, sobre todo, dejar claras las condiciones en que dejará las estancias para los próximos años”, comentó. 

Dijo que el gobierno federal, a través de la Sedesol, da un apoyo de 950 pesos por niño, y los responsables determinan si con esa aportación es suficiente o se solicita una cooperación más al padre o madre de familia para la atención del infante. 

Añadió que estas problemáticas deben ser atendidas con las actuales autoridades de la Sedesol, “para concluir este periodo del Ejecutivo federal, es decir, liquidar todos los pendientes, los adeudos, que no dejen nada rezagado y revisar lo relacionado con lo que será la Secretaría de Bienestar Social, además del tema de las reglas de operación o cambiarlas”. 

Además, indicó que se buscará una reunión con quien ha sido propuesta como nueva titular de esa secretaría de Estado en el próximo gobierno federal, a fin de lograr el apuntalamiento de las estancias. 

Montalvo Luna expresó su disposición a trabajar de la mano con los representantes de este sector en un proyecto de estancias infantiles, ya que “estamos buscando que le vaya bien a México, a los niños y a las guarderías”. 

En tanto, el diputado Óscar González Yáñez, vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, sostuvo que es necesario revisar la legislación en materia de estancias infantiles, ya que existen vacíos jurídicos que propician que los encargados de estos espacios incurran en responsabilidades legales que no les corresponden. 

Destacó que se debe garantizar certeza jurídica a estos centros de atención a la infancia y brindar tranquilidad a los padres sobre el bienestar de sus hijos.

Afirmó que son un espacio fundamental, ya que son el primer lugar donde los pequeños reciben protección por el Estado, por lo que, enfatizó, “debe ser un espacio maravilloso”. 

Refirió que a nivel mundial, cada segundo nacen tres o cuatro infantes, lo que representa una gran responsabilidad con este sector. “Lo que hagamos con los niños hoy, es lo que ellos van a hacer por el mundo y ustedes tienen una gran tarea en su educación, por medio del  respeto y el amor, para que estén orgullosos de su país.” 

González Yáñez subrayó que la idea es no sólo aumentar la cobertura, sino elevar la calidad de las estancias infantiles, a través de la Sedesol; por ello, consideró primordial llevar a cabo una reunión con la futura y la actual autoridad de esta dependencia federal, para revisar los avances y pendientes en la materia. 

“Nuestra tarea es ayudar a la Sedesol para que cumpla con la tarea de velar por el interés superior de la niñez”, subrayó. 

Expuso que se debe discutir el modelo educativo de estas unidades para la niñez, a fin de cambiar el concepto de estancia infantil porque “ni se guardan niños, ni son lugares para estar”; se llaman Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) o Centro de Desarrollo Infantil (Cendi). 

Al participar, los integrantes del Grupo Nacional de Estancias Infantiles propusieron optimizar el funcionamiento del programa de estos espacios y mejorar sus reglas de operación. 

Además, solicitaron que las decisiones de los supervisores regionales de las estancias se adapten a las características y necesidades de cada zona geográfica, ya que requieren atención específica debido a los climas en cada una de ellas.

• Cadenas comerciales venden lábaros patrios, vírgenes de Guadalupe y muñecas de trapo de mala calidad, fabricados en China

La diputada Sonia Rocha Acosta (PAN) plantea exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Economía, prohíba la comercialización de productos artesanales de origen extranjero, en particular los provenientes de países asiáticos, como China, porque “constituyen verdaderas imitaciones de artesanías mexicanas que atentan contra la identidad y economía de los pueblos indígenas”.

        En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, también propone que estos bienes sean protegidos y se apoye a los artesanos y productores prohibiendo a las grandes cadenas la venta y distribución de artículos asiáticos. Además, plantea impulsar las piezas  nacionales para enviarlas al extranjero, y se les otorgue el reconocimiento de creación cien por ciento mexicana. 

        Rocha Acosta subraya que esta propuesta no atenta contra las tiendas departamentales, las cuales deben contribuir a la comercialización de lo hecho por las manos de los artesanos mexicanos, en apoyo de la economía nacional.

        México es un país con una diversidad cultural amplia, sustentada en sus pueblos indígenas u originarios, donde su principal medio de subsistencia lo conforman las artesanías que elaboran  y en las cuales plasman la identidad de cada uno de estos pueblos. 

        Precisa que para las comunidades indígenas, la actividad artesanal representa una fuente de empleo y sustento económico de sus familias; por tal motivo, se debe dignificar y proteger ese trabajo, pues además de ser un medio de subsistencia, constituye una expresión artística. 

        Sin embargo, la legisladora añade que en un mundo globalizado y con la intención de generar ganancias comerciales, países como China han hecho una producción en serie de baja calidad y costo mínimo, lo que permite realizar imitaciones de piezas que se asemejan a las artesanías originales, y que son vendidas en tiendas de autoservicios y departamentales. 

        Ello denigra el trabajo de los mexicanos y atenta contra la identidad, cultura, tradiciones y economía de los pueblos indígenas del país. 

        Un ejemplo, añade, es la muñeca de trapo colorida de origen mazahua u otomí, típica del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, que es imitada por chinos y comercializada en  tiendas de cadena, “poniendo en riesgo la identidad y preservación de una de las artesanías más representativas del país, confeccionada por mujeres indígenas de esa zona”. 

        La diputada del PAN destaca que con esta muñeca, las mujeres indígenas tratan de identificar sus raíces vistiéndolas con atuendos y accesorios que ellas mismas utilizan y reflejan su identidad originaria; de esta manera, “se transmite a las niñas los valores, actividades y parte de su indumentaria tradicional que rige en su comunidad”. 

        Incluso, en China, se ha hecho e impreso uno de los símbolos nacionales, como el lábaro patrio, o creado, piezas de bulto de la Virgen de Guadalupe, o prehispánicas como las pirámides del Sol y la Luna o la Serpiente Emplumada. Todas se comercializan en grandes almacenes, lo cual lesiona la identidad cultural del país y afecta la economía de miles de familias dedicadas a esta actividad. 

        Por último, reitera la importancia de proteger el trabajo de artesanos de diversas regiones del país, como son los cantereros, alfareros, ceramistas, productores de artículos de ixtle, licores, dulces y otras golosinas, y con ello generar un impulso comercial y posicionar nuestra identidad cultural en el extranjero.

13 de septiembre, 2018

• SE ACABARON LOS PRETEXTOS, SE VAN LOS PRIVILEGIOS.

Con la minuta que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el concepto del presupuesto como un botín, llega a su fin, sostuvo el diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

En el marco de la presentación de reservas respecto a la minuta, el líder de la principal bancada en el recinto legislativo de San Lázaro aseveró que con este proyecto se pone fin al despilfarro que caracterizó las administraciones del PRI y del PAN.

Al defender la minuta en sus términos, Mario Delgado argumentó que durante los gobiernos del PRI y PAN se tenían ministros de la Corte, consejeros del INE, magistrados del Trife, presidentes de organismos como la Cofece, IFETEL y el INAI, que ganan más de 2 millones 300 mil pesos al año.

Además, durante la actual administración, el costo de la alta burocracia se incrementó en más de 20 mil millones de pesos; “en total, en el sector público tenemos 103 mil 177 plazas que ganan más de un millón de pesos anuales y el costo total de las mismas asciende a 146 mil millones de pesos”.

Mario Delgado llamó a comprender que la austeridad no es un discurso sexenal ni una pose política, “entendamos que los recursos públicos deben ser tratados como sagrados, que vienen del esfuerzo, del sudor de la frente de miles de trabajadores, millones de trabajadores mexicanos, y de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que con mucha tenacidad luchan por salir adelante”.

El diputado apuntó que si bien los opositores a la minuta argumentan que tiene inconsistencias, “la inconsistencia que más nos preocupa es la que ha prevalecido en los últimos años, donde tenemos funcionarios ricos con pueblo pobre”.

“Nos dijeron también que si aprobamos esto nos van a corregir la plana, ya nos corrigió la plana la gente el primero de julio, porque está cansada de tanto dispendio en el presupuesto público”, dijo.

“Se dijo por ahí que es una minuta que viene del invierno, no; es una minuta que viene de la revolución de las urnas del verano pasado, hace 2 mil 863 días que esta minuta estaba esperando este día; se acabaron los pretextos, se van los privilegios”, subrayó.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y adiciones al Código Penal Federal, a fin de regular las percepciones de los empleados federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. 

Para la discusión en lo particular se reservaron los 17 artículos contenidos en cinco capítulos de la minuta, aprobados en sus términos, por 246 votos a favor y 111 en contra, luego de la participación en tribuna de 28 oradores y la presentación de 13 propuestas de modificación. El documento se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. 

Esta ley, reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene que todo servidor público no puede tener una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Se adiciona al Título Décimo Libro Segundo “Delitos Cometidos por Servidores Públicos” del Código Penal Federal, un Capítulo V Bis denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos”, en el que se establecen sanciones económicas hasta de 3 mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, y prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos hasta por 14 años. 

El ordenamiento considera remuneración a toda retribución en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra cosa, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

En tanto, define como servidor público a quienes desempeñan una función, empleo, cargo o comisión en los Poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, entes públicos incluidos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia, tribunales administrativos, Procuraduría General de la República, Presidencia de la República, dependencias federales y organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal.   

El documento plantea que ningún funcionario puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, siempre que éste cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales. 

Asimismo, por el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo, cuando su desempeño exija una preparación, formación o conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología, entre ot  ros. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las remuneraciones no podrá exceder la mitad de la percepción establecida para el Ejecutivo. 

Estipula que las remuneraciones y tabulaciones son públicas, por lo que no puede clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Los ejecutores del gasto público federal y demás entes públicos las darán a conocer en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente. 

Se establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá hacer observaciones, iniciar procedimientos para el financiamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas, determinar los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal, promover denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando procedan. 

Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control respecto de las conductas de los servidores públicos contrarios a las disposiciones de esta ley para que se inicie procedimiento de responsabilidad. 

Cuando la denuncia se refiere a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 Constitucional, podrá presentarse denuncia también ante la Cámara de Diputados para iniciar el procedimiento de juicio político. 

Previamente a su aprobación, la Mesa Directiva informó que dicha minuta fue aprobada por el Senado de la República el 8 de noviembre de 2011 por unanimidad de 95 votos, y remitida a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política. 

        La minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a comisiones y se venció su plazo para ser dictaminada el 23 de mayo de 2013. Sin embargo, en la LXIII Legislatura se autorizó prórroga a la minuta en cuestión hasta el 29 de abril de 2016, toda vez que el plazo para que este proyecto fuera dictaminado ha precluido. 

        En términos del artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los coordinadores de los grupos parlamentarios, en reunión celebrada el pasado lunes 3 de septiembre, solicitaron a la Mesa Directiva que con fundamento en el artículo 184 del mismo ordenamiento, acordara la presentación de esta minuta ante el Pleno en sus términos por vencimiento de plazo, conforme a lo dispuesto por el artículo 95, numeral 2, fracción II del Reglamento. 

        Por ello, en el orden del día de este jueves se incluyó el apartado correspondiente a la discusión y votación de esta minuta. 

        Antes, se desechó la moción suspensiva de la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI), quien expresó estar a favor de regular las remuneraciones de los funcionarios; sin embargo, consideró que el documento que se propone aprobar no tiene actualizado el marco jurídico en siete años. “No cometamos el error de aprobar esta propuesta con las notorias inconsistencias para que otros nos corrijan la plana”.

Durante los posicionamientos, el diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena, enfatizó que no se trata sólo del salario máximo del Presidente. Es acabar con los elevadísimos sueldos ilegales y abusivos porque se ha convertido a México en un país de privilegios, y “si en algo habremos de concluir después de la histórica jornada del primero de julio es en convertir a México en un país sin privilegios, en un país de iguales y respeto a la ciudadanía donde el pueblo pueda ejercer con su voto la soberanía verdadera a través de los Poderes”. 

Subrayó que harán valer la Constitución en materia de remuneraciones de los servidores públicos, porque ésta ha sido violada durante nueve años y se han puesto sueldos muy por encima de los topes. 

“Hemos venido aquí a hacer algo que dijimos durante toda la campaña. Vamos a hacer valer la Constitución del país en materia de remuneraciones en todos los tonos, hemos venido a cumplir aquí, hoy”, afirmó. 

Recalcó que se les acusa de legislar a la carrera, rápido y mal, por lo que cuestionó ¿por qué no dijeron eso hace siete años? Y agregó: “hemos esperado todo el tiempo, tenemos casi nueve años en omisión legislativa, pueden señores y señoras explicarnos esto. El PAN, PRI y PRD son responsables de esta omisión legislativa y por eso tienen que dar cuentas a la nación”. 

Por el PAN, Laura Angélica Rojas Hernández dijo que votarán a favor de la minuta en lo general, pero agregó que presentaría reservas, porque su texto está totalmente desactualizado en relación a una diversidad de reformas que han sucedido en los últimos 7 años;  anunció que a la brevedad propondrán una iniciativa al respecto. 

“Lamentamos que siendo esta la primera ley que la Legislatura votará, el resultado será un texto anacrónico, con claros y evidentes errores en la forma e insuficiente en el fondo, ni siquiera propone los mecanismos ni los criterios técnicos por los cuales se fijarán los salarios. Es esta la Cuarta Transformación, de eso se va a tratar, de legislar rápido y mal, pues vaya cambio, el pueblo necesita leyes que le sirvan para ejercer los derechos”, afirmó. 

Aseveró que el PAN está a favor de topar el salario de los servidores públicos; muestra de ello, dij, es su voto a favor de esta minuta en el Senado de la República. Recordó que la primera iniciativa en la materia no fue presentada por la izquierda, sino por el entonces diputado Felipe Calderón, en 2002. 

El PAN, añadió, no olvida que este es uno de los temas más sensibles para la sociedad, sobre todo por la gran brecha que existe entre las percepciones de algunos funcionarios de los distintos órdenes del gobierno y de los tres Poderes de la Unión, en comparación con el salario de una familia promedio, por lo que la atención del mismo se convierte en un asunto de justicia social, transparencia y equidad. 

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) se manifestó a favor de una legislación que regule las remuneraciones de los servidores públicos; sin embargo, pidió que se haga bien. “Votaremos a favor del proyecto, pero no de la forma de una minuta salida del invierno legislativo; no compartimos que se apruebe sin cambios”.

        Añadió que el documento genera incertidumbre jurídica y plantea problemas de aplicación. Las razones: obsolescencia legislativa y falta de armonización. La ausencia de consideración sobre regímenes especiales, apuntó, provoca choque presupuestario y genera conflicto constitucional. 

        Manifestó que, de 2011 a la fecha, el marco constitucional ha tenido grandes reformas que han fortalecido al Estado mexicano, generando una nueva estructura administrativa, como la creación de nuevos órganos autónomos y de nuevas figuras. “Aprobarla en sus términos, implicaría no incorporar un mecanismo de vinculación con el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción ni con la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, ni su armonización con la desindexación del salario mínimo”, advirtió. 

        Estimó que se requieren disposiciones transitorias que permitan operar la ley en coordinación con el nuevo Presupuesto de Egresos y lograr su aplicación efectiva. Consideró fundamental actualizar la minuta. “En lo particular, presentaremos reservas para que sea la norma que esperan las y los mexicanos y no un ejercicio demagógico o de simulación”.  

        Ernesto Vargas Contreras, diputado del PES, precisó que esta minuta tiene su fundamento en un reclamo de los ciudadanos, en relación con los privilegios y altos sueldos que recibe la clase política y los funcionarios públicos. “No es una petición, sino un grito de justicia, de desesperación y un reclamo justo”, expresó.

        Preguntó a sus homólogos si no les duelen los 50 millones de pobres que hay en el país. “Muchos mexicanos no saben lo que significa comer tres veces al día; cinco de cada 10 niños se alimentan una vez al día. El pueblo se muere de hambre aquí cruzando la calle y en toda la nación”. 

        Se debe tener una legislación que obligue a los Poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales a cumplir reglas y principios de austeridad, con el fin de edificar una sociedad más igualitaria y justa, puntualizó. 

        Aclaró que la reducción en los sueldos de los servidores públicos no se deriva de una imposición ni es una revancha política. “Es la exigencia de una nación que cada día tiene más pobres, mientras existen funcionarios públicos obesos y desconectados de la realidad. Necesitamos un cambio, nuestro voto es  a favor de la familias mexicanas”, añadió.  

        El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) señaló que es fundamental ajustar los salarios y “ganar y vivir como lo quería Juárez, en la honrosa medianía”. Afirmó que el presupuesto público debe ser austero e invertir ese dinero en programas que beneficien a la gente y a los más pobres. 

        Se requiere, dijo, dar señales claras y hechos de que realmente se busca combatir la desigualdad en México. “A la gente le molesta que se regatee la baja de salarios de los altos funcionarios o se eliminen los lujos y las casas blancas, porque ofrecen desigualdad, que es tan grande en el país”. 

        Llamó a no ignorar la desigualdad, por lo que pidió a las fuerzas políticas de esta Cámara, a los miembros de los otros Poderes, de los organismos y demás dependencias, “a no aplicar una política de regateo, de anteponer su interés u ambición”. 

        Es fundamental, precisó, cerrar las brechas entre unos mexicanos que ganan como reyes y otros que sólo reciben recursos para sobrevivir. Hizo votos para abrir nuevas oportunidades legítimas y concluir negocios al amparo del poder público o ganancias a costa del dinero del pueblo. 

A nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla afirmó tener “un firme compromiso con el combate al derroche”, ya que hacen falta recursos para programas urgentes y atender múltiples prioridades. “No es justo que gran parte de los recursos públicos se vayan a privilegios salariales”. 

Sostuvo que en términos generales, la minuta es positiva porque busca ordenar las remuneraciones de servidores públicos; sin embargo, tiene deficiencias, incluso hay excesos, y “debemos tener cuidado en discutir un tema tan importante, porque podemos dar paso a la judialización de esta reforma”. 

La Constitución señala, desde hace años, que no debe haber remuneraciones por arriba del sueldo del Presidente; no obstante, cada año se aprueban presupuestos que permiten las  partidas para que esos sueldos se sigan pagando en contra de dicho texto, aseguró. 

También, por muchos años, se ha utilizado el Presupuesto de Egresos de la Federación como espacio para la simulación y otorgar privilegios discrecionales de toda la naturaleza, para garantizar ingresos muy por arriba de los tabuladores regulares. Expresó su preocupación por caer en demagogia y en un discurso de simulación en materia de austeridad, que no se distinga entre poner orden en las finanzas públicas y votar un decreto de forma pulcra y cuidadosa.

Del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez sostuvo que se está generando un problema en la administración pública con la solicitud de separaciones voluntarias, renuncias, amenazas de amparo y jubilaciones adelantadas ante la expectativa de reducir los sueldos a altos funcionarios. Destacó que “no se cuida con responsabilidad una iniciativa que atiende una demanda popular y social, y que solo provoca la división del pueblo malo contra el bueno”. 

Lo que hay en el fondo es que se quiere cerrar el círculo entre la aplicación constitucional, la ley reglamentaria y establecer las percepciones, para evitar que en la judialización que viene se genere el problema político, porque cumplir las promesas se les está complicando y no quieren entender que esto se hace con pulcritud política y procesal. 

“Se pretende resolver las inconsistencias de la minuta mediante acuerdos en lo oscuro, reservas, cartas compromiso y, desde luego, será una ley con enormes inconsistencias en el proceso. La prisa en las labores legislativas significan desaseo, que conlleva serios riesgos a la legalidad. No solo es desaseo en las formas, en alguna palabra que hay que corregir, sino en el fondo”, afirmó. 

Refirió que hay un vacío, porque es una minuta de hace casi siete años, desfasada y hay que actualizarla. “¿Qué hacer con ella?, Sigue viva, no se ha dictaminado, no se elimina y hay que resolverlo”. Indicó que la promesa de campaña que se quiere cumplir, la comparten: evitar los abusos de las remuneraciones públicas. Pero aseguró que el PRD ha presentado siete iniciativas para tratar este tema.

El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) afirmó que “hoy no estamos en condiciones para decirle que no a una demanda muy clara de la ciudadanía, sobre lo que debería de percibir un funcionario público. Bienvenida la reforma. Debemos de apoyarla, para reducir el sueldo como un mecanismo para que el funcionario público este más a la altura de lo que la gente aspira”. 

No obstante, señaló que “no queremos ser omisos sobre las posibles consecuencias de establecer estos máximos de remuneraciones. Pudiera provocar el riesgo, de que salgan de la administración pública federal servidores  altamente técnicos. “Preparémonos para esta realidad”. 

Se tiene en la administración pública federal muchos funcionarios que no son políticos, que participan por su enorme conocimiento técnico de los temas, como Telecomunicaciones, energía, económicos e instituciones como el SAT, hay directores generales que están sin duda, por abajo de lo que percibe en este momento el presidente, que está en el rango de 207 mil pesos, pero que tenían sueldos de 150, 170, 180 mil pesos. 

“Habrá consecuencias en espacios que no son netamente políticos, que requieren una formación altamente académica y técnica, donde habrá que encontrar y convencer a funcionarios mexicanos para que participen”, destacó. 

En la discusión de la minuta, la diputada Julieta Macías Rábago (MC) manifestó su postura en contra señalando que la misma tiene errores de fondo y está completamente fuera de contexto. “El procedimiento legislativo es violatorio, no paso a discusión para hacer las adecuaciones necesarias pues carece de fundamentos actuales y además viola preceptos establecidos en la constitución”. 

Aprobar esta ley implica también violar la autonomía de instituciones como la UNAM o la UAM quienes sin análisis y discusión se verían sujetos a estas normas, cuando particularmente estas instituciones se caracterizan por contar con servidores públicos de carrera, profesores de méritos que han dedicado su vida a la enseñanza y se podrían ver afectados directamente. 

En el fondo esta ley no debe estar diseñada para afectar a los millones de servidores públicos que hoy trabajan en el gobierno federal. Diversas estimaciones afirman que hay cerca de 5 millones de trabajadores al servicio del estado que no son quienes han acaudalado recursos, gozado de privilegios o derrochado el presupuesto, argumentó.   

El diputado Zoé Alejandro Robledo Aburto (Morena) expresó estar a favor de la iniciativa estableciendo que es una oportunidad de desmontar esta idea popular de que “el político gana mucho y hace poco o que el funcionario está en ese solamente para servirse”. 

Expuso que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó datos sobre el tema de la pobreza salarial señalando que en el país, en el primer trimestre de este año, el ingreso promedio de los mexicanos que viven en las ciudades fue de 2 mil 300 pesos al mes. 

Mientras, “en el campo la gente está ganando mil 340 pesos al mes, siendo esto lo que se gasta alguien en una comida, en un regalo o en un vuelo de avión; esta es la brecha que estamos intentando vencer”, argumentó. 

Para hablar en contra, el diputado Alfredo Villegas Arreola (PRI) dijo estar de acuerdo con el espíritu de esta regulación, “pero tenemos la responsabilidad de procesarla con apego a la legalidad y a las precisiones. No es una ley desvinculada, está ligada a muchas otras, inclusive el capítulo de sanciones no viene bien redactado, y lo hemos revisado y visto cuál es la solución”. 

Refrendó su compromiso de apoyar que no haya excesos con los recursos en el ejercicio público. “Vamos a estar en éste y en otros temas que puedan traer consecuencias”, subrayó, al tiempo que apuntó que la iniciativa aprobada en la colegisladora tiene “errores graves legales”. 

Esta ley “puede tener problemas si tal cual la aprobamos”. Pidió corregir esos errores “para darle a México lo que nos piden a todos, que apliquemos leyes para la transparencia, para la rendición de cuentas, para las sanciones”. Explicó que hay tres documentos de seis grupos parlamentarios, que solicitan que las observaciones se procesen de aquí al 30 de septiembre. 

Para hablar a favor del dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que hay regidores, síndicos, alcaldes, ministros de la Corte, funcionarios de la Cámara que no son legisladores “y un largo etcétera, que ganan mucho más que el Presidente”. 

Señaló que no se ha buscado corregir el dictamen del Senado y en el momento que se discute el tema, argumentan “graves errores”. Afirmó: “tienen que quitarse la careta, dejar los eufemismos y decir que quieren salarios superiores a lo establecido por el compañero presidente electo; tienen que decirlo, con toda verdad y que el pueblo sepa que lo único que les interesa es servirse y no servir”. 

En México, cinco de cada 10 niños viven en pobreza extrema y el 50 por ciento de los niños de este país se está muriendo literalmente de hambre, “y vienen a defender salarios exorbitantes de funcionarios públicos”.  Refrendó que hay un mandato y una responsabilidad que cumplirle al pueblo, que reclama detener excesos. “No son privilegios, son francos atracos a la nación, negocios al cobijo del poder”. 

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) aseguró que con la discusión de esta minuta que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 127 y 75 Constitucionales, en materia de remuneraciones de servidores públicos, inicia la Cuarta Transformación, pues forma parte de la columna vertebral del proyecto del próximo gobierno, que implica austeridad republicana y racionalidad de gasto público, en especial en lo referente a salarios y prestaciones de altos funcionarios. 

México es el país con los sueldos más altos en este ámbito, por lo que deben terminar privilegios y sobresueldos “y esa tendencia que permea la administración pública, de ver a la política como un botín”. Advirtió que los servidores públicos serán remunerados por su trabajo con un pago digno, acorde con sus responsabilidades. 

Se tiene una deuda histórica con 53 millones de mexicanos pobres, y más de 8 millones en condiciones extremas, sin presente ni futuro, por lo que los ahorros que resulten de estas y otras medidas de austeridad serán canalizados para hacer justicia a jóvenes, adultos mayores, el campo, la infraestructura ferroviaria, 15 ciudades con altos índices de marginalidad, y bajar el IVA y predial en las zonas fronterizas. 

En contra, el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) aclaró estar de acuerdo en bajar los salarios pero con una propuesta seria y establecer a dónde será destinado el recurso de manera puntual, “porque tampoco se vale que se pierda entre proyectos y programas de la nada y que son puras ocurrencias”. 

Al pronunciarse a favor, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) subrayó que esta ley estuvo siete años en la congeladora, “lo que es una anormalidad democrática republicana en cualquier país del mundo y no es posible que ahora se diga que las deficiencias son el pretexto para no avanzar en una reforma de esta naturaleza”. 

Habrá una armonización con muchas leyes, pero se necesita esta norma reglamentaria para tener el Presupuesto de Egresos de la Federación dispuesto con el ordenamiento que se requiere para transitar a una nueva etapa en la vida del país. 

A partir de la remuneración del presidente de la República, se modificarán los tabuladores y el país entrará en un proceso de ordenamiento general en los ingresos de los funcionarios de la administración pública; las diferencias entre los niveles salariales se reducirán y habrá condiciones para frenar el abuso. 

La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena) afirmó que los abusos cometidos por funcionarios públicos durante las pasadas administraciones provocaron un sinfín de privilegios utilizando los recursos del erario público para fines personales. 

Consideró que en vísperas de la discusión del Paquete Económico de 2019,  el tema de las remuneraciones de los servidores públicos cobra mayor relevancia en un contexto de crisis económica, escasez de recursos fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga del endeudamiento interno y externo que conduce al uso eficiente de los recursos disponibles al gasto público. 

Esta es la oportunidad para eliminar privilegios y reducir los altos sueldos en los segmentos de alta burocracia gubernamental, sentar las bases de una verdadera austeridad república al tiempo de sostener el financiamiento público en políticas sociales que garanticen el bienestar de los mexicanos. 

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (MC) señaló que ha pasado mucho tiempo para aprobar las reformas que se requieren para acabar con los privilegios y ya es tiempo de cumplirle a la gente. 

Estimó que vale la pena modificar la minuta, “hacerlo bien porque la ciudadanía lo que demanda es que esta mayoría, por la que votó, beneficie a la vida y el día a día de todos los ciudadanos”.

• La dimisión a cargos públicos de mujeres es una clara manifestación de violencia política, sostienen legisladoras
• En pasadas elecciones, todas las entidades federativas presentaron al menos un caso de violencia política de género 

11-09-2018.- La Cámara de Diputados aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de Chiapas, a investigar la renuncia de mujeres a cargos de elección popular, ocurrida el pasado 1 de julio, para que sus puestos fueran ocupados por hombres. 

Lo anterior, a efecto de cumplir con el mandato constitucional de paridad de género y de respeto a los derechos y prerrogativas electorales de las mujeres, indicó. 

Asimismo, los diputados exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno de Chiapas a solicitar una opinión a ONU Mujeres con respecto a las posibles violaciones de los derechos humanos de las mujeres en la entidad. 

El documento destaca que desde que entró en vigor el principio de paridad salieron a la luz pública casos como los de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, alcaldesas de municipios indígenas de Chiapas que fueron amenazadas y obligadas a renunciar en 2015. 

Este fenómeno se agravó en el pasado proceso electoral en el que, 17 candidatas perdieron la vida y todas las entidades federativas presentaron al menos un caso de violencia política de género. 

Precisa que en Chiapas, donde al menos 30 candidatas obtuvieron cargos públicos mediante votación popular, renunciaron ante el órgano local electoral, para que un hombre ocupara su puesto, como sucedió en los municipios de Mapastepec y Tuxtla Chico. 

Al presentar el punto de acuerdo, las diputadas destacaron que, desafortunadamente, a medida que aumenta la participación política de las mujeres, también se ha comenzado a visibilizar el fenómeno de la violencia política electoral por razones de género. 

Este fenómeno, destacaron, impacta de manera directa los derechos humanos de las mujeres, específicamente los cívicos y políticos, como el de ejercer su voto y participar de manera libre en la vida política del país. 

Se precisó que la paridad de género que se estableció en la Constitución es una acción que permite garantizar las condiciones de igualdad que posibilitan que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres a acceder a las funciones públicas de México. 

En este sentido,  la renuncia de candidatas electas en Chiapas “es una violación clara a los derechos humanos de las mujeres, toda vez que los cargos están siendo ocupados por hombres, lo cual vulnera lo que consagran las leyes en la materia, respecto a garantizar la participación en igualdad de condiciones”. 

“Si bien respetaron las reglas de la paridad en el marco de las elecciones, el derecho se vulneró al momento de iniciar el cargo, lo cual revela la discriminación que la mujer continúa viviendo”, se puntualizó, en el punto de acuedo.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) afirmó no estar de acuerdo, “bajo ninguna circunstancia, con cualquier manifestación en contra de las mujeres y sus derechos a una vida plena y sin violencia” y se pronunció por impulsar acciones necesarias, a fin de asegurar que la igualdad de género se alcance en la vida política y que no sea solo formal, sino “que la letra cobre vida y sea sustantiva”.

Añadió que se deben garantizar las mismas posibilidades que los hombres para que las mujeres accedan a espacios de toma de decisiones que afectan sus comunidades y las vidas de sus familias. Se pronunció por tomar medidas para evitar que las mujeres sean presionadas a abandonar los espacios ganados de acuerdo a las leyes y con el apoyo de los ciudadanos. 

Por el PRD, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, subrayó que todos los logros que hoy tienen las mujeres han sido por su empuje y “no es regalo, no es una concesión, no es el resultado del esfuerzo de un partido político, sino de todas las que desde hace más de tres décadas hemos luchado en todas las trincheras dentro y fuera de los partidos para alcanzar las cuotas hasta llegar a la paridad”. 

Las mujeres de Chiapas “no están solas y, de ninguna manera, vamos a permitir que en este 2018 donde hemos alcanzado el 43 por ciento en la Cámara de Diputados, hoy en un estado se violenten los derechos políticos de las mujeres. No más simulaciones, no más torcer la ley, no más torcer la Constitución. Vamos a exigir que se cumpla la paridad”, expresó. 

La diputada Fabiola Loya Hernández (MC), afirmó que sin mujeres no hay democracia y el caso de las 43 electas en Chiapas, sólo es la punta del iceberg de la violencia de género que existe en nuestro país y, este caso, “no puede pasarse por alto ni puede quedar impune”. En la construcción de una sociedad democrática, no puede haber cabida para acciones que vayan en sentido contrario a los principios de igualdad y no discriminación. 

Se pronunció a favor del punto de acuerdo y pidió emitir medidas cautelares necesarias para proteger los derechos políticos de las afectadas; realizar todas las investigaciones pertinentes que esclarezcan las presiones ejercidas contra de ellas y, en su caso, sancionar a los responsables. 

Del PT, la diputada Maricruz Roblero Gordillo, señaló que la paridad de género sintetiza la lucha de las mujeres a lo largo de muchos años para obtener el pleno reconocimiento de sus derechos políticos. Asimismo, lograr la plena igualdad en los ámbitos laborales, académico y de todo tipo. 

Las mujeres en el país conformamos más del 52 por ciento de la población nacional y tenemos capacidad e inteligencia para cumplir con los compromisos del pueblo. Por ello, “repudio la práctica que se ha dado en Chiapas en la cual mujeres que han sido electas para distintos cargos de elección popular, han sido obligadas a renunciar con el propósito de que hombres se hagan cargo de dicho puesto”. 

Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) afirmó que es indignante que las instituciones políticas sean manipuladas para violentar los derechos políticos de las mujeres, por ello, agregó, “el Partido Encuentro Social reprueba que se siga prevaleciendo el interés de grupos políticos que asumen que los hombres deben ocupar cargos de elección popular, ejerciendo violencia política”. 

Sería humillante y triste que el Poder Legislativo deje pasar este tema que daña gravemente la democracia del país y los derechos humanos de las mujeres, y exigió al INE y a la CNDH, investigar y sancionar a partidos políticos y sus dirigentes que resulten responsables. 

La diputada del PRI, Frinne Azuara Yarzabal demandó a todos los partidos políticos “no recurrir a simulaciones, respetar la paridad de género, proteger los derechos de las mujeres y hacer respetar la voluntad popular”, que eligió a mujeres a cargos públicos. Apuntó que la violencia política se intensificó con la incorporación de la paridad de género en la Constitución. 

Llamó a redoblar esfuerzos para mejorar el marco legal y castigar la violencia política que sufren, principal obstáculo que detiene el avance de la democracia porque restringe un trato igualitario en el ejercicio del poder y la toma de decisiones. El reto es combatir este fenómeno en varios frentes porque conjunta la vía cultural, penal, política y electoral. 

Del PAN, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez afirmó que “los acuerdos políticos no pueden estar por encima de los principios constitucionales de paridad de género. Es indignante que más de 40 mujeres en Chiapas hayan renunciado a cargos de representación popular a los que fueron electas en ayuntamientos y diputaciones locales, para que los puestos sean ocupados por hombres. Levantamos la voz para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. 

Pidió tomar las medidas necesarias para evitar repetir estos hechos, y para que la violencia política por razón de género se sancione. “No somos juanitas ni manuelitas, somos mujeres con derechos. Ni un paso atrás”. Es momento de combatir las resistencias que de forma velada o abierta, desean revertir los avances a favor del reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres, lograrlo es responsabilidad de todos no tiene filiación política. 

La diputada Lorena Cuéllar Cisneros (Morena), destacó que es vergonzoso que exista este sistema de control que a pesar de dar una cara de equidad, “da la puñalada y hace lo contario”. Por ello, se pronunció por elaborar un andamiaje jurídico sólido en el tema de violencia política de género para dotar a las autoridades de elementos que garanticen la gobernabilidad democrática. 

Sólo las mujeres, afirmó, pueden detener estas transgresiones políticas, “no permitiendo que violen nuestros derechos ni que pisoteen nuestra dignidad e inteligencia. Paremos esta falta de respeto. De no hacerlo, vendrán otras víctimas que inclusive pueden perder la vida. Cada una tiene la gran responsabilidad de no permitir por ningún motivo cualquier tipo de violencia y en cada una de nosotras está denunciar y velar por erradicar estas prácticas irracionales”.

• Coordinadores aprobaron por unanimidad medidas que significarán un ahorro de 409 millones de pesos durante el último cuatrimestre del año, destaca Mario Delgado.

• Estamos cumpliendo el compromiso de austeridad republicana que hicimos desde el primer día de la Legislatura, enfatiza el líder parlamentario de Morena.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un acuerdo de austeridad y disciplina presupuestaria con el que se logrará tener un ahorro de 409 millones de pesos en el último cuatrimestre de 2018, informó el presidente de este órgano de gobierno, Mario Delgado Carrillo.

En conferencia de prensa, el líder de la fracción parlamentaria de Morena destacó que con este acuerdo se da cumplimiento al compromiso que se hizo desde el primer día de la LXIV Legislatura para conducirse con auteridad republicana.

Mario Delgado aclaró que el acuerdo abarca el periodo de septiembre a diciembre de 2018, considerando que a estas alturas del ejercicio fiscal, buena parte del presupuesto se encuentra comprometido; por lo que es más difícil tener un ajuste en estas fechas.

El presidente de la Jucopo explicó que con este acuerdo en total se van a ahorrar y reintegrar a la Tesorería de la Federación 409 millones de pesos, divididos en ajustes en dos rubros: en ahorro de recursos para legisladores de 204 millones, y en el área administrativa de 205 millones.

Mario Delgado apuntó que “se está cancelando el Fondo de Ahorro de legisladores; el seguro de gastos médicos mayores; el seguro de vida de los legisladores; la cancelación de vales de alimentos; la cancelación de vales de gasolina; la cancelación de arrendamiento de vehículos”.

“Se van a tener ahorros por 114 millones de pesos en los siguientes conceptos: reducción de viajes y viáticos nacionales e internacionales; uso eficaz de los recursos para desarrollo de las actividades legislativas”, añadió.

Además, por acuerdo de los grupos parlamentarios, señaló que las remodelaciones de los espacios que ocuparán los legisladores no se realizarán con cargo al presupuesto vigente de la Cámara de Diputados.

En el área administrativa, expuso Mario Delgado, se logrará un ahorro significativo, a partir de la utilización de los recursos humanos que actualmente prestan sus servicios a la Cámara de Diputados, mediante la reducción de personal contratado por régimen de honorarios por un monto de 138 millones de pesos.

“En el rubro de materiales y suministros, se obtendrán ahorros por la reducción en el uso de insumos y consumibles, tales como papelería, toner, agua, galletas, material de impresión, por 21 millones de pesos”.

Asimismo, en servicios generales, se obtendrá un ahorro como consecuencia de la cancelación de asesorías y eventos, por un monto de 2 millones de pesos; además la Cámara de Diputados realizará una devolución a la Tesorería de la Federación por un monto superior a los 44 millones de pesos, que corresponden a los productos financieros obtenidos en el presente ejercicio fiscal.

El diputado reconoció una gran disposición por parte de los coordinadores parlamentarios para hacer el esfuerzo que dará como resultado este importante ahorro, sin embargo aclaró que nada tiene que ver con la propuesta que hará Morena para el Presupuesto de Egresos 2019 donde se podrá reducir de manera más significativa el costo de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dio a conocer el Bando Solemne que expide este órgano legislativo para informar al pueblo de México que el Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.

Muñoz Ledo dispuso la publicación del Bando Solemne en el Diario Oficial de la Federación y en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y fijarlo en las principales oficinas públicas de las entidades y de los municipios, así como enviarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su difusión en la embajadas y consulados de México en el mundo, para que sea del conocimiento universal. Además, divulgarlo en la Gaceta Parlamentaria. 

Muñoz Ledo informó que la presidencia de la Mesa Directiva dispuso la elaboración del Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El documento destaca que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha 3 de septiembre de 2018, mediante oficio TEPJF-SGA-OA-4764/2018, notificó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión el cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 8 de agosto de 2018, donde declara: 

• El candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos de Morena, del Trabajo  y  Encuentro Social. 

• Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

• El ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se declara Presidente Electo al  ciudadano Andrés Manuel López Obrador para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre de 2018, al 30 de septiembre de 2024. 

• Se ordena expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano Presidente Electo. 

       El artículo 74 fracción I de la Constitución Política establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: “Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 

Previamente, se dio a conocer la comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa al cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez y a la de Presidente Electo, dictada el 8 de agosto por su Sala Superior.

Con una mayoría absoluta de 256 integrantes hasta ahora, la fracción de Morena presidirá la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el Comité de Administración de la Cámara de Diputados durante los tres años dentro de la 64 Legislatura. 

En reunión a puerta cerrada, los líderes parlamentarios en el Palacio de San Lázaro acordaron, también,  la rotación de la presidencia de la Mesa Directiva entre las tres principales fuerzas políticas: Morena, el primer año; el PAN, el segundo, y el PRI, al tercero y último año. 

La Junta de Coordinación Política, órgano encargado de procesar los acuerdos legislativos y autorizar el destino de los recursos de la Cámara de Diputados, quedó formalmente instalada esta tarde, con el militante de Morena, Mario Delgado, como presidente de la instancia

  Por Nancy Rodríguez

Bueno!!! el ahora presidente de la Cámara de Diputados por MORENA Porfirio Muños Ledo, tuvo sus ocurrencias, pero de muy buen nivel, no cabe la menor duda.

Por ejemplo; exhibió al nuevo senador autollamado “independiente” Emilio Álvarez Icaza, a quien reprocho, desde tribuna, que durante la contienda se postulara por un “frente” y ya que ganó el curul los abandonó.

“Eso n o es ser independiente Senador, eso es un legislador sin partido”, le aclaro al micrófono al Senador Álvarez Icaza, quien insistió en tener voz en el congreso, lo cual logró, después de que la bancada del PT le cediera unos minutos de su tiempo.

La que quedo callada ante el pase de lista de los 43 de Ayotzinapa, fue la presidente y Senadora del PRI Claudia Ruiz Massie, quien durante su intervención fue acallada por la bancada de MORENA.

Ante el conteo de los 43, el recinto fue testigo del reclamo por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Al termino del pase de lista retumbo el grito de "Justicia".

El coordinador de los diputados de MORENA Mario Delgado, sorprendió con un tono de voz potente, poco común en su historial del exsenador.

En voz del diputado Mario Delgado MORENA alzó la voz desde el Congreso de la Unión.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” reiteró el coordinador de los diputados de MORENA.

“Con la instalación de ésta legislatura, se cierra el ciclo del desmantelamiento del estado de bienestar…Es tiempo de la cuarta transformación”, destacó

“Les propongo una Cámara de Diputados austera y transparente, una auténtica caja de cristal que sea un ejemplo de transparencia para los otros poderes…” finalizó.

La instalación del Congreso de la Unión fue terso, en paz y sin mayores contratiempos

Es evidente que MORENA, avanza.