• Fundamental, prevenir y erradicar la violencia contra la infancia: González Estrada

       La violencia contra la niñez, es una problemática que requiere atención urgente por parte del gobierno y de la sociedad; porque en México, seis de cada 10 menores de uno a 14 años de edad han experimentado, al menos, algún daño psicológico o físico causado por integrantes de su familia, señaló la diputada Martha Elisa González Estrada (PAN).

        Por ello, a través de reformas a los artículos 4, 83 y 86 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, busca prevenir y erradicar la violencia contra la infancia, al establecer como agresión toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente y malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 

        Se plantea que los menores tengan acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria, de acuerdo con las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos. Además, emitir medidas de protección urgentes o cautelares que eviten posibles daños a su integridad personal. 

        La legisladora, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, afirmó que México, al formar parte del Comité de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, tiene la oportunidad de acelerar la respuesta ante esta problemática. 

        Indicó que las agresiones en México, son factor determinante de la deserción escolar e incluso una causa importante de muertes infantiles. “Miles de niños, niñas y adolescentes del país, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos”. 

        “Gran parte de esta agresión, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono permanente, añadió, en ocasiones es aprobada y normalizada socialmente; sin embargo, ningún abuso contra los infantes está justificado”. 

        González Estrada resaltó que en 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de entre 12 y 17 años, sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos, y entre 2011 y 2015, fueron asesinados cada día, en promedio, tres menores de entre 0 y 17 años. 

        El Índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana del UNICEF México y de su Consejo Consultivo para el rango comprendido entre los 12 y 17 años de edad, muestra preocupantes datos de muertes violentas, especialmente de adolescentes varones. 

        Con el documento, enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se busca establecer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo, deberán: ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante los procedimientos de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal. 

        También tendrán que realizar de forma oficiosa y asequible, las pruebas psicológicas y de entorno social para garantizar la prevención y protección adecuada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

        El Pleno de la Cámara de Diputados acordó celebrar en 2019, el Año de las Lenguas Indígenas, por lo que otorgará un espacio para que en el Salón de Sesiones, cada semana, una persona sea invitada, haga uso de la tribuna y hable en lengua nativa.

        El propósito es reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, así como proteger los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades, el impulso del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas. 

        Conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado en votación económica, las intervenciones se realizarán al inicio de cada sesión ordinaria previa autorización del presidente de la Cámara una vez por semana y, en este caso, los días martes. La primera intervención será el 21 de febrero (Día Internacional de la Lengua Materna). 

        Dichas participaciones serán hasta por cinco minutos, después de que el presidente de la Cámara conceda el uso de la tribuna al invitado o invitada y se deberán expresar libremente a la conmemoración a que se refiere en este acuerdo.

        En su intervención, el invitado o invitada no podrá ser interrumpido y será facultad del presidente de la Cámara, velar porque se respeten las disposiciones constitucionales y legales, atendiendo lo previsto en el acuerdo. 

        El documento menciona que en la siguiente sesión, la Secretaría de Servicios Parlamentarios proporcionará a las diputadas y diputados, una versión traducida de la intervención y la información sobre el pueblo y las comunidades indígenas, misma que se publicará en la Gaceta Parlamentaria.

        Además, se instruye a la Secretaría General para que a través de sus áreas competentes, realice los trámites administrativos y presupuestales necesarios para brindar facilidades y apoyos a las mujeres y hombres invitados a usar la tribuna.

        De igual modo, se les reconocerá por su participación en este ejercicio de inclusión, así como establecer la comunicación con las dependencias y unidades administrativas federales para cumplir con el objetivo de este acuerdo, así como su transmisión y difusión en medios electrónicos. 

Las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales aprobaron el procedimiento para el análisis, discusión y elaboración del proyecto de dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política, en materia educativa.

El documento destaca que el jueves 21 de febrero se distribuirá el dictamen a los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales; el miércoles 27 será la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la iniciativa.

“Estamos pensando, si los tiempos nos dan y están marcados, si no hay contratiempos, estaríamos hablando de que en el periodo ordinario que viene, se estaría aprobando el dictamen y se estaría aprobando esta reforma a mediados de marzo, quizás, o abril”, precisó en entrevista la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal. 

El lunes 28 de enero, a las 17:00 horas, las comisiones unidas se reunirán con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; el miércoles 6 de febrero asistirán a las audiencias públicas, docentes y representantes sindicales. 

El viernes 8, estarán especialistas y académicos; el sábado 9 expondrán sus puntos de vista representantes de las escuelas Normales y universidades. 

El lunes 11 de febrero toca el turno a diputadas y diputados locales y federales, senadoras y senadores de la República; el miércoles 13, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales del ámbito educativo. 

El viernes 15, asociaciones de padres y madres de familia y alumnos de diferentes tipos y niveles educativos, y el sábado 16, autoridades educativas federales, estatales y otros organismos. 

Las audiencias públicas iniciarán a las 11:00 horas, con un mensaje de bienvenida a cargo de una diputada o diputado integrante de las comisiones unidas y una intervención a cargo de un representante de la Secretaría de Educación Pública. 

Se leerá el currículum de las y los ponentes, quienes realizarán sus posicionamientos hasta por 10 minutos para referirse a los temas y artículos de la iniciativa. 

Las y los legisladores participarán hasta por 3 minutos cada uno. Al finalizar la exposición de los ponentes (la cantidad se ajustará al tiempo de la sesión). Cada participante podrá dar un mensaje final hasta por tres minutos. Se concluirá el trabajo a las 16:30 horas. 

Los interesados en asistir y participar, entregarán la solicitud correspondiente, que estará disponible en la página de internet de la Cámara de Diputados, entre el 28 y 31 de enero; el cupo será limitado.

La diputada Piña Bernal expresó que estas reuniones se realizan bajo el esquema de audiencias; es decir, se escucharán a diferentes fuerzas políticas, a la sociedad, diversos sectores, a fin de tomar nota sobre cuáles son sus aportaciones, lo que permitirá elaborar un mejor documento en beneficio de la educación de niñas, niños y jóvenes.

Dijo que el parlamento abierto rige los principios del análisis y discusión de la iniciativa, y a partir de esto, se enriquecerá y perfeccionará, con miras en la construcción de consensos que permitan, al final del proceso, contar con un dictamen que recoja las mejores propuestas en materia educativa.

El objetivo es tener un marco constitucional eficiente, eficaz, legítimo, confiable, acorde con la realidad y necesidades del país y de cada una de sus regiones, reconociendo que la educación es la base esencial para lograr el crecimiento de la nación y en este sentido debe de constituirse como el eje principal de su progreso. 

“En esta legislatura vamos a actuar bajo los principios de transparencia, de rendición de cuentas y con este proceso que iniciamos damos cuenta de ello”, aseguró. 

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, solicitó invitar a las y los senadores integrantes de estas comisiones “para que si tienen alguna sugerencia, analizarla y aprovechar que si este ejercicio se va a hacer en Cámara, que ellos valoren si pueden hacer la misma réplica allá en el Senado; es pertinente que se sumen desde ahora para eficientar el tiempo y que ambas Cámaras estén informadas”.

         Por Nancy Rodríguez

• Debaten con gobernadores de Durango, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz sobre federalismo y Guardia Nacional 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, agradeció que los ejecutivos locales atendieran el llamado para construir juntos un órgano de seguridad. 

Durante la segunda mesa de trabajo de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, “Federalismo y Guardia Nacional”, destacó la importancia de escuchar sus opiniones y experiencias en materia de seguridad y de la Guardia Nacional, porque es un tema que preocupa al país. 

El diputado  Pablo Gómez Álvarez (Morena) indicó que los órganos de seguridad representan un porcentaje muy bajo de lo que puede llegar a ser una política de lucha en favor de la paz y bienestar de la gente. 

La propuesta es crear la Guardia Nacional que sea una institución civil, con mandos civiles, con carrera civil y disciplina militar, donde haya grados, carrera, exactamente igual que el Ejército y éste sea quien establezca cuáles son los grados, disciplina y ordenanzas. 

El legislador Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) señaló que en materia de impartición de justicia no se está atendiendo, fortaleciendo,  o recuperando la parte en que finalmente se administre la justicia con el poder. También existen muchos policías municipales fuera de toda capacitación y gobiernos estatales sin capacidad presupuestal para atender el tema de la seguridad.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) comentó que se deben escuchar los planteamientos que han hecho de manera muy clara los que están en el frente de la población: los alcaldes y gobernadores, porque son los que van a definir de manera inmediata cómo fortalecer las policías locales y municipales, y no porque “durante 20 años no se haya hecho” hay que dejarlo igual. 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que el objetivo e invitación a los legisladores es una audiencia para escuchar no para emitir las posiciones personales que tenemos. “De hecho anhelo el día en que en el Congreso, las audiencias sean interactivas porque este recinto tiene que ser un razonador potente”. 

El diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) indicó que la Guardia Nacional no resolverá el problema de inseguridad, y que valdría la pena voltear a ver a los estados que tienen buen índice de seguridad y las reformas legales en las que han trabajado. Asimismo, cuestionó qué pasará con los mandos militares y con quienes se integren a la Guardia, pues no queda claro si serán militares, policías o marinos, si ellos harán arrestos e investigación de delitos. 

María Alemán Muñoz Castillo, también del PRI, subrayó la importancia del respeto irrestricto del pacto federal. Además, la capacitación de la Guardia debe hacerla la autoridad policial y no militar, a fin de dar certidumbre a la ciudadanía. 

Claudia Domínguez Vázquez, diputada del PT, se pronunció a favor de crear la Guardia Nacional y aseguró que la propuesta hecha por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fortalece el pacto federal; por ello, recalcó, los gobernadores serán parte medular en la conformación de ese cuerpo de seguridad. 

Su correligionario, el diputado Silvano Garay Ulloa expuso que el país sufre de inseguridad y requiere una pronta solución. “Es fundamental tener una policía organizada y lo único confiable que se tiene en México son los militares”. 

El diputado de MC, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla resaltó que hay confusión entre el fuero militar y el civil. Añadió que los delitos patrimoniales son los de más alto impacto en materia de seguridad, “hay un Código Nacional de Procedimientos Penales y en los estados hay una diversidad; la tarea es que haya uno solo en todas entidades, el cual ayude a combatir los delitos”. 

Su compañera de bancada, diputada Carmen Julia Prudencio González preguntó qué incentivos se pueden generar para que entidades y municipios mejoren sus capacidades; si son suficientes seis meses para hacer cambios en las políticas y a qué se deben comprometer los estados y los ayuntamientos. 

De ese mismo grupo parlamentario, la diputada Martha Tagle Martínez dio a conocer las inquietudes del Colectivo Seguridad Sin Guerra, que son: ¿cómo se han reducido los recursos para los estados y municipios destinados a la profesionalización, capacitación y equipamiento de policías locales en los últimos doce años?, y también si la Guardia Nacional podrá intervenir en el ámbito estatal, sin solicitud o aprobación de los gobernadores o congresos locales.

El senador de MC, Dante Delgado señaló que todos estamos de acuerdo que se debe modificar la estrategia de seguridad que falló; sin embargo es fundamental eliminar las deficiencias.  

El senador perredista, Migue Ángel Mancera Espinosa dijo que las cosas se deben hacer bien, es verdad que la Marina y el Ejército requieren un marco jurídico que les dé soporte, pero hagámoslo con tiempo, llámenlo como quieran “Guardia Nacional”, está bien, es una nueva policía. 

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) expresó que su fracción política asumirá las propuestas de los gobernadores, las cuales tienen que ver cómo fortalecer a las policías estatales y municipales, respetar el pacto federal, que se posea un mando civil y de la necesidad de generar las leyes secundarias sobre el uso de la fuerza. 

El vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, Omar Fayad Meneses, resaltó que es necesario que se clarifique si la Guardia Nacional será civil, militar o híbrida, “Mi experiencia me dicta que los modelos híbridos no son tan exitosos, ya que es compleja en su operación; sin embargo, ya vivimos un modelo híbrido muy singular porque las fuerzas armadas cumplen tareas de seguridad pública en el país”. 

El también gobernador de Hidalgo, sostuvo que el tema de seguridad es muy delicado, por ende, mientras más pulcramente logre salir mejor será para México, de lo contrario, habrá acusaciones y señalamientos de todo tipo. 

Subrayó que se debe trabajar para garantizar que esta nueva corporación de seguridad respete los derechos humanos desde la ley para no dejar sujeto a dudas. Además se tendrá que especificar el ejercicio del uso de la fuerza, el cual es distinto para las corporaciones de carácter civil que de las militares. 

Manifestó que hoy se abre la oportunidad para que confluyan las  ideas, se logren acuerdos, pero para ello se debe partir de la realidad para lograr enfrentar uno de los problemas más graves que tenemos: la seguridad del país. 

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que el mando militar es el principal error de la propuesta y debe ser corregida. “Una guardia civil no sería una mala figura y puede ser que funcione aún con entrenamiento militar, pero subordinada al mando civil”. 

Resaltó la urgente necesidad de generar un consenso en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada, con el propósito de construir una estrategia constitucional del tamaño de la crisis. Pero, dijo, hay que entender que a nadie le sirve un proyecto que vulnera las facultades de los estados; es un modelo equivocado que no se tiene que aprobar. 

Puntualizó que 75 por ciento de países tienen corporaciones con mando civil o predominantemente civil; sin embargo, el gobierno de México quiere pasar a un mando castrense, aunque el mundo está dejando atrás dicho modelo.

“Me he opuesto a los tres intentos de militarizar al país. Lo relevante es no entregar, por desesperación, el control de la seguridad pública a las fuerzas armadas. Si la ley de Seguridad Interior fue un error que en los hechos perpetuaba lo temporal, la Guardia Nacional en la Carta Magna y subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional es un error más grave que los intentos de anteriores sexenios”, comentó. 

Cuestionó, además, para qué se creó una Secretaría de Seguridad Pública que no tendría policías. “La reforma va en contra la tendencia en el mundo respecto a la promoción y respeto de derechos humanos”. Apuntó que las audiencias son un espacio para la reflexión y deseó que realmente se tomen los puntos de vista y que no sea sólo un ejercicio de trámite. 

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, refirió que la inseguridad en el país es real y aunque en el pasado se buscó dar una base jurídica a las acciones del Ejército, no se concretó. “Hoy lo deseable es una corporación eminentemente civil, pero se debe aceptar que las fuerzas armadas ya están en las calles”. 

Estimó que el gobierno civil obligó a los cuerpos militares a hacer labores de seguridad pública; lo importante es dar certidumbre y establecer límites a soldados y marinos. “Hay que tomar decisiones, porque lo peor sería dejar las cosas como están y exponer a los ciudadanos a violaciones de derechos humanos”. 

Dijo estar de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional en lo general, pero con algunas consideraciones. La coordinación, apuntó, es lo que da resultados; por eso, no tiene que darse un cheque en blanco al Ejército. 

Se debe dejar claro que el mando del cuerpo de seguridad de sea de carácter civil, pero “preocupa que no se habla de cómo robustecer a cuerpos locales. Ningún gobierno ha tenido recursos para esa tarea”. 

Agregó que la capacitación de los integrantes que conformen la Guardia debe hacerse con visión policial. También se tienen que clarificar las competencias de delitos federales, locales y la temporalidad. “El dictamen debe responder a los intereses de la sociedad, porque no hay entidad o municipio que no tenga la inseguridad entre sus principales problemas”. 

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, expuso que la grave crisis de inseguridad y violencia que vive el país exige el asumir sin cortapisas el compromiso de reconstruir y fortalecer a las instituciones y afirmó que la coyuntura de su entidad no puede enfrentarse sin el apoyo del Ejército y la Marina, pues en las fuerzas armadas “vemos a una institución que tiene la confianza de los ciudadanos”.

Mencionó que eso no significa que como nación se acepte la militarización del país, pues la función de la seguridad pública debe “permanecer bajo la responsabilidad de las autoridades civiles; las disposiciones legales deben orientar la manera en que se piensa enfrentar una coyuntura específica y no generar un nuevo modelo que contravenga principios y convenciones en materia de derechos humanos”. 

Calificó de contradicción querer llevar la reforma que debería de ser estrictamente temporal, al marco constitucional. El gobierno federal, dijo, debe comprometerse a incrementar la inversión pública para la mejora de las corporaciones, así las instituciones estatales y municipales tienen que corregir sus fallas y deficiencias con objetivos claros en materia de capacitación, equipamiento, mejora de las condiciones laborales y salariales, así como iniciar procesos de depuración de las corporaciones. 

Alfaro Ramírez externó su preocupación por el modelo centralista y la invasión de atribuciones que se le confieren al titular del Ejecutivo federal y que el mando que se le dé a la Guardia Nacional tenga dualidad, el civil y militar. Se requiere certidumbre y salvaguardar el pacto federal y evitar cualquier tipo de atropello, así como discutir todo el paquete de leyes secundarias, en particular la Ley Orgánica. 

“Estamos listos para hacer lo que nos toca y reconstruir la estrategia de seguridad y de la paz. Es necesario un marco normativo que regule temporalmente la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad; ese compromiso nos debe llevar a fortalecer las policías de los tres órdenes de gobierno y que la seguridad sea responsabilidad de las autoridades civiles”, afirmó. 

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, calificó como error pensar que cada entidad federativa sea una isla, ya que “es tiempo de que las cosas cambien en México, porque la inseguridad es el problema que más afecta e impacta a las familias”. 

Indicó que los tres poderes deben tener un papel preponderante, pues el tema de procuración y administración de justica es un proceso donde tiene que participar el Legislativo, Ejecutivo y el Judicial y se debe fortalecer a los tres niveles de gobierno o de lo contrario, “vamos a fallar como Estado mexicano”. 

Propuso que el Legislativo en un artículo transitorio defina que el mando de la Guardia Nacional a largo plazo estará en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, de manera temporal, en los primeros cinco años,  en la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Añadió que el éxito de estas reformas está en el acompañamiento del marco jurídico y en la posibilidad de evitar los abusos. El Poder Judicial debe empatar criterios y homologar procesos de procuración de justicia en las entidades federativas y, en algunos casos, la tipificación en ciertos delitos como trata, huachicol y delincuencia organizada. 

“De nada servirá tener a la Guardia Nacional realizando acciones en las calles, si habrá impunidad; ahí está el reto que tiene el Estado mexicano. El Ejecutivo tendrá que fortalecer el trabajo de inteligencia y se debe apoyar a las policías estatales y municipales”, agregó. 

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca expuso que es necesario que el dictamen que se discutirá especifique las funciones de la naturaleza de la Guardia Nacional; es decir, caracterizarla desde la Constitución como una institución distinta y diferenciable de la seguridad pública, establecer las atribuciones de cada uno de los ámbitos de gobierno, así como las bases de coordinación en el territorio. 

Además, incorporar un artículo transitorio que establezca un plazo mínimo de “policialización” de los agentes que integrarán la Guardia Nacional, eliminar la cláusula que habilita al Ejecutivo a ejercer mando sobre los servicios seguridad privada y la facultad que federaliza todas las estructuras tecnológicas e información en materia de seguridad pública. 

Apuntó que otro aspecto es incluir un transitorio que permita la transferencia hacia los estados de integrantes de la policía federal por medio de un procedimiento de asignación que preserve sus derechos laborales, antigüedad, salario y seguridad social. 

“Estamos a favor de la suma de esfuerzos entre Federación, estados y municipios. Colaboración que no debe entenderse como subordinación o sometimiento, estamos convencidos que las  prioridades deben de definirse de manera conjunta considerando las particularidades de cada entidad federativa”, apuntó. 

García Cabeza de Vaca indicó que las fuerzas armadas subsanaron deficiencias que tenían los estados, desafortunadamente, algunas entidades entraron en un estado de confort porque estaba ahí el Ejército; sin embargo, nunca se les dio herramientas legales para que hicieran sus funciones. 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, pidió analizar la situación que se quiere resolver, porque no se pueden llevar a cabo o invocar otros modelos de seguridad que se aplican en Europa o en otras naciones porque son realidades muy diferentes y la de México es que está en el paso del trasiego de la droga. 

Expuso que todos los gobernadores solicitan siempre la intervención del Ejército o la Marina para resolver problemas con cárteles. Hoy en día quienes cometen estos actos ilegales, ilícitos, relacionados con esta problemática superan en armamento a las fuerzas policiales, por lo que se tiene que recurrir a quienes sí están capacitados para enfrentar a estos grupos. 

Manifestó su postura a favor de la iniciativa de crear esta   Guardia Nacional porque es necesario resolver los problemas que enfrenta su estado. 

“Teníamos preocupaciones de cómo iba a manejarse, pero para mí la respuesta es muy sencilla, cambió un gobierno, y existe hoy uno popular democrático, y además, cuyo titular se comprometió de cara al pueblo a nunca utilizar las fuerzas armadas para reprimir al pueblo de México”, agregó. 

Indicó que sí se tiene que regular la actuación de las fuerzas armadas, y es precisamente de lo que trata esta reforma, de regular. También hay cosas importantes que no se dejan de lado y se mantienen: el Ministerio Público en manos de la fuerza o  autoridad civil “si la nueva Guardia Nacional tuviese la atribución de la detención tiene que entregar a los detenidos”.

• Durante cinco días participarán legisladores, titulares de gobiernos estatales y municipales, así como representantes de organismos e instituciones de derechos humanos 

• También asistirán organizaciones y colectivos de la sociedad civil, académicos, especialistas,  servidores públicos federales del ramo de la seguridad y de las fuerzas armadas 

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, inauguró las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, cuyo propósito es intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados para enriquecer la discusión en torno a la reforma constitucional en la materia, que el Congreso de la Unión desahogará en un periodo extraordinario de sesiones el 16 y 17 de enero. 

El diputado puntualizó que existen tres grandes enfoques que se deben considerar si se quiere reformar el texto constitucional: los derechos humanos y su ampliación; ejemplo de ello es la Constitución de la Ciudad de México, que de principio a fin es una carta de derechos, afirmó. 

En segundo lugar: lo institucional, o sea, la preocupación por la división de poderes y, finalmente, la dimensión territorial, porque “el federalismo son los huesos de la nación; ahí sí topamos con duro”. 

Consideró que el Estado mexicano ha perdido jurisdicción sobre el territorio; en ese sentido, deseó que “aquí se desate el federalismo mexicano, porque es la puerta para tratar todos los demás temas”. 

El diputado presidente expresó que “no podría describir la satisfacción y alegría que me da este tipo de reuniones, porque es el Congreso con el que hemos soñado, uno que se conciba a sí mismo como un parlamento abierto, por su transparencia, y por el nivel y profundidad de las consultas que realice”. 

En su intervención, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, expuso que el principal problema del país es la crisis de inseguridad que se vive. 

Sostuvo que “la gente fue capaz de organizarse el pasado primero de julio y pedir la paz y la justicia, y el reto que se tiene es “si las fuerzas políticas somos capaces de organizarnos y darle a México una institución con las facultades y capacidades suficientes para enfrentar la crisis de inseguridad”. 

Sin embargo, dijo, no se puede perder tiempo, dado que no se cuenta en horas, minutos o segundos sino en extorsiones, muertos y desapariciones. 

Llamó a ser responsables y preguntó qué respuesta se dará a la principal crisis que tiene el país. Añadió que hay una propuesta del Presidente de la República para diseñar una institución capaz de enfrentar a la ola de inseguridad. “No podemos tener un falso debate, una simulación o una simplificación de términos, hay que analizar lo que ocurre y la respuesta que daremos”.

        Delgado Carrillo argumentó que es responsabilidad de todos terminar con la estrategia de guerra para dar inicio a la construcción de la paz.

        Mencionó que las audiencias permitirán analizar la propuesta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y, por ello, se han preparado cinco salones para recibir a más de 400 invitados y una carpa con 500 lugares para quienes deseen atestiguar estas reuniones. 

        Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN,  Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que se requiere una estrategia integral, pero no existe; es fundamental un rediseño de las instituciones; instrumentos normativos; de la evaluación y los controles de confianza de todas las personas que inciden y de la participación ciudadana. 

        “El principal actor de la democracia no son los gobiernos ni los partidos sino los ciudadanos. No hay modelo perfecto y para que funcione se requiere de ciudadanía y pasar el filtro de los derechos humanos, del federalismo, municipalismo y fortalecer las instituciones democráticas. El tema de la Guardia Nacional no puede verse de manera descontextualizada”.  

        Reginaldo Sandoval Flores, diputado coordinador del PT,  argumentó que el país vive etapas de cambios y celebró estas audiencias y la ruta para transformar la Constitución e instalar una vía que  permita responder a la demanda principal que reclama el pueblo mexicano que es la seguridad, pues “es el principal problema que enfrenta el país”. 

        Pidió no ver a los culpables, sino la solución y se congratuló que el titular del Ejecutivo federal “esté dispuesto a no seguir simulando el cumplimiento de la Constitución y plantee con precisión que no quiere violar la ley y nos invita a caminar hacia el Estado de derecho”.   

        El diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, coordinador del PES, expuso que hoy el Congreso de la Unión recobra su papel como centro del debate nacional. En años, dijo, el tejido social se ha erosionado y el Estado de derecho ha sido desafiado por el crimen organizado.

        “Hoy es el día de empezar a arrebatarle el país y devolverle la paz y el bienestar a las personas, familias y comunidades. Es el tiempo de repensar la manera en que vamos a enfrentar los complejos retos que la seguridad ciudadana requiere en cada región”, añadió. 

        Por el PRI, la diputada María Alemán Muñoz Castillo se congratuló con este encuentro y la participación que tendrán los gobernadores y alcaldes, ya que son ellos los que enfrentan cada día el reto de darle a las y los mexicanos una repuesta en materia de seguridad. 

        Celebró este ejercicio que escuchará a especialistas, a la sociedad civil y al gobierno federal, y su planteamiento integral para el combate de la crisis de inseguridad. “Reconocemos que la población requiere una respuesta en este tema; debemos encontrar el mejor diseño de este modelo y estar a la altura de las expectativas de las y los mexicanos”.   

        Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador del grupo parlamentario de MC, expuso que la discusión central de la Guardia Nacional es si tendrá un mando civil y será una organización de carácter militar bajo mando civil o militar bajo mando militar. “Ese es uno de los dilemas fundamentales”. 

        El segundo, dijo, tiene que ver con la interacción con el modelo de gobierno de carácter federal y el rol de las entidades y municipios. Destacó que la Jucopo haya aceptado estas audiencias y confió que habrá apertura a las opiniones que se den, en particular, en el tema de derechos humanos. 

        La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) enfatizó que hoy se inaugura una nueva etapa de la discusión pública en un tema de seguridad para los próximos seis años, y apostó por la construcción de instituciones civiles de seguridad pública.  

        “Expresamos nuestro más contundente rechazo a toda política que signifique la militarización de la seguridad pública, que perpetúe la presencia de las fuerzas armadas en estas tareas y que de manera adyacente establezca las condiciones para el incremento de los índices de violencia y las infracciones graves a los derechos humanos que nos ha conducido a la crisis humanitaria que hoy sufrimos”. 

        Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, precisó que este espacio de diálogo es fundamental para analizar los temas de seguridad y uso de la fuerza por parte del Estado, pues les incumbe a todos los mexicanos y no sólo al Poder Legislativo y al Ejecutivo.  

        “Hoy la realidad nos alcanzó; necesitamos al Ejército en las calles, pues la inseguridad ha llegado a niveles alarmantes. No tenemos legalmente más alternativas que formar una Guardia Nacional o un ente similar constitucional para asegurar la permanencia legal del Ejército en las calles y, con ello, respetar la Constitución”, añadió. 

Las audiencias se desarrollarán en 10 mesas de trabajo. Este martes: “Seguridad Ciudadana en los estados” y “Federalismo y Guardia Nacional”; el miércoles 9 de enero,  “Estrategias Municipales para la Seguridad” y “Los Municipios ante la problemática de la inseguridad”.

        Para el jueves 10 de enero: “Derechos Humanos y Guardia Nacional”; presentación del documental “Hasta los dientes”, de producciones Ambulante, y mesa “Seguridad Humana y Guardia Nacional”. 

        El viernes 11, “Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional” y “La Seguridad y la Guardia Nacional”. Para el sábado 12 de enero, la mesa “Seguridad Humana y Guardia Nacional”, y cierre de las Audiencias Públicas (conclusiones generales y declaratoria de cierre). 

El dictamen con proyecto de decreto para crear la Guardia Nacional, que fue objeto de declaratoria de publicidad el 21 de diciembre pasado, modifica los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política.

Establece que la Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en la Constitución y en las leyes. 

Especifica que formará parte de la Administración Pública Federal, a través de la secretaría del ramo de seguridad, en cuanto a su planeación, programación y ejecución de funciones. También de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional, en lo que respecta a su estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación, en los términos dispuestos en su Ley Orgánica. 

En el ámbito de su competencia, deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Las políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública estarán a cargo de la dependencia del ramo. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en la Guardia Nacional.

Destaca que los delitos cometidos por integrantes de esa institución en el ejercicio de las funciones establecidas en el párrafo décimo primero del artículo 21 de la Constitución, serán conocidos por la autoridad civil correspondiente. Las faltas contra la disciplina militar en que incurran los integrantes de la Guardia Nacional serán atendidas por autoridades militares. 

Indica que los detenidos serán puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante autoridades de carácter civil. En todos los casos, existirá un registro inmediato de la detención. 

Faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes que reglamenten la organización, servicio, disciplina, profesionalización, uso de la fuerza y capacitación para el respeto de los derechos humanos, así como a los mecanismos de la Guardia Nacional. 

También, incorpora la facultad del Congreso para que, con la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes presentes, pueda disolver a la Guardia, con pleno respeto de los derechos laborales y profesionales de sus participantes. 

De igual modo, se faculta al Senado de la República a analizar el informe anual que el Ejecutivo le presente sobre el funcionamiento y actividades de este organismo. 

En los transitorios se establece que esta institución comenzará a operar al día siguiente de la entrada en vigor de su Ley Orgánica y la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes Orgánica de la Guardia Nacional, la del Uso Legítimo de la Fuerza y la General del Registro de Detenciones.

Abunda que los integrantes de las corporaciones civiles de seguridad pública que se adscriban al nuevo organismo ingresarán con un rango homologado al que ostentan actualmente. La Ley reconocerá los casos y establecerá los procedimientos para la reasignación de dichos elementos a los cuerpos de origen, la cual deberá realizarse respetando los mismos derechos con que contaban al momento de ser asignados a la Guardia Nacional. 

También señala que en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, con excepción de los artículos 21 párrafo décimo segundo y 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad. 

La elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad se mantendrán a cargo de la dependencia del ramo de la seguridad. Los integrantes de la policía militar y policía naval que ingresen a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución. 

Subraya que durante los tres años siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo realizará, por conducto de la dependencia del ramo de la seguridad, un programa de reestructuración orgánica y funcional, así como de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles de seguridad pública, bajo un esquema calendarizado, para que resuman el ejercicio de su función de manera gradual y continua. 

El dictamen da un plazo de dos años a partir de la entrada en operación de la Guardia Nacional, para hacer un diagnóstico nuevo que determine o que fije el estado de la fuerza y de las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública federal, así como de las entidades federativas.

El próximo 16 y 17 de enero de 2019, el Congreso de la Unión realizará un periodo extraordinario de sesiones para entre otros asuntos, aprobar, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.

Paralelamente, con el propósito de enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados y con el objetivo de que la ciudadanía conozca las diversas opiniones respecto a esta importante reforma a la Constitución, la Cámara de Diputados convoca a audiencias públicas organizadas en mesas temáticas, a las cuales están convocados senadores, titulares de gobiernos estatales y municipales, representantes de organismos e instituciones de derechos humanos, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, académicos, especialistas,  servidores públicos federales del ramo de la seguridad y de las fuerzas armadas.

Las audiencia públicas se realizarán del 8 al 12 de enero, en el Salón de Protocolo Edificio C de la Cámara de Diputados, y serán organizadas en las siguientes mesas temáticas:

●     Seguridad ciudadana en los estados

●     Federalismo y guardia nacional

●     Estrategias  municipales para la seguridad

●     Los municipios ante la problemática de la inseguridad

●     Derechos humanos y guardia nacional

●     Seguridad humana y guardia nacional

●     Seguridad, construcción de la paz y guardia nacional

●     La seguridad y la guardia nacional

●     Seguridad humana y guardia nacional

Asimismo, tendremos la proyección del documental “Hasta los Dientes”.

·        Las redes de agua y drenaje tienen hasta 50 años de antigüedad, afirma Flores Anguiano

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Feliciano Flores Anguiano, afirmó que urge una legislación sobre el agua acorde a las necesidades del país, que aborde las problemáticas de abasto, drenaje y saneamiento, así como de infraestructura hidroagrícola. 

Señaló que para elaborar la propuesta, a partir del próximo período de sesiones ordinarias, se realizarán foros con productores, académicos, ambientalistas y legisladores. 

“Es urgente la ley por las condiciones en que estamos y que empeorarán, pues cada día somos más habitantes y el agua se reparte entre más personas; la necesidad aumenta y el líquido vital es el mismo”. 

Añadió que existe un rezago en infraestructura, por lo que se requiere atender este problema; de lo contrario, “llegará el momento en que no habrá recursos, cada día se deteriorará más y colapsará en algunos años”. 

Indicó que las redes de agua potable y drenaje están en su mayoría obsoletas. Tienen 40, 50 años de antigüedad, y la población aumenta, por lo que el requerimiento es mayor. Lo mismo pasa con la infraestructura de saneamiento, donde cada día hay más complicaciones. 

En el campo mexicano, continuó, es prioritario tecnificar el riego para impulsar y aumentar la producción de alimentos, y  no tener que comprarlos en el extranjero. “Se tiene que sembrar y cosechar con menos agua” optimizando el recurso. 

Añadió que, ante el cambio climático, la tecnificación del riego permite producir más que el temporal; por ello, es preciso invertir en el mejoramiento de la infraestructura hídrica. 

Consideró que el problema del sector se debe a la falta de cultura de cuidado, aprovechamiento y saneamiento del agua. “Sociedad, industriales, gobierno, académicos, investigadores, productores y escuelas debemos ser copartícipes, para evitar su contaminación y desperdicio”, señaló el diputado Flores Anguiano. 

La diputada Rosa Mora Ríos (Morena), secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, promueve un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a establecer una política pública de prevención y atención a víctimas de desplazamiento forzado interno.

A nivel nacional, este fenómeno está contemplado en siete artículos de la Ley General de Víctimas, pero únicamente Chiapas y Guerrero cuentan con marco normativo en la materia, subrayó.

Sostuvo que para consolidar una política integral de migración, es primordial atender a la población que vive esta lastimosa y denigrante situación de desalojo de sus territorios, que afecta en su mayoría a las comunidades indígenas, dotándolas de apoyo del Estado, con el propósito de respetar sus derechos humanos, garantizarles trato digno y la salvaguarda de sus costumbres y formas de vida. 

Mencionó que de acuerdo con el informe Desplazamiento Interno Masivo en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, de 2006 a 2017 se registraron 329 mil 917 eventos de traslado forzado, equiparando a México en el “contexto de naciones con conflictos bélicos como Palestina, o de violencia generalizada como Honduras y Guatemala”. 

La proposición, remitida a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, apunta que, a diferencia de otros fenómenos de movilidad humana, los desplazamientos forzados internos son provocados por la necesidad de huir a causa de la violencia u otros peligros, con el fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia.

Comentó que las personas en esta condición a menudo experimentan un trauma: no tienen recursos y se encuentran en situación de vulnerabilidad, arribando a destinos donde no hay oportunidades de trabajo. 

Otra causal, apuntó, son los proyectos que suponen un desarrollo económico para las comunidades, como los mineros, que también motivan desplazamientos, hostigamientos e incluso asesinatos, y que provocan la huida de familias completas para salvaguardarse. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define que los afectados son “personas o grupos de individuos que se han visto forzados u obligados a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. 

Mora Ríos señaló que en México este fenómeno ha sido una constante, cuyos antecedentes datan de la Conquista, ya que algunos nativos huyeron hacia zonas apartadas y de difícil acceso para preservar sus costumbres y su forma de vida, conservando parte de nuestra historia como nación. 

No obstante, al paso de los años la situación se ha diversificado, no así el fondo y las consecuencias de este fenómeno de movilidad humana, que requiere atención a las víctimas y prevención, concluyó.

• Se realizarán en el Palacio Legislativo de San Lázaro a partir del 8 de enero 

• Se prevé una amplia participación de muy diversos sectores de la sociedad civil y gobiernos municipales, estatales y federal 

• Los resultados de las audiencias públicas serán un insumo fundamental para la discusión y, en su caso, aprobación, de la reforma constitucional sobre Guardia Nacional, que se abordará en el periodo extraordinario del 16 y 17 de enero 

En un ejercicio de parlamento abierto que permita enriquecer la discusión, conocer las opiniones de amplios sectores de la sociedad, e informar a la ciudadanía sobre la trascendencia del tema, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizará, a partir del 8 de enero, una serie de audiencias públicas para analizar el proyecto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que para ello, y en conjunto con legisladores federales, se ha invitado a participar a actores y organizaciones de la sociedad, entre los que se encuentran autoridades municipales, gobernadores y funcionarios federales de seguridad y fuerzas armadas. 

Asimismo, se espera la participación de representantes de organismos e instituciones de derechos humanos, colectivos de la sociedad civil, académicos, especialistas, y miembros de instancias internacionales, involucrados en el debate público sobre el tema. 

La idea, dijo, es que los resultados de estas audiencias públicas sean fundamentales y que contribuyan a enriquecer la reforma constitucional de Guardia Nacional, la cual se envió al Congreso de la Unión por el Presidente de la República, y que habrá de discutirse y, en su caso, aprobarse, durante el periodo extraordinario que se realizará del 16 al 17 de enero de 2019. 

Las audiencias públicas serán inauguradas por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el 8 de enero de 2019 a las 11:00 horas, con una exposición del estado que guarda el proyecto de reforma constitucional de Guardia Nacional.

       La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) planteó tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, dado que es un problema cotidiano que enfrenta la mayoría de las mujeres en el mundo y se ha normalizado en la sociedad como una conducta “natural”.

        Con la reforma al artículo 259 Ter del Código Penal Federal, se busca aplicar sanciones de hasta 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y 48 horas de capacitación y sensibilización en instituciones públicas o privadas, dedicadas a la prevención de cualquier tipo de violencia de género. 

        Asimismo, la legisladora propone que cuando este ilícito sea realizado en menores de edad o con alguna discapacidad física o mental, se imponga una pena de 1 a 3 años de prisión inconmutables. 

        “El acoso sexual en espacios públicos no es reconocido como un delito en el Código Penal Federal, aunque es una forma de violencia conforme al artículo 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que genera en ellas temor a transitar libremente”, expuso. 

        Refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México, 96 por ciento de las mujeres encuestadas señaló haber experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos y 58 por ciento haber recibido tocamientos que violentaron su intimidad.

        “Implantar medidas adecuadas que hagan frente a la violencia contra las mujeres en espacios públicos, son necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las afectadas”, afirmó. 

        Almaguer Pardo destacó que según el Diagnóstico sobre Violencia de Género en el Transporte Público, realizado por El Colegio de México, el 93 por ciento de las mexicanas ha recibido miradas lascivas al transitar por espacios públicos, 50 por ciento ha sido tocada en las calles por lo menos una vez, 69 por ciento ha padecido acercamientos indeseados y el 39 por ciento ha vivido persecuciones. 

        Otro estudio, como el Panorama de Violencia Contra las Mujeres en México (Inegi, 2013) arroja cifras alarmantes, pues 86.5 por ciento refirió haber sido objeto de intimidación en los espacios públicos, específicamente comunitarios; 38.3 padeció abuso sexual y 8.7 por ciento agresiones físicas. 

        La intención del documento que analiza la Comisión de Justicia “es visibilizar una de las manifestaciones con mayor violencia normalizada en la sociedad y que deja a las mujeres en la indefensión y en la impotencia por falta de elementos para poder denunciar cuando es violentada”, añadió. 

        Relató que el acoso sexual en espacios públicos es una práctica normalizada; gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbación pública, exhibicionismo, persecuciones (a pie o en vehículo), entre otras, son costumbres con un manifiesto carácter sexual. 

        Cometerá este delito quien realice conductas de tipo sexual que, sin llegar a la agresión física, generen hostigamiento, intimidación o un ambiente hostil, como piropos, comentarios sexuales, silbidos, bocinazos, jadeos y otros ruidos; gestos obscenos, arrinconamiento, masturbación con o sin eyaculación y exhibicionismo que limiten el tránsito, la tranquilidad y recreación en los espacios públicos de las personas contra las que son cometidas, que afecten o perturben el derecho a la integridad, su seguridad personal y libre tránsito de toda persona, causándole intimidación, degradación, humillación, miedo, y/o un ambiente ofensivo.