22 mayo 2019

*Buscan conocer si han existido cambios recientes en el Código de Ética y los lineamientos de política editorial de la agencia.
  

La diputada Dulce María Sauri Riancho, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a la titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), con el fin de conocer el plan de trabajo respecto de los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, ante la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.

La legisladora explicó que Notimex nació con la misión de compartir los hechos derivados de la celebración de los Juegos Olímpicos de México en 1968, y a lo largo de 50 años ha conservado mucho de su esencia original. 

Reconoció que la agencia se ha consolidado como una herramienta eficaz para comunicar y compartir contenidos informativos con el rigor metodológico e imparcial de las ciencias de la comunicación. Además, recordó su labor durante el terremoto de 1985, cuando se interrumpieron las señales de AM y FM para brindar información oficial, certera y oportuna. 

Sin embargo, señaló que como cualquier institución, cuenta con una trayectoria de aciertos y áreas de oportunidad que hoy se hacen más evidentes ante el giro de 180 grados en su forma de comunicar, pues han transitado del relato de hechos y datos hacia la difusión de opiniones particulares y las notas editorializadas. 

La diputada señaló que Sanjuana Martínez Montemayor, titular de la agencia, olvidó su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser omisa en la publicación de una crónica anónima, titulada El maltrecho PRI ¿Rumbo al exterminio? La cual fue publicada el 17 de mayo a las 19:39 horas en el portal de la agencia. 

Sauri Riancho recordó que su partido político está en pleno proceso para renovar su dirigencia, por lo que queda claro que la publicación no fue una casualidad. “No permitiremos el involucramiento de instituciones del Estado para interferir de manera explícita, o intangible, en la definición de nuestro instituto político”, sentenció. 

Indicó que su partido confía en la ética que ha distinguido a Sanjuana Martínez en el ejercicio de su profesión, en ser una periodista que reconoce en la diversidad de la información y del pensamiento. Sin embargo, no pueden pasar por alto las características y el momento de la publicación. “Tal vez haya cambios en la política editorial de la agencia y lo desconocemos. Esa es la razón de este punto de acuerdo”, puntualizó. 

Finalmente, dijo que la fracción parlamentaria del PRI en la Comisión Permanente, estima oportuna, urgente y necesaria la celebración de una reunión de trabajo con la finalidad de conocer si han existido cambios recientes en el Código de Ética y los lineamientos de política editorial propuestos por el Consejo Editorial Consultivo de Notimex, así como su plan de trabajo respecto de los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, que debe someter a la aprobación de la Junta de Gobierno según mandata el artículo 20 de la ley que regula a la agencia. 

El punto de acuerdo fue turnado para su análisis a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.

• Con la aprobación de más de la mitad de los estados se hace posible la declaratoria de constitucionalidad de la reforma educativa.

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo un amplio reconocimiento a las y los legisladores de la mayoría de los congresos locales que con su voto hicieron posible que la reforma educativa ya pueda ser promulgada y con ello avanzar sólidamente hacia la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con este aval, se logrará recuperar el sentido humanista y social de la educación; se establecen contenidos mínimos para los planes y programas de estudio con una perspectiva de género y orientación integral; regresa el civismo y se establece la impartición de la filosofía; en las comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural; el contenido educativo tendrá un enfoque regional, por lo que será definido de la mano de los gobiernos locales, las y los maestros, y la comunidad.

Además, con esta reforma se cumple un compromiso con el magisterio para cancelar la mal llamada “Reforma Educativa”; terminar con la Ley General del Servicio Profesional Docente y de manera inmediata, quedan sin efecto los procesos de evaluación en curso; se reinstalará a las y los maestros cesados por la resistencia que se mantuvo a la evaluación punitiva; y desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

De tal forma, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aseguró que se trabajará en las leyes secundarias de la reforma educativa, con el objetivo de que la nueva legislación se aplique a partir del ciclo escolar que inicia en agosto.

“Nosotros vamos a empezar a trabajar en las leyes secundarias porque queremos que el próximo ciclo escolar que arranca en agosto esté bajo la nueva reforma del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, explicó Mario Delgado.

El coordinador parlamentario dijo estar seguro que esta reforma se aprobará en la totalidad de los Congresos locales, ya que es una propuesta ampliamente consensuada y que incluye propuestas de todos las fuerzas políticas, así como de los que diariamente intervienen en este sector, alumnos, maestros, padres de familia y autoridades.

Además, dijo que en la elaboración de las leyes secundarias también habrá apertura de voces, porque es necesario que haya una mejor educación para que la cuarta transformación del país tenga viabilidad.

Finalmente reconoció la votación a favor que hicieron los congresos locales de Morelos, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Colima, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Nuevo León, Durango, Guerrero y Baja California Sur.

La secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena), propuso exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que emprenda campañas permanentes de detección, atención y seguimiento psicológico a niñas, niños y adolescentes, que contribuyan a reducir y prevenir las violencias que les afectan, incluidas las autolesiones.

        En un punto de acuerdo remitido a la Comisión de Educación, precisó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), toda violencia contra las y los menores, en particular el maltrato infantil en los 10 primeros años de vida, constituye un importante factor de riesgo de otras formas de agresión y problemas de salud.

        Se calcula que los abusos sexuales en la infancia explican aproximadamente el 6 por ciento de los casos de depresión, 6 por ciento del abuso/dependencia del alcohol y las drogas, 8 por ciento en los intentos de suicidio, 10 por ciento de los casos de trastorno de pánico y 27 por ciento de los casos de trastorno de estrés postraumático.

        Otros estudios han relacionado los malos tratos físicos, los abusos sexuales y otros acontecimientos adversos en la infancia con el consumo excesivo de tabaco, trastornos alimentarios y comportamientos sexuales de alto riesgo, que a su vez están relacionados con algunas de las principales causas de muerte, como cáncer y enfermedades cardiovasculares.

        En México, de acuerdo con el informe anual 2017 de Unicef respecto de la violencia que padecen niños, niñas y adolescentes, se sabe que 6 de cada 10 entre uno y 14 años, han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares; uno de cada dos ha sufrido agresión psicológica por un algún integrante de su familia; uno de cada 15 niños y niñas ha recibido una forma de castigo físico severo (jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes) como método de disciplina.

        Además, la escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años, y el hogar es el tercer lugar, y uno de cada 10 menores entre 10 y 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en su casa. Las niñas y adolescentes son las más afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares.

        Ávila Vera resaltó que otra forma de violencia creciente es la autoinfligida, pues cada vez más niños y niñas recurren al cutting o autolesiones en el cuerpo, como resultado de pensamientos agresivos que aparecen repetitivamente y pueden tener consecuencias lamentables en la vida de esta población, como el suicidio.

        Según Inegi, las tasas de suicidios por grupo de edad y sexo permiten observar que, en los hombres las tasas más altas son entre los 20 y 44 años, siendo la mayor en relación con los demás grupos de edad, con 16 suicidios por cada cien mil hombres. En tanto que, en las mujeres, la tasa más alta se presenta en el grupo de edad de 15 a 19 años, con cuatro suicidios por cada cien mil mujeres.

        “No es raro que el suicidio sea la culminación de múltiples intentos y de una ideación gestada desde la infancia o la adolescencia a partir de diversos sucesos sufridos, por lo que la intervención psicológica a temprana edad en niñas y niños puede ser un factor protector para evitar futuros eventos letales en adolescentes”, afirmó.

        La diputada resaltó que la violencia contra niñas, niños y adolescentes ha alcanzado niveles elevados en los últimos años en el país. Un menor que sufre cualquier tipo de agresión o maltrato, o que transcurre su formación sumido en ansiedad, tristeza, miedo o depresión, no estará en posibilidades de lograr el aprovechamiento máximo que se espera de su proceso formativo.

La Cámara de Diputados durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, llevó a cabo 32 sesiones, con un tiempo acumulado de actividad del Pleno por casi 166 horas.

En este periodo, se aprobaron 99 proyectos de decreto, de los cuales, siete son reformas constitucionales, 91 son modificaciones a diversos ordenamientos y decretos, y una nueva ley.

Como parte de la actividad legislativa, se aprobaron 117 proposiciones con puntos de acuerdo y 32 acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) vinculados con diferentes materias.

También, un acuerdo de la Mesa Directiva y ocho de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como el de la Jucopo por el que se integra la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

En este periodo se realizó una Sesión de Congreso General para la apertura del periodo ordinario; 25 ordinarias y cinco solemnes. Además, una en la que la Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia, para declarar que ha lugar a proceder penalmente en contra de Cipriano Charrez Pedraza, por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y daño en propiedad ajena.

En las solemnes se otorgaron las medallas al mérito cívico “Eduardo Neri, legisladores de 1913” y la de Honor “Gilberto Rincón Gallardo”; otras tres, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la entrega de la medalla al mérito “Sor Juana Inés de la Cruz”; para la conmemoración del Centenario Luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, y la celebración del Aniversario de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz.

Además, la Mesa Directiva dictó trámite a comisiones a un total de 460 iniciativas: 17 de senadores de la República; 16 de congresos locales y 427 de diputados federales.

De igual modo, se turnaron a comisiones 33 minutas con proyectos de ley o decreto remitidas por la Cámara de Senadores, de las que 15 fueron para efectos del Apartado A; 15 para efectos del Apartado D, y tres para los efectos del Apartado E, del artículo 72 de la Constitución Política.

Sobre los puntos de acuerdo, se dio cuenta al Pleno de 517 presentados por diputadas o diputados; de los cuales 510 se turnaron a comisiones y siete se aprobaron luego de ser considerados como de urgente resolución.

Entre los proyectos de decreto aprobados por las y los diputados destaca el que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, con el objetivo de eliminar privilegios a los servidores públicos y evitar el engrosamiento del aparato burocrático.

Asimismo, las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política para crear la Guardia Nacional, la cual será de carácter civil, tendrá su propia estructura orgánica y organizacional, y una ley que homologue en lo conducente las disposiciones de las fuerzas armadas.

Se avalaron cambios y adiciones a diversos artículos de la Carta Magna, en materia de consulta popular y revocación de mandato; se establece el procedimiento de éste en el caso del Presidente de la República, gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

También, modificaciones a los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales, para que la educación sea garantizada plenamente por el Estado mexicano; se respeta el derecho a la inclusión al Sistema Educativo Nacional, desde la enseñanza inicial hasta la superior, de niñas, niños, jóvenes y adolescentes.  Revalora a las y los maestros, y dota de mecanismos de política pública para que la educación sea una garantía y no un privilegio, a partir de un enfoque social, de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

Igualmente, cambios a la fracción III del artículo 113 y adiciona un artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación, para imponer sanción de tres a seis años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

De la misma forma, se probaron cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de establecer mecanismos que coadyuven en la prevención y combate de estos ilícitos.

Se reformaron las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar, con el propósito de reglamentar esta figura.

Estipula que el trabajo del hogar debe fijarse mediante contrato por escrito, que incluya, como mínimo, referencias de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar; domicilio; inicio y duración del contrato; tipo de trabajo a realizar; remuneración; horas de trabajo; vacaciones; alimento y alojamiento, cuando proceda; debiendo contemplarse también el régimen obligatorio del seguro social.

En cuanto a las modificaciones al artículo 74 de la Constitución, establece que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y con ello dar prioridad a los principios de máxima publicidad sobre los recursos públicos.

Se avalaron reformas a diferentes disposiciones del Código Civil Federal, para prohibir el matrimonio infantil y establecer como requisito que los contrayentes tengan cumplida la mayoría de edad; es decir, dieciocho años.

En este periodo, el pleno aprobó cambios al Código Penal Federal para adicionar un Capítulo Tercero denominado “Desplazamiento Forzado Interno” al título Decimoctavo “Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas”, así como un artículo 287 Bis, para imponer penas de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa a la persona que cometa ese delito.

Las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, plantean ofrecer más opciones de inversión, lograr mayores rendimientos, menos comisiones, que las utilidades se reflejen en las pensiones de los trabajadores cuando se retiren y fomentar el ahorro. Se sustituye el término “sociedades de inversión” por el de “Fondos de inversión especializados para el retiro” de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), lo que conlleva a una simplificación en la operación y carga comparativa.

Además, cambios a los artículos 2 y 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para establecer el concepto de Inversión Pública Productiva Sustentable, y que los entes públicos puedan contraer financiamientos u obligaciones para ese tipo de proyectos.

Otro dictamen avalado, se deriva de una iniciativa del Ejecutivo federal, el cual reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Civil Federal, a fin de que los adolescentes de entre 15 años cumplidos y menores de 18 años, puedan acceder y ser titulares de cuentas de ahorro, sin la intervención de sus padres o tutores.

Las modificaciones a los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal, permitirán que en las actas de nacimiento no se asiente el estado civil de los padres, salvo que así lo soliciten, lo cual resguardará los derechos de la herencia. Además, el marido no podrá desconocer al menor nacido dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, a no ser que exista sentencia ejecutoria que declare que no es su hijo.

El Pleno cameral aprobó reformas a los artículos 203 y 205 bis del Código Penal Federal, a fin de aumentar de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa las sanciones para quien cometa el delito de turismo sexual, pues en la actualidad es de 7 a 12 años.

Se avaló reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, de los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, con el propósito de garantizar lo establecido en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de los empleados.

Igualmente, un dictamen a la minuta que adiciona diversas disposiciones a las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Federal del Trabajo, para establecer que los padres o madres de menores a 16 años diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, puedan gozar de licencia por cuidados médicos, a fin de ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente requiera descanso médico en los periodos críticos del tratamiento u hospitalización, de acuerdo con la prescripción médica.

La reforma al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, busca incrementar las penas impuestas al delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Las y los diputados avalaron reformas a la denominación del Capítulo IV y el artículo 189 del Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra servidores públicos para castigar con dos a 12 años de prisión a quien agreda a un funcionario.

El Pleno acordó modificar el primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, para imponer de 10 a 25 años de cárcel y de 250 a mil Unidades de Medida y Actualización, a quien cometa extorsión.

Se modificó el artículo 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que no procedan acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso, en el caso de los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, siempre que no hayan sucedido en casa habitación.

Los cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tienen el objetivo de eliminar las limitantes que restringen el derecho de toda la ciudadanía de acceder a puestos de dirección, coordinación y vigilancia. Permitirán al sector paraestatal federal, un crecimiento más equitativo y mejor, al eliminar el lenguaje discriminatorio de género, origen étnico nacional o de cualquier otra índole.

También, se reformó al artículo 19 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.  Se incluyó al abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

Otros cambios fueron al artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de establecer que la activación física y el deporte intervengan como un factor de prevención de  adicciones y consumo de sustancias psicoactivas.

Además, se avalaron reformas en temas de: desarrollo rural sustentable; personas con discapacidad; administración pública; responsabilidad ambiental; aguas nacionales; protección al ambiente; migración; organizaciones ganaderas; Mipymes; derechos humanos de las personas adultas mayores en centros penitenciarios; ordenamiento territorial; turismo; instituciones de crédito; salud preventiva; ratificación de empleados superiores de Hacienda; vivienda; pensiones alimenticias; acceso y tránsito en las playas; desarrollo social; estímulos y recompensas, entre otros.

Se designó a los titulares de los Órganos Internos de Control de la Fiscalía General de la República, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como el de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Se establecieron 23 días nacionales: sobre Reconstrucción Mamaria; Esclerosis Múltiple; Síndrome de Asperger; Pluricultura; Glaucoma; contra el Cáncer de Próstata; Costas y Mares Mexicanos; Adopción de niñas, niños y adolescentes; Deporte, Actividad y Salud Física; Cultura Maya, y para reducir las desigualdades.

También, el día de las Abejas; de las Personas Sordas; de la Vivienda; del Redactor de los Medios de Comunicación; de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria; contra el Cáncer Colorrectal; Prevención de Quemaduras; de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano; de la Lucha contra el Parkinson; de la Salud Mental Materna; contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking, y contra el Cáncer Cervicouterino.

Además, tres semanas nacionales: para Prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; de las Personas Migrantes y Refugiadas; y del Donante de Sangre y sus componentes.

Con el propósito de fortalecer el marco legal para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y establecer el acoso sexual como delito, y garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, las diputadas Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva, y María Ester Alonzo Morales (PRI), impulsan una iniciativa de modificaciones al Código Penal Federal.

El documento, que analiza la Comisión de Justicia, busca asegurar para las mujeres la protección del derecho penal y no estén expuestas a la discriminación.

Señala que el hostigamiento y el acoso son delitos sexuales que afectan el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y son obstáculos para el goce y ejercicio integral de sus derechos humanos. La violencia ejercida, en gran medida, contra mujeres transgrede su derecho a una vida libre, restringen su desarrollo, coartan su libertad y menoscaban su dignidad.

Falta mucho por hacer para que el sistema jurídico mexicano proteja y garantice integral y plenamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Consideran responsabilidad de los legisladores sentar las bases de la igualdad y crear condiciones legales e institucionales para que mujeres y niñas ejerzan todos sus derechos libre, plena e igualitariamente.

En la actualidad, el tipo penal para el hostigamiento sexual presenta insuficiencias para sancionarlo de manera adecuada, porque condiciona a una ejecución reiterada, a intención lasciva y al daño que cause, cuando debe castigarse por su simple comisión, no por los motivos, por cuántas veces ni por los efectos que ocasione. 

La iniciativa sostiene que es obligación del Estado proteger el derecho a la libertad sexual, al libre desarrollo de la personalidad y a una vida libre de violencia, que son afectados por estas conductas.

Propone que el hostigamiento y acoso sexuales sean delitos instantáneos, cuya consumación se agote cuando se realice, “y basta con que suceda una sola vez”.

Respecto al acoso sexual, el Código Penal Federal no contempla sanciones para personas agresoras que no tienen relación jerárquica con la víctima, que representa una importante omisión, si se considera la elevada incidencia de esta conducta; de ahí la importancia de incorporarla como delito.

La reforma al artículo 259 Bis plantea que comete el delito de hostigamiento sexual aquella persona que valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación realice uno o más actos lascivos o de connotación sexual a otra persona, sin su consentimiento.

Propone que sea sancionado con hasta 800 días de multa y la misma pena en el artículo 259 Ter, donde establece que comete el delito de acoso sexual quien realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva contra otra persona, sin su consentimiento, en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

De aprobarse esta reforma, cualquiera de estos dos delitos prescribiría en tres años a partir de la fecha de su comisión; si la persona acosadora u hostigadora fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PT) planteó exhortar a la Secretaría de Salud para que haga del conocimiento público los diagnósticos, estadísticas, estrategias y medidas realizadas sobre prevención de embarazos en adolescentes. Asimismo, establezca un plan emergente de salud con transversalidad institucional, visión integral, amplia e incluyente del problema.

El punto de acuerdo que analiza la Comisión de Salud para dictamen, señala que este fenómeno demanda una atención emergente por parte del gobierno, autoridades del sector y diversas instancias institucionales encargadas de proveer información y difusión para la población entre 15 y 19 años de edad.

Este tema es asunto de Estado, minimizarlo es negar el derecho a los jóvenes de aspirar a un futuro y a un presente con dignidad y seguridad social.

Evaluaciones y datos recientes revelan el crecimiento de casos de embarazos no deseados en adolescentes; producto de la desinformación, pobreza, bajos niveles de educación y violencia sexual, que dibuja un diagnóstico desalentador para un sector que está bajo riesgos y amenazas latentes.

El documento agrega que información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en 2016 nacieron 399 mil 140 niños de mujeres menores de 20 años, equivalente a 17.4 por ciento del total en el país. Asimismo, cifras del Consejo Nacional de Población indican que de una población de 124.7 millones de habitantes, cerca de 22.2 millones son adolescentes, de entre 10 y 19 años de edad. Advirtió que en los años recientes se observa una desaceleración de la cobertura y uso de métodos anticonceptivos.

México encabeza la lista de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta de embarazos en jóvenes. Que, de acuerdo a este organismo internacional en promedio se atienden mil 252 partos  de este grupo de la población.

Ante los esfuerzos transversales y gubernamentales por inhibir los embarazos en el país, las cifras arrojan resultados que evidencian las fallidas estrategias o las medidas insuficientes para contener un fenómeno social, que modifica y altera los procesos biológicos, sociales, económicos, educativos y culturales de los jóvenes en México al asumir responsabilidades prematuras.

Recordó que en 2015 se estableció la estrategia nacional para la prevención, donde participaron alrededor de 10 instituciones como los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Nacional de las Mujeres, Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Población, entre otras, para, de forma interinstitucional, paliar el grave problema público.

Sin embargo, añade el punto de acuerdo, los resultados no fueron los deseados porque las cifras se incrementaron.

Las acciones para combatir este desafío son fallidas. En tal sentido, urge que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, oriente sus esfuerzos de forma transversal para inhibir este fenómeno de salud pública.

• Necesario, crear conciencia entre la sociedad sobre este trastorno: Hernández Pérez

El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) planteó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a establecer programas de capacitación para el personal docente y administrativo, con el fin de incorporar al sistema educativo a niñas, niños y adolescentes con condición de espectro autista.

Asimismo, propuso que se realicen campañas inclusivas dirigidas a los padres de familia y alumnos, con el objetivo de erradicar la estigmatización.

También solicitó que la Secretaría de Salud  emprenda campañas de concienciación social sobre el autismo, a fin de lograr un mejor conocimiento que contribuya a la inclusión de estas personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que uno de cada 160 niños tienen un Trastorno del Espectro Autista (TEA), y que este comienza desde su infancia prolongándose hasta la adolescencia y vida adulta; se sabe que algunas personas pueden vivir de forma independiente, pero que existen otras que sufren un mayor número de discapacidades, lo que ocasiona que requieran de una constante atención.

El legislador señaló que entre los síntomas o señales que permiten detectar una persona con autismo se encuentran repetir constantemente las mismas palabras y otras ciertas conductas; tener demasiado interés en cosas u objetos; poco contacto visual; no escuchar a las personas; interés prolongado en ciertos temas o detalles; demora al responder interrogantes; dificultad para seguir una conversación, y problemas para comprender el punto de vista de los demás, entre otras.

Dijo que un tercio de las personas con autismo no se comunican de manera verbal, es decir no hablan; el 31 por ciento de los niños con este trastorno poseen una discapacidad intelectual que les dificulta la vida cotidiana; aproximadamente 28 por ciento registran comportamiento de autolesión. Mientras que  7 por ciento suelen ser afectados por depresión, y en los adultos en un 26 por ciento.

“Quienes viven con  espectro autista no tienen una enfermedad sino una condición y la única diferencia es que ellos procesan la información que reciben de una forma distinta, pues sus sentidos son mayores a los de una persona regular”, comentó.

Indicó que las familias de las niñas, niños o adolescentes con este trastorno enfrentan situaciones difíciles ante la sociedad, pues la mayoría de estos infantes no tiene rasgos físicos respecto de esta condición, lo que hace que la gente no se pueda percatar a simple vista de su estado y mucho menos sabe cómo interactuar o ayudarles ante una posible crisis. “Esto sucede debido a la poca información que existe, que en ocasiones hace que estos niños sean blanco de bullying”.

“Quienes tienen hijos que padecen esta condición, argumentan que no hay escuelas públicas incluyentes o que con medidas y estrategias para educar a estos infantes, porque las escuelas regulares y su personal no están capacitados para atenderlos y, en caso de recibirlos, no les instruyen o los tienen aislados”.

Por otro lado, las academias privadas piden a los padres que los menores asistan con una maestra “sombra”, lo cual hace que los costos se multipliquen más o, incluso, que no puedan ser costeables.

Hernández Pérez expresó que los familiares refieren que faltan instituciones públicas en materia de salud que brinden apoyo a los niños que viven con autismo, ya que todo se ha concentrado en capacidades diferentes o especiales, pero a la hora de buscar específicamente este espectro, no hay personal capacitado que brinde apoyo para que estos niños sean incluidos en la sociedad de forma asertiva.  

El documento, turnado a la Comisión de Educación, señala que es importante considerar que los niños con condiciones diferentes deben tener alternativas que les permitan ejercer sus derechos humanos a la salud y a la educación.

Asimismo, tener oportunidades en igualdad de condiciones que una persona regular, como asistir a una escuela pública con inclusión social.

México tiene el mayor número de especies de cactáceas en el mundo y su gran reserva de flora y fauna silvestre es motivo de orgullo y admiración, pero también botín fácil para saqueadores internacionales, coleccionistas que pagan miles de dólares por una de estas plantas sin importar poner en riesgo la existencia de los ejemplares, denunció Armando Contreras Castillo, diputado de Morena.

        Precisó que expertos de la Universidad Autónoma de Chapingo denuncian que Japón, Corea y Tailandia buscan patentar las cactáceas mexicanas ante el “boom” que ha surgido en torno a ellas. Existen alrededor de mil 400 especies en el mundo, 669 son de México y 518 endémicas.

        En los desiertos de Chihuahua y Sonora, así como algunos valles de Hidalgo y Querétaro se ubica el 60 por ciento de los géneros de México;  25 por ciento son propios o exclusivos del país; en la región de Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca existe una gran diversidad de cactus. En Nochixtlán, en la región de la Cañada, en Cuicatlán, en Teotitlán y en la Región mixteca alta, Oaxaca, ya casi están en extinción.

        En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), establezcan un cerco en las zonas de reserva donde se encuentran las cactáceas y sus similares, con el fin de evitar saqueos masivos y llevar a cabo acciones eficientes y eficaces en las aduanas del país.

        México, dijo, es un país donde casi la mitad de su territorio es árido o semidesértico, posee más de la mitad de las casi dos mil variedades de cactáceas y suculentas registradas ante la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

        Contreras Castillo relató que las leyes mexicanas declaran ilegal la sustracción y comercio de especies endémicas, que sólo se reproducen en las zonas donde fueron descubiertas. La vida silvestre de México está protegida por la Ley General de Vida Silvestre y bajo una norma oficial de la Semarnat. La protección de las cactáceas está dividida en tres niveles: en peligro de extinción, amenazadas y bajo protección especial.

        Sin embargo, y a pesar de leyes y convenios, “el país es blanco fácil del comercio ilegal internacional. Europeos y asiáticos son señalados como los principales saqueadores. Los traficantes burlan sin problema los acuerdos internacionales de cactáceas y comercian incluso con las semillas de las especies. Al tener una biodiversidad tan rica y tan exquisita, eso atrae a gente de todo el mundo, lamentablemente a favor de la depredación”.

        Es difícil cuantificar la cantidad de plantas extraídas ilegalmente “ya que siempre hay contacto mexicano, no son solo los extranjeros. Se necesita el contacto que conozca las especies y el lugar para luego extraerlas como sucede con la dudleya que son flores, la bertoli, estequio valdes o mamidalia. Estas, son preciadas por su material genético”.

        El diputado de Morena consideró necesario proteger esta riqueza natural porque una ley que decreta zonas de reserva no es suficiente, porque si bien no se puede tocar la planta no existe un papel que supervise que se cumpla esta orden.

        Se requiere de personal calificado de la Semarnat y Profepa, así como coordinación con universidades agrónomas para supervisar el saqueo ilegal y preservar la vida de estas plantas, que ya están consideradas en peligro de extinción, dado que desde hace años es una “moda” tener en las casas este tipo de vegetaciones por su naturaleza rara y peculiar.

    Por Nancy Rodríguez

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) propuso incorporar en la legislación el derecho de las niñas y niños menores de cinco años a recibir servicios de intervención temprana, interacción oportuna, terapias del lenguaje, nutrición y escuela para padres, con el objetivo de garantizar su desarrollo.

A través de una iniciativa de modificaciones a las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la legisladora propuso establecer servicios garantizados durante la primera infancia mediante políticas públicas, programas, apoyo y fortalecimiento para el desarrollo integral de niñas y niños en sus primeros cinco años de vida.

El documento, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, indica que, según el último censo, en 2015, la población de menores de entre cero y 5 años de edad, era de 12 millones 713 mil, lo que equivale a 10.6 por ciento de la población total; 51 por ciento, niños y 49 por ciento, niñas.

Refiere que es obligación del Estado garantizar el interés superior de la niñez y velar por su derecho al desarrollo integral, lo cual tiene carácter prestacional en la medida en que conlleva obligaciones positivas de los poderes públicos, por lo que debe proporcionar el servicio a las y los infantes.

Además, precisa que madres, padres de familia y, más adelante, educadores, deben brindar un buen ambiente para despertar el potencial de las y los pequeños. “Con esto lograremos, en el futuro, niñas y niños más seguros, audaces y capaces de alcanzar la satisfacción de sus necesidades con aprendizajes significativos”.

Los avances en la investigación sobre la interacción oportuna en el desarrollo integral infantil han permitido que no se vea como simple objetivo de política pública, sino un derecho del que todos puedan disfrutar. Por ello se deben establecer dispositivos e instituciones para hacerlo realidad.

La diputada Mónica Bautista refirió que es indispensable apoyar a las niñas y niños desde el nacimiento para llegar al máximo de sus capacidades y potencialidades, a fin de brindarles un futuro donde todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

La iniciativa propone incluir la fracción XVI Bis al artículo 4 de Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para definir como primera infancia, la etapa de la vida que abarca de los cero a los cinco años de edad, decisiva en el desarrollo de las capacidades, físicas, intelectuales y emotivas de cada infante.

Agrega el párrafo segundo al artículo 43 del mismo ordenamiento, con el propósito de incorporar que durante esa etapa, las niñas y los niños tienen derecho a la detección oportuna, tratamiento y reforzamiento en el monitoreo de sus capacidades físicas, cognoscitivas y emotivas.

Finalmente, plantea adicionar el párrafo segundo y las fracciones I a VI al artículo 9 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y estipular los servicios que se deben brindar a niñas y niños en los primeros cinco años de vida.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar implante una estrategia que permita a hijos de madres recluidas en centros de reinserción social, acceder a programas de apoyo.

        Plantea que las secretarías de Salud y de Educación Pública refuercen la atención y acceso a la salud de estos menores y a una enseñanza de calidad, facilitando la validación de los centros de Desarrollo Infantil.

        Se pide a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la de Economía, que impulse medidas de apoyo para que mujeres en condiciones de internamiento en los centros de Readaptación Social Femenil reciban capacitación en materia laboral que les permita generar una fuente de ingresos a pesar de encontrarse en esta condición.

        La legisladora refirió que existen 16 centros femeniles estatales donde se encuentran 3 mil 284 mujeres; uno federal que alberga 4 mil 441 reclusas, y 75 centros mixtos en los que se localizan 5 mil 264 mujeres, dando un total de 9 mil 705 mujeres privadas de su libertad censadas en 2017. En 60 centros de Readaptación Social Femenil, se ubican 444 niñas y niños que viven con sus madres.

        La mayoría de las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales, de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”, que podría caracterizarse como una de las razones para que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, al no contar con recursos para solventar los gastos que representa su atención.

        Las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben ser excluidos de sus derechos, libertades, ni pueden ser discriminados por ningún motivo.

        Loya Hernández mencionó que el estudio “Menores que viven con sus madres en los centros penitenciarios”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que niñas y niños que viven en las prisiones, no lo hacen en condiciones de dignidad, carecen de las mismas necesidades básicas que sus progenitoras; no son considerados en el ciclo de las políticas públicas; se desconoce si tienen un acta de nacimiento y no reciben atención médica de calidad.

        De acuerdo con un estudio publicado por Reinserta AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres, sobre el Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, lo que más solicitaban las mujeres es: leche, pañales, servicio médico, medicinas, alimentos, fuentes de trabajo, ropa, guarderías, visitas más seguidas y largas, juguetes, espacios especiales para que duerman los menores, talleres, mejor trato de las custodias hacia los pequeños y apoyo legal.

        Según dicho estudio, el 30 por ciento de las mujeres considera que recibe alimentos suficientes para las necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34 por ciento los considera insuficientes y el 36 por ciento no respondió a esta pregunta.

        El tema de salud para hijas e hijos de madres en prisión, “es muy delicado”, pues “el 58 por ciento de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34 por ciento no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que no, 13 por ciento no sabe por qué; 13 por ciento no tiene acceso a vacunas; 50 por ciento mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 25 por ciento por otra situación.

        Cuando los menores se enferman, el 40 por ciento recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; el 13 por ciento afuera; el 12 por ciento no recibe; el 34 por ciento no respondió y el 1 por ciento dentro y fuera, esto en virtud de que algunos salen temporalmente con algún familiar, sin embargo son muy pocas las que tienen el apoyo.

        Asimismo, el 39 por ciento recibe las medicinas sin costo; 35 por ciento lo consigue en el mercado negro; 15 por ciento las tiene que buscar por otro medio; el 7 por ciento a través del centro penitenciario pero las pagan y el 4 por ciento otra.

        La diputada aclaró que si bien, el análisis presentado por Inmujeres, sobre los 11 centros de Readaptación Social, no refleja una generalidad, es una muestra de la tendencia de una pequeña parte de la población femenil carcelaria; “esto nos da la pauta para incidir en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en estas circunstancias”.

        Consideró que los infantes deben ser atendidos mediante una estrategia y esfuerzo coordinado de las dependencias de la administración pública federal, que garanticen además los principios del interés superior de la infancia. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.