CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (142)

 

 

         El Pleno cameral avaló las licencias por tiempo indefinido de ocho diputadas y diputados durante su sesión ordinaria: una del PRI; cuatro del PAN y tres del PRD, para separarse del cargo federal en la LXIII Legislatura. 

        Los legisladores son: Érika Irazema Briones Pérez (PRD-Distrito 2, San Luis Potosí), Rubén Alejandro Garrido Muñoz (PAN-Distrito 5, Puebla), José Santiago López (PRD-Distrito 20, Estado de México) y Román Francisco Cortés Lugo (PAN-Distrito 15, Estado de México), 

        Javier Antonio Neblina Vega (PAN-Distrito 3, Sonora), Victoriano Wences Real (PRD-Distrito 5, Guerrero), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (PRI-Distrito 5, Sonora) y Francisco Ricardo Sheffield Padilla (PAN-Distrito 3, Guanajuato). 

        Además, rindieron protesta de ley como diputados federales e integrantes de la LXIII Legislatura los ciudadanos Ariel Burgos Ochoa (PRI-Distrito 5, Sonora) y Allan Michel León Aguirre (PAN-Distrito 3, Guanajuato), en sustitución de los legisladores con licencia Héctor Ulises Cristopulos Ríos (PRI) y Francisco Ricardo Sheffield Padilla (PAN), respectivamente. 

        La Mesa Directiva informó de la reincorporación a los trabajos de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados de David Jiménez Rumbo (PRD-5ta Circunscripción, Estado de México).       

  • Propósito fundamental es garantizar el ejercicio transparente del gasto público

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, afirmó que el nombramiento de David Colmenares Páramo como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de fortalecer la transparencia, es un paso fundamental para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

El legislador reconoció el consenso logrado por los grupos parlamentarios que hizo posible la designación, a partir del diálogo como la herramienta más efectiva para sacar adelante temas vitales para el país.

“Es encomiable el nivel de madurez política y conciencia social que mostraron los diputados en general al ejercer su voto, sin ataduras a intereses partidistas ni de grupo”. 

Explicó que este nombramiento resulta transcendental en el proceso para garantizar el ejercicio transparente de los recursos públicos ante los ojos de los ciudadanos. 

“Hemos mandado un mensaje contundente de que la Cámara de Diputados está comprometida con el combate al grave flagelo que significa la corrupción”, comentó. 

Consideró que el nuevo auditor tendrá la gran responsabilidad de fiscalizar puntualmente todos los recursos públicos, sin tomar posturas partidistas o políticas. 

“El mayor revisor del erario nacional deberá conducirse de manera autónoma e imparcial, a fin de cumplir cabalmente con su mandato constitucional”, subrayó el diputado presidente. 

Destacó el perfil de David Colmenares Páramo y confió en que desempeñará su cargo de forma ejemplar. “Es un servidor público capaz y con la experiencia que requiere cuidar el destino del dinero de todos los mexicanos”. 

Romo García reafirmó su compromiso por continuar el fortalecimiento del andamiaje jurídico que consolide el SNA, pues aseguró que sólo a través de la formulación y, sobre todo, el cumplimiento de las leyes, se podrá hacer frente al descrédito del servicio público originado por la corrupción. 

Finalmente, el diputado Edgar Romo destacó el trabajo de la Comisión de Vigilancia de la ASF, al haber integrado una terna, sin duda, con los mejores candidatos, y de entre quienes surgió el nuevo Auditor Superior de la Federación que fungirá hasta el 2025.

La Cámara de Diputados designó a David Rogelio Colmenares Páramo nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y rindió la protesta de ley para ocupar el cargo en el periodo 2018-2025, luego de obtener mayoría calificada de 377 votos.

El presidente del órgano legislativo, Edgar Romo García, enunció que en virtud de haber alcanzado la votación por mayoría calificada de los miembros presentes de esta soberanía, la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, párrafo Sexto de la Constitución Política, declara que se ha designado a David Rogelio Colmenares Páramo como Auditor Superior de la Federación, por un periodo de ocho años, a partir de esta fecha y hasta el 14 de marzo de 2025.

A continuación, el diputado Romo García pidió que se diera formato de decreto y se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

La votación de la terna, realizada por cédula, arrojó 377 sufragios en favor de David Rogelio Colmenares Páramo, 5 para Salim Arturo Orcí Magaña, ninguno para Ángel José Trinidad Zaldívar y 64 nulos. 

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Luis Maldonado Venegas, subrayó que la integración del documento se basó en el artículo 84 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que precisa términos, requisitos, método y procedimiento para integrar la terna de aspirantes. 

“Nunca estuvo al arbitrio de la comisión añadir, modificar o innovar los elementos de procedencia y trámite del proceso. Estuvo acotada en todas sus acciones a lo dispuesto por la Ley. La comisión se esmeró en brindar máxima inclusión, difusión y transparencia al proceso”. 

Todas las sesiones fueron públicas y transmitidas en tiempo real a través del Canal del Congreso, se creó una página electrónica en la que por primera ocasión se incorporaron datos de los participantes sustentados con la documentación pública que los avaló; además, se dio cuenta oportuna de los acuerdos, etapas y resultados progresivos del procedimiento. 

Refirió que la Ley concedía facultad de entrevistar selectivamente a candidatos; sin embargo, la instancia dio oportunidad a todos los participantes; es decir, a los 41 inscritos, quienes comparecieron en igualdad de tiempo y circunstancias.

“Todos respondieron al escrutinio de los legisladores sobre su preparación, trayectoria, experiencia, posibles conflictos de interés o cuestionamientos a su desempeño autónomo en cargos ejercidos”.

Los aspirantes presentaron propuestas y acciones inmediatas para afrontar los retos de la ASF, y sus amplias atribuciones de fiscalización para contrarrestar los fenómenos de la corrupción y la necesidad de generar que el quehacer gubernamental sea cada vez más eficaz. 

La Comisión de Vigilancia siempre tuvo presente que la ley exige mínimo 10 años de experiencia en el ejercicio de la materia sustantiva del cargo, como funciones de auditoría, control y gestión de recursos públicos federales.

Por lo anterior, reflexionó si ¿es posible cumplir con ese requisito sin haber servido en estas tareas a gobiernos de distintos órdenes? La respuesta es, que siendo la fiscalización una función de servicio público, necesariamente está inserta en órganos de gobierno o, en su caso, en instancias de control legislativo federal o estatal. 

Maldonado Venegas destacó que los integrantes de la terna, en los últimos 10 años de su actuación pública, han prestado servicio en órganos autónomos, sin que en el ejercicio de sus funciones se les hayan comprobado actos de parcialidad. Resaltó que los 3, voluntariamente, presentaron su declaración 3 de 3, y un ensayo sobre su visión del futuro de la ASF. 

“Estamos seguros de que la decisión tomada será trascendental en la vida democrática del país. No obstante, que la ASF es un órgano con autonomía técnica y de gestión, es parte inherente y esencial del Legislativo”. 

Agregó que en términos de la ley, se invitó a organizaciones civiles e instituciones académicas a postular perfiles idóneos para inscribirlos en el proceso, aunque ninguna institución mostró interés alguno en proponer candidatos. 

Asimismo, se convocó con carácter de observadores a organismos ciudadanos con prestigio como Fundar; Centro de Análisis e Investigación A.C; Artículo 19; México Evalúa; Transparencia Mexicana; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, quienes elaboraron preguntas para los postulantes.

 

        *Regida por principios como la transparencia, imparcialidad y máxima publicidad, puntualiza la diputada

        La diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente (PRI) presentó una iniciativa suscrita también por el PVEM y Nueva Alianza, para expedir la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos, a fin de garantizar que el gasto en esta área cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

        El documento, remitido a las comisiones de Gobernación para su análisis y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, busca reglamentar el modelo de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. 

        Precisa que en  el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los Entes Públicos deberán atender al respeto a la libertad de expresión y al fomento del acceso ciudadano a la información; y deben contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetar la diversidad social y cultural de la nación.

        Señala que no se podrán difundir Campañas de Comunicación Social cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales; inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico,  e induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.

        En el capítulo de Transparencia y Rendición de Cuentas, se indica que los entes públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de internet, los montos destinados a gastos relativos a Campañas de Comunicación Social desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación aplicable. 

        Asimismo, cada uno de los Entes Públicos incorporará un informe semestral sobre el gasto en publicidad oficial en su portal de transparencia, que por lo menos contenga: presupuesto asignado a Campañas de Comunicación Social; proveedores; contratación concertada hasta el momento, con número de contrato, y pago realizado a los Medios de Comunicación.

 

Ampliar plazo para solicitar réplica ante un medio de comunicación

 

        La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez e integrantes del PVEM, plantearon reformar el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política, con el objetivo de que la persona que desee ejercer el derecho de réplica, presente la información que se desee rectificar o responder, en un plazo no mayor a 12 días hábiles, y no cinco como está actualmente. 

        La iniciativa, remitida a la Comisión de Gobernación, señala que la reforma “se alinea dentro de un modelo equilibrado que crea condiciones para permitir una corrección oportuna de la información frente a un régimen de corrección constante que rayaría en el acoso y el silenciamiento de los medios”.

 

 

       Por Nancy Rodríguez

  • En México, 60 por ciento de las familias ya no sigue el modelo tradicional
  • Se lleva a cabo en San Lázaro el foro “Las Familias Mexicanas frente a los Procesos de Cambio Social en el Siglo XXI”

El diputado Jesús Zambrano Grijalva (PRD) sostuvo que el 60 por ciento de las familias en el país ya no sigue el esquema tradicional conformado por madre, padre e hijos, por lo que propuso replantear su concepción, con el propósito de velar por los derechos de los nuevos modelos.

Al inaugurar el foro “Las Familias Mexicanas frente a los Procesos de Cambio Social en el Siglo XXI”, apuntó que la modificación de su concepto es oportuna, pues no es una institución estática, sino cambiante.

Expuso que el núcleo familiar es un factor que coadyuva a la transformación de la sociedad, al ser el espacio donde se fomentan las creencias, costumbres y valores que forjan a las personas, al igual que la escuela y las relaciones sociales.

Destacó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refiere que en el 2016 se contaba con 32.9 millones de hogares, en los que el tamaño promedio era de 3.7 integrantes, mientras que en entidades como Guerrero y Chiapas es de cuatro miembros.

Este organismo señala también que del total de los hogares, 56.2 por ciento son biparentales (la presencia de ambos padres), el 17.1 son monoparentales (sin presencia de uno de los padres) y el 26.3 por ciento de las familias no tienen hijos.

El diputado Arturo Bravo Guadarrama (PRD) coincidió en que la institución familiar ha cambiado su estructura; por ello, es necesario replantear este concepto, a fin de que todas sus modalidades sean respetadas, valoradas y reconocidas por las leyes.

Sostuvo que el fortalecimiento del núcleo de la sociedad  permitirá una nación más justa e igualitaria.

Apuntó que, de acuerdo con un estudio del 2017, elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM), en el país existen 11 tipos de familias, divididas en tres grupos: la tradicional, de transición y la emergente. 

Manifestó que la tradicional representa el 50 por ciento de los hogares a nivel nacional; el 42 por ciento a la de transición, la cual está conformada por madres o padres solteros o no hay hijos, y el resto a las emergentes, es decir, parejas del mismo sexo.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Cristina Gaytán Hernández (PRD), afirmó que para que exista una sociedad plural y justa se debe dejar de pensar que quien es diferente tiene que ser acallado y no puede tener los mismos derechos.

Expresó que los legisladores están comprometidos a velar por los derechos de las familias plurales, toda vez que el esquema tradicional ya no es el que le da vida a México.

“Hay familias que luchan cada día por salir adelante como todas y, además, cargan con el estigma de una sociedad que no les permite vivir sus derechos plenamente”.

Ante este panorama, apuntó, “se continuará levantando la voz, desde el Congreso de la Unión y los diferentes espacios, para manifestar la necesidad de que los derechos de todos los modelos de familia sean ejercidos y respetados por todos los servidores públicos”.

La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Hortensia Aragón Castillo (PRD), mencionó que el concepto de la familia es un tema vedado y excluido por las agendas políticas, lo cual no es posible, ya que no debe haber límites a la libertad de expresión.

“Hablar de las familias es tan revolucionario como debatir sobre la democracia en la década de los años ochenta, pues se busca que se visibilice a  las otras familias, las compuestas del mismo sexo”.

La diputada indicó que con la actualidad es fundamental que se aborde este asunto con el propósito de evitar la exclusión y la intolerancia.

En su participación, José Antonio Medina Trejo, secretario Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la visión conservadora del concepto de la familia ha permeado en las instituciones. Ha influido a que las políticas públicas posean una visión de madre, padre e hijos, excluyendo a aquellas que salen de este contexto, aseguró.

Se congratuló de que el Poder Legislativo atienda a las familias que están configuradas de diversas formas, y que busque estrategias que responden a las nuevas necesidades de la sociedad.

 “Es momento de escuchar a los académicos, investigadores, expertos, a fin de llegar a una propuesta que incida en las políticas públicas que beneficie a la ciudadanía pluridiversa y con ello exista un cambio verdadero”, indicó.

Refirió que las familias son la célula básica de la sociedad; por lo tanto, agregó, no se debe reducir a un espectro, pues esto no corresponde a la realidad actual.

Posteriormente, se realizaron mesas de análisis en las que se abordaron el “Estudio y conceptualización de la familia: planteamientos teóricos y realidades diversas”, “Las familia mexicanas y los cambios socioculturales y políticos del Siglo XIX” y “Avances y retos para la diversidad familiar en México”, donde participaron académicos y especialistas.

La Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal iniciativa que deroga el segundo párrafo de la fracción II del artículo 24 y el 25 de la Ley del Servicio Militar, con lo cual se busca prohibir el reclutamiento voluntario del servicio militar a menores de 18 años.

 El documento enviado a la Comisión de Defensa Nacional precisa que para afianzar el compromiso con los derechos de la infancia, es conveniente dar cumplimiento a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño (CRC por sus siglas en inglés), y eliminar de la legislación la posibilidad de que los menores de 18 años realicen el servicio militar, a efecto de homologar el marco legal castrense con la normativa internacional sobre la materia.

 Refiere que el 7 de septiembre de 2000, el gobierno de México suscribió el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los menores en conflictos armados, ratificado el 11 de diciembre de 2001, y que destaca la necesidad de mejorar su situación sin distinción y procurar que se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad, así como aumentar su protección para evitar que participen en conflictos armados.

 Se plantea derogar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar, el cual establece que se admitirán menores de 18 años y mayores de 16 años de edad en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado que no deba de exceder de 5 años. Ello, en virtud de que las convocatorias vigentes de admisión al sistema educativo militar prevén como requisito de ingreso tener 18 años cumplidos.

 También se propone derogar el artículo 25 de la misma ley, el cual establece que se puede obtener el anticipo de la incorporación en activo de los mexicanos mayores de 16 años, por razón de estudios o viaje al extranjero, en la época que reglamentariamente les corresponda prestar servicios.

De esta forma, con el propósito de que el Estado mexicano cumpla con el principio del interés superior de la niñez y con la recomendación del CRC, se pondría fin al anticipo de la incorporación al servicio militar para los niños de 16 y 17 años de edad que podían solicitar conforme a sus intereses, y consecuentemente se aumentaría la edad mínima para el reclutamiento voluntario a 18 años.

 

  • Proponen instaurar el 28 de abril como Día Nacional de la Herbolaria y de la Medicina Tradicional
  • Del total de la población mundial, 60 por ciento recurre a esta práctica para procurar su propia salud: OMS

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (Morena) destacó la necesidad de reconocer el valor cultural, medicinal y económico que tienen las plantas medicinales para nuestro país, especialmente porque México ocupa el segundo lugar mundial en riqueza de especies, con cuatro mil 500, por debajo de China que tiene cinco mil. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 60 por ciento de la población mundial sigue utilizando la herbolaria para procurar su propia salud además de que un alto porcentaje de los productos farmacéuticos utilizados hoy en día, proviene de productos vegetales.

Enfatizó que el conocimiento de las plantas medicinales y los productos naturales son fruto de información tradicional acumulada por varias generaciones y representa un patrimonio de los mexicanos, el cual debe fluir hacia el pueblo, con beneficio económico y en salud.

Por lo anterior, la legisladora impulsa una iniciativa para decretar el 28 de abril como Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional, debido al valor que representa esta práctica para México y su población, no solo como opción terapéutica, sino también por la importancia económica para la cadena productiva, y por el acervo cultural que representa. 

La fecha propuesta se basa en que ese día es el natalicio del rey Acolmiztli Nezahualcóyolt en 1402, quien fue el fundador del primer centro de cultivo y estudio de plantas medicinales en el cerro de Tezcutzingo, Texcoco. 

La iniciativa argumenta que el empleo de las plantas con fines medicinales es probablemente tan antiguo como el hombre mismo, pues a lo largo de la historia, en el terreno de la curación de enfermedades, los recursos naturales más socorridos han sido los provenientes del reino vegetal. 

“Al paso del tiempo, cuando se fueron creando las culturas y las civilizaciones, estos elementos terapéuticos no desaparecieron, sino que fueron arraigando cada vez más en sus costumbres, casi siempre utilizando las plantas que se encontraban en las regiones que los circundaban”. 

Las plantas medicinales son de los vínculos más directos que pueden existir entre la medicina empírica del pasado y la farmacología; existen indicios de que la herbolaria medicinal prehispánica ha sido tradicionalmente estudiada sin tomar en cuenta lo que en el fondo representa, abunda la propuesta. 

Prueba de ello, agrega, son los diversos jardines destinados a sus mandatarios, como el del Molino de las Flores en Texcoco, perteneciente a Nezahualcóyotl y considerado el primer jardín botánico del Anáhuac (1430, o el de Moctezuma Ilhuicamina en Huaxtépetl (Oaxtepec) y, por supuesto, el de Moctezuma Xocoyotzin, cuyo esplendor ha trascendido la barrera del tiempo en el mismo Bosque de Chapultepec. 

El texto precisa que el 19 de septiembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en torno a la atención a la salud de la población indígena y al reconocimiento de la Medicina Tradicional Indígena, artículo 6, fracción VI Bis. 

 

·        Impulsa iniciativa para reconocer ese vínculo que aliente políticas públicas que equilibren convivencia, afirmó

·        Se realizó foro “Defendiendo una Agenda para Impulsar el Balance Trabajo-Familia en México”, en San Lázaro

 

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN), secretaria de la Mesa Directiva, se pronunció por reconciliar la vida laboral con la familiar, con el propósito de reconstruir el tejido social del país. Por ello, impulsa una iniciativa para reconocer en México el balance trabajo-familia en la Ley Federal del Trabajo.

 

Durante el foro “Defendiendo una Agenda para Impulsar el Balance Trabajo-Familia en México”, organizado por la Cámara de Diputados, la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), el Instituto Municipal de la Familia (Infamilia) y la Alianza por la Igualdad, la legisladora estimó que antes del 30 de abril será aprobada esta propuesta, para sentar las bases de una más equilibrada convivencia entre jornada de trabajo y atención a la familia.

 

Esta iniciativa, explicó, es apoyada por las ocho fracciones parlamentarias integrantes de la Mesa Directiva, lo cual patentiza la importancia de convertir la inquietud de la sociedad civil organizada en un instrumento jurídico.

 

Los objetivos: lograr el reconocimiento del balance trabajo-familia a través de reformar la Ley Federal del Trabajo, para vincular responsabilidades familiares con la jornada laboral en los sectores económico, empresarial y social.

 

Promover y colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para aumentar la certificación de las empresas familiarmente responsables, concepto que se desconoce y requiere difundirse, para tener un nuevo enfoque del trabajo que reconcilie la jornada laboral con la atención y cuidado de los integrantes de la familia, es otro aspecto fundamental.

 

Refirió que “se instalaron muchas maquiladoras en diferentes zonas fronterizas del país que crearon fuentes de empleo para muchas mujeres, pero olvidamos que ellas tenían hijos pequeños que se quedaban en casa y requerían atención, cuando en realidad estaban en la calle y se convirtieron en banquete de la delincuencia”.

 

Reynoso Sánchez apuntó que para impulsar el balance entre trabajo y familia, no sólo es necesario realizar reformas a la Ley Federal en la materia, sino capacitar a los empleados en todos los sentidos para que logren su desarrollo integral, familiar, individual y profesional.

 

Es pertinente evaluar si realmente las personas están educadas para el Teletrabajo o  trabajo desde casa, es decir, ¿se tiene la disciplina para respetar los tiempos?

 

Si los trabajadores son más productivos y contentos con lo que hacen, las empresas se ven beneficiadas y eso se reflejará en sus índices de crecimiento.

 

“Si logramos esta conciliación los resultados se reflejarán en la cohesión de la familia, la comunidad, la seguridad y la educación, ya que cuando una familia está bien, la sociedad está bien, y una ciudad y el país estarán mejor”, precisó.

 

“Tenemos que reencontrarnos como familia y comunidad, a través de conciliar la vida familiar con las actividades laborales y sociales. Hacer equipo con la sociedad para rescatar lotes baldíos y convertirlos en espacios comunes que transformen la vida y estilo en que viven las familias”.

 

Destacó la importancia de la participación ciudadana organizada en este proceso de cambio para equilibrar el trabajo con el cuidado de los integrantes de la familia, que es un gran desafío. Es indispensable que los padres de familia enseñen a sus hijos el valor del trabajo, del esfuerzo y del respeto, para que ellos aprendan a realizar sus actividades con un enfoque de unidad.

 

En el panel “Acciones para promover el balance trabajo-familia”, la diputada Cecilia Romero Castillo (PAN) dijo que son importantes las aportaciones que se hagan desde el Ejecutivo, el Legislativo y las organizaciones de la sociedad civil, porque se trata de un tema cultural.

 

“El punto es que no pensemos que con hacer modificaciones a las leyes se va a resolver el problema, se trata de una aportación multidisciplinaria, esto es lo que seguramente ayudará. Por ello, la importancia de tomar en cuenta todas las expresiones y la realización de este tipo de foros”, acotó.

 

La subdirectora para la Igualdad Laboral de las Mujeres, de la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Amelia Escartín Rodríguez, sostuvo que la Ley Federal del Trabajo “no visibiliza las necesidades actuales de las mujeres, cuando ya tienen una actividad mucho más representativa”.

 

Comentó que la Secretaría del Trabajo realizó un estudio sobre la situación real de las personas trabajadoras en el campo formal e informal, donde las mujeres predominaron en esta última esfera, porque les permite tener mayor flexibilidad de horarios.

 

La Secretaría del Trabajo, informó, lanzará una campaña en el tema, a fin de tener un mayor acercamiento con las personas y darles a conocer leyes y convenios que garanticen el respeto a sus derechos laborales.

 

La consejera del Instituto Nacional de las Mujeres y académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Diana Ibarra, resaltó que de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2016, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en México existe una disparidad del poder adquisitivo entre mujeres y hombres de 52 por ciento.

 

“Esto es tremendo”, señaló, porque demuestra que las mujeres trabajan mucho y se les paga poco, aunado a las labores en casa que no son remuneradas. “Las mujeres tienen que aceptar trabajos con menores responsabilidades que les permitan tener tiempo para atender a sus hijos, lo que quiere decir que no sólo tienen que medir horas en el trabajo, sino cuánto pagan por ello”.

 

La directora general del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro, Nuevo León, Dalila Ibarra de Vázquez, mencionó que siendo la familia una institución tan importante, es fundamental impulsar una perspectiva donde las políticas, leyes y planes de gobierno tomen como referente el tema del fortalecimiento y protección de la misma, sobre todo en sectores pobres y marginados.

 

Hablar de un equilibrio sano entre el trabajo y la familia, consideró,  aumenta el compromiso con nuestra realidad porque se trata de hablar de la vida en relación a la familia y a las personas que forman parte de ella en todas sus dimensiones.

 

Montserrat López, directora del Instituto de la Familia de Durango, resaltó la necesidad de proteger el balance trabajo-familia porque cada vez más hay más mujeres jefas de familia. En promedio a nivel nacional el 27.6 por ciento de los hogares, uno de cada tres, los encabeza una mujer. Conforme se han incorporado al mercado laboral se ha generado más productividad y riqueza al país; sin embargo, los hijos se quedan a cargo de otra persona.

 

Además, ocupa cuatro horas diarias más a labores no remuneradas, trabajando más que los varones, en la atención a niños y adultos mayores.

 

Ante esta realidad “es necesario atender el equilibrio trabajo-familia porque hay cambios importantes en la dinámica de los hogares; además los mexicanos son los que más horas trabajan a la semana, lo que ubica al país en este aspecto en el lugar 37 de 38 según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

“No es para enorgullecerse, porque  en promedio al año se laboran dos mil 246 horas, por encima del promedio de mil 766 horas de la OCDE; Alemania reporta mil 300 horas anuales por trabajador”, lo cual no ha elevado la productividad ni la satisfacción de las personas con la vida que tienen.

 

En México, los trabajadores tienen doce horas en promedio para el ocio o descanso, ocupando de nuevo el lugar 37 de 38, de acuerdo a la OCDE, además del promedio de dos horas en el traslado al trabajo.

De la Red Familia, organización que incorpora diversas instituciones de la sociedad civil, Juan Antonio López precisó que en el tema de balance trabajo-familia deben estar involucrados investigadores y sociedad civil, para que impulsen una agenda desde la opinión pública; el Legislativo para que genere leyes que ayuden a crear incentivos en la materia, y el Ejecutivo para la creación de políticas públicas.

 

En el segundo panel denominado “Prácticas exitosas que favorecen el balance trabajo-familia” se dijo que los buenos hábitos laborales dentro de las empresas son aquellos que duran en el tiempo, son comprobables, demostrables, tienen impacto y generan beneficios en el ámbito laboral. Siempre serán innovadores y creativos.

 

Los panelistas señalaron que las empresas exitosas implementan políticas y acciones que benefician al trabajador. Estas son: horarios flexibles; trabajo de no más de nueve horas; los empleados tienen derecho a un día libre al mes con goce de sueldo; los viernes son home- office, es decir no van a la oficina; no hay hora de entrada, pero sí hay hora de salida. “No son horarios, son objetivos, se administra de acuerdo a los objetivos de la empresa”.

·        Secretaria de Cultura reconoce compromiso de la Cámara de Diputados por darle sede a la historia en ese recinto

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, inauguró las nuevas instalaciones del Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

 

Ante la titular de la secretaria de Cultura, diputados y autoridades del órgano legislativo, Romo García resaltó que el objetivo primordial de la transformación fue crear un lugar de reflexión que estableciera un diálogo sobre la política en la sociedad y resaltar la importancia de las leyes e instituciones en la vida nacional.

 

“Es un nuevo espacio de difusión cultural, información e historia, con contenidos no sólo parlamentarios, sino con elementos sobre la democracia y participación ciudadana, historia política y la pluralidad cultural, étnica, demográfica, económica y social del México contemporáneo”, explicó.

 

Precisó que el museo abrió sus puertas en 1994, por lo que resultaba necesario acercar las nuevas tendencias, a través de un área más interactiva pero que, al mismo tiempo, aproximara a los ciudadanos con las tareas políticas y legislativas.

 

Detalló que las tecnologías de la información y la comunicación constituyen uno de los instrumentos más poderosos del mundo y del cambio social; por ello, su aplicación en el museo fue clave. “Se buscó contar con la tecnología más avanzada, funcional y acorde a los objetivos de este proyecto”.

 

La meta, sostuvo, es atraer al mayor número de personas y lograr nuevas actividades y funciones museológicas; el recinto debe invitar a la comprensión y a la crítica para que en él puedan conjugarse el contenido con la reflexión.

 

Romo García mencionó que a través de un gran esfuerzo, la Cámara de Diputados decidió renovar su museo, a fin de darle una visión de ser un centro abierto, público y que se constituya como un encuentro para la comunicación parlamentaria y establezca relaciones vivas entre la sociedad y sus representantes populares.

 

“Se configuró un espacio que no es un coto cerrado de una clase privilegiada o que obstaculiza el acceso a la cultura; logramos un lugar que no tiene como meta principal la obra que expone, sino al sujeto. El visitante no considerará al museo como ajeno a sí mismo, sino como algo que lo envuelve y que lo integra”, explicó el legislador nuevoleonés.

 

Manifestó que las piezas exhibidas ya no son un producto aislado; los visitantes participan en ellas y existe un diálogo entre el guion y el espectador, donde el museo es el intermediario.

 

Agregó que los contenidos, ambientación, mobiliario, materiales, distribución de espacios e instalación lumínica, fueron diseñados de acuerdo a las exigencias requeridas; se ponderó en todo momento el estudio sistemático, la clasificación ordenada, seleccionada y una exposición ordenada y precisa, adaptando el edificio a las necesidades museográficas e introduciendo métodos  eficaces para su comprensión.

 

El Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”, continuó, buscó redefinirse conforme  a los nuevos paradigmas y necesidades de los públicos y contribuir a generar un diálogo continuo entre legisladores y ciudadanos.

 

Destacó que todos los contenidos del museo cuentan con elementos que permiten total accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, visual y de movilidad. “Es un lugar inclusivo que favorece a la cohesión social y combate la exclusión, discriminación y desigualdad. Los módulos, además, cuentan con textos en lengua maya, náhuatl e idioma inglés, a fin de que la información sea incluyente en un grado más amplio”.

  

Subrayó que el museo legislativo forma parte del Consejo Internacional de Museos y busca ser corresponsable del patrimonio cultural de la humanidad en la preservación de sus colecciones, fomento de su función educativa y en la prestación de servicios complementarios. 

 

El diputado Romo García reconoció el esfuerzo de los coordinadores parlamentarios, así como al diputado con licencia César Camacho Quiroz, quien gestionó durante el proceso del PEF 2017 ante las Secretarías de Cultura y de Hacienda, la obtención de 70 millones de pesos etiquetados para los trabajos de remodelación.

 

También agradeció al secretario General de la Cámara, Mauricio Farah Gebara; al secretario de Servicios Parlamentarios, Juan Carlos Delgadillo Salas, y al director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA), José María Hernández,

  

Finalmente, pidió difundir el valioso contenido del museo para continuar el fortalecimiento de nuestra sociedad y la democracia, a través del conocimiento y la información.

 

“Para mí es un gran honor inaugurar esta gran obra, la conozco y estoy convencido de que es un gran aporte cultural para nuestra sociedad, para las y los niños, jóvenes y para los futuros legisladores”, concluyó.

 

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, diputado Santiago Taboada Cortina, destacó que esta reapertura se da en el marco de una Legislatura que atendió tres compromisos culturales muy importantes: la creación de la Secretaría de Cultura, el impulso de tres nuevos estímulos fiscales a la danza, las artes visuales y la música, así como la puesta de la primera Ley General de Cultura y Derechos Culturales en la historia del país.

 

Puntualizó que otro tema faltante es aumentar los estímulos a la creación y creatividad para aumentar su desarrollo, pues en el caso de los aplicados para el cine y el teatro fueron un éxito.

 

“Es un cierre muy puntual a la aportación histórica que hará esta legislatura para el desarrollo de un sector cultura que, sin duda, tiene muchos pendientes; uno de ellos, los recortes presupuestales”.

 

El secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, expresó que a 23 años de la creación del Museo Legislativo y ante los cambios torales de la vida política y social del país y del Congreso de la Unión, y especialmente de esta institución, era indispensable renovar completamente este espacio, a partir de un diseño conceptual que los actualizara, de acuerdo con el espíritu de la nueva dinámica social y de su cercanía con el proceso legislativo.

 

Precisó que el recorrido del museo, refleja y promueve la mayor vinculación entre el legislador y el ciudadano, entre la democracia y la participación social, la historia, la política y el trabajo legislativo, hasta llegar a la siguiente gran meta del avance de representación que es el Parlamento Abierto.

 

Hoy el Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”, afirmó, es un espacio abierto, didáctico, y que posiciona al usuario como intérprete activo y crítico de los contenidos. Es un sitio de educación no formal, interactiva y amigable y, particularmente, es un lugar accesible, incluyente e intercultural. “Como el país, hoy nuestro Museo, siendo el mismo es otro. Y como ustedes, diputadas y diputados, es un fiel reflejo de nuestra pluralidad democrática.

 

La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda,  reconoció la voluntad y el compromiso de la Cámara de Diputados por darle sede a la historia, al arte y a la cultura en este Museo Legislativo, que hoy abre nuevamente sus puertas al público.

 

Celebró que la cultura forme parte del discurso histórico que el Museo propone y que a través de sus expresiones se representen los ideales comunes como la democracia, el imperio de la ley, la vida parlamentaria, el diálogo republicano, la ciudadanía y la unión en lo diverso que fortalece nuestra sociedad.

 

Este recinto, agregó, cuenta con un diseño museográfico de vanguardia y las herramientas tecnológicas que propone una novedosa lectura para explorar y conocer el pasado de México, para comprender mejor el presente y mirar el futuro.

 

La funcionaria comentó que la sensibilidad y compromiso del Poder Legislativo para aprobar la creación de su secretaría “ha sido determinante para que la cultura de México tenga instituciones que miren a los retos del futuro y un marco normativo acorde a ese esfuerzo”.

 

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside el diputado Pablo Bedolla López, aprobó un dictamen a la minuta que tiene como objetivo remplazar el nombre de la Ley General de Asentamientos Humanos en todas las normas e instrumentos en la materia, por el de la actual Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

 

        En el documento se precisa que desde la publicación del actual marco legal, el 28 de noviembre de 2016, varios ordenamientos no han sido actualizados con el nombre de la nueva ley, por lo que resulta necesaria su modificación y armonización.

 

Las reformas son a diversas disposiciones de la Ley de Vivienda; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley General de Turismo, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 

        Deroga también el artículo 14 transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y reforma el artículo 30 de la Ley de Planeación, en virtud de que ya fue modificado el Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y Urbano.

        Por Nancy Rodríguez

  • Derecho de los padres, conocer conductas de acoso sufridas o, en su caso, cometidas por su hijo

Con el fin de combatir y reducir el número de casos de violencia escolar, el diputado Jesús Serrano Lora (Morena) impulsa una iniciativa de reforma a los artículos 33 y 65 de la Ley General de Educación, a fin de que cuando se presenten esta situación, los agresores y los agredidos, junto con sus padres o tutores, reciban atención psicológica.

La propuesta precisa que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con los profesionales de la salud mental, canalizarán de manera inmediata tanto a las y los estudiantes receptores de violencia escolar como a los agresores, junto con sus padres o tutores, para recibir atención psicológica, con objeto de reparar los daños psicosociales derivados de la experiencia de violencia escolar vivida.

Establece que es derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, el ser enterado de forma inmediata sobre las conductas de acoso o violencia escolar sufrida o, en su caso, cometida por su hijo.

La iniciativa destaca que a diferencia del acoso escolar o bulliyng, la violencia escolar es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el “uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Esta puede ser de profesor contra alumno, alumno contra profesor o entre compañeros y puede, a diferencia del acoso escolar, suscitarse por única ocasión.

Este tipo de conductas, independientemente de sus formas de expresión, atentan contra el principio de interés superior de la niñez, implica “un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible”.

El texto subraya que en 2014, según la Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, México ocupa el sitio de más alto acoso escolar.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2015, señala que 20 por ciento de los estudiantes en México declaró haber sufrido varias veces al mes algún tipo de abuso: burlas o rumores desagradables, empujones o golpes. 

Este tipo de abusos, indica la OCDE, afecta de manera directa el rendimiento escolar de los alumnos que lo sufren, su desarrollo psicoemocional y provoca dificultad para relacionarse socialmente, escasa autoestima, estado de ánimo bajo, emociones negativas, ansiedad, aislamiento, sentimiento de soledad y, en casos extremos, el suicidio.

             Por Nancy Rodríguez

  • Áreas de inteligencia e información deben unir esfuerzos en todos los niveles de gobierno 

 

Aun cuando existe total confianza en las instituciones para conducir el proceso electoral en forma pacífica y democrática, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que coadyuven con el ámbito federal en las estrategias tendentes a brindar seguridad a candidatos y ciudadanos en general antes, durante y después de la jornada del primero de julio.

 

"Es importante que los gobiernos locales establezcan mesas de diálogo y, sobre todo, mesas de trabajo coordinado entre partidos, áreas de seguridad e inteligencia, gobiernos municipales e instituciones electorales, para garantizar el desarrollo del proceso electoral".

 

Romo García señaló que es interés superior y de todos los mexicanos que los comicios se desarrollen en un clima de confianza y certidumbre, por lo que este interés debe anteponerse a cualquier otro de índole partidista o meramente político.

 

Advirtió que gracias a las instituciones y las áreas de gobierno competentes de la seguridad interior del país, las condiciones están dadas para vivir una fiesta democrática en la jornada electoral, pero no debemos descuidar ningún aspecto y ninguna región de nuestro territorio nacional.

 

"Más allá de las confrontaciones propias entre partidos y precandidatos que previsiblemente se acentuarán cuando inicien las campañas, debemos cuidar que éstas no trasciendan más allá del plano político y que se mantengan como una lucha de ideas y propuestas para afrontar los retos actuales y futuros de México", apuntó.

 

El gobierno de la República y la mayoría de los partidos con registro federal, récord el legislador, están haciendo ya su parte al instalar la mesa de trabajo derivada del acuerdo marco que establecieron, en su momento, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral.

 

En este sentido, elogió a los representantes de los ocho partidos políticos que con el más alto sentido de responsabilidad coadyuvan con el área de seguridad e inteligencia en el país.

 

Sin embargo, agregó que resulta indispensable que este trabajo se reproduzca en todos los niveles de gobierno, sin importar el origen partidista de la autoridad estatal o municipal de que se trate, pues la seguridad de actores políticos y ciudadanos en general es un tema de instituciones.

 

Advirtió que el Estado mexicano tiene la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos y a los contendientes electorales, pero para tener éxito en esta tarea se requieren la voluntad absoluta de las instituciones gubernamentales y políticas.

 

Por último, Romo García sugirió que aun cuando el INE no tiene propiamente facultades para implementar dispositivos de seguridad, sí puede participar activamente en estas mesas de diálogo con información y alertas tempranas sobre las condiciones políticas de riesgo que puedan incidir en la buena marcha del proceso electoral.

La Cámara de Diputados aprobó con 318 votos en pro, una abstención y tres en contra, el dictamen que establece que para la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros, las terminales de origen y destino deberán contar al menos con instalaciones adecuadas para el ascenso, espera y descenso, así como con sanitarios públicos de uso gratuito, de conformidad con los reglamentos respectivos.

 

         El documento que adiciona un párrafo tercero al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, deriva de una iniciativa presentada por el diputado Edgar Romo García (PRI), el pasado 7 de noviembre.

 

         Considera que si para el gobierno federal es importante el mejoramiento de las vías federales, también lo es que se remodelen y se adecuen las terminales dentro de ese plan de modernización implementado por el Poder Ejecutivo federal.

 

         En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Transporte, diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), expresó que se trata de establecer que las terminales de pasajeros cuenten al menos con zonas de ascenso, de espera y de descenso, al igual que instalaciones sanitarias sin costo para los usuarios.

 

         Relató que si bien el Reglamento de Transporte Federal y Servicios Auxiliares ya contempla en su artículo 42 D las características mínimas que deben de tener las terminales, “lo cierto es que (este requisito) carece de un sustento legal en la ley. Varias de las terminales no cumplen con ninguno de estos elementos”.

 

         Como legisladores, dijo, nos corresponde que en la ley se tenga el término claro y específico para que se cumpla con este tipo de indicaciones, ya que hoy en día vemos en todo el país que muchas terminales no tienen lugar para ascenso y descenso de pasajeros, y “se escudan en que no está legislado y vemos en otras que cobran por tener acceso a los baños a las personas que menos tienen”.

 

         “Haciendo esta modificación, definitivamente estaremos mejorando la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Una sencilla pero benéfica iniciativa que será ya una realidad”, abundó.

 

         En los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) se pronunció a favor del dictamen, ya que tiene una gran trascendencia para los usuarios de las terminales de autobuses, pues es una incongruencia que se agregue a los usuarios una carga adicional por la utilización de los sanitarios, ya que debería ser parte del servicio.

 

Refirió que se busca eliminar el desgaste a la economía familiar, a los ingresos, a los salarios, los cuales son afectados  por el incremento en los servicios, y exhortó a que se atiendan los  temas del doble remolque que cada año propician pérdidas de vidas muy lamentables.

 

         Jesús Rafael Méndez Salas, diputado de NA, dijo que el dictamen plantea mejorar los servicios de autotransporte de pasajeros. “En la presente administración se han invertido más de 38 mil millones de pesos en la modernización de carreteras federales; sin embargo, es preciso que se renueven las terminales de pasajeros, pues en ocasiones no cuentan con las instalaciones adecuadas.

 

Detalló que la ley vigente no establece como requisito para la obtención de un permiso, para la prestación del servicio público federal de autotransporte de pasajeros, que las terminales de origen y destino para el ascenso, espera y descenso, sean adecuadas y cuenten con baños de uso gratuito.

 

         Por MC, el diputado Jonadab Martínez García consideró que  esta reforma amplía los derechos de accesibilidad universal que tienen todos los usuarios del transporte público, en este caso los pasajeros foráneos.

 

Subrayó que “el transporte público no solamente es trasladar a una persona de un sitio a otro, sino crear las condiciones de calidad, de comodidad y de precio en el ajuste de su tarifa de transporte en nuestro país. Eso es lo que debemos legislar, los beneficios y derechos que tienen los pasajeros de un transporte como éste”.

 

         El diputado Samuel Rodríguez Torres (PVEM) relató que el medio de transporte más utilizado en México es el terrestre, el cual moviliza aproximadamente el 98 por ciento de los pasajeros, quienes a su vez representan el 75 por ciento del total de los servicios de traslado, tanto de personas como de mercancías.

 

         Agregó que la importancia de los medios de transporte no se concentra únicamente en el número de viajes realizados para trasladar pasajeros o mercancías, sino que se trata de elementos que permiten el fortalecimiento de las relaciones sociales, económicas y políticas del país. El dictamen, argumentó, busca involucrar a los particulares y autoridades del ramo para satisfacer las demandas de los consumidores y brindarles un servicio de calidad.

 

         Concepción Villa González, diputada de Morena, señaló que las grandes centrales de transportes foráneos de pasajeros concesionaron el servicio sanitario, lo que genera un costo para el usuario. Aseguró que desde hace varios años se ha cuestionado el cobro del servicio. “Los argumentos que lo apoyan sostienen que el dueño del lugar solo está obligado a construir baños en instalaciones y no a encargarse del servicio”.

 

         Indicó que exigir un pago para usar el baño, argumentando que es para el mantenimiento de limpieza, es pedirle que pague otra vez lo que ya cubrió en su consumo. “En Morena estamos convencidos de que el propietario o concesionario debe estar obligado a proporcionar el servicio gratuito y mantener limpio y en buenas condiciones”.

 

         Del PRD, la diputada María Cristina Teresa García Bravo señaló que con este dictamen se refrenda el compromiso de establecer una política de movilidad que incluya aspectos sustantivos de calidad y seguridad para los usuarios. “El razonamiento de la Comisión es correcto, en la medida que asegura que aquello que se regula tenga una base legal y su imperativo provenga de un mandato de la ley”.

 

         Puntualizó que dicho mandato podría ser más ambicioso que solo contar con baños públicos y debería proveer servicios de cuidado sanitario asociados a la preservación de la salud de pasajeros, animales de compañía y consumo de alimentos, de forma tal que las terminales de autotransporte federal cuenten con las instalaciones adecuadas para la preservación del bienestar del viajero.

 

         El diputado Víctor Odín Castillo Ávila (PAN) mencionó que el dictamen atiende a un reclamo de la ciudadanía respecto a las condiciones que presentan algunas terminales de autotransporte, las cuales se encuentran en malas circunstancias al no contar con los espacios suficientes para el ascenso, descenso y espera de los viajeros, y otras donde los servicios sanitarios presentan serios problemas de higiene y de salubridad o, en su caso, se cobra por usarlos.

 

         Agregó que, de acuerdo con cifras de 2006 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en el país se registraron un total de 905 terminales, de las cuales 596 son individuales y 309 a centrales camioneras que atienden de forma cotidiana un número importante de ciudadanos. “El servicio del transporte de pasajeros es elemental para los ciudadanos. Debemos legislar en pro de la seguridad, calidad, higiene y salubridad, a fin de generar certidumbre jurídica y satisfacción generalizada a todos los usuarios”.

 

         Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, diputado del PRI, subrayó que invertir en infraestructura y seguridad en el transporte es garantizar la construcción de un mejor país para todos, y “es menester que los servicios vinculados con la movilidad sean también de calidad, ya que en los últimos años se ha incrementado significativamente la demanda de autotransporte por vía terrestre; moviliza al 98 por ciento de pasajeros y genera más de 3.5 millones de empleos directos e indirectos”.

 

         Indicó que muchas terminales tienen espacios limitados para los usuarios, desde salas de espera con pocas comodidades hasta áreas de ascenso y descenso deficientes. Carecen de la seguridad requerida para garantizarles tranquilidad a los pasajeros y cobran por el acceso a los baños, causándoles un perjuicio económico a los viajeros. “Para hacer las cosas bien, no basta con prestar un servicio, ya que éste debe ser de calidad”, apuntó.

 

         Por otra parte, en la sesión de este jueves, se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se informan cambios de integrantes en  las juntas directivas y comisiones.

 

         En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

 

         Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el próximo martes 27 de febrero, a las 11:00 horas.

         Por Nancy Rodríguez

 

·        México, punta de lanza en regular servicios del sector de alta tecnología, con un marco jurídico único en el mundo: Cruz Blackledge

·        Promoverá inclusión financiera y competencia; protegerá a consumidores; preservará estabilidad económica y prevendrá lavado de dinero: Bernardo González Rosas, titular de CNBV

La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó con 22 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, en sus términos, el dictamen a la minuta enviada por el Senado de la República, que expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, y para su correcta implementación se avalaron reformas a nueve leyes. 

El dictamen, turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno, precisa que se pretende contar con un marco normativo acorde a las nuevas tecnologías financieras dentro de la globalización, lo que representará mayor inclusión financiera, fomentar la competencia del mercado y dar mayor certidumbre jurídica a los participantes del sistema financiero.   

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Gina Cruz Blackledge (PAN), afirmó que esta norma es única en el mundo. “No hay otro país que tenga regulado con ley todo lo que tiene que ver con estos procesos”; únicamente hay regulaciones en este sentido.

“México será punta de lanza al tener una ley aprobada que regule los procesos relacionados con estos servicios financieros de alta tecnología”, aseguró.      

Informó que las reservas y votos particulares presentados se tramitarán para su discusión ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para salvaguardar los derechos que otorgan los artículos 109 y 189 del Reglamento.      

El nuevo marco jurídico está compuesto por 145 artículos y once transitorios, resalta la sección VIII relativa a las sanciones que corresponde imponer al Banco de México (Banxico) o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Establece que la CNBV “sancionará con multa de 5 mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a las entidades y participantes en redes que infrinjan cualquier disposición de esta ley o las disposiciones de carácter general que expidan” ambas instituciones. En caso de reincidencia, las sanciones podrán ser hasta del doble.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Además, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.       

La instancia legislativa emite diez consideraciones a la minuta enviada por el Senado de la República. Establece su acuerdo, toda vez que en la “actualidad no existe un marco normativo que regule las actividades realizadas con o a través de las denominadas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF)”.

        Consideró adecuada la regulación de los modelos novedosos propuestos como una herramienta para evitar la implementación de una normatividad desfasada, al crear un espacio seguro en el cual las empresas pueden probar innovaciones tecnológicas al prestar servicios financieros, con número limitado de personas y por un periodo determinado, sin tener que cumplir en un primer momento con todas las cargas regulatorias aplicables a la actividad.       

El documento resalta la regulación para operar con activos virtuales con el objetivo de mitigar posibles riesgos que puedan surgir por el uso de los mismos, mediante dos tipos de medidas: uno, para que las IFT y entidades financieras “cumplan con un régimen estricto para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”. 

El segundo, se encuentra en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la cual “el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales se añade como actividad vulnerable cuando sea realizada por parte de entidades distintas a las autorizadas en la ley, por lo que tendrán que cumplir con la normatividad establecida para este tipo de actividades”.

Consideró conveniente establecer y abrir Interfaces de Programación de Aplicaciones que permitan la interconectividad entre las entidades financieras, incluidas las Instituciones de Tecnología Financiera, mejorando la experiencia del cliente y creando nuevos mercados para las entidades.

        Refiere como positiva la creación del Grupo de Innovación Financiera que permita la apertura del diálogo entre las autoridades financieras, el sector Fintech y demás participantes involucrados en materia de tecnología financiera, con lo cual se busca que el crecimiento del sector y la innovación de tecnologías puedan planearse y regularse de manera ordenada, además mitigar posibles riesgos que pudieran suscitarse por la entrada de nuevas tecnologías en el mercado financiero.

        Durante la sesión de trabajo, participaron Bernardo González Rosas, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y, Luis Urrutia, director general Jurídico del Banco de México (Banxico), del sector privado, Francisco Meré Palafox, presidente del Consejo Directivo Nacional de FinTech México.

        La diputada Cruz Blackledge destacó la importancia de que funcionarios y empresarios expliquen a los legisladores su punto de vista sobre esta nueva legislación.

        El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador de Nueva Alianza, indicó que las empresas tecnológicas dedicadas a las finanzas se han convertido en una opción real para miles de mexicanos que invierte o ahorran en portales digitales, lo que hace imperante su adecuada regulación y normatividad para proteger a usuarios, evitar fraudes financieros y el robo de datos.

El legislador Armando Rivera Castillejos (PAN) preguntó ¿por qué en la CNBV cae la mayor parte de la regulación y no en el Banco de México, cuando esta última es la financiera nacional y la que debería tener más injerencia? 

Por Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales interrogó: ¿por qué son considerados como actos de comercio lo contemplado por esta la ley? 

Del PAN, el diputado Herminio Corral Estrada, aseguró que conforme los meses pasan, aumenta la necesidad de regular la actividad de parte de las nuevas empresas de tecnologías financieras, precisar qué filtros se necesitan, pues pueden presentarse casos de identidades falsas como ocurre en las redes sociales.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI) comentó que la Ley para las Instituciones de Tecnología Financiera es necesaria en estos momentos. “Estamos a buen tiempo de aprobarla, ya que en el sistema financiero mexicano se realizan muchas operaciones de carácter virtual y la tecnología nos está rebasando en materia legislativa”.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez (PVEM) destacó que la tecnología y el Internet son el mayor medio democratizador, por lo que esta ley se ocupa de la banca financiera del futuro y del acceso al sistema financiero sin importar el estatus económico, a fin de dar una mejor competencia entre las empresas. “Este sector empieza a verse como un motor de crecimiento, inversión y generación de nuevas formas de negocio, ayudará prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.

De Morena, el diputado Juan Romero Tenorio calificó a esta ley como compleja, por lo que deben buscarse opiniones que ayuden a comprender los alcances de este marco normativo, debido a que hay atribuciones marcadas que generan dudas, pues aunque se norma un modo de pago electrónico, en realidad regula actos de comercio. Aseguró que este marco da pauta para tener nuevos fraudes y padece la falta mecanismos para cumplir el interés público.

El presidente de la CNBV, al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, explicó que la ley tiene distintas previsiones comerciales, como la protección a usuarios en donde señala que las reglas de capitalización no son iguales a las que siguen los bancos, y tienen la clara visión de la protección de usuarios de estas plataformas. Aseguró que la división de competencias es equilibrada, pues participan distintas autoridades.

Subrayó que es difícil tener una ley con todos los principios y reglas; por eso es importante que en la regulación secundaria haya mayor flexibilidad, aunque no discrecionalidad de las autoridades.

Durante su intervención, Gonzáles Rosas precisó que México es el centro más importante en América Latina, en el desarrollo de empresas FinTech. “Hay más de 540 mil usuarios en todo el país y más de 17 mil 400 mdp en transacciones, pero hoy la autoridad no puede regularlo”.

La norma que se pretende expedir, entre otras cosas, reglamenta las instituciones de Fondos de Pago Electrónico, las entidades de Financiamiento Colectivo y los Activos virtuales.

Apuntó que no era posible una ley con tantas reglas, por lo que más bien se basa en cinco principios: promover la inclusión financiera; proteger al consumidor; propiciar competencia; preservar la estabilidad económica y prevenir lavado de dinero.

Explicó que se normarán los pagos con monederos de dinero electrónico; se tendrá que divulgar claramente a los usuarios en dónde coloca su dinero y el Banco de México definirá con qué activos se podrá operar.

González Rosas destacó los beneficios del sector FinTech, tales como procesos más eficientes y a menores costos; no obstante, dijo, existen riesgos como el lavado de dinero, incertidumbre jurídica, falta de protección a los usuarios y riesgos sistémicos o tecnológicos.

Por su parte, el director general Jurídico del Banxico sostuvo que las transacciones que marca la ley quedan bajo el modelo de acto de comercio, por lo que se sujetan a todas las disposiciones mercantiles, así como otros mecanismos contemplados. 

        Consideró que es importante contar con una legislación que establezca un marco regulatorio más estricto en los servicios que prestan las instituciones en su relación con los clientes y cómo deben de constituirse y organizarse.

Esta ley contempla, dijo Luis Urrutia conceptos muy similares a los que  se tienen para regular algunos otros intermediarios financieros como pueden ser los bancos, casas de bolsa, dependiendo del modelo del negocio al cual se dedican, y esto tiene como propósito, asegurar una regulación adecuada, prudencial que abone a la solvencia de las instituciones.

En cuanto a las atribuciones está considerada la participación de todas las autoridades. El Banxico y la CNBV juegan un papel importante en los términos que su propia ley y la Constitución les permite.       

Francisco Meré Palafox, presidente del Consejo Directivo Nacional de FinTech México, consideró que este marco jurídico es una oportunidad para promover la inclusión financiera utilizando la tecnología.

Puntualizó que permitirá democratizar el acceso al crédito en términos competitivos y ofrecer a PYMES -las grandes fuentes de empleo de México- acceso a servicios financieros de calidad que cubran sus necesidades.

Además, fomentará la competencia en la prestación de servicios financieros y abrirá distintas fuentes de inversión a todas las personas. 

Con la introducción de la portabilidad del expediente financiero de las personas a través de APls, permitirá a los usuarios hacer uso de su información en su beneficio para obtener mejores productos financieros, explicó

Afirmó que incrementará la certidumbre jurídica de las empresas FinTech, fomentará la inversión y protegerá los derechos de los usuarios de servicios financieros y la protección de sus datos personales.

Agregó que las empresas de fondeo colectivo, comprendidas en este proyecto de ley, no solo permitirán dar más crédito a pequeñas y medianas empresas; también se considera que estas plataformas podrán ser mecanismos de obtención de capital, es decir, que pequeñas y medianas empresas podrán obtener recursos no solo de deuda sino de capital, lo cual potenciará su crecimiento.

“Celebramos este proceso legislativo y esperamos contar con la aprobación de este proyecto, creemos que será  muy importante para el desarrollo del sector y avanzar en los temas de inclusión en el país”, finalizó.

 

 

 

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