Plantean que programas de pesca y acuacultura sean de carácter transversal

• El diputado García Hernández (PT) presentó reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

• Pescadores, principalmente ribereños, viven en un estado vulnerable

Con el propósito de garantizar el derecho a una alimentación adecuada y al desarrollo socioeconómico equitativo de los pescadores y las comunidades costeras, el diputado Jesús Fernando García Hernández, del PT, presentó una iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La propuesta establece que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura contemplará, entre otros aspectos, programas integrales de carácter transversal, a través de los cuales se promuevan proyectos de infraestructura productiva y social que fomenten el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas.

Con ello busca que los programas de fomento al desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas tengan efectivamente un carácter transversal, como base para el diseño de políticas públicas integrales, donde se considere a los productores como actores centrales de los procesos de solución a sus problemas y de atención a sus necesidades para el bienestar de ellos y sus familias.

En su argumentación, la iniciativa turnada a la Comisión de Pesca destaca que el panorama desolador que presentan y acusan las comunidades pesqueras de los extensos litorales de México, es reflejo de la menor importancia que históricamente se le ha otorgado a esa actividad.

Ello, pone en relieve que aún con el potencial que reviste ha sido poco valorada. Esta situación mantiene a la mayoría de los habitantes de esas zonas en condiciones de vida precarias, dado su acceso limitado y hasta nulo a satisfactores imprescindibles y básicos, enfatiza.

Agrega que un análisis realizado revela que los pescadores, principalmente los ribereños, viven en un estado vulnerable, por el hecho de habitar, en su mayoría, en localidades rurales.

Comenta que, con la instrumentación de este eje, el reto principal estará en transitar de la verticalidad hacia la transversalidad en la integración de las políticas, tomando en cuenta las necesidades y opiniones de todos los actores involucrados.

Un segundo eje de la propuesta es el de tipo socioeconómico, cuyo objetivo esté en fortalecer el tejido económico de la actividad pesquera con la promoción de estrategias que permitan a los pescadores incrementar sus capacidades productivas, financieras, de comercialización y de desarrollo humano, bajo el impulso de la pesca sustentable, puntualiza.

• En el auto se localizó a cinco personas adultas originarias de Honduras, así como 50 mil pesos mexicanos y 2 mil dólares americanos en efectivo El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación identificó a cinco personas adultas -tres mujeres y dos hombres- de origen hondureño que viajaban en condición irregular por territorio nacional a bordo de un auto conducido por un supuesto funcionario de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.

En un punto de revisión de Santiago Niltepec, Oaxaca, se le marcó el alto al vehículo con placas de Jalisco, del que descendió el chofer con una charola metálica del Poder Legislativo, una credencial de empleado y documentación emitida aparentemente por la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la unidad automotora se localizó a las cinco personas originarias de Honduras que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio nacional, así como una computadora portátil, un celular de alta gama, 50 mil pesos mexicanos y 2 mil dólares americanos en efectivo. Con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR), el conductor y el automóvil fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. En tanto, las personas extranjeras se trasladaron a una oficina migratoria para iniciar el procedimiento

Proponen prisión preventiva oficiosa hasta de dos años por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas

• El diputado Mojica Wences (Morena) plantea reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, y las leyes General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y Federal contra la Delincuencia Organizada

• Afirma que la propuesta no marcha en contra de la medida cautelar, sino de la falta de atención a los términos constitucionales

El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (Morena) propuso establecer que la prisión preventiva oficiosa dictada por un juez sea hasta por un máximo de dos años en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

A través de una iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y la Federal contra la Delincuencia Organizada, expone que la propuesta no marcha en contra del concepto de prisión preventiva, sino de la falta de atención a los términos constitucionales, ya que esta medida cautelar no debe ser utilizada como el cumplimiento de una pena que aún no se ha decretado.

“Es injustificable y contrario al principio de presunción de inocencia, que el límite de la medida cautelar de prisión preventiva sea el mismo al máximo posible aplicable al tipo penal del que se trate, ya que ningún ciudadano mexicano debe ser considerado ni tratado como culpable hasta que así se le encuentre en juicio”, añade.

Con la reforma, destaca Mojica Wences, se busca la agilización del desahogo de los centros penitenciarios de los internos que aún no han sido juzgados y que al día de hoy representan cuatro de cada diez internos, así como el respeto a ser considerados inocentes hasta que sean encontrados culpables en sentencia judicial y, que atendiendo al principio constitucional pro persona sean tratados con igualdad ante la ley como aquellos imputados que aún no han sido juzgados y no se encuentran privados de su libertad.

En México, dijo, 4 de cada 10 personas privadas de su libertad lo hacen todavía sin tener una sentencia, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la undécima edición del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020. Además, al cierre de 2019, los 241 centros penitenciarios del país contaban con una ocupación de 97.7 por ciento. 

“Se busca dar fin a una práctica que ha causado inconformidad en los ciudadanos, ya que ha sido de conocimiento general algunos procesos en los que la prisión preventiva de algunos imputados se ha extendido hasta por quince años”, alerta el diputado de Morena en la iniciativa que se turnó a las Comisione Unidas de Justicia y de Seguridad Pública.

Esta reforma, resalta, dará seguridad jurídica a los ciudadanos de que en ningún caso podrán ser privados de su libertad por más del tiempo señalado en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IX, párrafo II, (dos años) cuando aún no se les haya encontrado culpables en juicio y que una vez transcurrido este tiempo les será aplicada una medida cautelar diversa.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) precisa que a julio del año 2019 la población carcelaria en el país era de 198 mil 349 internos y en promedio el costo anual de cubrir la alimentación, medicamentos, uniformes y estancia en general por persona es de 120 mil 632.5 pesos; se lograría un ahorro de hasta 40 por ciento en el recurso destinado a los mismos centros anualmente.

Todo ello, expone, en la búsqueda del mejoramiento social y hacer justicia sin violar los derechos humanos ante el Sistema de Justicia Penal mexicano bajo el que “hoy somos regidos, atendiendo los principios de presunción de inocencia y el de igualdad ante la ley”.

La iniciativa plantea reformar el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política, y el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

 Esta ley ha sido un reclamo de los pueblos originarios, por mucho tiempo: diputado Herrera Pérez

Con el propósito de conocer los aportes, propuestas e ideas de la población originaria, este domingo continuaron los foros de Consulta al Proyecto de Decreto para Dictaminar la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en esta ocasión en la región de la Cañada de los Once Pueblos, en Chilchota,

El diputado Gonzalo Herrera Pérez (Morena), secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas, organizadora de los foros, explicó que estos encuentros obedecen a que la ley ha sido un reclamo de los pueblos originarios por mucho tiempo.

“El objetivo es llegar a un acuerdo entre las partes interesadas, lo que se someterá a discusión y aprobación de la Cámara de Diputados, atendiendo los objetivos secundarios y escuchando las propuestas”.

Subrayó que el documento que se analiza no es definitivo, sino para que las comunidades indígenas y afromexicanas emitan sus opiniones y preocupaciones. “Aunque la consulta en México es un deber del Estado, no está reglamentada como aquí se propone”, expresó.

Agregó que se busca establecer en qué términos debe darse la participación, los objetivos y etapas de la consulta, sus modalidades, quién debe ser el órgano garante, entre otras. “Hoy es un día importante, pues augura un futuro respetuoso de sus derechos”.

En representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Iván Ramos Méndez, puntualizó que este foro forma parte de un total de 10 ejercicios que se realizarán en diversas zonas del país para que los sectores involucrados puedan participar en la construcción del dictamen. “Existe un mandato judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que se necesita una ley que regule el derecho a la consulta”, aclaró. 

Informó que los derechos indígenas se encuentran contenidos en diversos instrumentos nacionales e internacionales, pero el de consulta les permitirá formar parte de las decisiones del gobierno, pues si las medidas les afectan deben ser consultados sobre si están de acuerdo, si quieren dar una opinión o que el proyecto sea modificado.

“Celebramos que el día de hoy tenga la apertura del Congreso para poder escuchar directamente a las autoridades y que sean éstas quienes se pronuncien y formulen las opiniones y propuestas para reglamentar el derecho a la consulta”.

La síndico, Álfera Rivera Alejo, dijo que es importante abrir estos espacios para que se exprese el sentir de los pueblos originarios y escuchar sus propuestas, a fin de que se reconozcan sus derechos en futuras leyes. “Esperamos que los trabajos que aquí se realicen tengan frutos en el Congreso”.

Por su parte, Amaruc Lucas Hernández presentó los principales puntos de las iniciativas sobre consulta que se dictaminarán en la Cámara de Diputados. Es importante, dijo, que se den este tipo de procesos a nivel nacional, pues hoy se tiene conocimiento de trabajos que se hacen, donde se requiere que haya consulta. A partir de aquí debe generarse un diálogo, y “por eso me sumo al esfuerzo de quienes están trabajando en estas iniciativas”.

Previo al inicio del foro, se realizó una ceremonia tradicional, a cargo de médicos tradicionales de las 4 regiones del territorio Purépecha.

La Cámara de Diputados eligió, con mayoría calificada de 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, a la diputada Dulce María Sauri Riancho, del PRI, como Presidenta de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para la integración de la Mesa Directiva, aprobado por el Pleno, señala que ocuparán el cargo de vicepresidentas las diputadas Dolores Padierna Luna (Morena) y María Sara Rocha Medina (PRI) y como vicepresidente el diputado Xavier Azuara Zúñiga (PAN).

Como secretarias las diputadas María Guadalupe Díaz Avilez (Morena), Karen Michel González Márquez (PAN), Martha Hortencia Garay Cadena (PRI), Julieta Macías Rábago (MC), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (PVEM) y Mónica Bautista Rodríguez (PRD), y como secretario el diputado Héctor René Cruz Aparicio (Encuentro Social).

La diputada Laura Angélica Rojas declaró: “Aprobado el acuerdo por 313 votos, es mayoría calificada”.

Enseguida, tomó protesta a la diputada Dulce María Sauri Riancho como presidenta de la Mesa Directiva, quien después hizo lo propio con las y los integrantes de la Mesa Directiva.

Diputados de Morena, Alfonso Pérez Arroyo y Alejandro Carvajal Hidalgo señalan que acompañarán los esfuerzos para que concesión sea revocada.

Tras enumerar anomalías registradas por parte de Concesiones Integrales, empresa encargada de administrar el agua en Puebla, y cuyo permiso fue otorgado durante el gobierno de Moreno Valle en 2013, integrantes de la Asamblea Social del Agua presentaron una iniciativa ciudadana sobre Ley General del Agua, “Agua para todos, agua para la vida”, respaldada por 198 mil firmas.

En conferencia de prensa, los integrantes de la Asamblea Social del Agua fueron acompañados por los diputados de Morena, Alfonso Pérez Arroyo y Alejandro Carvajal Hidalgo.

En su intervención, el diputado Alfonso Pérez Arroyo, precisó que, desde la Cámara de Diputados, desde donde se norma el uso del agua, es pertinente señalar este uso mercantil que le están dando a un derecho humano.

El legislador apuntó que se debe respetar la ley que existe en el estado de Puebla y añadió que otras entidades están en la misma condición, por lo que es importante que, desde esta Cámara, se potencialicen las leyes para que sean aplicadas de forma puntual.

Sobre esta acusación de la empresa que dijeron los representantes de Asamblea Social del Agua elude la ley y aplica sus criterios, el legislador dijo, “vamos a trabajar fuerte con eso; tendremos pláticas con los diputados locales que también tenemos amigos que trabajan en el mismo sentido”.

Además, subrayó que no es posible que un recurso natural que le pertenece a los mexicanos, desde nuestra Carta Magna, hoy sea para usos perversos.

Durante la presentación, Omar Jiménez Castro de la defensoría jurídica de la Asamblea Social del Agua en Puebla, señaló que desde el año 2013 con la dictadura morenovallista, “vivimos una privatización de los servicios públicos de agua, drenaje, saneamiento y alcantarillado”.

Dijo que esa privatización ha llevado a organizar a los habitantes y acusó que el proceso de licitación del Sistema de Agua Potable en Puebla fue opaco.

Citó que, en el mes de diciembre del año pasado, se evidenció que Concesiones Integrales reconoció que haber realizado 45 mil 468 cortes de agua y de drenaje, violentando sistemáticamente el artículo cuarto constitucional, pues cobran multas, reconexión, recargas y hasta el IVA, cuando Conagua no cobra ningún peso de IVA.

Por su parte, José Luis García Bello, también integrante de la Asamblea Social del Agua, precisó que ya tienen presentada ante el Congreso local una iniciativa ciudadana de Ley del Agua, y que en esta ocasión, presentan la iniciativa ciudadana de Ley General del Agua para toda la Federación, como “Agua para todos agua para la vida”, respaldada por 198 mil firmas.

El propósito dijo, es regular y retroceder en este ataque de una ley secundaria, promovida por Moreno Valle, que permite atracos y agravios, “para que se presente desde este foro y se incida hacia Puebla en esta exigencia que tiene la ciudadanía”.

En tanto que el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, señaló que están respaldando acciones como juicios de amparo y con temas legislativos a la Asamblea Nacional del Agua y a otras organizaciones para continuar con esta lucha.

“Seguiremos trabajando y redoblaremos los esfuerzos aquí con la Asamblea Nacional del Agua y con la ciudadanía para echar abajo la concesión” advirtió.

Cabe señalar que esta iniciativa ciudadana fue entregada a personal de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI y recorriéndose la subsecuente del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la violencia digital como un tipo de violencia contra las mujeres.

El presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Igualdad de Género, su presidenta, la diputada de Morena, Wendy Briceño Zuloaga, destacó que este proyecto es una aportación que se hace en forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil, como el Frente Nacional por la Sororidad, Brujas Feministas, Red Mexicana de Prevención a la Violencia, Masculinidad es Rosa, Aquelarre Feminista, Colectivo Humanas, Colectiva Políticamente Incorrectas, Insurrectas Gobiernos, Defensoras Digitales.org, y es mejor conocida como Ley Olimpia.

Al fundamentar el dictamen, la diputada sonorense advirtió que, si bien las nuevas tecnologías presentan grandes beneficios, el espacio digital alberga nuevas conductas delictivas.

“No sólo de aquellas tocantes a delitos tecnológicos contra bienes, entes privados o relacionados a fraudes o ataques a redes de comunicación, sino que el anonimato y la masificación de usuarios permite que los delitos en materia de acoso, hostigamiento y violencia sexual, se reproduzcan en detrimento de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres”, subrayó.

Lamentó que cada vez más común conocer casos en los que las imágenes y videos de contenido sexual de adolescentes y mujeres, son difundidos sin su consentimiento. También la cifra de acoso, hostigamiento y amenazas hacia las mujeres por medio de plataformas digitales ha ascendido.

“Lo anterior da cuenta de cómo la tecnología y el mundo digital se han vuelto un nuevo campo por medio del cual el patriarcado pretende seguir controlando nuestras vidas y nuestros cuerpos, pero no lo vamos a permitir”, dijo.

De esta manera, agregó la diputada, el dictamen en comento sostiene que entre los tipos de violencia hacia las mujeres que se reconocen en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia se encuentra la violencia digital.

Y clasifica a la misma como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres.

Al incluir la violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, explicó Wendy Briceño, se establecerán las medidas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar erradicar y reparar el daño ocasionado por la violencia digital, así como los principios y modalidades para garantizar que las mujeres tengamos una vida libre de violencia digital.

“Esto es un paso importante para erradicar la impunidad ante esta violencia que tanto nos lacera, pero debemos transitar hacia espacios libres de violencia, pues las sanciones serán importantes para la erradicación de la violencia digital”, comentó.

Wendy Briceño llamó a frenar el uso, consumo y difusión de contenidos violentos contra los derechos de las mujeres desde nuestro círculo cercano y en el ámbito más amplio. “No es juego, no puede haber impunidad para quienes fomentan, lucran, comparten y difunden estos contenidos. Lo virtual es real”.

“Seguiremos luchando y resistiendo desde las protestas masivas y manifestaciones, identificando y denunciando violentadores; etiquetando con hashtag la omisión o la complicidad, porque hemos aprendido de los grandes movimientos digitales como “Me Too”, y asumimos la responsabilidad que nos toca en lo personal y como representantes de la nación”, concluyó.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que esta semana el Poder Legislativo dará un paso más en la lucha contra la corrupción, el establecimiento de nuevas medidas de austeridad y el otorgamiento de derechos plenos al pueblo, todo esto con la finalidad de fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en el país.

En materia de combate a la corrupción, el diputado federal comentó que este martes se abordará la aprobación de la reforma constitucional para prohibir por cualquier vía el uso discrecional de la condonación de impuestos.

Comentó que se trata de que no haya vacíos en la ley que puedan ser aprovechados por los grandes empresarios para que se les condone el pago de impuestos, como ya se ha presentado en anteriores administraciones. Asimismo, dijo que esta reforma no interfiere en el tema de exenciones o estímulos fiscales orientados al crecimiento y desarrollo de estados y municipios.

Agregó que en el tema de condonación se va a regresar a la redacción que aprobó la Cámara de Diputados el pasado 24 de septiembre, para evitar interpretaciones que abran la puerta a favores fiscales a los grandes empresarios desde el poder. “Este tema es clave para lograr la separación del poder político del económico”.

También, afirmó que la austeridad republicana continuará en este país y ahora toca que los partidos políticos se aprieten el cinturón, ya que por años tuvieron un despilfarro de recursos, incluso en épocas no electorales. “Los partidos se las arreglaban para poner una fórmula en la Constitución, que pase lo que pase cada año tienen más recursos, y ya francamente estamos en un exceso”.

Mario Delgado comentó que buscará el consenso con las demás fuerzas políticas para aprobar las iniciativas que hay -incluida la que él mismo propuso en conjunto con la diputada Tatiana Clouthier-, para reducir el financiamiento a partidos políticos. “Ahí vamos a ver quién está dispuesto en los hechos y no solamente en discurso a votar esta reforma a favor”.

Destacó que de aprobarse este tipo de reformas constitucionales habría un impacto positivo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, incluso se podrían disponer de 2 mil 500 millones de pesos más.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política subrayó que aprobarán otra reforma para hacer realidad la propuesta del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: que el pueblo ponga y el pueblo quite.

Por eso respetarán el contenido de la minuta que envió el Senado en materia de revocación de mandato, para que por fin en el país haya un ejercicio real de democracia y que los ciudadanos decidan si después de un periodo de gobierno un presidente de la República puede continuar en el cargo.

Mario Delgado destacó que con la eliminación del fuero y la prohibición de condonaciones fiscales “vamos a cambiar por completo el sistema político mexicano; vamos hacia una auténtica democracia participativa donde el Presidente deja de ser todopoderoso y es un servidor más de la nación”.

Sobre la consulta popular, Delgado Carrillo indicó que es convicción del Presidente que la gente participe en las principales decisiones de este país, pues ya no basta con tener mayorías en las Cámaras del Congreso, se debe tener apoyo de la ciudadanía para las reformas más importantes, las decisiones más relevantes que afectan a todos los mexicanos.

El diputado de Morena dijo que esta reforma sobre consulta revocación de mandato va a cambiar para siempre el papel de los electores y el trabajo que realice día a día los Presidentes de la República, se trata que de verdad haya un cambio positivo al sistema político y que la gente siempre esté decidiendo el destino y futuro de sus gobiernos.

Al participar en la tribuna de la Cámara de Diputados para referirse a los hechos suscitados el jueves pasado en Culiacán, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, expresó que el Ejecutivo federal cuenta con su apoyo para recuperar la paz y el Estado de derecho en el país, y que, como legisladores, impulsan un presupuesto para fortalecer las acciones de seguridad, pero también para atacar las raíces que generan la violencia.

“Lo apoyamos para que realice las acciones y los cambios necesarios para avanzar hacia la meta común, que es el bienestar de todos los mexicanos” puntualizó.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, al fijar postura sobre los acontecimientos de Culiacán, Sinaloa del pasado 17 de octubre, afirmó que no se pueden repetir las estrategias del pasado, por lo que llamó aprobar la legalización de cannabis y todos los procesos de la misma.

Contextualizó que tristemente las imágenes registradas en Culiacán, Sinaloa, no son inéditas y recordó la historia de los últimos 12 años en este país, “puedo decir con seguridad que, durante los últimos 12 años, el país se manejó con una pretendida valentía y de mano a la corrupción”.

Ante este operativo, dijo que se exige a autoridades federales y locales, realizar las investigaciones necesarias para descubrir quién filtró la información de lo que iba a pasar con ese operativo y qué pasó en la reunión de la DEA con el gobernador Quirino.

En este contexto, Clouthier Carrillo expresó que se necesita valor para soltar un capo sabiendo que esto es impopular.

Añadió que, por desgracia, desde que inició el gobierno de Felipe Calderón en el 2006, la guerra contra el narco fue declarada y la violencia se convirtió en parte de vida de los mexicanos, y México se convirtió en un panteón.

Clouthier Carrillo subrayó que las causas de la violencia son diversas, por lo que, abonando a la verdad, los últimos dos gobiernos fracasaron en encontrar una solución.

Citó casos de bloqueos y balaceras registrados en este país, como los de Guadalajara en el 2012, en Nuevo León en el 2010, Tamaulipas en 2009.

En este sentido la legisladora por Sinaloa señaló que no se pretende negar la realidad, ya que hubo un operativo que fracasó el jueves, “por ello y como Cámara de Diputados estamos exigiendo y llamando a cuentas al secretario de Seguridad y a su equipo, para que vengan a decirnos qué pasó”. También se pronunció porque se piden cuentas al gobernador y a las autoridades locales.

Dijo, además, que cuando fue presentado el plan de paz y seguridad, se describió que en este plan era necesario abandonar la visión autoritaria y el uso de la fuerza como estrategia, para avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y a los derechos humanos.

 “La estrategia es lo correcto, el operativo fue lo que falló y tenemos que pedir cuentas de eso que no funcionó”.

Expresó que los legisladores de la Cuarta Transformación, están trabajando para poder exigir cuentas y hacer que la paz reine en el país, y no seguir bañando este país de sangre.

En tanto, al hacer uso de la palabra la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos comentó que, con los acontecimientos sucedidos en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, salió a la luz lo que durante muchos años y décadas se había cultivado desde las altas cúpulas: corrupción e impunidad.

Asimismo, apuntó que durante la gestión de Acción Nacional se inició una guerra contra el narcotráfico imperando la violencia y la desunión, muy por encima de la vida de los mexicanos. Mientras que el Partido Revolucionario Institucional decidió negociar con los criminales y dejarlos apropiarse del país.

Por ello, señaló que los legisladores de Morena respaldan y apoyan la decisión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gabinete de seguridad para valorar la vida de los mexicanos; e hizo un llamado a la unidad para frenar la violencia y la delincuencia, detener y destruir lo que durante muchos años el poder político aceptó.

El diputado federal de Morena, Manuel Huerta Martínez, secretario de la Comisión de Salud, manifestó su respaldo a la iniciativa que propone la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, la cual previó, será aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en esta misma semana.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que el pasado 3 de julio, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, presentó la iniciativa que además de crear dicho instituto, establece la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos para personas que carezcan de seguridad social.

Asimismo, suprime las cuotas familiares; propone la creación del Fondo para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos; y precisar las bases para los contratos que los Institutos Nacionales de Salud podrán celebrar con personas morales para proporcionar servicios médicos y otros relacionados.

“Manifiesto mi total y absoluto respaldo al Presidente de la República para realizar las modificaciones que reforman, adicionan y derogan las disposiciones de la Ley General de Salud en materia de acceso a los servicios de salud y medicamentos para personas que no poseen seguridad social. Por supuesto, apoyo y acompaño la creación del INSABI, es una propuesta de nuestro compañero, el diputado Mario Delgado”, afirmó.

Por otro lado, señaló que, en la reunión que sostendrá esta misma tarde el Pleno de la Comisión de Salud, se terminarán de construir los consensos necesarios con los diputados de todas las fracciones parlamentarias, a fin de que pueda discutirse y aprobarse esta misma semana.

Por otro lado, Huerta Martínez adelantó que, en las próximas semanas y meses, se buscará construir un proyecto de iniciativa de ley que fortalezca las políticas públicas en materia de salud, para eficientar los recursos humanos y materiales, pero, sobre todo, el gasto programado en la materia.

“Vamos a trabajar, primero, con académicos, especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y con colegas médicos de todo el país, quienes tienen el pulso exacto de la problemática de la atención médica para los ciudadanos y ciudadanas. Recalco que este proyecto lo estaré encabezando, su servidor, y buscaremos eficientar el gasto, nunca recortar este gasto”, agregó.

En este marco, el diputado federal por Guerrero, consideró que hay varios temas pendientes en materia de salud, por lo que se debe “atacar legislativamente” diversos temas, como el sobre peso y la obesidad, la prevención de adicciones, la atención a la salud mental, la salud reproductiva y embarazos en adolescentes, así como la salud ambiental.

En el marco de la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud con respecto del análisis de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia de salud, los diputados federales de Morena refrendaron al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, su compromiso para seguir impulsando las iniciativas que fortalezcan el marco legal que permita mejorar la salud y el bienestar de todos los mexicanos.

En este sentido, el diputado Alejandro Barroso Chávez destacó que la Secretaría de Salud del gobierno mexicano ha tenido un respaldo muy importante del Grupo Parlamentario de Morena para impulsar todos los cambios legislativos que han sido necesarios para que el país cambie profunda y estructuralmente el Sistema Nacional de Salud, el cual fue olvidado y agravado por gobiernos anteriores.

Durante su exposición, Barroso Chávez subrayó que el gobierno de la Cuarta Transformación, fortalecido por el trabajo legislativo de los diputados de Morena, ha concretado reformas legales para el fortalecimiento del sistema de salud pública, con la finalidad de hacer un cambio real desde sus raíces, sin simulaciones y por el bienestar social de los mexicanos.

“Este gobierno de la Cuarta Transformación tiene como objetivo el cambio real desde sus raíces, sin simulaciones y por el bienestar social de los mexicanos”, aseguró,

Subrayó que “se están construyendo los cimientos para el fortalecimiento del sistema de salud pública, cambiando el enfoque de atención no sólo curativo sino también y, muy importante, el preventivo; así como lograr la gratuidad de todos los servicios en hospitales y clínicas a todos los niveles, cumpliendo con lo que se establece en el artículo 4° constitucional”.

Por su parte, el diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz mencionó “sin duda, la piedra angular de la Cuarta Transformación es el mejoramiento de la salud”.

Santos Díaz puntualizó que la visión administrativa de la Secretaría está basada en la prevención de la salud, así como los esfuerzos y diligencias administrativas para controlar el gasto público y reorientar los servicios hacia un nuevo sistema nacional de salud, más eficiente y eficaz.

Argumentó que se trabajará para atender con prontitud y responsabilidad las carencias legislativas y presupuestarias que se sufre en el ramo de salubridad, debido a décadas de déficit presupuestario y político, a fin de contar con la suficiencia hospitalaria, de laboratorios, médicos y medicamentos de calidad; así como crear las normas jurídicas que posibiliten la humanización de los servicios de salud y la atención asistencial.

En tanto, el diputado Emmanuel Reyes Carmona expresó que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado un interés supremo y un compromiso prioritario para conformar un sistema de salud fuerte, que ofrezca servicios de calidad gratuitos para todas y todos los mexicanos, en donde no falten medicinas, no sólo las del cuadro básico, sino todas las que hagan falta para dar puntual cumplimiento al Art. 4º de la Constitución.

El legislador federal señaló que a pesar de que la oposición apuesta por la caída de las estrategias y programas implementadas por el Gobierno Federal, y con ello se perjudique al sistema salud y a la población, refirió que eso no sucederá ya que “no existe un solo antecedente de una sola muerte por falta de medicamento”.

En su exposición el diputado Manuel Huerta Martínez celebró la implementación de un comprendió nacional de insumos para la salud, que en comparación con el anterior cuadro básico de medicamentos es mucho más amplio, y dichas acciones “abonan de manera positiva a la atención integral de la salud para todos”.

Huerta Martínez hizo énfasis en que por fin se logró depurar las diversas claves y sacar medicamentos descontinuados y obsoletos que se mantenían desde hacía mucho tiempo; y apuntó que las y los mexicanos serán atendidos en las instituciones médicas del sector público a partir de contar una mayor diversidad y mejores medicamentos e insumos para su atención.

Los diputados federales de Morena reiteraron que legislarán más para la aplicación de políticas que garanticen el derecho de la salud en toda la población, y con ello contar con herramientas primordiales para cimentar un nuevo modelo de salud para el bienestar.

Por su parte, Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud, enumeró diversas acciones que la dependencia ha realizado para respetar las garantías básicas de la salud pública, como el trabajo para la aplicación de políticas que garanticen el derecho de la salud en toda la población, acceso a salud pública y medicamentos gratuitos para las personas sin seguridad social, priorizando las regiones con alta y muy alta marginación, puntualmente en comunidades indígenas.

El secretario de Estado aseguró que es destacada la labor que se ha hecho desde el Congreso de la Unión, e hizo un llamado a seguir trabajando en conjunto, entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, para que con solidez se realice un cambio profundo y estructural del Sistema Nacional de Salud mexicano apegado a la Cuarta Transformación de México.