CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (49)

  • Legisladores demandan información a Condusef por publicidad engañosa en cajeros automáticos.

La Comisión Permanente exhortó a la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) fortalecer las medidas de seguridad del comercio electrónico, en el marco de la campaña de ventas por internet.

Según información difundida por noticieros Televisa, en 2017, México fue el segundo país en el mundo con mayor número de víctimas de fraude cibernético, con más de 33 millones de afectados, sólo superado por Brasil con 62 millones.

Se calcula que los ciberdelincuentes robaron a clientes de servicios financieros, bancarios y empresas en México 7 mil 700 millones de dólares, principalmente, porque los usuarios se comportan en internet de manera peligrosamente despreocupada.

La diputada Bárbara Botello Santibáñez, del PRI, expresó que ante el crecimiento del mercado online en México es pertinente que la Condusef y la Profeco fortalezcan las medidas de seguridad en todas las compras en beneficio de los usuarios, pues se han presentado 3 millones de reclamos con respecto a transacciones virtuales.

Indicó que este año se espera un comercio de 250 mil millones de pesos en plataformas virtuales, lo que hace a México como el país de Latinoamérica con más transacciones de este tipo.

Solicita informe por publicidad engañosa en cajeros automáticos

La Comisión Permanente solicitó un informe a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de las acciones realizadas para evitar que los usuarios sean inducidos a contratar servicios o prestamos en cajeros automáticos, a través de publicidad engañosa o malas prácticas de captación de clientes.

En un dictamen de punto de acuerdo, se hizo un llamado a dicha institución debido a que en los últimos años, los usuarios de cajeros automáticos han presentado quejas por prácticas de venta, cargos domiciliados o donaciones.

Según lo dio a conocer la Condusef, el año pasado se registraron 2.2 millones de reclamaciones por un monto de 9 mil 14 millones de pesos, lo que representa un aumento del 11 por ciento respecto al 2016.

Las instituciones que registraron mayor número de quejas son: Bancomer con 637 mil 822 y con una afectación a 453 mil 162 personas; CitiBanamex con 635 mil 282 reclamos y 413 mil 470 usuarios afectadas; Santander con 276 mil 368 reclamaciones y 227 mil 156 cuentahabientes.

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó seis dictámenes adicionales, de la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, y Comunicaciones y Obras Públicas-.

• El diputado Juan Romero Tenorio consideró primordial que el Ejecutivo Federal cambie su postura a una más crítica y determinar si las metas de desarrollo se cumplieron.

• Presentó la postura de Morena sobre un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía acerca de la imposición de aranceles al acero y aluminio por parte del gobierno de EU.

Es débil e insuficiente la estrategia de defensa del Gobierno Federal ante la guerra comercial emprendida por Estados Unidos, lo cual quedó demostrado con el establecimiento de un arancel al acero y el aluminio por parte de éste, y por ello es primordial cambiar su postura a una más crítica, aseveró el diputado Juan Romero Tenorio.

“Qué posición está jugando el Estado mexicano en este toma y daca con Estados Unidos en la cuestión comercial: en una de desventaja. Tenemos que asumir una posición más crítica y determinar si las metas de desarrollo que estableció el Ejecutivo Federal que está por concluir se han cumplido o no”, puntualizó. 

En la sesión de hoy de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador federal de Morena presentó el posicionamiento de su partido sobre un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía acerca de la imposición de aranceles al acero y aluminio por parte del gobierno estadunidense. 

“Es una posición en dónde ha habido debilidad en una estrategia que permita un desarrollo con equidad y proporcionalidad y permita una distribución del ingreso que tiene nuestro país”, subrayó el también Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

En tribuna, indicó que si bien el Grupo Parlamentario de Morena apoya el llamado a la dependencia a cargo de Ildefonso Guajardo, las acciones de ésta no son las apropiadas, sobre todo debido al déficit interno y la urgencia de fortalecer una economía nacional capaz de competir en el mercado globalizado. 

“Tenemos que ir más a fondo, no solamente aplaudir las medidas que la coyuntura obliga al Ejecutivo Federal. Hay que revisar si efectivamente estas medidas atienden a algún esquema de desarrollo que planteó el Ejecutivo Federal al principio de su sexenio”, enfatizó. 

Asimismo, el diputado federal capitalino insistió que la estrategia ha sido débil y las metas de desarrollo que prometió el actual Gobierno Federal no fueron cumplidas. Desafortunadamente, subrayó, se confirmará que no funcionó su política económica. 

“El crecimiento de nuestro país se ha estancado; no se han generado empleos; no se ha generado una distribución de la riqueza en nuestro país que permita un desarrollo equitativo de todos los sectores sociales”, señaló. 

Romero Tenorio agregó que los diputados federales de Morena pugnan por una estrategia de comercio exterior más profunda e integral, ya que a mediano plazo los consumidores serán los principales afectados en este embate comercial. 

En ese contexto, consideró necesario tener una visión más crítica y de mayor alcance por parte del Ejecutivo Federal, en particular porque la respuesta a Estados Unidos se da en una coyuntura electoral. Añadió que ello es parte de su estrategia, porque no sólo ve la cuestión económica, sino además la fortaleza que tiene el gobierno dentro del proceso político nacional. 

“Tenemos a un Ejecutivo Federal nacional, debilitado, carente de legitimidad y de credibilidad para impulsar acciones más fuertes. Esta coyuntura electoral nos exige ser más analíticos y más propositivos. Tendríamos que evaluar la política económica nacional para determinar si estas medidas coyunturales sí atienden a una estrategia de defensa de la soberanía nacional en la globalización económica”, recalcó. 

Por último, el diputado Juan Romero expresó la necesidad de ver qué estrategias –a partir de la Organización Mundial de Comercio y las mismas reglas del Tratado de Libre Comercio– se pueden implementar para fortalecer una defensa frente al embate estridente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

·        Necesario rendir homenaje a quienes han perdido la vida en el ejercicio de la profesión, al conmemorarse hoy el Día de la Libertad de Expresión en México

En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México que hoy se conmemora, la diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno garanticen la seguridad, integridad y vida de los periodistas.

En particular, puntualizó, en este periodo electoral, ya que el trabajo de los comunicadores es fundamental para asegurar el derecho a la información de los votantes. 

        Por ello, recordó que la Comisión Especial puso a disposición de los informadores a nivel nacional la “Guía para la protección de los periodistas, el derecho a la información y a la Libertad de Expresión en el marco del proceso electoral 2018”, a través de la página electrónica:http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Especial-de-Seguimiento-a-las-Agresiones-a-Periodistas-y-Medios-de-Comunicacion.

Velázquez Valdez hizo votos por que se respete la libertad de expresión durante el periodo electoral y para que el próximo gobierno de la República le otorgue la importancia que merece a la grave crisis de violencia en contra de los periodistas en nuestro país.

        En cuanto a la efeméride de este día, refirió que a partir de 1951, el 7 de junio se celebra en México el Día de la Libertad de Expresión, y desde 1976 se instituyó que en esta misma fecha se entregue el Premio Nacional de Periodismo.      

La legisladora por Nuevo León felicitó a todas y todos los periodistas, comunicadores, reporteros y al gremio en general, y consideró necesario rendir homenaje a quienes han perdido la vida en el ejercicio de esa noble profesión.

 

  • 76 por ciento de los mexicanos cree que este tipo de pagos en escuelas públicas son obligatorias.

La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Educación Pública y a las dependencias homólogas en las entidades federativas que fortalezcan las acciones y estrategias para evitar el cobro de cuotas obligatorias, como requisito para la prestación de servicios educativos en escuelas públicas.

En un dictamen que se aprobó en la sesión de este miércoles, senadores y diputados hicieron un llamado para que se garantice el principio de gratuidad de la educación dispuesto en la Constitución Política y en la Ley General de Educación.

La diputada Gloría Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que, no obstante que la SEP expide los libros de texto gratuitos, “son varios los casos en los que las escuelas despojan a los alumnos de estos materiales, porque sus padres no pagaron las cuotas de recuperación”.

De acuerdo con Parametría, agregó la legisladora, 76 por ciento de los mexicanos cree que las cuotas escolares son obligatorias. Además, según un periódico de circulación nacional, los padres de familia pagaron más de seis mil millones de pesos en cuotas en escuelas públicas de nivel básico en 2014.

Por si fuera poco, dijo, este tipo de pagos, representan el 7 por ciento del presupuesto mensual de una familia promedio mexicana, lo que equivale a seis de cada 10 pesos que necesitan para transportarse cada mes, una tercera parte de lo que requieren para comer o cuatro veces de lo que gastas en cuidados de la salud.

  • Hay déficit en la representación de la mujer en puestos de toma de decisiones a nivel federal, estatal y municipal: Arcos Villalva 

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Angelina Lizeth Arcos Villalva (PAN), propuso exhortar a las y los candidatos a los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, en los próximos comicios, para que en caso de ser elegidos consideren la integración paritaria en sus gabinetes, pues la participación de la mujer en todos los sectores es indispensable para una vida democrática. 

        Resaltó que el andamiaje legal en materia de igualdad de género en el país es basto y reconocido a nivel internacional, por lo que es necesario consolidarlo a nivel estatal. “Un punto donde existe déficit es en la representación de la mujer en los puestos de toma de decisiones en los gabinetes federal, estatal o municipal”.  

        En un punto de acuerdo que presentó en la Permanente y que analiza la Primera Comisión, precisó que en la jornada del 1 de julio se elegirán 18 mil  299 cargos federales y locales, entre ellos los de Presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México, además de presidentes municipales, alcaldes, concejales, síndicos, regidores y regidores étnicos, entre otros. 

        Mencionó que si bien en el Poder Legislativo federal se ha avanzado en la conformación paritaria, a partir de la reforma constitucional al artículo 41, “lo cierto es que estos esfuerzos tienen que desarrollarse en los demás órdenes de gobierno”. 

        La situación de los congresos debe ser similar al Poder Legislativo federal, aun cuando prevalecen congresos como los de Coahuila, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Nuevo León y Querétaro, en donde de acuerdo con el Atlas de Género del Inegi, la distribución porcentual de diputaciones entre mujeres y hombres dista mucho de llegar a la igualdad. 

        Respecto a la distribución porcentual de las presidencias municipales, se informó que en 2015, a nivel nacional, el 9.4 por ciento estaba representada por mujeres y el 90.6, por hombres, lo que deriva de una brecha de desigualdad de alrededor del 81.20 por ciento. Eso indica, sostuvo, “una subrepresentación femenina a nivel municipal”. 

        En cuanto a su participación en la integración de gabinetes, sólo en tres de 19 secretarías de Estado despacha una mujer al más alto nivel, y ocho en 8 subsecretarías. “Estos números indican la posición real de la participación de la mujer a nivel federal y un reflejo de su situación a nivel estatal y municipal”. 

        Arcos Villalva consideró indispensable que el Poder Legislativo haga un llamado a las y los candidatos a que realicen más que un compromiso social con el sector que representa más del 50 por ciento de la población y exhortarlos a que, en caso de ser electos en los próximos comicios electorales, formen sus gabinetes de forma paritaria. 

        Recordó que con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en Naciones Unidas, se genera una agenda 2030, en la cual los países deben trabajar para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento a todas las mujeres y las niñas. 

        Dicha meta cuenta con diversos fines como aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles, así como emprender reformas que les otorguen el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, detalló. 

        Comentó que constitucionalmente, hay dos reformas de referencia: la de derechos humanos, que se aprobó en 2011 y marca un referente para el cumplimiento de los tratados internacionales de los que México forma parte. 

        La otra reforma tiene que ser con la inclusión del principio de paridad de género a nivel constitucional, la cual fue clave para alcanzar la igualdad sustantiva. La modificación a la Carta Magna derivó de la reforma político-electoral de 2014, la cual garantiza que del total de candidaturas a legisladores federales y locales, la mitad sea para las mujeres.

·        Diputado Edgar Romo considera fundamental comunicación del jefe del Ejecutivo con su homólogo de Canadá para coordinar acciones 

·        Avala que nuestro país mantenga renegociación del TLCAN, a pesar de la decisión unilateral proteccionista 

·        Expresa compromiso del Poder Legislativo de acompañar futuras medidas comerciales de nuestro país 

         El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, expresó el respaldo del Congreso de la Unión al gobierno de México en su rechazo a los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio de nuestro país y apoyó la decisión de nuestras autoridades comerciales de aplicar medidas compensatorias a productos estadounidenses. 

        Consideró también muy acertado que el presidente Enrique Peña Nieto haya entrado en comunicación inmediata con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a fin de coordinar ambos la defensa de un intercambio comercial libre, sin restricciones, sujeto solamente a las reglas que hoy rigen el comercio internacional y aceptadas por las naciones del mundo. 

        El legislador estimó relevante las declaraciones de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía de México de continuar el diálogo y la negociación, específicamente las pláticas para renegociar y modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pese a la determinación del gobierno estadounidense de aplicar impuestos a las importaciones de acero y aluminio.  

        “México no puede estar sujeto a medidas unilaterales de política económica y comercial que reflejan claramente un retroceso en el comercio internacional, al tratar de aplicar un proteccionismo que en la modernidad ya es inoperante, pues los países se han abierto e integrado a un mundo global en el que México está inserto hace mucho tiempo”, subrayó. 

        El diputado Romo García avaló la disposición del gobierno del presidente Peña Nieto de mantener una posición de firmeza y de responder con acciones similares a las decretadas por las autoridades comerciales de la vecina nación y, además, confió en que la renegociación del TLCAN no se detenga a causa de esta decisión unilateral del gobierno norteamericano que, a final de cuentas, repercutirá en el bolsillo de los consumidores de ambos países, debido al encarecimiento de diversos productos. 

        Enseguida, el presidente de la Cámara de Diputados externó el compromiso del Poder Legislativo de acompañar las futuras medidas comerciales que el gobierno mexicano considere pertinentes, para afrontar y contrarrestar las acciones comerciales. “Estamos en la más amplia disposición de contribuir, desde nuestra posición de legisladores, a fortalecer la política económica y comercial de México que permita reaccionar con eficacia y eficiencia en estos momentos difíciles”, concluyó.

*La incapacidad para proveer seguridad en el país, nos cuesta 4.72 billones de pesos a los mexicanos y de acuerdo al INEGI, el 76.8% de ciudadanos mayores de 18 años, se siente inseguro: Eloísa Talavera Hernández

*En México, tenemos que garantizar el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro, garantizando a sus habitantes una paz justa, sostenible y duradera, puntualizó. 

Tan solo en el actual proceso electoral se han cometido 305 agresiones contra políticos y autoridades en todo el país, de las cuales 94 se han traducido en asesinatos, lo que vulnera gravemente la democracia de México, señaló la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández. 

Recordó que abril, se dio a conocer el lamentable caso de los tres estudiantes de cinematografía de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara que desaparecieron en el municipio de Tonalá, estado de Jalisco, quienes fueron secuestrados por miembros del crimen organizado y sus cuerpos fueron disueltos en ácido de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco. 

La violencia, indicó, no solo tiene impacto negativo en la forma de vivir de los ciudadanos, sino también repercute en el tema económico, en donde datos del Índice de Paz México, refieren que el impacto económico de la violencia en país, tan solo en el año 2017, alcanzó la cifra de 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), cifra que equivale al 21% del PIB nacional y lo ubica como uno de los mayores porcentajes en el mundo. 

“La descomposición de un país inicia con la impunidad y la corrupción, no podemos seguir permitiendo que México sea –secuestrado- por el crimen organizado y por un gobierno incapaz de ofrecerle a la población la seguridad que constitucionalmente está obligado a ofrecer” dijo. 

Talavera Hernández informó que a través de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortó a la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus atribuciones, implementen estrategias eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad en el país. 

El fracaso del Estado, dijo, se ha definido como su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estatalidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social en donde el gobierno le queda a deber grandemente a los mexicanos. 

La legisladora federal indicó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, infieren que tan solo en el mes de marzo del 2018 se cometieron un total de 155 mil 431 delitos, destacando a los estados de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California respectivamente, donde se cometen más delitos.

Agregó que datos de la Organización ciudadana Semáforo Delictivo, en su reporte del grado de violencia en el país del primer trimestre del 2018, señalan una alza respecto al año anterior en delitos como  homicidio con un 16%, narcomenudeo 37%, robo a vehículos 7% y feminicidio 18%.

 

Agregó que México necesita un presidente saludable para que pueda llevar las riendas de éste país

Por tal razón, aseguró que el candidato esta muy sano y goza de todas sus facultades físicas y mentales.

Es un hombre fuerte para ganar la presidencia puntualizó el coordinador de

Por otra parte, el diputado Marko Cortés demandó que para el segundo debate presidencial se abran frecuencias de radio y tv para que más mexicanos lo puedan ver.  

  • En México, sólo 18 por ciento de estos cargos son ocupados por mujeres: Valles Mendoza

      El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (NA) señaló que a pesar de que en casi cinco décadas México ha registrado un incremento significativo y sostenido en la tasa de participación de las mujeres en la economía, es fundamental incentivar su mayor inclusión en los puestos directivos y en los consejos de administración de las empresas. 

        Relató que en México, sólo 18 por ciento de estos cargos son ocupados por féminas. Esta situación es claro reflejo de su baja participación en la fuerza laboral. De acuerdo con datos de International Business Review, la proporción de empresas sin mujeres en puestos de alta dirección aumentó en América Latina, al pasar de 34 por ciento en 2012 a 52 por ciento en la actualidad.

        La inclusión de las mujeres en los niveles de liderazgo y en los consejos de administración y la promoción de su emprendimiento, reconoció, es un tema que se ha abordado en los últimos años. Un paso importante fue la reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 2014, en la que se establecieron estímulos y certificados para las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia. 

        También, están las recientes modificaciones a la Circular Única de Emisoras, que obligan a todas las empresas y vehículos de inversión que cotizan en bolsa a hacer pública la información sobre el equilibrio de género en sus consejos de administración y órganos de decisión. 

        Sin embargo, expresó Valles Mendoza, “falta encontrar equilibrio entre los géneros. Los esfuerzos que se han emprendido a través de la vía institucional han resultado en una inclusión más equitativa de ellas al mercado laboral, pero estas voluntades todavía no corresponden a las expectativas planteadas”. 

        Por ello, propuso reformas al inciso B de la fracción XI del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de establecer que los estímulos y certificados de igualdad que se conceden anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia, deberán haber integrado una plantilla donde el 30 por ciento del total corresponda a féminas que ocupen puestos directivos, y no el 10 por ciento, como actualmente se precisa.

        El diputado de NA resaltó que esta situación permitirá estimular el crecimiento profesional de las mujeres y el económico de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 1970, 17 de cada 100 desarrollaban actividades económicas, pero en la actualidad el número se ha incrementado a casi 44. 

        Precisó que una publicación de Forbes, en la actualidad más mujeres están matriculadas en las universidades; no obstante, los hombres siguen ocupando la mayoría de los cargos directivos. Por tanto,  su preparación académica aún no se refleja en su participación en puestos directivos; derivado de ello, para acelerar su incorporación, es necesario desarrollar políticas incluyentes que reconozcan el valor que aporta el talento femenino. 

        Desde hace años, diversos países han introducido acciones sustanciales que se han traducido en iniciativas y políticas para alcanzar la igualdad sustantiva entre los géneros. Otros han tomado medidas más contundentes e introducido cuotas obligatorias para la representación de las mujeres en las juntas directivas: Israel estableció el 50 por ciento; Francia, Islandia y Noruega el 40; Austria, el 35, y Bélgica, Grecia e Italia el 33 por ciento.

        Luis Alfredo Valles resaltó que la manera en la que las mujeres en el país se incorporan al mercado laboral y al desarrollo profesional todavía se ve condicionada por un conjunto de simbolismos y percepciones culturales en torno a estereotipos, roles y supuestas ocupaciones que se han determinado históricamente a los individuos, partiendo de su sexo. 

        Consideró apremiante promover, a través de la adecuación de preceptos legales, la participación femenina en los niveles de dirección y juntas ejecutivas, lo que tendrá un impacto positivo en la economía nacional y la sociedad. 

        Estas disposiciones deben privilegiar en todo momento el mérito, y asociarse de estrategias de administración encaminadas a empoderarlas de forma efectiva en las empresas como planes de género, campañas para fortalecer la conciencia de género, lucha contra los estereotipos, y programas orientados a la contratación y retención de mujeres talentosas. 

        Subrayó que el sector privado, en conjunto con los gobiernos, resultan ser un binomio decisivo en los esfuerzos de promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres. Se ha estimado que la productividad en América Latina y el Caribe podrían aumentar 25 por ciento si se desbloquearan los obstáculos que impiden el potencial femenino al servicio del emprendimiento. 

        En la iniciativa remitida a la Comisión de Igualdad de Género, Valles Mendoza urgió a captar el talento femenino desde puestos de entrada, hasta el más alto nivel en la toma de decisiones, en este caso direcciones, juntas directivas y presidencias de las empresas. “No podemos negar que la desigualdad entre los géneros permanece, privándolas de derechos y oportunidades fundamentales para su desarrollo”.

 

El diputado Luis Alonso Pineda Apodaca (PRI) promueve exhortar a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca los programas cuyo objetivo principal sea empoderar a las mujeres empresarias para coadyuvar así en la economía de las familias mexicanas.

Expuso que las mujeres han sido un sector vulnerable de la sociedad; por diversas creencias y aspectos históricos, siempre han enfrentado problemas para lograr un empoderamiento real y una auténtica autonomía.

Dijo que en los diversos niveles de gobierno, se han desarrollado nuevas herramientas y productos de conocimiento para promover la autonomía económica de las mujeres en proyectos futuros; sin embargo, se deben implementar mecanismos que fortalezcan los programas existentes e incentivar nuevas y mejores estrategias.

Destacó que el Programa Regional Ampliando las Oportunidades Económicas para las Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola e implementado por ONU Mujeres, contribuye su acceso al poder económico en zonas rurales en México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

Se espera que las mujeres emprendedoras rurales tengan un mayor liderazgo y participen en sus comunidades e instituciones, así como en la configuración de leyes, políticas y programas, dijo.

Pineda Apodaca señaló que el Programa Mujeres PyME del gobierno federal está dirigido a empresas y negocios, de cualquier giro en comercio, industria o servicios, que requieran desarrollar su modelo y recursos financieros para crecer. 

En un punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Economía, plantea implementar mecanismos que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, particularmente en el ámbito económico. 

“En el país se debe estar a la vanguardia en materia de equidad de género y potencializar a las mujeres que buscan trascender, más allá de estereotipos, todo en pro de sus familias”, resaltó.

  • En México, 70 por ciento de los perros viven en la calle por abandono de sus dueños

El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva (PAN) propone modificar el Código Penal Federal para sancionar a quien realice actos de crueldad encaminados a la tortura o al sufrimiento innecesario de un animal; a los imputados les impondrán de seis meses a tres años de prisión y una multa de 300 días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La reforma que agrega el Capítulo sexto en materia de maltrato animal, en el Título Vigésimo Quinto de los Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental del Código en mención, también señala que se hará acreedora a sanciones de tres meses a dos años de prisión y una multa de 200 días conforme a la UMA, a quien maltrate y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga o no se considere fauna nociva para las personas.

Asimismo, precisa que a quien en el ejercicio de sus funciones como médico veterinario o persona responsable a cargo del cuidado del animal, cometiese actos encaminados a provocar sufrimiento o muerte injustificada, también será castigado con cárcel de tres meses a un año y una multa de 150 días.

La iniciativa que se envió a la Comisión de Justicia, precisa que en caso de que la muerte o lesiones del animal sean realizadas para evitar un mal igual o mayor para una persona u otro animal no se aplicará sanción alguna, siempre y cuando éstas se justifiquen.

El documento refiere que en México, 70 por ciento de los perros que viven en la calle se debe al abandono de sus dueños; no obstante, el Código Penal Federal no contiene disposiciones que condenen el maltrato animal en sus modalidades de tortura, actos crueles o semejantes, por lo que se entiende que las acciones cometidas contra los animales no son delitos de orden federal.

A pesar de ello, de acuerdo a resultados arrojados por diversas encuestas, más de la mitad de los hogares mexicanos tienen una mascota; la mayoría son perros y gatos.

Por su parte, la asociación World Animal Protection, dedicada a la concientización sobre las condiciones sociales, políticas y jurídicas en el tema de protección animal, refiere que México presenta un promedio “mínimo de esfuerzo en la creación de políticas a favor de los animales, principalmente de perros y gatos”.

Asimismo, refiere que nuestro país al no formar parte de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, acuerdo intergubernamental avalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que busca el reconocimiento y apoyo de los diferentes gobiernos para asegurar el bienestar animal, supone que el tema de la protección animal no resulta esencial para la agenda política de la nación.

Por ello, la iniciativa estima, entre sus objetivos, la necesidad de hacer valer la Declaración antes citada, la cual reúne las disposiciones mínimas de respeto y protección a la vida animal.

Precisa que en materia de política pública, el tema ha sido asumido por los gobiernos locales, por lo que la consideración de aplicar disposiciones reales en defensa de los diferentes grupos de animales (silvestres, domésticos y/o en cautiverio) ha quedado relegada.

Ante ello, “México no posee instrumentos de evaluación sobre la protección animal y el seguimiento a los asuntos de maltrato, así como tampoco se establecen metas para alcanzar el bienestar animal”, subrayó el legislador Rojas Silva.

Por lo anterior, “resulta fundamental adicionar el maltrato animal como un subtítulo dentro del título de Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental para que éste, en sus diversas modalidades, sea un delito de orden federal y no tenga que estar a expensas de la voluntad política de las diferentes entidades”, agregó.

  • Miles de trabajadores no las reciben con el pretexto de que ganan una comisión por venta: Valdés Ramírez 

La diputada María Concepción Valdés Ramírez (PRD) urgió a las empresas pagar a sus trabajadores en tiempo y forma las utilidades, ya que miles no las reciben con el pretexto de que ganan una comisión por venta. 

        Propuso adicionar el inciso g) al apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, con el propósito de establecer que los trabajadores deben disponer libremente de sus utilidades y precisar que es nula la renuncia y la cesión de éstas por cualquier medio, a favor del patrón o terceras personas. 

        Esta reforma, dijo, permitirá que “no exista pretexto ni hueco” que los empresarios puedan manejar a su favor y en perjuicio de los empleados, porque actualmente existen prácticas en contra de la ley. 

        Señaló que existen casos en los que “el patrón le dice al trabajador que no tiene derecho e incluso le hace firmar durante el mes de mayo una carta en la cual informa que no hay utilidad pendiente, para que ésta quede en registro”. 

        Además, son obligados a pertenecer al sindicato que al empleador le beneficie y a firmar en hojas en blanco la aceptación de sus utilidades que no reciben, con lo que se incumple la ley.

        De acuerdo con la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo, de 2015 a 2017 sobre el pago de reparto de utilidades (PTU) se otorgaron 37 mil 611 orientaciones y asesorías; se iniciaron 343 conciliaciones y 123 juicios. 

        Se concluyeron a favor de las y los trabajadores 215 conciliaciones y 49 demandas ganadas, con un logro económico de 2.9 millones de pesos. 

        Valdés Ramírez expresó que esos datos, “sin duda alguna, referencian que los trabajadores reciben sus utilidades en tiempo y forma. Sin embargo, no es prueba de que no se les obligue a firmar documentos en los que supuestamente las reciben, lo cual es ilegal”. 

        Por ello, llamó a respetar el derecho de los trabajadores y a que no existe excusa alguna para que sean obligados a firmar que las reciben con el pretexto de que ganan comisión sobre venta, “lo que no es negociable”.

         En la actualidad, las empresas están obligadas a pagar a sus trabajadores su participación en las utilidades que se generaran en el ejercicio fiscal anterior, lo que está sustentado en el artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. 

        Relató que en caso de Personas Morales del Régimen General, a más tardar el 30 de mayo deberá entregarse al trabajador su participación en las utilidades y el 29 de junio para las Personas Físicas del Régimen General de Actividades Empresariales. 

        Relató que la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México no cuenta con una estadística fehaciente que permita conocer la cifra exacta de cuántos son los trabajadores que no reciben sus utilidades. La gran mayoría de los procedimientos son por despido injustificado, e inclusive, en las demandas suelen dar a conocer que no recibían sus utilidades conforme a la Ley.

        Con esta reforma, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, los trabajadores tendrán la seguridad de que recibirán las utilidades que les corresponden conforme a derecho y que por ningún caso dejen de percibirlas, afirmó la diputada del PRD.

        El Pleno cameral aprobó en lo general y en lo particular, con 331 votos a favor y 18 en contra, reformas al artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para establecer los plazos en que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) resolverá las nuevas solicitudes de concesiones o permisos para explotar los recursos marinos.

        La respuesta no excederá de 60 días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, estando debidamente integrado el expediente, señala una modificación al dictamen propuesta por la Comisión de Pesca y que avaló la Asamblea. 

Hace una excepción: en el caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros 60 días hábiles cuando se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y términos que establezca el Reglamento. 

Plantea que en caso de que se hubiera presentado la información o documentación incompleta, la Sagarpa requerirá por escrito y por única vez a los solicitantes, que la integren, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. Especifica que si la autoridad omite dar a conocer al promovente la resolución a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado.       

El documento precisa que a petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución de la solicitud respectiva, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

La reforma establece: en la renovación de permisos y concesiones por primera vez, la Sagarpa resolverá dentro de un plazo que no excederá de 120 días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al permisionario la resolución a su solicitud, se considerará como afirmativa ficta (resuelve en sentido afirmativo) ante lo solicitado, con la finalidad de agilizar los trámites a los pescadores. 

Establece que la falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos, a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables. 

El dictamen, turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, destaca que estas medidas tienen el propósito de que las pesquerías sean aprovechadas sustentablemente, para lo cual ha sido necesario un esfuerzo conjunto entre productores, investigadores, autoridades y legisladores, que adapte el marco jurídico con la realidad ambiental, económica y social de los recursos pesqueros.

Resalta que debe tenerse presente que los recursos pesqueros son riqueza pública y que la Federación debe velar por su cuidado y reparto equitativo, buscando que se conserve a través del tiempo para mejorar la dieta y calidad de vida de los mexicanos.

La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), urgió a los partidos políticos, candidatos y autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la protección y seguridad para este gremio, durante la cobertura del proceso electoral.

La legisladora también exhortó a las y los aspirantes a presentar propuestas concretas sobre cómo mejorar las condiciones de seguridad y justicia de quienes ejercen la importante labor del periodismo. 

Expuso que este llamado lo hace a partir de lo denunciado por la organización Artículo 19, que ha documentado un incremento en el número de agresiones a los medios de comunicación, las cuales van desde amenazar, amedrentar o tratar de obstaculizar su labor, hasta las agresiones físicas e incluso atentados a la vida. 

La diputada Velázquez Valdez sostuvo que para garantizar una elección libre y democrática, es indispensable que la ciudadanía cuente con información relevante y veraz sobre los candidatos, las políticas que proponen y sobre el proceso electoral en sí mismo. 

En este sentido, afirmó que “los medios de comunicación son el conducto por el cual la sociedad evalúa el desempeño de quienes aspiran a un puesto de elección popular y el actuar de los partidos políticos y las instituciones electorales”. 

Apuntó que el próximo 1 de julio se llevará a cabo el proceso electoral en el que se elegirá al Presidente de la República y renovarán más de 3 mil 400 cargos a nivel federal y local, donde los representantes de los medios de información jugarán un papel fundamental, pues es a través de ellos que la ciudadanía conocerá las propuestas de los candidatos. 

Subrayó que los periodistas son una de las principales fuentes de información para los electores y al mismo tiempo fungen como observadores, alertadores ante posibles irregularidades y testigos de la sociedad, lo cual los hace partícipes en la garantía de la transparencia en las elecciones. 

Añadió que los medios de comunicación coadyuvarán a que el electorado cuente con los elementos necesarios para contrastar las diferentes propuestas que representan las personas que encabezan una candidatura y, con ello, emitir un voto informado.

“Es momento de actuar, cada delito cometido contra un periodista es un atentando contra la Libertad de Expresión”, sentenció Brenda Velázquez. 

Finalmente, la diputada panista manifestó que la Libertad de Expresión es un derecho fundamental que asegura el libre intercambio de ideas y opiniones en una sociedad democrática y plural; por tanto, su ejercicio es fundamental para la consolidación y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

 

 

·        La intención es abonar a la profesionalización de la labor legislativa 

      El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, presentó una iniciativa de reformas al Reglamento de este órgano parlamentario, para crear un Sistema de Evaluación de Diputados, que sea completamente público y que tenga por objeto evaluar el desempeño del trabajo legislativo de todas las y los diputados.

        Este sistema deberá difundirse permanentemente en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados y las conclusiones de las evaluaciones serán actualizadas al término de cada periodo de sesiones.

        El diputado Romo García dijo que la intención es abonar a la profesionalización de la labor legislativa, evaluando el desempeño de los diputados y acotando la brecha que existe entre los ciudadanos y sus representantes en el Congreso.  

        Resaltó que la sociedad ha perdido la confianza en las autoridades y en los políticos, y “los diputados no sólo no escapamos de esta realidad, sino que estamos situados en uno de los menores niveles de confianza en la sociedad”. Por ello, reconoció la necesidad de que la Cámara de Diputados cuente con un sistema de evaluación del desempeño, como medida para mejorar el trabajo legislativo. 

        Afirmó que ante la actual coyuntura histórica relevante, ya que a partir de la próxima legislatura, los diputados tendrán derecho a la reelección en sus cargos, es apremiante trabajar en la consolidación de un modelo de evaluación que genere la información necesaria para los ciudadanos, para que conozcan, evalúen el actuar de sus representantes y analicen si les otorgan de nuevo su confianza para otro periodo de ejercicio. 

        Romo García destacó que en la última encuesta nacional de Consulta Mitofsky para medir la confianza en 17 instituciones públicas, los diputados se encuentran entre las cuatro más bajas, con 4.4 de calificación en una escala del 1 al 10. 

        Agregó que son de advertir dos aspectos importantes, primero, la evidente desconfianza de la ciudadanía en los legisladores y, segundo, que dicha desconfianza deviene en gran medida de la falta de información y conocimiento integral de la sociedad sobre las atribuciones generales y específicas y el desempeño de los diputados. 

        Expresó su preocupación por que, en pleno siglo XXI, el desconocimiento social sobre la función legislativa y parlamentaria sea tan alto en México y que la ciudadanía no conozca fehacientemente las tareas que tiene a su cargo y realiza un diputado. Ello invita, continuó, a encontrar nuevos vehículos de difusión de las funciones parlamentarias que permitan a la población conocer y evaluar adecuadamente los resultados de sus representantes. 

        Mencionó que organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han realizado diversos esfuerzos de evaluación, los cuales son  respetables; sin embargo, en la mayoría de los casos hay carencia de información integral y se limitan a evaluar elementos cuantitativos, omitiendo otros aspectos, de fondo y de forma, relativos a la función legislativa. 

        La relevancia en el desempeño legislativo no sólo son las asistencias ni las iniciativas. Se debe considerar cuántas de las propuestas son aprobadas, cuál es su impacto, la calidad y la responsabilidad; también el trabajo en comisiones, los planteamientos que se hacen, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, la participación en tribuna, en foros públicos, en mesas de trabajo, en las discusiones, entre muchas otras tareas. 

        Aclaró que en ocasiones hay diputados que no pueden asistir al Pleno porque se encuentran en reuniones de trabajo y de gestión de algún asunto importante de sus comisiones, ya sea con las dependencias del Ejecutivo, con la sociedad civil o con la iniciativa privada, para lograr el consenso integral de su propuesta o dictamen; sin embargo, son esfuerzos importantes que no siempre se ven o se reconocen y que a menudo se cuestiona a priori su justificada inasistencia. 

        Estimó que estos escenarios indican que es momento de institucionalizar un instrumento de evaluación respecto de las actividades y encomiendas que realizan las y los diputados en el ejercicio de sus funciones, pero, además, que dicho instrumento contenga parámetros e indicadores que proporcionen datos duros reales, para que la ciudadanía conozca a ciencia cierta el desempeño de los legisladores. 

        Consideró que es obligatorio profesionalizar y modernizar a la Cámara de Diputados, llevándola a estándares internacionales y asegurando el monitoreo y la evaluación de la calidad del trabajo legislativo bajo un sistema sólido e integral. 

        Romo García explicó que la reforma adiciona un Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de Diputados” con los artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, plantea crear dicho sistema que sea público y considere una serie de criterios definidos, de manera que todos los elementos cuantitativos y cualitativos que intervienen en el ejercicio del cargo de diputado se valoren y se ponderen, a efecto de evaluar de forma eficiente e integral el trabajo que realiza cada uno de los diputados. 

        Para la implementación de este sistema, añadió, se crea un Consejo Coordinador, como órgano interinstitucional, que incluye la participación ciudadana a través de la sociedad civil, instituciones académicas y sector empresarial, así como las áreas técnicas de la propia Cámara, para que sea este órgano quien defina los criterios correspondientes para constituir el Sistema de Evaluación. 

        Además, dijo, la transparencia juega un papel determinante: el sistema será completamente público y se dará difusión permanente a los resultados de la evaluación en el portal de internet de la Cámara. 

        La iniciativa adiciona un Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de Diputados” con los artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, que establece que para evaluar el desempeño de los trabajos legislativos se deberá realizar mediante elementos de evaluación que contengan y ponderen todas las actividades y encomiendas que desarrollan los legisladores en el ejercicio de su cargo, de conformidad con los derechos, prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones previstas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

        También se precisa que el sistema se implementará a través de un Consejo Coordinador que fungirá como órgano colegiado institucional y de participación ciudadana de carácter consultivo, informativo y de colaboración en materia de evaluación legislativa de los diputados y sus decisiones se aprobarán por consenso. 

        El Consejo Coordinador, indica, será integrado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien lo encabezará, y un representante de cada grupo parlamentario, así como los secretarios General y de Servicios Parlamentarios. Además, el titular de la Unidad de Transparencia, tres representantes de instituciones de educación superior, tres de organizaciones de la sociedad civil y tres de organizaciones del sector empresarial.  

        La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acordará, a propuesta de su presidente, la invitación a los integrantes del Consejo, los cuales participarán por un periodo de un año con posibilidad de ser ratificados para periodos subsecuentes.  A excepción del presidente y el secretario técnico, los integrantes del Consejo podrán designar a un suplente que cubra su representación en las reuniones a las que no pueda asistir. 

        Se señala que se podrá invitar a las reuniones del Consejo Coordinador a personas expertas en materia de evaluaciones, a un representante de la Auditoría Superior de la Federación, de instituciones públicas, educativas y de investigación, de organismos internacionales y a representantes de diversos sectores de la sociedad, cuando se traten asuntos relacionados con sus especialidades o cuya experiencia profesional sea útil para que participen emitiendo opiniones, aportando información o colaborando con acciones que le competen al Consejo. 

        El Sistema de Evaluación de Diputados se normará por criterios que expida el Consejo Coordinador, los cuales deberán contener los principios rectores, el catálogo de los elementos cualitativos y cuantitativos que se considerarán para realizar la evaluación, el método, los plazos para realizar cada etapa y su difusión, y los medios de difusión de los resultados. 

        La iniciativa fue remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

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