CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (35)

 

·        La intención es abonar a la profesionalización de la labor legislativa 

      El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, presentó una iniciativa de reformas al Reglamento de este órgano parlamentario, para crear un Sistema de Evaluación de Diputados, que sea completamente público y que tenga por objeto evaluar el desempeño del trabajo legislativo de todas las y los diputados.

        Este sistema deberá difundirse permanentemente en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados y las conclusiones de las evaluaciones serán actualizadas al término de cada periodo de sesiones.

        El diputado Romo García dijo que la intención es abonar a la profesionalización de la labor legislativa, evaluando el desempeño de los diputados y acotando la brecha que existe entre los ciudadanos y sus representantes en el Congreso.  

        Resaltó que la sociedad ha perdido la confianza en las autoridades y en los políticos, y “los diputados no sólo no escapamos de esta realidad, sino que estamos situados en uno de los menores niveles de confianza en la sociedad”. Por ello, reconoció la necesidad de que la Cámara de Diputados cuente con un sistema de evaluación del desempeño, como medida para mejorar el trabajo legislativo. 

        Afirmó que ante la actual coyuntura histórica relevante, ya que a partir de la próxima legislatura, los diputados tendrán derecho a la reelección en sus cargos, es apremiante trabajar en la consolidación de un modelo de evaluación que genere la información necesaria para los ciudadanos, para que conozcan, evalúen el actuar de sus representantes y analicen si les otorgan de nuevo su confianza para otro periodo de ejercicio. 

        Romo García destacó que en la última encuesta nacional de Consulta Mitofsky para medir la confianza en 17 instituciones públicas, los diputados se encuentran entre las cuatro más bajas, con 4.4 de calificación en una escala del 1 al 10. 

        Agregó que son de advertir dos aspectos importantes, primero, la evidente desconfianza de la ciudadanía en los legisladores y, segundo, que dicha desconfianza deviene en gran medida de la falta de información y conocimiento integral de la sociedad sobre las atribuciones generales y específicas y el desempeño de los diputados. 

        Expresó su preocupación por que, en pleno siglo XXI, el desconocimiento social sobre la función legislativa y parlamentaria sea tan alto en México y que la ciudadanía no conozca fehacientemente las tareas que tiene a su cargo y realiza un diputado. Ello invita, continuó, a encontrar nuevos vehículos de difusión de las funciones parlamentarias que permitan a la población conocer y evaluar adecuadamente los resultados de sus representantes. 

        Mencionó que organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han realizado diversos esfuerzos de evaluación, los cuales son  respetables; sin embargo, en la mayoría de los casos hay carencia de información integral y se limitan a evaluar elementos cuantitativos, omitiendo otros aspectos, de fondo y de forma, relativos a la función legislativa. 

        La relevancia en el desempeño legislativo no sólo son las asistencias ni las iniciativas. Se debe considerar cuántas de las propuestas son aprobadas, cuál es su impacto, la calidad y la responsabilidad; también el trabajo en comisiones, los planteamientos que se hacen, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, la participación en tribuna, en foros públicos, en mesas de trabajo, en las discusiones, entre muchas otras tareas. 

        Aclaró que en ocasiones hay diputados que no pueden asistir al Pleno porque se encuentran en reuniones de trabajo y de gestión de algún asunto importante de sus comisiones, ya sea con las dependencias del Ejecutivo, con la sociedad civil o con la iniciativa privada, para lograr el consenso integral de su propuesta o dictamen; sin embargo, son esfuerzos importantes que no siempre se ven o se reconocen y que a menudo se cuestiona a priori su justificada inasistencia. 

        Estimó que estos escenarios indican que es momento de institucionalizar un instrumento de evaluación respecto de las actividades y encomiendas que realizan las y los diputados en el ejercicio de sus funciones, pero, además, que dicho instrumento contenga parámetros e indicadores que proporcionen datos duros reales, para que la ciudadanía conozca a ciencia cierta el desempeño de los legisladores. 

        Consideró que es obligatorio profesionalizar y modernizar a la Cámara de Diputados, llevándola a estándares internacionales y asegurando el monitoreo y la evaluación de la calidad del trabajo legislativo bajo un sistema sólido e integral. 

        Romo García explicó que la reforma adiciona un Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de Diputados” con los artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, plantea crear dicho sistema que sea público y considere una serie de criterios definidos, de manera que todos los elementos cuantitativos y cualitativos que intervienen en el ejercicio del cargo de diputado se valoren y se ponderen, a efecto de evaluar de forma eficiente e integral el trabajo que realiza cada uno de los diputados. 

        Para la implementación de este sistema, añadió, se crea un Consejo Coordinador, como órgano interinstitucional, que incluye la participación ciudadana a través de la sociedad civil, instituciones académicas y sector empresarial, así como las áreas técnicas de la propia Cámara, para que sea este órgano quien defina los criterios correspondientes para constituir el Sistema de Evaluación. 

        Además, dijo, la transparencia juega un papel determinante: el sistema será completamente público y se dará difusión permanente a los resultados de la evaluación en el portal de internet de la Cámara. 

        La iniciativa adiciona un Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de Diputados” con los artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, que establece que para evaluar el desempeño de los trabajos legislativos se deberá realizar mediante elementos de evaluación que contengan y ponderen todas las actividades y encomiendas que desarrollan los legisladores en el ejercicio de su cargo, de conformidad con los derechos, prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones previstas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

        También se precisa que el sistema se implementará a través de un Consejo Coordinador que fungirá como órgano colegiado institucional y de participación ciudadana de carácter consultivo, informativo y de colaboración en materia de evaluación legislativa de los diputados y sus decisiones se aprobarán por consenso. 

        El Consejo Coordinador, indica, será integrado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien lo encabezará, y un representante de cada grupo parlamentario, así como los secretarios General y de Servicios Parlamentarios. Además, el titular de la Unidad de Transparencia, tres representantes de instituciones de educación superior, tres de organizaciones de la sociedad civil y tres de organizaciones del sector empresarial.  

        La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acordará, a propuesta de su presidente, la invitación a los integrantes del Consejo, los cuales participarán por un periodo de un año con posibilidad de ser ratificados para periodos subsecuentes.  A excepción del presidente y el secretario técnico, los integrantes del Consejo podrán designar a un suplente que cubra su representación en las reuniones a las que no pueda asistir. 

        Se señala que se podrá invitar a las reuniones del Consejo Coordinador a personas expertas en materia de evaluaciones, a un representante de la Auditoría Superior de la Federación, de instituciones públicas, educativas y de investigación, de organismos internacionales y a representantes de diversos sectores de la sociedad, cuando se traten asuntos relacionados con sus especialidades o cuya experiencia profesional sea útil para que participen emitiendo opiniones, aportando información o colaborando con acciones que le competen al Consejo. 

        El Sistema de Evaluación de Diputados se normará por criterios que expida el Consejo Coordinador, los cuales deberán contener los principios rectores, el catálogo de los elementos cualitativos y cuantitativos que se considerarán para realizar la evaluación, el método, los plazos para realizar cada etapa y su difusión, y los medios de difusión de los resultados. 

        La iniciativa fue remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

El presidente de la instancia, diputado Jorge Triana Tena (PAN), afirmó que con el nuevo ordenamiento esta soberanía se convierte en sujeto obligado de transparencia, se responde a la exigencia ciudadana de que “trabajemos en una caja de cristal y saber exactamente en qué se va cada peso y cada centavo de los impuestos de la gente que eroga esta Cámara”. 

La importancia de esta normativa permitirá trabajar de manera abierta sin ocultar absolutamente nada y dará un nivel de escrutinio público mucho más minucioso del que se tenía. “La gente no quiere más dispendio, quiere ver que trabaje su recurso en beneficio de la propia sociedad”, enfatizó. 

Antes podíamos saber cuántos recursos se asignaban a cada grupo parlamentario, pero no se sabía en qué se gastaban. “Ahora lo podremos saber con toda precisión; cualquier ciudadano podrá hacer una solicitud de información pública a este respecto y habrá una unidad de transparencia que se encargue de dar respuesta”. 

Explicó que derivado del Sistema Nacional Anticorrupción, se tiene la obligación de reformar el marco legal interno de la Cámara de Diputados en materia de datos abiertos, de parlamento abierto.

El dictamen es la suma de un ejercicio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) apoyado en organismos académicos para poder enriquecer el proyecto, y de una iniciativa presentada también aquí. 

“Por eso aprobamos este Reglamento, con una dilación de más de un año, pero sale de consenso, lo cual es muy importante”.

Su presentación en el Pleno dependerá de las fechas que fijen la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política para incorporarlo a la sesión y confió en que “seguramente será este jueves o el próximo martes”. 

Posteriormente, a propuesta de Triana Tena, la Comisión aprobó erigirse en sesión permanente para analizar y votar dos proyectos de dictamen de reformas. Uno al artículo 46, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de verificación de quórum; y otro, que reforma y adiciona el mismo Reglamento en sus artículos 62, 6 y 76, en materia de agenda política, que “se tiene el compromiso de sacarlos lo antes posible”, así como “un cúmulo importante de proyectos sin votar”. 

Durante la reunión extraordinaria, se avaló el proyecto de dictamen que adiciona los numerales 3 y 5 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, para cambiar la denominación de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

También se aprobó modificar el artículo 177 numeral 3 para establecer la circulación por vía electrónica de propuestas de dictámenes entre los integrantes de una comisión. El documento señala que es necesario generar un cambio cultural y modificar las maneras de trabajo en la Cámara de Diputados.

“Significa la implementación de una moderna estrategia de eficiencia en la gestión documental, a través de intensificar y aprovechar la tecnología disponible”, y con ello se prevén reducciones significativas de recursos económicos y materiales. 

De igual forma, se avalaron cambios a diversos artículos del Reglamento de esta soberanía, para incluir la paternidad como justificación de inasistencia. 

Enseguida, el Pleno de esta comisión aprobó el decreto por el que se crea la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”, con la cual la Cámara de Diputados reconocerá en Sesión Solemne, preferentemente la primera semana de marzo de cada año, a la ciudadana que se haya distinguido por servir a la colectividad nacional y a la República, por sus actos en pro de la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. 

Se entregará una presea circular de oro, pendiente de un listón de colores patrios; llevará en la cara de anverso la efigie de Sor Juana Inés de la Cruz con la leyenda: “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón” (número de la Legislatura que entrega); y en la cara de reverso, el Escudo Nacional. 

Asimismo, se aprobó el Reglamento de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”, a fin de establecer los órganos, requisitos y procedimientos de su entrega por la Cámara de Diputados. 

Los diputados integrantes de la Comisión acordaron modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Plantean cambiar la denominación de su Título Sexto, que actualmente es “De la difusión e información de las actividades del Congreso”, para ser “De la participación cívica, difusión e información de las actividades del Congreso”. 

Establecer que el Congreso de la Unión organizará y coordinará el Parlamento, el cual se realizará por lo menos una vez por legislatura, los trabajos serán dirigidos intercaladamente entre ambas Cámaras, a través de sus respectivas comisiones ordinarias en la materia. 

Además, que la declaratoria final aprobada por los participantes del Parlamento de las Niñas y Niños de México, será dada a conocer por ambas Cámaras, que buscarán transformar este documento en trabajo legislativo.

El diputado Salvador García González (MC) promueve exhortar al Poder Ejecutivo a establecer la Secretaría del Migrante, con la finalidad de atender a las personas que, desde el extranjero, proveen de recursos para la manutención de sus familiares. 

La migración es un fenómeno mundial que incide en el desarrollo de los pueblos y la búsqueda de mejores condiciones de vida, lo cual alienta el desplazamiento de los seres humanos. 

Dijo que la existencia de países con mayores niveles de desarrollo estimula la movilidad de quienes viven en sociedades con precariedad económica, educativa, laboral, cultural y de seguridad, situación que les impulsa hacia donde existen mayores posibilidades de satisfacer sus necesidades y las de sus familias. 

Expuso que en las décadas de los 40 y 50, se originó en México un fenómeno migratorio, por la necesidad de mano de obra en los Estados Unidos al encontrarse inmerso en la Segunda Guerra Mundial y por lo cual sus ciudadanos estaban en el campo de batalla. 

La recepción de remesas enviadas por los connacionales benefició a la incipiente economía mexicana, vivía el proceso de industrialización; desde esa época, nuestro país ha tenido en esta fuente de ingresos la base y el sostenimiento de miles de familias. 

García González comentó que México se ha convertido en el origen de miles de ciudadanos que migran hacia el país del norte para obtener mejores condiciones de vida. 

En 2016, el valor de las remesas que recibió nuestro país desde la vecina nación ascendió a 26 mil 970 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 8.8 por ciento a tasa anual y el mayor incremento desde 2006. 

El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios, señala que la problemática que enfrentan los migrantes en su trayecto hacia EU “no es atendida de manera correcta debido a la carencia de recursos, violencia, robos o detención al cruzar la frontera”. 

La legisladora manifestó que la presencia de la comunidad migrante en la economía estadounidense es cada vez mayor, lo cual “está en proporción al número de mexicanos que se desplaza hacia el país del norte”. 

  • A 70 años de la creación de los primeros institutos de este tipo, la innovación y la ciencia han sido permanentes en la enseñanza, refiere 

La Cámara de Diputados, a través de su presidente, Edgar Romo García, reconoció, durante la sesión del Pleno, al Tecnológico Nacional de México (TecNM), por su aportación a la educación superior del país, a través de la investigación, la ciencia y la tecnología. 

Ese sistema formativo integral, precisó, atiende a una población escolar de más de medio millón de estudiantes de licenciatura y posgrado, por lo que representa un subsistema de los más sólidos. 

El TecNM, continuó, está constituido por 266 instituciones, de las cuales 126 son tecnológicos federales y 134 descentralizados; 4 centros regionales de Optimización y Desarrollo en Equipo; un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Afirmó que la evolución del sistema educativo ha permitido que la presencia de la innovación y la técnica sea permanente en la enseñanza. “Hoy contamos con este subsistema educativo en toda la República, el cual coordina los institutos tecnológicos descentralizados”. 

Destacó que luego de 70 años de operar los primeros tecnológicos de este tipo, el 23 de julio de 2014 se creó un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con autonomía técnica, académica y de gestión, y por  un decreto presidencial publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció el Tecnológico Nacional de México. 

Los primeros institutos surgieron en Durango y Chihuahua, como planteles de enseñanza y transmisión de conocimiento, valores y ligados al desarrollo nacional. 

Recalcó la incansable labor de los hombres y mujeres que han dado vida y permanencia al TecNM, a docentes e investigadores, autoridades y grupos sociales, quienes han participado en la construcción de toda esa red de instrucción tecnológica. 

Consideró que su creación es una verdadera apuesta por la vinculación del conocimiento con el desarrollo económico y científico. “Una apuesta por un modelo educativo de cara al Siglo XXI”. 

Finalmente, reconoció “a la institución de educación superior tecnológica más grande del país y hacemos votos por que continúe la consolidación de este modelo educativo”.

Previamente, Manuel Quintero Quintero, director general del TecNM, aseveró que alcanzar las grandes metas nacionales no serán posibles sin una educación de calidad y un desarrollo científico y tecnológico sustentable que favorezca la generación de conocimiento y de una industria propia y, por ende, una mayor independencia tecnológica y económica del país. 

Durante el foro “El Tecnológico Nacional de México: presente y futuro. Los Institutos Tecnológicos y su contribución a la ciencia, tecnología e innovación de México”, aseguró que para hacer frente a los desafíos en estos rubros, esa institución impulsa desde 2014 un programa para formar investigadores e ingenieros a nivel nacional, que los vincule con las necesidades del sector productivo para superar el rezago regional. 

Los avances se traducen en siete centros de investigación en diversos lugares de la República, dedicados a desarrollar nuevas tecnologías en los sectores automotriz, aeroespacial, agropecuario, telecomunicaciones, nanotecnología, nuevos materiales y ambiental.

Estimó que tendrán mucho éxito en los próximos años, porque se dota al TecNM de infraestructura tecnológica que le permita ser actor importante en el desarrollo del país. 

Agradeció el reconocimiento de la Cámara de Diputados al TecNM, por su aportación a través de 254 institutos tecnológicos al desarrollo de México, mediante el trabajo comprometido de miles de maestros, trabajadores y egresados. 

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputado Carlos Gutiérrez García (NA), afirmó que sin mediar colores partidarios, los legisladores se han esforzado para lograr un presupuesto acorde a las necesidades de desarrollo que tiene el sector.

“Tenemos ocho por ciento adicional para el presente año, gracias a la solidaridad y responsabilidad, lo cual deja un precedente para no dejar caer, en otras Legislaturas, el presupuesto que requieren los investigadores y las entidades”, afirmó. 

Reseñó la creación del TecNM y su relevancia como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión que ha destacado como una institución de excelencia, fortalecida con investigación y proyección social; aporta mucho a nuestro país, por lo que es necesario destinar más recursos para su infraestructura. 

Planteó la necesidad de estrechar vínculos con los sectores productivo, de servicios y público, y con la sociedad, a fin de optimizar las oportunidades que ofrecen la ciencia y tecnología para crear nuevos productos desde la academia y tener mayores oportunidades de transitar a una verdadera sociedad del conocimiento. 

Al inaugurar el foro, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador parlamentario de Nueva Alianza, resaltó lo invaluable en la aportación de la educación tecnológica al desarrollo del país a través de los años; recalcó que la comunidad técnica ha jugado un papel fundamental en la construcción de México. 

Superar los retos y desafíos que se tienen en ciencia, tecnología e innovación, depende del trabajo de las instituciones técnicas. Por ello, se reconoce la contribución del TecNM en este proceso, así como a los jóvenes egresados, apuntó. 

El diputado Luis Manuel Hernández León (NA), secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se pronunció por más y mejor presupuesto para la enseñanza superior en México, debido a que no se pueden desarrollar la ciencia y tecnología si los recursos se van reduciendo en términos reales. 

“No podemos ser un país de primer mundo y competitivo que pueda atender los rezagos de ayer y los desafíos del mañana, si abandonamos la ciencia y la técnica”, advirtió. 

Convocó a aprovechar el potencial de los institutos tecnológicos en todo el país, como el TecNM, que significan gran orgullo del sistema público de educación superior al atender a los jóvenes, que tienen esperanza en la preparación como cambio de vida. 

Del PAN, la diputada Eloísa Talavera Hernández dijo que “se debe continuar con la tarea de preparar a nuevas generaciones, con el propósito de que afronten los desafíos que se aproximan por los propios avances científicos. La formación en estas materias, nos da oportunidad de generar empleos y nuevas áreas de investigación”. 

Indicó que el gran reto que tiene México es mantener el avance en la innovación, a través de políticas públicas y decisiones que den resultados. En el Congreso, dijo, se deben aprobar iniciativas que fortalezcan el marco institucional a largo plazo, porque los cambios tecnológicos no se detienen y la legislación tiene que adaptarse al futuro para resolver nuevos problemas. 

También de Acción Nacional, Máximo García López, expresó su reconocimiento al TecNM, por su gran contribución a la educación del país. Hemos insistido en incrementar los recursos para la ciencia y tecnología; “la mejor herencia que podemos dejar a nuestros jóvenes, es la educación”. 

Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), afirmó que México transita hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento. “Por ello, tenemos que cerrar el circuito entre la ciencia básica-teórica y el desarrollo tecnológico, la  innovación y el sector productivo para generar un círculo virtuoso que vincule a instituciones tecnológicas en la cadena de conocimiento”.  

Señaló la buena oportunidad para el TecNM de vincular al sector empresarial en proyectos industriales, mediante el Programa de Incentivos Fiscales iniciado el año pasado, para promover la inversión de empresas en ciencia, tecnología e innovación. 

Explicó que las compañías presentan proyectos para ser evaluados por un comité integrado por varias dependencias públicas, y de resultar viable, se les otorga un crédito fiscal del 30 por ciento utilizable en los próximos 10 años, para apoyar la investigación. Con ello, los institutos tecnológicos se han convertido en socios de las empresas.

Señaló que en los últimos cinco años las becas en postgrado del TecNM se incrementaron en más del 25 por ciento, lo que se traduce en seis mil egresados que gozan de estos apoyos para proseguir sus investigaciones tecnológicas y de innovación, a fin de insertarlos a la industria.

El presidente de la Comisión de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor Gutiérrez Martínez, resaltó la colaboración de ese consejo con el TecNM, a través del impulso de programas como el de Células de Innovación y Educación Dual.

Destacó que esa contribución integra la capacidad de los jóvenes con ideas empresariales. “Son proyectos que impactan a miles de estudiantes y los prepara para nuevas competencias; además, es muy relevante que el Tecnológico sea la única institución que tiene presencia en todas las Zonas Económicas Especiales”.

El presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, José Alonso Huerta Cruz, afirmó que México requiere instituciones de educación superior con visión y capacidad de atender la demanda de conocimiento para generar mejores condiciones de desarrollo individual y colectivo. 

Añadió que las instituciones tecnológicas están llamadas a ser protagonistas del modelo de transformación que tiene que vivir el país, que requiere una visión más innovadora y de vanguardia como la del TecNM, la cual vincula su actividad al entorno productivo y social de sus regiones, para impulsar su desarrollo.

Salvador Orozco Fernández, director de Innovación en la Secretaría de Economía, señaló que existen diversos proyectos estratégicos de cooperación entre esa dependencia federal y el Tecnológico, que puedan tener un impacto en los sectores económicos.

Mencionó que en temas de fomento a la cultura, se trabaja con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y los tecnológicos, en programas como células de innovación, destinados a generar conocimientos y competencias en el talento humano.

Resaltó que el TecNM es una institución cercana a los sectores económicos con una vinculación efectiva con la industria y que entiende las necesidades de mercado. 

En el marco del foro, se inauguró la exposición “Muestra del Tecnológico Nacional de México historia, presente y futuro, y su contribución al desarrollo científico y tecnológico de México”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Asimismo, los diputados Carlos Gutiérrez García y Eloísa Talavera Hernández, y Manuel Quintero Quintero, director general del TecNM, firmaron la Carta Declaratoria San Lázaro, cuyo objetivo es establecer el compromiso de la Cámara de Diputados para coadyuvar a que la institución logre sus metas en el desarrollo tecnológico, investigación e innovación.

 

  • Realizan en San Lázaro foro “Igualdad de Género, un objetivo de desarrollo sostenible” 

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Carmen Salinas Lozano (PRI), afirmó que ante los retos que enfrentan muchas comunidades del país, es fundamental terminar con las ideas paternalistas y discriminatorias, y resaltó la necesaria participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. 

En el foro “Igualdad de Género, un objetivo de desarrollo sostenible”, consideró que no es posible aspirar a vivir en un México justo, si no se ofrece el mismo acceso de las mujeres no sólo a la educación y salud, sino al trabajo en igualdad de condiciones a los hombres. 

Subrayó la importancia de la contribución de esta población en temas políticos y económicos a sus entidades y que, además, su colaboración no se entienda como “una graciosa dádiva”, sino como una condición indispensable para el progreso social. 

Estimó que frente a los embates de los actuales modelos de desarrollo, se deben encontrar soluciones que permitan la mejora de las comunidades y garanticen que ese desarrollo sea compatible con la igualdad de género. 

Salinas Lozano hizo votos por que las generaciones futuras logren concretar el objetivo de integrar una sociedad más justa, que respete y promueva la equidad. 

“Cada quien debe asumir sus responsabilidades, pero sin discriminación ni abuso de poder, pues la única esperanza para lograr un mejor mundo es lograr el equilibrio de oportunidades entre mujeres y hombres”, concluyó. 

Entre los objetivos del foro está el promover los principios de no violencia, a través de la incorporación de actitudes de equidad y no discriminación; así como fomentar la cooperación de las mujeres en la vida política del país y proponer alianzas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en materia de erradicación de la violencia. 

También se plantea visibilizar la violencia contra las mujeres, con rasgos de género; difundir aspectos básicos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y examinar sus derechos humanos. 

En el foro se trataron los temas Igualdad de Género en los objetivos de Desarrollo Sostenible; Institucionalizar la perspectiva de género en el ámbito laboral; Violencia política contra las mujeres con rasgos de género, y Dependencias: a dónde acudir en caso de violencia, discriminación, abuso, acoso y hostigamiento. 

Las ponencias estuvieron a cargo de las consultoras independientes en temas de igualdad de género Aranzazú Flores Castellanos, Rocío Suárez López, Nora García Jiménez y Verónica Hernández Guadarrama, quienes coincidieron en que la violencia contra las mujeres obstaculiza su participación en el servicio público, lo cual afecta no sólo a la víctima, sino que además funciona como un dispositivo de discriminación para otras mujeres. 

Plantearon trabajar en estrategias para lograr la institucionalización de la perspectiva de género, a través de políticas transversales y el empoderamiento de las mujeres.

 

 

  • Cada día se denuncian de dos a tres casos de acoso sexual en su contra en el transporte público capitalino: Villa González

 

  • La mitad de las mujeres de la Ciudad de México han sido violentadas en espacios públicos

 

La secretaria de la Comisión de Transportes,  diputada Concepción Villa González (Morena), propuso exhortar al jefe de gobierno de la Ciudad de México y al mandatario del Estado de México, así como a sus secretarios de Movilidad, a que se coordinen para instrumentar medidas de prevención y seguridad en puntos con altos índices de delincuencia, a fin de que las mujeres tengan un tránsito eficiente y seguro.

 

        En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Igualdad de Género, con opinión de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, la legisladora precisó que la inseguridad en el transporte público es una constante, principalmente en la Zona Metropolitana, donde se tiene el mayor índice de asaltos y se presentan delitos como acoso sexual y violación a mujeres.

 

        Refirió que las conductas denunciadas van desde tocamientos, palabras obscenas, insinuaciones sobre el cuerpo o la apariencia, acosos, intimidación, amenazas con fines sexuales, exhibición de genitales, miradas lascivas e incómodas al cuerpo de las mujeres, persecución y toma de fotografías o video sin el consentimiento de la persona.

 

        Villa González mencionó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), diariamente se denuncian de dos a tres casos de acoso sexual en el transporte público en la Ciudad de México, sin considerar que muchos no son denunciados por falta de información, miedo o represalias.

 

        Tan sólo en 2017, fueron abiertas alrededor de 208 carpetas de investigación por delitos sexuales en el transporte público capitalino. Las infracciones más comunes: palabras ofensivas, tocamientos, exhibición de genitales y violaciones.

 

        Denunció que la mitad de las mujeres que habitan en la Ciudad de México han sido violentadas en espacios públicos. Mediante la recopilación de datos de la Procuraduría capitalina y de encuestas del INEGI, Instituto de las Mujeres, ONU Mujeres y El Colegio de México, se demostró que de las mujeres que han usado el transporte de la capital, un 93 por ciento sufrió miradas lascivas; ocho de cada 10 padecieron chiflidos o, incluso, acercamientos desmedidos y 65 por ciento respondió que les recargaron el cuerpo.

 

        Además, continuó, ocho de cada 10 que sufrieron alguna agresión en el transporte público, viajaban solas. El problema de la violencia en espacios públicos, se da con mayor frecuencia en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, porque ciertas personas aprovechan la aglomeración para robar o realizar acercamientos indebidos, de acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG).

 

        La diputada de Morena externó que el diagnóstico identificó los principales “hot spot” o puntos de ataques sexuales, en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Las violaciones tienden a ocurrir en las cercanías de las líneas del Metro; las estaciones que presentan la mayor incidencia son Pino Suarez, Balderas, Pantitlán, San Lázaro y Tacubaya.

 

        Lamentó que, en el actual sistema de justicia penal, el delito de acoso sexual no amerita prisión preventiva, la cual únicamente la ordena un juez en los casos de crimen organizado, homicidio doloso, violación y delitos cometidos con arma de fuego, entre otros.

 

        El panorama del transporte público en la Ciudad de México y en el Estado de México, se visualiza inseguro y deficiente, tanto para hombres como para mujeres, por lo que resulta obligatorio generar soluciones viables en breve plazo, “porque la población crece y con ella la necesidad de movilizarse de una manera segura”, subrayó.

 

        Concepción Villa indicó que, a pesar de las inversiones millonarias en el transporte público del Estado de México, como la construcción del Teleférico y la línea 4 del Mexibús, se tiene que garantizar seguridad a los usuarios, especialmente a las mujeres.

 

        “La falta de educación, el menosprecio por el sexo femenino, el machismo y el desinterés de las autoridades por castigar el delito, provocan que la mayoría de las mujeres que utilizan el transporte público de la entidad mexiquense hacia la Ciudad de México, o viceversa, para trasladarse a realizar sus actividades cotidianas de trabajar y estudiar, por ejemplo, sean acosadas sexualmente”, apuntó.

 

        Aunado a ello, expuso, los asaltos a mano armada a bordo de las unidades de transporte se han incrementado y cada vez deja mayores pérdidas materiales y humanas.

 

        Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado vecino, las rutas más peligrosas se ubican en vialidades como Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Luis Donaldo Colosio, Adolfo López Mateos, Vía Morelos y en los municipios de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Coacalco y Tultitlán.

 

        Por ello, consideró fundamental que la CDMX y el Estado de México se coordinen para instrumentar más medidas de prevención y seguridad para garantizar a las mujeres una movilidad eficiente y segura.

 

  • A quien ingrese sin autorización a terrenos de juego y agreda o cause daños se le sancionará con 90 a 150 días de multa

 

  • Aquellos que participen en riñas, se les impondrá infracción de 100 a 180 días

 

  • También avalan ingreso gratuito a estadios para menores de dos años

 

La Comisión de Deporte, que preside el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor (PRI), aprobó dictamen que establece aumentar las sanciones económicas a quienes realicen actos vandálicos y fomenten la violencia en los recintos deportivos. 

        El documento plantea reformar los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Señala que a los aficionados, asistentes o espectadores en general, que reincidan en actos vandálicos se les impondrá una multa de 100 a 200 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción. 

        De igual manera, quien lance objetos contundentes que por sus características pongan en riesgo la salud o la integridad de las personas será sancionado con 30 a 90 días de multa. 

En tanto, quien ingrese sin autorización a los terrenos de juego y agreda a las personas o cause daños materiales, afrontará una multa de 90 a 150 días. 

Además, a quien participe activamente en riñas, se le impondrá de 100 a 180 días de sanción. 

Con estas reformas los integrantes de la Comisión de Deporte pretenden salvaguardar la integridad de las personas que asisten a estos eventos y erradicar las conductas delictivas y faltas administrativas dentro de los estadios deportivos. 

Los legisladores coincidieron que en las sanciones vigentes y la gravedad de los daños que conllevan los actos de violencia en los eventos, no son equivalentes ni inhiben en forma contundente la realización de las conductas que se pretenden eliminar. 

Añadieron que con estas reformas se podrá ser mucho más rígido y exigente en la construcción de una conciencia comunitaria pacífica, a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los espacios deportivos y con ello garantizar la seguridad, pero sobre todo la tranquilidad de los espectadores y atletas de alto rendimiento. 

Los diputados también avalaron dictamen que reforma los artículos 5, 19, 21 y 14 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de estipular que cobrará el acceso de los aficionados a partir de los dos años de edad; en este caso, el menor de esta edad no tendrá derecho a asiento y sólo podrá acceder cuando vaya en compañía de un mayor de edad. 

Esta modificación normativa pretende reconocer a niñas, niños, su interés superior y garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos. 

La propuesta enviada por el gobierno de Nuevo León, también  plantea que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte haga valer el cumplimiento de la ley en la materia y de las demás disposiciones aplicables que le compete.

 

 

 

         El Pleno cameral avaló las licencias por tiempo indefinido de ocho diputadas y diputados durante su sesión ordinaria: una del PRI; cuatro del PAN y tres del PRD, para separarse del cargo federal en la LXIII Legislatura. 

        Los legisladores son: Érika Irazema Briones Pérez (PRD-Distrito 2, San Luis Potosí), Rubén Alejandro Garrido Muñoz (PAN-Distrito 5, Puebla), José Santiago López (PRD-Distrito 20, Estado de México) y Román Francisco Cortés Lugo (PAN-Distrito 15, Estado de México), 

        Javier Antonio Neblina Vega (PAN-Distrito 3, Sonora), Victoriano Wences Real (PRD-Distrito 5, Guerrero), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (PRI-Distrito 5, Sonora) y Francisco Ricardo Sheffield Padilla (PAN-Distrito 3, Guanajuato). 

        Además, rindieron protesta de ley como diputados federales e integrantes de la LXIII Legislatura los ciudadanos Ariel Burgos Ochoa (PRI-Distrito 5, Sonora) y Allan Michel León Aguirre (PAN-Distrito 3, Guanajuato), en sustitución de los legisladores con licencia Héctor Ulises Cristopulos Ríos (PRI) y Francisco Ricardo Sheffield Padilla (PAN), respectivamente. 

        La Mesa Directiva informó de la reincorporación a los trabajos de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados de David Jiménez Rumbo (PRD-5ta Circunscripción, Estado de México).       

  • Propósito fundamental es garantizar el ejercicio transparente del gasto público

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, afirmó que el nombramiento de David Colmenares Páramo como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de fortalecer la transparencia, es un paso fundamental para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

El legislador reconoció el consenso logrado por los grupos parlamentarios que hizo posible la designación, a partir del diálogo como la herramienta más efectiva para sacar adelante temas vitales para el país.

“Es encomiable el nivel de madurez política y conciencia social que mostraron los diputados en general al ejercer su voto, sin ataduras a intereses partidistas ni de grupo”. 

Explicó que este nombramiento resulta transcendental en el proceso para garantizar el ejercicio transparente de los recursos públicos ante los ojos de los ciudadanos. 

“Hemos mandado un mensaje contundente de que la Cámara de Diputados está comprometida con el combate al grave flagelo que significa la corrupción”, comentó. 

Consideró que el nuevo auditor tendrá la gran responsabilidad de fiscalizar puntualmente todos los recursos públicos, sin tomar posturas partidistas o políticas. 

“El mayor revisor del erario nacional deberá conducirse de manera autónoma e imparcial, a fin de cumplir cabalmente con su mandato constitucional”, subrayó el diputado presidente. 

Destacó el perfil de David Colmenares Páramo y confió en que desempeñará su cargo de forma ejemplar. “Es un servidor público capaz y con la experiencia que requiere cuidar el destino del dinero de todos los mexicanos”. 

Romo García reafirmó su compromiso por continuar el fortalecimiento del andamiaje jurídico que consolide el SNA, pues aseguró que sólo a través de la formulación y, sobre todo, el cumplimiento de las leyes, se podrá hacer frente al descrédito del servicio público originado por la corrupción. 

Finalmente, el diputado Edgar Romo destacó el trabajo de la Comisión de Vigilancia de la ASF, al haber integrado una terna, sin duda, con los mejores candidatos, y de entre quienes surgió el nuevo Auditor Superior de la Federación que fungirá hasta el 2025.

La Cámara de Diputados designó a David Rogelio Colmenares Páramo nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y rindió la protesta de ley para ocupar el cargo en el periodo 2018-2025, luego de obtener mayoría calificada de 377 votos.

El presidente del órgano legislativo, Edgar Romo García, enunció que en virtud de haber alcanzado la votación por mayoría calificada de los miembros presentes de esta soberanía, la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, párrafo Sexto de la Constitución Política, declara que se ha designado a David Rogelio Colmenares Páramo como Auditor Superior de la Federación, por un periodo de ocho años, a partir de esta fecha y hasta el 14 de marzo de 2025.

A continuación, el diputado Romo García pidió que se diera formato de decreto y se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

La votación de la terna, realizada por cédula, arrojó 377 sufragios en favor de David Rogelio Colmenares Páramo, 5 para Salim Arturo Orcí Magaña, ninguno para Ángel José Trinidad Zaldívar y 64 nulos. 

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Luis Maldonado Venegas, subrayó que la integración del documento se basó en el artículo 84 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que precisa términos, requisitos, método y procedimiento para integrar la terna de aspirantes. 

“Nunca estuvo al arbitrio de la comisión añadir, modificar o innovar los elementos de procedencia y trámite del proceso. Estuvo acotada en todas sus acciones a lo dispuesto por la Ley. La comisión se esmeró en brindar máxima inclusión, difusión y transparencia al proceso”. 

Todas las sesiones fueron públicas y transmitidas en tiempo real a través del Canal del Congreso, se creó una página electrónica en la que por primera ocasión se incorporaron datos de los participantes sustentados con la documentación pública que los avaló; además, se dio cuenta oportuna de los acuerdos, etapas y resultados progresivos del procedimiento. 

Refirió que la Ley concedía facultad de entrevistar selectivamente a candidatos; sin embargo, la instancia dio oportunidad a todos los participantes; es decir, a los 41 inscritos, quienes comparecieron en igualdad de tiempo y circunstancias.

“Todos respondieron al escrutinio de los legisladores sobre su preparación, trayectoria, experiencia, posibles conflictos de interés o cuestionamientos a su desempeño autónomo en cargos ejercidos”.

Los aspirantes presentaron propuestas y acciones inmediatas para afrontar los retos de la ASF, y sus amplias atribuciones de fiscalización para contrarrestar los fenómenos de la corrupción y la necesidad de generar que el quehacer gubernamental sea cada vez más eficaz. 

La Comisión de Vigilancia siempre tuvo presente que la ley exige mínimo 10 años de experiencia en el ejercicio de la materia sustantiva del cargo, como funciones de auditoría, control y gestión de recursos públicos federales.

Por lo anterior, reflexionó si ¿es posible cumplir con ese requisito sin haber servido en estas tareas a gobiernos de distintos órdenes? La respuesta es, que siendo la fiscalización una función de servicio público, necesariamente está inserta en órganos de gobierno o, en su caso, en instancias de control legislativo federal o estatal. 

Maldonado Venegas destacó que los integrantes de la terna, en los últimos 10 años de su actuación pública, han prestado servicio en órganos autónomos, sin que en el ejercicio de sus funciones se les hayan comprobado actos de parcialidad. Resaltó que los 3, voluntariamente, presentaron su declaración 3 de 3, y un ensayo sobre su visión del futuro de la ASF. 

“Estamos seguros de que la decisión tomada será trascendental en la vida democrática del país. No obstante, que la ASF es un órgano con autonomía técnica y de gestión, es parte inherente y esencial del Legislativo”. 

Agregó que en términos de la ley, se invitó a organizaciones civiles e instituciones académicas a postular perfiles idóneos para inscribirlos en el proceso, aunque ninguna institución mostró interés alguno en proponer candidatos. 

Asimismo, se convocó con carácter de observadores a organismos ciudadanos con prestigio como Fundar; Centro de Análisis e Investigación A.C; Artículo 19; México Evalúa; Transparencia Mexicana; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, quienes elaboraron preguntas para los postulantes.

 

        *Regida por principios como la transparencia, imparcialidad y máxima publicidad, puntualiza la diputada

        La diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente (PRI) presentó una iniciativa suscrita también por el PVEM y Nueva Alianza, para expedir la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos, a fin de garantizar que el gasto en esta área cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

        El documento, remitido a las comisiones de Gobernación para su análisis y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, busca reglamentar el modelo de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. 

        Precisa que en  el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los Entes Públicos deberán atender al respeto a la libertad de expresión y al fomento del acceso ciudadano a la información; y deben contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetar la diversidad social y cultural de la nación.

        Señala que no se podrán difundir Campañas de Comunicación Social cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales; inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico,  e induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.

        En el capítulo de Transparencia y Rendición de Cuentas, se indica que los entes públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de internet, los montos destinados a gastos relativos a Campañas de Comunicación Social desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación aplicable. 

        Asimismo, cada uno de los Entes Públicos incorporará un informe semestral sobre el gasto en publicidad oficial en su portal de transparencia, que por lo menos contenga: presupuesto asignado a Campañas de Comunicación Social; proveedores; contratación concertada hasta el momento, con número de contrato, y pago realizado a los Medios de Comunicación.

 

Ampliar plazo para solicitar réplica ante un medio de comunicación

 

        La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez e integrantes del PVEM, plantearon reformar el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política, con el objetivo de que la persona que desee ejercer el derecho de réplica, presente la información que se desee rectificar o responder, en un plazo no mayor a 12 días hábiles, y no cinco como está actualmente. 

        La iniciativa, remitida a la Comisión de Gobernación, señala que la reforma “se alinea dentro de un modelo equilibrado que crea condiciones para permitir una corrección oportuna de la información frente a un régimen de corrección constante que rayaría en el acoso y el silenciamiento de los medios”.

 

 

       Por Nancy Rodríguez

  • En México, 60 por ciento de las familias ya no sigue el modelo tradicional
  • Se lleva a cabo en San Lázaro el foro “Las Familias Mexicanas frente a los Procesos de Cambio Social en el Siglo XXI”

El diputado Jesús Zambrano Grijalva (PRD) sostuvo que el 60 por ciento de las familias en el país ya no sigue el esquema tradicional conformado por madre, padre e hijos, por lo que propuso replantear su concepción, con el propósito de velar por los derechos de los nuevos modelos.

Al inaugurar el foro “Las Familias Mexicanas frente a los Procesos de Cambio Social en el Siglo XXI”, apuntó que la modificación de su concepto es oportuna, pues no es una institución estática, sino cambiante.

Expuso que el núcleo familiar es un factor que coadyuva a la transformación de la sociedad, al ser el espacio donde se fomentan las creencias, costumbres y valores que forjan a las personas, al igual que la escuela y las relaciones sociales.

Destacó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refiere que en el 2016 se contaba con 32.9 millones de hogares, en los que el tamaño promedio era de 3.7 integrantes, mientras que en entidades como Guerrero y Chiapas es de cuatro miembros.

Este organismo señala también que del total de los hogares, 56.2 por ciento son biparentales (la presencia de ambos padres), el 17.1 son monoparentales (sin presencia de uno de los padres) y el 26.3 por ciento de las familias no tienen hijos.

El diputado Arturo Bravo Guadarrama (PRD) coincidió en que la institución familiar ha cambiado su estructura; por ello, es necesario replantear este concepto, a fin de que todas sus modalidades sean respetadas, valoradas y reconocidas por las leyes.

Sostuvo que el fortalecimiento del núcleo de la sociedad  permitirá una nación más justa e igualitaria.

Apuntó que, de acuerdo con un estudio del 2017, elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM), en el país existen 11 tipos de familias, divididas en tres grupos: la tradicional, de transición y la emergente. 

Manifestó que la tradicional representa el 50 por ciento de los hogares a nivel nacional; el 42 por ciento a la de transición, la cual está conformada por madres o padres solteros o no hay hijos, y el resto a las emergentes, es decir, parejas del mismo sexo.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Cristina Gaytán Hernández (PRD), afirmó que para que exista una sociedad plural y justa se debe dejar de pensar que quien es diferente tiene que ser acallado y no puede tener los mismos derechos.

Expresó que los legisladores están comprometidos a velar por los derechos de las familias plurales, toda vez que el esquema tradicional ya no es el que le da vida a México.

“Hay familias que luchan cada día por salir adelante como todas y, además, cargan con el estigma de una sociedad que no les permite vivir sus derechos plenamente”.

Ante este panorama, apuntó, “se continuará levantando la voz, desde el Congreso de la Unión y los diferentes espacios, para manifestar la necesidad de que los derechos de todos los modelos de familia sean ejercidos y respetados por todos los servidores públicos”.

La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Hortensia Aragón Castillo (PRD), mencionó que el concepto de la familia es un tema vedado y excluido por las agendas políticas, lo cual no es posible, ya que no debe haber límites a la libertad de expresión.

“Hablar de las familias es tan revolucionario como debatir sobre la democracia en la década de los años ochenta, pues se busca que se visibilice a  las otras familias, las compuestas del mismo sexo”.

La diputada indicó que con la actualidad es fundamental que se aborde este asunto con el propósito de evitar la exclusión y la intolerancia.

En su participación, José Antonio Medina Trejo, secretario Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la visión conservadora del concepto de la familia ha permeado en las instituciones. Ha influido a que las políticas públicas posean una visión de madre, padre e hijos, excluyendo a aquellas que salen de este contexto, aseguró.

Se congratuló de que el Poder Legislativo atienda a las familias que están configuradas de diversas formas, y que busque estrategias que responden a las nuevas necesidades de la sociedad.

 “Es momento de escuchar a los académicos, investigadores, expertos, a fin de llegar a una propuesta que incida en las políticas públicas que beneficie a la ciudadanía pluridiversa y con ello exista un cambio verdadero”, indicó.

Refirió que las familias son la célula básica de la sociedad; por lo tanto, agregó, no se debe reducir a un espectro, pues esto no corresponde a la realidad actual.

Posteriormente, se realizaron mesas de análisis en las que se abordaron el “Estudio y conceptualización de la familia: planteamientos teóricos y realidades diversas”, “Las familia mexicanas y los cambios socioculturales y políticos del Siglo XIX” y “Avances y retos para la diversidad familiar en México”, donde participaron académicos y especialistas.

La Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal iniciativa que deroga el segundo párrafo de la fracción II del artículo 24 y el 25 de la Ley del Servicio Militar, con lo cual se busca prohibir el reclutamiento voluntario del servicio militar a menores de 18 años.

 El documento enviado a la Comisión de Defensa Nacional precisa que para afianzar el compromiso con los derechos de la infancia, es conveniente dar cumplimiento a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño (CRC por sus siglas en inglés), y eliminar de la legislación la posibilidad de que los menores de 18 años realicen el servicio militar, a efecto de homologar el marco legal castrense con la normativa internacional sobre la materia.

 Refiere que el 7 de septiembre de 2000, el gobierno de México suscribió el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los menores en conflictos armados, ratificado el 11 de diciembre de 2001, y que destaca la necesidad de mejorar su situación sin distinción y procurar que se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad, así como aumentar su protección para evitar que participen en conflictos armados.

 Se plantea derogar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar, el cual establece que se admitirán menores de 18 años y mayores de 16 años de edad en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado que no deba de exceder de 5 años. Ello, en virtud de que las convocatorias vigentes de admisión al sistema educativo militar prevén como requisito de ingreso tener 18 años cumplidos.

 También se propone derogar el artículo 25 de la misma ley, el cual establece que se puede obtener el anticipo de la incorporación en activo de los mexicanos mayores de 16 años, por razón de estudios o viaje al extranjero, en la época que reglamentariamente les corresponda prestar servicios.

De esta forma, con el propósito de que el Estado mexicano cumpla con el principio del interés superior de la niñez y con la recomendación del CRC, se pondría fin al anticipo de la incorporación al servicio militar para los niños de 16 y 17 años de edad que podían solicitar conforme a sus intereses, y consecuentemente se aumentaría la edad mínima para el reclutamiento voluntario a 18 años.

 

  • Proponen instaurar el 28 de abril como Día Nacional de la Herbolaria y de la Medicina Tradicional
  • Del total de la población mundial, 60 por ciento recurre a esta práctica para procurar su propia salud: OMS

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (Morena) destacó la necesidad de reconocer el valor cultural, medicinal y económico que tienen las plantas medicinales para nuestro país, especialmente porque México ocupa el segundo lugar mundial en riqueza de especies, con cuatro mil 500, por debajo de China que tiene cinco mil. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 60 por ciento de la población mundial sigue utilizando la herbolaria para procurar su propia salud además de que un alto porcentaje de los productos farmacéuticos utilizados hoy en día, proviene de productos vegetales.

Enfatizó que el conocimiento de las plantas medicinales y los productos naturales son fruto de información tradicional acumulada por varias generaciones y representa un patrimonio de los mexicanos, el cual debe fluir hacia el pueblo, con beneficio económico y en salud.

Por lo anterior, la legisladora impulsa una iniciativa para decretar el 28 de abril como Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional, debido al valor que representa esta práctica para México y su población, no solo como opción terapéutica, sino también por la importancia económica para la cadena productiva, y por el acervo cultural que representa. 

La fecha propuesta se basa en que ese día es el natalicio del rey Acolmiztli Nezahualcóyolt en 1402, quien fue el fundador del primer centro de cultivo y estudio de plantas medicinales en el cerro de Tezcutzingo, Texcoco. 

La iniciativa argumenta que el empleo de las plantas con fines medicinales es probablemente tan antiguo como el hombre mismo, pues a lo largo de la historia, en el terreno de la curación de enfermedades, los recursos naturales más socorridos han sido los provenientes del reino vegetal. 

“Al paso del tiempo, cuando se fueron creando las culturas y las civilizaciones, estos elementos terapéuticos no desaparecieron, sino que fueron arraigando cada vez más en sus costumbres, casi siempre utilizando las plantas que se encontraban en las regiones que los circundaban”. 

Las plantas medicinales son de los vínculos más directos que pueden existir entre la medicina empírica del pasado y la farmacología; existen indicios de que la herbolaria medicinal prehispánica ha sido tradicionalmente estudiada sin tomar en cuenta lo que en el fondo representa, abunda la propuesta. 

Prueba de ello, agrega, son los diversos jardines destinados a sus mandatarios, como el del Molino de las Flores en Texcoco, perteneciente a Nezahualcóyotl y considerado el primer jardín botánico del Anáhuac (1430, o el de Moctezuma Ilhuicamina en Huaxtépetl (Oaxtepec) y, por supuesto, el de Moctezuma Xocoyotzin, cuyo esplendor ha trascendido la barrera del tiempo en el mismo Bosque de Chapultepec. 

El texto precisa que el 19 de septiembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en torno a la atención a la salud de la población indígena y al reconocimiento de la Medicina Tradicional Indígena, artículo 6, fracción VI Bis. 

 

·        Impulsa iniciativa para reconocer ese vínculo que aliente políticas públicas que equilibren convivencia, afirmó

·        Se realizó foro “Defendiendo una Agenda para Impulsar el Balance Trabajo-Familia en México”, en San Lázaro

 

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN), secretaria de la Mesa Directiva, se pronunció por reconciliar la vida laboral con la familiar, con el propósito de reconstruir el tejido social del país. Por ello, impulsa una iniciativa para reconocer en México el balance trabajo-familia en la Ley Federal del Trabajo.

 

Durante el foro “Defendiendo una Agenda para Impulsar el Balance Trabajo-Familia en México”, organizado por la Cámara de Diputados, la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), el Instituto Municipal de la Familia (Infamilia) y la Alianza por la Igualdad, la legisladora estimó que antes del 30 de abril será aprobada esta propuesta, para sentar las bases de una más equilibrada convivencia entre jornada de trabajo y atención a la familia.

 

Esta iniciativa, explicó, es apoyada por las ocho fracciones parlamentarias integrantes de la Mesa Directiva, lo cual patentiza la importancia de convertir la inquietud de la sociedad civil organizada en un instrumento jurídico.

 

Los objetivos: lograr el reconocimiento del balance trabajo-familia a través de reformar la Ley Federal del Trabajo, para vincular responsabilidades familiares con la jornada laboral en los sectores económico, empresarial y social.

 

Promover y colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para aumentar la certificación de las empresas familiarmente responsables, concepto que se desconoce y requiere difundirse, para tener un nuevo enfoque del trabajo que reconcilie la jornada laboral con la atención y cuidado de los integrantes de la familia, es otro aspecto fundamental.

 

Refirió que “se instalaron muchas maquiladoras en diferentes zonas fronterizas del país que crearon fuentes de empleo para muchas mujeres, pero olvidamos que ellas tenían hijos pequeños que se quedaban en casa y requerían atención, cuando en realidad estaban en la calle y se convirtieron en banquete de la delincuencia”.

 

Reynoso Sánchez apuntó que para impulsar el balance entre trabajo y familia, no sólo es necesario realizar reformas a la Ley Federal en la materia, sino capacitar a los empleados en todos los sentidos para que logren su desarrollo integral, familiar, individual y profesional.

 

Es pertinente evaluar si realmente las personas están educadas para el Teletrabajo o  trabajo desde casa, es decir, ¿se tiene la disciplina para respetar los tiempos?

 

Si los trabajadores son más productivos y contentos con lo que hacen, las empresas se ven beneficiadas y eso se reflejará en sus índices de crecimiento.

 

“Si logramos esta conciliación los resultados se reflejarán en la cohesión de la familia, la comunidad, la seguridad y la educación, ya que cuando una familia está bien, la sociedad está bien, y una ciudad y el país estarán mejor”, precisó.

 

“Tenemos que reencontrarnos como familia y comunidad, a través de conciliar la vida familiar con las actividades laborales y sociales. Hacer equipo con la sociedad para rescatar lotes baldíos y convertirlos en espacios comunes que transformen la vida y estilo en que viven las familias”.

 

Destacó la importancia de la participación ciudadana organizada en este proceso de cambio para equilibrar el trabajo con el cuidado de los integrantes de la familia, que es un gran desafío. Es indispensable que los padres de familia enseñen a sus hijos el valor del trabajo, del esfuerzo y del respeto, para que ellos aprendan a realizar sus actividades con un enfoque de unidad.

 

En el panel “Acciones para promover el balance trabajo-familia”, la diputada Cecilia Romero Castillo (PAN) dijo que son importantes las aportaciones que se hagan desde el Ejecutivo, el Legislativo y las organizaciones de la sociedad civil, porque se trata de un tema cultural.

 

“El punto es que no pensemos que con hacer modificaciones a las leyes se va a resolver el problema, se trata de una aportación multidisciplinaria, esto es lo que seguramente ayudará. Por ello, la importancia de tomar en cuenta todas las expresiones y la realización de este tipo de foros”, acotó.

 

La subdirectora para la Igualdad Laboral de las Mujeres, de la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Amelia Escartín Rodríguez, sostuvo que la Ley Federal del Trabajo “no visibiliza las necesidades actuales de las mujeres, cuando ya tienen una actividad mucho más representativa”.

 

Comentó que la Secretaría del Trabajo realizó un estudio sobre la situación real de las personas trabajadoras en el campo formal e informal, donde las mujeres predominaron en esta última esfera, porque les permite tener mayor flexibilidad de horarios.

 

La Secretaría del Trabajo, informó, lanzará una campaña en el tema, a fin de tener un mayor acercamiento con las personas y darles a conocer leyes y convenios que garanticen el respeto a sus derechos laborales.

 

La consejera del Instituto Nacional de las Mujeres y académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Diana Ibarra, resaltó que de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2016, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en México existe una disparidad del poder adquisitivo entre mujeres y hombres de 52 por ciento.

 

“Esto es tremendo”, señaló, porque demuestra que las mujeres trabajan mucho y se les paga poco, aunado a las labores en casa que no son remuneradas. “Las mujeres tienen que aceptar trabajos con menores responsabilidades que les permitan tener tiempo para atender a sus hijos, lo que quiere decir que no sólo tienen que medir horas en el trabajo, sino cuánto pagan por ello”.

 

La directora general del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro, Nuevo León, Dalila Ibarra de Vázquez, mencionó que siendo la familia una institución tan importante, es fundamental impulsar una perspectiva donde las políticas, leyes y planes de gobierno tomen como referente el tema del fortalecimiento y protección de la misma, sobre todo en sectores pobres y marginados.

 

Hablar de un equilibrio sano entre el trabajo y la familia, consideró,  aumenta el compromiso con nuestra realidad porque se trata de hablar de la vida en relación a la familia y a las personas que forman parte de ella en todas sus dimensiones.

 

Montserrat López, directora del Instituto de la Familia de Durango, resaltó la necesidad de proteger el balance trabajo-familia porque cada vez más hay más mujeres jefas de familia. En promedio a nivel nacional el 27.6 por ciento de los hogares, uno de cada tres, los encabeza una mujer. Conforme se han incorporado al mercado laboral se ha generado más productividad y riqueza al país; sin embargo, los hijos se quedan a cargo de otra persona.

 

Además, ocupa cuatro horas diarias más a labores no remuneradas, trabajando más que los varones, en la atención a niños y adultos mayores.

 

Ante esta realidad “es necesario atender el equilibrio trabajo-familia porque hay cambios importantes en la dinámica de los hogares; además los mexicanos son los que más horas trabajan a la semana, lo que ubica al país en este aspecto en el lugar 37 de 38 según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

“No es para enorgullecerse, porque  en promedio al año se laboran dos mil 246 horas, por encima del promedio de mil 766 horas de la OCDE; Alemania reporta mil 300 horas anuales por trabajador”, lo cual no ha elevado la productividad ni la satisfacción de las personas con la vida que tienen.

 

En México, los trabajadores tienen doce horas en promedio para el ocio o descanso, ocupando de nuevo el lugar 37 de 38, de acuerdo a la OCDE, además del promedio de dos horas en el traslado al trabajo.

De la Red Familia, organización que incorpora diversas instituciones de la sociedad civil, Juan Antonio López precisó que en el tema de balance trabajo-familia deben estar involucrados investigadores y sociedad civil, para que impulsen una agenda desde la opinión pública; el Legislativo para que genere leyes que ayuden a crear incentivos en la materia, y el Ejecutivo para la creación de políticas públicas.

 

En el segundo panel denominado “Prácticas exitosas que favorecen el balance trabajo-familia” se dijo que los buenos hábitos laborales dentro de las empresas son aquellos que duran en el tiempo, son comprobables, demostrables, tienen impacto y generan beneficios en el ámbito laboral. Siempre serán innovadores y creativos.

 

Los panelistas señalaron que las empresas exitosas implementan políticas y acciones que benefician al trabajador. Estas son: horarios flexibles; trabajo de no más de nueve horas; los empleados tienen derecho a un día libre al mes con goce de sueldo; los viernes son home- office, es decir no van a la oficina; no hay hora de entrada, pero sí hay hora de salida. “No son horarios, son objetivos, se administra de acuerdo a los objetivos de la empresa”.

Página 1 de 2