Ley de Austeridad para la Ciudad de México, se presentó en el pleno del Congreso capitalino.

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  • La diputada de Morena, María Guadalupe Morales Rubio, apuntó que esta iniciativa pretende acabar de raíz todo símbolo de ostentación en el servicio público

“Acabar de raíz todos los símbolos de ostentación que han lastimado el servicio público”, dijo la diputada local, María Guadalupe Morales Rubio, al presentar, ante el Pleno del Congreso, la iniciativa de  la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. 

La legisladora de la Fracción Parlamentaria de MORENA propuso al mismo tiempo, abrogar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, con el objetivo de no duplicar funciones con esta actual legislación, y en el mismo sentido armonizar con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad de México. 

Añadió que esta ley no es un concepto nuevo, recordó que en el 2003, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, se emitió una ley de austeridad, misma que sería abrogada en 2009 por la ley arriba descrita. 

La definición de austeridad  “nos remite a la actualidad de que alguien es sobrio y sin excesos y es como debe ejercerse la función pública y puede hacerlo de mejor manera”, apuntó la legisladora.

La iniciativa está conformada por 175 artículos, a diferencia de los 150 de la ley actual. Esto, argumentó la diputada Morales Rubio, es con la finalidad de que el gasto público se ejerza de manera eficiente, transparente y que permita una reasignación de recursos a prioridades sociales en la ciudad. 

Esta Ley de Austeridad obliga a los servidores públicos a evitar dispendio y racionalizar el gasto en las unidades administrativas, y se deberá ejercer un informe sobre este gasto. 

La parlamentaria también aclaró que con esta ley se prohíbe a los integrantes del Congreso emplear recursos para la realización de obras que corresponden a la administración pública, como sucedió en la legislatura pasada. 

En materia de publicidad, el gasto deberá ejercerse solamente de manera informativa, educativa o de orientación social, y en ningún caso deberá ser personal. Mientras que la compra de vehículos oficiales se hará en los casos que las actividades se consideren prioritarias. 

La nueva legislación establece que ningún servidor público en la Ciudad de México podrá ganar un monto mayor en salario a lo estipulado para la Jefatura de Gobierno, y se prohíben los bonos, gastos de representación y la contratación de gastos médicos mayores con cargo al presupuesto público. 

Al mismo tiempo, dijo la congresista que esta nueva ley establece que no pueden clasificarse como reservadas las remuneraciones de los servidores públicos y deberán darse a conocer de forma oficial. 

Esta iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.

 

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